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Introducción1
Desde mediados de la década de 1970, Argentina transita por un proceso de pauperización de la fuerza de trabajo, entre cuyos impactos está el aumento de un segmento de población vulnerable que profundiza sus condiciones de pobreza. Cualquiera sea el indicador que se considere (Arakaki et al. 2018; Giosa Zuazúa y Fernández Massi 2020; Ocepp 2021; ODSA 2022), es insoslayable que al menos un 35 % de la población ocupada del país desarrolla actividades que solo proveen ingresos de subsistencia2 y que en este grupo existe una brecha de género (Alonso Marzonetto y Rodríguez Enríquez 2021)3.
Este proceso es consecuencia de la dinámica del mercado laboral, que puede sintetizarse en la reducción de la tasa de creación de puestos de empleo de calidad, junto a la degradación laboral de los nuevos puestos y de gran parte de los existentes, tanto asalariados como por cuenta propia. Se define aquí el empleo de calidad como aquel que garantiza la cobertura de las necesidades básicas, que ofrece protección para riesgos laborales y para la vida inactiva, que permite una participación sindical en los lugares de trabajo y la posibilidad de ascender en la escala laboral mediante carreras profesionales (Weller y Roethlisberger 2012). A partir de este concepto, la degradación laboral se entiende como un proceso de pauperización de las condiciones laborales que supone diferentes grados y refiere a aspectos objetivos, como el nivel de ingreso, el incumplimiento de derechos laborales, la inestabilidad en la contratación, y la extensión e intensidad de la jornada laboral; a aspectos subjetivos, como el reconocimiento en el trabajo; y a aspectos colectivos que abren posibilidades de organización y sindicalización en el espacio de trabajo (Busso y Bouffartigue 2010). El déficit de empleos de calidad y la degradación laboral se traducen en mercados de trabajo que ya no generan los ingresos necesarios para la reproducción de las personas y sus familias, ni garantizan el acceso a derechos sociales, situación que se profundiza por la extensión de la mercantilización de distintas esferas de la vida, junto al deterioro de la provisión de los servicios sociales a cargo del Estado4.
En Argentina, la carencia de ingresos familiares se encara desde la política pública con dispositivos de política social asistencial. A partir de Esping-Andersen (1993), se entiende que el principio rector de la política asistencial es brindar asistencia a las personas excluidas del mercado de trabajo formal5, que no cuentan con acceso a derechos sociales de base contributiva. Para acceder a dichos derechos se exige a las personas beneficiarias que comprueben carencias y se otorga el beneficio por medio de transferencias monetarias focalizadas. A finales del siglo XX, el país presentaba un proceso acelerado de feminización de la política asistencial. Los programas solían incorporar sistemas de control del cumplimiento de la condicionalidad o contraprestación y establecer diferentes penalizaciones ante su incumplimiento (Brown y Giosa Zuazúa 2022).
En este artículo se analiza el proceso de feminización de la política asistencial, mediante un análisis histórico-empírico del mercado de trabajo argentino durante el siglo XX. Se observan distintas etapas según el modelo de acumulación imperante y se estudia en cada una cómo se afecta la relación de las mujeres de estratos medios y bajos con el empleo mercantil, la obtención de ingresos y, finalmente, la política asistencial. Se utiliza un esquema narrativo histórico, basado en estudios previos, normativas, y fuentes documentales y estadísticas. Se rastrea en la literatura especializada la trayectoria de las mujeres, interseccionando el género con la clase, lo que permite destacar las diferencias no solo entre varones y mujeres, sino también en el conjunto de mujeres, en detrimento de las mujeres de ingresos bajos.
La hipótesis es que la tendencia a la feminización de las políticas sociales asistenciales es, en parte, el resultado de la forma que adoptó el proceso de pauperización del mercado de trabajo en Argentina durante el último cuarto del siglo XX, y del lugar subordinado que, históricamente, se les asignó a las mujeres en la estructura social -división sexual del trabajo mediante- dentro de las sociedades capitalistas-patriarcales-occidentales. Coincidimos con Joan Scott (1990) cuando señala que el capitalismo se funda sobre jerarquías de género preexistentes que configuraron una tradición que vincula a mujeres y a varones de manera distinta con el empleo mercantil, lo que estructura un modelo hombre-proveedor/mujer-cuidadora, en el que las labores de las mujeres serían suplementarias o complementarias. Esto es así porque es la base sobre la que se configura la familia heteronormada, garante de la reproducción generacional e intergeneracional de la fuerza de trabajo (Arruzza y Bhattacharya 2020).
Se retoman, como complemento de esta hipótesis, los señalamientos de Queirolo (2020) para el caso argentino, cuando sostiene que existe una tradición histórica discursiva que vincula a las mujeres con el trabajo mercantil desde tres supuestos sobre los que se edifican las desigualdades existentes: que su trabajo es complementario al del varón -narrativa que habilita el pago de menores salarios y peores condiciones de trabajo para las mujeres-; que está basado en la necesidad -lo que supone que las mujeres solo trabajarán de manera remunerada en caso de no contar con un varón que las provea o cuando el ingreso de ese varón sea insuficiente-; y que es transitorio -lo que construye la idea de que el lugar propicio para la mujer es el hogar, y sus labores, la reproducción y las tareas de cuidado no remuneradas que realizan allí-. Si bien esto no es así para todas las clases sociales ni para todas las mujeres, a partir de estas narrativas e ideas se edifican desigualdades de género en el empleo mercantil que sí las afectan a todas ellas.
