El crecimiento urbano acelerado de Bogotá, sumado a las dificultades de acceso al suelo por escasez y por costo, constituyen un problema de carácter público que requiere atención y respuesta por parte del Estado.

El fenómeno de escasez de suelo disponible en medio de un modelo de libre mercado inmobiliario conlleva a que su precio se eleve, especialmente en áreas céntricas de la ciudad, por causa de las dinámicas económicas que se generan alrededor de la conectividad como vías, comunicaciones y redes entre otros. Por lo tanto, la demanda (tanto gobierno como población) se ha trasladado hacia la periferia de las ciudades, provocando fenómenos de segregación y exclusión para la población de escasos recursos.

Las fallas en la respuesta gubernamental para ofrecer vivienda a la población con menores recursos, así como la financiación insuficiente y fragmentada, conllevan al creciente déficit cuantitativo de vivienda. Esta sitiacion sumada a la ausencia de dispositivos de control aumenta las condiciones que favorecen el surgimiento de procesos ilegales de urbanización y urbanizadores piratas, lo que ocasiona mayor exclusión y vulnerabilidad social.

El proceso de habilitación de tierras y gestión del suelo en Colombia es responsabilidad de las entidades estatales y se encuentra ligado a la posibilidad de desarrollar proyectos urbanos integrales. Es decir, aquellos que generan soluciones habitacionales e incluyen el suministro de servicios públicos, educación, y zonas recreativas, y mejoran la calidad de vida de la población. Si bien de esta manera se contrarresta la consolidación de un modelo de ciudad excluyente y segregada, este proceso enfrenta una serie de obstáculos técnicos, administrativos, y normativos; pero su mayor dificultad radica en la creación de una política de suelo que vincule las políticas de vivienda con una visión a largo plazo que oriente el desarrollo ordenado de las ciudades.

Existen varias razones por las cuales la naturaleza propia del urbanismo genera inequidades. En primer lugar, es necesario tener en cuenta las tensiones entre apropiación y uso del suelo generadas por su localización única y específica. En segundo lugar, las características de un mercado distorsionado, producido por la escasa regulación en medio de una economía de libre mercado. Y en tercer lugar, existen casos en que la normatividad de un proyecto dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) beneficia a unos sectores de la población más que a otros, o puede afectar drásticamente a unos para lograr beneficios colectivos en una comunidad más extensa.

A partir del análisis de esta problemática se pueden identificar algunos factores que apuntan hacia la necesidad de mejorar los procesos de planificación y gestión urbana, especialmente las deficiencias que se evidencian en la regularización de la titularidad de tierras públicas y privadas. Esto sumado a la ausencia de una política de creación de bancos de tierras en áreas urbanas, que conlleva a una gestión pública no integral, y en muchos casos ineficiente, en los procesos de compra y habilitación de tierras.

En este contexto surge la necesidad de generar distintos mecanismos de intervención pública que permitan a autoridades gubernamentales dar respuesta a la problemática habitacional, promoviendo acciones que optimicen la aplicación de instrumentos de gestión del suelo; estos son elementos sine qua non de cualquier política habitacional y componentes claves de la planeación urbana y regional. Sin embargo, más allá de mejorar los instrumentos actuales o plantear nuevos instrumentos de gestión del suelo, es necesario reflexionar sobre otros aspectos. Por ejemplo, su naturaleza, o como articular la política pública de suelos como parte de una política pública de vivienda que este orientada a las categorías de población de bajos ingresos. Asimismo, es fundamental idear soluciones integrales que respondan a un enfoque amplio y no parcial o inmediatista sobre la política de vivienda del país.