Introducción

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto un cuestionamiento a las prácticas en todas las esferas de la vida. En este sentido, la producción alimentaria empezó a ser vista desde un prisma que ha dejado al descubierto muchos de sus entresijos. El actual sistema productivo, basado en un modelo hegemónico en el que prima una producción intensiva para fines de exportación, ha transformando territorios agrícolas sostenibles, sobre todo en países considerados periféricos, en detrimento de otros modos de cultivar y habitar la tierra de comunidades campesino-indígenas y economías regionales (^{Alcojor, Villadiego y Castro 2019}).

En Andalucía, frontera sur con el continente africano a tan solo 13 km de distancia por el estrecho de Gibraltar, desde las décadas de los setenta y ochenta, este sistema productivo se ha ido consolidando hasta concentrar, en la provincia de Huelva, la mayor región exportadora de fresas del mundo. Este monocultivo ha comenzado a diversificarse en las últimas décadas con otras variedades de frutos rojos, como la frambuesa o el arándano. De hecho, la provincia se ha convertido también en la principal región productora y exportadora de arándano de Europa (Observatorio de Precios y Mercados de Andalucía 2019a). El cultivo de frutos rojos ocupó, en la campaña de 2019-2020, unas 11.464 hectáreas, por lo que se hace referencia a la fresa y a los frutos rojos como “el oro rojo”. Los beneficios del sector en exportaciones fueron, en el primer trimestre de la campaña 2019-2020, de 475 millones de euros (Masía ^{Siscar 2021}). A esto habría que sumarle los beneficios del segundo trimestre para completar la campaña, datos que aún no están disponibles. Si tomamos como ejemplo la campaña anterior, 2018-2019, según datos del Observatorio (2019b), se produjeron beneficios de 478 millones de euros en la producción de fresa, más 473 millones de euros en la producción del resto de frutos rojos (arándano, frambuesas y moras).

Los datos de hectáreas y beneficios económicos muestran la magnitud de la actividad productiva del sector. Gran parte de estas hectáreas bordean el parque Nacional de Doñana,¹ lo que ha llegado a ocasionar un acaparamiento del acuífero de las marismas y el consecuente secamiento de antiguos humedales. Al tiempo que se produjo el récord de cifras económicas en exportación, en 2019 se publicó el informe “Doñana, un acuífero en alerta roja”, del grupo ecologista internacional Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocido por sus siglas en inglés, WWF. Dicho informe establece que la explotación del acuífero de Doñana es insostenible desde 1990, lo que coincide con la expansión de la producción de frutos rojos. El informe también muestra cómo las extracciones para la agricultura han mermado las reservas de agua sin posibilidad de recuperación, al pasar de nueve sectores estables y siete en mal estado en 1994 a cinco sectores estables y once en mal estado en la actualidad. El ecologista Felipe ^{Fuentelsaz (2017)} , miembro de WWF, expone en una entrevista concedida en La Sexta Noticias, en el programa Salvados, que en la década de los noventa una gran parte de la población dejó sus trabajos para sembrar fresa, pues era un cultivo rentable en expansión. Sin embargo, “se hizo de un modo desordenado, dejando un desorden absoluto y pérdida del suelo forestal” (Fuentelsaz 2017, en línea). Hasta entonces, los cultivos tradicionales en la zona habían sido el olivo o la vid, al igual que en otras regiones andaluzas. A día de hoy, toda la comarca, de forma directa o indirecta, depende del cultivo de los frutos rojos.

El ejemplo de este cultivo explica por qué Andalucía es una de las regiones en las que la actividad agraria supera la media nacional, con la implantación de la agricultura intensiva (^{Gualda Caballero 2003}). Esto ha llevado a configurar un territorio cuya función es la explotación de los recursos naturales y los recursos humanos, a disposición de un crecimiento únicamente medido bajo criterios económicos, en el que los costes sociales y medioambientales, así como de otro tipo, no se contemplan (^{Delgado Cabeza 2013}). Este imaginario, auspiciado por las lógicas del desarrollo, es un imaginario colonial que podemos aplicar a otros pueblos y sociedades, y que en Andalucía ha calado con fuerza (^{Moreno 2013}). Con unos niveles de exportación de 6 millones y medio de toneladas de productos agroalimentarios en octubre de 2020, según el Informe de Comercio Exterior Agroalimentario de la Junta de Andalucía, el territorio tiene, no obstante, la segunda tasa de paro más alta de toda la península, con un 23,8%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del mes de septiembre de 2020. Estas características son compartidas con otros territorios del sur global, como ocurre en Argentina, con el agronegocio de la soja, o en Colombia, con la palma.

Andalucía es un área agroexportadora mediterránea, resultado de la inserción de las agriculturas del Mediterráneo en las grandes cadenas distribuidoras globalizadas, lo que ha traído aparejado el fenómeno de la inmigración transnacional (^{Reigada Olaizola 2012}, 108). Es por esto que la sociedad andaluza debe comprenderse como producto del colonialismo dentro del Estado español, a la vez que como productora de colonialismo y racismo, como apunta el historiador Javier García Fernández:

Andalucía ha sido empobrecida y dependiente económicamente, políticamente subalterna y culturalmente inferiorizada durante los últimos cinco siglos, pero especialmente en el desarrollo de la historia contemporánea del Estado español en los siglos XIX y XX. Pero además de esto, una parte de la élite española en Andalucía y una parte de la sociedad andaluza ha compartido proyecto civilizatorio con el Estado español en tanto dentro del propio territorio andaluz se ha desarrollado el racismo y la explotación de comunidades racializadas, migrantes y gitanas. (2021, 292-293)

Esta migración se ha ido conformando en tres momentos de cambio: uno a fines de la década de los noventa, con el incremento de trabajadores marroquíes y subsaharianos; un segundo momento en 2002, cuando este perfil de trabajadores fue sustituido por mujeres de países como Rumanía o Bulgaria, contratadas en origen antes de que estos países entrasen a formar parte de la Unión Europea;² y un tercer momento a partir de la campaña 2006-2007, con la contratación en origen de trabajadoras de Marruecos que comenzaron a sustituir a las trabajadoras anteriores que, una vez sus países entraron en la Unión Europea, prescindieron de esta modalidad de contrato (^{Moreno Nieto 2009}).

