Resistencia ciudadana y conflicto armado. Un estudio de caso: desarticulación de redes sociales en el Pacífico colombiano^*

Civic resistance and armed conflict. A study case of the Colombian pacific region

Laly Catalina Peralta González¹

^*Este artículo hace parte del proyecto de investigación "Políticas públicas del gobierno Uribe Vélez frente a las minorías étnicas en el conflicto armado", financiado por el Fondo de investigaciones de la Universidad del Rosario.
¹ Socióloga. Joven investigadora. Universidad del Rosario. Bogotá-Colombia

Recibido: febrero 2 de 2005 Aprobado: abril 29 de 2005

RESUMEN

El objetivo de este artículo es evidenciar cómo se han ido debilitando las experiencias de organización y resistencia social propias de las comunidades étnicas del Pacífico colombiano,² mediante diferentes estrategias que responden a los intereses tanto del gobierno, el capital transnacional, como de los actores del conflicto armado. Algunas denuncian apuntan a que estas estrategias han sido amparadas por el accionar paramilitar y disfrazadas con las promesas de progreso que generan los proyectos productivos que se adelantan en la zona.

Palabras clave:Región pacífica colombiana, violencia política, desplazamiento, políticas colombianas, grupos minoritarios, movimientos sociales.

ABSTRACT

In this article, I examine the way that the political and social movements of minority groups of the Colombian Pacific region has been weaken through different policies and strategies of the Colombian government, transnational corporations and the insurgent movements.

Key words: Colombian pacific region, political violence, displacement, Colombian policies, minority groups, social movements.

El objetivo de este artículo es evidenciar cómo se han ido debilitando las experiencias de organización y resistencia social propias de las comunidades étnicas del Pacífico colombiano,² mediante diferentes estrategias que responden a los intereses tanto del gobierno, el capital transnacional, como de los actores del conflicto armado. Algunas denuncian apuntan a que estas estrategias han sido amparadas por el accionar paramilitar y disfrazadas con las promesas de progreso que generan los proyectos productivos que se adelantan en la zona.

La dinámica entre el conflicto armado, los actores étnicos y los proyectos productivos está inmersa en la lógica homogeneizante del desarrollo, y tiene como escenario un contexto global dominado por el capital transnacional. Sin embargo, desde las propuestas alternativas de desarrollo y convivencia, las comunidades afrocolombianas e indígenas del país han logrado, por medio de redes sociales, construir diversas formas para controlar el avance desmesurado de los megaproyectos en la zona y tejer formas de convivencia que les permiten sobrevivir en medio del conflicto armado.

El megaproyecto de la palma africana en el Chocó, en primer lugar, ilustra cómo el desarticular esas formas de organización se ha convertido en un objetivo estratégico para diferentes actores y, en segundo lugar, evidencia cómo ese debilitamiento organizacional puede alterar las relaciones entre el Estado y los actores étnicos. El ejercicio descriptivo muestra cómo el fraccionamiento de las organizaciones sociales es un objetivo militar y económico que abre paso a un nuevo tipo de actores étnicos, ahora más individualizados, con menores posibilidades de declararse neutrales frente al conflicto armado, y con una capacidad disminuida para negociar frente al Estado y los intereses transnacionales.

La primera parte del presente artículo describe el contexto regional del Pacífico y hace un breve recuento de la trayectoria organizativa negra, para evidenciar la tensión de intereses que caracterizan la región. Posteriormente, se muestra la forma en que el Pacífico colombiano ha sido integrado a la economía nacional con el fin de ilustrar las consecuencias sociales, económicas y ambientales que conllevan los modelos de economías extractivas, y, en la tercera parte, se describen las condiciones irregulares que han permitido la extensión de los cultivos de palma en el Chocó colombiano.

I. Contexto

Pacífico: espacio estratégico

Aproximarse al Pacífico colombiano es acercarse a una zona privilegiada por la riqueza biológica³ y castigada por la pobreza social⁴, es volver los ojos a una zona estratégica que permite reconstruir la tensión entre agentes locales y globales. En esa dinámica se suscriben tanto intereses nacionales del gobierno actual, como de los actores del conflicto armado y del capital internacional.

Al ingresar Colombia, formalmente, como observador en el Plan Pana-má-Puebla, el gobierno actual le ha asignado un valor especial al Pacífico norte en tanto que es indispensable para la ejecución de tres importantes proyectos: una línea de interconexión eléctrica para el 2008, un gasoducto Venezuela-Colombia-Panamá-Puebla y la carretera Panamericana que unirá a las dos Américas por el Darién⁵. Por su parte, las fuerzas irregulares del país movilizan por el Pacífico colombiano el 70% de los recursos que requieren para librar la guerra contra el Estado⁶. Es a través de este corredor que los actores armados ilegales han estado importando armas y exportando drogas.

A escala global, esta zona tiene un valor genético y biológico para los intereses transnacionales por ser una de las últimas grandes selvas húmedas tropicales del planeta, adicionalmente, resulta atractiva para el capital extranjero por el potencial de recursos que ofrece en el campo forestal y minero, y por la mano de obra barata que aportan los pobladores locales.

En tensión con los múltiples intereses que encierra la región del Pacífico, se encuentra la normatividad ambiental y territorial que busca proteger la diversidad biológica y cultural⁷ de la zona. La amplia plataforma jurídica, nacional e internacional⁸, que cobija las minorías étnicas del país les otorga una amplia gama de derechos; respecto a los derechos territoriales, hay un total de diez millones de hectáreas que se encuentran cubiertas por una normatividad especial, ya sea porque están tituladas colectivamente a nombre de las comunidades negras o indígenas del Pacífico, o porque están protegidas por el régimen especial de Parques Naturales. Para el caso específico de las propiedades tituladas colectivamente a las comunidades negras, por disposición de la Ley 70 de 1993, éstas se consideran inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Sin embargo, los avances logrados por las comunidades respecto a sus derechos territoriales se han visto opacados por las características que ha adoptado el conflicto armado en esta región, ya que su dinámica ha obedecido a los intereses económicos y militares que conviven en la zona.

Las comunidades étnicas del Pacífico colombiano gozaron de una tranquilidad alentadora hasta finales de 1996⁹, momento en el que se presentó la primera incursión paramilitar en el Bajo Atrato. El resultado de estos enfrentamientos, que utilizaron como principal estrategia de guerra el aterrorizar a la población civil, fue el desplazamiento forzado masivo más grande que se haya producido en el país desde 1985¹⁰. Este fenómeno impidió que los campesinos de la Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA) ocuparan las primeras tierras que eran adjudicadas mediante la figura de titulación de territorios colectivos¹¹.

