Introducción

El contexto generado por la pandemia que golpea al mundo desde 2020 ha agudizado las percepciones de crisis y agotamiento de los andamiajes económicos, políticos y ecológicos que conforman el mundo globalizado tal como lo conocemos hoy. Desde distintos sectores sociales se han profundizado las preocupaciones ambientales y aquellas en torno a las posibilidades que tienen las sociedades humanas de perpetuar a mediano plazo el actual modo de vida y las condiciones que lo sustentan, implicando elevados niveles de destrucción ecológica, desigualdades y sufrimiento humano (^{Brand y Wissen 2021}). En Argentina, uno de los principales países exportadores de productos agroindustriales del Sur Global, tal es así que, por ejemplo, los términos “desarrollo sustentable”, “transición energética” y “economía verde”¹ han traspasado las fronteras de sus círculos técnicos para formar parte del lenguaje cotidiano, mediático y de redes sociales. Los proveedores de alimentos y otros productos de origen agroecológico para los sectores urbanos han declarado el marcado incremento de su demanda (lo contrario a lo ocurrido con el consumo de carne), y lo mismo ha sucedido con los medios de transporte considerados no contaminantes, tales como la bicicleta. Entre los múltiples, contradictorios y borrosos imaginarios puestos en evidencia a partir del contexto de crisis sanitaria sobrevuela cierto consenso cada vez más extendido: “algo anda mal”. Y en este escenario, algunas voces que ya venían pronunciándose desde hace al menos dos décadas, aunque de manera marginal, recobran un nuevo protagonismo.

En Argentina, el conflicto territorial y ambiental viene siendo protagonizado desde la década de 1990 por sectores del campesinado marginal, a partir de la ampliación a nivel nacional de lo que se conoce como la frontera sojera², que supuso la implementación del modelo extractivo agroindustrial y el posicionamiento del país como uno de los principales exportadores del cultivo de soja transgénica. En la región del centro-norte³, la disputa ocurre entre pobladores locales y sectores empresariales (con la complicidad del poder político-económico), interesados en dicho territorio. Mientras que este proceso ha provocado severas modificaciones en términos ecológicos, también ha afectado seriamente las condiciones de vida de la población local (^{Durand 2006}; ^{Desalvo 2015}). En este contexto emergen en el país las diferentes resistencias protagonizadas por comunidades campesinas e indígenas que entre los años 1996 y 2003 consiguieron articular sus diferentes conflictos locales conformando el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Fue recién hacia finales de la década del 2000 y principios de 2010 que, a partir de la participación en redes de activismo a nivel regional y global, llegaron y se asentaron (no sin resistencias y de manera muy paulatina) las consignas feministas a este contexto rural nacional. Se trata principalmente de las variantes ecofeministas y poscoloniales, encabezadas por otras organizaciones de mujeres de sectores rurales e indígenas que entonces protagonizaban conflictos similares en otras regiones del Sur Global (^{Agarwal 2010}).

En este marco, la línea de investigación etnográfica que inicié en 2016, con el financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, se dirige de manera amplia a las características de la participación política de mujeres campesino-indígenas. He sugerido previamente que este tipo de activismos de base trascienden las fronteras de sus comunidades y logran la interlocución y emergencia de solidaridades con los feminismos prevalecientes en la región latinoamericana (^{Pena 2017a, 2017b}). Dichas estrategias comunicacionales integradas y fluidas nos permiten hablar de la existencia de una acción colectiva de carácter global protagonizada por las mujeres de sectores rurales-indígenas.

Este artículo forma parte de dicha investigación de corte más prolongado. En este caso aborda la discusión en torno al papel de las mujeres campesino-indígenas en el actual contexto de crisis socioambiental generado por la pandemia entre los años 2020 y 2021, el cual ha pronunciado el cuestionamiento al modelo de economías extractivistas y las sensibilidades en torno a la relación humano-no humano. A partir de un análisis de la coyuntura actual, empleando metodologías etnográficas, planteo que durante el contexto de pandemia las mujeres campesino-indígenas organizadas en el MNCI han fortalecido las estrategias comunicacionales y las alianzas desplegadas para visibilizar sus demandas. Este accionar político se ha centrado en su reposicionamiento como portavoces de alternativas ecológicas críticas desde el Sur Global frente a las manifestaciones que emergen como imaginario de agotamiento del modelo neoliberal.

Feminismo campesino y popular, crisis socioambiental y pandemia: el contexto argentino

La conformación de los movimientos sociales por la defensa del territorio y el ambiente en Argentina sigue el ritmo de los procesos políticos y económicos de gran escala que han marcado a la región latinoamericana. Surgen como posiciones políticas autónomas frente a los gobiernos de la década de 1990 que han profundizado neoliberalismo y el posicionamiento de la región como exportadora de commodities agroindustriales, iniciando luego un ciclo de adhesión/tensión con los gobiernos progresistas que marcaron las décadas posteriores (^{Lapegna 2016}).

En Argentina, el MNCI nació entre los años 1996 y 2003 a modo de articulación entre diferentes organizaciones de base, conformadas por la población que ha sufrido las consecuencias de la implantación de la agricultura transgénico-intensiva y del monocultivo: desalojos, desplazamiento de comunidades y destrucción de los ecosistemas nativos. Actualmente, el MNCI representa la principal confederación de organizaciones campesino-indígenas a nivel nacional cuyas identidades se fundan en la resistencia al modelo agrícola vigente. Según lo sugirió ^{Pinto en su reconstrucción de 2015}, para ese mismo año el MNCI estaba conformado por organizaciones de ocho provincias, representantes de prácticamente todas las regiones del país, con una base social compuesta por unas veinte mil familias⁴. Así, desde sus inicios hasta el día de hoy el movimiento se configura como uno de los actores sociales más relevantes en oposición al “campo agroexportador”⁵ y enmarca sus reclamos en un horizonte político más amplio. Para ello, toma como sus banderas políticas los conceptos de territorialidad, sustentabilidad, soberanía alimentaria y el proyecto de una reforma agraria redistributiva integral.

