Introducción

Diversas investigaciones han mostrado que las políticas migratorias y las fronteras territoriales configuran no solo espacios normativos, sino también sociosimbólicos, que posibilitan la generación de vulneraciones hacia los sujetos migrantes, con especificidades en las trayectorias de las personas con orientaciones e identidades no heterosexuales (Cantú 2009; ^{Bula Beleño y Cuello Santana 2019}). En el contexto español, por ejemplo, se ha estudiado en los últimos años la tensión entre las restricciones al reconocimiento del refugio y los derechos de las personas LGTBI (^{Lopez-Sala 2021}), así como entre los avances en protección legal y la discriminación laboral, por un lado, y las agresiones y delitos de odio por la orientación sexual y la identidad de género de los sujetos (Díaz et al. 2020), por el otro. Organismos internacionales como la Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR (2015), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM 2016) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2014) han visibilizado las múltiples violencias que viven las personas migrantes LGBTI+. Los estudios más recientes a nivel latinoamericano se han ocupado especialmente de la población trans, problematizando por ejemplo las especificidades de estas migraciones (^{Vartabedian 2018}), observando las tácticas y estrategias de travestis y mujeres trans para no ser reconocidas en los controles de ingreso desde Centroamérica a México (^{López Fernández 2018}; ^{Zarco Ortiz y Reynosa 2020}), o caracterizando críticamente los proyectos migratorios de travestis y trans que residen en Buenos Aires (^{Perez Ripossio 2021}).

Es importante tener en cuenta que desde la década de 1990 -una vez finalizadas casi todas las dictaduras en Latinoamérica- los debates públicos acerca de los derechos de personas y colectivos LGBTI+¹ (^{Díez 2013}) y de los movimientos migratorios (^{Thayer 2019}) han alcanzado una notoria visibilidad. Esto ha dado lugar a la creación de una serie de dispositivos jurídico-administrativos referidos a estos colectivos, que han generado una nueva categoría en el panorama general de la gestión pública (Gauché 2014): la diversidad.

Durante los años de la transición chilena (1990 en adelante), la retórica del consenso y la reconciliación, a propósito del fin de la dictadura cívico-militar, tuvo como uno de sus efectos la neutralización de la diferencia, lo que obligó a plantear la diversidad como “no-contradicción” (^{Richard 2010}). La expresión de lo diverso quedó condicionada a la regulación de los pactos de integración a la democracia y negociación para la paz y excluyó todo aquello que, por su diferencia, amenazara la “recuperación” del orden democrático. Junto con la ausencia de justicia para las víctimas de la violencia militar, así como el mantenimiento de una institucionalidad autoritaria y neoliberal, este panorama definirá las décadas de 1990 a 2010 en torno a la postergación de las demandas de colectivos con identidades y prácticas sexuales diferentes de lo normativo (^{Rivas 2011}). Asimismo, mantuvo la figura del migrante como problema de seguridad nacional, bajo parámetros de la dictadura cívico-militar (^{Stefoni 2011}), y como disrupción al orden interno y la supuesta homogeneidad nacional (^{Stang y Solano Cohen 2017}).

En Chile, el vínculo entre sexualidad y migración es un tópico prácticamente ausente en el campo de los estudios migratorios (Stefoni y ^{Stang 2017}; ^{Galaz y Menares 2021}), y la investigación sobre migración de personas LGBTI+ es aún incipiente: se han encontrado procesos de reconfiguración en la dimensión sexo-genérica de personas migrantes LGBTI+ a partir del desplazamiento, en los que coexisten agenciamientos y nuevas constricciones, aunque la experiencia de “liberación” en la subjetivación sexo-genérica pesa más que las nuevas limitaciones (Stang 2019; Galaz y Menares 2021).

En el escenario descrito, el objetivo de este artículo es desarrollar un análisis crítico de las políticas de sexualidades y de migración sostenidas durante la posdictadura chilena, al hilo de su relación con la gran narrativa del acuerdo de paz y cohesión posdictatorial. La pregunta que busca responder el artículo es ¿cuáles fueron las maneras en que se fue construyendo una idea de ciudadano que no resultara disruptiva para la paz transicional a través de discursos impuestos desde el Estado sobre los sujetos migrantes y de las disidencias sexuales? Basándonos en un corpus de normas sobre migración y derechos LGBTI+ del periodo, auscultamos cómo se construye la problemática al abordar en esas normas, qué supuestos de “sujeto ciudadano” la subyacen y qué emerge como no problemático en esas representaciones. El análisis permite ver cómo la normativa va justificando el avance democrático a partir de una retórica restrictiva y excluyente de ciudadanía. Así, este trabajo pretende aportar a esta línea temática poco explorada en el espacio nacional, tanto en estudios académicos como en las políticas públicas, desde el fin de la dictadura hasta la fecha.

Enmarcado en este número temático, ponderar nuestro caso desde el horizonte de la paz queer/cuir ofrece una plataforma para observar las especificidades que adquirió el vínculo entre la cultura de paz y las transiciones posdictatoriales en países del Cono sur y para estudiar el modo en que esas especificidades incidieron sobre el lugar otorgado a la diferencia en tales sociedades, particularmente ante las personas migrantes y LGBTI+. Se busca contribuir a pensar la construcción de paz queer/cuir en la política global desde el compromiso con el conocimiento situado (^{Haraway 1997}).