Algunas comunidades han denunciado que las causas de los desplazamientos ocurridos en 1996 mantenían una relación estrecha con el interés gubernamental por reactivar el proyecto de construir un canal interoceánico alterno al de Panamá¹², por lo que fueron antecedidos por acciones de las fuerzas armadas (controles de vías de acceso y limitaciones de circulación de personas y productos alimenticios, operaciones "rastrillo", bombardeos, etc.)¹³. Ésta y otras experiencias han evidenciado que los desplazamientos forzados no son fenómenos aislados, sino que, por el contrario, responden al interés particular de despejar los obstáculos impuestos a importantes proyectos energéticos, viales, mineros, agroindustriales¹⁴ y portuarios, expresamente restringidos por las disposiciones de protección ecológica del área y por la Ley de titulación colectiva.¹⁵

Este hecho se manifiesta de forma concreta en que los eventos de desplazamiento que se registran ocurren inmediatamente después de que los títulos colectivos han sido entregados a las comunidades,¹⁶ y en que los desplazamientos provocados por los paramilitares coinciden con los lugares de implantación de megaproyectos.¹⁷

En este sentido, Daniel Pécaut describía, en un artículo publicado por la Universidad Nacional, la progresiva desterritorialización de la guerra colombiana, y retomaba el análisis de Camilo Echandía, asegurando que los nuevos objetivos de la guerra se enfilan a controlar los principales polos económicos y rutas de gran importancia, como las rutas hacia al Pacífico que permiten las exportaciones de droga y las importaciones de armas.¹⁸ En esta misma dirección, la nueva lógica de las guerras del siglo veintiuno privilegia el acceso y la explotación de los recursos, y deja de lado los objetivos territoriales como el defender o ampliar fronteras. Oslender pone como ejemplo el caso de la guerra en Iraq, donde el "ejército norteamericano actuó a la vez como fuerza destructora y de limpieza para preparar la entrada de empresas e intereses económicos norteamericanos".¹⁹ de forma semejante, los ejércitos paramilitares han facilitado el ingreso de intereses económicos en la región del Pacífico colombiano.²⁰

Comunidades negras: organización social

Hace tres décadas los fenómenos de movilización social eran inexistentes en el Pacífico colombiano, de tal forma que ésta era una región donde "la depredación de los recursos naturales, la explotación de la mano de obra local y el abandono estatal ocurrían sin mayor oposición"²¹. Sin embargo, la presencia de algunas organizaciones internacionales no estatales²² en la región y el acompañamiento de ciertos grupos misioneros católicos²³ durante la década de los setenta permitieron adelantar importantes procesos organizativos que, con el tiempo, se reprodujeron de forma autónoma²⁴. Durante esa década, la Iglesia inició un proceso de organización de comunidades eclesiales de base bajo la influencia de la teología de la liberación; en una primera etapa, el proceso se realizó únicamente con la población indígena, pero, posteriormente, abarcó a los campesinos negros del Pacífico.

Estos procesos organizativos han girado, principalmente, en torno a los reclamos por el reconocimiento de la propiedad territorial. La Ley 2 de 1959 convirtió en baldíos (espacios vacíos propiedad de la nación) los territorios que durante miles de años habían venido siendo ocupados por las comunidades negras del Pacífico. Según esta Ley, para que el Estado les reconociera la ocupación de esa zona, los pobladores debían adoptar un modelo de producción contrario a sus prácticas tradicionales. Las comunidades negras continuaron habitando esos predios sin ningún soporte legal, hasta que el avance de las compañías madereras amenazó de forma directa su supervivencia y sus territorios.

Ante esa coacción, a finales de la década de los ochenta, la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), apoyándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)²⁵ y con el apoyo de la Iglesia Católica, defendió su origen tribal africano, y sus especificidades culturales, y reclamó, por primera vez, la necesidad de defender los derechos a la propiedad de las poblaciones negras. Este reclamo encontró eco en un proyecto de cooperación técnica internacional (el DIAR, Desarrollo Integral Agrícola Rural), el cual, para esa época, diagnosticó que estas comunidades desarrollaban un sistema de producción que garantizaba la preservación del bosque, mientras cuestionaba las técnicas productivas utilizadas por las compañías madereras. En ese contexto, la ACIA logró que el Estado reconociera, por primera vez, el manejo de la zona a los habitantes de la parte media del río Atrato.²⁶

Después de los avances adelantados por la ACIA, surgieron la Organización de Barrios Populares (Obapo), también bajo una importante influencia de la Iglesia; a escala rural, la Asociación de Campesinos del Baudó (Acaba) y la Organización de Campesinos del Bajo Atrato (Ocaba), también con reivindicaciones territoriales.

Otro de los antecedentes y logros importantes de la organización negra fue lo ocurrido durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde algunos constituyentes manifestaron un rechazo a la posibilidad de reconocer la especificidad cultural negra. El discurso generalizado consideraba a los indígenas como únicos portadores de alteridad étnica, y daba por hecho que los negros ya estaban asimilados a la sociedad mayor. Frente a esta clara exclusión, las comunidades organizaron diferentes movilizaciones simbólicas que ejercieron una presión real sobre los constituyentes. Una de las acciones más importantes fue el telegrama negro, el cual permitió que se enviaran 250.000 telegramas a los constituyentes, en los que se pedía la "inclusión de los negros, como realidad étnica dentro de la reforma constitucional". Por otra parte, varias organizaciones ocuparon, por una semana, la alcaldía, la catedral y la sede del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en Quibdó; posteriormente, una delegación realizó una visita pública a la embajada de Haití²⁷, y en Cali se realizó el foro Los negros ante la Constitución²⁸.

Fruto de estas movilizaciones, las medidas relacionadas con la especificidad de las comunidades negras quedaron aprobadas en una de las disposiciones transitorias (artículo transitorio 55)²⁹. El desarrollo normativo de este artículo se da con la Ley 70 de 1993, y una vez aprobada, el Incora se propuso como meta la titulación colectiva de 5'600.000 hectáreas de tierras baldías. Para el 2003 se había logrado la expedición de 127 títulos colectivos para igual número de consejos comunitarios, con un área de 4'611.248 hectáreas, que beneficiaron a 53.235 familias negras³⁰.

