Cultura autoritaria, impermeabilidad política y "cultura de la violencia". El caso de Colombia^*

Bernardo Congote Ochoa^**

^* El documento profundiza aspectos inicialmente tratados en la investigación Uniandes CESO-SECAB, Contrato 05/02 para el Ministerio del Interior de Colombia, mayo-julio de 2002, dentro de la cual el autor ejerció como investigador asistente del coordinador del proyecto, Germán Ruiz Páez. En su calidad de documento de trabajo, éste involucra conceptos todavía en elaboración por parte del investigador, particularmente inscritos en su tesis de maestría en Ciencia Política (Véase Congote, Bernardo, Anatomía religiosa de la guerra. De cómo una red de valores religiosos inoculados en la Colombia temprana, también constituye un dispositivo de la violencia política colombiana, tesis de la Maestría Ciencia Política, Bogotá, Universidad de los Andes, 2003).
^** Estudiante de la Maestría Ciencia Política, Universidad de los Andes. Investigador asistente, Proyectos Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes, Economista, Universidad Nacional de Colombia.

Reconocimiento al profesor Germán Ruiz Páez, Ph. D.¹

INTRODUCCIÓN

La idea de la insignificancia (e) inutilidad
del hombre ha encontrado una nueva
expresión en los sistemas autoritarios, en los
cuales el Estado... (viene a constituir ahora)
la autoridad suprema, mientras que el individuo,
reconociendo su propia pequeñez, se supone que
encuentra su misión en la obediencia y... la sumisión.
Fromm²

La investigación se propone demostrar la hipótesis de que los grados de impermeabilidad política y ejercicio violento de la política por parte de los ciudadanos en Colombia pueden explicarse también basándose en los patrones autoritarios que fueron inoculados tempranamente en la nacionalidad y que han sido activados permanentemente mediante el aparato educativo del Estado. Estos patrones pueden contribuir a entender el modus operandi del presente social colombiano, definido aquí como una mezcla explosiva de deterioro sociopolítico junto con el fortalecimiento del guerrerismo ancestral de corte civil.

De acuerdo con lo anterior, la investigación apunta, en primer lugar, a rescatar la importancia metodológica del enfoque cultural en el examen de lo político; segundo, recalca la importancia que tiene el análisis ético -no político- del autoritarismo, que busca que lo ético permita entender los asuntos políticos analizados; tercero, la investigación desnuda los riesgos existentes en confundir los supuestos que rigen la noción democrática de representación (de orden político) con los que operan en la noción democrática de participación (de orden cultural), y según esto formula un enfoque de la participación política desde un espectro cultural que pueda ayudar a un mejor diagnóstico y tratamiento del problema sociopolítico presente, basándose en un punto de vista ético del autoritarismo, y finalmente, por esta vía se aproxima al examen de la llamada "cultura de la violencia" en Colombia formulando al final una propuesta de fractura del mecanismo autoritario violento ligada con la revisión de la misión y visión del aparato educativo del Estado.

1.BASES METODOLÓGICAS

La cultura tiene [...] un matiz político, puesto
que su control sobre la definición de acciones
y actores legítimos favorecen a cierta gente y grupos.
Ross³

[La cultura] no es una fuerza a la que se le
puedan atribuir los eventos sociales;
es un contexto que los hace inteligibles.
Geertz⁴

En política comparada el enfoque cultural es uno de los clásicos;⁵ sin embargo, es claro que también es el que menos frecuencia investigativa registra, pues tal y como lo propone Ross, "...las contribuciones culturales al análisis político son relativamente escasas y muy poco desarrolladas [... lo que tiende a explicarse porque] la cultura no es un concepto dentro del cual la mayoría de los científicos políticos se sientan cómodos".⁶ Ello permite proponer que el aserto habermasiano relacionado con denunciar un recurrente "ateísmo metodológico" en la investigación social⁷ puede estar entroncado con otro de mayor cobertura susceptible de ser definido como aculturalismo metodológico en la investigación política particularmente, el mismo que este ensayo apunta a resolver para examinar su hipótesis.

Dentro del enfoque cultural existe también una tendencia que maneja teorías psicoculturales en la interpretación de los conflictos políticos, y desde ese enfoque también se articula el estudio del carácter autoritario del régimen político colombiano, que constituye la base de este documento. El psicoculturalismo, como se denomina esta escuela, apunta a analizar "...la intensidad de algunos conflictos (políticos) factor [...] que no puede ser [...] explicado según [...] diferencias objetivas...".⁸ Este tipo de planteamiento ha generado posturas antipsicologistas que la investigación también desecha, dado que el peso de las pruebas a favor de las herramientas psicoculturales explicativas de lo político tiende a fortalecerse sobre todo en sociedades que, como Colombia, padecen situaciones crónicas de conflicto. Tal y como se puede apreciar examinando el caso de Irlanda del Norte, Messenger y Scheper-Hughes hablan de que en ese país existe "un temor a la intimidad [...], una falta total de confianza social [...], una gran distancia emocional entre padres e hijos, y [por ello] no ven por ninguna parte, alguna de esas predisposiciones que se necesitan en la actualidad para tratar adecuadamente las diferencias políticas en una sociedad democrática".⁹ Ross añade luego, tomando un texto de McGoldrick, que éste "...detecta [entre los irlandeses] unos sentimientos de agresión en torno al pecado y la muerte [...] que tratan de paliar mediante [...] el aislamiento [...] puesto que plantear el problema en el seno de la familia es sencillamente inaceptable".¹⁰

