Introducción

La política subnacional cubana ha sido un objeto de estudio complicado, incluso en su dimensión conceptual. La academia, los medios y organismos oficiales -y sus aliados internacionales- definen el régimen político insular como “democracia participativa” (^{Ríos 1996}; ^{García 2004}; ^{Valdés Paz 2009}), mientras que el orden político estadocéntrico y regido por selectorados (^{Mesquita y Smith 2011}) socializan visiones restringidas del acto de participar (^{Guach 2019}). Alejada de la mejor tradición progresista (consejos obreros, autogestión, asambleas populares) o de las innovaciones democráticas contemporáneas (consejos gestores, contraloría social, mesas de concertación), en Cuba se priorizan formas de participación consultivas, territorialmente fragmentadas y temáticamente parroquiales, en las que participar se reduce al ejercicio individual de la voz, al emplazamiento a funcionarios de bajo y medio rango ­-con escasos ejemplos de remoción de representantes en los 43 años del llamado Poder Popular- y a la expresión limitada de demandas sobre bienes y servicios insatisfechos. Nunca se trata sobre asuntos de mayor calado político. Esta situación, acompañada de otros factores, explica sus bajos índices democráticos en contraste con naciones vecinas como Costa Rica y Uruguay, conforme muestran los estudios de V-Dem (2021) (ver gráfica 1).

Fuente: V-Dem (2021)

Gráfica 1. Índice de democracia participativa V-Dem 

Glorificada por algunos sectores sociales y sancionada por otros como régimen postotalitario, la política¹ cubana exige constantes profundizaciones gnoseológicas que auxilien la deconstrucción de dinámicas autoritarias que subyacen a sus fachadas democráticas. La retórica oficial cubana habla de la existencia de un poder popular y una democracia participativa. La Constitución define a la República de Cuba como un Estado socialista de derecho y justicia social. Varios documentos normativos refieren, en general, a la institucionalización de una participación política (Consejo de Ministros 2007; ANPP 1995, 1999, 2000 y 2019). Sin embargo, estas interpretaciones son meramente formales.

Por participación política asumo el conjunto de acciones y conductas de la sociedad civil cubana que, según necesidades y aspiraciones, influye vinculantemente en la selección y el control de los gobernantes y sus respectivas decisiones, y en la modificación o conservación de los valores y las estructuras que sustentan sus relaciones con el Estado (^{Pasquino 1996}; ^{Ander Egg 2000}).² A su vez, por institucionalización de la participación política entiendo la existencia de procedimientos, normas y funciones que apuntan a respaldar la materialización de tales acciones y actitudes.

Desde esa perspectiva, la institucionalización de la participación política en Cuba, como supuesto vehículo de la democratización del Estado, no es suficiente para adjudicar un carácter democrático a las relaciones entre sociedad civil y Estado, pero es relevante como campo analítico. Esta hace parte de figuraciones sociales (^{Elias 2008}) en las que se reproduce y legitima el carácter postotalitario de dichas relaciones (^{Linz 2000}).

En el ámbito local, parecen desarrollarse procesos en los que la participación política habilita oportunidades para un accionar democratizador de la política. No obstante, algunas evidencias contradicen este supuesto. Hacia la exploración, “desde adentro”, de estas contradicciones, partiendo de un abordaje interdependiente entre dinámicas de autocratización y democratización, se dirige este texto. A partir del interrogante ¿cómo se consolida la autocratización de la política a nivel local en Cuba?, analizo la democraticidad de procesos decisorios sobre asuntos públicos en el municipio Cárdenas y la recíproca dependencia de esta realidad en formas de autocratización, cuyas dinámicas asisten a la consolidación de la autocracia en este nivel social. En este análisis examino los diseños aparentemente democráticos en Cárdenas, mediante los cuales los ciudadanos influyen en las condiciones (procedimientos y normativas) para la toma de decisiones y los debates sobre los asuntos públicos, y advierto formas en que este proceso se inserta en recíprocas dependencias con elementos subjetivos, estructurales y prácticos que configuran complejas dinámicas de autocratización. Siendo así, procuro aportar a partir de la aproximación a un caso poco analizado desde esta perspectiva, como el cubano, otra lectura de los procesos de autocratización y democratización en el ámbito local, los cuales se han convertido, en el último cuarto de siglo, en una dimensión creciente y relevante de los estudios políticos latinoamericanos.

Desde el punto de vista metodológico, me baso en un estudio de caso exploratorio (^{Creswell 1994}) en el municipio donde se ejecutó la experiencia piloto de “descentralización” gubernamental en el ámbito local en 1974: Cárdenas. Igualmente, apliqué métodos cualitativos como el análisis documental y las entrevistas semiestructuradas.

Con el análisis de documentos (^{Osipov 1988}) apelé a la interpretación y consulta reflexiva de documentos normativos sobre la estructura y el funcionamiento de los gobiernos municipales en Cuba. Como fase inicial de recolección de información, este método facilitó identificar la manera como mecanismos, reglas y procedimientos configuran (in)capacidades de la sociedad civil para incidir en la toma de decisiones a nivel local.

Las entrevistas semiestructuradas, aplicadas a diecisiete actores sociales municipales, me permitieron acceder a informaciones sobre sus experiencias cognitivas, significaciones y prácticas, en relación con los procesos de democratización/autocratización de la política en Cárdenas. Los entrevistados fueron: cuatro delegados de circunscripción (Dc), dos presidentes de Consejos Populares (PdCPs) y once pobladores. La selección de los entrevistados la realicé de forma no aleatoria, considerando criterios como: disponibilidad para cooperar con la investigación, cargo en la estructura gubernamental o en la sociedad civil, y experiencia en sus respectivas funciones (un año o más). Para esta selección empleé el muestreo no probabilístico conocido como snowball, que consiste en movilizar participantes en la investigación (actores sociales y especialistas en el tema) a través de las cadenas de referencia de los primeros seleccionados (^{Biernacki y Waldorf 1981}). Tras los contactos iniciales -realizados vía telefónica y de manera personal-, se facilitaron las demás entrevistas.

Para el análisis de la información recopilada utilicé varios procedimientos. Primero, la reducción de datos para estratificar la información según elementos conceptuales referentes a la consolidación autocrática: manutención y/o aumento de incapacidades de la sociedad civil frente a las configuraciones políticas (decisiones sobre políticas, normas y procedimientos); erradicación de estas capacidades; aumento o no de estas capacidades. Posteriormente, categoricé las informaciones utilizando nociones teórico-conceptuales predefinidas: elementos subjetivos (conocimientos, funciones, significados), prácticos (actitudes, experiencias) y organizacionales (normativas, funciones, procedimientos) (^{Gómez, Flores y Jiménez 1996}).