Estas experiencias organizativas por la lucha de los derechos territoriales han permitido consolidar un cierto grado organizativo en algunas comunidades, lo que ha facilitado que éstas desarrollen formas particulares de supervivencia en medio del conflicto armado. Ejemplo de ello fue lo ocurrido durante 1996 cuando, frente a las temibles circunstancias que empezaron a rodear la zona, algunas comunidades con experiencias previas de organización empezaron a discutir sobre diferentes estrategias de retorno. El ejercicio comunitario que se inició con estas reflexiones posibilitó la constitución de las Comunidades de Paz de San Francisco de Asís³¹, el 19 de octubre de 1997. Al igual que esta experiencia, han nacido otras similares, como las Comunidades de Natividad de María y Nuestra Señora de Carmen Riosucio, entre otras.

María Teresa Uribe de Hincapié, refiriéndose a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, señala que el sentido de estas experiencias es declararse neutrales frente al conflicto con el acompañamiento de diferentes actores internacionales no estatales: "es una forma de manifestarle a los actores armados, incluidos el Estado, que este colectivo optó por la paz y la resistencia a la guerra"³². Aunque las experiencias han sufrido diferentes arremetidas militares, han demostrado cómo es posible "generar desarrollo a partir de la construcción de la paz, pero, sobre todo, cómo [...] es posible derrotar a la guerra sin que ello implique el uso de la violencia ni la retaliación como defensa".³³

Pacífico: coyuntura actual (2002-2005)

Las políticas del actual gobierno en materia de seguridad responden a dos aspectos que traen consecuencias significativas sobre las organizaciones negras. Primero, el gobierno "no vende a Colombia como un país que necesita ayuda internacional, sino como una pieza clave en la guerra antiterrorista"³⁴ iniciada por los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre y, segundo, ha sido renuente en aceptar la existencia de un conflicto armado interno y ha definido al terrorismo como el único enemigo que debe ser vencido. Para el asesor del gobierno Obdilio Gaviria, en Colombia los grupos guerrilleros no pueden ser considerados como revolucionarios en busca de un nuevo régimen, sino simples terroristas que no respetan las normas humanitarias: "después de la caída del muro de Berlín la guerrilla ya no lucha por un ideal político, sino que actúa como mafia vinculada al narcotráfico y a la captura de rentas como la gasolina, la coca y el oro".³⁵

En esta lucha contra el terrorismo, la Política de Seguridad Democrática establece la seguridad como el elemento indispensable para asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado³⁶. Por otro lado, en cuanto la población civil es la principal víctima de la lógica criminal terrorista, ésta adquiere un papel más activo dentro del conflicto por medio de programas como la Red de informantes, o los Soldados campesinos. Para el caso específico de las comunidades étnicas, el presidente de la República les recordada a los indígenas del Cauca en el Consejo Social Indígena, su posición frente a las experiencias de resistencia civil: "Nosotros no aceptamos aparentes neutralidades entre terroristas y la fuerza pública. Eso es inaceptable [...] aquí hay que definirnos a favor de la fuerza pública"³⁷, en el mismo sentido, una fuente del gobierno afirmó: "no se puede hablar de neutralidad porque no hay conflicto, y es inadmisible que se impida el ingreso al Ejército a algunas zonas del país porque es como poner al Estado al mismo nivel de las guerrilla y los paramilitares".³⁸

En respuesta a las prioridades y políticas anunciadas por este gobierno, las comunidades étnicas indígenas y negras del Pacífico han lanzado su voz de alerta frente al recrudecimiento de las acciones militares en la zona: durante el gobierno actual se han incrementado los asesinatos selectivos, las restricciones en la movilización, el señalamiento indiscriminado de líderes y dirigentes, y se ha retrocedido en el proceso organizativo logrado por las comunidades, mientras que las relaciones de solidaridad han sido reemplazadas por la desconfianza que surge de los ofrecimientos de dinero por parte del gobierno a los indígenas y afrocolombianos para convertirse en informantes.³⁹

Constantemente, la Iglesia católica, por medio de la Comisión Vida, justicia y paz, y diferentes organizaciones humanitarias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado de manera vehemente ante la comunidad internacional la crisis humanitaria que se ha venido agudizando sin obtener respuesta alguna.⁴⁰ Sin embargo, las preocupaciones no se limitan a las condiciones de seguridad de la población civil, sino que también apuntan a las políticas ambientales adoptadas por este gobierno, las cuales son cercanas a los cambios internacionales que se han producido a favor de la economía global.

En la agenda tratada en la Cumbre de Desarrollo y Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Johannesburgo, en el 2003, se priorizó la protección de las compañías transnacionales por encima de los avances obtenidos en materia de políticas ambientales multilaterales. Se produjo, entonces, un retroceso significativo frente a lo logrado en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro en 1992, en tanto que la prioridad unilateral de los negocios dominó la agenda de Johannesburgo; de esta forma, se legitimaron las corporaciones transnacionales y se debilitó el sistema ambiental multilateral, que venía obstaculizando la dinámica global del capital.⁴¹

El gobierno colombiano, cercano a esta tendencia global, dejó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que el "medio ambiente no se convertiría en una forma de proteccionismo disfrazado",⁴² en este mismo sentido, la Contraloría General de la Nación comentó que el PND parecía "adscribirse a la concepción de que el mercado lo puede todo, sin considerar que las fallas de mercado se han traducido en deterioro de los ecosistemas".⁴³ En palabras de Hildebrando Vélez, el gobierno de Uribe fomenta la conservación con figuras como la "protocolización del canje de deuda por naturaleza", pues ésta hace parte de las preocupaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos,⁴⁴ pero no "admite que las normas ambientales impidan la expansión del capital, sino que, por el contrario, fomenta la desaparición de la institucionalidad ambiental y la flexibilización de las exigencias ambientales legales para favorecer el comercio internacional".⁴⁵

El problema ambiental, y su tratamiento, tiene un significado especial para las comunidades étnicas del país, las cuales han reivindicado como centro esencial de su lucha, el territorio, y esta lucha no se da sólo por los recursos naturales y las tierras que ocupan, sino por los significados culturales y sociales que ella encierra. Por esta razón, las políticas ambientales nacionales e internacionales no sólo afectan su entorno natural, sino las particularidades que les permite definirse como comunidades.

