Introducción: participación de las personas LGBTI en la paz, entre la teoría y la práctica

Un acuerdo de paz es un instrumento útil en la transformación de un conflicto armado de larga duración. Esto fue lo que significó la firma, en noviembre de 2016, del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera (que, de ahora en adelante se mencionará como el “acuerdo”) entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Avanzar hacia la implementación del acuerdo para lograr la transformación de las causas que provocaron el conflicto es una apuesta de largo aliento. En ese sentido, este artículo entiende la paz o las visiones de paz como una apuesta colectiva y transformadora y, por tanto, como una paz crítica que busca la inclusión efectiva y la participación incidente de quienes han sido históricamente excluidos (Zirion Lanauze y Pérez de Armiño 2019; ^{Birke Daniels y Kurtenbach 2021}). Las visiones de paz que aquí se analizan son creadas por actores que han sido marginados en la toma de decisiones de política pública y en la participación ciudadana, tal y como ha ocurrido con las personas y organizaciones LGBTI (lesbiana-gay-bisexual-trans-intersex).

Los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC) son espacios territoriales de la infraestructura para la paz que se materializan como instancias formales y reglamentadas de participación local, potenciadas por la implementación del punto 2 de participación política del acuerdo (^{Restrepo y Leyva 2017}). Desde el proceso de negociación en La Habana, el Gobierno y la delegación de las FARC sugirieron que el Consejo Nacional de Paz y los CTPRC fueran actores protagónicos en el proceso de implementación del acuerdo (^{Santos 2014}; Delegación de Paz de las FARC-EP 2014). Para eso, debía asegurarse la pluralidad en la representación de diversos sectores del país, sobre todo los más excluidos, como las personas LGBTI, las comunidades étnicas y las mujeres. Con el Decreto Ley 885 de 2017 se transformó la composición de los Consejos para asegurar esa representación. Esta nueva norma, expedida durante la implementación normativa del acuerdo, también le asignó a los CTPRC una misión fundamental: asesorar a las autoridades locales en el diseño y la ejecución de políticas y programas de paz que se implementen en cada territorio. Como la nueva normativa nacional dio, en el papel, representación a las organizaciones LGBTI, este artículo analiza, en la práctica, las experiencias de esta participación.

En este orden de ideas, el presente texto se articula bajo las siguientes dos preguntas: ¿cómo participan las personas LGBTI en una instancia potenciada por la implementación del acuerdo? y ¿cómo expresa este tipo de participación un aporte a los conceptos de paz en los territorios? Para responder estos interrogantes, el análisis se desarrolla a partir de una metodología cualitativa, basada en revisión documental y entrevistas a personas LGBTI y no LGBTI que pertenecen o acompañan a los CTPRC. Ambos instrumentos robustecieron la comprensión de las experiencias de participación LGBTI, más allá de lo que el acuerdo y la norma señalan. Con esto en mente, el artículo describe primero la perspectiva metodológica de la investigación y expone después una fundamentación teórica del concepto de paz y su relación con las personas LGBTI y la paz cuir, así como una discusión sobre los hallazgos. Finalmente, se presentan conclusiones sobre las experiencias de las personas y organizaciones LGBTI y su participación en los CTPRC en relación con sus derechos humanos y territorios como entornos seguros y sin estigmatización.

Metodología

El interés por explorar las experiencias de participación de las personas LGBTI en los CTPRC proviene de la actividad académica y práctica de las autoras de este artículo en los estudios y la construcción de paz, pues en los últimos cinco años han abordado el vínculo entre participación, género y paz desde la investigación y el activismo³. Para abordar el objetivo de este artículo, a partir de las palabras clave del artículo y de sus preguntas de investigación, se hizo una revisión de literatura y de otras fuentes, como documentos públicos y reportes de organizaciones LGBTI, de los CTPRC y de otros actores relevantes para la implementación del acuerdo. Asimismo, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas con actores claves. Estas entrevistas, que son claves en la investigación cualitativa, tienen el propósito de conocer la experiencia humana. Así, se eligieron representantes LGBTI de consejos territoriales de paz en regiones emblemáticas por su nivel de activismo e incidencia en el proceso de implementación territorial del acuerdo. En estas regiones, las autoras habían construido previamente redes de confianza con actores centrales, que permitieron definir quiénes podrían dar cuenta del papel de las organizaciones LGBTI en el proceso de implementación territorial del acuerdo. Después, y sobre la base de la confianza, se consultó a colegas y personas conocidas por su trabajo en la construcción de paz y los derechos LGBTI. Por ejemplo, se les preguntó si conocían consejeros y consejeras LGBTI de esas regiones o si ellos mismos eran consejerxs de paz. Así, este trabajo es de corte cualitativo y exploratorio.

En total se entrevistaron siete personas habitantes de seis departamentos, de las cuales cuatro se autoidentificaron como hombres gais, una como gay-travesti, una como hombre heterosexual y una como mujer lesbiana. Cuatro de ellxs fueron consejerxs, de los CTPRC municipales de Istmina, El Carmen de Bolívar, Barranquilla y Santiago de Tolú. Con ello, se incluyen dos municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)⁴, y dos municipios no PDET⁵. Otra persona entrevistada acompañaba un trabajo de fortalecimiento a diez CTPRC de Nariño, impulsado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social, mediante el programa denominado ConPaz. Una persona entrevistada no pertenecía al CTPRC, sino que hacía parte del movimiento LGBTI del municipio, y acompañaba a uno de los consejeros de paz. La última persona participante en el estudio es integrante del Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca.

