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Estudios Socio-Jurídicos

Print version ISSN 0124-0579

Estud. Socio-Juríd vol.16 no.1 Bogotá Jan./June 2014

http://dx.doi.org/dx.doi.org/10.12804/esj16.1.2014.05 

Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción

Land, oil palm and armed conflict in the Bajo Atrato region of Chocó, Colombia. A reading since the change in extraction orders

Terra, palmeira-africana e conflito armado no baixo Atrato em Choco, Colômbia. Uma leitura desde a mudança nas ordens de extração*

Paola García Reyes*
Universidad del Norte

* Doctora en Ciencia Política, FLACSO-México. Profesora asistente del Departamento de Derecho y Ciencia Política, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: paolagarcia@uninorte.edu.co.

Doi: dx.doi.org/10.12804/esj16.1.2014.05

Para citar este artículo: García Reyes, P. (2014). Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción. Estudios Socio-Jurídicos, 16(1), pp. 209-244. doi: dx.doi. org/10.12804/esj16.1.2014.05

Fecha de recepción: 26 de julio de 2013. Fecha de aceptación: 6 de noviembre de 2013.


Resumen

Desde la década de 1990 la región del Pacífico colombiano vive un proceso inédito de agudización del conflicto armado interno. Algunos estudios han descrito este hecho como una consecuencia no intencionada del reconocimiento de las poblaciones negras de la región como grupos étnicos propietarios de los territorios en los que habitan. En este artículo me pregunto de qué forma resultaron modificadas las dinámicas de conflicto en la subregión del Bajo Atrato chocoano (1985-2005) en Colombia, si esto se vincula con la explotación de sus recursos naturales, en particular la palma de aceite y cuál fue el papel que jugó en estas dinámicas el cambio en el régimen de propiedad de la tierra. Para responder a estas preguntas me baso en los estudios sobre la economía política de los conflictos armados e introduzco el concepto de órdenes de extracción con el fin de analizar las acciones de los actores del conflicto, los empresarios de la palma, el Estado como agente regulador y las poblaciones negras. Mi conclusión principal es que el cambio en la estructura de propiedad de la tierra no fue causa del conflicto y que el tipo de actor involucrado es una variable relevante.

Palabras clave: Conflicto armado, orden de extracción, palma africana, propiedad de la tierra.


Abstract

Since the 1990s, the Colombian Pacific region has experienced a process of intensification of the internal armed conflict. Some studies have described this as an unintended consequence of the legal recognition by the state of black inhabitants of the region as ethnic groups with rights to the lands in their territory. This document explores the relationship between this change in the structure of land ownership and the dynamics of the armed conflict in the region (1985-2005), focusing on the Bajo Atrato region in Colombia. At the same time, it asks to what extent those dynamics are related to the planting and exploitation of palm oil. The concept of extractive orders, taken from the literature on the political economy of armed conflicts, will be introduced to explore the relationship between changes in land tenure regimes, palm oil cultivation and armed conflict. The main conclusion of the analysis is that the change in the structure of land property rights does not explain the conflict in the region. Instead, the type of armed actors involved is a relevant variable.

Keywords: Armed conflict, extractive orders, land property rights, oil palm.


Resumo

Desde a década de 1990, a região do Pacífico colombiano vive um processo inédito de aguçadura do conflito armado interno. Alguns estudos têm descrito este fato como uma consequência não intencionada do reconhecimento das populações negras da região como grupos étnicos proprietários dos territórios nos que habitam. Neste artigo me pergunto de que forma resultaram modificadas as dinâmicas de conflito na sub-região do baixo Atrato em Choco (1985-2005), na Colômbia, se isto se vincula com a exploração de seus recursos naturais, em particular, a palmeira de azeite e qual foi o papel que jogou nestas dinâmicas a mudança no regime de propriedade da terra. Para responder a estas perguntas, me baseio nos estudos sobre a economia política dos conflitos armados e introduzo o conceito de ordens de extração com o fim de analisar as ações dos atores do conflito, os empresários da palmeira, o Estado como agente regulador e as populações negras. Minha conclusão principal é que a mudança na estrutura de propriedade da terra não foi causa do conflito e que o tipo de ator envolvido é uma variável relevante.

Palavras-chave: Conflito armado, ordem de extração, palmeira africana, propriedade da terra.


1. Introducción

El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra de las comunidades negras habitantes de las zonas baldías rurales ribereñas de la región conocida como Cuenca del Pacífico Colombiano en 19911 se tradujo con los años en una transformación profunda en la estructura de propiedad de la región, lo que implicó la titulación colectiva de más de cinco millones de hectáreas a las comunidades organizadas bajo la figura de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras.2

El éxito del proceso fue visto por muchos como una gran revolución pacífica que otorgó seguridad jurídica a las tierras de las poblaciones negras del Pacífico (Restrepo, 2002). No obstante, la titulación enfrentó desde sus inicios el avance de distintos actores armados en el marco de las transformaciones del conflicto colombiano.3 Así, el territorio que antes había sido considerado como 'remanso de paz' (Arocha, 1992) empezó a figurar en los relatos y estadísticas colombianos como lugar de masacres, desplazamientos, asesinatos y combates (Almario, 2000; Restrepo, 2005).

En términos generales, los argumentos plantean una relación entre titulación y aumento en la conflictividad en la medida en que aquella transformó el orden de propiedad al crear un nuevo dueño mayoritario de la tierra (Wouters, 2001). En términos específicos, los argumentos califican al cultivo de palma africana4 como un recurso conflictivo, vinculado con los intentos de apropiación de las tierras de la región del Bajo Atrato chocoano (Oslender, 2004; Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2005; Mingorance, 2006; Empresarios de la palma…, 2010; Palmicultores detenidos…, 2010). De este modo, los análisis sugieren una relación del tipo: cambio en la estructura de propiedad → conflicto → instalación o expansión de los cultivos de palma africana.

En este artículo me pregunto de qué forma resultaron modificadas las dinámicas de conflicto en el Bajo Atrato chocoano, si esto se vinculó al cambio en la estructura de la propiedad de la tierra y cuál fue el papel que jugó la búsqueda de explotación de la palma africana. Para responder a estas cuestiones tomo como base la revisión de las literaturas que se han aproximado al vínculo existente entre recursos naturales y conflicto armado y propongo avanzar desde este punto para formular una aproximación a la relación entre estructura de propiedad de la tierra, cultivo de palma africana y conflicto armado en la región, sobre la idea del cambio en los órdenes de extracción de los recursos, entendidos como el producto de la interacción entre tres dimensiones: el régimen de extracción asociado al Estado -relativo al conjunto de normas referidas a la regulación y distribución de los recursos- el modelo que organiza la explotación de los bienes primarios y el tipo de actores en disputa. Mi proposición básica es que los actores armados establecen actividades económicas orientadas a la extracción de rentas, sobre la base de los regímenes de extracción existentes.5 A su vez, la forma en que se organiza la explotación del bien establece distintas formas de apropiación por parte de aquellos actores. Esta dinámica deriva en órdenes de extracción asociados con mayores o menores niveles de violencia.

