MARIANA BECERRA SÁNCHEZ^a
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PATRICIA TRUJANO RUÍZ^b
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

^a mariana@mutalis.com Lerdo 284. Edificio Presidente. Juárez, Depto. 1009. Col. Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc. Distrito Federal. Código Postal 6900
^b trujano@servidor.unam.mx Av. De los Barrios No.1 Colonia Reyes Iztacala. Tlanepantla. Estado de México. Código Postal 54090

Resumen

El objetivo central del trabajo fue el de analizar los argumentos que emplearon residentes de un municipio de México para justificar distintas prácticas violentas perpetradas por el Estado, y que han sido usadas como estrategia en los últimos años para tratar el tema de la inseguridad pública. Para ello se llevó a cabo una investigación inserta en el paradigma cualitativo, utilizando la entrevista semiestructurada como herramienta principal. El análisis argumentativo del discurso reveló que la justificación, más que estar basada en una percepción de inseguridad generalizada, paradójicamente tenía su sustento en el descontento social con las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Los argumentos más frecuentes fueron el de la eficacia, el de la defensa y el del castigo proporcional. En cada uno de ellos se hizo presente la construcción social del delincuente, el sistema de significación sobre "lo violento", el concepto de justicia y el grado de daño percibido para el participante.

Palabras clave: percepción de inseguridad, violencia de Estado, sistema de justificación, análisis de argumentos, descontento social

Abstract

The main objective of this paper was to analyze the arguments employed by residents of a municipality of the State of Mexico to justify some violent practices perpetrated by the State and that have been used as a strategy in recent years to address the issue of public insecurity. To this effect, a research work from the qualitative paradigm was carried out,using the semi- structured interview as the main tool. The argumentative discourse analysis revealed that the justification, rather than being based on a perception of widespread insecurity, paradoxically, haditssupport on social discontent with the authorities responsible for the administration and enforcement of justice. The most frequent arguments were: efficiency, defense, and proportional punishment. In each one of them, the social construction of offenders, the meaning system about "the violent", the concept of justice and the degree of damage perceived for the participant were present.

Key words: insecurity perception, State violence, justification system, analysis of arguments, social discontent

Resumo

O objetivo central do trabalho foi analisar os argumentos que empregaram residentes de um município do México para justificar diferentes práticas violentas cometidas pelo Estado, e que têm sido usadas como estratégia nos últimos anos para tratar o tema da insegurança pública. Para isso realizou-se uma pesquisa dentro do paradigma qualitativo, utilizando a entrevista semiestruturada como ferramenta principal. A análise argumentativa do discurso revelou que a justificação, mais que estar baseada em uma percepção de insegurança generalizada, paradoxalmente tinha seu sustento no descontentamento social com as autoridades encarregadas da procuração e distribuição de justiça. Os argumentos mais frequentes foram o da eficácia, o da defesa e o do castigo proporcional. Em cada um deles se fez presente a construção social do delinquente, o sistema de significação sobre "o violento", o conceito de justiça e o grau de dano percebido para o participante.

Palavras-chave: percepção de insegurança, violência de Estado, sistema de justificação, análise de argumentos, descontentamento social

Introducción

De acuerdo a la postura weberiana, el Estado es quien monopoliza el uso legítimo de la violencia bajo el argumento de preservar el orden social; sin embargo, cuando vuelca sus aparatos de control y represión hacia la sociedad civil se estaría hablando de una violencia de Estado, definida por el ejercicio sistemático de diversas acciones violentas que pueden manifestarse en la guerra, la tortura, la desaparición forzada de personas y los homicidios políticos (tanto de personajes emblemáticos de la vida política como de grandes grupos de personas). Estas prácticas fueron muy evidentes durante las décadas de los 70 y 80 en especial en América Latina, como consecuencia de dictaduras militares.

También existen otras acciones que no son tan visibles, pero que llegan a constituir una agresión, porque atentan directamente contra las garantías individuales, pudiendo afectarlos derechos al bienestar social, al libre tránsito, a la privacidad, a la libertad de pensamiento, a la seguridad jurídica y al derecho a vivir con la seguridad de no ser agredidos de manera física o al patrimonio personal.

En el tema de la inseguridad pública, este segundo tipo de acciones han sido frecuentes, pues bajo un discurso que se ampara en la preservación de la seguridad, se han llevado a cabo políticas que pugnan por un mayor control y represión del delito; por ejemplo, la militarización y la pena de muerte, las cuales, además han sido solicitadas y estimuladas por parte de un segmento de la población civil que observa en estas medidas la solución para disminuir los índices delictivos.