También se consultaron documentos relacionados con la implementación del acuerdo, como informes de balance a cargo de instancias o entidades responsables del mismo, entre ellas la Secretaría técnica del Componente Internacional de Verificación, compuesta por el CINEP y CERAC, el Instituto Kroc y la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, se consultaron informes de la sociedad civil sobre la implementación del enfoque de género, como los elaborados por el Grupo de Género en la Paz (GPAZ), y algunas publicaciones en redes sociales que daban cuenta de la experiencia LGBTI en la paz territorial en Córdoba y Caquetá, regiones donde han estado activos los CTPRC (^{Fajardo 2021}). Igualmente, se revisaron normas nacionales relevantes para los CTPRC.

Las paz-es: de la paz negativa y liberal a una paz positiva, posliberal, participativa y territorial

La paz es un concepto con múltiples significados y disputas, que dependen de las identidades, papeles, y experiencias de las personas en los conflictos (^{Zirion Landaluze y Pérez de Armiño 2019}). Las teorías sobre la paz definen el concepto de “paz negativa”, que se refiere a la ausencia de la violencia, y de “paz positiva”, que implica la búsqueda de justicia y transformaciones sociales y políticas, siguiendo la clásica categorización de paz propuesta por ^{Galtung (1969)}. Esta discusión teórica ha trascendido a la creación de nuevas categorías como la paz liberal o la paz crítica (^{Cabanzo 2022}). La primera de ellas pretende reconstruir el Estado en su statu quo, y da un lugar protagónico a los actores internacionales del norte global para disminuir las situaciones de conflicto armado (Zirion Landaluze y Pérez de Armiño 2019).

En contraste, la paz crítica o paz posliberal emancipa a los actores ante la violencia y responde a las causas estructurales de los conflictos armados para transformarlas mediante métodos pacíficos. Este tipo de paz se construye desde abajo; es decir, con la agencia de actores locales y marginalizados (^{Zirion Landaluze y Pérez de Armiño 2019}). Es una paz en proceso, en la que convergen, según contextos específicos, actores, intereses y relaciones de poder con base en género, sexualidad, raza, etnia, clase social y espacio (Zirion Landaluze y Pérez de Armiño 2019; ^{Cabanzo 2022}).

Finalizar un conflicto armado y promover cambios evidencia los problemas estructurales que persisten y la continuidad de violencia que debe ser enfrentada y eliminada. ^{Birke Daniels y Kurtenbach (2021, 23)} señalan que finalizar una guerra expone “conflictos relacionados con el cambio social y político en torno al reconocimiento de la ciudadanía plena de grupos [...] marginados, como los campesinos, las mujeres, las comunidades indígenas y afrocolombianas, la población LGBTI y excombatientes de las FARC-EP”. Para ellas, este tipo de grupos buscan reconocimiento, representación, y una “vida digna y en contra de violencias y discriminaciones estructurales”.

Los conflictos suponen ejercer control sobre los territorios, pero también sobre los cuerpos e identidades (Colombia Diversa 2020). Los actores armados, en ocasiones con el conocimiento de las comunidades, han utilizado los cuerpos e identidades de las mujeres y personas LGBTI para buscar ventajas militares e imponer patrones de conducta (Colombia Diversa 2020; Centro Nacional de Memoria Histórica 2015). Abogar por una paz LGBTI implica exigir cambios profundos que incluyan y reconozcan de forma particular a todas aquellas personas que se han identificado con lo no heteronormativo o cisgénero.

El concepto de paz territorial se desarrolló para entender estas visiones de paz desde los territorios colombianos. Esta paz reconoce las dinámicas de las regiones y descentraliza los programas y propuestas de construcción de paz en territorios periféricos⁶ y marginales respecto de los poderes políticos y la toma de decisiones (González 2016). A diferencia de muchos acuerdos en el mundo, el acuerdo colombiano incluyó un enfoque territorial (^{Baum 2019}). Se entiende que las experiencias de paz difieren dentro y por efecto del territorio. La paz territorial es transformadora porque enfrenta las razones estructurales y de persistencia de los conflictos desde la agencia local, especialmente cuando la discriminación y el desconocimiento de las diferencias prevalecen.

La paz transformadora y participativa es “un proceso” en el que los protagonistas de la paz conciben políticas y proyectos sinérgicamente, y crean nuevas realidades individuales y colectivas en las que todas las partes se benefician (Ramos 2015). De ahí la relevancia de entender la participación de las organizaciones LGBTI en la implementación territorial del acuerdo, para reconocer su agencia y superar su consideración como meras víctimas.

Las identidades LGBTI y lo no heteronormativo en la construcción de paz

El lugar de lo LGBTI en la paz ha estado en los efectos diferenciales del conflicto armado (^{Giraldo 2018}). Durante las entrevistas sostenidas para este artículo y la investigación con los consejos, se preguntó cómo cada persona definía su identidad, y se encontraron diferencias regionales y personales que dependen -como las visiones de paz- de las experiencias vividas. En el Chocó, se habló de la población diversa o la organización LGBT; en Nariño, de LGBTIQ+. El acuerdo usa el término LGBTI. Desde las siglas ya hay mensajes políticos y experiencias personales. El lenguaje es una plataforma para reconocer esta diversidad de cuerpos, géneros, relaciones y sexualidades, porque es político. Precisamente, el lenguaje de lo cuir y de género deconstruye categorías sociales para analizar los impactos del conflicto y confronta relaciones y dinámicas de poder que muchas veces excluyen grupos de personas (^{Flaherty et al., 2015}; ^{Mizzi y Byrne 2015}). Entonces, este artículo tiende a utilizar el lenguaje del acuerdo y el Decreto Ley 885 y, en este caso, el concepto de lo LGBTI remite a personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex.

Según ^{Vidal-Ortiz, Viteri y Serrano (2014)}, las teorías y políticas queer en América Latina generan comunidades epistemológicas y teóricas que rompen con patrones de “homogenización y configuración de inclusión/exclusión”. Para ^{Edenborg (2021)}, lo cuir no es solo otra variable, sino una forma de repensar la paz y el conflicto y aplicarla a la investigación. Por ello, las perspectivas LGBTI o cuir en la construcción de paz “desestabilizan las suposiciones de qué es lo normal en relación a la orientación sexual, identidad de género y estructura familiar” (^{Hagen 2021, 1}). Una paz queer asegura la sostenibilidad de la paz tomando en cuenta la complejidad y plenitud de las experiencias y las identidades y cuestiona la heteronormatividad de la paz territorial.