Este trabajo se inscribe en un campo transdisciplinar, ya que analiza una temática discutida por diversos enfoques disciplinares, pero parte de la relación entre los saberes académicos y los de los propios colectivos de las disidencias sexuales. La contribución consiste en un aporte teórico-conceptual, a partir de dos cuestionamientos a enfoques convencionales de la noción de ciudadanía: uno metodológico, mediante un análisis no funcionalista de las normas y políticas, y otro político, en la medida en que la mirada interseccional de las distintas categorías implicadas suma visiones políticas complejas sobre las experiencias migratorias de personas LGBTI+².

Antecedentes

Durante la dictadura chilena, las expresiones de la diferencia fueron perseguidas duramente, pero su viabilidad social y política tampoco fue fructífera en el nuevo contexto transicional, durante los primeros años democráticos. Con relación a las disidencias sexuales, el que se mantuviera la sodomía como delito, a través del artículo 365 del Código Penal, y la persecución y maltrato impuestos a las personas trans bajo el amparo del artículo 373 de la Ley del Pudor, Moral y Buenas Costumbres (^{Garrido 2015}), dan cuenta de cómo estos colectivos fueron fuertemente criminalizados durante las dos primeras décadas de la transición.

Documentos testimoniales demuestran que tanto en el período dictatorial como en los primeros gobiernos democráticos las personas trans fueron objeto de violencia institucional (^{Fontey, Parada y Sepúlveda 2021}). La lucha por la despenalización de la sodomía fue resistida por sectores conservadores, aludiendo a que promovería la homosexualidad, contraria a la “idiosincrasia chilena”, y a que atentaría contra la familia heterosexual, base de la Constitución que se mantuvo como acuerdo para la transición democrática (^{Garrido 2015}).

Junto con la criminalización de su sexualidad o identidad, las personas de la disidencia sexual fueron controladas sanitariamente por el riesgo del VIH/SIDA. Mediante acciones que, más que prevenir, buscaban proteger a la población de individuos considerados peligrosos para la sanidad nacional (^{Cabello 2014}), se estableció una relación directa entre enfermedades de transmisión sexual, contagio y homo/trans-sexualidad. A los pocos años del retorno democrático, el Estado se vio interpelado por casos emblemáticos para la discusión sobre los derechos de los colectivos LGBTI+. En 2005, a propósito del juicio contra Karen Atala³, los colectivos de la disidencia sexual se instalaron en el debate público dentro de la noción heteronormativa de la familia (Cabello 2014), reconocida por el Estado como unidad básica de la sociedad. Desde 2011 las demandas por el matrimonio igualitario comenzaron a ser más intensas. El asesinato homofóbico de Daniel Zamudio remeció el escenario político de 2012, lo que posibilitó la aprobación del proyecto de ley contra la discriminación, que por primera vez planteaba sanciones para delitos por razones de discriminación contra la orientación o identidad sexual, o por xenofobia y racismo.

Desde entonces, en estos ámbitos las demandas se plantearon afincadas en una lógica de derechos que buscaron visibilizar y prevenir los casos de violencia, exclusión y discriminación que viven cotidianamente estos colectivos (^{Galaz et al. 2018}). En esa línea, hasta ahora se han elaborado diversas directrices gubernamentales para “enfrentar” estas problemáticas, sobre todo en educación y salud, además de la promulgación en 2018 de la Ley de identidad de género (N° 21.120). Pero, pese a estos avances en derechos, los discursos con respecto a la diversidad sexual (Galaz et al. 2018) han operado invisibilizando diferencias y especificidades, y manteniendo ciertas representaciones patriarcales, heteronormativas y etnocéntricas (^{Valentine 2007}; ^{Sabsay 2011}).

De otro lado, en materia migratoria, se ha aludido a que en el Chile posdictadura, se acude, por una parte, a una política de la no política, refiriéndose a un modo de abordar las migraciones resolviendo urgencias en distintas áreas, pero sin modificar “el fundamento de seguridad y control que sustenta a la legislación” (^{Stefoni 2011, 82}), vigente hasta 2021 -el Decreto Ley 1.094, de 1975-, o apelando a una lógica sustentada en la invisibilización del tema migratorio como asunto de política (^{Tijoux 2013}). Por la otra, más que ausencia de políticas, se ha observado “una desarticulación de las acciones que se han implementado de manera fragmentada, discontinua y sin un sentido político común y manifiesto” (^{Thayer 2019, 20}); aunque esto se habría transformado desde 2018, cuando, según el mismo autor, puede comenzar a hablarse propiamente de una política migratoria. Fue en este último periodo que se aprobó una nueva Ley de Migración y Extranjería (N°21.325) -abril de 2021-, que reemplazó la norma previa, de corte dictatorial.

En las últimas cuatro décadas ha persistido la idea de seguridad en las principales cristalizaciones normativas sobre migración del Estado chileno, aunque este significante se fue transformando, “transitando desde el paradigma de la Doctrina de la Seguridad Nacional al de la gobernabilidad migratoria” (^{Stang 2016, 3}). Estos discursos han ido a la par de la construcción transicional posdictadura, como una forma de asegurar consensos mayoritarios, privilegiando una idea de ciudadano nacional, además de hetero(cis)normado.