Del Olmo (2000) considera que la inseguridad pública, además de ser un problema en sí misma, también impide la convivencia pacífica y la solidaridad ciudadana, pues el temor puede provocar en la población la exigencia de mayor represión y la justificación de la violencia. Es por ello que al combatir a la violencia delictiva con más violencia represiva es posible que se esperen resultados negativos, porque se da pie a las violaciones a los derechos humanos basadas en el derecho legítimo del castigo.

Al ser políticas de carácter violento, se busca el consentimiento del resto de la población (Del Olmo, 2000; Echavarría, 2006; Fernández, 1997 y Hopenhayn, 2002). Para Martín Baró (2003) no hay ningún acto violento que no vaya acompañado de su correspondiente justificación, pues cuando una práctica es reconocida como violenta y tiende a ser de gran magnitud, suele ser moralmente reprobada por la sociedad y, por ello, necesita ser justificada.

En este sentido, el argumento central bajo el que se puede justificar el uso de la violencia (ya sea de manera explícita o implícita) en el tema de la inseguridad pública, es el que alude a la evitación de un mal mayor y la preservación de la seguridad de los habitantes que no se encuentran dentro de actividades delictivas. Para la adopción de este argumento por parte de las personas pueden aparecer dos posturas: a) que las personas basadas en el temor de ser victimizadas, acepten este tipo de medidas sacrificando algunos de sus derechos, y b) que acepten la violencia de manera abierta sólo a los grupos que son construidos como enemigos.

Según Fernández (2008), para que una práctica de esta índole se llegue a justificar, se mezclan elementos de carácter moral, normativo y práctico. La valoración acerca de la adecuación moral de un comportamiento se pondera en términos de justicia; es decir, se valora si está bien o mal el hecho en función de si el evento se percibe o se considera como justo o injusto.

La dimensión normativa provoca cierta controversia, pues para Fernández (2008) existen dos tipos de normas respecto al uso de la violencia: una explícita y otra implícita. En la primera se sostiene que la violencia es un acto reprobable, por lo que su empleo es condenado; pero en la norma implícita se admite que la violencia, aunque sea reconocida negativamente, se puede poner en práctica en determinadas circunstancias, para lo cual se construyen distintos argumentos encaminados a legitimarla.

De esta diferenciación entre normas explícitas e implícitas, resalta la idea de que la violencia se justifica dependiendo de las circunstancias y casos específicos, por lo que sería difícil hablar de una justificación general de la violencia, ya que existen variados tipos y de distintas magnitudes.

Finalmente, la dimensión práctica para la justificación de la violencia está estrechamente relacionada con el uso de estos métodos para resolver conflictos en la cotidianeidad, por lo que se reconoce que es eficaz. De esta manera, se privilegia su utilización sobre otras vías.

Tomando en cuenta estas tres dimensiones se puede considerar la existencia de una escisión entre la aceptación de la violencia en la teoría y en la práctica, porque teóricamente la permisividad hacia la violencia debería ser mínima y sólo en casos muy específicos, pero en la práctica se puede observar un rango muy amplio con respecto a sus niveles de aceptación.

En los argumentos para justificar la violencia se puede encontrar que existe una interrelación entre la explicación, la compresión y la aceptación; además, los argumentos pueden variar de acuerdo a si la persona es el agente legítimo de la agresión, la relación de la persona con el agresor o la víctima, el contexto, las motivaciones y los fines por los cuales se emplea la violencia, y el grado de daño percibido.

A continuación se enunciarán algunos de los argumentos que se suelen esgrimir, así como su posible implicación en la manera de hacer que la violencia se justifique:

1. Argumento de la responsabilidad: Tiene que ver con la asunción o atribución de la responsabilidad por parte del agresor. De esta forma, el criterio de la intencionalidad -tan discutido en el tema de la violencia- juega un papel preponderante, ya que si la persona reconoce que sí tiene la responsabilidad del acto violento, pero esto viene acompañado de la no intencionalidad de provocar daño a la otra parte, el acto violento se puede legitimar.