En síntesis, el artículo busca describir y analizar las dinámicas y transformaciones en el mercado laboral a lo largo del siglo XX y la consecuente imposición de un modelo de política asistencial que feminiza a la población beneficiaria, a la vez que reproduce un maternalismo social6 que en algunos casos “inactiva” a buena parte de las mujeres de sectores vulnerabilizados. El artículo realiza un aporte a los estudios existentes sobre mercado de trabajo y sobre políticas sociales en Argentina, y sitúa a los programas de política socioasistencial actuales como una suerte de “ajuste” a la crisis de empleo e ingresos, que además refuerza el lugar subordinado en que están las mujeres, tanto en el mundo del trabajo como en el ámbito del hogar. Luego de esta introducción, en la primera sección se revisa la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en cuatro periodos históricos del siglo XX e inicios del siglo XXI. En la segunda sección se analiza la evolución de la política asistencial y la consolidación de su patrón de feminización. Por último, se plantean las principales conclusiones.
La participación de las mujeres en el mercado laboral
La primera mitad del siglo XX
A pesar de la narrativa en torno al modelo hombre proveedor - mujer cuidadora, la información sistematizada y recopilada en la literatura muestra que una proporción de mujeres en edad de trabajar siempre estuvo vinculada al mercado laboral (Lobato 2007; Queirolo 2020). Desde su organización capitalista-urbana-industrial, Argentina contó con la participación sistemática de mujeres asalariadas en el mercado laboral. No obstante, esta fue siempre desigual en relación con los varones, tanto en lo que respecta a la tasa de participación como al nivel de remuneración: ellas eran menos y tenían un salario menor. Desde inicios del siglo XX hasta finalizar la década de 1980, la tasa de actividad de las mujeres promediaba el 25,8 % y la de los varones, el 82 % (ver gráfico 1).
Fuente: tomado de Manzano (2015), con base en datos de los censos de población de cada año citado
Gráfico 1. Tasa de participación en el mercado de trabajo según sexo desde 14 años en adelante (1914-2001)
Estadísticas oficiales basadas en estudios de caso muestran que durante la primera mitad del siglo XX los salarios de las mujeres eran entre un 30 % y un 50 % menores que los de los varones (Lobato 2007). Esta diferencia de ingresos no solo implicaba falta de equidad, sino también salarios muy bajos para las mujeres. Según Lobato (2007), las mujeres llegaban a la fábrica cuando el varón no recibía un salario suficiente para la reproducción familiar (de infancias y cónyuges) o cuando la mujer había quedado sin su compañero, por la razón que fuese. La participación de estas mujeres en el mercado de trabajo tenía un costo moral alto -en tanto su respetabilidad estaba asociada con el desarrollo de las labores sin remuneración dentro del hogar-, por lo que tener un empleo les confería un estatus socioeconómico específico.
Las habilidades y destrezas de las mujeres, más allá de que hubiesen requerido tiempo de capacitación para adquirirlas, eran valoradas desigualmente en comparación con las de los varones. La noción de trabajo calificado era aplicada de modo diferente por género. Desde un principio, las mujeres ingresaron al mercado laboral argentino bajo el rótulo de trabajadoras secundarias o auxiliares y su trabajo era concebido como complementario, lo que presupone -y permitía justificar- un salario menor. Si bien es difícil construir estadísticas diferenciadas por género y estrato social para este periodo, especialmente por el sesgo androcéntrico que predominaba en la producción de información, la evidencia histórica muestra que las mujeres de estratos bajos tuvieron una presencia importante dentro del trabajo asalariado. Durante las primeras décadas de la industrialización naciente, ellas se ocupaban principalmente en puestos de trabajo como obreras. Lobato (2007) señala que durante estos años abundan los informes oficiales sobre el trabajo femenino en industrias en expansión como la textil, en variadas fábricas y talleres, y en el trabajo a domicilio. En el sector industrial, en 1914, el 14,5 % del total del personal ocupado era femenino y las mujeres dominaban la actividad textil y de confección, en la que representaban el 61 % del total del empleo (ver Lobato 2007, 45).
Hacia la década de 1930, el sector industrial adquirió mayor desarrollo, cuando comenzó la primera etapa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que abarcó la producción de bienes finales. La actividad textil aceleró su proceso de expansión a causa del estallido de la crisis económica internacional, que tuvo efectos en la restricción del comercio internacional e incentivó la industrialización de la fibra de algodón que hasta esos años se exportaba como materia prima (mientras se importaban productos terminados). La expansión de las hilanderías, primero, y luego de tejedurías implicó cambios en la estructura del capital y del empleo que impactaron en la participación de las mujeres en el trabajo mercantil. El ingreso del capital extranjero en ramas como la textil, al tiempo que incorporaba nuevas tecnologías más capital-intensivas en la producción, también demandaba personal más calificado para las divisiones empresariales de administración y contaduría. Ello abrió, hacia mediados del siglo XX, el mercado de trabajo a mujeres de ingresos medios con otros grados de calificación.
El censo de 1947 diferencia al personal ocupado en la industria y destaca que en el sector también trabajaban mujeres de estratos medios, además de mujeres de estratos bajos que participaban como obreras. Para el total del empleo, las mujeres representaban el 14,5 % de la categoría empleadas y empleados, y el 20,6 % de la categoría obreras y obreros.