Luego de esos procedimientos, identifiqué las relaciones entre los componentes de esas categorías (transformación de datos), lo que facilita la comprensión de dichas relaciones como realidades interdependientes (^{Elias 1990}). Finalmente, en la etapa de obtención de conclusiones, reconstruyo el conjunto estructurado y significativo de elementos interrelacionados y diferenciados en el proceso analítico para, así, presentar las comprensiones sobre las relaciones entre las categorías utilizadas en el estudio (^{Gómez, Flores y Jiménez 1996}).

En cuanto a la estructura del texto, a continuación presento una primera sección sobre reflexiones teóricas-conceptuales acerca de la consolidación autocrática y sus componentes. En la segunda sección, analizo normativas nacionales y municipales que, en teoría, respaldarían la democratización y/o la autocratización de la política en Cuba, así como elementos normativos, prácticos y subjetivos que señalan la posibilidad de entender la consolidación autocrática en Cuba como interdependencias entre formas de autocratización y pseudodemocratización. Finalmente, en la última sección, reflexiono más detalladamente sobre este enfoque figuracional de la consolidación autocrática y su relación con la información recopilada. Así, planteo puntos preliminares para sustentar la viabilidad de esta herramienta analítica.

Autocratización

Con respecto al término autocratización, se pueden identificar varias perspectivas conceptuales comúnmente aceptadas en los recientes estudios en ciencias sociales. Para algunos autores, este concepto denota un modo específico de erosión de la democracia, entendida como el proceso sistemático por medio del cual los atributos propios de los regímenes democráticos se van perdiendo o deteriorando (Del ^{Tronco y Monsiváis-Carrillo 2020}). Para otros, refiere el declive sustancial de requisitos institucionales básicos para una poliarquía (^{Dahl 1989}), que permite cubrir colapsos y/o deterioro democráticos, sus métodos y ritmos -repentinos y graduales-. Así, este declive puede implicar situaciones menos democráticas o más autoritarias, dentro y fuera de las democracias, y permite distinguir entre procesos diferentes y aparentemente semejantes: recesiones democráticas, derrumbes democráticos y consolidación de regímenes autoritarios (^{Lührmann y Lindberg 2019}).

Según Del ^{Tronco y Monsiváis-Carrillo (2020)}, las erosiones democráticas pueden darse por medio de la autocratización o del retroceso. La primera vía designa procesos que tienen lugar en regímenes no democráticos. La segunda refiere procesos graduales dados fundamentalmente en regímenes democráticos. Por otro lado, para ^{Lührmann y Lindberg (2019)} la autocratización en sí denota diferentes formas de desgaste de atributos democráticos: recesiones democráticas (desgastes en regímenes democráticos), derrumbes democráticos (momentos y métodos mediante los cuales una democracia se convierte en autocracia) y consolidación autocrática (declive gradual de limitados rasgos democráticos que pudieran existir en situaciones autoritarias). Tanto desde un enfoque como desde el otro, la autocratización se define en relación con su reverso conceptual, la democratización, entendida como la manutención o ampliación de requisitos o atributos básicos de una democracia. Igualmente, puede ocurrir en regímenes democráticos o autocráticos, de diversas formas y en diferentes fases (^{Tilly 2007}; Lührmann y Lindberg 2019; Del Tronco y Monsiváis-Carrillo 2020).

Los procesos de autocratización presentan varias características. En regímenes democráticos, evitan transiciones dramáticas y se desarrollan gradualmente para prevenir explícitas violaciones de estándares democráticos (elecciones multipartidistas, libre asociación, entre otros) que puedan beneficiar a la oposición nacional e internacional. En regímenes autocráticos es posible que existan rasgos democráticos, sin que impliquen elecciones completamente libres y justas. Igualmente, los autócratas no solo aseguran su ventaja competitiva mediante tácticas de autocratización (censurar y acosar a medios de comunicación, restringir la sociedad civil y los partidos políticos, socavar la autonomía de los órganos de gestión electoral); también son capaces de empoderar a la sociedad civil, como estrategia para enmascarar y legitimar posibles acciones e intenciones autocráticas. En ambos sistemas se dan diferentes formas de convivencia entre democratización y autocratización (^{Lührmann y Lindberg 2019}; Del ^{Tronco y Monsiváis-Carrillo 2020}).

El reconocimiento de realidades híbridas de erosión democrática/autocratización-democratización por parte de diferentes analistas (^{Waldner y Lust 2018}; ^{Levitsky y Ziblatt 2018}; ^{Lagos 2018}; ^{Keane 2018}; ^{Lührmann y Lindberg 2019}; ^{Malamud 2019}; Del ^{Tronco y Monsiváis-Carrillo 2020}) revela la posibilidad de buscar otros modos de pensar dicha coexistencia; especialmente, al reconocer que en regímenes autocráticos pueden existir experiencias de autocratización y democratización que tienden a amenizar realidades (sensaciones y comportamientos) potencialmente desfavorables para la manutención y legitimación de las asimétricas capacidades decisorias entre determinados grupos sociales. De los caminos posibles para dicha búsqueda, particularmente, me inclino por profundizar en concepciones en las que estos procesos sean entendidos no solo como coexistentes, sino, más bien, como realidades interdependientes entre diversos componentes, cuyas implicaciones políticas amparan la consolidación autocrática.

Consecuentemente con esa perspectiva epistemológica, el análisis que presento se sustenta en el concepto de consolidación autocrática, por considerar que se ajusta más claramente al caso cubano. No obstante, entiendo este concepto como relaciones de interdependencias (^{Elias 2008}) entre formas de autocratización y democratización que (im)posibilitan capacidades para incidir en la configuración de la política. De esta manera, por consolidación autocrática asumo: las mutuas dependencias funcionales entre Estado y sociedad civil que implican la erradicación de capacidades y/o la manutención o ampliación de incapacidades de esta última para influir en las configuraciones de la política. Estos procesos, además de implicar fluctuantes balances entre capacidades e incapacidades, también se (re)producen de forma interdependiente con respecto a dinámicas de (pseudo)democratización funcional que, suponiendo que vehiculizan la influencia de los ciudadanos en los cursos de la política, sustentan la redefinición de las incapacidades que implica la propia consolidación autocrática.

Asumir esa perspectiva sobre la consolidación autocrática no solo facilita una sugerente matriz analítica para el examen urgente de la naturaleza, los procedimientos, las estructuras y prácticas que definen las dinámicas de autocratización de la política. Igualmente, ayuda a la comprensión de realidades sociopolíticas poco estudiadas en América Latina. Si bien la erosión democrática por debilitamiento ejemplifica esta subrepresentación gnoseológica (Del ^{Tronco y Monsiváis-Carrillo 2020}), lo mismo aplica para los análisis políticos latinoamericanos sobre las interdependencias entre diferentes formas de democratización y erosión democrática que sustentan la consolidación autocrática. Esto, esencialmente, en países autocráticos como Cuba, cuya dilatación temporal despierta un creciente interés mundial por su comprensión (^{Lührmann y Lindberg 2019}) y, simultáneamente, demanda un constante perfeccionamiento de sus miradas (^{Ríos 1996}; García 2000; ^{Valdés Paz 2009}; ^{González 2017}).