Este grupo de autores especializados en análisis político de zonas en conflicto expone que sus enfoques psicoculturales de lo político constituyen caminos complementarios a los tradicionales de corte estructuralista o racionalista, ya que en palabras de Whyte, "Nos tropezamos aquí con un elemento irracional, con un pozo de profundas fuerzas inconscientes que sólo pueden ser explicadas si echamos mano de la psicología social".¹¹

En resumen, las posturas que cuestionan al enfoque cultural como camino explicativo de lo político tienen el paradójico efecto de fortalecer sus posibilidades teóricas y prácticas, simplemente porque uno de los mecanismos de defensa de toda cultura consiste en obstaculizar las vías más efectivas que conduzcan a la revaluación de sus redes de valores, el enfoque cultural en nuestro caso. Este camino investigativo se fortalece mucho más ahora que los enfoques aculturalistas, que han sido de mejor recibo en la academia y en la política, amenazan con no producir las preguntas adecuadas o no generar explicaciones satisfactorias en relación, sobre todo, con una más sana visión del presente colombiano en particular; tal y como lo denuncia Sánchez: "Desde hace unos cuantos años ha habido, en efecto, una sensación de agotamiento y de cansancio con los diagnósticos existentes y un clamor [...] por la necesidad de miradas nuevas que den cuenta de las cambiantes complejidades de la crisis colombiana".¹²

2. ELEMENTOS AUTORITARIOS DE LA CULTURA COLOMBIANA

...¿la calidad de una democracia depende
de la calidad de sus ciudadanos, de modo
que cada nación posee el gobierno que se merece?
Putnam¹³

La investigación adopta la tesis de Fromm de que "...existe una distinción entre la conciencia 'autoritaria' de la 'humanista', [distinción que] se ajusta al principio general de separar la ética autoritaria de la humanista".¹⁴ Definida la primera como "... la voz de una autoridad externa interiorizada, los padres, el Estado, o cualesquiera que sean las autoridades de una cultura dada", aparecen como rasgos del carácter autoritario propios del individuo sometido a una cultura de tal tipo, particularmente su proclividad a recibir y propinar el castigo;¹⁵ su aceptación de la desigualdad entre autoridad y sujeto;¹⁶ su aceptación del valor negativo, según el cual ser productivo-creativo en la sociedad debe generar culpabilidad y un profundo sentido de sumisión-obediencia porque, autoritariamente hablando, el potente es culpable mientras el impotente, virtuoso,¹⁷ y al final, cómo esta red de valores negativos conduce a que el carácter del sujeto sometido al autoritarismo sea proclive al ejercicio de la violencia.

A este respecto, Fromm retoma a Nietzsche y dice que el hombre de carácter autoritario "desarrolla cierta cantidad de sadismo y destructividad", dado que "...la conciencia autoritaria se nutre de la destructividad contra [sí...] bajo el disfraz de virtud", y más adelante afirma que "...las fuerzas destructoras de la vida se manifiestan en los individuos en razón inversa a las fuerzas propulsoras [castradas éstas como resultan en ambientes autoritarios]".¹⁸

Esta red de valores negativos puede encontrarse tanto en sociedades de perfil totalitario como traducida a virtudes dentro de sociedades democráticas, sobre todo cuando resultan influenciadas por culturas donde pesa significativamente lo religioso.¹⁹ En el caso de Colombia, cuyo grado de catequización católica en particular es destacado en América Latina,²⁰ las afirmaciones de Fromm pueden verificarse al examinar la doctrina eclesial vigente. En efecto, el catecismo de la Iglesia católica, aprobado por el Vaticano en 1992, conserva el principio del sometimiento a una autoridad externa al hombre mismo, argumento propio de la ética autoritaria.²¹

Igualmente, por un lado, confirma dogmáticamente la vigencia de los preceptos de sumisión conexos con el pecado, la culpa y el castigo, presentados como valores humanistas cuando en verdad obedecen a patrones autoritarios,²² y, por otro, ratifica la idea de que 'la verdad' es revelada al hombre desde fuera de él, precepto que resulta contrario a la ética humanista.²³ De esta forma se propone aquí la hipótesis según la cual una cultura autoritaria, típica colombiana, pueda contribuir a explicar, por una parte, la cierta impermeabilidad del colombiano frente a lo político participativo y, por la otra, su proclividad secular a confundir la violencia como el ejercicio preferente de la política.