Del total de mujeres ocupadas en la industria, el 91 % eran obreras, lo que muestra que eran las mujeres de estratos bajos las que participaban en el empleo mercantil en mayor proporción. Las obreras eran numerosas en las ramas de tabaco, confecciones, textil, papel y cartón, donde su participación representaba entre el 44 % y el 69 % del total de personas ocupadas, aunque también trabajaban en proporciones importantes en las industrias de alimentos y bebidas, metálicas, maquinaria (en armado, construcción y reparación de aparatos de radiofonía), y productos químicos (en preparaciones farmacéuticas y medicinales, perfumerías y artículos de tocador). Con el desarrollo de la industria cultural, la participación de mujeres en la producción de periódicos, imprentas y talleres aumentó. Finalmente, en la industria petrolera también estuvieron presentes las mujeres como empleadas y, en muy menor proporción, como obreras (Lobato 2007).
Un factor que contribuyó a la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo fue la expansión del sector terciario entre 1914 y 1947, que también tiene un sesgo de clase. El análisis histórico muestra que las mujeres de estratos bajos que no lograban insertarse como obreras participaban del trabajo en el sector de servicio doméstico, mientras que las de ingresos medios -de mayor nivel de instrucción- lo hacían en el empleo público en los servicios de salud y educación, y en el comercio del sector privado. En educación, las mujeres se vinculaban principalmente en la enseñanza de nivel primario, en menor proporción en el secundario y en mínima cantidad en niveles universitarios (en 1930, solo el 5,8 % del plantel docente era ocupado por mujeres y en carácter de suplentes) (Lobato 2007). De esta manera, para 1947 la mano de obra femenina en el sector terciario representaba el 59 % y en los servicios, el 50 %.
Conforme la organización de la sociedad urbana alcanzaba un mayor grado de complejidad, la expansión de la industria local se reflejó en el crecimiento del empleo industrial en un primer momento, con énfasis en las actividades textiles y afines que aumentaron la demanda de trabajadoras mujeres. Sin embargo, esa mayor demanda de empleo industrial se fue aminorando con el ingreso de empresas de mayor tamaño económico, con diferente patrón tecnológico, algunas extranjeras, que generaban concentración económica en el sector y reducían la tasa de creación de empleos industriales, mientras crecía el empleo en el sector servicios. Ello se refleja en la estructura ocupacional y en el perfil de la fuerza de trabajo femenina. Las mujeres de estratos bajos perdieron peso en el conjunto del empleo industrial en su categoría de obreras, empezaron a predominar en el sector servicios en tareas consideradas poco calificadas -por ejemplo, en el servicio doméstico- y se mantuvieron en algunas pocas ramas industriales específicas -como textiles y de alimentos-. Las mujeres de estratos medios se insertaron en los nuevos sectores y actividades económicas que se expandían, como la educación, que demandaba maestras y profesoras (Lobato 2007).
Las desigualdades de ingreso por género en la época fueron materia de debate. La literatura da cuenta de que en este periodo se discutió la posibilidad de incluir salarios diferenciales fundados en el género, al momento de firmar distintos convenios de trabajo de la actividad industrial y comercial. Los convenios colectivos firmados mantuvieron las diferencias salariales. Por ejemplo, el de Empleados de Comercio n.º 108, cuya firma en 1948, si bien supuso una victoria sindical al ser precedida por una huelga de las empleadas y los empleados de comercio por la dilación que manifestaba la Asociación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio (Aapic), también reglamentó la desigualdad salarial en su artículo 2.º, donde dice: “En todos los casos, el personal femenino percibirá el 85 % de los sueldos básicos o mínimos fijados para el personal masculino”. A lo largo de los años de gobierno peronista nunca se eliminó esta inequidad del convenio (Queirolo 2018).
De treinta convenios colectivos firmados en 1954, solo en dos figuras el principio de igualdad salarial entre mujeres y varones por igual tarea, sin incorporar especificaciones adicionales con relación a la cantidad y calidad del trabajo que relativizan esa igualdad. En la práctica, sucedía una fuerte naturalización de la discriminación salarial (Kabat 2013). Es de resaltar que las organizaciones gremiales, dirigidas por varones, sostuvieron que el trabajo femenino era diferente, complementario y poco calificado. Además, en muchos casos, ellos se negaban a la contratación de mujeres en sus sectores de actividad, en tanto encontraban la puerta de entrada para el empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Como señala Lobato (2007), el hecho de que las mujeres ingresaran con salario menor a la fábrica, y una vez allí compartieran el carácter físico del trabajo y otras tareas que realizaban los varones, generaba inquietud entre ellos y por eso preferían evitar su presencia en el empleo productivo. Esto es un reflejo de las relaciones de poder que se dan entre géneros, que en determinadas circunstancias actúan como grupo social más allá de la clase (Rodríguez Enríquez 2012), amparados en discursos históricamente construidos que avalan su reproducción y los refuerzan.