Desde sus inicios, el mercado laboral asociado al cultivo de la fresa y los frutos rojos se encontraba segmentado sexualmente, pues eran las mujeres andaluzas las encargadas de recolectar la fresa y los hombres quienes se ocupaban de las tareas de mantenimiento, plantación, formación de los invernaderos, conservación, etcétera. A consecuencia de ello, la oferta laboral disponible para la población inmigrante hoy no está ausente de esta segmentación (^{Gregorio Gil 1998}). Mientras que son las mujeres marroquíes junto con las búlgaras, rumanas, polacas y andaluzas las que se encargan de la recolección de la fresa, los hombres suelen trabajar en cultivos como el arándano y en otras tareas de mantenimiento y gestión del espacio. Esta división laboral es discriminatoria, pues cosechar la fresa es la labor más dura, por cuanto requiere que las trabajadoras estén agachadas continuamente. Dicha situación es justificada por las características físicas de las mujeres, dado que existe la idea de que sus manos son más delicadas, finas y óptimas para la recolección de este fruto.

La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 puso en peligro la cosecha. Por ello, las trabajadoras y trabajadores del campo fueron considerados bajo la categoría de esenciales por primera vez. No obstante, las desigualdades y grietas presentes en sus condiciones sociolaborales no se vieron transformadas para su beneficio. Nos centraremos en la experiencia organizativa de trabajadores de países africanos, autodenominados morenos,³ así como en la experiencia de mujeres marroquíes con contrato en origen en la campaña 2020, para analizar el fenómeno del “oro rojo” desde el punto de vista de sus protagonistas.

Metodología

El presente artículo tiene su justificación empírica en el trabajo de campo realizado durante tres periodos. El primero corresponde a la campaña de frutos rojos 2019-2020, en los meses anteriores al estado de alarma, febrero/marzo 2020; el segundo ocurre tras la finalización del confinamiento domiciliario en junio/julio 2020, y el tercero, durante la plantación de la fresa en octubre de 2020, ya correspondiente a la campaña 2020-2021. Aunque el acercamiento a la investigación es multidimensional, por la complejidad del tema describiremos la metodología como etnográfica de corte cualitativo, por lo que las fuentes principales serán las entrevistas en profundidad a trabajadoras y trabajadores, así como a colectivos organizados.

Así mismo, se consideran esenciales la observación participante y el apoyo en la revisión de la literatura experta para el desarrollo de la investigación. Para el presente artículo se cuenta con ocho entrevistas realizadas a agricultores autóctonos, jornaleros de origen africano y activistas organizados en el Colectivo de Trabajadores Africanos y otros espacios; mujeres marroquíes contratadas en origen que decidieron no hacer el retorno, y una portavoz del colectivo local Jornaleras de Huelva en Lucha. Las entrevistas se hicieron en un espacio-tiempo de convivencia con los colectivos y las personas; se evitó así una investigación extractivista, lo que permitió avanzar en la construcción de una etnografía colaborativa. Así, el trabajo de campo en el que se inserta este artículo corresponde a un periodo que, en las etapas señaladas, abarca varios meses de contacto presencial y virtual con las personas participantes. Los resultados se inscriben en un locus de enunciación desde la antropología, donde “el trabajo de campo constituye la fase primordial de la investigación etnográfica” (^{Velasco y Díaz de Rada 2016}, 18).

Trabajar con personas que ocupan distintos puestos dentro del fenómeno social que estudiamos hizo posible visualizar su complejidad y entender que la posición que ocupan delimita de forma directa las condiciones sociolaborales. El análisis que emerge del trabajo de campo no solo facilita esta comprensión, sino que además acerca e invita al análisis sobre las respuestas y la organización de los distintos agentes.

Producción alimentaria intensiva, globalizada y deslocalizada

Hablamos de producción alimentaria intensiva, porque no está orientada a satisfacer de forma equitativa las necesidades de la población, sino a obtener beneficios al menor costo posible. Los fines competitivos de la exportación consideran el alimento como una mercancía y no como un bien para el sostén de la vida. Esto ha provocado el acaparamiento de tierras para la implantación de monocultivos a gran escala, la transformación de territorios y la destrucción de otros modos de cultivar y habitar la tierra de comunidades campesino-indígenas y economías regionales (^{Alcojor, Villadiego y Castro 2019}). El hecho de poder consumir alimentos de cualquier parte del mundo en cualquier época del año no es algo natural. Esto es posible por la alteración de los ecosistemas; la tecnificación de la agricultura; el uso de transportes por vía terrestre, marina y aérea para la comercialización; y, sobre todo, por la concentración empresarial de un reducido número de corporaciones transnacionales. Es por ello que hablamos de una producción alimentaria globalizada, que revierte en una economía-mundo capitalista de naturaleza polarizadora (^{Wallerstein 1995}).

Este modelo productivo está, además, deslocalizado, ya que los procesos de producción tienen una división geopolítica estratégica. Por ejemplo, en el caso del cultivo de fresa en la provincia de Huelva, la investigación de las semillas se realiza en universidades de California. Estas semillas son compradas por empresas y cooperativas europeas que las multiplican en los viveros del norte del país para, una vez fortalecidas, trasladarlas a la provincia de Huelva para la plantación. Cuando está lista, la fruta se exporta a países como Alemania, Francia o Inglaterra (^{Márquez Domínguez 2016}). De las tres fases que la integran, investigación e innovación, comercialización y distribución, solo la segunda, dedicada al cultivo y envasado, tiene lugar en Andalucía (^{Reigada Olaizola 2012}). Este proceso, inserto en la lógica de la expansión mundial del capitalismo, produce una desigualdad creciente entre territorios (^{Amin 2001}).