Como herramienta analítica, esta perspectiva conceptual tiene algunas implicaciones epistemológicas. Por un lado, obliga a ponderar sus intrínsecos procesos (autocratización-democratización) como realidades contradictorias, dinámicas, complejas (^{Tilly 2007})³ y multidimensionales (^{Elias 2008}), donde las constantes modificaciones de las relaciones entre sociedad civil y Estado son atravesadas por las interdependencias entre diversas estructuras, prácticas y subjetividades. Por otro lado, encauza el análisis de estos componentes mutuamente dependientes, asumiéndolos como bases fundamentales de balances y reacomodos de capacidades estatales que asisten a tal consolidación autocrática.

De igual forma, asumir la consolidación autocrática como relaciones funcionales y de mutuas dependencias entre individuos -en las que se manifiestan avances, estancamientos y/o retrocesos democráticos- conduce a asumir la política no solo como ámbito interdependiente de otras áreas de la sociedad vinculadas entre sí: economía, medio ambiente, educación, cultura, etcétera (^{Elias 2008}). Igualmente, conlleva la necesidad de reconocer, en este proceso, constantes transformaciones en la distribución de poder, pautadas por coerciones, tensiones, jerarquías y equilibrios entre individuos y grupos, atravesadas por las interconexiones entre diferentes factores prácticos, estructurales y subjetivos. Son estas constantes transformaciones y balances determinantes de las (im)posibilidades de democratizar decisiones, espacios, relaciones o procesos en la arena política (Elias 1990 y 2008).

En ese complejo proceso de trasformaciones y balances que implica la consolidación autocrática, desempeñan un papel importante el control social y el autocontrol de las conductas, las emociones y las estructuras de personalidad. Este control multidimensional influye en los modos de apropiación subjetiva y práctica de las asimétricas distribuciones de oportunidades (decisiones, espacios, procedimientos) para incidir sobre la configuración de la política (^{Elias 1990} y 2008).

De tal modo, se puede afirmar que la consolidación autocrática no solo es un sistema de interdependencias entre componentes de la autocratización y la democratización, sino que también constituye juegos entre estas fuerzas (^{Lührmann y Lindberg y 2019}), en constantes reequilibrios y tensiones, cuyos condicionamientos (decisiones, espacios, instrumentos) obedecen a disímiles factores interdependientes y posibilidades de transformación. Estos reequilibrios encubren una competencia por la concentración y legitimación de mayores capacidades para incidir en la configuración de la política -en este caso, en Cuba- y, así, beneficiar la manutención de las asimétricas distribuciones de poder.

Asimismo, en esos juegos y reajustes existe una condición esencial que condiciona sus equilibrios en detrimento de un aumento de tensiones.⁴ Esta es la construcción y orientación de autoconductas que facilitan un habitus⁵ (^{Bourdieu 1997}) favorable a la aceptación de la legitimidad de otros grupos para responsabilizarse por las distribuciones de poder. Es decir, para el desarrollo de este equilibrio es imprescindible que existan realidades cognitivas, afectivas y simbólicas favorables.

Diversos presupuestos ontológicos que derivan de esas ideas sobre la interdependencia enriquecen la noción de consolidación democrática en cuanto herramienta analítica. En la tabla 1 se resumen estos presupuestos. Luego, en las próximas secciones, reflexiono sobre la constatación de estos en algunas realidades empíricas a nivel local en Cuba.

Tabla 1. Presupuestos ontológicos de la consolidación autocrática 

Fuente: elaborado por Hans Carrillo Guach.

Democratización y autocratización en Cuba: escenario normativo, prácticas y subjetividades

Las normativas de los procesos participativos en los niveles nacional y local en Cuba apuntan a la democratización de la gestión pública, en medio de otras realidades (nacional y municipal) contradictorias que vislumbran rasgos de autocratización de la política. La Constitución recientemente aprobada es uno de los hechos que refleja tales contradicciones. El texto constitucional (ANPP 2019) define a la República de Cuba como un Estado democrático, socialista, de derecho y justicia social (art. 1), que tiene entre sus finalidades garantizar la igualdad en el disfrute y ejercicio de derechos (art. 13). Igualmente, puntualiza que la soberanía, ejercida de manera directa o mediante las Asambleas del Poder Popular (nacional y municipales), reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana el poder del Estado (art. 3). Todo esto supone obligaciones de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, de respetar, atender y dar respuesta al pueblo, manteniendo estrechos vínculos con este y sometiéndose a su control (art. 10).

Asimismo, a nivel nacional, la sociedad civil posee derechos reconocidos sobre la configuración de la política (ANPP 2019, art. 80). Tiene derecho a tomar parte en la conformación, el ejercicio y el control del poder del Estado, pudiendo: 1) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; 2) pronunciarse sobre las rendiciones de cuentas (RdC) que les presentan los elegidos; y 3) ejercer la iniciativa legislativa y de reforma constitucional, entre otras acciones.⁶

Sin embargo, en la propia carta magna se invocan formas de autocratización política y social. Algunas de ellas son la colocación del Partido Comunista de Cuba (PCC) como órgano superior y dirigente de la sociedad y el Estado, la imposición de una ideología oficial (marxismo leninismo) que no representa las ideologías políticas en el país, y la atribución de carácter legal y legítimo a la violencia contra ciudadanos que actúen inversamente a los principios políticos, sociales o económicos impuestos (ANPP 2019, arts. 4 y 5).

En ese escenario, las formas de democratización inicialmente citadas no implican una redistribución de capacidades decisorias entre el Estado y la sociedad civil sobre la política en Cuba. Estas existen como complejas realidades interdependientes y funcionales a las disposiciones de autocratización, visibles en diferentes niveles, incluso en el ámbito de imaginarios sociales, fértiles para el control y autocontrol de la conducta de la sociedad civil (y reconocen su heterogeneidad). Algunas construcciones mentales que componen tales imaginarios pueden verse entre ciudadanos del municipio Cárdenas, por ejemplo, la esperanza de cambios existentes y venideros que alimentan la racionalidad de la espera (sentimientos y aptitudes) como sutil mecanismo de apaciguamiento político: “estamos teniendo cambios, vamos a ver qué pasa” (poblador/entrevistado 16). “Yo estoy viendo algunos cambios, habría que esperar los resultados, pero por lo menos hay cambios” (poblador/entrevistado 17).