Recientemente, las organizaciones LGBTI colombianas han contribuido a la verdad y la justicia mediante la implementación del acuerdo, específicamente, aportando a la labor del Sistema Integral de Paz con la entrega de información a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 2021; Comisión Colombiana de Juristas 2021; Comisión de la Verdad 2021). En el informe Quién nos va a contar de Colombia Diversa (2020) se afirma que existe la creencia errónea de que la discriminación contra las personas LGBTI fue un evento secundario. Sin embargo, “los actores armados se valieron de las instituciones discriminatorias contra las personas LGBTI para avanzar sus intereses de guerra y para instrumentalizarlos valiéndose de su vulnerabilidad económica, social y política” (Colombia Diversa 2020, 20). Por su parte, a partir de las vidas afro-LGBTI en medio del conflicto armado en el Pacífico Sur colombiano y el Sur de Bolívar, el informe Nos decían: tras de negras, maricas evidencia que los actores armados reproducen el racismo y la LGTBfobia, al considerarlas identidades desviadas o hipersexualizadas (Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 2021).

Según este marco teórico y contextual, una paz LGBTI o una paz queer es la que se construye desde aquellos sujetos marginalizados en territorios marginalizados, que no responden a la heteronormatividad; una paz que trasciende los efectos de un conflicto armado interno y una visión de solo víctimas, y ubica a las personas LGBTI como sujetos políticos que reflexionan, actúan, se relacionan e inciden para resolver sus necesidades individuales y colectivas, desde lo local y de forma sinérgica, en articulación con otros actores.

Del papel: el enfoque de género, las personas con identidades sexuales y de género diversas y el acuerdo

Durante la fase de negociaciones en La Habana, distintos actores apelaron a la infraestructura de paz existente para asegurar la dimensión participativa en el proceso, reconociendo los aportes de los movimientos sociales para representar el pensar y sentir de todo el país, no solo de los negociadores (^{Restrepo y Leyva 2017}; Ramos 2016). El expresidente Juan Manuel ^{Santos convocó nuevamente el Consejo Nacional de Paz en mayo de 2014} y lo instaló el 9 de octubre del mismo año para contribuir a la pedagogía sobre el acuerdo, propiciar un “ambiente de reconciliación” y representar la diversidad de sectores y movimientos sociales del país, incluyendo a la comunidad LGBTI (Santos 2014). Durante la fase de negociación, la Delegación de las Farc-EP estuvo de acuerdo, pues en carta dirigida al Consejo Nacional de Paz señaló que éste debía contar con la participación de movimientos sociales para una “paz con justicia social” y una amplia representación, incluyendo a organizaciones LGBTI (Delegación de Paz de las Farc-EP 2014). Así fue como el Consejo Nacional de Paz y los CTPRC recuperaron protagonismo político y aportaron su trayectoria histórica por la paz a la negociación. Estas instancias asesoras y consultivas en asuntos de paz para el presidente, los alcaldes o los gobernadores habían sido creadas por la Ley 434 de 1998 y, en lo nacional, no sesionaban desde 2007 (Restrepo y Leyva 2017).

La recuperación de estos espacios fue un correlato de la trayectoria de las organizaciones de mujeres y LGBTI para que el acuerdo asegurara la inclusión del enfoque de género (^{González 2017}). Desde años atrás el movimiento había vinculado los derechos de las mujeres, sus cuerpos y los derechos humanos con la paz, la desmilitarización y el cese del conflicto armado. Durante la negociación, el movimiento de mujeres logró abrir espacios para que el enfoque de género incluyera los derechos de las personas LGBTI, articulando la teoría y el activismo de los movimientos sociales mediante el concepto de género (^{Shepherd 2017}), consiguiendo que el acuerdo fuera incluyente en términos de género, pues las mujeres y las personas LGBTI debían ser protagonistas del texto pactado, apelando al enfoque de la paz crítica y transformadora. Esto significaba: una paz construida con participación de los sujetos marginalizados. El acuerdo, firmado en 2016, fue innovador a nivel mundial y en Colombia abrió oportunidades para dialogar sobre las visiones de futuro para un país en paz.

El enfoque de género en el documento negociado significó la inclusión de compromisos específicos con los derechos de las mujeres en todas sus diversidades y las personas LGBTI. En particular, la igualdad y la no discriminación se constituyeron como un principio trazador en su implementación, basándose así en una paz crítica y transformadora. Este es el único acuerdo comprensivo con más de cien compromisos específicos para avanzar en la igualdad de género, la participación y la no discriminación o estigmatización de las personas LGBTI en los procesos de implementación del acuerdo de paz (^{Mejía Duque 2016}).

Este enfoque generó muchos debates, especialmente en el periodo previo al plebiscito en el 2016. Iglesias y partidos políticos, especialmente de origen cristiano, se opusieron al acuerdo por incluir los derechos de las personas LGBTI. Los percibieron como una amenaza a su concepto de familia, heterosexualidad y a los roles tradicionales de género (^{González 2017}; Lobo, Torres y Córdoba 2020; Serrano 2017). Por tal motivo, después de la victoria del NO en el plebiscito del 02 de octubre, se hicieron revisiones al texto del acuerdo para garantizar que el enfoque de género correspondía solamente a la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de las mujeres (^{Romero 2016}).