3. LOS RETOS POLÍTICOS DEL COLOMBIANO CULTURALMENTE AUTORITARIO

Apalancada en estos conceptos, la investigación evalúa en este aparte la mayor o la menor potencialidad cultural que pueda mostrar un individuo y su colectivo formados autoritariamente desde patrones marcadamente religiosos, cuando se ven conducidos, al tiempo, a ejercer papeles políticos de mayor peso constructivo desde el marco de la noción democrática de participación ciudadana.

Se trata de retomar aquí, culturalmente hablando, algunas de las reflexiones que suscita hoy en día el análisis de la democracia participativa, como expresión refrescante del ejercicio del control político, y enlazarlas con los supuestos culturales que ello trae consigo, los que en Colombia resultan afines con el perfil autoritario prediagnosticado.²⁴ Esta parte de la hipótesis coincide con propuestas de Schwimmer,²⁵ pero particularmente con las de Barabas,²⁶ cuando afirma que "Muchos de los interrogantes que se plantean actualmente, giran en torno a las características de la resistencia cultural y política, expresada en términos religiosos..." o, adelante, cuando propone que:

La cosmovisión religiosa [mesiánica] opera como fundamento para la comprensión del mundo social [...] como guía para la acción colectiva [...] como realidad sui generis, la religión puede ser motor de la acción social [... proponiéndoles a los individuos sobre todo inmersos en crisis] la esperanza salvacionista [...] Las creencias [mesiánicas son] al mismo tiempo [de carácter] religioso y sociopolítico.²⁷

Este aserto tiene validez, además, porque las explicaciones clásicas de la dinámica política, que se manifiestan en las tensiones existentes entre representación y participación, podrían estar acusando limitaciones, mucho más cuando la bibliografía anglosajona sobre la temática tiende a aplicarse sin beneficio de inventario a la realidad colombiana, diferentes como son ambas culturas, por ejemplo, en su concepción de comunidad cívica y, por ende, resultando opuestas desde el punto de vista de sus redes de valores éticos.²⁸

De esta forma, al intentar abandonar el enfoque que reducía el problema del control político a lo pura y propiamente representativo, enmarcado como ha estado dentro de instituciones clásicas (por ejemplo, la tripartitura de poderes, la fuerza de los partidos políticos, etc.),²⁹ la adopción del concepto de participación como esencial de lo democrático parecería adquirir vigencia; sin embargo, estaría ocurriendo que ella sólo fuera admisible siempre y cuando conservara caeteris paribus los elementos desde los cuales se ha evaluado y hecho operar la noción de su otra polaridad, la representatividad.

De acuerdo con este error forzado, se estaría evaluando un concepto de tendencia posmoderna (la participación) basándose en criterios de estirpe clásica (como los de representación) y se corre el riesgo de no tomar en cuenta qué tanto pesa en el ejercicio participativo político en el bagaje cultural del individuo de quien se espera tal participación. Esto último adquiere significación también, porque, tal y como lo propone Putnam, "[sin ambigüedad alguna] el contexto cívico determina la manera mediante la cual operan las instituciones. Significativamente el factor más importante para explicar el buen gobierno es el grado en el cual la vida sociopolítica de una región se aproxima al ideal de la comunidad cívica".³⁰

De probarse lo denunciado, ello configuraría, en el menos grave de los casos, un craso error metodológico. Pero el asunto puede llegar a tener implicaciones conceptuales de fondo, simplemente porque está en capacidad de afectar también la adecuada comprensión de la noción democrática de control político, enfocada desde el particular punto de vista de la participación ciudadana. En consecuencia, la investigación propone como necesaria la separación de los supuestos sobre los que ha venido operando la representatividad (predominantemente de orden político) de aquellos que deben aplicarse para entender la participación (predominantemente de orden cultural), dado que de no hacerse este ejercicio, seguiría corriéndose el riesgo de alimentar confusiones entre uno y otro concepto, lo cual afectaría la posibilidad de aprehender las dimensiones novísimas implícitas en la noción democrática de participación, esto cuando se habla, por supuesto, del caso colombiano.

Esta conveniente separación conceptual tiende a dificultarse, además, debido al hecho de que ambos actos políticos se manifiestan cohesionados dentro del proceso electoral. En efecto, los actos de elegir y de ser elegido, al permitir la confluencia de quienes participan (eligiendo) con quienes representan (siendo elegidos), tienden a confundir la acción de representar con la de participar, hasta el extremo de entender que si se da la primera, la segunda se da automáticamente. Ello puede contribuir a que no se entienda cómo se está ejerciendo en verdad el control político desde cada uno de estos dos polos conceptuales. En cuanto al vínculo que esto sostiene con la representación, la confusión consistiría en que el representante elegido bajo el mero supuesto de apersonar al elector en la función de contralor político directo 'resolvería' sus obligaciones de control político desde lo representativo, pero quedaría libre para trastocar su misión contralora pública en resolver, clientelarmente hablando, sus necesidades y las de sus clientes.³¹

En relación con la participación, el enredo consiste en que el elector, al delegarle al elegido su cuota de poder contralor, ejercería la función máxima del control político y de participación democrática, y quedaría habilitado para adoptar impunemente actitudes impermeables de indiferencia plena frente a todo lo otro implícito en lo político, y con esto se abriría paso al ejercicio de mecanismos no institucionales o no democráticos de hacer política, la violencia, por ejemplo.