2. Argumento de la defensa: Es una de las principales fuentes de justificación, y se considera que no necesita de elementos adicionales para poder justificar la violencia, ya que será socialmente entendida y admitida por su estrecha asociación con lo justo. (Fernández, 2008; Jackman, 2001; Martín Baró, 2003; Sabucedo, Barreto, Borja, López, Blanco, De la Corte y Durán, 2004). Sin embargo, para legitimarla no basta con que sea considerada un acto justo en sí, sino que además, debe de ser vista como una respuesta proporcionada. Fernández (2008) agrega que también debe de ser eficaz. Este argumento es uno de los más utilizados para justificar políticas violentas como la mano dura, pues discursivamente sienta su razón de ser en garantizar a la población -que aparentemente se encuentra atemorizada o indignada por los altos índices de inseguridad y violencia- un mayor bienestar. Es importante mencionar que el recurso que hace que la violencia sea eficaz muy pocas veces será utilizado de manera explícita para justificarla y legitimarla, porque socialmente resultaría reprobable; sin embargo, bajo ciertas circunstancias y en momentos históricos determinados, puede ser un argumento considerado como válido.

3. Argumento de la proporcionalidad: Está estrechamente relacionado con el de la defensa. En éste se pone a consideración si la violencia empleada fue equilibrada con respecto a la agresión previa o con el contexto en donde se requirió utilizarla. Es probable que una violencia considerada como desproporcionada (uso extremo de la violencia) no se justifique. Además, el criterio de la intencionalidad vuelve a cobrar importancia en este argumento.

4. Argumento del último recurso: Después de haberlo intentado todo por otros medios y no haber obtenido respuesta, la violencia fue la única alternativa eficaz.

Adicionalmente, existen características que adoptan los discursos para hacer a los argumentos más consistentes. Por ejemplo, mediante el uso intencionado del lenguaje se puede enmascarar la intención de un acto violento, o simplemente nombrarlo de otra manera para que no sea reconocida la práctica violenta. También se suele dar más énfasis a los beneficios obtenidos que a los daños; a éstos regularmente se les suaviza. La comparación ventajosa es usada para enfatizar que el comportamiento no es tan grave si se le contrasta con otros tipos de violencia más impactantes. La forma en que se construye al otro (en este caso el delincuente) es tratada de manera especial en el discurso, pues se tiende a deshumanizarlo (Sabucedo y cols, 2004). Por lo tanto, cuando un discurso de seguridad establece cuáles eventos y actores, qué y a quién se debe temer, necesariamente establece al "otro" (el delincuente o simplemente el extraño que merodea el vecindario).

Tomando en cuenta que en la justificación participan la interpretación del sentido de los hechos, su evaluación moral, y su adecuación a los valores sociales vigentes, se puede analizar cómo en determinadas situaciones, la violencia, que en un principio se considera como reprobable, puede llegar a ser aceptada por las personas dependiendo de quién la realice, contra quién, en qué circunstancias y en qué medida.

En el caso de la situación de inseguridad que actualmente vive México, estos discursos han jugado un papel de suma importancia, ya que se han llevado a cabo políticas que han reforzado la espiral de la violencia, ya sea de manera explícita o implícita. Sin embargo, es fundamental subrayar que este discurso de la inseguridad está sustentado, en parte, en el aumento cuantitativo y cualitativo de la violencia relacionada con el delito. Zepeda (2008) menciona que uno de los principales problemas de inseguridad en México es el aumento de los delitos denominados de alto impacto; es decir, homicidio intencional, secuestro, violación y delitos contra la salud en las modalidades de producción, tráfico, transporte, pues aunque su incidencia no es tan frecuente, perduran más en la memoria colectiva, y su conocimiento se reproduce con mayor facilidad a través de los medios de comunicación masiva.

Lugar aparte merece la violencia generada por el delito del narcotráfico, pues este fenómeno se vive como una preocupación para parte importante de los habitantes, aunque afecte de manera más directa a estados de la República Mexicana específicos, que por sus características sociodemográficas han sido puntos estratégicos para el desarrollo de este delito (Astorga, 2007). Aunado a lo anterior, este tipo de violencia ha recibido gran atención por parte de los medios de comunicación debido a la presencia de numerosos homicidios, en los cuales el simbolismo de la violencia extrema es fundamental (Cajas, 2007), lo que la ha hecho muy visible a todos los sectores de la población mexicana, a diferencia de otras modalidades, como la violencia basada en el género.