En un primer período, que se extiende aproximadamente entre la elaboración del Decreto Ley 1.094 en 1975, bajo el régimen dictatorial, hasta comienzos de la década de 2000, primó la figura del migrante como amenaza por su potencial vínculo con el enemigo (ideológico) externo. En este cuarto de siglo, progresivamente se instalaron, por un lado, la imagen de un migrante asociado a la delincuencia, que representa una amenaza a la seguridad interior del país y -desde una aproximación utilitarista- la de un eventual aporte económico (^{Stang, 2016}); y por el otro, la percepción de un migrante heterosexual, pensado en términos binarios, hombre-mujer, en función de su acceso laboral. Tras este lapso, se pasó de una total ausencia de la perspectiva de los derechos humanos de las personas migrantes, a una fase, más reciente, en la que se aprecia cierta consideración fragmentada. Esta es visible, por ejemplo, en las acciones pioneras de los ministerios de Educación y Salud (^{Galaz, Poblete y Frías 2017}), que respectivamente establecieron, en 2005 y 2008, sus primeras directrices contemplando el acceso de extranjeros/as a algunas de sus prestaciones. La ley de Migración y Extranjería recientemente aprobada implica un reconocimiento condicionado y frágil de derechos para la población LGBT+ migrante. Se visualiza, por lo tanto, otra frontera, construida durante la transición democrática e inmersa en sus lógicas, que privilegia la ciudadanía nacional como criterio para garantizar formalmente ciertos derechos.

De esta forma, durante la transición, la construcción de una nueva retórica nacional se dio también a través del sostenimiento hetero(cis)normativo de la democracia y del énfasis nacional(ista) respecto de las personas extranjeras, considerando estas “otredades” como una amenaza para su propia constitución. Se estableció así su exclusión como requisito para la refundación identitaria hegemónica y se negó con ello cualquier posibilidad de consideración de estos colectivos como sujetos de derecho. Con el paso del tiempo, sin embargo, el Estado chileno se vio interpelado no solo por los movimientos de las disidencias sexuales y migrantes, que pujaron cada vez más por el reconocimiento de sus derechos, sino también por la necesidad de visibilizarse como un país moderno y respetuoso de los derechos humanos, buscando diversas estrategias para atender la “agenda progresista” que en otras partes del mundo ya comenzaba a instalarse.

Enfoque teórico: interseccionalidad, perspectiva queer y migraciones

El ejercicio ciudadano, tal como se lo entiende convencionalmente, está relacionado con el acceso y goce de las oportunidades económicas, sociales y políticas de los Estados. Esas oportunidades están tensionadas por numerosas diferencias, como la procedencia nacional y cultural, el género y las sexualidades, la clase, entre otras. Por tanto, no parecería posible “pensar la ciudadanía sin tener en cuenta tales categorías” (^{Amparo Alves et al. 2014, 6}). Desde una perspectiva queer/cuir es importante precisamente visualizar los límites que dichas categorías generan y, a partir de ello, qué subjetividades son construidas como abyectas para el conjunto social. La teoría queer nació en la década de 1990 con el afán de repensar modos de alianzas que permitieran ciertas articulaciones de la diferencia. De esta manera, promovió una política de las diferencias, “una voluntad de comprensión simultánea de las múltiples relaciones de poder que nos constituyen” (^{Cervulle et al. 2009}, 139).

Junto a los enfoques interseccionales (^{Hill-Collins 1990}; ^{Crenshaw 1991}; ^{Brah 2011}), la teoría queer comprende la complejidad de los contextos y experiencias humanas, analizando las relaciones de poder enmarcadas en esas múltiples diferencias y jerarquías sociales, y vislumbra tanto las subalternizaciones resultantes como las marcas de privilegio. Tal como señalan Hill Collins y Bilge (2016, 2), “cuando se trata de desigualdades sociales […] son comprendidas de mejor manera si no se les considera formadas solo por un eje de división social, ya sea raza, género o clase, sino formadas por múltiples ejes de división social”.

Tras los acuerdos para acabar la dictadura en Chile y asegurar la paz y la democracia, las miradas interseccionales problematizan las maneras en que se instauró una idea de ciudadanía homogénea y estandarizada que, a través de diversos procesos de diferenciación específicos (generización, racialización, sexualización, nacionalización), sitúa a ciertos colectivos como “minorías” y “otredades” que deben ser redirigidas al marco del acuerdo de paz que aseguraría la sostenibilidad de los nuevos procesos políticos. En un afán por incluir la llamada “diversidad”, emergen soluciones privatizadas e individualizantes que rehúyen la crítica a los contextos que producen las diferencias y no cuestionan sus condiciones históricas de posibilidad.

Autoras feministas como Judith ^{Butler (2007)} o Sara ^{Ahmed (2019)} han planteado formas de comprensión que permiten poner en la palestra los mecanismos políticos y las herramientas culturales que despliega el neoliberalismo para imponer un cierto orden y jerarquías. Precisamente la instauración de esta política de los acuerdos, finalizada la dictadura chilena, vino a favorecer la “universalización de la cultura de un grupo dominante, cuyas experiencias llegan a convertirse en norma” (^{Hernández Domínguez 2018, 21}) y, con ello, propició procesos de subalternización de experiencias y corporalidades que se volvieron ininteligibles dentro de estas normas, al incumplir sus preceptos (^{Spivak 1998}). Emergieron así marcas sociales respecto de quiénes podían aparecer y quiénes no (Butler 2005) y qué sujetos eran empujados a la invisibilidad, la exclusión o a una inclusión perversa (^{Sawaia 2002}), es decir, dentro de la sociedad, pero en espacios de subordinación.

Desde una perspectiva queer/cuir se pueden cuestionar los usos de “la diversidad” tanto en la retórica política como dentro de las políticas públicas, ya que esta permite visibilizar lo excluido, lo abyecto y antagónico de las sociedades. La nomenclatura de lo “diverso” nos permite ver cómo se reproducen los moldes reconocibles para los grupos dominantes y se silencian los mecanismos que producen las diferencias (^{Barci 2018}). Barci destaca que lo queer/cuir puede tener varios sentidos: como estrategia de intervención en lo público, como principio ético-político en relación con las sexualidades y el género, como subjetividad antiidentitaria y como forma de interpretación analítica. ^{De Lauretis (en Vila y Sáez 2019, 109)} plantea que, precisamente, la teoría queer se levantó con el objeto de poder construir colectivamente otro horizonte discursivo y otra manera de pensar lo sexual.