2. Recursos naturales y conflicto armado, la hipótesis de la abundancia

Hace algún tiempo, algunos economistas (Azam, 1995; Grossman, 1995; Hirschleifer, 1995; Tullock, 1971) propusieron analizar los conflictos apropiativos, de un lado, y la explotación productiva de los recursos, del otro, como parte de un continuo que tiene como correlatos respectivos al conflicto y a la paz. En esta perspectiva, la elección entre uno u otro escenario fue explicada como consecuencia del cálculo racional de los actores. Así, para Hirschleifer (1995) el conflicto es el resultado de una situación no armónica en la que las oportunidades de distribuir los bienes de forma relativamente igual son menores que las de hacerlo de forma inequitativa (ganancias discordantes), las ganancias de uno son vistas como un mal para el otro (preferencias disímiles), y las partes tienen opiniones distintas y optimistas sobre los costos del desacuerdo (percepciones disonantes).

Estudios más recientes abordaron las causas económicas de las guerras civiles, entendidas como el resultado de las decisiones de individuos para quienes los beneficios de la rebelión eran superiores a sus costos (Collier, 2000a; Collier y Hoeffler, 2002; Collier y Hoeffler, 1998; Collier y Hoefler, 2000; Collier, Hoefler y Södeborn 2001). Estas fueron concebidas como actividades cuasi criminales orientadas al saqueo de las rentas provenientes de las exportaciones de recursos naturales. En términos generales, los análisis indicaron que los países con alguna dependencia de bienes primarios en la composición de sus exportaciones tenían mayores riesgos de iniciar una guerra civil,6 argumento que se asoció con una idea anteriormente esgrimida según la cual las guerras tenían perdedores pero también ganadores en tanto que generaban un conjunto de oportunidades de lucro que no estaban disponibles en tiempos de paz (Keen, 1998). En conjunto, dieron forma a una imagen de las guerras civiles como situaciones protagonizadas por organizaciones orientadas hacia la satisfacción de intereses individuales, en entornos de desregulación económica, con fuertes vínculos con la criminalidad.7

Sobre estos análisis otros realizaron algunas precisiones. De un lado, un conjunto de ellos profundizó en la relación entre recursos específicos y guerra civil, tales como diamantes (Lujala, Gleditsch y Gilmore, 2005), petróleo (Ross, 2006) y recursos forestales (Aas Rustad, Rød, Larsen, y Gleditsch, 2008), con conclusiones diversas. En términos generales, existe acuerdo acerca de la relación positiva entre petróleo, diamantes y riesgo de inicio de las guerras civiles. La importancia de otros recursos como madera, narcóticos y bienes agrícolas encontraron menos sustento en los análisis transnacionales. De otro, algunos análisis ahondaron en los mecanismos que subyacen a la correlación. En particular, Humphreys (2005) y Gutiérrez (2008) indicaron la necesidad de considerar la relación entre el tipo de estructuras organizativas y apropiación de los recursos.

El debate ha permitido precisar tres puntos básicos; concebida como un problema de acción colectiva, la guerra requiere de la provisión de incentivos selectivos basados en la oferta de bienes excluibles, si bien, como lo señaló Gutiérrez (2008),una traducción directa entre estos y el esfuerzo armado es, al menos, ingenua,8 el saqueo de recursos sirve a este fin, aunque este debe comprenderse a la luz del tipo de bienes primarios y de las estructuras organizativas involucradas, el Estado es un espacio de conflicto, de disputa por el poder, pero también de regulación. Desde este punto, propongo una aproximación analítica con base en el concepto -cuyo término tomo prestado de Gutiérrez y Barón (2008)- órdenes de extracción de los recursos naturales. Este se compone de tres elementos principales: el régimen de extracción, entendido como el conjunto de normas relativas a la regulación y distribución de los recursos, el modelo que organiza la explotación de los bienes primarios, y el tipo de actores en disputa.

3. Propuesta de análisis. Órdenes de extracción

3.1. Primer elemento, régimen de extracción

La perspectiva de Hirschleifer (1995) guarda relación con la forma como los actores, en este caso los actores privados y el Estado, acuerdan sobre la explotación y la distribución de los recursos, generando así situaciones de guerra o paz. Una aproximación específica a esta dimensión fue propuesta por Luong y Weinthal (2006)9 en su análisis en torno a las diferencias entre las estructuras de propiedad del petróleo como posible solución a los efectos negativos de la abundancia de bienes primarios10 y, con ellas, su relación con situaciones de debilidad estatal y conflicto. Las autoras desagregan cuatro posibles estructuras según quién sea el dueño del recurso y quién controle los dividendos de la explotación: propiedad del Estado con control, propiedad del Estado sin control, propiedad privada doméstica y propiedad privada extranjera. Cada una de estas estructuras promueve distintos incentivos para la construcción de instituciones mediante la creación de actores y de relaciones negocios-Estado. En particular, la propiedad privada doméstica ofrece una alternativa a los efectos negativos que derivan de la dependencia de bienes primarios, en la medida en que crea incentivos para la negociación sobre el establecimiento de las reglas de juego entre el Estado y los actores sociales.11

Snyder (2006) ha propuesto una idea similar con respecto a los recursos saqueables y a las situaciones de orden o desorden político. La explicación de las diferencias en la relación entre recursos naturales y conflicto (muchos de los países ricos en recursos naturales con conflicto fueron antes gobernados por algunos de los regímenes más duraderos del mundo,12 existen países con recursos saqueables que no han desarrollado conflictos significativos13) reside para el autor en las instituciones de extracción14 de tales recursos. Estas pueden ser públicas, privadas, mixtas o ausentes. La forma específica que estas adquieren es el resultado de la interacción entre las preferencias de los gobernantes y los privados, la especificidad de los recursos y la fortaleza de los gobiernos. En general, las instituciones mixtas, al permitir alinear las preferencias de los actores interesados, presentan arreglos más estables.

Gutiérrez y Barón (2008) avanzaron sobre la propuesta de Snyder, para dar cuenta de las razones por las cuales la coca terminó por ser el combustible de la guerra colombiana mientras que las esmeraldas, no. Los autores observaron que la extracción de las esmeraldas representó en Colombia un típico modelo de extracción mixto en el que intervinieron el Estado y los esmeralderos. En el caso de la coca, sin embargo, la extracción mixta resultó en equilibrios más frágiles, derivados de múltiples acuerdos, muchos de ellos locales y por fuera de la legalidad, donde los actores fueron plurales y la interlocución no fue claramente biunívoca, hecho que arrojó resultados cíclicos entre guerra y paz.15

Así pues, un régimen de extracción es el marco regulatorio que define tanto la forma de acceso y explotación a un recurso natural como la distribución de los beneficios de dicha explotación entre los apropiadores privados y el Estado. En el caso específico de la explotación de los recursos agrícolas, tales regulaciones se refieren tanto a la tierra sobre la cual se instala el cultivo como al cultivo mismo.

3.2. Segundo elemento, los modelos de explotación

Un punto básico de partida para la justificación de la relación entre dotación de bienes primarios y guerra civil fue el de su consideración como bienes vulnerables al saqueo, dadas sus características: inmovilidad, irreversibilidad y transporte a puerto (Collier y Hoefler, 2000). Argumentos análogos utilizaron Rugeles y Delgado (2003) cuando señalaron que las especificidades físicas y de sitio de la palma africana la hacían un recurso susceptible a la extorsión de los actores armados, o Snyder (2006)cuando consideró a los recursos saqueables como aquellos bienes lucrativos, fáciles de transportar y con bajos costos de entrada.