Es importante mencionar que como sustento de la violencia delictiva presente en el país, se pueden nombrar los aspectos económicos, políticos y sociales manifestados en la proliferación y fácil acceso a las armas, en el aumento de la venta y distribución de drogas, en la inequidad social -dada por el incremento del número de personas en pobreza extrema en contraste con la acumulación de la riqueza en muy pocas familias del país-, y muy importante, en la desconfianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Sin embargo, el diseño de políticas ha priorizado dos mecanismos para abordar el problema, y éstos son el control y la represión del delito, a pesar de que la experiencia de distintos países ha demostrado que estas políticas suelen ser en ocasiones contraproducentes (Buvinic, Morrison, Orlando, 2005; Lozada, 2004; Martín Baró, 2003 y Mockus, 2002).

Así, al ser medidas de carácter restrictivo y que representan de cierta forma una violencia hacia la ciudadanía, el Estado necesita contar con discursos que busquen el apoyo de éstas, por lo que en el presente estudio se analizaron las argumentaciones de personas que mostraban aceptación de algunas medidas oficiales de carácter violento, con el objeto de conocer el mecanismo por el cual la violencia se justifica en un caso específico.

Método

Tipo de investigación

Se trata de una investigación descriptiva transversal que parte de un paradigma interpretativo basado en el construccionismo social. Está encaminada a comprender, describir y analizar la percepción de la realidad social, por lo que se privilegiaron las particulares apreciaciones y argumentaciones de las personas expresadas a través de sus narraciones mediante la entrevista semiestructurada.

Participantes

Se contó con la colaboración de ocho personas residentes en un municipio del Estado de México, cuatro mujeres y cuatro hombres, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 72 años. La selección de los participantes se realizó mediante la técnica de bola de nieve (Lee, 1993, citado en Berg, 2001); es decir, una vez que se contactó con un participante, éste presentó al investigador con un nuevo entrevistado. Todos colaboraron de manera voluntaria.

Instrumento

Mediante la técnica de la entrevista se utilizó una guía que contenía ocho preguntas eje: ¿Qué es para usted la inseguridad pública? ¿Ha sido usted víctima de algún delito? ¿Qué opinión tiene de las personas que se dedican a delinquir? ¿Qué medidas considera que resultarían efectivas para combatir a la delincuencia? ¿Qué piensa de la mano dura y la pena de muerte? ¿Cuáles son las principales razones por las que piensa de esta manera? ¿En qué casos se puede justificar el uso de la violencia? En su experiencia, ¿qué resultados le ha dado?

La guía de entrevista fue reestructurada en entrevistas previas, tomando en cuenta la retroalimentación de las personas con el objetivo de que se adecuara al objeto de estudio y a las condiciones socioculturales de la muestra estudiada.

Procedimiento

Primera etapa: Se acudió a por lo menos tres diferentes escenarios con el objetivo de realizar los primeros contactos con los residentes del lugar de estudio. Simultáneamente se elaboró y reestructuró la guía.

Segunda etapa: Se llevó a cabo la recolección de la información mediante las entrevistas y, paralelamente, se elaboró el diario de campo para complementar el estudio. Posteriormente, se realizó la transcripción del material audiograbado, procurando ser lo más fieles a la entonación utilizada por el participante. Es importante mencionar que durante toda la investigación se establecieron y se respetaron los lineamientos éticos para proteger la identidad de los participantes, por lo que se decidió no publicar el nombre de la comunidad en donde se hizo la investigación, evitando así la estigmatización sobre sus habitantes.

Tercera etapa: En esta etapa se trabajó en la sistematización de la información para su posterior análisis.

Análisis de la información

La información obtenida en las entrevistas fue tratada mediante el Análisis del Discurso Argumentativo, basado en parte en la propuesta de Giménez (1981).

En un primer momento del análisis se llevó a cabo una descripción de los participantes, ya que para comprender los argumentos es indispensable conocer con qué actores se identifican las personas, así como cuáles han sido sus vivencias con respecto al uso de la violencia en las interacciones cotidianas.

Posteriormente, y dado que el tipo de análisis adoptado en la investigación está centrado en el reconocimiento de argumentos, se establecieron los objetos discursivos de cada entrevista, para consecutivamente identificar en el texto aquéllos asociados a estos objetos. Una vez identificados (diferenciados de los argumentos pivotes), se procedió a explicitar los constructos que funcionan como axiomas preconstruidos y que probablemente sustentaban dichos argumentos. Así, se pudieron reconocer argumentos legitimadores basados en elementos estrictamente normativos, en consideraciones morales o simplemente en el uso práctico y eficaz de la violencia.