Así, la teoría queer ayuda a comprender cómo en ciertos regímenes emergen corporalidades, vivencias y comprensiones que irrumpen en lo considerado “normal”, apostando críticamente por la desnaturalización de discursos y prácticas binarias y desestabilizando posiciones sexistas, hetero(cis)normativas, capitalistas, patriarcales, racistas y capacitistas. De esta manera, lo queer/cuir, desde el ser/hacer, levanta una crítica ante los dispositivos que fijan identidades normalizadas y normalizadoras, y que excluyen otras posibilidades y subjetividades (^{Flores 2018}).

La confluencia de estas dos herramientas (teoría queer y enfoque interseccional) también arroja luz sobre el modo en que la retórica de la paz transicional incidió en la forma en que se ha construido al sujeto migrante -y las migraciones- desde el discurso político y la política pública en el Chile posdictatorial. Reunidas, estas herramientas permiten, por una parte, desnaturalizar el binarismo (ciudadano/no-ciudadano). De otra parte, desestabilizan el constructo de una identidad nacional monolítica, fraguado desde los tiempos de la emergencia del Estado-nación: una identidad blanqueada y culturalmente homogénea (^{Tijoux y Palominos, 2016}), cuya construcción se actualiza en un reconocimiento generalista de derechos, en virtud de una diversidad edulcorada mediante categorías no problematizadas (como las de “sujetos vulnerables”, o de “especial protección”). Desafiar un concepto monolítico de identidad, sostienen ^{Reid y Ritholtz (2020)}, requiere el reconocimiento de un cruce complejo de identidades. Desde esa premisa, estas lentes analíticas permiten una aproximación crítica a la relación entre migración y paz transicional.

En ese sentido, las actuales trayectorias de personas migrantes y de algunos colectivos de las disidencias sexuales y migrantes no heterosexuales pueden considerarse como vivencias queer/cuir, porque tensionan aún más la generalización estandarizada de esta noción de ciudadanía que se ha venido instalando en Chile desde el retorno democrático. Además, permiten ver los modos en que se vinculan y refuerzan mutuamente los sistemas de dominación (sexismo, racismo, patriarcado, colonialismo, nacionalismo), reificando procesos de exclusión social sobre quienes se consideran “fuera” de la norma social.

La ausencia de una mirada crítica e interseccional (^{Hill-Collins y Bilge, 2016}) para repensar la ciudadanía instaurada durante la transición chilena y en los años posteriores podría invisibilizar modos más sutiles de los enlaces de exclusión en los cuales han ido operando diferentes discriminaciones sociales, por ejemplo, en diversas políticas públicas. Poner atención a las dimensiones simbólicas que se articulan en los discursos políticos, como lo hacemos en este artículo, nos permite evidenciar el orden instaurado y pactado después la dictadura, sobre el cual se organizó la sociedad para reproducir un régimen nacionalista y hetero(cis)sexual.

En ese sentido, un constructo relevante para el análisis que se presenta en este artículo es el de “declinaciones de la diferencia” (^{Galaz et al. 2018, 4}). Nos referimos a un soslayo u obliteración de categorías de diferenciación (de género, sexualidad, “raciales”, étnicas, nacionales, de extranjería, edad, entre otras), sostenido, en general, a expensas de un discurso totalizador y homogeneizador amparado en la igualdad formal legal de todas las personas, que tiende a devenir en una retórica sin correlato material, en la medida en que desconoce discursos y prácticas que han sedimentado fronteras de exclusión.

Metodología

Tomando como base un enfoque sociocrítico de las ciencias sociales (^{Edwards y Potter 1992}; ^{Garay, Íñiguez y Martínez 2005}), se utilizó una metodología de investigación cualitativa y un enfoque de interpretación feminista del discurso. Los enfoques cualitativos (^{Denzin y Lincoln 2005}) buscan la comprensión de fenómenos en términos de sus significados y en ellos “se renuncia a la búsqueda de leyes universales en favor de descripciones detalladas de la experiencia concreta de la vida dentro de una cultura” (^{Hammersley y Atkinson 1994, 7}). Por tanto, entenderemos los discursos como prácticas sociales (^{Foucault 2002}): estos se fabrican a partir de los recursos lingüísticos que una sociedad dispone en un momento histórico determinado, que tienen consecuencias prácticas porque están orientados a la acción y que, en definitiva, construyen nuestra realidad vivida (^{Iñiguez y Antaki 1998}).

Se sigue un análisis de discurso inspirado en algunas preguntas que Carol Bacchi enuncia en su metodología posestructuralista “WPR: What’s the problem represented to be?” (Bacchi 2012). El procedimiento consistió en revisar el corpus documental con base en estas preguntas: ¿cómo se representa el problema que las políticas pretenden afectar?, ¿qué supuestos subyacen a esa representación del problema? y ¿qué aspectos emergen como no problemáticos en esas representaciones? Se analizó un conjunto de normas en materia de migración y de derechos LGBTI+ desde el retorno a la democracia (1990) hasta la actualidad, considerando también las discusiones que dieron paso a esas normas en el Congreso. En un primer momento se compilaron todas las leyes vigentes en relación con migración y diversidad sexual, haciendo una primera revisión de cómo emergían el sujeto migrante y el sujeto LGBTI+, o eventualmente el sujeto migrante LGBTI+. Se seleccionaron aquellos textos donde efectivamente existía alguna referencia directa o indirecta a la población migrante LGBTI+. Así, el corpus final consideró las políticas de salud y educación en materia migratoria, la ley de identidad de género y la de antidiscriminación con sus discusiones parlamentarias, y la circular DEM (Departamento de Extranjería y Migración) de reconocimiento del matrimonio civil realizado en el extranjero.