II. Economías extractivas: industrias de transformación territorial

Pese a que, históricamente, el Pacífico colombiano ha gozado de un estatus especial por su riqueza biológica, la integración de esta región a la economía nacional se ha logrado parcial y desfavorablemente mediante un modelo de desarrollo propio de las economías extractivas y de enclave, las cuales dependen del aprovechamiento de la oferta ambiental hasta su agotamiento. Este modelo económico se aproxima a las regiones como despensas naturales, en tanto que instala una capacidad locativa para la explotación, inicia el ciclo de saqueo y abandona la región una vez agota los recursos naturales; sólo deja daños ambientales irreparables, y a la población sumida en la pobreza.⁴⁶

Éste es el caso de Tumaco, donde grandes emporios económicos con capitales nacionales y extranjeros explotaron, desde 1950, los recursos madereros para exportarlos a Estados Unidos y Canadá; en la actualidad, este municipio ocupa un lugar marginal en la producción maderera debido al agotamiento de esas existencias. Para el caso de la agroindustria, el cultivo de palma africana le significó al municipio de Tumaco la desaparición de los bosques secundarios y los remanentes de bosque primario que se encontraban en el área del río Mira sin que los recursos económicos obtenidos representaran mejoras para la población local.⁴⁷

Con la extracción de la corteza del mangle, los palmitos de naidi y la minería sucedió algo similar. La corteza del mangle fue explotada durante todo el siglo XX hasta la década de los setenta, cuando el Estado lo prohibió debido a la amplia destrucción que habían sufrido los bosques de manglar. Las enlatadoras y exportadoras del palmito de naidi han dejado de funcionar por la baja del precio en el mercado internacional y por la dificultad para obtener la materia prima debido a las reducciones de existencia de naidi. La devastación ambiental por la minería también es evidente en la región. En la actualidad, el Pacífico es el primer productor de platino y el segundo en oro, y con esta alta productividad la pérdida de cobertura boscosa es ya irreversible.

El cultivo de palma africana se inscribe dentro de las economías extractivas, por cuanto las ganancias que genera no reportan beneficios para los habitantes locales, sino para agentes externos a la región, y trae consigo efectos ambientales de magnitudes considerables. Pero, mas allá del deterioro ambiental que genera este tipo de cultivos, la consolidación de los modelos de economía extractiva conlleva otro tipo de consecuencias aún más graves para los individuos y las formas de organización local. Tres de las principales consecuencias se enuncian a continuación:

1. La extracción de otros recursos naturales en el pasado, ha evidenciado que la tensión entre intereses económicos y actores étnicos se resuelve en favor de los primeros mediante el accionar paramilitar. Como se detallará mas adelante, la Corte Interamericana de Derechos ha denunciado que el cultivo de palma en el Chocó ha estado acompañada de incursiones armadas paramilitares⁴⁸ que convierten a los jornaleros y campesinos en desplazados y/ o alteran las formas de organización. En este sentido, es relevante señalar que la estrategia paramilitar no se limita al accionar militar, sino que tiene como objetivo final consolidar un proyecto político y social. De esta forma, es posible identificar cómo las diferentes etapas de su accionar eliminan progresivamente, y de manera metódica y sistemática, los procesos organizativos. En un comunicado publicado por la Diócesis de Quibdó, se afirma que la entrada paramilitar, por lo general, está marcada por la generación de terror; las grandes masacres y sus consecuentes desplazamientos son tan sólo una forma de visibilizar su llegada a un territorio, pero, posteriormente, van penetrando las estructuras sociales mediante una fase de asesinatos selectivos que les permite eliminar a los opositores que cuentan con apoyo social. Mas adelante, inician trabajos comunitarios por medio de fundaciones y cooperativas para sacar adelante proyectos productivos de altísima rentabilidad en tiempos sorprendentes, y logran, con esto, permear definitivamente la dirigencia regional. Según el comunicado de la Diócesis, en el caso del Chocó, más exactamente en el río Atrato, los paramilitares han entregado motosierras y han impulsado la creación de grupos asociativos de aserradores "brindándoles facilidades para organizar tiendas locales y así hacer contrapeso a la red de tiendas comunitarias creadas por las organizaciones sociales". Una vez se han desarticulado las redes sociales locales se inicia un proceso para lograr un "dominio real del territorio", éste es el caso de zonas en Urabá y Córdoba donde la estrategia paramilitar consiguió un amplio apoyo de la población mediante programas organizativos y sociales.⁴⁹

Para la Diócesis de Quibdó, esta última fase no se ha logrado aún en el Chocó, pues, todavía existen procesos sociales que están haciendo resistencia; sin embargo, manifiestan su preocupación sobre que el proyecto paramilitar se esté construyendo como una nueva manera de etnocidio que niegue la diversidad⁵⁰: "el gran riesgo del proyecto paramilitar impuesta en muchas regiones es que en el fondo constituye un esquema de sociedad fuertemente agraria, militarista, inclinada a la unanimidad, en oposición a un país plural, participativo y moderno".⁵¹

2. Otra de las consecuencias de las economías extractivas es que una vez se inician los procesos productivos, los pobladores locales entran en una lógica que altera sus pautas de consumo y destruye sus prácticas productivas tradicionales. Los ciclos extractivos exigen una mano de obra barata por lo que acaparan la población local, con esto se pierden o se descuidan los cultivos de "pancoger", lo que provoca, a su vez, un alza en los precios de los productos básicos. Por lo general, estos productos de la canasta familiar son comercializados por las mismas multinacionales, de esta forma, el salario adquirido por los jornaleros en las plantaciones vuelve a manos de las empresas encargadas de los ciclos extractivos.⁵² A este hecho se suma que, con los nuevos productos que las multinacionales empiezan a llevar a la región, se alteran los patrones locales de consumo en cuanto se generan nuevas necesidades en la población, que, difícilmente, podrán ser sostenidas una vez finaliza el ciclo extractivo.

3. Las consecuencias son aún más perversas cuando a los campesinos se les invita a participar del proceso productivo como dueños de la maquinaria y no en condición de jornaleros. Se les invita argumentando que con esta participación se logrará una redistribución de la riqueza; sin embargo, este sistema es ampliamente conocido en la zona, ya que fue intentado por las empresas madereras y al cierre de cuentas los madereros siempre quedaban debiéndole al "patrón". La idea inicial de este sistema es que el campesino se convierte en dueño de la maquinaria al adquirir un crédito con la empresa, deuda que se va saldando con las materias primas obtenidas. Sin embargo, por los costos adicionales ocasionados por los nuevos precios de los productos básicos de la canasta familiar, más los costos de la mano de obra, los fertilizantes y herbicidas.⁵³ el campesino queda encerrado en un círculo de deudas imposible de romper, por lo que la promesa inicial de una posible redistribución de la riqueza jamás se convierte en realidad.