El tipo de recursos (minerales, agrícolas, forestales) y su saqueabilidad o apropiabilidad es pues un tópico de discusión. El análisis de Rugeles y Delgado (2003) sugirió que el modelo de negocios con propiedad unificada alrededor del cual se había organizado la explotación palmera en Puerto Wilches fue modificado por uno más horizontal basado en la dependencia bilateral y la propiedad dispersa, en respuesta al comportamiento oportunista de los actores armados. En este caso se trató de la extorsión de un activo cuya especificidad lo hacía altamente vulnerable. Snyder (2004), por su parte, hace referencia a activos inespecíficos por cuanto los recursos saqueables se caracterizan por tener bajos costos de entrada y ser de fácil comercio y transporte, lo que los hace vulnerables a la competencia por el control de su explotación. En el primer caso se trata de la apropiación de un negocio, en el segundo, de la extorsión para la apropiación de las rentas, dos tipos distintos de relación entre guerra y recursos.

El modelo de explotación se refiere entonces a la forma como se organiza la extracción de un recurso. Este incluye tanto el tipo de recurso como la manera en que se vinculan las etapas de su explotación. En el caso de la palma africana, los estudios (Rugeles. y Delgado, 2003; Aguilera, 2002; Goebertus, 2008; Segura, 2009; Segura, 2008) sugieren que las situaciones en las que la explotación se encuentra integrada (la plantación, la planta y la comercialización pertenecen a un mismo dueño) se han vinculado con la guerra, mientras una organización más horizontal (el cultivo, por ejemplo, se encuentra en manos de pequeños campesinos) se vincula con la paz.16 Esto depende, no obstante, no solo del tipo de activo sino también de las características de los actores involucrados.

3.3. Tercer elemento. Actores, objetivos, organización

Es posible pensar que, en principio, las organizaciones armadas no buscarán el control de negocios asociados a activos altamente específicos en tanto que estos tienen altas barreras de entrada, son intensivos en capital y, en una situación de desorden político, son vulnerables a la extorsión de otros actores. La hipótesis de la abundancia ha sugerido que los actores armados contemporáneos se asemejan a criminales, pero no a empresarios, es decir, se apropian de las rentas, no las producen. Sin embargo, muchos de los conflictos posteriores a la Guerra Fría consisten en la confrontación de actores con formas organizativas y motivaciones variopintas (Kaldor, 2005; van Creveld, 1991; Cerny, 1998; Duffield, 1998). Este matiz fue señalado por Gutiérrez (2008) al asemejar a las FARC a un 'ejército de bases' y a los paramilitares a un 'ejército de cuadros'.17 En efecto, aun existiendo fuertes motivaciones económicas, las guerras, en tanto confrontación estratégica con otras fuerzas, son fundamentalmente un ejercicio político.

Algunos estudios han propuesto una relación entre las formas organizativas y el tipo de recursos que las nutren. Le Billon (2001) sugirió que la fragmentación de las actividades económicas en situaciones de guerra interna tenía un impacto importante en los conflictos basados en los recursos porque dificultaba la cohesión interna de los grupos; a menos que los líderes fueran capaces de monopolizar los medios de intercambio, el espacio económico permanecería abierto a otras actividades criminales o comerciales. Una proposición similar esgrimió Ross (2003) al señalar que la mayor saqueabilidad18 de los recursos se relacionaba con la existencia de problemas de disciplina y control al interior de los grupos armados, en la medida en que creaban oportunidades para los soldados de todos los rangos de generar ganancias mediante su transporte o extorsión. Estos argumentos fueron recogidos por Humpreys (2005) para proponer una relación entre recursos naturales, cohesión organizativa de los grupos armados y prolongación de los conflictos. A su juicio, los grupos vinculados con la extracción de recursos concentrados como petróleo y gas tendrían asociada una mayor unidad interna y, por tanto, serían más capaces de vehicular una salida negociada al enfrentamiento. Aquí, el tipo de actores, sus formas organizativas, pero también sus orientaciones políticas resultan relevantes para el análisis.

4. Bajo Atrato chocoano

La subregión del Bajo Atrato chocoano, compuesta por los municipios de Acandí, Unguía, Belén de Bajirá, Carmen del Darién y Riosucio, se vincula con el Urabá antioqueño y juntos conforman el Gran Urabá. En términos geográficos, económicos e, incluso, culturales, la región se asemeja más sus a vecinos antioqueños que a otros municipios del departamento del Chocó y sobresale en este último como un pariente rico. En Unguía y Acandí hay grandes haciendas de ganadería extensiva, producto de procesos de titulación de baldíos a colonos, principalmente antioqueños, durante las décadas de 1970 y 1980 y de concentración por parte del narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990.19 Riosucio es la principal zona de explotación maderera en el departamento20 y Belén de Bajirá tiene alguna vocación agrícola (Jimeno Santoyo, Sotomayor y Valderrama, 1995). Pero este no es su principal valor, la subregión hace parte de 'la mejor esquina de Colombia' o, en palabras del comandante del bloque Élmer Cárdenas de las auc, es la 'joya de oro' para cualquier organización que tenga entre sus actividades el tráfico de bienes, ya que conforma el punto más estrecho de tierra entre el Océano Pacífico y el mar Caribe en Colombia, un corredor privilegiado en el país (Rendón Herrera, Zuluaga, Castañeda e Isaza, 2009).

Estas características ofrecieron un atractivo específico para los actores armados. Ya desde los años 1970 las FARC vieron en ella un importante lugar a controlar. Luego, en la década de 1990, las autodefensas se propusieron lograr su dominio a sangre y fuego. Cada grupo articuló un orden de extracción específico, en cuyo interior establecieron regulaciones de los mercados y recursos que la región ofrecía, sobreponiéndose o sustituyendo a la regulación estatal. No obstante, la Autodefensas Campesinas de Colombia (ACCU), grupo paramilitar creado en 1994, que tiempo después se integraría a la organización confederada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desarrollaron actividades económicas basadas en la apropiación y no solo en la extorsión de los recursos locales, como lo hicieran las FARC, entre ellos, la tierra y la palma africana.

Ilustraré estos hechos mediante la presentación de una narrativa (Mahoney, 2005) que recoge la secuencia e interacciones de las dimensiones que componen los 'órdenes de extracción': régimen de extracción, modelo de explotación y actores armados en el nivel local. El orden del relato procura seguir la línea de tiempo en la que se sucedieron los hechos. Sin embargo, introduzco una delimitación temporal, más o menos arbitraria, que separa el 'viejo' del 'nuevo' orden a partir del cambio constitucional que dio origen a la modificación en el régimen de extracción en la región.

4.1. Viejo orden. El Bajo Atrato antes de 1991

4.1.1. Tierras baldías, reserva forestal y extracción de recursos

Con la promulgación de la Ley 2 de 1959, la región del Bajo Atrato21 pasó a ser parte de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, ZRFP. En un principio, todas las tierras, públicas o privadas, fueron destinadas a la protección y a la producción forestal, y la explotación no sostenible de sus recursos quedó proscrita. El aprovechamiento de sus bosques quedó sujeto a las normas que establecieron un régimen mixto de extracción en el cual los empresarios privados pagaban a la nación un porcentaje sobre sus ganancias, bajo la figuras de explotación por permiso, licencia o concesión (Decreto 2278 de 1953; Ley 2 de 1959).