Entre las organizaciones subnacionales que lo conforman, la más importante e icónica en términos políticos es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE)⁶. Se fundó en el año 1990 en esa provincia, la más afectada por el avance de la frontera agropecuaria. Actualmente, las y los campesinos organizados como MoCaSE han logrado el reconocimiento formal de la mayoría de los territorios que habitan, en algunas oportunidades obteniendo la escrituración de las propiedades familiares y, en otras, mediante su inscripción como comunidades indígenas, si bien en muchos casos continúan los conflictos y la tenencia precaria de las tierras. Esto le permite a la mayoría mantener su modo de vida tradicional -cultivo de alimentos y pastoreo de cabras en pequeñas superficies de entre 1 y 4 ha- y sus hogares y sus predios para las actividades de subsistencia, combinándolas ahora con nuevas estrategias a partir de algunas transformaciones logradas con la organización política. Ello incluye de manera primordial una serie de conocimientos (algunos recuperados desde la propia tradición y otros recientes que se han ido añadiendo) para producir alimentos de manera agroecológica. Tales incorporaciones se han conseguido fundamentalmente mediante la creación de la Escuela de Agroecología en la localidad santiagueña de Quimilí, y de la Universidad Campesina (Unicam) en la localidad de Ojo de Agua, las cuales apelan a la tradición de la educación popular (^{Michi 2010}).

Otro de los cambios sustanciales consiste en una serie de programas de subsidios comunitarios que han sido exigidos al Estado nacional a través del movimiento social (mediante las articulaciones con el MNCI y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular [UTEP]). Estos programas complementan otros subsidios que son recibidos de forma individual en casos especiales (pero que suman a una gran mayoría de las y los campesinos), tales como los de familia numerosa, discapacidad, desempleo, entre otras condiciones. Un caso emblemático de programa estatal gestionado de manera colectiva y que se ha empleado frecuentemente durante el contexto de emergencia sanitaria es el Plan Potenciar Trabajo⁷. La particularidad de este y otros varios programas impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social consiste en que exigen a sus beneficiarios/as una contraprestación consistente en el desarrollo de algún proyecto socio-productivo o socio-comunitario, que lo convierte en idóneo para organizaciones sociales.

Al mismo tiempo, tanto el movimiento de campesinos/as a nivel nacional (MNCI) como el MoCaSE son muy activos en su interlocución con la organización global La Vía Campesina (LVC), que comprende alrededor de 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América y la subestructura organizativa para América Latina, denominada Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC). De allí nace la denominación de “feminismo campesino y popular”⁸, en la que deciden incluirse las mujeres de estos movimientos sociales en Argentina, surgida de la V Asamblea de Mujeres en el marco del VI Congreso de la CLOC-Vía Campesina en el año 2015. En esta Declaración se proclama que:

Nosotras hemos apostado por una nueva construcción política que se exprese en un feminismo campesino y popular, que dé cabida a nuestra gran diversidad, que se alimente de las luchas de las compañeras campesinas, de las hermanas indígenas y afrodescendientes y que permita una mutua alimentación de las diversas cosmovisiones que representamos. De este modo, reafirmamos que el socialismo y el feminismo son parte de nuestro horizonte estratégico de transformación. […] Nuestra lucha es contra el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado y sus muchas formas de oprimirnos: los tratados de libre comercio, la privatización de la naturaleza, el agronegocio […]⁹.

Además, es plausible arriesgar que en Argentina la connotación de la categoría de popular es al menos doble, y que enmarca y alude a una de las principales formas de accionar político y de alianzas de las organizaciones campesino-indígenas y específicamente de sus feminismos a nivel nacional. Se trata de los movimientos sociales urbanos de trabajadores que comparten una misma trayectoria de precarización y marginalización a partir de la década de 1990. Son múltiples organizaciones de trabajadores excluidos, piqueteros¹⁰ y trabajadores de la economía informal que comienzan a organizarse en respuesta a las consecuencias del neoliberalismo. Desde 2019 estos movimientos sociales de raigambre urbana dan origen a la UTEP¹¹. Si bien la extracción política y partidaria de estos movimientos es variada y reúne distintas vertientes de las izquierdas y centro-izquierdas, en 2019 la UTEP se declaró aliada al gobierno actual y es bienvenida públicamente por el Presidente de la nación y su ministro de Desarrollo Social (^{Pike y Di Mauro 2019}).

En la coyuntura actual, la crisis sanitaria y económica ha golpeado con especial crudeza a los sectores de la economía informal, concentrada en las periferias urbanas. La Argentina, además enfrenta esta emergencia en el marco de un recambio gubernamental, en el cual asumió el poder desde diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández, aliado con el frente progresista encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó entre los años 2003-2015. De este modo, el modelo de centro-izquierda (que propone la ampliación de las actuaciones estatales en política social y económica), regresa al poder tras cuatro años del gobierno derechista de Mauricio Macri, el cual finalizó con un grave endeudamiento del país ante el FMI y trajo como consecuencia un feroz ajuste sobre los sectores populares, además de un marco ideológico de retroceso sobre derechos civiles alcanzados.