Con los desplazamientos y el proyecto político promovido por las incursiones paramilitares, junto con las nuevas dinámicas de consumo que permean la lógica local, se presenta una fragmentación social que debilita las comunidades y las convierte en individualidades presas de la lógica capitalista. De manera progresiva, estos procesos de alineación colectiva convierten a las comunidades en individuos dispersos, así, el interlocutor consciente y organizado que resistía a los megaproyectos o a los actores armados del conflicto se va debilitando.

Aunque las evaluaciones sociales y ambientales han demostrado lo desfavorable que resulta la expansión de los monocultivos de palma africana, el gobierno presente, al igual que lo han hecho sus antecesores, promueve nuevamente la palma africana como una excelente oportunidad para la reactivación económica campesina, como una solución para el desarrollo rural del país y como una iniciativa de paz. Lo que diferencia esta iniciativa gubernamental con las anteriores es que el estímulo a la explotación de palma africana se hace en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde estos cultivos adquieren una especial importancia como un potencial de petróleo vegetal (biodiesel).

En este sentido, los estímulos otorgados a los palmicultores han sido significativos: en el Congreso se aprobó un proyecto de Ley, iniciativa del Ejecutivo, que declara exento de impuestos los cultivos de tardío rendimiento, y una exención de impuestos en relación con el IVA y con el impuesto global de combustibles para el biodiesel. Adicionalmente, se han abierto líneas de crédito por medio del Banco Agrario dentro del Programa de Oferta Agropecuaria y se han previsto unos incentivos de capitalización rural con el mismo fin. Por su parte, el Plan Colombia y la Unión Europea también han asignado recursos para promover la iniciativa.

Los estímulos son proporcionales a las metas que ha señalado el presidente Uribe: "El país no se puede conformar con 200, con 300 mil hectáreas de palma, ni con 600 mil, hay que tener millones para generar empleo, mejorar los ingresos de la población campesina y producir ese petróleo biológico".⁵⁴ En este sentido, el presidente ha sido enfático en el deseo de hacer crecer a Colombia velozmente en cultivos "donde el país tenga una inmensa ventaja potencial, que se pueda convertir en ventajas reales".⁵⁵ Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones que reportan una ventaja potencial para el cultivo de palma en Colombia y que permitirían hacer del negocio de la palma más rentable?

La ONG Human Right Everywhere, realizó un estudio comparativo entre los países que son grandes cultivadores de palma como Indonesia, Malasia y Nigeria, y evidenció que las características que comparten y los hacen altamente competitivos no se refieren únicamente a las condiciones edafo-climáticas. Según el estudio, estos son países: (1) con historias democráticas complicadas, donde la legalidad no es totalmente respetada, (2) con vastas extensiones de terrenos baldíos forestales poco protegidos, en la teoría o en la práctica, y, a menudo, pertenecientes a grupos étnicos minoritarios con pocas posibilidades de defender sus derechos sobre los que hay intereses políticos en su opresión, (3) con problemas de desarrollo económico y cuyos gobernantes y empresarios buscan nichos para desarrollar actividades económicas que les permitan competir en el mercado mundial (4) donde la mano de obra es barata y poco protegida en sus derechos laborales y sindicales (5) donde existen, o han existido, movimientos de guerrilla y/o cultivos ilícitos que podrían ser erradicados mediante el control territorial, que se lograría por medio de la implementación de grandes plantaciones de palma.⁵⁶

El caso específico de la expansión de cultivos en el Chocó colombiano ilustra cómo Colombia cumple con cada una de los requisitos mencionados, esto no obedece a la ausencia de una normatividad formal que proteja los territorios ocupados por minorías étnicas, sino a que la complicidad institucional con los interés económicos transnacionales han hecho inoperante la normatividad existente. En lo relacionado con los terrenos forestales que se han ido titulando formalmente a diferentes grupos étnicos, los grupos paramilitares los han "limpiado" de quienes los exigían como propios, así que algunos de estos territorios se pueden considerar, de nuevo, como baldíos desprotegidos.

El interés del sector privado y del gobierno en desarrollar actividades económicas que les permitan competir en el mercado mundial se manifiesta en los incentivos tributarios, los créditos y las ambiciosas metas del gobierno en esta materia. La mano de obra local es barata y los paramilitares de la región se encargan de desarticular cualquier tipo de asociación sindical. Por último, según los informes que presenta el proyecto SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) los cultivos ilícitos en el Chocó representan 2.500 hectáreas en 18 municipios, por lo que sería posible presentar los cultivos de palma como una alternativa efectiva para que el Estado recobre el control del territorio.

A continuación se describe la evolución de la implementación y extensión de los cultivos de palma en el Chocó para ilustrar, con más detalle, las condiciones que favorecen la rentabilidad del negocio agroindustrial en esta zona del país.

III. Palma Africana: irregularidades en favor de la rentabilidad

En el Chocó, el mayor proyecto de palma africana está en cabeza de Urapalma S. A., en la región del Atrato, éste busca sembrar 20 mil hectáreas de palma, para, posteriormente, montar una planta extractora en la zona que produzca 35.000 toneladas de aceite crudo, en cinco años. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo, el Banco Agrario, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), el Fondo de Inversiones para la Paz y la Gobernación de Antioquia⁵⁷. Este apoyo no se ha visto limitado por el hecho de que Urapalma no sea uno de los firmantes del Convenio de producción más limpia, acordado por Fedelpalma, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, para contrarrestar los impactos ambientales de los monocultivos de palma.⁵⁸

Las primeras palmas plantadas en la zona tienen, aproximadamente, tres años, por lo que están a punto de comenzar su producción de fruto; sin embargo, a junio de 2004 no existía ninguna relación en los registros oficiales que diera cuenta de la producción de fruto, ni de aceite en tierras chocoanas; según los datos oficiales, no hay producción palmera chocoana.⁵⁹ A pesar de la ausencia de registros oficiales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁶⁰ confirmó en una resolución de 6 de marzo de 2003, que la empresa Urapalma ha promovido la siembra de palma aceitera en casi 1.500 hectáreas; sin embargo, lo delicado de la situación no radica en la negación oficial de estos cultivos, sino que, según la Corte Interamericana, la expansión de estos cultivos se ha hecho en los territorios colectivos de la cuenca del Curbaradó y Jiguamiandó mediante incursiones paramilitares que han sido amparadas por la fuerza pública.