Resultados

El lugar en donde se llevó a cabo la investigación tiene una larga historia y evolución en lo que al delito se refiere. Hoy en día es considerado como uno de los municipios del Estado de México con más alta incidencia delictiva, pues existe la presencia de narcomenudeo, "casas de seguridad" para secuestradores y robo a transeúnte y a casa habitación; además de extorsión telefónica, entre otros delitos. Adicionalmente, tiene un precario desarrollo social, lo que se traduce en altos índices de analfabetismo, marginación urbana y desigualdad social (Consejo Nacional de Población, 2009).

Estas características imprimen a sus residentes una peculiar apreciación sobre el tema de la inseguridad pública, pues cotidianamente son testigos de la actividad delictiva del lugar, lo que puede llevar a la consideración de que en los habitantes se ha ido gestando una especie de "habituación al delito". Con esto no se sugiere que estén de acuerdo con estas prácticas o las justifiquen, sino que debido a la frecuencia con que esto ocurre, han tenido que aprender a "convivir" en este entorno, ya que tienen relaciones vecinales con personas que se dedican a delinquir. Hay que tomar en cuenta que esta convivencia o tolerancia ha sido obligada, dado el poco apoyo de las instituciones encargadas de la administración de justicia, pues al no ofrecer las garantías necesarias para proteger a las personas que se deciden a denunciar las actividades ilícitas de sus vecinos, optan por guardar silencio y mantenerse al margen, procurando establecer una convivencia pacífica para no poner en riesgo su integridad física y la de sus familiares.

Es importante subrayar que una de las principales fuentes de inseguridad para los entrevistados es su relación con la institución policiaca, pues llamó la atención que tres de los entrevistados habían sido víctimas de "asaltos policiales", y por lo menos a dos de ellos les generaba mucha inseguridad, ya que habían sido victimizados por quienes se suponen que tendrían que mantener el orden y la seguridad. Así, paradójicamente, la policía municipal y en otros casos la judicial, se han convertido en elementos generadores de inseguridad.

En el análisis de las entrevistas, la indignación y el descontento social producto de esta relación, marcó muchos de los discursos de los participantes, pudiéndose observar claramente argumentos que expresaban emociones específicas relacionadas con la indignación y el coraje, pero también con la impotencia e indefensión, al sentirse desamparados y traicionados por las autoridades.

Es necesario puntualizar que en el estudio se observaron distintas posiciones con respecto a las medidas adoptadas por el Estado para el tratamiento del problema, desde las más radicales que aceptan la utilización de las penas severas y la pena de muerte, hasta las que se pronuncian por una solución pacífica.

Acorde con la revisión teórica, fueron pocos los entrevistados que admitieron abiertamente que los métodos violentos son eficaces, pues la mayoría se muestra explícitamente en desacuerdo, aunque implícitamente sí muestran algún grado de tolerancia a la violencia de Estado, en especial cuando se le denomina de otra manera, como justicia o "guerra contra la delincuencia". Estas primeras consideraciones permiten poner a discusión que por un lado, existen muchas prácticas que no son consideradas como violencia, lo que puede indicar que hay un desconocimiento importante sobre el tema, pues sólo es reconocida la violencia física, además que es probable que exista un proceso de naturalización. Cabe mencionar que las prácticas que sí fueron reconocidas como violencia de Estado son medidas específicas como la pena de muerte, la participación del ejército o la violencia física policial. En contraste, medidas como los arraigos "preventivos", los cateos a domicilios sin órdenes judiciales previas, y las revisiones arbitrarias de los artículos personales, no son vistas por algunas personas como violencia, sino como acciones que si bien generan un grado de molestia, son consideradas hasta cierto punto como necesarias para preservar la seguridad.