En este contexto, el concepto de feminismo popular, que ya venía permeando varias de estas organizaciones políticas y otros tantos espacios sindicalizados o autónomos de los sectores populares, emerge con mayor fortaleza. Se trata de mujeres organizándose desde el interior de espacios mixtos y en áreas o espacios propios para atender sus reclamos específicos: violencias, trabajos no remunerados, exclusión política, etc. Pero también, ellas han asumido un rol fundamental en la asistencia inmediata de las urgencias creadas por el aumento del desempleo, la pobreza y el hambre, organizando comederos, ollas populares y otras formas de cuidados, y promoviendo articulaciones con otros sectores (^{Díaz Lozano 2020}).

Así, el feminismo autodenominado como campesino y popular en Argentina es un espacio múltiple, dinámico y poroso, conformado de manera transversal e inclusivo para distintas variables identitarias de manera interseccional. Lejos de brindar una definición estática de un fenómeno político-identitario que se caracteriza precisamente por desbordar cualquier intento de encasillamiento, el objetivo de este apartado ha sido dar cuenta justamente de su carácter polimorfo y complejo, para luego indagar en sus conflictos, posicionamientos y alianzas actuales.

Investigación social en tiempos de aislamiento: algunas consideraciones metodológicas

En este contexto, como antropóloga feminista me he propuesto indagar en torno a las tramas y estrategias políticas desplegadas por el denominado feminismo campesino y popular en Argentina y su papel en el nuevo (o agudizado) contexto de crisis a nivel global. Esta perspectiva va en línea con los estudios feministas latinoamericanos, decoloniales y poscoloniales, que cuestionan la mirada desde los enfoques clásicos hacia las mujeres del denominado “tercer mundo”, proponiéndola como una categoría monolítica que presupone su lugar de víctimas pasivas ante opresiones múltiples (^{Mohanty 1988}; ^{Abu-Lughod 2002}; ^{Paredes 2017}). Más específicamente, este trabajo se inscribe en los análisis que emergen desde la ecología política feminista, surgidos tanto en América Latina como en otras geografías del Sur Global, que proponen analizar la agencia de las mujeres en contextos de crisis ambiental y dar cuenta de sus múltiples experiencias organizativas locales dentro de procesos históricos, socioeconómicos y políticos de mayor escala. Estos enfoques vienen examinando cómo se entrecruzan dichos procesos con las relaciones de poder, de exclusión y de privilegios alrededor de los recursos naturales en contextos locales específicos, y con los múltiples ejes que constituyen la diferencia social (^{Agarwal 2000}; ^{Buechler 2016}; ^{Park 2018}; ^{Resurrección 2013}, 2017).

Para realizar este análisis he combinado diferentes técnicas metodológicas en la reconstrucción de datos. Por una parte, he revisado antiguas notas de campo y grabaciones realizadas durante visitas periódicas a comunidades campesinas de MoCaSE ubicadas en la localidad de Quimilí entre los años 2016 y 2019, durante los cuales pude efectuar trabajo de campo convivencial (^{Aschieri y Puglisi 2010}) de duración semanal¹². Si bien este trabajo de campo fue realizado durante etapas previas de la investigación etnográfica, dicha actualización de datos me ha aportado elementos contextuales importantes en torno a las formas de organización política de las mujeres campesino-indígenas en sus comunidades, las cuales se han ido gestando y fortaleciendo durante los últimos años.

Por otra parte, he recurrido a informantes y redes de contactos de la organización campesina, que he ido estableciendo a lo largo de todos estos años de trabajo. Especialmente, en esta etapa me he centrado en entrevistas en profundidad (^{Atkinson 1998}) realizadas a representantes de comunidades campesinas del MoCaSE y a activistas del MNCI que se ocupan de manera más directa de las articulaciones y acciones políticas (o como ellas las llaman, “tramas”) en materia de mujeres y género. Debido a los fuertes condicionamientos impuestos por el contexto pandémico, he ensayado la modalidad virtual para la realización de entrevistas, contando con la ventaja de que los lazos de confianza necesarios para establecer un intercambio más profundo ya estaban preestablecidos¹³. De este modo, entre los años 2020 y 2021 realicé series de entrevistas individuales (pautando entre 2 y 5 encuentros consecutivos) para conversar sobre estas temáticas con dos lideresas de la organización MNCI. También concreté en 2021 dos entrevistas grupales con 12 mujeres representantes de cinco distintas comunidades campesinas de MoCaSE distribuidas en diferentes localidades¹⁴. Los índices temáticos empleados durante las conversaciones tuvieron que ver con la reconstrucción, por parte de las entrevistadas, de la articulación entre la militancia territorial/ambiental y aquella vinculada al feminismo (de acuerdo a sus propias experiencias); y las actuales categorías y acciones políticas desplegadas respecto del feminismo campesino y popular en el contexto de la crisis por la pandemia del covid-19. Estas entrevistas fueron grabadas teniendo un consentimiento informado, en el cual se explicitaban los objetivos de la investigación y aclarando el carácter voluntario, confidencial y anónimo o expreso solo cuando así fuese deseado por la entrevistada. Para el análisis de datos se emplearon técnicas cualitativas.

Por último, he recopilado y analizado una serie de fuentes hechas públicas a partir del 20 de marzo de 2020 por parte de las organizaciones con las que tratamos, principalmente el MNCI en su carácter de articulador del activismo campesino a nivel nacional. Con este propósito, he seguido y sistematizado la agenda política divulgada mediante las declaraciones, campañas y denuncias lanzadas por medio de redes sociales (folletos, volantes, conversatorios, participación u organización de eventos virtuales), y la participación y diálogo en espacios de la política formal y con sectores y organizaciones no gubernamentales. También he incluido aquellos comunicados internos sobre situaciones urgentes y preocupantes que me han hecho llegar las mujeres con las que vengo trabajando de manera personal.