Estos textos se codificaron a partir de las representaciones que se explicitaban en los discursos sobre las sexualidades y las migraciones, y los supuestos que se daban por sentados en la discusión. A partir de esto, se establecieron dos ejes de análisis para este artículo, que condensan la representación de las personas migrantes y LGBTI+ en el periodo posdictatorial: a) las normas como cierre identitario, y su retórica, que invisibiliza las particularidades de las vivencias de las personas migrantes, de la disidencia sexual y de su cruce, y b) las normas como justificación del avance democrático en la posdictadura.

Normas de cierre: la retórica que invisibiliza las particularidades

El análisis del corpus normativo revela una declinación de la diferencia relacionada con una construcción de las personas migrantes y LGBTI+ que las simplifija, obviando la interseccionalidad de esa construcción subjetiva. De ese modo, las normas se quedan sin abordar las desigualdades específicas que se generan en el cruce de la diversidad sexual y de género con la nacionalidad, la extranjería o la “raza”, dimensiones relevantes para entender la situación de las personas migrantes LGBTI+ y las problemáticas que les afectan. Los textos analizados muestran las omisiones jurídicas y las desigualdades concretas que perpetúan estas omisiones, y que se hacen visibles desde la mirada interseccional (^{Crenshaw 1991}). En su operación, esta declinación de la diferencia recurre a una retórica generalista para fundamentar las medidas que se toman, del tipo “todas las vidas son importantes”, o apelando a la idea de dignidad humana como objeto de protección, pero que justamente dada su inespecificidad termina por no tener efectos reales de protección: todos, finalmente, significa nadie.

La retórica generalista emerge ligada, en alguna medida, al principio universalista de los derechos humanos. La fórmula instituida en instrumentos internacionales de derechos reúne en una cadena aditiva diferentes ejes de diferenciación que, en esa misma operación, terminan por adquirir un lugar indiferenciado. Esto ocurre, por ejemplo, en la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2022 (PNEE), en la que las sexualidades no normativas solo se consideran como marco de referencia para el trabajo con “grupos de especial protección”, a partir de la mención de las recomendaciones hechas a Chile por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Adoptar medidas necesarias para prevenir y combatir la persistente discriminación contra pueblos indígenas, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans-género, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y todas las personas o grupos desfavorecidos o marginados, inclusive mediante campañas de sensibilización, a fin de garantizarles pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Pacto. (Ministerio de Educación 2018, 24)

En la PNEE se sigue este patrón generalista también en relación con la migración, poniendo énfasis en una de las aristas asociadas a la dimensión de extranjería -las barreras ligadas al estatus documentario-, soslayando otras que se intersecan en la posición de los estudiantes migrantes, como la diversidad sexual, la etnicidad, la nacionalidad y los procesos de racialización, que constituyen una problemática significativa en el espacio escolar. A pesar de ello, el racismo es apenas mencionado en esta política. Como diría Creenshaw (1991), al situar en un único vector (extranjería) una problemática, no se visualiza la intervención a la vez de otros factores, que al entrecruzarse afectan la consideración del sujeto (racialilzación y heteronorma).

También se apela a este discurso generalista en la Ley antidiscriminación (N°20.609), cuyo objeto es sancionar la “discriminación arbitraria” y garantizar a todas las personas sus derechos fundamentales. El sujeto-objeto de esta norma se vuelve un todo aglutinante: las diferencias se unen y categorizan en términos generales, en un abanico enumerador: migrantes, personas LGBTI+, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, entre otros.

En esta declinación de la diferencia emerge la idea de un “todos/as” basado en la dignidad humana como razón para evitar la discriminación. No obstante, si bien este reconocimiento intenta proteger a toda la ciudadanía, en su aglutinamiento invisibiliza las desigualdades y violencias específicas que transitan algunos colectivos, como los de las personas migrantes y las que se autoperciben con subjetivaciones sexo-genéricas diferentes de la heterosexual. Siguiendo a ^{Crenshaw (1991)} , en ese ejercicio se oblitera la multidimensionalidad de las experiencias vividas por sujetos marginalizados. Al proteger a todos/as, no queda claro a quiénes se incluye específicamente y, por tanto, se obtura la visibilidad de las discriminaciones y violencias que viven las personas migrantes LGBTI+. Así, la idea de “dignidad” de las personas se construye como un código sin corporalidad, sin marcas. En este aglutinamiento de las diferencias se presupone entonces que las distintas discriminaciones son similares y se expresan de manera semejante. Lo migrante y lo sexual quedan referenciados en la aglutinación de la “diversidad” de forma generalizada, como se ve en el artículo 2 de la Ley:

Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género. (BCN 2012, 860)

En las elaboraciones discursivas, las disidencias sexuales se convierten en diversidad, sin distinguir sus singularidades de orientación sexual o identidad de género. Las personas extranjeras se agrupan en un todo común independiente de su nacionalidad, de las especificidades de sus trayectorias, las motivaciones de salida, las diferentes posibilidades de movimiento, las diversas afectaciones de procesos de etnización y racialización, entre otras.