A la práctica: la representación de las personas LGBTI y sus experiencias en los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia

Cuando comenzó la implementación del acuerdo, se expidió el Decreto Ley 885 de 2017, que reformó al Consejo Nacional de Paz y los CTPRC en su denominación, funciones y composición, con el fin de garantizar agendas para una paz incluyente, diversa, y transformadora. En consecuencia, el decreto estableció un mayor porcentaje de representantes de la sociedad civil, entre ella, las poblaciones históricamente discriminadas, incluyendo expresamente la participación de las personas LGBTI. Así, a la composición del Consejo Nacional de Paz se sumaron tres representantes de las organizaciones indígenas, dos de las organizaciones de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, tres representantes elegidas por las organizaciones enfocadas en los derechos de la mujer, dos de población en condición de discapacidad, dos de organizaciones acompañantes de víctimas; y dos representantes de personas LGBTI (Ministerio del Interior, Decreto de Ley 885 de 2017)⁷. El Gobierno Nacional emitió una circular para reactivar o crear los CTPRC y articularlos con los comités de derechos humanos (Instituto Kroc 2018, 84).

Este decreto fue adaptado a la realidad territorial mediante las alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales o concejos municipales, que crearon normativas locales (ordenanzas o acuerdos municipales) para redefinir la composición y el funcionamiento de cada CTPRC, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), organizaciones sociales y cooperación internacional (Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional 2021a; 2021b; Procuraduría General 2020; Instituto Kroc 2022a; 2022b). Esta articulación refleja una interacción entre lo nacional y lo local y una acción política y técnica para reactivar los consejos.

Los representantes de la sociedad civil han sido el principal factor de estabilidad ante los contextos cambiantes, como ocurre con las transiciones políticas locales o nacionales por la incorporación de nuevos gobernantes (Instituto Kroc 2021). En estas circunstancias, emergen las mayores tensiones políticas y escenarios de conflictividad, pues tras constituir o ajustar la normativa local algunos consejos de paz no empezaron a funcionar. Es el caso del CTPRC de Barranquilla, que no ha sesionado desde que se creó el acuerdo distrital en 2019 porque no ha contado con el apoyo de la Alcaldía distrital. Así lo menciona Heriberto ^{Mejía en las entrevistas que tuvieron lugar en esta investigación (Entrevista Heriberto Mejía 2022}).

Al elegir representantes de las personas LGBTI en los CTPRC, la participación de las personas con identidades sexuales y de género diversas, anunciada en el Decreto 885 y en el Punto 2 del acuerdo, se ha traducido del papel a la práctica. Los CTPRC que empezaron a funcionar luego de que la normativa local les dio vida o los reactivó, eligieron a los representantes LGBTI para cada consejo. De los consejeros de paz LGBTI entrevistados, solo uno acudió por convocatoria abierta, el resto acudió por el llamado de funcionarios de la alcaldía u otros miembros de la sociedad civil. Una vez los consejeros fueron elegidos y los CTPRC iniciaron sesiones, la pluralidad pretendida por esta instancia de participación se pudo materializar.

La creación formal de los CTRPC fue un paso relevante para iniciar su implementación a nivel local. Sin embargo, que exista la participación LGBTI en una norma no es garantía plena para que se cumpla lo allí estipulado. Esto se evidencia en la inoperatividad de algunos CTPRC, que provoca el que no haya incidencia directa de las agendas LGBTI. Así lo ratifica el consejero de paz Heriberto Mejía, al contar su experiencia con el CTPRC de Barranquilla. Este Consejo solo tiene el acuerdo distrital de la Alcaldía anterior y el reglamento y las convocatorias para elegir representantes en la alcaldía vigente, pero hasta marzo de 2022 el consejo no había sesionado por primera vez. Al indagar por esta situación, el consejero encontró que ciertos funcionarios de la alcaldía no tenían información y que una de las dificultades de la normativa creada es la amplitud de los sectores de sociedad civil que se definieron, pues se deben elegir 48 miembros y aún no habría quórum suficiente para autoconvocar, según el reglamento. Para el consejero Heriberto Mejía esta inoperatividad también se ha observado en otras regiones del país, donde se crearon formalmente los consejos, pero no han tenido mayor dinamismo.

Con frecuencia, no se ha logrado elegir a los dos representantes anunciados en el Decreto. En la costa Caribe, varios consejos no tienen representación LGBTI y en los pocos que la tienen no se cumple la cuota de dos personas (Entrevista Heriberto ^{Mejía 2022}). De hecho, en Barranquilla e Istmina, hay una sola persona elegida. Entonces, es necesario que las administraciones municipales valoren las agendas de derechos humanos y diversidad sexual como temas prioritarios de la agenda pública, y por esta vía pongan en marcha a los CTPRC. Heriberto Mejía considera que implementar un enfoque de género y poner en marcha esta instancia “es cuestión de voluntad política”. El asunto facilita o imposibilita el funcionamiento de una infraestructura de la paz (^{Restrepo y Leyva 2017}).

Esta falta de participación LGBTI y de implementación efectiva y de calidad de los CTPRC ha tenido un correlato en otros compromisos territoriales del acuerdo; por ejemplo, los PDET. El consejero Heriberto Mejía recuerda que, en la fase inicial de diseño de los PDET, “las personas LGBTI no fueron convocadas”, pues las autoridades territoriales consideraron que “en las veredas no existen personas LGBTI”. A su juicio, los funcionarios públicos no buscaron a las personas LGBTI ni preguntaron por qué no aparecían. Esta omisión participativa provocó que subregiones PDET del Caribe, como el Sur de Córdoba, Montes de María y Sierra Nevada-Perijá, no formularan suficientes proyectos específicos para las personas LGBTI: “A pesar de que subsistieron en los [niveles] municipales dos o tres procesos, no llegaron a la subregión. Entonces desde las convocatorias hasta la evaluación y asignación de propuestas a personas LGBTI en los PDET, también ha habido una baja atención o inclusión de las personas LGBTI” (Entrevista Heriberto Mejía 2022).