Por otro lado, también se pone a consideración que cuando la violencia es plenamente reconocida como tal, moralmente es rechazada en el discurso, pero puede ser aceptada dependiendo del contexto y las circunstancias como ya señalaba Fernández (2008). De esta manera, se obtienen dos niveles de discursos, los relacionados con la norma explícita e implícita. Así, cuando se preguntó a los participantes en qué casos está justificada la violencia, la respuesta fue que en ninguno, apegándose a lo socialmente reprobado. Pero cuando se hizo referencia a los casos concretos, poco a poco se fue desentrañando el proceso de justificación de la violencia, pues ahí se entrelazaban preceptos morales sobre lo que está bien o mal y las nociones de justicia. Así, siempre que se mostraba una actitud favorable hacia el uso de la violencia producto de la implementación de una política de mano dura,se argumentaba inmediatamente con un caso específico, pues de no existir la argumentación se aceptaría abiertamente que el uso de la violencia implicaría un retroceso de la condición humana y los convertiría en seres irracionales, como lo expresó uno de los participantes ante la pregunta ¿en qué casos estaría justificado el uso de la violencia?

X: Pues yo siento que en ninguno, no, porque al final de cuenta, pues ciertamente dicen ahí dicen por ahí "no somos animales" pero yo siento que ni a los animales se tendría que usar el uso de violencia (hombre, 17 años).

De esta manera, la violencia se aceptó o se rechazó dependiendo de las circunstancias, en especial cuando se referían a casos específicos denominados de delitos de alto impacto. También se tomó en cuenta si el afectado era directamente el entrevistado o una persona muy cercana a él, o se trataba del "otro" construido en la figura del delincuente. De tal manera, se observó que para que se presentara la justificación y la consecuente elaboración del argumento se recurría a cuatro elementos, especificados en la tabla 1:

Ahora bien, en la figura 1 se condensan los principales argumentos que se esgrimieron para justificar la implementación de tres prácticas: la pena de muerte, la militarización y los cateos. Cabe mencionar que el uso de la fuerza física por parte de la policía no fue una medida aceptada, aun cuando se consideró que se usaría para tratar delitos de alto impacto o problemáticas que les pueden afectar de manera directa. Esta tendencia, contraria a lo que sucede con las otras medidas, está sustentada en que este tipo de violencia ha sido experimentado directamente por los entrevistados a diferencia de las otras que son conocidas únicamente por los distintos medios de comunicación, por lo que se considera que la cercanía con el objeto sobre el que se argumenta es de suma importancia para poder entender el por qué en ciertos casos la violencia es justificada.

En la aceptación de la pena de muerte se pudieron encontrar por lo menos cuatro argumentos pivotes que prevalecieron en las personas que se mostraron de acuerdo con la medida, pero el argumento central fue el de la proporcionalidad; es decir, que la pena de muerte era el único castigo considerado igualmente drástico al delito que se cometió, tomando como referencia los delitos de violación, asesinato, abuso sexual de menores y narcotráfico. Así, algunos de los participantes que aceptaron su uso consideraron que era totalmente justo castigar al delincuente en proporción al daño que sus acciones provocaron.

En la elaboración de esta justificación es fundamental retomar el concepto de justicia que las personas incorporaron en sus argumentaciones para hacerlas más consistentes, pues la justicia está fuertemente anclada a la noción de legitimidad (Weber, 1974, citado en Serrano, 1994). La justicia, en este caso en específico está referida al castigo del infractor, escudado en la postura de la reparación del daño. En este sentido, la aceptación de la medida y su consecuente justificación cumple con otra función para los entrevistados, pues toma características de venganza bajo el modelo "ojo por ojo", ya que lo que se busca, principalmente, es responder a una serie de situaciones emocionales que se presentan como producto de la victimización o con la expectación de la violencia en el país. En segundo plano quedó el argumento de la eficacia expresada a través de la disuasión de otros delincuentes y la consecuente reducción del delito.

Es importante señalar que se encontró una desvinculación entre la petición de la medida y el actor encargado de llevarla a cabo, pues se reconocieron argumentos contradictorios, que por un lado, se centran en la desconfianza y descontento social con las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, pero por otro lado, exigían su actuación de manera enérgica, aunque no se les otorgara la confianza para implementar la pena de manera justa.

En el caso de la militarización, el objeto central sobre el que recae la argumentación se encuentra fuertemente arraigado en el discurso institucional; de esta manera, el argumento central es el de la defensa. Sin embargo, es de suma importancia tomar en cuenta el contexto en que se produjeron estas justificaciones, pues los entrevistados consideran esta medida como un objeto lejano que se está implementando principalmente en los estados ubicados al norte del país (sólo dos de los participantes han tenido una interacción más cercana con personal militar). De esta manera, parte importante de su justificación está sustentada en la opinión que se han formado a partir de lo expresado en los medios de comunicación, en donde confluyen, por un lado, el discurso gubernamental, y por el otro, la postura política de los medios de comunicación frecuentados por los entrevistados. También, en la elaboración de la justificación participó la relación de los entrevistados con las instituciones policiales, que como ya se mencionó, tienen una relación problemática, por lo que toma un peso importante al momento de aceptar la participación del ejército en las labores de seguridad, ya que para algunas personas el personal militar aún conserva una imagen recta, en comparación con la policía municipal, con la que los entrevistados conviven a diario.