Asimismo, en esta ley no se consideró la necesidad de definir estos hechos de discriminación como delitos de odio: al situarlos solo como “discriminación”, se le quita valor a las consecuencias sociales que producen estos actos. Por otro lado, se suele individualizar o circunscribir estas acciones negativas a actos interpersonales, y no se los visualiza como hechos que se ejecutan en torno a matrices estructurales como el nacionalismo, el racismo y el clasismo. Siguiendo a ^{Hill-Collins y Bilge (2016)}, los ejes de diferenciación no operan aislados, sino de manera interdependiente, por tanto, al invisibilizarlos -como lo hace esta norma-, se trata a la ciudadanía como un todo sin distinciones, como si no estuviera estructurada con base en matrices de dominación.

Este aglutinamiento en torno a la idea de “diversidad” provoca el soslayo de subjetividades, y también, cuando llegan a ser nombradas las personas LGBTI+ o migrantes, esas identidades emergen como formas cerradas en las que el mundo les reconoce, les circunscribe y les delimita (Carrascosa en ^{Vila y Sáez 2019}). Esto se percibe en la Ley de Identidad de Género (N° 21.120), donde la construcción de la diferencia se sitúa en la población trans, preferentemente nacional y adulta (excluyendo a menores de 14 años, quienes deben tener consentimiento de sus tutores/as e informes específicos que pueden ser solicitados por jueces/as).

Tardíamente en la discusión de esta norma, algunos parlamentarios plantearon la inclusión de personas extranjeras, lo que queda refrendado finalmente en la ley, pero bajo unos criterios por los que gran parte de las personas migrantes trans no pueden acceder a su regla en la práctica. Esto porque se solicita una partida de nacimiento de su país de origen -del que muchas veces carecen las personas trans migrantes producto del sexilio; y otras, por impedimentos burocráticos, ante las crisis sociopolíticas de sus países de origen-, además de un estatus migratorio de residencia permanente -que implica una estadía en el país por más de 5 años, en el caso de tener trabajos regulares, algo más difícil de conseguir para la población trans-. Así se estipula:

Los extranjeros solo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de documentos chilenos, cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley. Para ello, deberán inscribir previamente su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación. Asimismo, en el procedimiento de rectificación correspondiente, los extranjeros deberán siempre acreditar su permanencia definitiva en Chile. (BCN 2018, 1268)

De esta manera, el sujeto migrante que se reconoce en esta ley es aquel que asegure su arraigo en el país o tenga una permanencia de larga estadía, lo que se traduce a un trabajo permanente para poder obtener, tras dos visados transitorios, la visa definitiva⁴. Así, la norma establece un acceso condicionado para extranjeros/as, ya que excluye a la población migrante irregular, a la que no llega a la visa definitiva, y a la población trans, que no accede a trabajos formales. Como trasfondo, se sigue privilegiando una visión nacionalista y de largo arraigo en el país, lo que genera barreras y excluye a gran parte de la población migrante. Como señala Carrascosa, se nombran y aparecen cuerpos, pero se les limita claramente en esa nominación (en ^{Vila y Sánchez 2019, 59}).

En la discusión parlamentaria en torno a incluir o no a las personas extranjeras en la Ley de Identidad de Género, algunos/as legisladores/as enfatizaron que este derecho debería ser exclusivo para personas nacionales. ^{Hill-Collins y Bilge (2016)}argumentan que la interseccionaidad nos permite ver la complejidad de lo social, y precisamente en estas discusiones parlamentarias se observa una retórica nacionalista que simplifica la realidad y no toma en cuenta que en las demandas identitarias pueden estar comprendidas personas nacidas fuera del territorio nacional. Para ello, como se ve en la cita, se utilizó como argumento el posible choque de dos normas en torno al proceso de nacionalización y el hecho de que pueden generarse problemas jurídicos posteriores, si las personas extranjeras acuden dos veces al cambio de nombre:

No aparece como constitucionalmente posible el permitir que las personas extranjeras inscriban su nacimiento en el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. No sería posible aceptar que, a los efectos de permitir el cambio de sexo registral, se alteren las fuentes de la nacionalidad establecidas por la Constitución Política […] este asunto es aún más complejo si el mismo proyecto de ley establece la posibilidad de cambiar este sexo registral hasta por dos veces. De modo que, siguiendo esa lógica, un extranjero podría volver a su sexo original, el que permanecería registrado en su país, y haber inscrito su nacimiento en el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. (BCN 2018, 1407)

En tanto, para ampliar este derecho a personas extranjeras, otros sectores políticos volvieron a levantar el argumento aglutinante de que el derecho debería ser para “todos”, porque se trataría de un problema de “dignidad”. Además, el legajo se limita al reconocimiento del nombre en las cédulas de identidad, pero no considera otros derechos, como los de salud y acceso laboral, además de que la discusión se vinculó escasamente con la Ley Antidiscriminación. Desde una perspectiva queer/cuir podemos ver cómo, a través de una ampliación de derechos como la implicada en esta ley, a la vez, se van estableciendo mecanismos de control y límites para ciertos cuerpos y vidas (Valencia en ^{Vila y Sáez 2019}).