Con el tiempo la región fue perdiendo tierras destinadas a la conservación (Parsons, 1996). Entre 1961 y 1982 el gobierno nacional realizó cinco sustracciones.22 En consecuencia, la totalidad del territorio del municipio de Acandí quedó fuera de la Reserva, Unguía conservó apenas un pequeño número de hectáreas y en Riosucio perdió el 28% de las tierras reservadas.23 Esto expuso a la región a la presión colonizadora, a la sobreexplotación de sus recursos, a la instalación de negocios agrícolas y ganaderos y a la titulación privada de la tierra (Jimeno Santoyo, Sotomayor y Valderrama, 1995; Municipio de Riosucio, 2000). Ya para 1976 habían sido entregados 980 títulos privados en 26.084 hectáreas en Acandí y 327 en Riosucio, correspondientes a 11.136 hectáreas (Baracaldo Aldana, 1977). De otra parte, en la década de 1980 se entregaron los primeros títulos de resguardo a tres comunidades indígenas embera-katío del municipio de Riosucio en un poco más de 106.713 hectáreas.24

De tal manera, hasta 1991 existió en la región un régimen de extracción complejo derivado de la coexistencia de distintas normas relativas a la comerciabilidad y uso de sus recursos. En términos generales se tiene que alrededor de un 70% de la región estaba destinada al uso forestal y permanecía por fuera del mercado, bien por ser tierras de resguardo o por ser tierras baldías incluidas en la ZRFP. El 30% restante se componía de las tierras que, siendo baldías, no se encontraban incluidas en la Zona y, por tanto, eran susceptibles de ser adjudicadas a privados y por las tierras tituladas a particulares, las cuales podían ser intercambiadas como bienes en el mercado. En ambos casos se permitían usos como la ganadería y la agricultura.

4.1.2. Guerrillas

Con anterioridad a 1991, el único actor significativo del conflicto en la región fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su presencia se hizo importante a partir de 1990. Establecida esta, el grupo desplegó diversas actividades económicas. La explotación de madera, negocio de importancia en Riosucio, fue grabada y controlada por el grupo (García Reyes, 2005a) lo que debió generar ingresos importantes si se tiene en cuenta que esa era la principal actividad económica de la región. Además de esta actividad, en los reportes de prensa revisados se da cuenta de otras actividades económicas: secuestro, toma de poblados, emboscadas y extorsión (Multitudinario sepelio…, 1991; Muere científico…, 1992; Rescatados cadáveres…, 1994; Policías frustran…, 1993; Balean alcalde…, 1995; Las Farc atacaron…, 1995; Hay 700 guerrilleros…,1993). Estas son actividades propias del repertorio militar guerrillero, para quienes el énfasis está en preservar las tropas y no el territorio (Gutiérrez Sanín y Barón, 2008).

De otra parte, el cambio de armas por coca se mostró como una actividad prominente. Operaba así: la cocaína se llevaba desde el municipio de Necoclí hasta el municipio de Turbo donde era embarcada y transportada a Panamá donde se intercambiaba por armas. Luego, estas eran llevadas hasta el corregimiento de Nueva Antioquia en el mismo municipio donde eran recibidas por los frentes 34 y 5 para ser repartidas (Las armas entran…, 1992). Un informe oficial habla de la existencia de 1.200 hectáreas de coca en Acandí (Hay 700 guerrilleros…, 1993) y un reporte de prensa de una cocina en Riosucio (Rescatados cadáveres..., 1994).

Extorsiones y tráfico de coca fueron entonces fuentes de ingresos continuos para las FARC y las demás actividades, en tanto puntuales, pudieron haber tenido menor relevancia. La madera tiene las características de un activo específico de sitio, dado que su explotación no puede ser trasladada por lo que resulta vulnerable a la extorsión; la coca es un recurso que califica como inespecífico puesto que la cadena que va de la siembra al procesamiento no requiere estar atada en el mismo lugar ni de mano de obra especializada.

La relación establecida por la guerrilla con los recursos primarios fue la extorsión centralizada. Las FARC realizaron actividades armadas y de regulación de la vida social en la región (García Reyes, 2005b) que se relacionaron con su propósito insurgente. Fue en este marco donde el negocio de la palma y las guerrillas se vincularon de formas que fueron más políticas que económicas.

4.1.3. Palma y guerrilla, el caso de Coldesa

En el Bajo Atrato chocoano no hubo experiencias de cultivo de palma durante el período anterior al reconocimiento de la propiedad de las comunidades negras. Sin embargo, considero aquí el cultivo instalado entre los vecinos municipios de Turbo y Apartadó, por cuanto obedece a las mismas dinámicas regionales y de conflicto. Este cultivo -que se desarrolló a finales de la década de 1950, en el marco de las políticas de fomento de la época (Ospina, 1998) y con el nombre de Compañía Colombiana de Desarrollo Agrícola, Coldesa, con capital holandés y colombiano- alcanzó la máxima producción en 1971, cuando se procesaron 6.500 toneladas de fruto. No obstante, en este caso la política se opuso a la economía y las presiones de las FARC terminaron por arruinar el negocio. En su calidad de activo fijo, la palma resultó vulnerable a las extorsiones del grupo, al punto de su quiebra. Sin embargo, el principal interés del grupo en el negocio fue el de la materialización de las directrices establecidas en su VII Conferencia sobre la extorsión del capital financiero, los monopolios y el latifundio para la financiación de su expansión y también de su orientación hacia la reforma social agraria, concebida como la eliminación de la propiedad latifundista (FARC, 1964).

En efecto, después de alcanzar su mayor producción, la empresa empezó a ser objeto de las presiones de los trabajadores en procura de mejores condiciones laborales, pero también de los grupos guerrilleros «que no se conformaron con apoyar las acciones sindicales; también extorsionaron a la empresa por considerarla un 'monopolio imperialista holandés'» (FARC, 1964). En 1976 fueron asesinados el responsable de las labores de empaque de banano y el jefe de personal. En 1981, el subgerente de producción fue víctima de un atentado, lo que provocó el retiro de las directivas de la plantación. Los asesinatos y las amenazas continuaron y, para liquidar a los empleados que decidieron abandonar sus cargos, la empresa vendió el ganado que poseía a la Federación Antioqueña de Ganaderos. En 1981 la compañía cambió de razón social y se convirtió en la Compañía Iberoamericana. En 1987 su último director fue asesinado y la plantación fue invadida. Finalmente, en 1989, el Incora compró las tierras, las parceló y las entregó a colonos (FARC, 1964, p. 205; Sandoval, 1997).

4.2. Nuevo orden. El Bajo Atrato después de 1991

4.2.1. Paramilitares

El Frente Elmer Cárdenas surgió del núcleo 'Los Guelengues' o 'de la 70', grupo organizado por las accu, para combatir a las FARC en el Bajo Atrato, en la década de 1990.25 Una actividad económica central de este frente fue el control del negocio de la madera, la cual desarrolló en dimensiones muy distintas a las de las FARC, "la industria maderera en el Atrato fue nuestra alma" estableció Freddy Rendón, 'El Alemán', comandante del frente. Para 2004, este tenía 87 motosierras, mulas, gasolina y víveres que entregaban a los aserradores de la región bajo la modalidad de endeude. El pago por la madera se hacía con vales redimibles en los negocios controlados por el grupo armado. El jefe de intendencia declaró que Maderas del Darién pagaba unos US$10.000 dólares mensuales al grupo (El Alemán..., 2009).