Enclaves de la discusión: las resistencias ambientales en el Sur Global y el papel de las mujeres campesino-indígenas

Ante la evidencia del creciente protagonismo de las mujeres en las luchas campesinas, indígenas, de afrodescendientes y otros pueblos avasallados por conflictos vinculados a proyectos extractivistas y de agronegocio, el estudio de estas resistencias políticas ha sabido incorporar la clave de género (Lahiri-Dutt 2015; ^{Martiniello 2015}; ^{Radcliffe 2014}). Tal como señalan Hall et al. (2015) en una reseña reciente sobre el estudio de las resistencias “desde abajo” (^{Borras y Franco 2013}), el abordaje de la problemática de género ha sido reconocido solo muy recientemente, y se ha focalizado en el impacto desbalanceado que provocan dichos procesos sobre las mujeres, más que en su agencia y accionar político. Los análisis en profundidad en torno al papel de las mujeres en los contextos de conflicto ambiental, sus estrategias particulares y los efectos de este tipo de activismo en sus vidas aún al día de hoy siguen siendo escasos (^{Ulloa 2016}). En este marco, un reciente corpus de estudios feministas desde diferentes disciplinas ha renovado su atención sobre los vínculos entre el activismo de mujeres campesino-indígenas, la crisis socioambiental, el desarrollo sostenible, el acaparamiento de tierras y la seguridad alimentaria (^{Asher y Shattuck 2017}).

A nivel de la región latinoamericana, la bibliografía sobre el tema ha sido un tanto más espesa en países como Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, posiblemente ante la emergencia de las múltiples asociaciones de mujeres agricultoras, indígenas y campesinas que han protagonizado reivindicaciones desde praxis que vinculan al ambientalismo con distintas variantes del feminismo: comunitario, ambientalista, ecofeminismo, feminismo campesino y popular (^{Hernández Castillo 2003}; ^{Paredes 2017}; ^{Paulilo 2007}; ^{Puleo 2008}).

En Brasil, el debate en torno al papel de las mujeres en los movimientos sociales territoriales y ambientales también ha resultado de algún modo más prolífico que en Argentina. Esto posiblemente esté relacionado, por un lado, a la preponderancia del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST), el cual ha incorporado dentro de su formación política la trasformación de las relaciones de género como parte de su horizonte emancipatorio (Da Silva 2004; ^{Furlin 2013}). Por otro lado, en aquel país han proliferado diversas organizaciones de mulheres camponesas, en distintas partes del territorio (^{Bordalo 2017}; ^{Guzzo y Wolff 2020}; ^{Paulilo 2007}, 2009; Salvaro et al. 2014). Incluso en 2004 varias organizaciones autónomas conformaron el Movimento de Mujeres Campesinas de Brasil “para hacer frente a las violencias contra las mujeres y por la producción de nuevas formas de existencia”. Este accionar político forma parte de un proceso más amplio de lucha en pro de la defensa de la vida y los derechos políticos, en conjunto con la trayectoria de luchas de las mujeres por el reconocimiento laboral y la igualdad de derechos dentro del ámbito rural (Salvaro 2018). En este marco, los análisis feministas han trazado un abordaje que problematiza las ligazones entre las dimensiones más visibles de la organización social y sus prácticas comunitarias diarias (Da Silva 2004; Paulilo 2007).

En una dirección similar, en la zona andina de América Latina este tipo de experiencias se ha abordado principalmente desde lo que ^{Ulloa (2015)} ha denominado como feminismos territoriales¹⁵, los cuales se unifican bajo demandas de justicia ambiental, climática y territorial frente a distintas realidades de despojo, producto de procesos de minería o de agroindustrias extractivas. Este concepto, en el cual enmarcamos nuestro propio análisis, parte de que dichas dinámicas económicas, al reconfigurar la vida de las distintas comunidades locales (sean indígenas, afrodescendientes o campesinas), incluyen en estas transformaciones las dinámicas y relaciones de género (^{Cabnal 2010}; Ulloa 2015, 2016). Frente a ello, las acciones políticas no solamente se orientan a resistir o revertir las desigualdades socioambientales creadas y/o profundizadas por estos nuevos procesos, sino que articulan y se alzan frente a demandas de justicia de género. Desde este punto de vista, los feminismos autónomos surgidos en estos contextos cobran protagonismo como propuestas alternativas sistémicas y como lógicas de cuidado que incluyen lo comunitario, la despatrarcalización o el anticapitalismo, frente a aquellas neoliberales conducentes a la actual crisis (^{Paredes 2017}). Estas resistencias enlazan las demandas de justicia ambiental, socioeconómicas y de género como parte de un modelo alternativo integral, que considera los derechos de las mujeres en la toma de decisiones relativas al acceso, uso y control de los recursos y de la alimentación, y que proponen diferentes relaciones entre lo humano y lo no humano.

En zonas de planicies y tierras bajas costeras de Colombia, norte de Perú y sur de Ecuador, otra línea de investigación parte del concepto de ^{Scott (1986)} de resistencias cotidianas (everyday activism) como enclave analítico. Este enfoque, conformado como ecología política feminista (^{Rocheleau y Nirmal 2015}), enfatiza en el papel preponderante de las mujeres y el carácter específicamente cotidiano de las formas de resistencia articuladas por mujeres de diferentes organizaciones campesinas frente a conflictos ambientales (^{Rodríguez Castro et al. 2016}.,^{Dyck 2005}; ^{Jenkins y Rondón 2015}; Jenkins 2017; ^{Asher 2014}). Dichas políticas del día a día, aunque “de bajo perfil” o menos visibles (^{Martiniello 2015}; ^{Merino 2016}), involucran decisiones estructurales y sentidos que forman la base estructurante e inseparable de las prácticas políticas de mayor escala, y no son menos significativas desde el momento en que deben ser sostenidas de manera tenaz y constante “como parte de la vida”. Lo interesante de esta perspectiva, de cara a este análisis, es que al plantear la borrosidad de las fronteras de lo político nos permite explorar la contribución a largo plazo que realizan estos actos del orden de lo íntimo o mundano a las luchas territoriales más amplias que los conforman (^{Amoore 2005}; Jenkins 2017; ^{Kabeer 1999}; ^{Levien 2017}; ^{Zanotti 2013}).