Como ya se señaló, la lógica que imperaba durante estas décadas era que el varón trabajaría de manera asalariada y con su salario mantendría a toda la familia, lo que permitía justificar su mayor salario por igual tarea. Imperaba lo que Águila (2018) denomina determinación simple del salario: la relevancia de la reproducción económica/material del hogar estaba basada principal y exclusivamente en el salario individual del varón adulto. A modo de ejemplo, el Decreto/Ley 33302 de 1945 establecía que el salario mínimo era “la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones”. Esto refuerza la división sexual del trabajo y fomenta una lógica familiarista del cuidado, basada en el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares.
La modernización del empleo mercantil femenino y la tendencia de los ingresos familiares durante 1960-1975
Durante la década de 1960, las mujeres continuaron incrementando su participación en el mercado de trabajo, pero ya con un perfil diferente. Existe un consenso en la literatura especializada en cuanto a que, durante esta década y hasta mediados de 1970, este proceso se explica por el efecto de la modernización socioeconómica, que suponía cambios en las empresas y en las tecnologías aplicadas para producir las mercancías, en la estructura productiva con una mayor oferta y diversificación de servicios, en la forma de consumo de la población, en los hábitos y en la cultura de una sociedad urbana que adquiría mayor grado de modernidad y complejidad.
A fines de la década de 1950, se inició la segunda etapa de ISI, con la industria pesada, como metalúrgica, química y algunos bienes de capital, que atrajo mayor cantidad de empresas de capital extranjero a la producción local. Si bien un primer impacto fue el crecimiento del empleo industrial, por tratarse de industrias intensivas en capital, la tasa de creación de nuevos empleos industriales durante la década de 1960 se redujo en términos relativos al crecimiento de la producción. En su proceso de mayor concentración económica, las grandes empresas de capital extranjero, al mismo tiempo que redujeron su tasa relativa de creación de puestos de trabajo, concentraron una gran parte del conjunto del empleo industrial, que principalmente fue masculino (Beccaria 1989, citado por García de Fanelli 1991). Es decir, que los empleos de mejor calidad, los de las grandes empresas, eran ocupados principalmente por varones.
La actividad industrial redujo como tendencia la participación de las mujeres en el empleo, que pasó del 26 % en 1960 al 21 % en 1970, para continuar en descenso. En el caso de los varones, también la industria redujo su participación en el empleo entre esas décadas, pero luego se mantuvo constante. De hecho, en 1947 el sector industrial tenía mayor participación en el empleo de las mujeres que en el de los varones, tendencia que se invirtió desde 1960 (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Población económicamente activa según rama de actividad y sexo (1947, 1960, 1970 y 1980)
| Rama de actividad | Total | Varones | Mujeres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 1960 | 1970 | 1980 | 1947 | 1960 | 1970 | 1980 | 1947 | 1960 | 1970 | 1980 | |
| Primario | 27 | 20 | 16 | 13 | 32 | 24 | 20 | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Secundario | 30 | 36 | 32 | 34 | 29 | 38 | 36 | 39 | 34 | 27 | 21 | 18 |
| -Industria | 24 | 28 | 21 | 21 | 22 | 28 | 23 | 23 | 36 | 26 | 21 | 17 |
| -Construcción | 5 | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -Otras ramas | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Terciario | 43 | 44 | 52 | 53 | 39 | 38 | 44 | 44 | 59 | 68 | 75 | 79 |
| -Comercio | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 | 14 | 16 | 18 | 8 | 12 | 16 | 19 |
| -Transporte | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| -Servicios | 21 | 23 | 28 | 30 | 16 | 14 | 21 | 20 | 50 | 54 | 57 | 59 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: García de Fanelli (1991). Información censal.
La mano de obra femenina de estratos medios (con mayor nivel de instrucción) fue absorbida por los servicios productivos y los servicios sociales que continuaron expandiéndose en salud y educación. La mano de obra de estratos bajos que no logró incorporarse como obreras o en el servicio doméstico7 ingresó al sector de comercio minorista. Según destaca García de Fanelli (1991), la incorporación de mujeres en los servicios coincide con la caída en el nivel de ingreso promedio del sector y con el aumento del grado de informalidad.
De igual manera, durante la década de 1960 y hasta mediados de la de 1970, se dio un crecimiento significativo en los niveles de salario real promedio. Como muestran Arceo et al. (2008), entre 1969 y 1974 los salarios reales en Argentina se incrementaron en un 31,1 %. Si bien esta información no está desagregada por género, asumimos que este aumento impactó positivamente sobre el conjunto del mercado de trabajo, pero de manera segmentada, y reprodujo las desigualdades observadas en otros periodos para mujeres y varones, y para los distintos estratos sociales.
No obstante, a partir de 1970, con el incremento de mujeres en el mercado de trabajo, comenzó a desdibujarse la figura del varón como único proveedor de ingresos del hogar: “la normalidad deja de ser que el salario del varón debe incorporar los medios de vida de las mujeres de manera general” (Águila 2018, 193). Un ejemplo en este sentido es el cambio que se dio hacia 1974 respecto a la forma familiarista de concebir el salario mínimo, ya que con la promulgación de la ley de contrato de trabajo (Ley n.° 20744) su definición se modificó. A partir de este momento, el salario mínimo fue por normativa aquel que le asegure la reproducción de la vida solo al trabajador; para la reproducción familiar, aparece una nueva figura: las asignaciones familiares8 (Ley n.o 20744, art. 116).