De otra parte, se establecieron cobros a distintos sectores, entre los que se encontraban contrabandistas de electrodomésticos, cigarrillos y licores, las empresas de transporte fluvial y las de trasporte de pasajeros (Paramilitar asegura..., 2010). Esta extracción de rentas extendida a varios negocios sirvió para sustentar un orden mayor fundado en 'alianzas sociales' como mecanismo de control territorial, cuyo antecedente fue el de la Fundación para la paz de Córdoba, Funpazcord, organización creada en 1990 por Fidel Castaño, líder del grupo armado conocido como 'Los Tanqueros', grupo originario de las accu.26

La Paz Paramilitar

A principios de 1991 Fidel Castaño realizó varias consultas ante el Ministerio de Justicia con el fin de beneficiarse de la política de sometimiento a la justicia implementada durante el gobierno de César Gaviria (Fidel Castaño..., 1991). Castaño nunca se entregó, sin embargo, su grupo había dejado las armas en 1990, hecho que cristalizó con la entrega de más de 15.000 hectáreas de tierra a cerca de 2.000 familias campesinas, con la anuencia abierta de las autoridades locales y regionales. A finales de 1990 entregó 1.200 hectáreas en Leticia (Comienza reforma agraria,1990), 1.124 hectáreas de la finca Santa Paula, en el departamento de Córdoba (Hoy entregará al gobierno…, 1990), y 1.100 hectáreas en los departamentos de Antioquia y Chocó. En julio de 1991 cedió 2.300 hectáreas de la finca La Tanela, en el municipio de Acandí, en el Bajo Atrato chocoano (Fidel Castaño entregó más tierras…, 1991); en agosto de ese mismo año hizo entrega de 6.630 hectáreas de ocho predios ubicados en los municipios de Montería, Valencia y Villanueva en el departamento de Córdoba (Fidel Castaño entrega hoy 6.630..., 1991). Por último, cedió 7.000 hectáreas de la finca de Las Tangas por la cual el grupo había tomado su nombre y que pasó a ser el símbolo de la violencia ejercida por este (Castaño entregó Las Tangas, 1991).

La entrega de predios se sustentó en Funpazcord, figura privada para asesorar a los beneficiados en aspectos técnicos y financieros. Esta fue la encargada de implementar un modelo privado de paz en el que Fidel Castaño pretendió mantener las riendas del poder sin devolverlo -o cederlo- al Estado. En la concepción del modelo, los adjudicatarios serían familias víctimas de la violencia de cualquier bando. A cada una de ellas se le entregarían ocho hectáreas para ganadería y cinco para agricultura, además, se contemplaron programas de explotación asociativa. Las compras de las cosechas estarían garantizadas a los precios del mercado para lo cual se buscarían acuerdos con mayoristas. La fundación ayudaría al aparcero para la construcción de su vivienda con materiales de playa, cemento, tejas y madera y le entregaría un auxilio semanal durante el primer año, mientras los cultivos empezaran a producir. Los dineros e insumos se darían en calidad de préstamos que deberían ser pagados con el producto de las cosechas (Comienza reforma agraria con diez mil…, 1990; Reparto de tierras, créditos y asesoría..., 1990; Otro paso hacia la paz, 1991; Fidel entregó más tierras, 1991; 18 mil hectáreas…, 1991). En la práctica la propuesta implicaba que los beneficiarios serían agentes del modelo de desarrollo decidido por la fundación. Además, serían tutelados por ella, mediante su acompañamiento y asesoría, pero también mediante fórmulas que aseguraran el contrato, como la prohibición de vender o hipotecar las tierras (La tierra de los Castaño, 2008).

El fortalecimiento militar de las FARC en la región, la muerte de Fidel Castaño y el rearme del grupo bajo las accu en 1994 empantanaron el proceso.27 No obstante, la implementación de distintas propuestas análogas fue una constante del orden paramilitar. La estrategia servía a distintos fines. Así como permitía la construcción de bases sociales por adhesión o por coerción, posibilitaba la conquista del control territorial sobre lugares estratégicos. De otra parte, el 'negocio de poseer la tierra' permitía limpiar los dineros provenientes del narcotráfico y cierto 'lavado social'. El desarrollo de actividades económicas asociadas al cultivo de la palma fue un capítulo específico de este modo de operación.

4.2.2. Palma y paramilitares

El desarrollo de un negocio distinto a los que ya eran convención para este grupo, tal como el cultivo de palma africana, se estableció bajo un nuevo escenario de desmovilización. Esta vez se trató de la negociación emprendida por el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).28 En este caso no se trató de la extorsión de un negocio ya instalado -en el extremo de la apropiación referido por Hirschleifer (1995)- sino del involucramiento de estos grupos en las actividades económicas desde el lado de la producción. La primera empresa en conformarse, Urapalma, tuvo fuertes vínculos con los paramilitares. En distintas versiones se señalaron sus lazos con Vicente Castaño y con Asoprobeba, cuya representante legal era Sor Teresa Gómez, la anterior representante de Funpazcord (Los ganadores del despojo, s.f.). El proyecto se asemejó al de la fundación en la medida en buscó incorporar a los campesinos como aliados. A su vez, se insertó bien en la propuesta gubernamental para la ampliación de este cultivo mediante la figura de 'Alianzas productivas para la paz'.29

En 2002 un informe de la Defensoría del Pueblo se refirió de manera indirecta al tema e indicó el modelo asociativo que le subyacía. Para la época, el proceso de titulación era tan invisible que dicha institución hizo referencia al tema solo de manera tangencial. Según señaló, el objeto del proyecto era la siembra de 20.000 hectáreas de palma en los departamentos de Chocó y Antioquia. La primera fase sería de 9.000 hectáreas sembradas por Urapalma (6.500 ha) y Asopalma (2.500 ha) -esta última, empresa asociativa promovida por la primera, compuesta por campesinos de la región a cada uno de quienes se le asignó un lote de cinco hectáreas-. Se tenía previsto el montaje de una planta extractora para la producción de 35.000 toneladas de crudo en cinco años (Defensoría del Pueblo, 2002).30 Hasta la fecha del informe habían contado con el apoyo de los Ministerios de Desarrollo y Agricultura, del Banco Agrario, del Fondo de Fomento para el Sector Agropecuario Finagro, de la Gobernación de Antioquia y del Fondo de Inversiones para la Paz. La etapa inicial obtuvo un préstamo del Banco Agrario dentro del Programa de Oferta Agropecuaria (hasta por el 80% de los costos de producción en su etapa improductiva) avalado por el Fondo Agropecuario de Garantías. Además, era beneficiario del Incentivo de Capitalización Rural con un crédito a doce años, con cuatro de gracia, por $2.476 millones de pesos colombianos (Defensoría del Pueblo, 2002).

No obstante, el proyecto enfrentó el obstáculo nuevo que había derivado del proceso de titulación colectiva iniciado en 1996: los cultivos se encontraban dentro de Territorios Colectivos de Comunidades Negras, tierras inembargables, imprescriptibles e inalienables y solo podían ser dedicadas a usos forestales, en cabeza de dichas comunidades.

4.2.3. Territorios colectivos. Las comunidades negras, un nuevo dueño

El primer título colectivo de la región, y del país, se expidió el 13 de septiembre de 1996, sobre 8.250 hectáreas al Consejo Comunitario La Madre, en Riosucio (Resolución 0286 de 1996). Esto sucedió un poco más de un año después de que el grupo paramilitar de Los Guelengues hiciera presencia por primera vez en la región y tres meses antes de ocurrir los primeros desplazamientos masivos en la zona31 por cuenta del accionar de estos grupos.

Lo anterior implicó que el proceso de titulación transcurriera de manera simultánea al avance del conflicto armado. Aún más, aquel fue exigido por las poblaciones como respuesta institucional al desplazamiento forzado.32 Es el caso de los títulos de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde la titulación colectiva

[...] se realizó como un mecanismo de protección jurídica de estos territorios, sustrayéndolos del mercado de tierras y otorgándoles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Nacional,33 la naturaleza jurídica de 'tierras comunales de grupos étnicos', inembargables, imprescriptibles y no enagenables (sic.) a ningún título (Incoder, 2005, p. 4.).