Los procesos de acaparamiento y despojo de lo local desde lo global, a partir de la eliminación de trabas y aranceles al comercio internacional agroalimentario, tuvo sus inicios en la Ronda Uruguay (1986-1994). Bajo la idea del derecho a la exportación, se concretó el papel de los grandes exportadores agrarios (Europa y Estados Unidos), que invadirían mercados del sur con sus productos gracias a los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (^{Delgado Cabeza 2010}). Esto ha provocado el desmantelamiento de formas de autoabastecimiento alimentario, a partir de la implementación de políticas de ajuste estructural del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la privatización de empresas públicas de comercio agrario y alimentación y la disminución de ayudas a agricultores, al implantar monocultivos de exportación (Montagut y Vivas 2019, citado en Delgado Cabeza 2010). Así, las políticas de desarrollo económico impulsadas por países del norte, como la revolución verde o los tratados de libre comercio, han generado la destrucción de los sistemas alimentarios sin solucionar problemas estructurales como el hambre (^{Riechmann 2003}). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el despilfarro de alimentos roza los 1.600 millones de toneladas en productos primarios y se estima que, en 2018, 820 millones de personas carecieron de alimentos suficientes; ese fue el tercer año consecutivo en el que la cifra aumentó (FAO 2020b). Estas cifras demuestran que nuestro sistema alimentario mundial no está en condiciones de responder a las aspiraciones fundamentales de la humanidad (^{Feyder 2017}). Así, países del sur que hasta hace unas décadas eran autosuficientes hoy son dependientes del mercado internacional (Vivas 2012).

Como ejemplos de esta crisis cíclica señalamos los casos de Senegal y Marruecos, de donde proviene gran parte de la población trabajadora del cultivo de frutos rojos. Desde 1985, el FMI y el BM impusieron al Estado senegalés una nueva política agraria para reducir el apoyo a productores y disolver sociedades públicas encargadas del seguimiento y asesoramiento (^{Dembelé 2009}). Por ejemplo, en la industria cárnica, los productores senegaleses perdieron más del 70% de su producción entre 1995 y 2002 por los muslos de pollo congelados que se importaban desde Europa, altamente subvencionados (Dembelé 2009). Así, desde 2008, el Consejo Nacional de Consulta de los Rurales (CNCR), constituida como organización defensora de los productos y productores agrícolas, llama la atención a los poderes públicos sobre las consecuencias de este tipo de operaciones (Dembelé 2009).

En el caso de Marruecos, el aumento de precios en alimentos básicos como el pan ocasionó en 1981 y 1984 una serie de revueltas que fueron, lejos de escuchadas, reprimidas violentamente. El país importa más de la mitad del trigo tierno y casi todo el maíz que consume (^{Zaki 2009}). De nuevo en 2007 y 2008 hubo una serie de denuncias ante la subida de los productos alimentarios y el aumento del desempleo, que generó un sentimiento de abandono hacia los pueblos (Zaki 2009).

La crisis mundial provocada por el virus COVID-19 entorpeció por primera vez en décadas este modelo productivo con las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras. Sin embargo, lejos de abogar por un cambio radical en todo el proceso, diversos gobiernos lo amparan como un sector esencial, y por lo tanto preservan las mismas condiciones con las que venía funcionado, así como la situación laboral de quienes lo sostienen. Descritas algunas características e impactos sobre los territorios y las comunidades, vamos a analizar cómo se producen movimientos de personas para conformar lo que hemos llamado, en palabras de Achile ^{Mbembe (2019)} , un cuarto mundo.

Deslocalización de personas hacia el cuarto mundo en zonas freseras de la frontera sur

España pasó en pocas décadas de ser un país de emigración a ser un país de inmigración. En 1985 se estableció la Ley Orgánica 7/1985 de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, conocida popularmente como ley de extranjería por su carácter de control de la inmigración (^{Gregorio Gil 1998}).

Como apuntábamos en la introducción, desde los años noventa, al tiempo que se daba la expansión del cultivo de frutos rojos, comenzó a necesitarse gran cantidad de mano de obra barata y flexible (^{Reigada Olaizola 2012}), proveniente de distintas latitudes, que empezó a sustituir a la local. Principalmente, como ya comentamos, se trató de población del este de Europa, de diversos países africanos como Senegal o Mali (en su mayoría hombres), y de Marruecos, en un principio masculina; luego, desde la campaña de 2006, inició la contratación en origen de mujeres marroquíes. Hay que apuntar que la población autóctona sigue trabajando en este tipo de cultivo, pero que la alta flexibilidad de los contratos, la temporalidad del empleo y las duras condiciones han hecho que se incorporen a otros sectores en la medida de sus posibilidades. No obstante, con la crisis del coronavirus, asistimos a una regresión a este empleo, tal como ocurrió en 2010 con la crisis de la construcción. En ese momento, se pasó de 17.000 mujeres marroquíes contratadas en origen para la campaña de 2009 a poco más de 5.000 en 2010. Aunque los sindicatos y la patronal fijaron el mismo número de trabajadoras marroquíes, el Gobierno prefirió en la campaña de 2010 bajar la cifra para dar empleo a la población autóctona afectada por la crisis (^{Arab 2020}). Esto muestra la inestabilidad y desprotección a la que se enfrentan las trabajadoras, debido a la flexibilidad de las formas productivas, la gestión de la inmigración, la creciente feminización y la fragmentación de los mercados de trabajo, características propias de las cadenas agrícolas globales (Reigada Olaizola 2012).