La participación de las personas LGBTI en la implementación territorial del acuerdo, como sucede en la participación en los CTPRC, depende de las convocatorias de los entes territoriales u otras entidades públicas responsables. Esta participación se enfrenta a la falta de información, de voluntad política del Estado local y a contextos locales de violencia contra la población diversa puesto que, según Heriberto Mejía, “a veces los que están en los consejos tampoco tienen los suficientes elementos para hacer valer el derecho”. En otros casos, esa incidencia territorial de las personas LGBTI aún no ha ocurrido, más cuando se trata de municipios no PDET, por la baja oferta institucional (Instituto Kroc 2022a), como en el caso del CTPRC de Santiago de Tolú. Allí, por diferentes circunstancias, el consejero LGBTI había asistido a pocas sesiones y hacía evidente la necesidad de mayor conocimiento de las funciones y alcances de los CTPRC. Esto lo ratifican Michael ^{Tafur y Elvis Sánchez (2022)}en el marco de entrevistas sostenidas para esta investigación.

Los retos de la participación de las personas LGBTI en la implementación territorial del acuerdo muestran las dificultades de una participación diferenciada y específica en procesos territoriales de toma de decisiones públicas; es decir, una creación de paz desde abajo. La falta de participación constante provoca la ausencia de acciones específicas para las personas LGBTI y mina la legitimidad y la sostenibilidad de un proceso de construcción de paz territorial.

La conformación e inclusión de representantes LGBTI ha significado cambios en las formas de relacionamiento entre diversos actores, incluyendo aquellos aparentemente incompatibles u opuestos, dado el contexto y los discursos discriminatorios alrededor de las personas LGBTI. Así lo enuncia Tito Muñoz (2022), consejero LGBTI del CTPRC de El Carmen de Bolívar en la región de los Montes de María:

Al principio me dio miedo estar en este espacio porque sentía que la iglesia me iba a discriminar porque quien maneja estos procesos de los Consejos Territoriales de Paz son las iglesias, la Pastoral Social, ConPaz y la Arquidiócesis, pero yo lo asumí como un reto. Quería cambiar la perspectiva que tenía la población LGBTI. [...] Para mí ha sido muy importante haber entrado a este espacio del Carmen de Bolívar porque fui aceptado por todos los miembros, hago parte también del comité operativo […] Incluso se me presentó una problemática, iba a renunciar al Consejo Territorial de Paz y me cayeron todos los consejeros y me dijeron: tú no puedes dejar el consejo, porque si tú dejas el consejo, dejas una brecha grande porque el trabajo que has hecho no lo hará cualquier persona. Tienes que permitir que otros líderes que vienen detrás de ti hagan lo mismo o de otra manera mejor, pero en este momento tú eres importante para el consejo de paz del Carmen.

Con la bandera de la convivencia, los consejos de paz son un espacio que motiva diversos actores a confrontar sus prejuicios. En el caso de las personas LGBTI, la aceptación de su participación no siempre ha significado el reconocimiento de sus derechos. Incluso organizaciones LGBTI han realizado ejercicios de acompañamiento para fomentar la visibilidad de consejeros LGBTI en los CTPRC y su incidencia ante el CNPRC, asumiendo la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización⁸ , que es un instrumento del acuerdo (Caribe Afirmativo 2020).

En Istmina, el CTPRC realizó actividades para visibilizar a las personas LGBTI. El consejero de paz, Jorge Luis Palacios Gutiérrez, “Lolo”, contó que al principio no estaba seguro de participar, pero en los últimos años, a través del CTPRC, ha logrado llegar a barrios periféricos con actividades para sensibilizar y reconocer públicamente a la comunidad diversa del río San Juan. Este consejo abrió oportunidades para llegar a la comunidad con mensajes de inclusión y no discriminación, “para mostrar una cara diferente sobre las personas con identidades sexuales y de género diversas” (Entrevista Jorge Luis Palacios Gutiérrez 2022). Compartir espacios entre personas LGBTI y quienes no lo son o incluso se les oponen, es un primer paso para reconocer sus derechos y transformar las relaciones de poder y exclusión en cada territorio (Entrevista Leydy Benjumea, 2022).

Los consejos como plataforma para una agenda más amplia

La participación en los CTPRC también ha respondido a la agenda de reconocimiento de las personas LGBTI, logrando ejecutar actividades que contribuyen a la no estigmatización en términos de diversidad de género y sexual, y la articulación de sectores heterogéneos de la sociedad civil para lograr un territorio en paz y generar un espacio incluyente y seguro para las personas LGBTI. Estos elementos evidencian la materialización de una paz queer, una paz que confronta, transforma y crea realidades individuales y colectivas. Un ejemplo está en el municipio de La Montañita (Caquetá). En 2021, este CTPRC definió en la agenda de actividades de la Semana por la Paz, la “Escuela de Colores por la Paz”, una iniciativa que promovieron los jóvenes, personas LGBTI e indígenas del consejo para prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes y propiciar la reconciliación comunitaria (Pastoral Social - Cáritas Colombiana 2021a).

Igualmente, gracias al dinamismo del Movimiento Juvenil 15 de agosto⁹, una agrupación de jóvenes que pertenece al consejo de paz, el CTPRC de Samaniego logró construir una iniciativa en la que se presentó Artix, una persona no binaria, originaria de Samaniego y reconocida en Nariño por su activismo político por los derechos LGBTI, quien hizo un performance por primera vez en su propio municipio. Esta iniciativa versó sobre los estereotipos de género contra las personas con identidades diversas (Entrevista David ^{Heredia 2022}).

