Editorial

Se han cumplido 10 años de la circulación del primer número de la Revista Estudios Socio-Jurídicos, en enero de 1999. Desde entonces, la comunidad académica ha visto 23 ejemplares, de los cuales 21 fueron publicados dentro de la circulación normal y 2 aparecieron como números especiales sobre "Justicia transicional: memoria colectiva, reparación, justicia y democracia" y "Derechos económicos sociales y culturales". Esta publicación es fruto del esfuerzo del equipo de investigación de la Facultad de Jurisprudencia y surgió de la necesidad de difundir el progresivo resultado de su trabajo. Su nombre, Estudios Socio-Jurídicos, atiende a su condición de servir como medio de difusión de trabajos de investigación y al convencimiento de que el enfoque estrictamente jurídico no es suficiente para entender los aspectos involucrados en los proyectos. En efecto, los problemas no se presentan con la faceta jurídica como la única por examinar, pues la realidad conlleva, entre otros aspectos, los políticos, sociales, psicológicos, económicos¹ y sanitarios.

Una década atrás no se hacía tanto énfasis en la calidad formal ni en el cumplimiento de los requisitos para que las publicaciones científicas seriadas fueran incluidas en índices especializados. Tales criterios y requerimientos no eran conocidos en esta disciplina, como sí ocurría en otras. Es decir, primaba más la idea de dar difusión al trabajo y hacerlo público, sin que fueran aplicables criterios de calidad científica.

En la actualidad, todas las publicaciones jurídicas de investigación experimentan un cambio drástico. Ahora, el trabajo que se desea hacer público debe cumplir los parámetros específicos de postulación y evaluación de documentos, lo cual implica, por ejemplo, seguir a cabalidad los manuales de estilo para hacer las referencias bibliográficas y notas a pie de página.

En términos de calidad de contenidos, esto implica someterse a evaluación y salir avante del dictamen de los árbitros o pares académicos. En términos de estilo, se pasa de la escritura extensa y generosa en figuras literarias, a una concisa y más exigente que la redacción de ensayos.

Esto significa que el mundo jurídico comienza a tomar conciencia de la importancia de los artículos de investigación como medio de publicación y comunicación científica y, por ello, los autores deben consultar publicaciones de otras áreas del conocimiento que permitan dar respuesta a sus inquietudes, con los respectivos aportes que éstos introducen.²

Publicar libros o artículos en revistas científicas ya no es suficiente para los investigadores; es necesario que sus trabajos lleguen a sus pares, incluso a los de otras disciplinas, y que sean aceptados, criticados y reconocidos mediante un mecanismo formal, comprobable —e incluso medible— de atribución de peso investigativo, como lo es la citación en las referencias bibliográficas.

De igual forma, no se debe perder la perspectiva de conjunto del sistema de publicación científica; aquí es preciso resaltar que los investigadores también tienen la obligación de atender cumplidamente las designaciones para hacer evaluaciones de los trabajos sometidos a su consideración. Aunque este parece ser un aspecto olvidado y no reconocido por las instituciones en forma adecuada, es de absoluta relevancia en el proceso de construcción de una comunidad académica, porque constituye un indicador para las universidades y facultades acerca del grado de relación y compromiso interinstitucional de sus investigadores.

Pocos meses atrás fueron dados a conocer los nuevos requisitos de Colciencias³ para la clasificación de grupos de investigación⁴ y el especial énfasis en la citación como requisito-condicionamiento para otorgar puntos a las publicaciones de dichos grupos. Estas medidas propenden por que los investigadores se den a conocer dentro del campo académico, regional, nacional y global, en busca de un encuentro y diálogo entre pares, en vez de una manipulación artificiosa y antiética de citaciones para evitar crear o mantener una comunicación científica. Bajo esta categoría, el reconocimiento de puntos busca tender puentes conversacionales que luego puedan ser aprovechados para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación entre instituciones, con lo cual se evita hacer descubrimientos simultáneos y se obtienen los deseables y verdaderos avances que necesita la sociedad.

La medición de grupos de investigación de manera uniforme para todas las áreas del conocimiento con fundamento en indicadores de actividad, que van desde los bibliométricos hasta la cuantificación de los productos de divulgación y participación en normas sociales, reconoce al derecho como una ciencia al mismo nivel de las otras. Negar de plano tales indicadores para el área jurídica, aun con sus respectivas particularidades, puede tener lecturas extremas, como reducir esta disciplina a la categoría de pseudociencia.

Por ello, después de diez años de labores, la Revista Estudios Socio-Jurídicos fortalece su compromiso de atender y avanzar uniformemente en todos los campos anteriormente indicados, al servir como canal de comunicación y encuentro científico, así como de foro de debate interdisciplinario para plantear verdaderos avances y soluciones a los problemas que día a día se suscitan en la realidad.

Para finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta década de existencia: los autores y sus evaluadores, las instituciones que han financiado tanto a los primeros como a los segundos, nuestros gestores editoriales, revisores de estilo y miembros del Consejo Editorial, la Universidad del Rosario y, en especial, todos nuestros lectores en América Latina.

NOTAS AL PIE

1. A manera de ejemplo, véase el particular e interesante estudio: Kawata, Yukichika, "Does High Unemployment Rate Result in a High Divorce Rate?: A Test for Japan", Revista de Economía del Rosario, 2008, 11, (2), pp.149-164.

2. Véase Benbenaste, Narciso; Delfino, Gisela Isabel; Vitale, Nora Beatriz. "La contribución de la psicología al concepto de poder". Universitas Psychologica, mayo-agosto, 2006, 5, (2) pp. 351-360.

3. En Colombia, es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Estos requisitos se encuentran en http://www.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivosSoporteConvocatorias/2264.pdf.