La misma resolución advierte que la siembra se ha hecho con ayuda de "la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas". Adicionalmente, agrega: "los operativos e incursiones armadas han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio".⁶¹

Estos antecedentes impiden que la población local vea como un hecho positivo el aumento de la fuerza pública en el departamento: en los últimos veinte meses el número de miembros de la fuerza pública pasó de 2.400 a 3.500,⁶² ya que recuperar el control del territorio chocoano es uno de los principales objetivos de la política de Seguridad Democrática.⁶³ Sin embargo, esta recuperación se ha limitado a operaciones militares permanentes en el río Atrato, en las que se ofrecen servicios que deberían proveer las instituciones civiles del Estado⁶⁴, es así como las necesidades suplidas por los militares se convierten en un mecanismo de presión que silencia a las comunidades y da un lugar más amplio a la impunidad. De esta forma, el aumento de la fuerza pública, en lugar de traer confianza, genera mayores temores entre los habitantes de la región.

Por otro lado, es necesario advertir que las expropiaciones violentas de la tierra que están realizando los paramilitares convierten a las comunidades propietarias en comunidades desplazadas, y en los casos en los que se realizan retornos voluntarios, los antiguos propietarios son tan sólo jornaleros de sus propias tierras. Este hecho resulta relevante si se tiene en cuenta que en Colombia al menos la tercera parte de la población desplazada era propietaria o poseedora de la tierra,⁶⁵ con esto, el desplazamiento forzado de los pequeños propietarios ha generado una pararreforma agraria⁶⁶ que ha aumentando la concentración de la tierra en manos de un numero aún mas reducido de personas.

En este sentido, las cifras nacionales ilustran la magnitud del problema: para el 2003, el 57% de los propietarios en Colombia tenían el 1,7% de la superficie total, mientras que el 0,4% de los propietarios tenían el 61,2% de la superficie total registrada. En este sentido, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se afirmaba: "alrededor de los fenómenos de violencia y confrontación armada se ocultan intereses económicos relacionados con la llamada contra-reforma agraria".⁶⁷ Este hecho cobra mayor importancia en el Pacífico colombiano, donde, gracias a las bondades de la Ley 70 de 1993, se venía adelantando una reforma agraria desde la perspectiva étnica.

La pérdida de control territorial de las comunidades no sólo se manifiesta en la pérdida misma de la tierra, sino en el desconocimiento de las autoridades tradicionales étnicas reconocidas por la normatividad ambiental nacional. Para la implementación de los cultivos "no se han realizado procesos de consulta con las comunidades étnicas, no se ha tramitado el concepto de viabilidad ambiental, ni se han solicitado los permisos para concesión de aguas y aprovechamiento forestal ante las autoridades ambientales"⁶⁸ correspondientes. Para la Defensoría del Pueblo, no es claro cómo diferentes autoridades financian una actividad que se desarrolla en un ecosistema estratégico sin contar con los permisos y trámites que ordena la Constitución y las Leyes.

La inoperancia de las instituciones de control ambiental adquiere magnitudes mayores si se considera que, según el modelo macroeconómico diseñado por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológico Von Humboldt⁶⁹, el aumento de los cultivos de palma implicará una pérdida de la biodiversidad entre el 21,8% al 39,15%, en la región occidental del país.⁷⁰

La inoperancia de los controles institucionales locales para detener la expansión de los cultivos de palma es, en parte, consecuencia de la abierta corrupción de los funcionarios estatales que laboran en zonas empobrecidas, donde el Estado es el principal empleador. Sin embargo, la permisividad institucional va más allá de la gestión de sus funcionarios. Experiencias pasadas, como lo sucedido con el ingreso del algodón BT al país y las operaciones de transporte e incineración de residuos agrotóxicos almacenados en un municipio del Cesar, demuestran la vulnerabilidad de las instituciones nacionales ante los intereses del capital: "los intereses económicos nacionales y extranjeros acorralan la institucionalidad pública".⁷¹

Conclusiones

Los cultivos de palma africana y sus inhumanas consecuencias se hacen más devastadores en el Pacífico colombiano que en otras zonas donde también se han adelantado agroindustrias de este tipo. Frente a las violaciones de derechos humanos que acompaña el progresivo crecimiento de estos cultivos en el Chocó, no sólo se debe hablar de desplazamientos y genocidios. Para Oscar Almario, por la diversidad étnica y cultural de la zona, la dimensión real de estas violaciones cobra la característica de etnocidio:

¿Se trata acaso de considerar los acontecimientos que allí ocurren simplemente como parte de la cadena de eventos que suceden dentro de la crisis humanitaria que define la situación nacional? O, por el contrario, y como lo creen caracterizados dirigentes étnicos afrocolombianos e indígenas y lo experimentan sus comunidades, ¿de lo que se trata en realidad es de que alguien ha decretado el ataque directo a sus territorios, comunidades, organizaciones y procesos autonómicos? [...] ¿Se está incubando, por acción y omisión del Estado y la sociedad ante este etnocidio, una nueva y frustrante fractura en la ya secular cuestión de las relaciones entre etnias, Estado y nación en Colombia?⁷²

Hablar de una nueva relación entre etnias y Estado implica otorgarle a la pérdida de control territorial un lugar secundario dentro de la lista de consecuencias perversas que supone la implantación y expansión de cultivos de palma en el Chocó. Detrás de la desterritorialización, producto del conflicto armado, de la permisividad institucional, de las políticas ambientales y de seguridad del actual gobierno se esconde un fenómeno aún mas grave: la desarticulación de las formas de organización social que se han logrado consolidar en la zona en la última década y que han sido la semilla de las experiencias de resistencia civil frente al conflicto armado.

Las diferentes formas de organización social han permitido abrir nuevos horizontes frente al pensamiento hegemónico, han fortalecido diferentes experiencias democráticas que, a su vez, han logrado construir formar alternativas de expresar el descontento frente a las políticas gubernamentales. Prueba de ello es que mientras la tendencia latinoamericana refleja un descenso en la conflictividad y las movilizaciones sociales, en Colombia ésta se intensifica, en parte, gracias a las significativas marchas de los pueblos indígenas, especialmente la realizada hasta Cali en reclamo de autonomía y en cuestionamiento a las políticas del gobierno.⁷³

La idea de lograr una sociedad unida enfrentada a un sólo enemigo externo encuentra eco en el discurso del desarrollo economicista. Ambos discursos implican la negación de la diferencia y la disidencia, en cuanto no permiten ver como válidas y legítimas las prácticas alternativas propuestas desde lo étnico; sin embargo, lo que agrava el alcance de esa negación es que, en Colombia, la lógica homogeneizante del desarrollo ha estado amparada por el proyecto político paramilitar.