Por último, en Argentina los estudios sobre la problemática se han centrado mayoritariamente en las dimensiones identitarias y simbólicas durante procesos de remergencia étnica, como es el caso de los pueblos qom, guaraní y mapuche (^{Gómez 2014}). Desde una perspectiva distinta, mi trabajo previo muestra que las mujeres activistas campesino-indígenas de Argentina (^{Pena 2017b}) elaboran estrategias políticas que enlazan prácticas habituales (el modo de preparar los alimentos, de convivir con los animales y plantas o de habitar sus suelos) con potentes significados políticos tales como la sustentabilidad, la soberanía alimentaria o el ecofeminismo. Este elemento resulta clave a la hora de trazar vínculos entre las características del accionar político de las mujeres campesino-indígenas al nivel cotidiano y su trascendencia a escala global. Justamente, este tipo de activismo sobresale por su potencia para articular alianzas transnacionales bajo consignas como las de justicia ambiental, la ética del cuidado o los feminismos latinoamericanos.

La pandemia en las comunidades campesino-indígenas y las mujeres: entre desmontes, barbijos y ollas populares

El 20 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández anunció el inicio del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia por covid-19, tras conocerse la circulación comunitaria del nuevo virus entre la población local. Durante estos primeros meses, los casos de covid-19 se notificaron principalmente en las regiones metropolitanas de Buenos Aires y sus alrededores, u otras ciudades del país con un importante índice de habitantes/m². En las comunidades campesino-indígenas, alejadas y en muchos casos aisladas de los centros urbanos, la situación era bien distinta. Hasta el mes de octubre de 2020 no se habían reportado casos de contagios entre las dichas comunidades organizadas como MoCaSE, según lo que nos ha informado Deolinda Carrizo, una de las lideresas más importantes y con quien hemos podido mantener una comunicación asidua de manera virtual. Entre abril y mayo de 2021 comenzaron a reportarse algunos casos en pueblos linderos, pero no así en las comunidades de base organizadas, en donde, por otro lado, para esta época ya estaba avanzando la campaña nacional de vacunación¹⁶. Sin embargo, en el contexto de pandemia la posibilidad de contraer la enfermedad no era lo único que preocupaba tanto a la sociedad civil como a las autoridades gubernamentales, sino las dificultades económicas que empeoraban las condiciones de pobreza y hambre con las que el modelo neoliberal ya venía golpeando a las mayorías¹⁷. Tampoco en esa materia las comunidades rurales, que como hemos señalado sobreviven a partir de actividades de autoabastecimiento complementadas en algunos casos con subsidios estatales, han visto modificada su cotidianeidad de manera significativa. Esto nos contaban las mujeres que son referentes de las cinco diferentes comunidades que entrevistamos. En palabras de Noelia, de la comunidad de Los Pocitos, en la localidad santiagueña de Ojo de Agua:

Gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos tenido casos, aunque sí conocemos de las localidades vecinas. Y nosotros acá tenemos por suerte las huertas comunitarias, que entonces podemos sacar de allí, tenemos las gallinas para obtener huevo, tenemos carnes, cualquier cosa carneamos algo y listo. El que la está pasando mal es la gente del pueblo, porque es el que vive día a día y si no tiene la plata en la mano no come. Ese es el gran problema, creo que es algo que emocionalmente, mentalmente los perjudica un montón. En nuestra zona en relación a la pandemia lo que ha habido al principio era mucho miedo de contagiarse, hasta que luego se ha ido relajando un poco. Nos ha costado el tema del abrazo, del mate… pero como digo, a donde ha afectado más es en el pueblo. (Entrevista grupal realizada de manera virtual el 30 de abril de 2021)

A pesar de no haberse visto afectadas en el mismo grado que los sectores populares urbanos, ya durante los primeros meses de la pandemia las referentes campesinas asumieron un rol claramente activo, tanto al interior de sus comunidades, como en la articulación con otros actores externos. Por una parte, muchas comunidades rurales vivieron la continuidad y profundización de la violencia económica a partir del acaparamiento de tierras con desalojos violentos y las injusticias ambientales que padecen a partir de desmontes y destrucción de ecosistemas nativos para proyectos empresariales (ver imagen 1). Estos conflictos se sucedieron prácticamente sin pausa durante los años 2020 y 2021, manteniendo alertas y activas a las comunidades campesino-indígenas que continuaron organizando protestas y otras acciones de resistencia en sus localidades, con un marcado protagonismo de las mujeres¹⁸.

Pero también, frente a la profundización del desempleo y el hambre en sectores linderos a las comunidades rurales, las mujeres campesino-indígenas ocuparon un rol social como proveedoras de alimentos. Tal es el caso del pueblo de Tacañitas, de 1.060 habitantes¹⁹ en la localidad de Añatuya, Santiago del Estero. Allí la mayoría de las familias vive de los ingresos de los varones, ya que, según las propias entrevistadas, para las mujeres es sumamente difícil conseguir un empleo estable. Los varones se ocupan principalmente en los rubros de la construcción, mantenimiento y gastronomía, en los cuales predomina el trabajo no registrado e informal, y que han quedado casi por completo frenados debido al contexto de la pandemia, aumentando considerablemente los índices de desempleo. Es así que las mujeres de las comunidades campesinas se organizaron para tomar en sus manos cuestiones de asistencia inmediata a la salud y a la alimentación. Entre otras cosas, han organizado un “comedero popular” en el cual dos veces a la semana cocinan y sirven alimentos para 250 infantes y adultos en situación de emergencia. Valeria²⁰ ha brindado su propia casa de manera voluntaria como espacio para que varias mujeres se reúnan a preparar los alimentos, y gran parte de los fondos para la compra es gestionada de manera comunitaria a través del Plan Potenciar Trabajo. También fue la oportunidad para las mujeres campesinas de proveer a las personas del pueblo de alimentos agroecológicos producidos en sus propios hogares:

Yo estoy a cargo del comedor más o menos para 250 personas, además de participar en el tema de salud, visitando las casas para dar un formulario que ellos tenían que llenar sobre diabetes, hipertensión y otras cosas, para medicación, que nosotras después presentamos en el hospital. Y el comedor se llama “Vía Campesina”, que es del MoCaSE, digamos y hace un año, cuando empezó la pandemia, se lo ha abierto […]. (Valeria, en la entrevista grupal realizada de manera virtual el 8 de mayo de 2021).

Fuente: organización MoCaSE.

Imagen 1. Movilización en la comunidad La Fermina. Nota: la imagen captura una instancia de organización comunitaria del 6 de noviembre de 2020, en la cual las mujeres y niños/as se ubican en primera fila, a modo de estrategia defensiva, para prevenir posibles enfrentamientos violentos. Se trata en este caso de la comunidad campesina La Fernima, pertenciente al departamento de Añatuya, Santiago del Estero. Según la información provista a la investigadora por parte de miembros de MoCaSE, varios de sus animales habían sido robados y asesinados a modo de amedrentamiento por parte del empresario interesado en dichas tierras. El movimiento de campesinos/as logró posteriormente acordar una indemnización monetaria. 

Esta experiencia de proveer de alimentos mediante comederos u ollas populares se ha replicado en numerosos pueblos y pequeñas ciudades cercanas a las comunidades organizadas dentro de las diferentes Centrales Campesinas de la misma organización. Otra experiencia dentro del programa consistió en la fabricación de cubrebocas y de otros textiles que repartían entre quienes los necesitaran y no pudieran costearlos.

“Quedate en casa: nosotras seguimos produciendo tus alimentos”. Nuevos posicionamientos del feminismo campesino y popular durante la pandemia

El feminismo de las mujeres campesino-indígenas en Argentina tampoco descuidó su agenda política, vinculada a las alianzas con sectores externos y por fuera de las fronteras comunitarias, marcando su presencia constante y sus múltiples posibilidades de articulación mediante herramientas de difusión variadas. Desde la primera semana del inicio de lo que en el país se conoció como “cuarentena”, y frente a la conmoción que estaba causando la noticia de la declaración de la pandemia a nivel mundial, las medidas ordenadas tuvieron un alto índice de acatamiento, y las encuestas indicaban que la gestión sanitaria del Estado tenía un nivel elevado de imagen positiva. El eslogan emitido desde las autoridades gubernamentales fue #QuedateEnCasa y contó con el apoyo de diferentes organizaciones y actores de la sociedad civil, que lo replicaban desde los medios de comunicación y desde redes sociales personales, mostrando el apoyo a las medidas para restringir la circulación de la población. Las organizaciones campesinas que conforman el MNCI, posicionando a las mujeres como protagonistas, no tardaron en mostrar su alineamiento y apropiación de la consigna gubernamental desde una campaña de volantes divulgados a través de sus redes sociales con la consigna “#QuedateEnCasa Nosotras seguimos produciendo tus alimentos” (tal como se observa en la imagen 2).

Fuente: Movimiento Nacional Campesino Indígena, 2021. https://www.facebook.com/MNCI.CLOC.VC/photos/1296717577186336

Imagen 2. Campaña #QuedateEnCasa Nosotras seguimos produciendo tus alimentos 

Ciertamente, el análisis exhaustivo del vínculo contradictorio que mantienen estas organizaciones más amplias con el Gobierno nacional merecería un trabajo aparte, que se enmarcaría además en el extenso corpus de bibliografía en torno a las relaciones entre los movimientos campesino-indígenas en América Latina durante el nuevo milenio y los distintos gobiernos nacionales²¹. Nuestro propósito aquí es harto más simple y consiste en dejar planteada una breve reflexión sobre los feminismos territoriales durante el contexto de la pandemia, puntualizando una cuestión específica vinculada al argumento central de este artículo. Durante la pandemia este accionar político se caracterizó por el despliegue de un conjunto de alianzas estratégicas orientadas hacia múltiples sectores de distintos niveles (local, regional y global), las cuales incluyen un gobierno que había asumido en 2020 con promesas de mayor redistribución, en oposición a la propuesta neoliberal del anterior presidente Mauricio Macri (2015-2019). Al igual que con el resto de los sectores con quienes se han articulado (feminismos urbanos, organizaciones de trabajadores de la economía popular u ONGs ambientalistas globales, entre otros), estos vínculos políticos de ningún modo son lineales, ya que en distintas ocasiones han pronunciado públicamente su distanciamiento, así como también se han ocupado de demandar su propia agenda política²².

Veamos de qué modo han planteado su posicionamiento las mujeres campesino-indígenas durante el contexto de pandemia y los sentidos que han ido construyendo y consolidando en este último tiempo.