De manera similar, dentro de los acuerdos con las poblaciones desplazadas del río Cacarica para el retorno a sus lugares de vivienda, el gobierno asumió compromisos sobre distintos puntos. Con respecto a la titulación de tierras se comprometió a entregar formalmente en acto público celebrado el 15 de diciembre de 1999 el título otorgado el 26 de abril anterior al Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del río Cacarica, sobre 103.204 hectáreas en jurisdicción del municipio de Riosucio.34 De otra parte, en el acta de compromisos celebrados entre el gobierno nacional y las comunidades asentadas en Mutatá, el primero reconoció la reactivación productiva de las zonas de retorno como un imperativo. Un punto específico se refería a la titulación de las tierras,

El gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora, continuará adelantando el proceso de titulación de tierras de manera colectiva de acuerdo con lo establecido en la ley 70/93, esta acción estará apoyada por la Consejería Presidencial para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia y la meta para los próximos tres (3) meses es la titulación colectiva de un millón cien mil hectáreas. Este proceso se está ejecutando actualmente a través de personal del Incora que se encuentra en la zona (Acta de compromisos celebrados…, 1997).

Este penoso proceso de titulación colectiva implicó transformaciones importantes. De un lado, señaló el surgimiento de un nuevo propietario de la tierra; los Consejos Colectivos de Comunidades Negras, al tiempo que el Estado, pasaron a ser un dueño menor. De otro, la proporción de las tierras inalienables y dedicadas al uso forestal aumentó, pasando de representar un 60,9% antes de 1996 a un 87,2% en la actualidad. La combinación de los elementos considerados arrojó así un tipo de extracción adicional: territorios colectivos de comunidades negras, inalienables, de uso forestal.

4.2.4. Coda. La protección de la tierra

La situación relativa a la usurpación de tierras para el cultivo de palma se hizo visible debido a un conjunto de situaciones. En 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno colombiano tomar medidas cautelares para preservar el derecho a la vida y la integridad física de sus habitantes. Tiempo después, ante la persistencia de los hechos de violencia y de las amenazas a la vida de la población de las cuencas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un paso más y profirió medidas provisionales en las que requirió al Estado colombiano adoptar las medidas para garantizar la vida de sus pobladores, investigar los hechos ocurridos y prestar asistencia a las 'zonas humanitarias de refugio' (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003).35

Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo realizó visitas a la zona. En varias de ellas, ocurridas en los primeros meses de 2003, una comisión visitó las plantaciones e instalaciones de Urapalma, verificó la presencia de palma de aceite en las orillas del río Curvaradó y constató el desplazamiento de 29 familias. Algunos campesinos colonos denunciaron la invasión de tierras por parte de la empresa y la prohibición al libre tránsito (Defensoría del Pueblo, 2005). En 2004, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, realizó otra visita. El informe concluyó que el 93% del área sembrada se encontraba dentro de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó.36 Además, señaló, las empresas habían realizado 203 contratos de compraventa de mejoras por 14.801 hectáreas, los cuales, al estar prohibidos expresamente por la Ley 70 de Comunidades Negras, carecían de validez jurídica. Recomendó la suspensión inmediata de la compraventa de mejoras y la restitución a los consejos comunitarios de las áreas adquiridas por esta modalidad (Incoder, 2005).

Después de algunas actuaciones de las autoridades regionales y del Ejecutivo nacional, así como de unas segundas medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo del Chocó ordenó la restitución inmediata de las tierras (7 de febrero de 2006). Finalmente, el 18 de mayo de 2010, la Fiscalía General de Colombia dictó orden de captura contra los 23 empresarios vinculados por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión en áreas de especial importancia ecológica. Según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, las empresas "fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delinquir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano" (Empresarios de la palma…, 2010). Como resultado de las investigaciones, para julio de 2013 once personas habían sido condenadas o acusadas en proceso, 40 más estaban siendo investigadas, con el fin de establecer la responsabilidad de las empresas y de algunos funcionarios públicos (Fiscalía pide condena a 21 implicados…, 2013).

5. Conclusiones

Lo señalado puede recogerse siguiendo el modelo analítico propuesto en el capítulo con base en los tres elementos de análisis y los dos momentos de tiempo considerados.

5.1. Viejo orden

Hasta 1991 existía en la región del Bajo Atrato un régimen de extracción asociado a las formas de propiedad de la tierra, su comerciabilidad y los usos asignados. Los tipos de propiedad resultantes eran tierras privadas de resguardo, inalienables y de uso forestal sostenible; tierras baldías, inalienables y de uso forestal sostenible; tierras baldías, adjudicables, de uso agrícola y ganadero; tierras privadas, alienables y de uso agrícola y ganadero. En este escenario, el principal propietario era el Estado. El suelo de la región se explotaba mediante permisos, licencias o concesiones, bajo una forma mixta que vinculaba a empresarios privados y al Estado.

La guerrilla operó siguiendo el objetivo estratégico de controlar un corredor de tránsito entre el interior del país y el mar Caribe y su accionar siguió su orientación política. Tratándose de un grupo guerrillero insurgente, sus actividades económicas tuvieron carácter extorsivo y no se vincularon con el dominio territorial. En este sentido, su accionar siguió bien el comportamiento propio de la insurgencia: ejerció una violencia moderada sobre la población, seguía los objetivos políticos trazados en las sucesivas conferencias de las FARC, los cuales articularon la extorsión del latifundio y el gravamen a los monopolios como formas de financiación subordinadas al objetivo estratégico mayor de expandir su presencia con el fin de lograr el control del Estado; y buscó ganar la lealtad política de la población.

Durante este período se desarrolló en la zona bananera de Urabá un proyecto palmero que surgió en el marco de los primeros incentivos gubernamentales para la siembra de este cultivo. La información disponible permite suponer que tal proyecto se desarrolló bajo un modelo vertical en el que la empresa Coldesa fue la dueña tanto del cultivo como de la plantación. Es probable que este tipo de explotación la hubiera hecho más vulnerable a las extorsiones de las FARC, lo que señaló su quiebra. En todo caso, en esa época los intentos por hacer a los trabajadores partícipes de un modelo más horizontal fracasaron y las presiones por la tierra terminaron con el reparto de los predios. Aquí, la orientación política del grupo guerrillero fue la línea orientadora, al punto de arruinar una fuente de financiación.

5.2. Nuevo orden

El cambio en el orden de extracción asociado al conflicto desde mediados de la década de 1990 supuso la modificación de los tres factores considerados en este análisis. En primer lugar, el régimen de extracción de la tierra sufrió cambios específicos. En cuanto a la propiedad, los Consejos Comunitarios se conformaron como nuevos actores propietarios de cerca del 60% de las tierras de la región, mientras que el Estado conservó un porcentaje mucho menor que, en todo caso, fue inferior al 12%. Este cambio tuvo implicaciones menores para el uso y la comerciabilidad, debido a que las tierras incluidas desde 1959 dentro de la ZRFP eran inalienables. La fórmula del reconocimiento étnico permitió conservar ese mismo carácter al tiempo que permitió el cambio en la estructura de la propiedad. Así las cosas, las tierras inalienables y destinadas al uso forestal aumentaron en una proporción cercana al 17%, cifra similar a la que perdieron las tierras adjudicables o alienables destinadas al uso agrícola o ganadero. Estos datos matizan la idea de un cambio drástico en el régimen de extracción en la región y realzan el surgimiento de un nuevo propietario como el elemento relevante, alrededor del cual se articuló un régimen de explotación privado pero sustraído del mercado.