Pese a que la lógica familiarista de reproducción de la vida continuó vigente y enmarcada en la desigual división sexual del trabajo, de modo que recae en las mujeres la carga de trabajo de cuidado no remunerado, el cambio de definición legal del salario mínimo parece ilustrar una tendencia de la época, que es el establecimiento de unos salarios independientes de los ingresos que se requieran para la reproducción familiar. Este cambio es de relevancia para este análisis, en tanto pareciera augurar la degradación de los salarios que vendría después (sobre todo, el de los varones), en un contexto de aumentos de la precariedad y de la flexibilización laboral. Simultáneamente, la nueva institucionalidad transfirió al Estado parte de la responsabilidad de organizar y efectivizar la reproducción social, que terminaría asumiendo de manera parcial e incompleta: excluyó a un segmento importante de infancias y adolescencias, al cubrir solo a la población asalariada registrada9, y no proveía suficientes servicios de cuidado para la reproducción de las familias.
La primera desestructuración del mercado de trabajo argentino y sus impactos en el empleo de las mujeres: 1976-1990
A partir de 1976 comenzó un periodo de estancamiento económico, caída del empleo industrial, fuerte caída del salario real y de la participación de los asalariados en el PBI -se pasó del 45,3 % en 1974-75 al 30,3 % en 1976-80-, lo que aumentó el empleo no asalariado, el empleo en pequeñas empresas y el empleo asalariado no registrado (Giosa Zuazúa 2005). Estos indicadores dan cuenta del inicio de la desestructuración del mercado de trabajo argentino que, con el tiempo, se transformaría en una pauperización generalizada.
Durante estos años se evidenció un doble proceso. Por un lado, la tasa de actividad de los varones disminuyó -desalentados por la crisis y el aumento en el desempleo abierto de larga duración- y la de las mujeres se incrementó (García de Fanelli 1991). Sin embargo, a diferencia del aumento en la participación femenina durante las décadas previas, los análisis explican el de este periodo principalmente por la caída del ingreso de las familias. Los salarios reales entre 1976 y 1982 fueron, en promedio, un 32,8 % menores a los de 1974 (Arceo et al. 2008).
La desestructuración del mercado de trabajo tuvo impactos diferentes según el sector de actividad, y el de la industria fue el más afectado. A partir de 1976 y especialmente en la década de 1980, el empleo industrial cayó como consecuencia del proceso de desindustrialización que se desencadenó con las políticas económicas implementadas. Esto afectó a varias ramas, pero especialmente a la industria textil, por la apertura de las importaciones, lo que generó una fuerte expulsión de empleo femenino del sector que permaneció en condición de desempleo abierto o se ocupó en el servicio doméstico -en este sector, el total de mujeres ocupadas aumentó del 18,5 % en 1980 al 21,5 % en 1988-.
Las mujeres de estratos medios con nivel educativo secundario o terciario continuaron ingresando al mercado de trabajo en el sector público o en los servicios sociales y financieros; algunas de ellas también ensancharon las cifras del desempleo abierto. Hacia 1988, en Buenos Aires, el 5 % de las mujeres de ingresos medios estaban desocupadas, mientras que esta situación llegaba al 12,4 % en el estrato de bajos ingresos (García de Fanelli 1991).
La incipiente relevancia relativa que en estos años tuvo la tasa de desempleo abierto es una expresión más de los variados problemas de empleo que se expresan en el mercado de trabajo argentino y debe leerse como parte de su pauperización10. La necesidad de compensar el deterioro de los salarios reales, que afectó especialmente a los varones -por ser quienes más participan en el mercado de trabajo y por hacerlo con mayores salarios- y que impactó en el conjunto de los hogares limitando sus posibilidades de reproducción, empujó a muchas mujeres de distintos estratos sociales a incorporarse al mercado de trabajo. A partir de este momento, muchas de las que ingresaban al mercado laboral ya no se retiraban. En este sentido, se verifica cada vez menos el rol que la tradición histórica patriarcal les adjudicó a las mujeres como mano de obra complementaria (Barrancos 2010; Scocco 2018; Jelin 2020).
Cualquiera sea el indicador que se tome, a partir de 1976 se dio una caída fuerte del salario real en el mercado de trabajo de Argentina (ver gráfico 2). Durante los 46 años siguientes, y con oscilaciones, el salario no recuperará en ningún momento los niveles alcanzados durante el primer quinquenio de 1970.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina/UCA 2022 y Databases, Ceped
Gráfico 2. Evolución del salario real (1955-2018 / 1974-2022)
Es decir, como parte del fenómeno incipiente de pauperización del mercado de trabajo, el déficit de creación de empleos de calidad va de la mano de la caída del salario real que, al mismo tiempo que desplaza el lugar del varón como único proveedor, sanciona la necesidad de que los hogares cuenten con más de un ingreso para la reproducción familiar. Esto, en el marco de las brechas de ingresos por género que se sostienen en el tiempo, implica que sean los hogares nucleares de jefatura femenina los más damnificados. En cualquier caso, para las mujeres de todos los sectores sociales, las tendencias serán relaciones salariales “atípicas”, trabajo temporario, y jornadas laborales a tiempo parcial y sin derechos sociolaborales (García de Fanelli 1991).