Estas acciones violentas perpetradas por los paramilitares no sólo debilitan los vínculos sociales por el ambiente de desconfianza⁷⁴, sino que generan procesos de alienación colectiva, que traen consigo "gente desterritorializada y territorio sin gente"⁷⁵, de tal forma que, dichas acciones, garantizan a las máquinas de la guerra y el capital operar sin obstáculos.

Si la estrategia paramilitar sigue instrumentalizando en su favor las alteraciones sociales que trae consigo los modelos de economía extractiva, los cultivos de palma africana se constituirán en un catalizador para la desarticulación de las acciones colectivas que se han declarado como neutrales frente al conflicto armado en el Pacífico colombiano, no sólo por la desaparición física de los actores étnicos, sino, también, por la devastación progresiva de las formas propias que los hace comunidad.

En este sentido, la creciente marginalización y aniquilación de las minorías que han sido valoradas como portadoras de alteridad étnica y que han logrado ser reconocidas como fundamentales en la construcción de una "nación democrática y pluralista", harían pensar que Colombia ha retomado los ideales de las naciones modernas del siglo XIX que fundaban sus bases en la asimilación y el mestizaje cultural. Es posible que en la búsqueda de una nación indivisible y unida en torno a un sólo enemigo, se niegue de nuevo el valor de la diferencia y se desvirtúe la lucha por los intereses colectivos.