De esta forma, resueltos ambos problemas, la manera clásica como les ha venido entendiendo tendería a seguir explicando el control político solamente sobre una, además, precaria representatividad y se desconocería el peso específico que poseen en ese mismo control las nuevas y amplias perspectivas de la participación ciudadana, enfocadas desde el espectro de las potencias (o limitaciones) culturales del ciudadano participante. Esto es, a asumir que basta con un aparato representativo más o menos funcional, para dejar de pensar (o enviar a un segundo plano) el problema de la participación ciudadana y su compleja urdimbre cultural.

Afortunadamente se aprecian entre nosotros nuevos vientos que pueden contribuir a remover los factores que han inducido a estas confusiones; por ello mismo, se avizoran avances en la comprensión de los terrenos propios que tanto la representación como la participación poseen dentro del control político democrático. Primero, porque está probado que el Constituyente de 1991 en Colombia dio pasos importantes hacia una vigencia más rica de la noción participativa de lo democrático.³² Segundo, porque combinado con lo anterior, se debate a fondo el papel real de los partidos políticos en las democracias actuales y por supuesto en Colombia.³³ Y, finalmente, porque al examinarse los anteriores factores se abrirían paso explicaciones alternativas acerca de esa cierta impermeabilidad del ciudadano colombiano frente a lo político institucional (explicada, por ejemplo, como la inocultable tendencia del colombiano a confundir la violencia con el ejercicio de la política o a la inversa).³⁴

Examinamos brevemente ahora la tendencia a explicar la noción de participación desde el espectro de los subaparatos ideológicos del Estado y de sus partidos políticos, dado que su potenciación o crisis se asimila como equivalente a la del sistema democrático como un todo. Los partidos -que ejercen mal que bien su papel de preseleccionar, adoctrinar y coordinar a los representantes de los ciudadanos-, construyen y ejercen precariamente programáticas de control político; además, se dice que han hecho su parte como dinamizadores de la función participativa ciudadana frente al Estado y que a su manera están contribuyendo a 'resolver' el objetivo democrático del control político. Pero ahora que estas dinámicas partidistas se hallan sometidas a examen, esto se está traduciendo en denunciar, en contra de su vigencia, la existencia de fracturas de magnitudes insospechadas por los clásicos, lo cual permitiría darle el peso que estamos reclamando al papel real de la participación, potencialmente desprovista también de su tradicional eje partidista.³⁵

Por estas razones, la acepción clásica de participación genera nuevas exigencias intelectuales relacionadas con las formas mediante las cuales el ciudadano pueda ejercer ahora el control político que tiene a la vez como derecho y deber fundamentales. Así las cosas, la versión nueva de participación ciudadana que se estaría gestando basándose, por ejemplo, en remozados esquemas del papel político de la sociedad civil,³⁶ admite la posibilidad de examinar los elementos culturales que inciden en el papel del individuo moderno dentro de lo político, entre los cuales los de orden ético tienden a acentuarse como fundamentales, incluso corriendo en el análisis político modelos racionalistas.³⁷

4. PREGUNTA: ¿EL CIUDADANO DE CULTURA AUTORITARIA PUEDE SER PARTICIPATIVO?

Es por demás evidente que una persona
que se desprende de su independencia interior
y se somete [irracionalmente] a una autoridad,
tiende a sustituir su propia experiencia
por la de la autoridad.
Fromm³⁸

El gobierno republicano está destinado a fracasar
cuando las condiciones sociales se encuentran afectadas.
Particularmente, [allí] donde los hombres carecen de
irtudes cívicas.
Putnam³⁹

Enlazando los planteamientos de orden ético con los de orden político, la investigación especula ahora acerca de las dificultades que afrontaría un ciudadano como el colombiano, formado con patrones autoritarios, para actuar de manera no autoritaria en lo político, esto es, para participar activa y constructivamente en política.⁴⁰ Se trataría de poner en liza qué tipo de dificultades podría enfrentar el ciudadano llamado ahora a participar en sociedades que se presentan como democráticas, la colombiana en particular, cuando viéndose compelido a ejercer funciones participativas impuestas por el presente político enfrenta claras limitaciones culturales producidas por su red de valores ajenos a lo democrático, como son, entre otros, los ético-autoritarios descritos al comienzo del documento de la mano de Fromm.