El CTPRC de El Carmen de Bolívar, gracias a un proceso de acompañamiento externo, logró en octubre de 2021 crear iniciativas específicas para personas LGBTI, tanto en zonas urbanas como rurales del municipio, reconociendo su experiencia diferenciada. Primero hicieron el “Conversatorio de Empoderamiento de Género” para dialogar sobre avances y necesidades vigentes con las personas LGBTI de la zona urbana del municipio. Después, realizaron el “Conversatorio Arcoiris”, con el que lograron conocer la situación actual de las personas LGBTI que habitan la zona rural. A partir de este conversatorio, crearon y acordaron un plan de acción municipal LGBTI, que será presentado a la Alcaldía y que esperan sirva de base para una futura política pública LGBTI, de mujer y género del municipio.

Este tipo de acciones, generadas a partir de la incidencia LGBTI en el CTPRC, permiten considerar al Consejo de Paz como una instancia “consciente”, en donde “Hoy por hoy hablan de políticas públicas LGBTI” (Entrevista Tito Muñoz 2022). Respecto de acciones futuras, el consejero Tito Muñoz ha pensado visibilizar la resistencia de las mujeres trans del municipio, quienes en su mayoría ejercen el trabajo sexual. Leydy Johana Benjumea Sepúlveda, consejera del Valle, también menciona la importancia de las mujeres trans en este proceso. Para las trabajadoras sexuales trans, la confianza y la reconciliación es difícil cuando las violaciones de sus derechos persisten y en muchos casos, son actores de la fuerza pública o la institucionalidad quienes los transgreden (Entrevista Leydy Benjumea 2022).

La inclusión de una agenda para los derechos de las personas LGBTI en los CTPRC ha sido apoyada por un proceso organizativo en el territorio. En los CTPRC, las organizaciones LGBTI se articularon con otros movimientos que también han vivido el conflicto armado, facilitando la creación de una paz crítica, pero mediados por una paz negativa. Esto muestra que las paces no son excluyentes, sino que conviven paralelamente. La agenda LGBTI que se ha hecho visible en el CTPRC de El Carmen de Bolívar también se ha articulado con mujeres víctimas de violencia sexual y otro tipo de violencias, jóvenes, ancianos y todo proceso organizativo vigente en el territorio. Desde la emancipación de los actores locales se estaría construyendo la paz territorial. Además de crear espacios incluyentes de forma externa, también los han creado hacia dentro:

A veces yo me quedo solamente escuchando, y me dicen [los otros miembros del consejo de paz]: “Tito, podemos hacer desde la población LGBTI esto, desde las chicas trans esto, con los hombres gay esto”. Me llama la atención que haya un espacio tan incluyente. Cuando interrumpo, es que las cosas están mal dichas o yo puedo aportarlo [sic] de otra manera. (Entrevista Tito Muñoz 2022)

Donde hay organizaciones o un movimiento establecido, los CTPRC son importantes como una plataforma de oportunidad para consolidar su agenda; de lo contrario, no se presentarían propuestas al Consejo de Paz y se subutilizaría el espacio. Michael Tafur, representante LGBTI del CTPRC de Santiago de Tolú, y Elvis Sánchez, persona LGBTI del mismo municipio, reiteraron la importancia de organizarse, ser respaldados institucionalmente en este proceso de organización y articularse entre personas con identidades diversas y con otras organizaciones, con el fin de lograr beneficios colectivos para las personas LGBTI del municipio. Sin embargo, cuando predominan los intereses individuales sobre los intereses colectivos y no se cuenta con una formación política, un autorreconocimiento y un tejido organizativo robustos, no se pueden crear acciones públicas significativas “que trasciendan a los gobiernos” (Entrevista David ^{Heredia 2022}). La capacidad organizativa y el autorreconocimiento de las personas con identidades de género y sexuales diversas son factores determinantes para que la participación y representación en los CTPRC sean un camino para avanzar en una agenda de derechos LGBTI.

Un ejemplo de la relación entre capacidad organizativa e incidencia ante el Consejo Territorial de Paz se observa en el Consejo Departamental de Paz de Córdoba, que ejecutó como parte de su plan de acción el “Primer Encuentro para liderazgos LGBTI - OS/IG” para contribuir a la construcción de la política pública departamental que garantice “los derechos de las personas LGBTI” (Pastoral Social - Cáritas Colombiana 2021b). Igualmente, el Consejo Departamental de Paz de Nariño creó cuatro comisiones: i) educación, pedagogía y cultura para la paz; ii) seguimiento al acuerdo, iii) veeduría y garantías de no repetición, iv) género y sexualidad. Esta comisión de género está compuesta en gran medida por mujeres, pero tiene el acompañamiento de personas con identidad de género diversas, quienes promueven la adopción de políticas específicas de género, denuncian diferentes circunstancias que afectan a las personas LGBTI y proponen políticas públicas de género (Entrevista David ^{Heredia 2022}). Asimismo, en Leiva (Nariño), las personas con identidades sexuales y de género diversas se organizaron y conformaron la mesa de identidad de género. El representante LGBTI del consejo de paz también pertenece a la mesa de identidad del municipio.

La capacidad organizativa, la experiencia y el conocimiento de la organización postulante permiten tener mayor legitimidad y representatividad en el sector representado. Ese es el caso del consejero Heriberto Mejía, quien, gracias a la cofundación, coordinación y participación en la mesa LGBTI de Barranquilla y Atlántico -la cual agrupa la mayoría de las organizaciones, colectivos y espacios LGBTI del distrito y el departamento- logró postularse en nombre de Caribe Afirmativo y ser elegido para representar a las personas LGBTI en el Consejo Distrital de Paz de Barranquilla.

Esa capacidad organizativa y ese conocimiento no están dados de forma automática ni son naturales. Existe un proceso pedagógico consciente, que facilita que se fortalezcan tanto los consejos de paz como las personas LGBTI representadas. Tal es la experiencia del consejo departamental de paz del Valle del Cauca, en donde la consejera LGBTI se ha vinculado a cursos y diplomados a raíz de su participación en el CTPRC. Esto le permite transmitir el conocimiento y las nuevas capacidades adquiridas sobre los consejos de paz a las personas LGBTI. Para la consejera Leydy Benjumea, el conocimiento fortalece el movimiento, por eso señala que es importante capacitar lideresas LGBTI y así lograr garantías de participación y de derechos humanos (Entrevista Leydy Benjumea 2022).