Finalmente, acciones como el cateo a domicilios sin órdenes judiciales previas y la revisión de artículos personales, entre otras medidas de esta índole, fueron consideradas en pocos casos como una violencia que el Estado ejerce en contra de ellos, por lo que el argumento central para justificarlas giró en torno a la responsabilidad; es decir, en la medida en que éstas se aplicaran a personas que estuvieran relacionadas con actos delictivos resultaban beneficiosas porque favorecían la prevención del delito. Sin embargo, cuando pudiera existir la posibilidad de ser afectados de manera directa por estas medidas, la aceptación disminuía argumentando que aunque previenen el delito, resultan ser sumamente incómodas.

Con el análisis realizado se puso de manifiesto, paradójicamente, que lo que ha permitido que se justifique el uso de la violencia de Estado en el tema de la inseguridad pública es el descontento social de las personas, producto de una desconfianza y descreimiento en las instituciones gubernamentales, más que la percepción de inseguridad exacerbada sobre la que se basa el discurso del Estado para llevar a cabo este tipo de estrategias (figura 2).

Por último, es importante considerar que conforme a la teoría, el argumento que presenta a la violencia como eficaz no fue utilizado de manera explícita, aunque de manera implícita sí se consideró, especialmente cuando se hablaba de situaciones hipotéticas en los que el participante podía sufrir una agresión de manera personal o en sus bienes.

Discusión y conclusiones

Como se pudo observar, el descontento social es un buen discurso para justificar la violencia hacia el otro considerado como delincuente, incluso hacia la propia sociedad civil, pues Carranza (1997) menciona que la "persona común", lógicamente alarmada y razonando con los elementos de juicio a su alcance, suele pedir: a) más presos y penas más severas o ejemplarizantes, y b) más policías. Pero además, su reclamo suele venir acompañado del razonamiento de que el sistema es ineficiente, que muchos policías son corruptos, y que los jueces son similares.

Así, la impunidad y la corrupción conducen, por un lado, al descrédito de las instituciones de impartición de la justicia y la preservación del orden público; y por el otro, a producir un alto grado de libertad cuando un victimario tome la decisión de producir un acto violento.

A partir del análisis de los argumentos se pueden subrayar algunos tópicos fundamentales para reflexionar por qué se puede aceptar una política de Estado de carácter violento.

1. Porque existe un desconocimiento importante de las múltiples manifestaciones de la violencia, pues sólo es reconocida la violencia más evidente, es decir, la que se expresa mediante el empleo de la fuerza física.

2. Porque la violencia es efectiva, tal como lo señaló Martín Baró (2003), cuando habló de la característica instrumental de la violencia. La gente piensa que por medio de ella se puede obtener lo que por otros medios no sería posible, y lamentablemente, existen muchos ejemplos sociales que en apariencia así lo confirman.

3. Por el descontento social de los ciudadanos, producto de una percepción de desamparo por parte de las autoridades, a quienes además consideran corruptas e ineficientes.

4. Por los discursos de justificación de la violencia que están atravesados por diversos elementos culturales y sus correspondientes medios de comunicación; además, estos marcos culturales de interpretación y acción son utilizados en las interacciones cotidianas.

5. Por el proceso de polarización en la percepción del delincuente.

Ahora bien, una vez identificados estos elementos, aún queda la tarea más ardua y difícil por hacer, y es la de intentar salir del círculo vicioso de violencia-inseguridad pública, y hacerle frente a la espiral de la violencia.

Lo primero a considerar es que, probablemente, el uso de métodos violentos de ninguna manera resolverá el problema de la delincuencia; por consiguiente, no restaurará la paz y la seguridad pública. Lo único que se conseguirá es entrar en la espiral de la violencia, provocando significativas consecuencias, principalmente en la población civil.