En cuanto a los actores del conflicto, el hecho prominente en el periodo fue el de la disputa y el posterior establecimiento del control por parte de los grupos paramilitares. En esta región el grupo pareció seguir un modelo más o menos jerárquico de organización en el que el despliegue y el accionar de los frentes seguían las directrices de los hermanos Castaño. Las finanzas parecieron estar centralizadas y sus actividades económicas se orientaron a financiar la expansión del grupo. Sin embargo, su accionar tuvo algunos rasgos específicos. Aunque su objetivo primordial era político, a saber, la eliminación de las FARC, sus estrategias indicaban que la población no era su centro de gravedad. De hecho, su accionar se dirigió más al control territorial y el logro de las lealtades resultó secundario. En este marco, el grupo desplegó actividades extorsivas para financiarse, pero también apropió negocios y tierras. Esta última actividad fue la base de un modelo que le sirvió al lucro privado pero también al control territorial y social.

El cultivo de la palma africana apareció como novedad en el Bajo Atrato. A principios de la década de 2000, un nuevo proyecto que movilizó los intereses de la coyuntura negociadora se desplegó bajo un modelo menos vertical que el anterior, el cual se enmarcó, de manera análoga a Coldesa, en las políticas de fomento de la época. En este caso no se trató de la extorsión de un negocio preexistente sino de la instalación de uno propio. El modelo se asemejó a los ya intentados anteriormente, pero tuvo la particularidad de tratarse de un negocio nuevo, de la magnitud de una agroindustria, que implicaba unos costos de entrada altos y unos horizontes de tiempo largos, dada las especificidades del cultivo. Siguiendo el esquema propuesto, los dos órdenes pueden resumirse como sigue:

Como se observa, el cambio en el régimen de extracción de los recursos no fue causa necesaria del cambio hacia un orden de extracción violento. Por el contario, la formalización de la propiedad permitió proteger jurídicamente las tierras de su usurpación. Se presentaron, sí, en el Bajo Atrato, relaciones específicas entre régimen, modelo y actores, cuyas características variaron según este último elemento: mientras que en el periodo anterior a 1991, los grupos de guerrilla realizaron actividades sobre los negocios locales y el negocio de la palma fue objeto de extorsión, en el período posterior los grupos paramilitares instrumentalizaron el régimen para consolidar la apropiación territorial y establecer los cultivos de palma.

Lo anterior indica que el conflicto, o la violencia, asociado a un determinado orden de extracción es consecuencia de la interacción entre los actores y el régimen. Las diferencias entre ambos periodos otorgan cierto sustento al mecanismo que relaciona la existencia de estructuras organizativas fragmentadas con recursos difusos (Hirschleifer, 1995) y señalan la crítica propuesta por Gutiérrez (2008) con respecto a la hipótesis de la similitud que subyace a los análisis que se asemejan a todos los actores del conflicto bajo el supuesto de la codicia como principal motivación.

De otra parte, para explicar el orden de extracción surgido alrededor del régimen de extracción de los recursos, el cultivo de palma y los para-militares en el Bajo Atrato chocoano es necesario considerar que este tomó forma influido por las perspectivas negociadoras articuladas al proceso de desmovilización de las AUC. De manera paradójica, la guerra facilitó el comportamiento oportunista (Collier, 2000) de los empresarios interesados, al tiempo que el cultivo le prestó sus oficios a la paz (Snyder, 2004). Este hecho señala el matiz referido por Gutiérrez y Barón (2008) al señalar que los acuerdos generados entre los actores y el Estado para la explotación mixta de los recursos matizan la situación pura de orden social y pasan por encima de la división entre legalidad e ilegalidad.

Una conclusión adicional importante es que la definición de los derechos de propiedad de los Consejos Comunitarios protegió a sus tierras de la usurpación de los palmicultores. Como se mostró, el proceso de titulación colectiva se activó frente al desplazamiento por parte de los grupos de autodefensa, como medida de protección exigida por las comunidades negras a las instituciones estatales. Las empresas palmeras se enfrentaron con este hecho. A diferencia del ciclo desplazamiento/apropiación, posible en los vecinos departamentos de Antioquia y Córdoba, el intento de implementación violenta del cultivo se encontró con la imposibilidad de la transferencia de los derechos de propiedad desde las comunidades hacia los palmicultores.37 Se insinúa entonces una relación entre regímenes de extracción basados en formas de propiedad estatal o baldía y su apropiación por parte de los grupos armados que requiere de análisis más profundos orientados a indagar sobre los vínculos entre las dimensiones de propiedad, uso y comerciabilidad de la tierra y su relación con el conflicto armado.