Los CTPRC también son espacios para crear capacidades y compartir buenas prácticas de participación. Un CTPRC que funcione podrá replicar con mayor facilidad sus aprendizajes a otros consejos de paz. Así lo ha hecho el CTPRC de El Carmen de Bolívar, cuyo consejero LGBTI ha impulsado que otros municipios cercanos con CTPRC, como San Jacinto de Bolívar, incluyan a personas LGBTI, y que sean tratadas con su pronombre y su reconocimiento de género, atendiendo a la dimensión política del lenguaje y la paz (Entrevista Tito Muñoz 2022). Paralelamente, se identifican dos percepciones opuestas que dan cuenta de la heterogeneidad territorial y que confirman que las experiencias de paz y participación son diversas. Por un lado, hay una percepción de que existen muchos escenarios de participación, que pueden abrumar a quienes participan, como ocurrió con Tito Muñoz, antes de ser un miembro activo del CTPRC de El Carmen de Bolívar, y que consideró no pertenecer al Consejo de Paz porque ya asistía a otros escenarios. Al observar la relevancia del consejo, decidió movilizarse e incidir en este espacio.

Por otro lado, en algunas regiones de Nariño se percibe que no se tienen muchos escenarios de participación para las personas LGBTI, tanto en el marco del acuerdo como por fuera de este, puesto que no es obligatorio legalmente y algunas autoridades locales solo cumplen lo que dice la ley (Entrevista David ^{Heredia 2022}). Lo anterior implica que, como se señaló en una reunión de consejeres LGBTI en 2020, tanto a nivel nacional como territorial, “no se trata solo de participar, sino para qué se quiere participar” (Caribe Afirmativo 2020, 3).

La paz transformadora y territorial en la práctica

Las regiones representadas en las entrevistas para este estudio han tenido una trayectoria histórica de afectación por el conflicto armado, pero también han padecido violencias físicas, sexuales y simbólicas ejercidas por otros actores y por la sociedad en su conjunto, reproduciendo indiferencia y discriminación. Esto ha generado dinámicas de desconfianza entre las personas LGBTI y sus comunidades. Así lo manifiesta Leydy Benjumea:

La paz territorial es una vida sin violencias. Es el cambio en los escenarios políticos territoriales, para transformar [...] redistribución de tierras y garantías para que las personas LGBTI pueden volver a sus territorios sin discriminación. (Entrevista Leydy Benjumea 2022)

Al revisar las entrevistas y los documentos de los CTPRC se encuentran visiones de la paz para las personas LGBTI que van más allá del fin de la violencia. Se trata de reflexiones de una paz transformadora. Una paz cotidiana en su papel como ciudadanxs, pero incidente en su dimensión organizativa y participativa. Es, por tanto, una dimensión colectiva que beneficia a todo un territorio. La paz para estas personas significa una paz incluyente y colorida, una paz en la que “cabemos todos”, sostenible y duradera. Es una paz que se basa en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, pero que debe avanzar a unas agendas de redistribución de bienes y servicios y acceso universal a los derechos humanos; es decir, hacia la implementación de aquellos compromisos del acuerdo que buscan una mayor inclusión social y económica, no solo política, contemplados, por ejemplo, en el punto 1 sobre la reforma rural integral. Esta paz aún no se logra completamente, pues existen todavía varios obstáculos, evidenciados en los bajos niveles de implementación de los puntos 1, 2, y del enfoque de género del acuerdo (Instituto Kroc 2022b; ^{Fajardo 2021}).

En las entrevistas todxs lxs participantes identificaron la estigmatización como una barrera para la plena participación y como un problema crítico para superar a través de su participación en los CTPRC, puesto que implica consecuencias peligrosas para la vida de las personas LGBTI. Mientras lxs consejerxs trabajan por la reconciliación y la paz, hay casos de violencias contra las personas LGBTI en sus municipios y departamentos (Entrevista Leydy Benjumea 2022; Michael ^{Tafur y Elvis Sánchez 2022}). La visibilidad de las personas LGBTI no ha sido posible en ciertos contextos y agendas locales de paz, como ocurre en algunos municipios de Nariño, debido en parte a un temor a los actores armados ilegales (Entrevista David ^{Heredia 2022}).

El consejero Tito Muñoz recuerda que, durante los períodos más intensos del conflicto armado en los años noventa y principios del siglo XXI¹⁰, en El Carmen de Bolívar les tiraban tomates y los agredían física y sexualmente. Hoy percibe un municipio más seguro y menos violento para las personas LGBTI, pero reconoce que persisten otro tipo de vulneraciones, como el no reconocimiento de la identidad en espacios institucionales y públicos al nombrarlos en lenguaje masculino, a pesar de ser expresamente una mujer, o el hurto de una bandera LGBTI, “porque no la querían ver en espacio público” (Entrevista Tito Muñoz 2022). Es decir, las formas de violencia contra las personas LGBTI pueden mutar, pero aún no se eliminan completamente.

Una demanda recurrente por parte de las personas LGBTI es la igualdad de derechos, la visibilidad y la transformación cultural, que va más allá de lo que ocurre en una instancia de participación (Entrevista con David ^{Heredia 2022}). Igualmente, la vigencia de la estigmatización y los contextos conservadores, mediados por discursos religiosos excluyentes, desincentivan la participación de las personas LGBTI en espacios públicos y de visibilidad como los CTPRC (Entrevista David Heredia 2022), lo que demanda mayores esfuerzos institucionales, tanto de la sociedad civil como de la institucionalidad local para su efectiva inclusión. La aspiración es a que las personas LGBTI puedan ser libres, independientemente del espacio en el que se encuentren, que sean reconocidas y accedan a salud, trabajo, educación, organización y participación, y que se eliminen definitivamente las violencias, empezando por la humillación (Entrevistas Tito Muñoz 2022; Michael ^{Tafur y Elvis Sánchez 2022}; Leydy Benjumea 2022).