Degradación y pauperización del mercado de trabajo durante la década de 1990 y su consolidación durante los 2000
En 1990 el escenario se complejizó. Las reformas estructurales regresivas en el marco del Consenso de Washington supusieron una apertura externa y una desregulación de los mercados, incluido el mercado de trabajo, lo que modificó la legislación laboral e incrementó el grado de desprotección del conjunto de personas que vivían del trabajo remunerado; transformó la estructura ocupacional al destruir el empleo en la manufactura, en la construcción y en parte del comercio; se expandieron distintos servicios, muchos desarrollados por pequeñas empresas, de menores calidades laborales (Giosa Zuazúa 2000). Estas transformaciones amplificaron y profundizaron la incipiente pauperización del mercado de trabajo argentino sucedida en el quinquenio anterior, lo que marcó una tendencia sin señales de retorno.
El proceso de destrucción de empleo asalariado en la manufactura no tuvo el mismo impacto que a mediados de la década de 1970. En aquellos momentos, las personas expulsadas de empresas industriales se ubicaron en las actividades de construcción, de reparaciones y de comercio, muchas como trabajadores por cuenta propia (Lobato 2007). En la década de 1990, por el contrario, la destrucción de puestos asalariados se expresó en el aumento generalizado del desempleo abierto. De hecho, una de las características de esta década fue la elevada tasa de desocupación11 que no solo se nutrió de trabajadores expulsados de diferentes empresas, sino también de personas -principalmente mujeres- que ingresaban desde la inactividad en busca de empleo por el deterioro del salario real. Un efecto redoblado de lo sucedido en los años previos.
En la destrucción de puestos de trabajo asalariado predominaron aquellos ocupados por varones jefes de hogar12, ya que las más afectadas fueron ramas de actividad masculinizadas como la industria manufacturera y la construcción. La contracara de esto fue el incremento de la tasa de actividad de las mujeres, empujadas a participar en el mercado de trabajo por la situación descrita; algunas consiguieron empleo y otras permanecieron en el desempleo abierto13. La tasa de desempleo masculina, que en general siempre había sido menor que la de las mujeres, se igualaba en 2001 alrededor del 16 %. Esto ilustra la envergadura de una crisis que, en la medida en que destruía puestos de trabajo ocupados por varones que pasaban al desempleo, empujaba a las mujeres al mercado de trabajo y las sumaba también a las filas de las desempleadas (ver gráfico 3 y gráfico 4).
Fuente: elaboración propia con base en Pérez (2008). Encuesta Permanente de Hogares, total de aglomerados urbanos
Gráfico 3. Evolución de la tasa de desocupación según sexo (1990-2003)
Fuente: elaboración propia con base en Pérez (2008). Encuesta Permanente de Hogares, total de aglomerados urbanos
Gráfico 4. Evolución de la tasa de actividad según sexo (1990-2003)
Otro rasgo significativo de este periodo es una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que ya no desciende en las edades de fecundidad y crianza, como ocurría con las mujeres de estratos medios hacia mediados de siglo, sino que tiende a mantenerse a lo largo del ciclo de vida (Barrancos 2010). No obstante, el comportamiento fue diferente en función del estrato social. Mientras la tasa de actividad de las mujeres de estratos medios casi no se modificó y su tasa de desempleo creció moderadamente, en el caso de las mujeres de estratos bajos, tanto la tasa de actividad como la de desempleo se incrementaron notoriamente14. En efecto, Pérez (2008) sostiene que en la década de 1980 el incremento en la tasa de actividad de las mujeres se explicaba por el comportamiento de aquellas pertenecientes a las clases media y media alta; y en la década de 1990, en un contexto de alto desempleo y baja salarial, las mujeres de estratos bajos eran las que daban lugar a este fenómeno15.
Una proporción de las mujeres de estratos medios, como en otras crisis experimentadas por la economía argentina, abandonaron su participación en el mercado de trabajo probablemente desalentadas por ensanchar también las cifras de desocupación y absorbieron las tareas de cuidado para las que antes contrataban a otras mujeres de ingresos bajos. En los estratos de bajos ingresos, las mujeres que lograron insertarse en el empleo inicialmente lo hicieron en el servicio doméstico, hasta que la crisis de la segunda mitad de la década dejó a muchas de ellas en desempleo abierto: en 1991, el 41 % de las mujeres pertenecientes a hogares de estratos bajos se ocupaba en el servicio doméstico; en 1997, cuando aumentó la desocupación, el 17 % de las desocupadas declaraban al servicio doméstico como empleo anterior (Cortés 2000). Si bien, en el marco de esta crisis de empleo, fueron las mujeres -más que los varones- quienes accedieron con menor dificultad a algún empleo, se trataba de empleos de baja calidad laboral: el 47 % de las mujeres ocupadas lo estaba en el sector informal y, entre las asalariadas, el 40 % no estaban registradas (Barranco 2010; Pérez 2008).
Los problemas de empleo en Argentina se convirtieron en estructurales a partir de la década de 1990. Si bien la recuperación económica desde 2004 resultó en una baja notable del desempleo con una recuperación de los salarios, los problemas de calidad del empleo se mantuvieron. Como se mencionó en la introducción, la tendencia indica que, a partir de los años 2000, al menos un 35 % de la población ocupada del país desarrollaba actividades que solo proveían ingresos de subsistencia con desigualdades de género, ya que, de las mujeres ocupadas, la proporción que realizaba este tipo de actividades era mayor que en el caso de los varones. Durante lo que va del siglo XXI, se observa una tasa estructural de empleo asalariado no registrado que oscila alrededor del 35 %, a lo cual se agrega una tasa de presión sobre el mercado laboral del 15 % (tasa de desocupación más subocupación) y se profundizan los problemas de segmentación laboral (Brown 2020).