Si el ámbito normativo nacional, representado en la Constitución, refleja la posibilidad de pensar en una interdependencia entre formas de autocratización y pseudodemocratización, el ámbito local cubano no se configura sobre lógicas diferentes. Entendido como comunidad, barrio o municipio, lo local constituye un espacio donde los referidos procesos tocan directamente la vida cotidiana de las personas. Esto lo convierte en un escenario privilegiado para comprender cómo se reproducen tales interdependencias en la configuración de la política, que coinciden, incluso, con la relevancia que en el último cuarto de siglo han ganado los escenarios locales en los estudios políticos latinoamericanos.

Sea por la atribución de funciones a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) que aluden a la centralidad de la población en la configuración de realidades sociales locales (ANPP 2019, art. 192), o por la existencia de espacios y actores sociales con fines participativos, hay una estructura municipal diseñada para, formalmente, democratizar la configuración de la política. Las sesiones de la AMPP (SeAMPP) y las RdC, así como los Dc y PdCP, respectivamente, ejemplifican esta estructura.

A las SeAMPP se les atribuyen funciones como: dar a conocer las actividades de instituciones locales, aprobar el movimiento de cuadros administrativos, informar sobre el cumplimiento de acuerdos y disposiciones adoptadas por la AMPP en sesiones anteriores, discutir problemáticas previamente presentadas por los Dc al presidente de la AMPP y, cuando corresponda, rendir cuentas de su labor a los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP). Las RdC están orientadas a promover debates sobre problemáticas comunitarias, a objetivar el análisis colectivo y a la búsqueda participativa de soluciones. Normalmente, tienen una frecuencia mensual, con menor o mayor periodicidad, de acuerdo con los intereses de la propia comunidad. En sus bases regulatorias, se enaltece el protagonismo de los Dc electos popularmente y los PdCP, en tanto figuras esenciales para el acercamiento entre población e instancias gubernamentales en la construcción de la sociedad local. Se prevé que la aproximación mediante estos espacios se dé a través del Dc y de la participación de funcionarios del Gobierno, cuando estos sean convocados por la comunidad (ANPP 1999).

Los Dc, teóricamente representantes del pueblo, dirigen las RdC e interactúan constantemente con la comunidad y la Administración local. Con base en esas interacciones, promueven los necesarios debates sobre asuntos de interés popular y viabilizan las problemáticas de sus electores (ANPP 1995 y 2019). Tienen el deber de rendirles cuentas a sus electores y el derecho a conocer periódicamente la gestión de la AMPP y su proyección de trabajo en el territorio, para asistir el cumplimiento de sus principales funciones, entre estas: socializar informaciones sobre la gestión pública y participar con voz y voto en espacios como las SeAMPP y reuniones de las comisiones de trabajo, entre otros (ANPP 1995 y 2019). Junto a estos actores, los PdCP también deben desempeñar labores participativas y actuar para satisfacer necesidades asistenciales de la población (económicas, educacionales, culturales y sociales), mediante la búsqueda de soluciones a las problemáticas. Asimismo, deben promover la participación popular en la trasformación social y el control de las entidades existentes en sus territorios, y exigir eficiencia en las actividades de producción y servicios (ANPP 2000).

Pese a las anteriores realidades limitadamente próximas a una democratización municipal en Cuba, es posible identificar elementos que, apuntando a caminos opuestos, pueden considerarse puntos de partida para pensar en una interdependencia entre disposiciones de autocratización y pseudodemocratización funcional. Los espacios y mecanismos participativos oficialmente establecidos en los municipios cubanos son las únicas vías para el ejercicio de cualquier forma de democratización. Sus normativas adolecen de indicaciones explícitas sobre el derecho de los electores a participar en la configuración del Gobierno, lo que incide en la transformación de normativas y procedimientos que sustentan los debates y procesos decisorios (Consejo de Ministros 2007; ANPP 1995, 1999 y 2000). Asimismo, soslayan cualquier reconocimiento a que estos espacios y mecanismos tengan, entre sus obligaciones, la toma colectiva de decisiones sobre dichas transformaciones y, por ende, sobre las condiciones para la configuración de la política.⁷

Como consecuencia, se observa una monopolización estatal de funciones importantes para la democratización -como es la configuración de mecanismos y reglas que estructuran los procesos decisorios- y, con ello, la heteronomía política de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos a nivel local.

Las realidades normativas anteriormente descritas, que aluden a disposiciones autocráticas y de democratización, reflejan y legitiman jerarquizaciones establecidas entre Estado y sociedad civil. Además, las lógicas de estas normativas constituyen formas de coerción social que repercuten en el entorpecimiento de capacidades de los ciudadanos para favorecer su empoderamiento delante de las decisiones y configuraciones políticas.

En dos de los principales espacios para promover debates y participación ciudadana en la gestión gubernamental (RdC y SeAMPP), ha sido inusual discutir el mejoramiento de tales mecanismos mediante el establecimiento de procedimientos complementarios o alternativos. Actores y ciudadanos locales desconocen momentos en los que se haya debatido este tipo de mejoramiento, pese al reconocimiento de la ineficiencia de tales espacios en la democratización de la gestión y las decisiones sobre la localidad:

No existen otros medios alternativos para favorecer la participación, pues ya existe y es el papel del delegado. (Dc/entrevistado 1)

Esos criterios están enfocados en nuestras problemáticas, no en la creación de otros mecanismos. (Dc/entrevistado 2)

La población nunca ha solicitado la creación de otros espacios. (Dc/entrevistado 3)

Está establecido constitucionalmente el mecanismo para la toma de decisiones, no existe otro. (PdCP/entrevistado 5)

No existe un espacio para que en un momento determinado la población tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre ciertos problemas que afectan las circunscripciones. (Poblador/entrevistado 7)

Me gustaría mucho tener la posibilidad de contar con espacios en los cuales pueda exponer mis desacuerdos en relación con la manera en que se proyectan los dirigentes y gobernantes, primero de la localidad y luego del país, si realmente desde la base estuviera seguro de que sería escuchado y que mis planteamientos serían analizados oportunamente, entendidos y solucionados, pero eso no ha ocurrido ni ocurrirá. (Poblador/entrevistado 13)

Esos relatos ilustran insatisfacciones con el funcionamiento democrático de estos mecanismos y representan el papel del Gobierno como único responsable por la definición de las condiciones relativas a la democratización del Estado/Gobierno. También reflejan el entorpecimiento de las capacidades de democratización de la sociedad civil y el desconocimiento de algunos entrevistados (Dc y uno de los PdCP) sobre derechos democráticos que deben ser garantizados.