Hay que cuestionar si una cultura de perfil autoritario inspirada en la sumisión de sus agentes puede llegar a obstaculizar las posibilidades de que el ciudadano sea, en la realidad, aquel proactivo y vigorizado personaje que los tratadistas e investigadores sueñan en sus especulaciones acerca del deber ser en lo político. Ello exigiría examinar qué tanto Colombia en particular, dada su calidad de sociedad culturalmente mesiánico-autoritaria, pueda estar enfrentando grandes dificultades para asumir este tipo de retos que, por definición, exigen superar todo rasgo autoritario.⁴¹

No habría que ejercitar mucho la imaginación para intuir que una personalidad ciudadana culturalmente proclive al castigo, a la sumisión incondicional, a la autoridad, a aceptar su lejanía inaccesible y culposa de la autoridad y, por ende, a adoptar actitudes destructivas contra sí y sus próximos, tal y como ha sido descrita arriba la personalidad autoritaria de acuerdo con Fromm, forzosamente deba enfrentar grandes dificultades para desarrollar conductas de responsabilidad personal inherentes a la participación propia del ejercicio de sus derechos y deberes políticos.⁴² Este problema se vería agravado, además, por el hecho político de que el remozamiento de la participación democrática ciudadana resultara reducido, como ocurre en Colombia, a la mera formulación de nuevas fórmulas legales que a pesar de sus bondades no alcanzan ni, para peor, tienen por qué tocar la médula de la siembra y reproducción de valores socioculturales.⁴³

Por esta misma vía, la investigación toca un terreno conexo, el relacionado con la forma como ese carácter autoritario predominante en la cultura del ciudadano colombiano puede contribuir a explicar la cierta impermeabilidad suya frente a lo político participativo en particular. Dicha actitud es susceptible de ser confirmada al observar, por una parte, el escaso nivel de capital social acumulado, merced al perfil autoritario cultural y, por la otra, la proclividad del colombiano a confundir violencia con política, pues tal y como lo propone Putnam "en la medida en que se incrementa proporción de ciudadanos no virtuosos [cívicamente hablando], la capacidad de las sociedades liberales para funcionar exitosamente disminuye progresivamente".⁴⁴

Este análisis, que toma elementos psicoculturales, contribuye a explicar por qué nos ha resultado tan lento en Colombia el proceso de apropiación de nuestros derechos y deberes políticos y, por ende, por qué nos ha quedado tan difícil ejercer poderes veedores efectivos sobre los elegidos (control político), paradójicamente en una sociedad que cuenta con aparatos partidistas entre los más antiguos del mundo.⁴⁵

La hipótesis propone que la red de valores culturales de perfil autoritario obligaría al colombiano a ejercer conductas autoritarias también en el ejercicio de lo político. Esto es, la investigación propone que la ausencia de la maquiavélica virtú civile, susceptible de ser entendida como la capacidad ciudadana para concebir la vida social enmarcada en acciones humanistas de tipo asociativo-cooperativo y no disociativo-competitivo, ayudaría a aportar elementos de comprensión del problema político interno.⁴⁶ La investigación resalta que esta fenomenología de lo político colombiano puede apreciarse consistentemente desde la conformación del aparato estatal a partir de la República en el siglo XIX, época en la que, por supuesto, aparece igualmente marcada por recurrentes manifestaciones violentas de lo político.⁴⁷

Vale anotar, además, que no es difícil establecer enlazamientos entre la impermeabilidad frente a lo político participativo y el acendramiento de mecanismos violentos en su ejercicio, dado que aquellas actitudes se constituirían en aliadas significativas del imperio de fórmulas no institucionales -léase: violentas- para hacer política. Esos enlazamientos podrían hacerse, por ejemplo, examinando la resistencia de las élites a financiar el fortalecimiento del aparato represivo del Estado, por un lado, o a constituir la fuerza de trabajo de dicho aparato, como se aprecia ahora en todos los rangos poblacionales mayores de 18 años, o incluso a denunciar actuaciones delictivas en sus vecinos, obstáculo que se ha vuelto aliado importante para controlar las crecientes acciones terroristas urbanas, por otro.⁴⁸ Recuérdese que un perfil social de este tipo explica igualmente en el sur italiano la diversidad de manifestaciones violentas y, además, que "la disarmonía social y el conflicto político son concebidos corrientemente como hostiles al buen gobierno".⁴⁹

Ahora, esta conducta impermeable hacia lo político a la que se hace referencia aquí estaría explicada porque este tipo de persona tiende psicoculturalmente a actuar guiada por el temor, dado que este valor negativo es el patrón que garantiza la sostenibilidad de un ambiente social autoritario.⁵⁰ Con palabras de Fromm, "El mismo hecho de tener una conciencia culpable es [...] una señal de virtud [en sociedades autoritarias], por cuanto la conciencia culpable es el síntoma del 'temor y temblor' de uno ante la autoridad".⁵¹

Esta red de valores negativos, tipificada por el eje temor-sometimiento-sumisión-castigo-autodestrucción-violencia, como es la propia del carácter del individuo autoritario, le obligaría a seguir considerando intocable e incuestionable a la autoridad, fenómeno que riñe con los preceptos básicos de la ética humanista y que se opone, por ese mismo camino, a los preceptos también básicos de la democracia participativa, y con ello le da paso a las prácticas violentas en el ejercicio de la política.