El 17 de abril de 2020, habiendo pasado tan solo unas pocas semanas desde el inicio de la pandemia y en conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas, el MNCI junto a UTEP y Vía Campesina lanzaron una potente campaña de difusión mediante sus redes sociales. Esta acción política duró más de una semana e incluyó variados comunicados y volantes lanzados de manera progresiva, los cuales se componían de fotos de campesinos y campesinas realizando sus labores habituales (en su mayoría mujeres), como la cosecha de vegetales o el pastoreo de animales en sus territorios rurales, acompañadas de consignas variadas. Una de ellas expresaba: “En tiempos de pandemia campesinos y campesinas unidos alimentamos a los pueblos”, mientras que otra reclamaba “Por la tierra y por la vida: territorio, agua y semillas”. Otra campaña similar, aludiendo esta vez directamente a las mujeres, se inició con ocasión del 5 de septiembre “Día de las Mujeres Indígenas de la Tierra”, al cual adhirieron todas las organizaciones que venimos analizando, no obstante conformadas por varones y mujeres.

Si bien las líneas que acompañaban las imágenes en dichos pronunciamientos políticos se iban alternando y fueron varias, se reiteraban en ellas tres cuestiones fundamentales: la vinculación del campesinado con la producción de alimentos saludables; la seguridad alimentaria o (más genéricamente) la defensa de la vida; y el recurso a las mujeres como sujetos protagónicos de dichas alternativas²³. Estos usos políticos de la categoría de mujeres campesino-indígenas y de los feminismos que ellas promueven (junto a otras organizaciones de mujeres e identidades disidentes) dan muestra de que los movimientos sociales que ellas integran reconocen su potencial articulador y su fuerza como herramienta de legitimación, especialmente a la hora de vincular estos sentidos a aquellos de la tierra, la defensa de la vida y la soberanía alimentaria. Esto no quiere decir que adhieran a nociones esencialistas respecto de la noción de mujer/naturaleza, tales como aquella de algunos ecofeminismos de otras regiones (^{Puleo 2008}), los cuales son cuestionados por parte de estos mismos actores con quienes venimos trabajando (ver ^{Pena 2017b}). Se trata de un uso político estratégico y dinámico de las identidades femeninas y de su vinculación con conceptos que ellas mismas elaboran en diálogo con otros discursos del Sur Global. Si bien la discusión en torno a las variantes de los ecofeminismos y feminismos campesino-indígenas no es el objetivo de estos desarrollos, sí cabe señalar aquí una cuestión central para el argumento de este trabajo. El activismo del feminismo campesino y popular en Argentina, y los significados asociados a él, representan un claro aporte de cara al fortalecimiento de las luchas que las comunidades y organizaciones rurales más amplias encabezan, lo cual se ha manifestado de manera evidente durante el contexto de pandemia.

Feminismo, agroecología y soberanía alimentaria: sentidos emancipatorios de carácter local/global

A partir de la noción de “campo global” (global countryside), ^{Woods (2007)} plantea la existencia de un espacio hipotético, emergente desde diferentes procesos y discursos en múltiples escalas, y abarcante para actores humanos y no humanos. Esta definición apunta a señalar de qué modo las políticas de la globalización deben ser analizadas considerando no únicamente sus consecuencias en términos de dominación/subordinación, sino en tanto políticas de negociaciones que producen y reconfiguran nuevas realidades. El concepto también resulta útil, en nuestro caso, para pensar las resistencias ambientales de las mujeres como identidades conformadas a partir de interacciones tanto locales como globales, y como acciones políticas también encauzadas hacia múltiples niveles (Estado, comunidad, movimientos sociales afines, ONGs y organizaciones internacionales, etc.).

En esta clave observamos que los movimientos sociales de trabajadores y trabajadoras urbanas en el país, así como el Estado nacional, no son los únicos sectores a los que se han dirigido las organizaciones del campesinado en conflicto con el extractivismo, ni con quienes han ensayado alianzas estratégicas durante los tiempos del covid-19. Especialmente las mujeres campesino-indígenas, en tanto sujeto político diferenciado, han encarado durante estos últimos meses una multiplicidad de acciones, tomando pronta nota de las sensibilidades y demandas de diversos sectores externos (en su mayoría urbanos) al plantear alternativas al modelo neoliberal. Ellas desplegaron una cantidad de consignas y formas de visibilización que reforzaban la construcción de su propio modo de vida como alternativa a aquel que desde varios imaginarios pronunciaba su agonía y su responsabilidad frente a la actual crisis socioambiental (^{Brand y Wissen 2021}).

Ejemplo de ello son las numerosas actividades virtuales que han realizado las mujeres organizadas como colectivos de feminismo campesino y popular con sectores ambientalistas, académicos, estudiantiles, y activistas latinoamericanos/as con preocupaciones afines. A pesar de las dificultades con la conectividad, las redes establecidas por las propias organizaciones han conseguido que algunas de sus representantes puedan trasladarse a lugares con mejores posibilidades para organizar o participar de numerosos conversatorios, entrevistas, paneles y otros varios formatos de encuentro que se popularizaron durante la pandemia. Entre estas actividades, por mencionar tan solo un caso, está la III Cumbre Ambiental de Latinoamérica, auspiciada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y organizada por la red global World Student Enviornmental Network (WSEN)²⁴, que está conformada por jóvenes estudiantes de distintas partes del globo preocupados por los daños en el ambiente. Esta organización de jóvenes ambientalistas, como muchas otras tantas que también han cobrado mayor visibilidad durante los últimos meses, sostiene las banderas de la sustentabilidad, el respeto por la diversidad social y la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. En esta cumbre, que transcurrió durante tres semanas, se organizaron paneles que reunían a activistas y académicos/as de distintas partes de América Latina bajo los siguientes títulos para las discusiones: Educación Ambiental, Agroecología, Movimiento Ciudadano Comprometido, Reflexiones Post-pandemia; Cambio Climático y Ecofeminismos. Distintas voceras del MNCI y MoCaSE, con el protagonismo de la lideresa Deolinda Carrizo, estuvieron presentes en más de uno de los paneles, exponiendo tanto sus experiencias de resistencia territorial, como sus propuestas y demandas actuales. Y además de los sectores ambientaalistas a nivel local y regional, otro de los sectores con el que privilegiaron la interlocución las mujeres campesino-indígenas fueron los feminismos urbanos, como por ejemplo el movimiento social #NiUnaMenos (ver imagen 3) o la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También fomentaron su interlocución con distintas universidades y grupos o equipos de pensamiento en Argentina y a nivel latinoamericano²⁵, con sectores sindicales y gremiales de trabajadores asalariados urbanos, con medios periodísticos alternativos y con observatorios no gubernamentales atentos a las problemáticas sociales y ambientales.