Por otro lado, los Dc aprueban la creación de las RdC y las SeAMPP porque, en teoría, fortalecen los debates y las decisiones colectivas. Sin embargo, declaran no recordar decisiones importantes que hayan sido definidas y ejecutadas con base en demandas populares y en el ámbito de los mecanismos participativos existentes (RdC, SeAMPP y Dc). Junto a esto, argumentan que, en la práctica, existe un retorno limitado por parte del Gobierno sobre dichas demandas. De esta última situación emana la repetición de demandas en dichos espacios y la creencia en que estas son desdeñadas:

Muchas veces las respuestas no satisfacen a la población o demoran en dar respuestas. (Dc/entrevistado 2)

Para lograr una real participación, las personas tienen que tomar consciencia y comprobar que se les toma en cuenta, y una de las formas en que se les tome en cuenta es que sean escuchados y que haya una devolución convincente ante las problemáticas discutidas. (Dc/entrevistado 4)

Esas declaraciones evidencian la distribución desigual de oportunidades legales entre Estado y sociedad civil, que obstaculiza el empoderamiento de esta última frente a las decisiones y configuraciones de la política. Esta forma de desigualdad política/normativa coloca al Estado cubano en una posición de independencia relativa (^{Elias 1990}) con respecto a las decisiones y la definición de aspectos que permiten actuar sobre la realidad sociopolítica. Dichos aspectos son las capacidades para definir normas y procedimientos para el ejercicio participativo (toma de decisiones y debates públicos), así como para incidir en la definición de competencias que atañen a cada sector de la sociedad local delante de los mencionados procesos (^{Guach 2019}).

La definición de las condiciones para la supuesta democratización de la gestión gubernamental en Cuba -sin la necesaria intervención popular en procesos que los deben constituir: identificación de limitaciones, diseño, decisión, control- no solo se ha sustentado en normativas oficiales que definen el papel de actores municipales en este proceso (ANPP 1995, 1999, 2000 y 2019), sino que también se han respaldado en normativas socialmente construidas⁸ sobre las relaciones entre sociedad civil y Estado que muestran la legitimidad de una transferencia de poder hacia este último:

¡Es el Gobierno quien toma las decisiones y así está establecido! (Dc/entrevistado 4)

Las reglas para tomar decisiones ya están establecidas desde el nivel central. A veces, ni siquiera los gobiernos municipales pueden cambiarlas. (Poblador/entrevistado 7)

[…] en realidad es la AMPP quien decide. (Poblador/entrevistado 14)

Los sistemas del país no son suficientemente horizontales. (^{Chaguaceda y González 2015}, 139, 142).

Esas formas de construcción social, al entorpecer conductas y la consciencia democrática de la sociedad civil, limitan la autonomía y libertad de los ciudadanos en el ámbito político, especialmente, de los representantes populares y gobernantes intermedios que parecen actuar como “selectorados influyentes”.⁹ Los representantes populares (Dc y PdCP) cumplen funciones de diálogo con pocas capacidades y legitimidad para propiciar otras formas de distribución de poder. Todo esto apoyado, también, en otros modos de apropiación simbólica sobre realidades asociadas a estos procesos, que no pueden ser entendidas separadamente de las estructuras y prácticas descritas hasta el momento, sea como condicionantes o resultados de estas.

Entre Dc, PdCP y algunos habitantes, predominan sentidos limitados sobre el concepto participación, asociados a acciones como estar presente, recibir informaciones y expresarse. Estos imposibilitan comportamientos más activos y críticos de la sociedad civil sobre el papel centralizador del Estado, lo que limita otras formas de apropiación de los mecanismos existentes y sus procesos de construcción. Expresiones como las siguientes muestran tales sentidos:

Yo entiendo por participación asistencia a las reuniones, debatir sobre los problemas del territorio, decir lo que uno piensa. (Dc/entrevistado 3)

La creación del mecanismo de RC es buena, en el sentido de que a nivel de las asambleas tienes posibilidades de lograr la participación a todos los miembros de la circunscripción, no existiendo límites para expresar los criterios. (PdCP/entrevistado 5)

Nosotros sí participamos porque podemos plantear nuestros problemas y decir las cosas que pensamos. (Poblador/entrevistado 8)

Por otro lado, algunos actores sociales han tenido apreciaciones más abarcadoras sobre la participación.¹⁰ No obstante, han mostrado actitudes de abandono frente a los roles de participación activa que les corresponderían, sujetas a sensaciones de resignación, cansancio e impotencia con respecto a sus limitaciones para ejercer la participación (^{Chaguaceda y González 2015}; ^{Guach 2019}).

Las anteriores situaciones repercuten en que el funcionamiento de los procedimientos oficialmente establecidos y socialmente construidos, en la práctica, haya facilitado un efecto restringido de democratización de las decisiones y la gestión gubernamental en general. El resultado ha sido no solo una naturalización de las incapacidades democráticas de la sociedad civil, sino además una obstaculización del papel de dichos procedimientos (Dc, PdCP, RdC y SeAMPP) en la viabilización de capacidades de los ciudadanos para incidir en las decisiones y la configuración de las condiciones para la democratización.

Esas últimas realidades, prácticas y subjetivas, confluyen con las lógicas normativas relatadas precedentemente, no solo como huellas de sus esencias, sino también como factores reproductores de estas. Igualmente, ejemplifican y reproducen las coerciones y desiguales distribuciones de capacidades de la población para empoderarse en el marco de la configuración de la política. Todo esto acompañado de formas de apropiación de realidades (relación sociedad civil/Estado, procedimientos, concepto de participación, etcétera) que favorecen la aceptación y legitimación de jerarquías y distribuciones asimétricas de capacidades que configuran los procesos de autocratización.

Las problemáticas descritas en esta sección -relativas a coerciones, jerarquizaciones, estructuras participativas y formas de autocontrol de la sociedad civil marcadas por modos de construcción social- revelan caminos entreabiertos para reconocer el carácter interdependiente entre procesos de autocratización y pseudodemocratización funcional. Al esclarecimiento de estas relaciones se orienta el siguiente apartado.

Consolidación autocrática a nivel local en Cuba: relaciones de interdependencias

En los ámbitos nacional y municipal cubanos existen estructuras teóricamente diseñadas para democratizar la política. En la Constitución se hace referencia a principios democráticos y participativos del funcionamiento del Estado y, a nivel local, se observan normativas que materializarían estos principios. No obstante, cuando se analiza el funcionamiento de estas estructuras se perciben varias problemáticas: 1) incapacidades de la sociedad civil para incidir en la definición de procedimientos y normativas de los debates y la toma de decisiones sobre lo público; 2) deficiencias de espacios y procedimientos oficiales para democratizar la gestión pública; 3) obstáculos para trascender dicha realidad, entre otras.