En relación con las manifestaciones del círculo vicioso descrito, la investigación se fortalece mediante la siguiente probatoria empírica, demostrativa de hasta qué punto la cotidianidad presente colombiana está marcada por el autoritarismo proclive a la violencia, que denuncia la precariedad del capital social:

De acuerdo con esta muestra, la investigación ofrece soporte empírico demostrativo de su hipótesis, que busca relacionar la fragilidad del tejido social colombiano, entendido desde el concepto de capital social, con los patrones culturales autoritario-violentos. Esa fragilidad, insistimos, bien puede ser explicada a partir de los elementos éticos culturales de corte autoritario ya descritos, sobre todo por el carácter presente de esta fenomenología; por su variedad geográfica, socioeconómica y psicocultural, y por la manera mediante la cual resulta una conexión perfecta con el guerrerismo de corte civil del conflicto colombiano.⁵⁵

Puede asumirse que el ciudadano colombiano estaría cargando culturalmente con un lastre informativo -no genético, por supuesto- que le impediría asumir la responsabilidad que tiene ante sus propios nodos sociales, y por ello ante los retos de la política en su acepción participativa democrática y, por ello, no violenta.⁵⁶ Ello podría arrojar luces acerca de por qué aparece el colombiano como un ciudadano no respondiente o no responsable políticamente, lastre que ha sido transmitido recurrente y organizadamente mediante los aparatos educativos del Estado (familia-escuela). Ese ciudadano, culturalmente limitado por su red de valores negativos para convivir en sus ámbitos próximos familiar, empresarial, vecinal, deportivo, étnico o institucional -como se ha mostrado aquí-, estaría enfrentando profundas barreras endógenas y exógenas no sólo para entender, sino para ejercer el control en lo político, tal y como autocríticamente lo denuncian, entre otros, De Roux⁵⁷ y González.⁵⁸

De acuerdo con esta línea de pensamiento, puede avanzarse en la explicación de por qué pervive una especie de "cultura de la violencia" entre nosotros, que aparece consistente en la manera mediante la cual no sólo decimos que convivimos unos con otros, sino que hacemos política en Colombia. De esto último en particular dan fe los tratadistas de las interrelaciones violencia-política, estudiosos del fenómeno desde el siglo XIX republicano.⁵⁹ Esta propuesta resultaría además coherente con las nociones propuestas por Fromm y Nietzsche, relacionadas con el perfil sadodestructivo del individuo de carácter autoritario, los que, como también se expuso al comienzo, muestran interesante similitud con las manifestaciones del conflicto político-cultural que padece Irlanda del Norte desde mediados de los años sesenta del siglo XX.

5. IMPLICACIONES DEL FENÓMENO SOBRE EL PRESENTE POLÍTICO

El miedo que mecánicamente sigue despertando el
gobierno de Uribe
podría explicarse como el miedo que cada colombiano
le tiene al pequeño autoritario que lleva dentro de sí.

El círculo vicioso precariedad cultural autoritaria-impermeabilidad participativa ciudadana-descontrol político-proclividad violenta en lo político-mayor impermeabilidad, que se deriva del espectro trazado hasta aquí, estaría adquiriendo en el presente histórico perfiles no menos perniciosos. Por una parte, significa que el ciudadano elegido para ejercer lo político asuma con propiedad nada sorprendente papeles autoritarios asociados con su propia deformación ética, y, por la otra, que el ejercicio autoritario del poder resultara, por contrapartida, acompañado del clamoroso favor ciudadano, por fuerza del temor que se acepta socialmente como 'virtud'; y si lo anterior no bastara, que el ciudadano, al tiempo que muestra inhibiciones para dinamizar su grado de participación política, sea como elector independiente sea como contralor político, continúe asumiendo como normal en la política el ejercicio de roles violentos.

La siguiente tabla muestra la persistencia de este tipo de comportamientos asociados con el ejercicio de prácticas violentas por parte de ciudadanos cuyos actos no les comprometen directamente con el escenario de la guerra civil dentro de los llamados "bandos en contienda":

De esta forma es posible apreciar, tanto empíricamente como a partir de las herramientas teóricas filosóficas y psicoculturales aquí propuestas, que en Colombia el apoyo a actitudes autoritarias hacia los elegidos puede obedecer no a posiciones aisladas propias de alguna coyuntura sino, al contrario, a los más hondos preceptos de la cultura vigente. No puede dejarse de lado en esta perspectiva que bien podría darse por descontado que la defensa del autoritarismo por parte de algunos elegidos, sólidamente apoyada por el electorado, bien puede conducir a mayores autoritarismo y violencia políticos, tal y como se propone ahora en diversos círculos de opinión en Colombia.