Las contrataciones en cada temporada se hacen con base en la temporada anterior, con un carácter informal y mediante un acuerdo verbal en el que el empresario se compromete a volver a repetir la campaña próxima. El requisito principal es pedir trabajo, pues, como expone José Miguel,⁴ un agricultor de Lepe, pueblo fresero:

¿Sin papeles? También, y el que te diga lo contrario te está engañando, porque cuando viene el apretón te faltan manos por todos lados y te tienes que callar la boca y aquí yo meto tres, otro mete dos y es que hace falta y todo es la mierda política esta. ¿Por qué no tienen que trabajar esas personas? Yo no digo que tengas los papeles o lo que sea, pero yo este año en la campaña, como muchas marroquinas no vinieron, el ayuntamiento les dio una tarjeta roja que podían trabajar durante tres meses, pues mira una cosa así. (Entrevista 1, José Miguel. 27 de octubre de 2020, finca del agricultor en Lepe, provincia de Huelva [75:39 min])

Esta situación es extrapolable a cualquier explotación fresera, donde parte de los trabajadores está en situación irregular. Esto hace que encontremos diferencias igualmente entre migrantes con o sin papeles, lo que genera un polo de trabajo precario y economía informal, oculta o sumergida (Castell 1989; Pérez 1988; Gatto 1990; y Gorz 1995 en ^{Caravaca Barroso 1998}, 7). Por tanto, las diferencias no giran solo en torno a la mano de obra andaluza o extranjera, sino también a las circunstancias que su condición de “irregulares” les hace enfrentar: falta de alojamiento, desprotección legal y control policial (^{Reigada Olaizola 2012}).

Pese a la gran demanda de mano de obra, el Estado se rehúsa a legalizar a la población ya residente en el territorio, lo que origina un sistema de servidumbre de mano de obra (^{Castles 2014}). Se suele describir los procesos migratorios a partir del desplazamiento de la fuerza de trabajo, sin abrir el interrogante sobre las razones de ese excedente de mano de obra ni sobre los mecanismos que han generado ese empleo disponible que se reserva para ellos en las sociedades receptoras (^{Gil Araújo 2005}). De ahí que se tienda a naturalizar, y por ende a justificar, las condiciones en las que esta población vive en la sociedad onubense, en este caso. El acceso a vivienda es uno de los principales problemas que presenta el colectivo de morenos. Personas con documentación en regla, dinero y trabajo carecen de esta posibilidad, lo que evidencia que poder pagar un inmueble no garantiza la accesibilidad a este (^{Castillero Quesada 2020}a). En una entrevista, Lamine,⁵ un chico de Mali afincado en Lepe y trabajador agrícola desde hace catorce años, contaba que:

Yo hice dos años seguidos viviendo en chabola [infravivienda hecha de madera y plástico]. Acabé fatal, nadie lo merece, pero si tú no tienes otra opción, ¿qué haces? Ahora hay un montón de gente viviendo ahí. La gente… si todo el mundo pasara una semana en una chabola todo el mundo se iba a enterar muy bien cómo es vivir en un sitio sin agua, sin luz y sin saneamientos. Todos necesitamos servicio en cualquier momento. A nadie le tiene que pasar. (Entrevista 2, Lamine. 23 de octubre de 2020, bar cafetería Avenida, Lepe, provincia de Huelva [67:03 min])

En la actualidad no existe una red amplia y adecuada de albergues o viviendas sociales para temporeros y temporeras del fruto rojo. Como dice Lamine, para la gente que viene exclusivamente para la campaña, que es la gran mayoría, es más difícil encontrar un alquiler de tres o cuatro meses. La temporalidad aumenta la precariedad. La vivienda, a pesar de ser un derecho constitucional, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, no es, sin embargo, un derecho garantizado (Algaba 2003).

En efecto, se ha implantado un modelo productivo intensivo en poblaciones pequeñas, por debajo de los 25.000 habitantes, que en campaña ven triplicada su población, lo que provoca una alteración del orden social. Podríamos hablar de un racismo habitacional ligado al estereotipo de persona migrante sospechosa, peligrosa, no segura, en definitiva, non grata para ocupar una vivienda al uso. En la visita a una plantación de fresas en Villablanca, justo en el periodo de plantación (octubre de 2020), conversé con el encargado sobre la cuestión migratoria en la provincia. Entre otras opiniones, Ramón⁶ sostenía: “aunque veas gente viviendo en malas condiciones y tal, la gran mayoría trabaja. Comprendo que viven en una chabola y tal, en unas condiciones… pero la gran mayoría trabaja” (diario de campo 1. Octubre de 2020, Villablanca, provincia de Huelva).

Mientras se naturaliza habitar este tipo de espacios, se le da centralidad y superioridad al trabajo como actividad social (^{Briales 2020}). Las zonas de agricultura intensiva donde se diversifican los cultivos -el caso de Huelva hoy con la fresa, el arándano, la frambuesa, así como con los cítricos y los nuevos cultivos como el aguacate- presentan un patrón que ha derivado en los asentamientos de la población migrante (^{Moraes et al. 2012}). Se incrementan la superficie productiva y los beneficios, pero no se adecúan los espacios para las personas que los hacen posibles y que forman parte de un cuarto mundo cada vez mayor y más visible. Entiéndase cuarto mundo como “aquella población perteneciente a nuestro primer mundo que, sin embargo, vive en un estado de absoluta precariedad; parias que no han sido expulsados de la sociedad del bienestar, sino que ocupan los márgenes de esta; seres invisibles que habitan no lugares (la calle, los aeropuertos, las estaciones de tren, los hospicios, etc.)” (^{Mbembe 2019}, 11).

Por otro lado, y pertenecientes igualmente al cuarto mundo, encontramos a las mujeres marroquíes con los contratos en origen que, con otras características, se encuentran igualmente bajo un sistema de necropolítica, pues se cosifica su ser en términos propios del capitalismo que explora los modos de mercantilizar y resignificar el cuerpo (^{Mbembe 2019}). Un análisis crítico de este tipo de contratación muestra cómo estas mujeres son consideradas única y exclusivamente como mano de obra.