Por otro lado, asumiendo esta idea de dignidad y respeto, la circular N°6 del DEM, reconoce el matrimonio o unión civil realizada en el extranjero, sin considerar si se refiere a personas heterosexuales o no. Es decir, no lo explicita, lo que ha dejado abierta la posibilidad para que personas no heterosexuales puedan solicitar ese reconocimiento. Esto permite que la persona casada o en unión civil con persona chilena o extranjera, residente en el país, pueda acogerse a una visa temporaria. El argumento que subyace a la norma es la protección de “la familia” como garantía constitucional y como un factor que debe estar por encima de los procesos migratorios:

Lo anterior está en concordancia con lo dispuesto en nuestra legislación interna, particularmente en la Constitución política de la república que consagra como una de las bases de la institucionalidad la protección y fortalecimiento de las familias […] estableciéndose por tanto como uno de los deberes del Estado el reconocimiento de las distintas expresiones de familia existentes en nuestra sociedad, todas las cuales son dignas de respeto, consideración y protección. (Ministerio del Interior y salud pública 2015, 2)

Este argumento reifica la idea de “familia” como núcleo básico de la sociedad, sin embargo, deja abierta la consideración a las distintas formas de concebir esta institución social, lo que abre posibilidades al reconocimiento de familias LGBTI+. La situación de hijos/as de esos matrimonios y de la unión civil no se señala, pero en la práctica cotidiana, estos obtienen una visa temporaria como personas dependientes. Antes de la existencia de esta norma, las personas debían recurrir a figuras ficticias, como una contratación de su cónyuge o pareja para tener una visa sujeta a contrato.

Esta reificación de la “familia” como elemento base de la sociedad, además, deja fuera a todas las personas migrantes LGBTI+ en relaciones de afecto que no han pasado por un trámite legal de unión. Por tanto, si bien en la norma existe una apertura que rompe la anterior frontera de comprensión del sujeto nacional al que se dirige, a la vez conlleva un entendimiento de cierta normalidad impuesta, en este caso intocable, como la idea de “familia”. Para ^{Preciado (2019, 25)}, estas maneras de hacer responden a “una epistemología colonial y capitalista que privilegia las prácticas sexuales reproductivas en beneficio de una estrategia de gestión de la población, de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero también de la reproducción de la población que consume”.

En la misma línea, la Política de Salud de Migrantes Internacionales (Ministerio de Salud 2018) está dirigida al sujeto mujer-madre-migrante, implícitamente considerada como cis y heterosexual. Es una figura identitaria que queda fija a una consideración familiarista de “ser mujer” y que, por tanto, solo contempla motivos de migración vinculados a hijos/as y familia: “la migración muchas veces es un proyecto familiar y las mujeres son consideradas las más aptas para retribuir a la familia. Se espera de ellas que privilegien el interés familiar por sobre el propio” (Ministerio de Salud 2018, 26).

Esta perspectiva de familia clásica, no asumida de modo explícito en la consideración de género postulada en esta política, deja fuera otras maneras de constituirse como mujer migrante y otras formas de identidad y expresión de género no binarias. ^{Hill-Collins y Bilge (2016)} enfatizan que los sistemas de poder que se cruzan pueden constituir componentes para la dominación política, lo que queda claro en este caso de la norma, que reifica a la familia como núcleo social, pues pese a que posibilita las experiencias de familias no binarias, no cuestiona el constructo mismo de “familia”.

Conclusiones

Durante la década de 1990, la idea de “diversidad” no era un horizonte en los valores de los gobiernos democráticos en Chile. A inicios del siglo XXI la diversidad comienza a ser materia de gestión estatal desde enfoques propositivos y no solo desde la persecución y exclusión. Bajo el amparo de las normativas internacionales y de derechos humanos, en el país se evidencia una preocupación particular por la inclusión y respeto de aquellos colectivos considerados como “diversos”.

Esta preocupación gubernamental conllevó proponer y discutir leyes que consideraran en mayor o menor medida la “gestión de la diversidad”, particularmente de personas LGBTI+ y migrantes. Sin embargo, el enfoque interseccional constituyó un horizonte productivo (en términos heurísticos) para el análisis, evidenciando la existencia de una mirada exclusiva y excluyente de ambos grupos, puesto que, tanto en las políticas como en las investigaciones, generalmente se consideran como colectivos independientes. Asimismo, se elaboran decretos, circulares y ordenanzas que tienen como fin entregar lineamientos para los distintos ministerios, secretarías e instituciones del entramado gubernamental chileno. Sin embargo, tanto lo que se califica como “diversidad sexual” como la “migración” son espacios de conflicto y controversia en los dispositivos sociales y políticos que emergen en las discusiones normativas, en la medida en que tensionan el sujeto de identidad monolítica e indiferenciada que pretendió establecer la retórica del consenso posdictatorial.

La teoría queer provee una visión crítica del lugar de la sexualidad y la diferencia en lo social. Si bien no es un programa de acción política (^{De Lauretis 2019}), permite comprender estas tensiones, que se producen y vehiculizan en las normativas exploradas. El análisis de estas retóricas permite visualizar cómo se ha terminado reforzando el binomio de los/las “diversos/as” versus los/as supuestos/as “normales”. Como consecuencia de esta diferenciación, los discursos gubernamentales van señalando a las disidencias y a las migraciones en el lugar de una “otredad problemática”, una entidad sobre la que se puede actuar y ejercer gobierno ya sea por una lógica de ampliación de derechos, o bien para evitar una desviación de los marcos aceptados como “normales” para la seguridad frágil de la democracia chilena. De esta manera, aunque en la retórica se busca instaurar la noción de derechos, ello se realiza bajo formas de violencia epistémica que definen quiénes están autorizados a ser considerados ciudadanos.

Los cambios de la transición implicaron un desplazamiento de la diversidad, en este caso de migrantes y personas LGBTI+, como problema y amenaza, en relación con regulaciones que negaban su existencia como sujetos de derechos y con una concepción de esta diversidad como valor de la democracia, lo que sin embargo ha promovido normativas y políticas públicas que buscan su integración en espacios restringidos y claramente identificables, en pos de una consecución controlada de derechos. En ese sentido, la relación naturalizada entre diversidad, discriminación y violencia permite el establecimiento de medidas proteccionistas, que a su vez judicializan la política de inclusión.