Notas al Pie

²Para los objetivos de este proyecto, hemos adoptado la delimitación de la región Pacífica propuesta por Arturo Escobar y Mauricio Pardo, según la cual se extiende desde Panamá hasta el Ecuador, y desde la vertiente occidental de la cordillera occidental hasta el océano Pacífico.
³El Chocó es la región del planeta con más alta biodiversidad por unidad de área reportada: 400 especies de árboles y 800 especies de invertebrados, cifra superior a la que ha sido reportada en el Amazonas. Sus bosques pueden llegar a ser, a mediano y largo plazo, insumos para la industria futura (Proyecto Biopacífico).
⁴Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003, del PNUD, el departamento del Chocó ocupa el último lugar en los indicadores de desarrollo (0,669) del país, lo que lo sitúa en niveles de países con rango 60, mientras que Colombia ocupa el 46.
⁵Álvaro Uribe Vélez, "Discurso durante la firma de la resolución que oficializa el ingreso de Colombia en el Plan Panamá-Puebla", s. l., 19 de noviembre, 2004.
⁶Oscar Almario, "Dinámica y consecuencia del conflicto armado en el Pacífico", en: Dimensiones territoriales y espaciales de la guerra y la paz, Bogotá, Universidad Nacional, 2004.
⁷En el Chocó hacen presencia los grupos indígenas Embera, Wounnan y Tule, y un porcentaje alto de comunidades afrocolombianas.
⁸Los tratados internacionales que cobijan las comunidades negras son las siguientes: la Ley 22 del 22 de enero de 1981. Mediante la cual el Estado colombiano se compromete a cumplir lo establecido en la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1965). La Ley 21 de 4 de marzo de 1991. Mediante la cual el Estado colombiano se compromete a cumplir el Acuerdo 165 de 1969 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. En la Constitución Política Nacional, aplican los artículos 1, 2, 7, 10, 13, 23, 37, 38, 40, 43, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 86, 103, 106, 171, 176, 247, 302, 350, y el artículo transitorio 55, y las leyes principales en esta materia son la Ley 70 de 1993, Ley 99 de 1993 y Ley 115 de 1994.
⁹Mieke Wouters, "Derechos étnicos bajo fuego", en: Mauricio Pardo, Acción colectiva, Estado y etnicidad, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, marzo, 2001.
¹⁰Según las cifras del Grupo de Apoyo a Desplazados (GAD), se registraron 10.000 mientras que Amnistía Internacional reportó 20.000.
¹¹Arturo Escobar y Mauricio Pardo, "Movimientos sociales y biodiversidad en el Pacífico colombiano". en: Santos Boaventura y García Villegas, Emancipación social y violencia en Colombia, Bogotá, Norma, agosto, 2004.
¹²Carlos Rosero, "Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: insistencia en lo propio como alternativa", en: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias (150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Instituto colombiano de Antropología e Historia, Institut de Recherche pour le Développement, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, s. f., pp. 547-559.
¹³Carlos Efrén Agudelo, El Pacífico colombiano: de "remanso de paz" a escenario estratégico del conflicto armado, disponible en: http://www.viaalterna.com.co/index2.htm?http://www.viaalterna.com.co/textos/tmarsella1.htm, consulta: septiembre, 2004.
¹⁴Ejemplo de ello es lo sucedido con las comunidades ubicadas en el área de influencia de la Ley Páez que han sido víctimas de una intensa presión por parte de los grupos paramilitares desde mayo de 2000. La Comunidad Nueva Esperanza, ubicada justamente en una zona proyectada para la plantación de palma africana, fue víctima, el 2 de junio de 2001, de acciones violentas de un grupo armado de, aproximadamente, cien hombres.
¹⁵Agudelo, op. cit.
¹⁶Rosero, op. cit.
¹⁷s. d., "Desplazamiento y globalización. Chocó: del abandono al interés desaforado. Comunicado de la Diócesis de Quibdó", s. l., noviembre 29, 2004.
¹⁸Daniel Pécaut, "Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra", en: Dimensiones territoriales y espaciales de la guerra y la paz, Bogotá, Universidad Nacional, 2004.
¹⁹Oslender Ulrico, "Resistencias civiles y contrapoder a las guerras" [Paneles. Evento realizado el 20 de junio de 2003], Foro Social Mundial Temático, La necesidad de globalizar la resistencia: confrontando las nuevas guerras geoeconómicas, s. l., 2003, disponible en: http://www.fsmt.org.co/ponencias2.htm?x=20494, consulta: agosto, 2004.
²⁰En diferentes denuncias, la Diócesis del Chocó, la Defensoría del pueblo y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han reiterado la relación entre diferentes intereses económicos, miembros de la fuerza pública y los paramilitares. Diócesis de Quibdó, Sección de vida, justicia y paz. Situación de guerra y violencia en el departamento del Chocó, Unión Europea, Miserior, Cáritas Italiana y Agencia Española de Cooperación Internacional, noviembre, 2000.
²¹Arturo Escobar, "Política cultural y biodiversidad", en: Mauricio Pardo, Antropología en la Modernidad, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, abril, 1997.
²²Como la Foster Parents Plan y World Wild Fund.
²³Como los centros de pastoral claretianos.
²⁴Escobar, Antropología en la modernidad, op. cit.
²⁵Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la protección e interacción de las poblaciones indígenas y tribales en los países independientes. La ley colombiana que aprueba dicho Convenio es la Ley 31 de 1989, y la que lo ratifica es la Ley 21 de 1991.
²⁶Efrén Agudelo, "Nuevos actores sociales y relegitimación del Estado", Análisis Político, s.| l., No. 43, mayo-agosto, 2001.
²⁷Haití tiene un significado especial para las comunidades negras por ser el primer territorio libre en América por obra de cimarrones.
²⁸Esta reconstrucción de los hechos fue tomada de Agudelo, op. cit.
²⁹"Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una Comisión Especial que el gobierno creará para tal efecto, una Ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma Ley. En la Comisión Especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades negras. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la Ley. La misma Ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social".
³⁰Incoder, documento [inédito, de circulación interna].
³¹Éstas se constituyen como un principio de distinción de la población civil dentro del conflicto armado y la idea está amparada por el Derecho Internacional Humanitario (véase Edwin Ortega, Comunidades de Paz San Francisco - Natividad de María - Nuestra Señora de Carmen Riosucio -Chocó, s. d.). En el país se han constituido diferentes experiencias de resistencia civil, entre ellas, vale la pena destacar la resistencia indígena comunitaria del Cauca, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), en Santander, y las comunidades de paz de San José de Apartadó.
³²María Teresa Uribe, "Emancipación social en un contexto de guerra prolongada. El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó", en: Santos Boaventura y García Villegas, Emancipación social y violencia en Colombia, Bogotá, Norma, agosto, 2004.
³³Esperanza Hernández, Resistencia civil artesanos de paz, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004.
³⁴Silva Marco Romero, "Seguridad o profundización de la guerra en Colombia", en: Reelección: el embrujo continúa, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2004.
³⁵Revista Semana, s. d., Bogotá, No. 1188, 7-14 de febrero, 2005, p. 26.
³⁶Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006, Hacia un Estado comunitario, s. l., DNP, 2003.
³⁷Álvaro Uribe Vélez, "Palabras del presidente Uribe Vélez", Consejo Social Indígena, Popayán, 10 de septiembre, 2004.
³⁸El Tiempo, "La fuerza pública ingresaría a los denominados territorios de paz", El Tiempo, Bogotá, 9 de marzo, 2005.
³⁹s. d., "Crisis humanitaria en el Medio Atrato", disponible en: http://www.etniasdecolombia.org., consulta: 17 de julio, 2004.
⁴⁰Ver artículos y comunicados, disponibles en: http://www.etniasdecolombia.org.
⁴¹Hildebrando Vélez, "Medio ambiente: problema de vieja data", en: Reelección: el embrujo continúa, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2004.
⁴²PND, op. cit., p. 143.
⁴³Contraloría General de la República, "Contraloría General de la República. Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente. 2002- 2003", Bogotá, Contraloría General de la república, julio, 2004, p. 7.
⁴⁴En el documento "Santa Fe IV. América Latina frente a los planes anexionistas de los Estados Unidos, 'Latinoamérica hoy'", s. d., se plantea la necesidad de que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a las prioridades nacionales de Estados Unidos, en cuanto son elementos geoestratégicos de gran importancia para la seguridad nacional del mencionado país
⁴⁵Hildebrando, op. cit., p. 149.
⁴⁶Véase comunicado de la Diócesis de Quibdó, "Desplazamiento y globalización. Chocó: del abandono al interés desaforado", s. l., 29 de noviembre, 2004.
⁴⁷Véase "Fragmentación de hábitat y sociedad en el Pacífico", disponible en: htpp://www.IIAP.org.co/jairo.doc, consulta: agosto, 2004.
⁴⁸CIDH, Resolución de 6 de marzo de 2003.
⁴⁹Diócesis de Quibdó, op. cit. Al respecto también puede verse: INIPU, "Boletín del área de derechos humanos y el Consejo Nacional Indígena de Paz", s. l., ONIC, 2004.
⁵⁰Diócesis de Quibdó, op. cit.
⁵¹El Tiempo, "Plan/Un proyecto militar y político desarrollado en menos de una década", El Tiempo, Bogotá, 26 de septiembre, 2004.
⁵²Fidel Mingorance, Flaminia Minelli y Hélenè Le Dú, "El cultivo de palma africana en el Chocó". Bogotá, Codice, octubre, 2004.
⁵³Ibid.
⁵⁴Álvaro Uribe Vélez, "Discurso al entregar proyecto de palma africana para el Magdalena Medio", s. l., Sabana de Torres, 22 de septiembre, 2004.
⁵⁵Ibid.
⁵⁶Mingorance, Minelli y Le Dú, op. cit.
⁵⁷Defensoría del Pueblo, "Aprovechamiento forestal y derechos humanos en la cuenca del río Cacarica en el Departamento del Chocó", disponible en: /www.defensoria.org.co, consulta: 30 de noviembre, 2004.
⁵⁸Mingorance, Minelli y Le Dú, op. cit.
⁵⁹Ibid.
⁶⁰CIDH, op. cit.
⁶¹Ibid.
⁶²Algunas noticias están disponibles en: http://www.presidencia.gov.co.
⁶³Jorge Alberto Uribe, "Palabras del Ministro de Defensa" [inédito], Consejo de Seguridad, 6 de diciembre, 2004.
⁶⁴Véase comunicado del 19 de enero de 2005 de los Consejos comunitarios asociados en Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica (CAVIDA) y el Consejo Mayor del Jiguamiandó y familias del Curvaradó.
⁶⁵Forero Pardo, "El desplazamiento interno forzado en Colombia", en: Conflicto y paz en Colombia: consecuencias y perspectivas para el futuro, Bogotá, Alfaomega, 2003.
⁶⁶Para más información sobre la pararreforma agraria, véase Semana, "Los señores de las tierras" [informe], Semana, Bogotá, No. 1153, 2004.
⁶⁷CIDH, "Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia", s. l., junio, 1999, p. 211.
⁶⁸Defensoría del Pueblo, op. cit., p. 53.
⁶⁹El modelo se denomina Indicador de biodiversidad.
⁷⁰Defensoría del Pueblo, op. cit.
⁷¹Hildebrando, op. cit.
⁷²Almario, op. cit.
⁷³José Seoane y Emilio Taddei, "Movimientos sociales, democracia y gobernabilidad en América Latina. Observatorio Social de América Latina", Revistas OSAL, s. l., No. 15, septiembre-diciembre, 2004.
⁷⁴Daniel Pécaut, "Las configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror", s. d., pp. 8-35.
⁷⁵Almario, op. cit.

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