Al respecto, la investigación precisa que no asimila el concepto de autoritarismo, aquí explicitado, con el válido ejercicio de la autoridad por parte de los aparatos del Estado; sin embargo, advierte que dadas las raíces culturales vigentes en Colombia, la frontera entre el uno y la otra puede resultar deleznable, dado que el contexto social no poseería elementos para distinguir cuándo se está actuando autoritariamente (o ejerciendo autoritarismo) y cuándo se está ejerciendo la autoridad o, lo que sería peor, que cuando se ejerciera legítimamente la autoridad, se clamara a cambio por un mayor autoritarismo o se criticaran dichas acciones legítimas por 'autoritarias'.

En relación con esta significativa situación aparentemente dilemática, Colombia afronta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) con temores de este perfil, claramente explicables por nuestra confusión cultural entre autoridad y autoritarismo. A pesar de que el presidente elegido insistió desde el comienzo de su campaña, y ahora durante su mandato, en que su propósito es el de rescatar la autoridad, lo que no admitiría discusión en un país doblegado a cual más por la fragilidad de su capital social y la violencia política, la interpretación generalizada de su mensaje se inclina a deducir del discurso de Uribe uno de índole autoritaria. ¿Por qué? Precisamente porque su audiencia, los ciudadanos en general, no poseemos herramientas culturales para leer el discurso de la autoridad, sino mediante su contrapuesto, el autoritarismo, sobre cuyas bases hemos sido "educados en valores", se dice.

Para reforzar el centro argumental de la investigación, vale decir que los colombianos, con toda lógica, no podemos ejercer participación como electores sino a partir de nuestro lastre autoritario. Llanamente hablando, cada colombiano vería en Uribe al autoritarista caracteriológico que llevamos dentro de nosotros, con lo que quedamos impedidos para leer objetivamente el mensaje de autoridad que el proponente quiere transmitir. Pero, además, y tal como se ha señalado aquí en relación con el autoritarismo observado desde la óptica de la representación, esto es, del autoritarismo en cabeza del elegido, tiene cierta lógica suponer también que siendo Uribe necesariamente producto de una cultura autoritaria - de perfil conservadurista el suyo, además- su discurso de rescate de la autoridad (significativo del rescate de la responsabilidad de cada ciudadano para consigo mismo y con su entorno) también corre el riesgo de estar afectado por las propias e inevitables deformaciones culturales autoritarias que vienen de su condición de colombiano.

6. INFERENCIAS PRELIMINARES

Los sistemas de educación liberales y
"progresistas" no han modificado [la]
situación en el grado que podría suponerse.
La autoridad manifiesta ha sido reemplazada
por la autoridad anónima, los mandatos
directos por fórmulas "científicamente" establecidas;
"no hagas esto" por "no te gustará hacer esto".
En efecto, esta autoridad anónima puede ser de muchas
maneras, más opresiva que la autoridad abierta.
Fromm⁶²

Todo aumento [de] gozo para el individuo [...]
contribuirá más a la educación ética [...] que
todas las prédicas a favor de la virtud.
Fromm⁶³

La cohesión actitudinal entre lo cultural y lo político resultaría, inevitablemente, autorreproductiva. Obligado el ciudadano a "reconocer la superioridad [o alejamiento] de la autoridad como un valor socialmente aceptado", ello le implica aceptar políticamente la existencia de "...la prohibición de sentir que [...] es o puede llegar a ser [...] autoridad, porque eso estaría en contradicción con la irrestricta superioridad y exclusividad de esta última",⁶⁴ todo lo cual conspira en ahondar sus dudas culturales acerca de que la política sea, en verdad, un camino constructivo catalizador del ascenso social.⁶⁵

Pero estos valores negativos no se transmiten o reproducen en abstracto y tampoco se materializan en el seno de los medios de comunicación, de los programas partidistas o como producto de 'presiones extranjeras', como suele interpretarse esta fenomenología. Al contrario, estos valores se han fecundado y gestado desde adentro del aparato educativo compuesto por familia y escuela, dinamizadores por excelencia de los círculos viciosos sociales (tal y como puede serlo, por supuesto, de la construcción de círculos virtuosos).⁶⁶

En efecto, de acuerdo con Ross, "Las primeras experiencias de aprendizaje afectan a la cognición así como a motivaciones más profundas que preparan a los individuos para los patrones de conflicto y cooperación en la sociedad y proporcionan herramientas conceptuales claves para interpretar sus mundos sociales".⁶⁷ Pero hablando de familia y de escuela, hay que acotar que los expertos le otorgan a la última un papel de mayor significación, por lo que adquiere mayor responsabilidad relativa. Tal y como un educador especializado lo expone en Colombia:

[Mientras que la familia produce educación] en un sentido amplio [... de carácter informal], [la escuela] hace referencia a la educación [...] conscientemente organizada y orientada a un fin [... que] tiene por objeto formar [... e] instruir [... repensando] los contenidos teóricos y prácticos [educativos], ya que está inserta en una dinámica social [...] y política.⁶⁸

De esta forma, si la tarea de la escuela es la de organizarse conscientemente hacia un fin formativo e instructivo, en lo mecánico, y revisor (o reproductor) de valores, en lo filosófico, su papel se hace vital para la propagación de los fines culturales mayoritariamente aceptados, que son para Colombia unos de corte autoritario (tal y como en otras sociedades lo son de índole humanista o, más estrictamente, teocráticos). Por ello, en Colombia, la escuela materializaría el propósito de 'normalizar' en el mejor estilo del discurso foucaultiano, pero de normalizar autoritariamente, pues la red de valores del colectivo le exigiría reproducir sus más profundos principios morales.