Los planes de acción de los consejos territoriales de paz también deben pasar del papel a la práctica y construirse de forma afirmativa, para que “lo que se escriba es lo que se hace” (Entrevista Tito Muñoz 2022). A pesar de vivir contextos adversos y lamentar la falta de implementación territorial del acuerdo, las personas LGBTI, en calidad de consejerxs de paz, se reafirman como constructorxs de paz y trascienden la concepción negativa de la paz a partir de la victimización. De esta forma, pasan a una visión de paz posliberal y a la construcción colectiva de la paz desde la agencia del Estado local y las personas y organizaciones LGBTI.

Conclusiones

Los CTPRC han significado oportunidades de representación y participación para las personas y organizaciones LGBTI. El Decreto Ley 885 y la normatividad local de los CTPRC abren espacios de participación formal para trabajar por cambios en los prejuicios y estigmatizaciones contra las personas LGBTI. Se evidencia la articulación de liderazgos LGBTI y otras expresiones organizativas territoriales, como también una ampliación del margen territorial de acción social de organizaciones y personas LGBTI. Se ha visto un impacto desde la participación en los CTPRC en la perspectiva LGBTI en las políticas de paz. En algunos casos, se han transformado las lógicas de actuación, interacción y creación de agendas de los propios consejos territoriales de paz. Este tipo de acciones muestran que los consejos son parte de una propuesta de paz transformadora, para transitar la paz territorial con una perspectiva LGBTI, desde el papel y la norma a la práctica, la acción y la realidad concreta; y que las personas LGBTI han utilizado estos escenarios y agendas de incidencia, transformando inicialmente su lugar marginal y excluido. Esto las ratifica como sujetos políticos y constructores de nuevas realidades desde lo local y en sus entornos más próximos, para atender sinérgica y articuladamente a las necesidades de sus territorios en general, y a las personas LGBTI en particular.

Esta investigación evidencia que los CTPRC son una plataforma para gestionar el pleno ejercicio de los derechos LGBTI. Los CTPRC son un escenario de participación altamente plural, que construyen y otorgan el reconocimiento que las personas LGBTI demandan. La incidencia LGBTI en este escenario parte de un tejido organizativo, sustentado y amplificado por la articulación entre organizaciones. Pero también las decisiones locales, el relacionamiento interno y externo y el grado de apropiación sobre su conformación y funcionamiento, al igual que la persistencia del conflicto armado afectan su operatividad y las cualidades de participación. Así, son factores que ayudan a explicar los vacíos de implementación y los impedimentos de la participación.

En ese sentido, la construcción de paz y la participación continúan siendo un proceso que se ubica en tiempo, espacio y actores, respondiendo así a la realidad de los territorios; y que es heterogéneo, no lineal o evolutivo, lo que corrobora la utilidad del concepto de paz territorial. Las visiones de paz de las personas LGBTI en los territorios de Colombia incluyen conceptos y políticas que permiten su incidencia e invitan a indagar y reconocer las experiencias concretas de participación, entendiendo que suceden dentro de un contexto histórico y vigente de violencia, inseguridad y estigmatización contra las personas LGBTI en zonas rurales y dispersas.

Además, existe una brecha histórica en el acceso a la garantía de los derechos LGBTI y aún no ha pasado suficiente tiempo ni consolidación de la implementación territorial del acuerdo para que la participación tenga un alto impacto en los derechos humanos de las personas LGBTI y se rectifiquen los rezagos. Proponer una paz LGBTI o queer es plantear una paz que avance específicamente en los derechos humanos de las diversidades sexuales y de género, de manera diferenciada. El acuerdo y los CTPRC por sí solos no son suficientes para atender esas brechas, sino que hacen parte de un engranaje de paz, máxime cuando los actores armados siguen teniendo injerencia en los territorios y la vida de las personas LGBTI. De ahí la importancia de generar entornos más seguros y no estigmatizantes.

Los desafíos muestran la necesidad de seguir fortaleciendo la participación y visibilidad de las personas LGBTI, pues sigue existiendo una relación directa entre un menor reconocimiento de su liderazgo y una menor participación en los espacios de paz generados por el acuerdo. Así, se reafirma la pertinencia de esclarecer los factores de discriminación y los prejuicios sociales que motivaron la violencia y la falta de legitimidad impuesta a la existencia de los cuerpos y vidas de las personas LGBTI en el conflicto armado, que aun inciden en su menor participación y reconocimiento positivo en las comunidades y en los diferentes espacios particulares de paz.

La estigmatización se configura como un gran reto para la participación LGBTI en la implementación del acuerdo, que puede impactar negativamente otros escenarios de visibilidad. Este fenómeno se reafirma como factor determinante para tomar la decisión de participar o no, pero trasciende el escenario de participación, afectando la vida cotidiana y colectiva de cada persona LGBTI. Quienes lideran procesos organizativos y participativos asumen mayores riesgos de seguridad por su grado de visibilidad. Esto evidencia que aún falta por cumplirse con las expectativas y aspiraciones de las personas LGBTI de habitar entornos seguros, incluyentes y dignos, por cuenta del acuerdo. A pesar de estos desafíos, la existencia del enfoque de género en el acuerdo sigue siendo una oportunidad para lograr cambios esperados por las personas LGBTI. Se está en el proceso de construir y lograr una transformación política y cultural de largo plazo. En consencuencia, la paz transformadora, territorial y cuir es un camino y toma tiempo en afianzarse.