Contratos en origen como modelo de migración ordenada al servicio de la industria alimentaria

En 2019 se cumplió el veinteavo aniversario desde la primera experiencia de contratación en origen en el agro español. Tuvo lugar en la provincia de Lleida, al norte del país, y consistió en la contratación de 35 colombianos para trabajar en cultivos estacionales frutícolas (Gordo et al. 2018, citado en ^{Molinero-Gerbeau 2020}). Desde entonces, la contratación en origen es un instrumento legal y, en el caso de Huelva, el modelo de contratación implantado en el cultivo de la fresa se encuentra entre los más significativos del mundo (^{Reigada Olaizola 2012}). Cada temporada, una delegación de la patronal del fruto rojo se desplaza a Marruecos para hacer una selección de mujeres a través de la Agencia Nacional de Promoción de Empleo y Competencias (Anapec). El perfil de trabajadora que se busca es: mujer joven y madre soltera o viuda, de zonas rurales, con hijos o hijas a su cargo, cualidad muy criticada, pues se considera que su rol de cuidadoras es un elemento de garantía para el regreso a Marruecos una vez terminado el trabajo (^{Castillero Quesada 2020}b). Las mujeres no pueden venir acompañadas ni acceder a una situación administrativa permanente más allá de la de temporera. La condición de mujeres, rurales, de entorno desfavorecido y migrantes las ubica en una serie de relaciones que incluyen el sexo, la raza y la clase, por lo que el proceso de la emigración temporal de las marroquíes estaría inserto en las teorías de la interseccionalidad (^{Arab 2020}). Aunque el éxito de este tipo de contratos es el regreso del mayor número de mujeres al país de origen, también hay un grueso de ellas que invierten la vía que las trajo para que la principal cláusula sea quedarse. Popularmente se conocen como “las fugadas”, pero las llamaremos en el presente artículo “las que se quedan”, por tener una connotación más dignificada. En una entrevista a Zariya,⁷ temporera que decidió quedarse en 2007, cuenta que:

Trabajaba en un almacén de huevos. Era de una empresa española, todo el día por 8€ durante 8 horas o 10 horas. Lo dijeron en el almacén las chicas de venir a España me enteré, pero todo el mundo me decía que eso era mentira. Eché los papeles en el ayuntamiento de mi pueblo y me llamaron. Me preguntaron si sabía trabajar, les dije que sí, pero yo no había visto una fresa en mi vida [risas]. Yo no sabía dónde venía, solo que al otro lado del mar, pero no sabía qué era Huelva ni nada. Desde que llegué pensé en no volver, ¿para qué? Ahora trabajo y vuelvo de vacaciones. (Entrevista 3, Zariya. 6 de octubre de 2020, casa de la entrevistada, Moguer, provincia de Huelva [61:92 min])

He encontrado a varias mujeres en la misma situación que Zariya, que trabajan en Marruecos para una empresa española, con un sueldo y condiciones precarias que motivaron el no retorno.

En la campaña 2019/2020, atravesada por la primera fase de la COVID-19, el regreso a Marruecos se ha retrasado dos meses desde la fecha de finalización de los contratos. Esto ha provocado gran desconcierto y problemáticas, pues muchas mujeres habían estado enviando el dinero paulatinamente a sus países. Durante sus contratos, los jefes (en su mayoría hombres) están obligados a proporcionarles una vivienda compartida con otras compañeras. Durante mis visitas a los campos comprobé cómo las residencias se encuentran alejadas del pueblo y en muchos casos dentro de la propia finca de trabajo, lo que las relega a un espacio de segregación socioespacial (^{Moraes et al. 2012}) que las aísla de los principales servicios. El cierre de fronteras derivado del estado de alarma impidió que en la campaña pasada viniesen todas las mujeres contratadas en un inicio. Además, al igual que en la crisis iniciada en 2008, cuando se dio un regreso inesperado de población autóctona al sector, para la campaña 2020-2021 el Gobierno central ha recortado en un 30% el cupo de nuevas trabajadoras con contrato en origen, según el medio digital Andalucía Información (“El Gobierno recorta” 2020). La Asociación de Jóvenes Agricultores de Huelva (Asaja-Huelva) expone que el recorte se hará con las mujeres que fueron seleccionadas para la anterior campaña, pero que por el cierre de fronteras de Marruecos no pudieron llegar. Las trabajadoras conocidas como “las repetidoras”, sin embargo, no verán reducido su número, que es de unas 12.000 (“El Gobierno recorta” 2020). Las decisiones del Gobierno central muestran que estas mujeres, además de ser únicamente aceptadas en calidad de mano de obra, están expuestas a ser rechazadas en cualquier momento, sin que exista un compromiso que les garantice unos mínimos derechos, como en este caso trabajar durante la campaña para la que fueron seleccionadas como estaba previsto.

Este tipo de circunstancias posibilitan el crecimiento de la industria alimentaria y crea una mano de obra que debe adecuarse a las necesidades de cada momento (^{Delgado Cabeza 2013}). Por eso, no son las personas las que organizan su vida con respecto al trabajo, sino que es el trabajo el que organiza sus vidas (^{Castillero Quesada 2020}a).

Se presentan así algunas características de las condiciones de habitabilidad de los morenos, así como de la realidad de los contratos en origen que regulan la vinculación laboral bajo la idea de una migración ordenada. Esta población, así como el resto de trabajadoras y trabajadores, hoy tiene la cualidad de esenciales para la sociedad. Sin embargo, en la práctica, como nos cuentan, lo esencial fue que nada cambiase en el volumen productivo.