Si aceptamos la tesis de Foucault, se cae de su peso que dicha normalización riñe con las posibilidades que tengan los educandos en su adultez de entrar a desafiar las taras sembradas y reproducidas por esa misma red de valores, es decir, riñe con la posibilidad de que una sociedad autoritaria pueda admitir un subaparato educativo que reproduzca, por ejemplo, caracteres humanistas.⁶⁹ No se puede mirar de soslayo entonces que:

[La educación produce un] doble efecto: [...] ejercer [sobre los alumnos] una presión constante para que se sometan todos al mismo modelo, para que estén obligados todos juntos "a la subordinación, a la docilidad, a [...] la exacta práctica de los deberes y de todas las partes de la disciplina" para que todos se asemejen [...] En suma el arte de castigar [al educando, ...] no tiende ni a la expiación ni aún exactamente a la represión [...] La penalidad perfecta [...] compara, diferencia, jerarquiza, homogeneiza, excluye. En una palabra, normaliza.⁷⁰

La investigación propone que la siembra "conscientemente organizada y orientada" de valores normalizantes de lo autoritario desde la escuela necesariamente trascienda hacia la vivencia autoritaria de lo político, para que incida en la forma mediante la cual el ciudadano adulto, así educado, asuma sus deberes y derechos.⁷¹ En contra de la concepción neomarxista de Estado que comparte la investigación, según la cual éste funciona como dinámico, resultante de la contraposición de fuerzas entre clases o representantes de clases, donde cada una es responsable de sostener, como de hecho sostiene, sus propios intereses,⁷² esta pervivencia del patrón autoritario es tan regresiva como que está apalancada en el supuesto de que "... la autoridad se establece como algo fundamentalmente distinto de sus sujetos",⁷³ y que la hace aparecer políticamente como inexpugnable y capaz de fracturar las potencias reales de lo democrático.

De esta forma, la valoración social autoritaria intenta mostrar contra evidentiae que el Estado se encuentra separado de la sociedad (y de los ciudadanos), posición que Poulantzas denuncia como atada a la vieja concepción leninista de Estado,⁷⁴ afín con algunos de nuestros más caros conceptos 'democráticos' de perfil iliberal, lo que demuestra además de qué manera los extremos terminan juntos.⁷⁵

Este enlazamiento coherente entre los subaparatos ideológicos del Estado (educativo, eclesial, y partidista), en proceso de ser comprobado como vigente en Colombia,⁷⁶ contribuiría a explicar por qué la red social de valores autoritarios puede coherentemente alimentar una sociedad como la colombiana, poseedora de un capital social que aparece precario y caotizado. Al mismo tiempo puede explicar por qué este caos admite que dicha red esté alimentada y alimente a su vez de manera armónica las trazas de violencia guerrerista en lo político que nos caracterizan.⁷⁷ Por consiguiente, en la medida en que nuestra cultura -sembrada y reproducida funcionalmente por medio del subaparato educativo del Estado- siga normalizando los procesos de aprendizaje hacia la conservación de una ética autoritaria, puede resultar inútil esperar que en el ejercicio de la política el ciudadano colombiano encuentre la forma de separarse de esas limitaciones y afrontar sin dificultades los retos que le impone la democracia participativa de corte moderno.⁷⁸

A juicio de la investigación, la condición sine qua non para que esta fractura cultural se haga viable descansa en la habilidad del aparato educativo para romper en sí mismo y en sus educandos las trazas de autoritarismo que siembra, ejerce y reproduce como parte integral de un colectivo sometido a esa misma red de valores. Si ese camino de fractura fuera emprendido de inmediato desde la escuela (y así transmitido a las nuevas familias), podrían esperarse de los diversos ámbitos sociales modificaciones actitudinales que expresen nuevas tendencias que deben privilegiar, nietzscheanamente "la voluntad de poder" antes que la impotencia. Ello puede significar que el individuo productivo que recorre caminos alternativos no siga estigmatizado desde la familia y la escuela como una amenaza (conflictiva) contra la autoridad (inexpugnable), sino como lo que es: un elemento dinamizador de la sociedad. De lo contrario, la impotencia, el apaciguamento, el doblegamiento sumiso, la ineptitud y la impermeabilidad política, adobos todos de un clima de irresponsabilidad ciudadana, descontrol político y violencia, seguirán siendo los patrones deformativos que el subaparato educativo se encargaría de continuar esparciendo por la sociedad, a fin de garantizar por esa vía la preservación suicida del proceso involutivo en el que nos hallamos comprometidos los colombianos.⁷⁹

Notas al pie

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