Emergencia, desarrollo y consolidación del modelo asistencialista como política compensatoria de ingresos: masificación y feminización
Durante la década de 1990, mientras se profundizaba la desregulación y flexibilización de los mercados laborales, se sentaban las bases institucionales para la contención social del conjunto de la población pauperizada. A partir de 1993 y en el marco de la Ley 2401316, se comenzaron a implementar los primeros programas de asistencia social. Al finalizar la década, se habían implementado más de 30 programas diferentes que permitieron complementar los ingresos de un número de hogares en ascenso. Conforme se ampliaba la crisis, lo hacía también la población destinataria. En 1994, el primer programa de envergadura -Programa Intensivo en Trabajo (PIT)- alcanzó alrededor de 70.000 personas perceptoras; en 1997 este número superó los 330.000 con la implementación del Programa Trabajar; en 2002, con el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD), se alcanzó una población beneficiaria de más de 2 millones de personas (Brown 2020).
La participación de mujeres en estos programas también crecía conforme se agudizaba la crisis y algunos programas lo reflejan en su normativa. Por ejemplo, el PIT estableció explícitamente un cupo del 20 % para la participación femenina. Los programas que le siguieron contaron con mayoría de mujeres, pese a que esto no estuviese definido en la letra de los programas. El PJyJHD, que inauguró el proceso de masificación de la política social asistencial, también fue feminizado: en 2002, el 64 % de las personas que percibían el programa eran mujeres (sobre 1,8 millones de personas); en 2005 esta proporción ascendía al 74 % (sobre 1,5 millones).
El PJyJHD merece una mención especial porque constituyó el hito de consolidación de este tipo de políticas y de su feminización. Fue implementado en 2002 y dirigido a los hogares con infancias a cargo, y cuyo jefe o jefa del hogar se encontrara en situación de desocupación. Consistía en una transferencia monetaria mensual que se pagaba al jefe o jefa del hogar a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias, y condicionado a la comprobación del cumplimiento del plan de vacunas anuales obligatorias y de asistencia escolar de las infancias a cargo. Si bien se esperaba que se inscribieran alrededor de 500.000 personas con jefatura de hogar (mayormente varones), el programa fue sobrepasado por la inscripción de más de 2 millones de personas, la mayoría mujeres en condición de pobreza, de baja calificación laboral, que habían experimentado largos periodos de desempleo y que estadísticamente eran consideradas cónyuges inactivas (Rodríguez Enríquez y Reyes 2006).
Ya en la primera mitad de la década del 2000, se identifica un segmento populoso de mujeres de estrato social bajo y con responsabilidades de cuidados a cargo, que integran hogares que manifiestan déficit de ingresos para la supervivencia, al tiempo que expresan graves problemas de inserción laboral en trabajos mercantiles. Este segmento de la población de mujeres que se visibiliza con la implementación del PJyJHD devendrá en una población beneficiaria de un tipo de política social asistencial con eje en programas de transferencias monetarias condicionadas, abonados a las madres como beneficiarias operativas de las infancias, y con corresponsabilidades vinculadas a su cuidado (salud y educación)17.
Esta tendencia a la feminización de la política social se afianza con la orientación que se aplicó a la desarticulación del PJyJHD. Como muestran varios estudios (Pautassi 2004; Campos, Faur y Pautassi 2007; Rodríguez Enríquez 2008), este proceso se consolida institucionalmente con el Decreto 1506/2004, que establece la migración programática de las personas titulares del PJyJHD en función de sus “condiciones de empleabilidad”, y señala que “los beneficiarios con posibilidades de empleo” pasarán a la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mientras que aquellas personas que no las tengan serán trasladadas a programas de atención a grupos vulnerables del Ministerio de Desarrollo Social. En este último conjunto se agrupó a las personas mayores de 60 años y a las mujeres con cargas familiares, y fueron consideradas directamente inempleables (Rodríguez Enríquez y Reyes 2006). Este grupo se conforma bajo el argumento de que el PJyJHD había atraído “artificialmente” a una gran cantidad de mujeres al mercado laboral que, si bien se declararon desocupadas al momento de inscribirse en el programa, se habían refugiado en la inactividad, sobre todo por no poder resolver la tensión entre trabajo remunerado y trabajo de cuidado no remunerado, en un contexto de ausencia de políticas específicas de cuidado infantil y por la falta de empleos mercantiles compatibles que las absorbieran.
De esta manera, la mayoría de los varones restantes del programa migraron al Seguro de Capacitación y Empleo a partir del cual asistieron a talleres de capacitación y formación que teóricamente los ayudarían en la transición al empleo en el sector privado. Por el contrario, la gran mayoría de mujeres migraron al Programa Familias para la Inclusión Social que les proporcionó una transferencia económica en función de la cantidad de infancias que tuvieran, sin exigir contraprestaciones vinculadas con el mundo del trabajo remunerado ni ofrecer oportunidades de empleo. Las contraprestaciones que exigía este programa se vinculaban a las tareas de cuidado hacia las infancias. El programa alcanzó entre los años de ejecución (2004 a 2009), en promedio, casi medio millón de mujeres titulares de cobro y alrededor de dos millones de infancias (Brown 2020).