Así, los principales ámbitos en los que se han desarrollado avances al respecto, como los derechos de convivencia civil, salud y educación, se han realizado con base en la mantención de imaginarios hetero(cis)normativos y nacionalistas, enlazados con los valores neoliberales de la economía, el patrimonio y el derecho individual, que, más allá de transformar los marcos de sentido con los que comprendemos el mundo, apuestan por la disciplina de los sujetos a costa de su inclusión al modelo neoliberal-cultural vigente. A su vez, la preocupación central por este tipo de derechos deja fuera otras demandas de las comunidades, que pueden ir más allá de situaciones específicas de cada identidad, como la disputa por la garantía y el ejercicio de otros derechos sociales y laborales, y el derecho a tener una vida digna.

En estas normas, la heterosexualidad y las personas nacionales aparecen como aquello no marcado, no sexualizado, corporeizado ni cuestionado, mientras que las subjetividades por fuera de la heteronorma y de la “chilenidad” son homogeneizadas en un amplio espectro. Esto termina produciendo sujetos abyectos para las políticas públicas en sus especificidades, mientras que las subjetividades no nacionales se inscriben en un régimen de disciplina, control y examinación constante. No obstante, la diversidad como materia de gestión pública nacional e internacional ha generado diversos espacios de apertura, los cuales aún se encuentran en disputa.

En el proceso de transición democrática, si bien al inicio las demandas de las diferencias (migrantes y personas LGTBI+) fueron consideradas inapropiadas para el ideal de “ciudadano” del nuevo marco social, rápidamente el componente político de las movilizaciones de estos colectivos, frente a los agravios vividos, llevó a poner en la palestra la necesidad de inclusión, lo que condujo a ensanchar el límite de lo considerado como legítima “ciudadanía”. No obstante, y de manera paulatina, esto ha abierto sobre todo espacios de reconocimiento -más que de redistribución social- para poder integrar en las políticas públicas a estos colectivos.

Estas acciones desde el Estado han permitido no solo aliviar la presión de las movilizaciones sobre el marco democrático vigente -al menos por varias décadas, previas al “estallido social”-, sino generar algunas alianzas entre Estado y movimientos sociales que están orientadas bajo ciertos principios de paz queer/cuir. Algunos de éstos son incluir una perspectiva de género y sexualidad en los marcos de convivencia actuales, así como medidas de protección frente a la discriminación racial, étnica o nacional. Todo ello puede ligarse a este horizonte de paz, si entendemos lo queer/cuir como forma de cuestionar las deficiencias y limitaciones de las categorías identitarias establecidas, considerando condiciones estructurales que van más allá de la sexualidad (^{Reid y Ritholtz 2020}). Sin embargo, estas medidas han sido acompañadas, como hemos señalado, de una persistente criminalización de ciertos sujetos migrantes, instalando una distinción entre migrantes buenos (que pueden admitirse) y malos (que deben expulsarse), y contribuyendo así a la construcción de un ciudadano cercenado de la retórica de la paz posdictatorial: uno que no genera contradicciones a la gran narrativa del acuerdo de paz y cohesión transicional.

En los últimos años se ha producido un proceso de creación institucional en distintos niveles administrativos, aunque no alcanza a configurarse como un aparato fuerte para la implementación de las iniciativas políticas presentadas y aprobadas. En ese sentido, la emergencia de políticas para personas migrantes y para las disidencias sexuales puede hablar, más que de procesos efectivos de inclusión y participación, de una nueva lógica de gobierno de la diferencia, a través del aislamiento y visibilización de algunos cuerpos, prácticas y relaciones considerados como “otredad”. La implementación de disposiciones, circulares y normativas queda al arbitrio de las instituciones por las que circulan, sin implementarse necesariamente, los mecanismos pertinentes para su ejecución. De esta forma, no existe una reestructuración profunda del sistema, sino más bien un llamado de atención que no genera mayores cambios, operando como mitigador del conflicto. Mostrar estas contradicciones es parte de “entender lo cuir como acto contestatario a matrices de control” (^{Lesch 2021, 115}).

Si bien pueden considerarse avances para los derechos de la disidencia sexual y migrante, asumimos una perspectiva feminista crítica que puede resultar incómoda, al develar las nuevas formas de cooptación de las diferencias que a veces conllevan paralelamente estas medidas; porque como señala ^{Vila y Sáez, “si no molesta, no es queer” (2019, 7)} . Además, nos permite alumbrar nuevos futuros o posibilidades para ampliar los márgenes ciudadanos: “proponer lo queer como un patrón de aquello que nunca llega, que no puede llegar y que está siempre por venir nos puede servir como una poderosa herramienta epistemológica, ya que esa estrategia se niega además a cualquier tipo de reproducción normativa” (Martínez en Vila y Sáez 2019, 177). Ese fue nuestro horizonte para el análisis de estas normas y políticas, también desde una mirada interseccional que nos permitió llamar la atención sobre la invisibilización de los cruces que implican estos dos corpus normativos, que transitan por caminos separados: el que tiene por sujetos de política a las personas LGBTI+ y el que apunta a las personas migrantes.

Si entendemos que lo queer/cuir excede el campo de la sexualidad, y es una forma de cuestionar categorías identitarias establecidas, un horizonte de paz queer/cuir en este escenario nacional que está experimentando profundos cambios en los años recientes -revuelta popular y proceso constituyente- tendría que apuntar a una noción de “ciudadanía interseccional”. Esto significa una noción de ciudadanía amplia, que se haga cargo de esos cruces múltiples y de la heterogeneidad constitutiva de este concepto, que han procurado soslayar las democracias liberales.