En cuanto a las propuestas para intentar salir del círculo de la violencia, se pueden nombrar las siguientes: a) trabajar sobre la pérdida de la efectividad de la violencia, que es lo que alienta su utilización social y culturalmente, b) la participación ciudadana junto con la difusión y fomento de los derechos humanos y c) las medidas dedicadas a recuperar la confianza en las instituciones de procuración de justicia.

Con respecto a la primera propuesta, Martín-Baró sugirió como medida de intervención psicosocial el hacer que los comportamientos violentos sean menos útiles, que se vuelvan socialmente ineficaces. De acuerdo con esto, una primera manera de deslegitimar un acto violento es que aparezca sin explicación alguna, que aparezca sin sentido o sin función o justificación social.

De esta manera, el aspecto cultural tiene una importancia fundamental para poder entender la forma en que se legitiman distintas prácticas violentas, y cuando se pone atención en estos aspectos, se pueden lograr desarticular aquellos mecanismos que permiten que la violencia se legitime y se reproduzca. Ejemplo de esto es el programa que puso en marcha Mockus (2002) en Bogotá, en donde reconoció que parte del problema de los altos índices de violencia estaban en la convivencia con ésta, de tal suerte que una de las medidas de su proyecto era que se desaprobaran moral y culturalmente acciones que pudieran contribuir al clima de la violencia. Este autor denominó "divorcio entre ley, moral y cultura" a la falta de congruencia entre la regulación cultural del comportamiento y sus regulaciones morales y jurídicas, falta de congruencia que se expresa como violencia, delincuencia, corrupción, ilegitimidad de las instituciones, debilitamiento del poder de muchas de las tradiciones culturales y como crisis o debilidad de la moral individual.

De acuerdo con la segunda propuesta, es importante considerar que un nuevo concepto de seguridad ciudadana requiere una actuación conjunta, de instituciones y organismos colectivos que de forma coordinada lleven a cabo acciones encaminadas a preservarla, por lo que es fundamental fomentar la participación y la cooperación ciudadana, los programas específicos dirigidos a los grupos más vulnerables (personas mayores, niños, mujeres, etcétera), la asistencia a las víctimas de la delincuencia y tomar las medidas para incitar a los medios de comunicación a participar en los esfuerzos para mejorar la situación.

La sociedad debe intervenir y asumir un compromiso mediante su involucramiento en políticas de refuerzo de los lazos sociales vecinales, fomentando el conocimiento mutuo y fortaleciendo la cultura de la denuncia. También es importante educar en el sentido de infundir valores de justicia, solidaridad y paz social. Es evidente que para no contribuir con la violencia debe existir correspondencia entre los valores de las instituciones y la ciudadanía. Además, es importante articular programas en los que desde las escuelas se enseñen las implicaciones y las consecuencias de la violencia e inseguridad, al mismo tiempo que se promueva la cooperación para enfrentar los problemas sociales.

Fernández (1997) considera que la degradación de los valores y de los lazos comunitarios puede conducir a desear el aniquilamiento del otro, el castigo indiscriminado o la pena de muerte. De esta manera, un factor vital será empezar a devolver la humanidad a las personas, ver al "otro" como similar a uno, creer que uno, al igual que los demás, puede entender predominantemente por "las buenas". Éstas constituyen las bases de un respeto ciudadano como preponderante en la reestructuración del tejido social. Esto incluye tanto a la sociedad civil como a las personas que se dedican a delinquir o a violentar.

La tercera propuesta está dedicada a fomentar las estrategias dirigidas a recuperar en la ciudadanía la confianza en las diversas instancias de procuración de justicia, a través de la profesionalización de sus integrantes, la educación en contra de la corrupción, el respeto de los derechos civiles y, finalmente,en el trabajo coordinado con la ciudadanía. Las acciones públicas deben caracterizarse por la proximidad, la inmediatez, la eficacia y las sanciones visibles y garantizadas.

Una política de seguridad debe atender la superación de los vacíos jurídicos que les permite a los delincuentes evadir a la justicia; es decir, reducir la impunidad. En lugar de hacer leyes más enérgicas, es necesario primero que se cumplan las que ya están. El Estado tiene en sus manos la aplicación de la justicia; sin embargo, también está en sus manos realizar un mayor fomento de las medidas preventivas más que punitivas, pues en algunos países se ha comprobado que la prevención resulta menos costosa social y económicamente.

¹ Este trabajo forma parte de la investigación titulada "Legitimación de la violencia de Estado en el tema de la inseguridad pública". Volver

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