La tesis de que esta etapa significó la consolidación de un paradigma de política social asistencial, en la que se introdujeron estos programas masivos y feminizados, se evidencia en lo que sucedió desde entonces. Vale la pena remarcar que el plan Familias fue la antesala de la asignación universal por hijo, hija y/o por embarazo (AUH y AUE)18, programas implementados a finales de 2009 y que sobrevivieron casi incuestionablemente varios cambios de gestión gubernamental. Estos programas abarcan a un universo que promedia los 3,5 millones de infantes, y establece a las mujeres-madres como titulares de cobro y las responsabiliza del cumplimiento de las condicionalidades en educación y salud. Representa la consolidación del maternalismo social y la tensión permanente entre el sostenimiento del ingreso, la autonomía económica de las mujeres y el reforzamiento de su rol como cuidadoras (Rodríguez Enríquez 2011).
La otra cara de la política asistencial del siglo XXI la constituyen los programas que exigen contraprestación vinculada con el mundo del trabajo remunerado (trabajo por algunas horas o formación para el trabajo). En Argentina evolucionaron desde el PJyJHD al Programa de Inclusión Social con Trabajo Argentina Trabaja (durante las gestiones kirchneristas), que contó con su línea específica para mujeres (Ellas Hacen); al Salario Social Complementario y Hacemos Futuro (durante la gestión macrista)19; al Potenciar Trabajo (en la actual gestión de gobierno), orientado a sostener el ingreso de personas ocupadas mayormente en actividades de subsistencia. Estos programas también han consolidado su rasgo de feminización, lo que revela que, desde la concepción de la política asistencial y en consonancia con la dinámica del mercado laboral que se ha analizado, las opciones para las mujeres de estratos bajos, con menor nivel educativo y altas cargas de cuidado, parecen reducirse a cuidar o a trabajar en la economía popular, con las que alcanzan los ingresos mínimos necesarios para la reproducción del conjunto familiar a partir del complemento de ingresos que proviene de estos programas sociales.
Se planteó en este artículo que la tendencia a la feminización de las políticas sociales asistenciales es, en parte, el resultado de la forma que adoptó el proceso de pauperización del mercado de trabajo en Argentina durante el último cuarto del siglo XX. Como se viene diciendo, esta crisis afectó particularmente a las mujeres de bajos ingresos, especialmente a aquellas jefas de familia y de hogares monomarentales. Al mismo tiempo, que sean las mujeres de estratos bajos quienes obtienen ingresos a partir de la política asistencial y no del empleo mercantil reedita el principio de jerarquía entre géneros y clases sociales sobre las que se fundan las sociedades capitalistas, en detrimento de este conjunto poblacional.
En este sentido, la obtención de ingresos a partir de la política social asistencial no solo grafica la masificación de la crisis de empleo e ingreso de los hogares, particularmente de estratos bajos, sino que es una manifestación más del lugar subordinado de las mujeres: mientras los varones de estos hogares se ocupan en trabajos mercantiles, precarizados y en muchos casos de surgimiento ocasional, las mujeres terminan situadas en posición de perceptoras de la política social asistencial, responsables del cuidado y de la subsistencia comunitaria. En este sentido, se trata de un tipo de política social que, en su carácter asistencial, permite contener a los sectores expulsados parcial o totalmente del empleo mercantil, garantiza la reproducción social -complementando los ingresos insuficientes del trabajo mercantil precarizado- y refuerza los estereotipos de género sobre los que se asienta el proceso de acumulación en las sociedades capitalistas (patriarcales y occidentales).
A modo de conclusión
En este artículo se analizó la articulación entre la evolución de la participación de las mujeres en el mercado laboral durante el siglo XX y la consolidación de un patrón de política social asistencial feminizado en el siglo XXI en Argentina. Para ello se realizó una revisión histórica de los tiempos y formas de inserción de las mujeres en el trabajo mercantil por estratos sociales. El artículo da cuenta de que, a diferencia de lo ocurrido en la primera mitad del siglo XX, las mujeres de bajos ingresos son quienes tendrán menos posibilidades de participación relativa en el trabajo remunerado hacia finales del siglo XX y durante el siglo XXI. Con bajos niveles de calificación, mayores responsabilidades de cuidado y menos oportunidades laborales, presentan una menor tasa de actividad, en un mundo laboral con ocupaciones cada vez más precarizadas, de bajos salarios y sin derechos sociolaborales.
La profundización de una crisis social y laboral de larga data que se evidenció en la década de 1990 llevó al surgimiento y a la consolidación de un paradigma de política social asistencial orientada al maternalismo social. La feminización de los programas de este tipo es una evidencia de la hipótesis que se analizó en este artículo: dicha feminización expresa la forma que adopta durante el siglo XXI la tendencia histórica que coloca a las mujeres en un lugar subordinado dentro del mundo laboral y de la estructura social, sea en la división sexual del trabajo de cuidado dentro de los hogares y comunidades, donde se les asignó el rol de cuidadoras, o en la división sexual del trabajo mercantil, donde su ingreso al mercado de trabajo es simbólicamente interpretado como complementario para los ingresos del hogar, incluso en un contexto de incremento de hogares monomarentales. La consolidación del patrón de políticas sociales asistenciales con sobrerrepresentación de mujeres pareciera ser la forma que adopta esta subordinación durante el siglo XXI, que se muestra inalterable.