Esas problemáticas, entendidas desde perspectivas teóricas recurrentes sobre procesos de autocratización (^{Linz 2000}; ^{Lührmann y Lindberg 2019}), sugieren que Cuba es un contexto autocrático donde coexisten experiencias autocráticas y de limitada democratización. Sin embargo, con base en los datos hasta aquí revelados sobre experiencias locales como las de Cárdenas, es posible y necesario acrecentar una característica que enriquece esta perspectiva: las experiencias de autocratización y democratización, en contextos autocráticos como Cuba, no solo son coexistentes, también son interdependientes.

La existencia de estructuras o dispositivos que prevén la democratización de la política puede entenderse desde su mutua dependencia con relación a estructuras y/o dispositivos de autocratización. En el caso cubano, tanto los principios democráticos refrendados en la Constitución cuanto los dispositivos participativos locales existen como realidades interdependientes con respecto a estructuras fundamentales en las cuales se sustentan los procesos de autocratización. Entre otras, el partido único que dirige la sociedad y el Estado (ANPP 2019) y la monopolización de capacidades estatales sobre la configuración de la política. Varios elementos pueden ilustrar esta relación.

En primer lugar, las realidades supuestamente democráticas existen porque no amenazan la estructura autocrática liderada por el Partido Comunista de Cuba. Estas enmascaran la desigual distribución de poder sobre la configuración de la política y protegen dicha estructura autocrática contra formas espontáneas de participación popular. Al establecerse oficialmente los mecanismos y las normas para la democratización -aunque sean ineficientes-, se facilitas la criminalización y/o deslegitimación de otras formas de activismo político fuera de los canales establecidos: huelgas, manifestaciones masivas, convocación a plebiscitos vinculantes, entre otros.

En segundo lugar, los contenidos y las lógicas de funcionamiento de los dispositivos para la democratización de la política (soberanía y poder residentes en el pueblo, derechos de ciudadanos, etcétera [ANPP 2019]) se ejercen bajo el control de las estructuras autocráticas. Dichos componentes son subordinados al único partido posible que rige la sociedad y el Estado, y son acotados obligatoriamente a los objetivos de la ideología oficial, impuesta como única, suprema e inquebrantable doctrina de la gestión del país. Así, cualquier demanda de derechos ciudadanos que contraríe el poder absoluto del único partido y sus interpretaciones sobre el socialismo estaría expuesta a la desconsideración. Incluso, estaría expuesta a formas “legítimas” de violencia por parte de los conciudadanos o el Estado, en caso de acciones que puedan considerarse -discrecionalmente (^{Schmitt 2010})- subversivas al orden establecido. Ejemplo de esto son las respuestas del actual presidente cubano a las manifestaciones ocurridas en el país el 11 de julio de 2021:

¡En Cuba las calles son de los revolucionarios! ¡Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la Revolución! ¡Estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo! […] estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarlas con decisión, con firmeza y con valentía. (^{Díaz Canel-Bermúdez 2021})

En tercer lugar, la existencia de los descritos componentes de democratización es útil para la articulación de discursos maniqueístas sobre el carácter democrático del Estado, que viabilicen la legitimación de las jerarquías y asimétricas distribuciones de poder establecidas y la disminución de tensiones políticas entre gobernados y gobernantes. Estos se constituyen como mecanismo para el control y autocontrol de conductas, favorables a la reproducción de las interdependencias entre componentes de autocratización y pseudoparticiación que sostienen los actuales balances de capacidades de influencia sobre la autocratización de la política.

Las dinámicas sociopolíticas que implican estos fluctuantes balances de capacidades de influencia sobre la autocratización de la política, al menos en el caso cubano, demuestran que la consolidación autocrática no necesariamente determina un proceso gradual. Más bien, pueden conllevar retrocesos, o dinámicos e interdependientes estancamientos de ciertas capacidades, en lo que intervienen, de modo complejo, múltiples factores sociales. Estos factores, metodológicamente, se pueden dividir en tres tipologías: estructurales (distribución de recursos, normativas, procedimientos, jerarquías, funciones); prácticos (tensiones, coerciones, controles sociales, y autocontrol de conductas, actitudes y comportamientos); y subjetivos (emociones, significados, conocimientos, valores, personalidades). ¿Cómo constituyen estos elementos las interdependencias entre procesos de autocratización y pseudodemocratización que caracterizan la configuración de la política en Cuba?

El Estado cubano define y decide unilateralmente sobre mecanismos y normativas que regulan la participación, los debates y la toma de decisiones,¹¹ dada su histórica concentración de funciones burocráticas y de recursos. Esto se transcribe en un menor grado relativo de dependencia recíproca en relación con la sociedad civil, para decidir y desarrollar mecanismos que potencialicen la participación y permitan el control de la gestión pública y las conductas de los gobernantes (^{Elias 1990}). Tal concentración de funciones ha sido central en la reconfiguración de las capacidades estatales para influir en los cursos de la política y comprometer las capacidades democratizantes de la sociedad civil, mediante la afectación de subjetividades y prácticas políticamente emancipadoras. Esas problemáticas ejemplifican un balance de poderes beneficiosos para el régimen autocrático, a partir de relaciones de interdependencias funcionales (Elias 1990) en las que el ejercicio de las funciones legales y participativas de los ciudadanos, además de depender exclusivamente de los ineficientes mecanismos oficiales, es limitado por las formas de apropiación (subjetiva y práctica) socialmente construidas.

Las formas de apropiación subjetiva, que inciden en la autocratización, señalan el carácter pasivo atribuido a la participación, entendida como proceso en el que se está presente, se obtienen informaciones y se emiten criterios. Esto se traduce en una débil consciencia crítica entre ciudadanos y otros actores con responsabilidades en los procesos participativos (Dc y PdCP, y algunos vicepresidentes de la AMPP) y una depreciación de la esfera pública como espacio democrático (^{Guanche 2013}; ^{Chaguaceda y Geoffray 2015}; Chaguaceda y González 2015; ^{Guach 2019}).

Esas formas de apropiación sobre contenidos y procedimientos participativos revelan una jerarquización legitimada del Gobierno como único responsable por las lógicas de los debates y las decisiones. Esto condiciona y refuerza las restricciones democráticas de la población y sus actitudes de resignación, que conllevan no intentar transcender la cuestionada ineficiencia procedimental, mediante la creación de otros mecanismos complementarios o alternativos. Ejemplos de estas actitudes pasivas pueden percibirse en experiencias como las relatadas anteriormente: 1) entrevistados que no se autoperciben como sujetos activos y con derechos a exigir debidas mejoras en las condiciones para la toma de decisiones; 2) testimonios de actores (PdCP, ciudadanos, Dc) que solicitan que las entrevistas sean anónimas para evitar contrariedades con el Gobierno.