Esencialidad en la producción alimentaria y pandemia: alter ego

Las personas migrantes, sobre todo quienes no tienen sus papeles en regla, son las más desprotegidas ante la crisis causada a escala mundial por la COVID-19. Esta situación ha impulsado la acción colectiva migrante (^{Gil Araújo y Santi 2020}). Así, en la provincia de Huelva hay colectivos que hoy son referentes para la población que se encuentra en situaciones de peligro, como el Colectivo de Trabajadores Africanos, las Jornaleras de Huelva en Lucha o el Movimiento Regularización Ya. Igualmente, son múltiples las redes de apoyo mutuo que se crean a título individual entre compañeros y compañeras ante la ausencia de unas políticas de protección sociolaborales. Activistas y miembros de colectivos esperan así que, ante la delicada situación, haya una propuesta de cambio para las trabajadoras y trabajadores agrícolas. No obstante, en una entrevista con Seydou,⁸ representante de los jornaleros migrantes de Andalucía en el movimiento nacional Regularización Ya, cuenta que:

La situación se ha vivido fatal todo el mundo, no ha habido ninguna medida de protección, totalmente nada. La gente no tiene miedo porque el momento que el Gobierno ha decretado el estado de alarma no va a dejar a nadie atrás. Perfecto, yo como activista estuve muy tranquilo, pero no vimos ningún cambio absolutamente en nuestra forma de vivir. En los asentamientos no hay saneamientos, ni agua ni nada, y yo lo que no entiendo, si nuestra vida vale algo, al menos un poquito, los colegios, los hoteles, tienen duchas, agua caliente y por qué no se ha habilitado. Hay un racismo institucional; si fuesen españoles se hubiesen buscado sobre la marcha soluciones. Yo no he visto ninguna falta de mano de obra, porque toda la gente que no tienen papeles han ido a trabajar. Yo donde estuve trabajando solo había africanos subsaharianos, hombres y mujeres marroquíes en el arándano. (Entrevista 4, Seydou. 7 de julio de 2020, puesto de trabajo del entrevistado en parking privado, Isla Canela, provincia de Huelva [64:39 min])

En un principio, el sentimiento generalizado era el que expone Seydou, de que no pasaría nada, pues el Gobierno no dejaría a nadie atrás. Sin embargo, y a pesar de que se destinaron fondos a la provincia de Huelva para actuar en los asentamientos chabolistas donde viven parte de los trabajadores, Seydou cuenta:

Hemos hecho un escrito para el ayuntamiento para buscar una solución y la única que me han dado ha sido un camión de agua, pero dicen que no tenían recursos humanos y lo estamos repartiendo nosotros de las tres a las ocho de la tarde. Hacemos turnos para llevar agua potable. ¿Por qué no habilitan fuentes de agua? Dicen que si hacen eso es un efecto llamada. Mentira. Los efectos llamada lo hacen ellos, dicen que si ponen fuentes de agua es un efecto llamada para que vengan a venir gente a vivir a las chabolas, pero la gente no está viviendo por gusto, vive porque no hay recursos. El Gobierno ha habilitado más de un millón de euros destinado a los poblados chabolistas y yo hice un video denunciándolo. Más de un millón de euros se destinó a Huelva y, claro, lo único que han hecho con ese dinero ha sido el agua. Han puesto una cisterna de agua y nosotros mismos somos voluntarios. Si somos nosotros deberían de pagar el dinero a nosotros, porque todo lo que hacen lo deben justificar y yo estoy pidiendo una justificación de qué pasa con ese dinero, porque es un dinero público. (Entrevista 4, Seydou)

Además de las subvenciones para los asentamientos chabolistas (no para una alternativa habitacional), el Gobierno emitió un Real Decreto Ley (2020) en el que daba permisos especiales de trabajo a personas en condición irregular. Dicha norma mantuvo la prórroga de los permisos de trabajo a quienes se les venciera el contrato entre el estado de alarma y el 30 de junio, lo cual evidencia la necesidad de esta mano de obra. Sin embargo, no tuvieron autorización las personas solicitantes de asilo que llevasen menos de seis meses en España ni quienes estuviesen esperando la resolución burocrática de su documentación. Por tanto, el Real Decreto, además de no reflejar nada sobre las condiciones existentes en las que esta población se encontraba, no incluía a las personas más vulnerables. Sobre esto, Seydou apunta:

El Real Decreto me parece como una broma, ¿me entiendes? Eso no es una regularización, yo digo que le están faltando el respeto a la gente. Nosotros lo que queremos es una regularización permanente y sin condiciones. La regularización va a beneficiar a los españoles, porque la gente va a trabajar, a cotizar y a pagar impuestos, pueden denunciar y dejar de vivir sin miedo. Pueden buscar alojamiento dignamente, ¿sabes? Ahora la gente vive con miedo. (Entrevista 4, Seydou)

La condición irregular de las trabajadoras y los trabajadores los obliga a entrar en un negocio igualmente irregular de obtención de permisos y documentación. Como narra Sirif,⁹ extemporera marroquí con contrato en origen que decidió quedarse: “Un contrato de trabajo vale hasta 8.000€ para tener papeles. Yo ahora no puedo comprarlo. La gente de Marruecos sufre mucho aquí: corta, corta, corta la fruta para luego pagar un contrato. Trabajas tres años para comprar un contrato” (entrevista 5, Sirif. 22 de octubre de 2020, casa de la entrevistada, Moguer, provincia de Huelva [62 min])

Seydou expone que la gente ha permanecido en lugares sin saneamiento, excluidas del lema #Quédatencasa por no tener una casa. La situación se complicó aún más con los distintos incendios ocurridos durante la pandemia en las poblaciones de Lucena del Puerto y Lepe, con menos de una semana de diferencia entre uno y otro. A principios de julio de 2020, se produjo en el conocido “Camino del Corchuelo” un incendio que calcinó setenta infraviviendas en un asentamiento en el que residían más de doscientas personas (^{Landero 2020}). Uno de los afectados, Rachif,¹⁰ de origen marroquí, relata la situación:

Aquí no te quieren alquilar. Yo vivía en chabola, pero ahora como se han quemado… lo he perdido todo, la ropa y todo, salí solo con este bolso. Lo perdí todo, mi ropa y todo. Aquí vengo a buscar alquiler, pero como nosotros la gente de aquí no quieren alquilarlos para los inmigrantes, no tengo sitio para dormir, esta es la última opción que tengo. Es muy difícil, muy difícil, Estaba frente del polígono y allí mal. Para mí es una vergüenza, yo nunca he llamado a mi familia y he hecho un video para que no vean que vivo ahí. Mis hermanos, mis padres no pueden saber que vivo aquí. En cuando vi el incendio lo dejé todo. La gente que llama “fuego, fuego, fuego”, salgo y lo dejo todo. Muchas cosas, mucha gente que ha perdido hasta 2.000€ porque no tenía cuenta en el banco, porque no tienen papeles. Yo sí tengo papeles. La verdad que yo salí a llamar a mis compañeros porque cuando me levanté muchos no entendían español. Yo cuando escuché “fuego, fuego” sabía lo que pasa, pero la gente seguía durmiendo, por eso, para ayudar a mis paisanos, me puse a ayudar. Y mi familia no lo sabe, creen que estoy en Huelva, pero no saben lo que pasa. Yo compré la chabola con 200€ y por lo menos estaba tranquilo. Bueno, no es fácil, la verdad, pero bueno. (Entrevista 6, Rachif. 30 de julio de 2020, plaza del Ayuntamiento de Lepe [durante la acampada de afectados por el incendio], Lepe, provincia de Huelva [40 min])

Tras la magnitud del incendio en Lepe, los afectados hicieron una acampada¹¹ en la plaza del ayuntamiento que llegó a su fin con la expulsión de quienes permanecían durmiendo allí, por parte de los operarios del ayuntamiento. Esto muestra que hablamos de poblaciones que ejercen trabajos esenciales en condiciones de desprotección institucional (^{Magliano 2020}). En el caso de las mujeres marroquíes, además, están expuestas a otra serie de abusos por su condición de mujeres, como han revelado en varias ocasiones distintos colectivos. Un hito a este respecto fueron las denuncias interpuestas por las temporeras del conocido “caso Doñana 98”,¹² en el que, por primera vez, un grupo de mujeres marroquíes declaraba ante los medios que no les estaban pagando, que vivían en condiciones penosas y que habían intentado abusar sexualmente de ellas. El caso, aunque salió a la luz en 2018, aún no se ha resuelto. Los procesos judiciales no están diseñados para la urgencia de determinadas situaciones. Esto fue lo ocurrido a Sadim,¹³ trabajadora temporera marroquí con contrato en origen que este año se ha quedado para “defender el derecho de las mujeres saharauis”, según cuenta en una entrevista. Sadim sufrió una serie de abusos e irregularidades durante la campaña 2020, sobre la cual denuncia que:

Soy del Sáhara y vine con contrato en origen. Me quedé para resolver una denuncia por maltrato. Tengo el juicio el 18 de mayo de 2021 y mientras estoy aquí no hay casa, no hay familia, no hay trabajo, no hay nada. Cogía fresa y arándano, y al poner la denuncia dejé de trabajar y ahora trabajo dos horas limpiando a una mujer en su casa. Llevo mucho tiempo con el tema del maltrato en el trabajo. Ahora tomo pastillas de los nervios. Yo vivía en la finca donde trabajaba, apresada en la finca y separada del resto en una habitación, me dejaron sola y me asusté y salí desde ahí con miedo. Me separaron porque decían que tenía corona, pero seguía trabajando, entonces no tenía sentido. El encargado me pidió que saliera con él y yo no quiero, y cuando no quiero él me forzó, por eso ya… me pusieron sola en la habitación. Esto le pasa a muchas compañeras, pero no quieren hablar. Solo una que le pasó y se fue a Francia porque no quiere hablar. Mi familia mientras cree que estoy trabajando y que todo está bien, porque otros años no he tenido problemas. Vine para mejorar mi vida porque en el Sáhara cobraba 7€ al día durante 8 horas trabajando en el tomate donde hace más calor que en la fresa. Pero vine aquí para trabajar, no para explotar. El día más duro para mí fue cuando salí a la policía para denunciar a la empresa y cuando volví no me dejaban entrar a la finca y no sabía dónde ir, dónde iba a dormir. El día más duro. Después llamé a la policía para que me dejen entrar a la finca y ya me dejaron entrar. El empresario no me dejaba entrar y la policía sí. La finca estaba a 7 kilómetros. Andé 7 km ida y vuelta cuando denuncié a la empresa por aislarme y por el abuso. Fui el día de 5 abril, el día 6, el 7 y el 8 de abril y la policía no venía a la finca y yo iba para que la policía viniese a la finca. (Entrevista 7, Sadim. 30 de julio de 2020, plaza del Ayuntamiento de Lepe [durante la acampada de afectados por el incendio], Lepe, provincia de Huelva [57:52 min]).

El discurso de Sadim muestra la vulnerabilidad de ser mujer, migrante y temporera. Se ve cómo se alteran las condiciones del contrato que firman en origen; este les asegura una jornada laboral para toda la campaña, durante la cual le darán las explicaciones necesarias y atenderán su proceso de aprendizaje. Sin embargo, el ritmo y las circunstancias de trabajo han derivado en el abandono de muchas de sus trabajadoras. Así, Zariya dice: “Yo, vamos… con los dolores de la fresa no terminé la campaña. La gente iba corriendo y la gente sin parar corriendo, yo buscaba dormir nada más, no quería ni comer. Un mes y medio, no terminé ni la campaña. Me caía de sueño, no podía. Me fui” (Entrevista 3, Zariya).