Fuente: Movimiento Nacional Campesino Indígena, 2021. https://www.facebook.com/MNCI.CLOC.VC/photos/1346516468873113.

Imagen 3. Adhesión del MNCI a la campaña #NiUnaMenos. Nota: imagen elaborada para la campaña de las mujeres campesino-indígenas en el marco de la manifestación #NiUnaMenos, el 3 de junio de 2020. 

Este tipo de acciones ponen en evidencia dos cuestiones centrales en torno a las características del activismo político de las mujeres campesino-indígenas a nivel extracomunitario. En primer lugar, las afiliaciones institucionales y los debates discurridos en estos intercambios dan cuenta de la interlocución de las mujeres campesinas tanto con los sectores ambientalistas como con el feminismo urbano y con los sectores empobrecidos de las periferias urbanas. El feminismo campesino y popular cobra en estos espacios el papel de sujeto emergente que engloba todas estas demandas de manera integral, articulando una voz que se opone a las lógicas neoliberales, cuyos costos durante la pandemia han pronunciado las urgencias y movilizado a amplios sectores de la población. En segundo lugar, estos feminismos se consolidan como propuesta alternativa sistémica en un contexto de fuerte incremento de las desigualdades, la pobreza, el desempleo y de preocupación por la crisis social y ecológica. Los sentidos políticos construidos oponen feminismo o ecofeminismo frente al patriarcado; agroecología en respuesta al modelo extractivista; y soberanía alimentaria frente a la pobreza y el hambre.

Conclusiones

Al inicio de este artículo he planteado que durante la pandemia varios sectores sociales, que vieron afectadas sus vidas cotidianas de modo dramático, agudizaron sus percepciones críticas en torno al modelo neoliberal extractivista y sus duras consecuencias ecológicas y humanas. Sin embargo, de ningún modo esto implica que aquellas lógicas se encuentren en su fase final o que hayan comenzado a ser reemplazadas a gran escala. Tampoco puede decirse que la sociedad en su conjunto se haya inclinado en favor del cambio, y mucho menos que se hayan alcanzado alternativas concretas que puedan plasmarse en el corto o mediano plazo. Aún no hay señales concretas de que estos mecanismos y los sectores de poder que se benefician de ellos estén agonizando. Por el contrario, aquellos andamiajes que tanto preocupan a sectores ambientalistas, feministas y en favor de la justicia social se muestran aún en una condición lo bastante favorable como para conseguir perpetuarse, enmascararse e incluso fortalecerse. Más aún, se sabe que gran parte de las economías del Sur Global aún dependen de ellos. El futuro del actual modo de producción y de vida capitalista y patriarcal es en gran medida incierto, tanto como el de sus resistencias y disputas.

En esta coyuntura, los feminismos territoriales (^{Ulloa 2015}) desde el Sur Global en Argentina autodenominados como feminismos campesinos y populares, se proponen apenas como puntos de partida para ensayar alternativas. Sin caer en el pesimismo ni optar por un optimismo poco realista, considero que esta dispar correlación de fuerzas no debe minar los esfuerzos académicos por dar cuenta y visibilizar estas experiencias y propuestas que emergen desde las poblaciones más subyugadas por dichos procesos. Las acciones políticas que hemos descrito y analizado dan cuenta de un amplio abanico de recursos, herramientas y conexiones políticas que reúnen distintos actores del Sur Global en una misma lucha. También nos hablan de la capacidad de las mujeres campesino-indígenas de interpretar esta coyuntura a nivel más amplio, es decir, del incremento de la conciencia crítica frente a la crisis múltiple que afrontamos a nivel mundial.

En ese sentido, el feminismo campesino y popular, en este caso desde el sur del Sur, consigue posicionarse como una propuesta alternativa, que reúne su trayectoria de lucha local con sentidos construidos por las resistencias a nivel global, tales como la agroecología, el ecofeminismo, el comunitarismo o la soberanía alimentaria. Estas consignas atraen y reúnen las varias demandas desde diversos sectores descontentos con la devastación ecológica y las consecuencias sociales que está causando el modelo económico dependiente de recursos no renovables (migraciones forzadas, precariedad laboral, exclusión y violencias). El papel político estratégico de las mujeres campesino-indígenas como proveedoras de alimentos saludables, cuidadoras y como defensoras de ecosistemas y conocimientos en torno a la biodiversidad amenazada ponen en valor, ejercitan y vigorizan expectativas sociales e ideales que se enfrentan al acaparamiento de tierras y a otras injusticias. Pero también cabe señalar que lo hacen desde prácticas cotidianas, lo cual se ofrece como un puente entre las representaciones discursivas a mayor escala y las dimensiones más concretas de la vida diaria.

En síntesis, se trata de la puesta en práctica de otros y nuevos deseos, cuerpos, subjetividades (individuales y colectivas) y modos de producir y habitar el mundo que no solo sobreviven, sino que, en un contexto de incertidumbres, emergencia sanitaria, economías en crisis y pandemia, dan vida a la creación de solidaridades, a diferentes vínculos entre lo humano y lo no humano, y a sentidos emancipatorios.