Esos últimos testimonios respaldan el monopolio legítimo de la violencia y el control por parte del Estado, apoyado por el autocontrol de los individuos mediante el miedo inducido y otras configuraciones sociales que limitan cualquier voluntad de contradecir el orden establecido, aun cuando lacere derechos fundamentales. Entre estas configuraciones destacan: 1) absoluto control estatal sobre los medios de producción y distribución de bienes, que limitan -en un país que ya restringe el acceso a empleos justamente remunerados- las opciones de los disidentes para trabajar en áreas de mejor asignación salarial: turismo, empresas petroleras, sector diplomático y empresas extranjeras; 2) insuficiencia de capacidades de los ciudadanos para defenderse contra violaciones del Estado, pese a la existencia de mecanismos como atención a la ciudadanía y la Fiscalía General de la República; 3) monopolización del Estado en la discrecional interpretación y aplicación de conceptos jurídicos y actitudes políticas (^{Schmitt 2010}); 4) monopolización de los medios de comunicación por parte del Estado, lo que obstaculiza el libre acceso a la información y los derechos a réplicas; 5) instrumentalización (^{Marcuse 2015}) procedimental que, al facilitar el enaltecimiento de la democratización basada apenas en la existencia formal de procedimientos, confina el potencial emancipador y participativo de los/as ciudadanos/as frente a los asuntos que les competen.

A partir de esos últimos argumentos se deduce que actores y espacios a los que se les atribuye la participación como objetivo esencial (Dc, PdCP, RdC, SeAMPP), en la práctica apoyan la labor administrativa, sin que esto implique una eficiente participación política en la configuración del Estado. Por ejemplo, los procesos participativos se desarrollan con una menguada capacidad del pueblo para sancionar a actores gubernamentales por irrespetar derechos ciudadanos. También, los roles de actores como Dc o PdCPs son más cercanos a una especie de selectorados influyentes que a representantes populares. Esto no incluye que sean considerados para la toma de decisiones y les obstaculiza el cumplimiento de funciones formalmente atribuidas, como promover la participación popular en la gestión pública.

Lo anterior implica que tales funciones, encuadradas en formas de pseudodemocratización funcional, apenas tienen un carácter paliativo de problemáticas sociales que emergen de la propia ineficiencia del sistema -y enmascaran la autocratización-, pues no están orientadas a impulsar configuraciones y/o transformaciones de orden estructural y político (procedimientos, normativas, decisiones). De este modo, dichas funciones, que han alimentado actitudes de apatía política y despolitización en la sociedad civil -como mecanismo para reducir las tensiones y garantizar la consolidación del poder en regímenes autoritarios (^{Linz 2000})-, han permitido al régimen sustentar la demagogia y el maniqueísmo que caracterizan los procesos de participación local en Cuba.

Con base en realidades señaladas, y otras, el Estado cubano continúa siendo el único responsable por la conformación de las “reglas del juego” (normativas y procedimientos) alusivas al tratamiento participativo de los asuntos públicos. Las principales figuras que formalmente implicarían algún grado de distribución de poder no se autorreconocen como sujetos de derechos y, en la práctica, constituyen agentes estatales impulsados por una docilidad política mediante la cual se enmascara y legitima la transferencia de soberanía desde la ciudadanía hacia el Gobierno. Igualmente, las RdC y las SeAMPP, como espacios participativos definidos normativamente, se replican como realidades que enmascaran la autocratización de las decisiones y reproducen el orden establecido.

La existencia de mecanismos y espacios formalmente orientados a involucrar al ciudadano en la gestión pública municipal en Cuba tiene un impacto mínimo en la real democratización de las decisiones locales. Cuando la población ha podido incidir en alguna decisión, esta se considera periférica en relación con las bases centrales que deben ser transformadas, en aras de una real distribución de poder entre Estado y sociedad civil. De ese modo, mientras se democratizan parcialmente decisiones periféricas y paliativas a través de mecanismos definidos monopólicamente por el Estado, se reproducen formas autocráticas mediante los mismos mecanismos, cuyo funcionamiento sustenta y está sujeto a relaciones de dependencia funcional (^{Elias 2008}).

Los procesos de autocratización y de limitada democratización, cuyas dinámicas de interdependencias pretenden ser captadas aquí mediante las nociones de consolidación autocrática y pseudodemocratización funcional, son más apropiados para mantener el orden establecido y las incapacidades de la sociedad civil para trascenderlo. Estas dinámicas influyen en conductas, emociones y sentimientos (apropiaciones subjetivas y objetivas) que, junto a otros mecanismos de control, sirven al autocontrol de la sociedad civil frente a los roles activos y críticos que le deberían corresponder en la configuración de la política. Al mismo tiempo, confluyen en la legitimación de la centralización y autonomía del poder estatal y, por tanto, propician la disminución de riesgos de tensiones políticas y sociales que puedan atentar contra los procesos de autocratización.

En definitiva, se puede asumir que los procedimientos y espacios locales de democratización en Cuba no implican un verdadero avance en las capacidades de democratización del Estado. Estos existen porque son funcionales para la reproducción y reconfiguración de las formas de autocratización y porque sostienen las capacidades estatales para monopolizar lo que la sociedad civil necesita para tal democratización. En este caso, al menos las posibilidades de definir las reglas del juego para la toma de decisiones (^{Schmitt 2010} y 2011), lo cual implicaría entenderlas de manera compleja (^{Morin 1991}), polimorfa e interdependiente (^{Elias 2008}), reconociendo múltiples interacciones y retroacciones históricamente construidas entre diversos elementos sociales (simbólicos, afectivos, económicos, políticos, estructurales, institucionales, etcétera). Si, como señala ^{Keane (2018)}, la tarea histórica de nuestro tiempo es imaginar nuevas formas de política democrática fortalecidas con mayor participación ciudadana en la vida pública y acompañadas de nuevos mecanismos de monitorización del poder, en el modelo de gobierno local cubano estas tareas continúan siendo postergadas.

Consideraciones finales

El análisis de la configuración de la política subnacional cubana, a partir de la experiencia en Cárdenas y de los resultados de otros estudios referentes al tema, ofrecen complementos para comprender los procesos de autocratización. Las incapacidades de la sociedad civil cubana para definir y establecer procedimientos y normativas que democraticen debates y procesos decisorios sobre lo público no solo ejemplifican los complejos niveles de autocracia que caracterizan a la sociedad cubana actual, sino que también evidencian dinámicas sociales que contrarían realidades democráticas construidas por discursos oficialistas. Estas evidencias permiten comprender la configuración de la política en Cuba desde otras perspectivas que, hasta aquí, he pretendido registrar a la luz de lo que entiendo por consolidación autocrática y sus conceptos asociados: pseudemocratización funcional y autocratización.