El hecho de que tengan garantizada la vivienda no les da seguridad plena con respecto a sus condiciones. Al igual que en el caso de Doñana 98, el juicio de Sadim se va a celebrar un año después de interponer la denuncia. Mientras, Sadim no está recibiendo asistencia ni protección por parte de las autoridades competentes ni de la empresa, la cual optó por aislarla primero y después echarla. Actualmente Sadim tiene contacto con el Colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha, formado por trabajadoras del campo andaluzas, principalmente, pero al que cada vez se van acercando más mujeres marroquíes y de otros países de procedencia. No obstante, también para los colectivos y movimientos sociales es complicado desentrañar este tipo de realidades, pues, como cuenta Ana Pinto,¹⁴ de Jornaleras de Huelva en Lucha: “Allí se trabaja separadas por cuadrillas: rumanas con rumanas, marroquís con marroquís, andaluzas con andaluzas, africanas con africanas. Es complicado llegar hasta ellas porque se diseña ya en el trabajo esa separación. Además, luego está la barrera del idioma que, como están separadas, no podemos aprender de ellas ni ellas de nosotras” (entrevista 8, Ana Pinto. 2 de marzo de 2020, casa de la entrevistada, Escacena del Campo, provincia de Huelva [80 min]).

Hay una percepción de desconfianza y desconexión para con las instituciones. No obstante, las personas toman una agencia encarnada que les permite hacer frente a las diversas situaciones, que ha llegado a los medios de comunicación y está haciendo historia. Son las personas trabajadoras organizadas las que están denunciando sus vivencias ante la patronal y ante los poderes públicos. Son condenados de la tierra que, en palabras de Fanon, “descubre[n] que su vida, su respiración, los latidos de su corazón son los mismos que los del colono. Descubre[n] que una piel de colono no vale más que una piel de indígena. Hay que decir, que ese descubrimiento introduce una sacudida esencial en el mundo. Toda la nueva y revolucionaria seguridad del colonizado se desprende de esto” (1963, 39-40).

En este caso, el nuevo colono serían la industria, el Gobierno, los municipios y las instituciones que sostienen este cuarto mundo. Y los colonizados, aquellos trabajadores y trabajadoras a quienes se les extrae, en este tipo de condiciones, su fuerza de trabajo como valor de cambio. Hoy hay un grupo de personas que están conectadas en distintas redes, bien en colectivos organizados y públicos, bien entre personas a título individual y de forma anónima. No obstante, gran parte de los trabajadores y trabajadoras no cuentan con recursos materiales y simbólicos para la denuncia pública de sus situaciones.

Lo que deja al descubierto el análisis de los relatos presentados es cómo lo esencial está lleno de fricciones y cómo la industria alimentaria antepone las cifras de producción a la humanización de la alimentación (^{Shiva 2018}). Estos son solo algunos relatos de las personas y colectivos¹⁵ que están haciendo historia con su denuncia, activismo, apoyo y organización. La campaña de frutos rojos 2020-2021 acaba de empezar, con los asentamientos chabolistas llenos de gente y con dos grupos de temporeras marroquíes ya en las fincas. Atenderemos a cómo se trata la esencialidad en esta segunda campaña con la pandemia presente.

Conclusiones

El presente trabajo nace desde una investigación al servicio de los movimientos sociales, con una tendencia a la investigación-acción participativa, que entiende que la antropología, así como las ciencias sociales, pueden aportar técnicas y procesos como motor de cambio. Andalucía, un territorio que en apariencia podría considerarse dentro del norte global, ha de leerse y comprenderse desde su frontera. Hago esta puntualización para justificar por qué se habla de Andalucía como sur y a la vez como norte; los relatos expuestos responden a realidades que acaecen en esa Andalucía que en este caso es norte, pero que a la vez está funcionando bajo las directrices de los mercados internacionales y sus intermediarios, que marcan los precios de la fruta e inciden así en las condiciones salariales y sociales. Este tipo de situaciones son extrapolables a otros cultivos, los cuales han sido noticia en paralelo durante esta pasada campaña, como la recogida de fruta en Lleida (España). Igualmente, hay una relación con el modo de producción de la fresa y de los frutos rojos en California, donde las trabajadoras y trabajadores son mexicanos. Y encontraremos similitudes siempre que nos fijemos en los modos de funcionamiento de grandes extensiones agrícolas cuyo horizonte sea duplicar los beneficios en cada campaña y a cualquier precio. Por eso, sirva también el presente artículo como una preocupación por los hábitos de consumo, pues todo este entramado funciona porque nosotras, las personas consumidoras, accedemos y participamos de él. No obstante, la desinformación sobre una industria deshumanizada es cada vez mayor y corre paralela a la pérdida de la posibilidad de relacionarse tanto con el alimento como con el productor, su contexto, etcétera. Esto hace que se diluya la información sobre cómo se produce nuestra alimentación, debido a que esta no aparece en ningún sitio, pues no forma parte del etiquetado ni de los medidores de calidad.

Todas estas situaciones estaban naturalizadas antes de la revolución que ha supuesto la COVID-19 a escala mundial. Lo preocupante ha sido cómo esto continúa siendo naturalizado en una circunstancia de extremo peligro sanitario, sin tener en cuenta que sin trabajadores y trabajadoras esenciales no hay actividad esencial y, por ende, no se produciría alimentación para el consumo. El agronegocio tiene, no obstante, el poder de hacer ver que, si hay alimentos en los estantes, todo está bien y que lo esencial, el abastecimiento, ha sido un éxito. Una sociedad preocupada por su salud en una dimensión amplia optaría por tener en cuenta que pandemia también es vivir sin luz ni agua en un país “desarrollado” mientras alimentas al mundo. Así, si se quieren construir unas ciencias sociales sanas, hemos de estar dispuestas a inmiscuirnos en realidades urgentes más allá del mero trámite académico.