Los presupuestos teóricos que constituyen este concepto y que, alineados a algunos componentes sociológicos figuracionales, han guiado este análisis, han demostrado su capacidad de traslucirse en realidades empíricas de la actual sociedad cubana. Esto refleja la validez de esta herramienta teórico-conceptual, centrada en la interdependencia entre las cosas. La noción de pseudodemocratización funcional, componente conceptual de la consolidación autocrática, ha permitido entender que las prácticas y conformaciones estructurales asociadas a ciertas relaciones democráticas entre sociedad civil y Estado cubano son interdependientes con relación a procesos de autocratización en diferentes ámbitos espaciales y existenciales. Es decir, la existencia de estas prácticas y estructuras depende de otros elementos sociales que apuntan a la autocratización, y viceversa, como forma de contribuir a un equilibrio de poder que constituye la consolidación autocrática. Así, esta categoría aporta una posición epistemológica apropiada para captar otras esencias de la estructuración autocrática de la política en Cuba y su implícita dominación, que trasciende la idea de una simple coexistencia entre elementos democráticos y autocráticos.

Mientras normativas, procedimientos y actores en municipios cubanos, en teoría, facilitan cierta influencia de la población en determinadas decisiones y asuntos que democratizan la gestión pública y la configuración de la política, en la práctica, acciones, sentidos, procedimientos y otras normativas sustentan restricciones para un verdadero empoderamiento popular en la transformación de la realidad. Este tipo de relación, que implica un constante balance de capacidades entre Estado-sociedad civil, imposibilita que esta última tenga un rol activo en el debate público efectivo, en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos y en la configuración de las condiciones que sustentan las actuales relaciones autocráticas en diferentes niveles sociales del país.

De tal modo, los procesos de pseudodemocratización funcional en Cuba, que existen como corolario y estímulo de las formas de consolidación autocrática existentes, se encarnan en procedimientos, espacios y procesos participativos que tienen una influencia restricta en términos democráticos. Sin embargo, estos resultan funcionales para reestructurar y reproducir la monopolización estatal de las capacidades para definir las “reglas del juego político”. Así, los procedimientos participativos pueden entenderse como realidades determinadas por las lógicas e intenciones de autocratización, en función de enmascarar este último proceso y disminuir cualquier posibilidad de tensión social y política. Al mismo tiempo, estas limitadas democratizaciones, junto con la producción y reproducción de modos específicos de involucramiento práctico y subjetivo de los ciudadanos, facilitan que se legitimen y desfiguren las dinámicas autoritarias del poder estatal.

La validez demostrada de esta forma de aproximación a las realidades autocráticas en Cuba no desestima la posibilidad y la importancia de ampliar y perfeccionar este tipo de análisis. De hecho, las manifestaciones populares ocurridas el 11 y el 12 de julio de 2021 en Cuba, y especialmente en el municipio Cárdenas, exigen un serio compromiso con estas acciones.

A lo largo del texto se percibió cómo la consolidación autocrática en Cuba se ha reproducido con base en la confluencia entre varios factores, entre estos, la existencia de emociones socialmente construidas (miedo, desidia política, etcétera) que han sustentado actitudes políticamente pasivas de la sociedad civil. No obstante, dichas masivas manifestaciones -fuertemente reprimidas- han demostrado que algo cambió y que es necesario continuar perfeccionando las miradas hacia Cuba. En primer lugar, revelan fisuras en las herramientas de control y autocontrol de las emociones y conductas de ciertos grupos, utilizadas por el régimen para evitar estallidos sociales que puedan producir la ruptura del orden establecido y, con esto, la democratización. Si durante la presente investigación, que antecedió a las manifestaciones, se identificó la centralidad de las emociones en la consolidación autocrática, con los eventos recientes se comprueba la manutención de esta centralidad, aunque sea desde otra perspectiva. Los gritos de los/as manifestantes de “libertad, no tenemos miedo” así lo demuestran. Por otro lado, lo que se ha visto en relación con estas protestas ha sido la ejecución de estrategias -descritas anteriormente- de reacomodo de las capacidades estatales para reproducir la consolidación autocrática, frente a la dificultad que implica sostener, por mucho tiempo, las conductas con base en el miedo y la desidia política.

Además de la represión política/militar que se ha visto sobre los manifestantes y líderes/as opositores/as pacíficos/as, el Estado/partido cubano también ha apelado a la aplicación discrecional del derecho para encarcelarlos/as y/o enjuiciarlos/as (ANPP 2019). Igualmente, ha recurrido al uso de conceptos ambiguos (revolución, revolucionarios, patriotas) para legitimar las violentas represiones con base en la construcción de emociones asociadas a la inseguridad del país y al desprecio de dichos/as manifestantes. Estos/as últimos/as son tildados/as de confundidos/as y/o mal intencionados/as, que atentan contra un orden establecido, supuestamente digno y democrático, preparado para el diálogo siempre que sea por los canales establecidos y en función de las ideologías políticas reinantes.

Más allá de los diálogos genéricos que se pueden plantear entre los hallazgos aquí expuestos y las recientes protestas de una parte significativa del pueblo cubano, este texto deja más interrogantes que repuestas acerca de las dinámicas de consolidación autocrática en Cuba: ¿cómo se han desarrollado y transformado esas relaciones de interdependencias entre componentes autocráticos y de pseudodemocratización funcional, que han mantenido la legitimidad del balance desigual de capacidades para definir las lógicas de la configuración de la política en Cuba? ¿Cuáles procesos y dinámicas de interdependencias a largo plazo pudieran estar relacionados con estas protestas? ¿Cómo se podrían explicar la consolidación de la autocracia cubana y estas recientes protestas a partir del desarrollo de las dinámicas de control y autocontrol mutuamente dependientes entre Estado y sociedad civil en Cuba, en sus diferentes niveles sociales (locales y nacionales)? ¿Cuáles semejanzas y diferencias se observan entre estos procesos en Cuba y otros procesos de consolidación autocrática y/o erosión democrática ocurridos en otros países?

Un modesto punto de partida para responder algunas de esas interrogantes puede encontrarse aquí, tanto en sus dimensiones empíricas como teórico-conceptuales. La consolidación autocrática y el concepto de pseudodemocratización funcional, en cuanto herramientas analíticas para captar las dinámicas de las mutuas determinaciones entre procesos de autocratización y pseudodemocratización, no constituyen un marco conceptual definitivo para abordar las referidas realidades. Tanto las mencionadas manifestaciones cuanto los límites metodológicos de esta investigación obligan a continuar indagando sobre las relaciones hasta aquí descritas. También exigen un constante perfeccionamiento epistemológico, en el que, incluso, el uso de la teoría fundamentada (^{Charmaz 2009}) y los análisis de correspondencia serían de gran aporte. Esto con el objetivo de avanzar hacia una mayor confiabilidad comprehensiva, explotando al máximo el poder analítico de las herramientas teórico-conceptuales aquí utilizadas.