Pie de página

1 Este derecho se reconoció de forma explícita en el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Más tarde fue desarrollado por la Ley 70 de 1993 y, en lo que concierne a la titulación colectiva, fue reglamentado por la Ley 1745 de 1995.
2 La Cuenca del Pacífico, región Pacífico o Chocó biogeográfico colombiano está compuesta por 54 municipios y seis departamentos, según cálculos propios con base datos del Proyecto de Reservas Forestales del Ideam y el Ministerio del Medio Ambiente, el área total de los municipios comprendidos en la Cuenca del Pacífico es de 8.868.284 hectáreas, (Colombia, Ministerio del Medio Ambiente e Instituto de Estudios Ambientales, Ideam, s.f.). Para el año 2008, habían sido tituladas 5.209.437 hectáreas a 63.116 familias, agrupadas en 161 Consejos Comunitarios, en siete departamentos y 94 municipios. La Ley 70 también contempló que eran susceptibles de ser tituladas las tierras de comunidades negras que mantuvieran prácticas tradicionales de producción en otras partes del país. Es así como se han otorgado títulos colectivos en el oriente del departamento de Antioquia (Anorí, Sopetrán, Segovia, Yondó, Zaragoza) y en el departamento de Bolívar (Mahates).
3 Colombia vive uno de los conflictos armados internos más persistentes de toda la historia. De forma general, los académicos consideran el año de creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en 1964, como el año de inicio de las confrontaciones.
4 Esta palma es una oleaginosa de cuyo fruto prensado se extrae aceite. Propia de climas cálidos, crece por debajo de los 500 m.s.n.m en la franja ecuatorial. Integrada a la cadena de los aceites y las grasas, su explotación se organiza como una cadena que comprende la agroindustria de la palma, las industrias de transformación del aceite y los procesos de comercialización. Los productos que se obtienen de ella son aceite de palma crudo, almendra de palma, aceite crudo de palmiste y torta de palmiste. De su procesamiento se derivan concentrados para la alimentación animal, jabones, grasas alimenticias, aceites comestibles, combustibles, lubricantes, pinturas entre otros. Los principales productores de palma en el mundo son Malasia e Indonesia, con más de dos millones de hectáreas sembradas. Colombia tiene unas 150.000 hectáreas, de las cuales se deriva en un 71,1% aceite crudo Por sus requerimientos de extensión (5.000 hectáreas por plantación) y de intensidad de mano de obra (0,85 trabajadores por hectárea) su cultivo se ha vinculado con conflictos sobre la propiedad y con demandas por la apropiación indebida de tierras campesinas e indígenas (Mingorance, 2006).
5 La heroína y la cocaína son ambos bienes proscritos derivados de dos productos agrícolas (coca y amapola). Con excepción de estos, la generalidad de los cultivos agrícolas está sujeta a la regulación estatal, cuyo mínimo es el establecimiento de lo que se entiende por explotaciones para la subsistencia. Como se verá más adelante, más que obviar esas regulaciones, los actores armados se articularon con ellas de distintas formas.
6 Se encontró que estas aumentaban el riesgo de inicio y duración de los conflictos hasta llegar al 27% y 24% del Pib respectivamente, para luego descender. Con las demás variables en su media (ingreso per cápita, fragmentación etno-lingüística y tamaño de la población), los países que se acercaban a esos niveles tenían una probabilidad iniciar una guerra de 0,56, mientras que para aquellos que tenían proporciones cercanas a los mínimos o a los máximos la probabilidad era de 0,12 (Collier y Hoeffler, 1998).
7 Esta perspectiva de análisis ha sido criticada desde distintas aristas. Entre ellas se encuentran Cramer. (2002), Nathan (2005), Ross (2004), Ballentine y Nitzschke (2005), Arnson y Zartman (2005) y Le Billon (2001).
8 Además, la paradoja de la guerra también se vincula con el hecho de que es una empresa riesgosa e incierta. Otra línea de estudios ha sugerido que en este tipo de situaciones elementos como la identificación ideológica y el cambio endógeno de las preferencias tienen un valor explicativo importante. (Wilftang y McAdam, 1991; Loveman, 1998; Rutten, 2000, y Wood, 2003).
9 Para las autoras citadas existe un cierto consenso acerca de que la debilidad institucional es el vínculo crucial entre la riqueza en recursos naturales y los resultados económicos y políticos que se le atribuyen. No obstante, afirman, los análisis han ignorado una causa intermedia de tal debilidad, a saber, la estructura de propiedad sobre los recursos o, en palabras simples, quién posee y controla su explotación. Esta tiene por base no a la riqueza misma sino a las condiciones que anteceden a su explotación.
10 Las investigaciones han asumido que la propiedad estatal es una respuesta racional frente a las limitaciones que el desarrollo del sector minero impone a los gobernantes: dado que la extracción y el desarrollo minero son intensivos en capital, solo el Estado puede garantizar el clima de inversión y de pagos necesarios para la empresa. Al mismo tiempo, la necesidad de grandes capitales crea altas barreras de entrada, de manera que la propiedad debe estar concentrada. Sin embargo, una aproximación más detallada hace claro que la propiedad estatal no solo no es inevitable, sino que tiene asociados diversos grados de control (Luong y Weinthal, 2006).
11 Dado que los actores privados se benefician directamente de la producción y exportación de las reservas minerales de un país, tienen interés en asegurar sus derechos de propiedad y sus ganancias, así como los medios para traer a los actores estatales a la mesa de negociación y dado que el Estado tiene menos control sobre cómo son extraídos y utilizados los recursos, es probable que invierta en la construcción de instituciones que le permitan extraer ingresos de los propietarios particulares, regular el sector privado y generar otras fuentes de ingresos por fuera del sector primario(Luong y Weinthal, 2006).
12 En Congo, el dictador Mobutu Sese Sako estuvo en el poder entre 1965 y 1997, en Liberia William Tubman gobernó durante 27 años, entre 1944 y 1971 y fue sucedido por William Tolbert quien estuvo en el poder hasta 1980. En Sierra Leona, Siaka Stevens gobernó desde 1968 hasta 1985 cuando transfirió el poder de forma pacífica (Snyder, 2004).
13 Botsuana, país líder africano en exportación de diamantes, ha tenido una democracia estable por cuatro décadas, Bolivia tiene explotación de coca y régimen democrático desde la década de 1980, en Birmania, la expansión de la industria de los narcóticos ocurrió durante el período del fin de la guerra en los años 1990 (Snyder, 2004).
14 De forma muy similar a Luong y Weinthal, Snyder define a las instituciones de extracción sobre la base de considerar en quién recae el control de los ingresos generados por los recursos económicos (Snyder, 2004).
15 Los órdenes descritos presentaron soluciones alternativas entre guerra y paz a lo largo del tiempo, pero también evidenciaron la capacidad de sus agentes para implementar un cese de hostilidades. De otra parte, su establecimiento fortaleció a los empresarios ilegales y los respaldaron con autoridad política, lo que implicó una transacción de frontera entre la ilegalidad y la legalidad. Por último, no fueron democráticos (aunque redujeron la violencia, no la eliminaron) y pueden evitar el surgimiento de otros órdenes más abiertos (Gutiérrez Sanín y Barón, 2008).
16 Esto no quiere decir que el resultado sea virtuoso y que el traslado de ciertos costos no resulte oneroso para el campesino. Lo que establece es que este modelo no se relaciona con la apropiación violenta de los actores armados.
17 Aunque también señaló que esa característica de cuadros evidenció su debilidad organizativa. Al fin y al cabo, la guerra es un asunto que involucra orden, disciplina y cohesión.
18 Su definición es similar a la de Snyder (2004): "la saqueabilidad de un recurso es la facilidad con la que pueden ser extraídos y transportados por individuos o grupos pequeños de trabajadores no calificados. Drogas, piedras preciosas aluviales, productos agrícolas y madera son relativamente saqueables; minerales y piedras preciosas de mina, petróleo y gas natural son relativamente no saqueables" (Ross, 2003, traducción propia).
19 Según lo refirió Ortiz (1999, p. 85), en el municipio de Arboletes, departamento de Antioquia, una sola firma, cuyos principales socios eran confesos narcotraficantes, compró 48 grandes haciendas entre 1981 y 1989, "simultáneamente con muchas otras en Acandí.
20 Aunque en la década de los años setentas existían seis empresas importantes en el municipio, desde los años 90 Maderas del Darién, filial de Tríplex Pizano, con sede en Barranquilla, es la única en la zona. En la actualidad esta explota una concesión de cativo en un predio de 23.000 hectáreas (Municipio de Riosucio, Colombia, 2000).
21 El Bajo Atrato chocoano, conformado por los municipios de Acandí, Unguía, Belén de Bajirá, Carmen del Darién y Riosucio, se vincula con el Urabá antioqueño y juntos conforman el gran Urabá. En términos geográficos, económicos e, incluso, culturales, la región se asemeja más sus vecinos antioqueños que a otros municipios del departamento del Chocó y sobresale en este último como un pariente rico. En Unguía y Acandí, hay grandes haciendas de ganadería extensiva, producto de procesos de titulación de baldíos y de concentración por parte del narcotráfico. Riosucio es la zona primordial de explotación maderera en el departamento y Belén de Bajirá tiene alguna vocación agrícola (Jimeno Santoyo, Sotomayor y Valderrama, 1995; Municipio de Riosucio, 2000).
22 La Ley 2 establece que en las zonas de Reserva Forestal solo se pueden hacer intervenciones que impliquen un aprovechamiento persistente del recurso forestal. Otros usos, tales como la agricultura comercial o la ganadería solo pueden hacerse después de que las tierras hayan sido sustraídas de la Reserva por la autoridad competente.
23 El Carmen del Darién y Belén de Bajirá fueron constituidos como municipio en 2000. El primero fue desagregado de Riosucio y el segundo, de Mutatá. Dado entonces que los datos disponibles para estos son recientes, este análisis toma los datos agregados de Riosucio, Unguía y Acandí.
24 Cálculos con base en datos del Observatorio de Territorios Étnicos, Universidad Javeriana.
25 Las auc tomaron forma el 18 de abril de 1997 cuando bajo ese nombre se agruparon los hasta entonces frentes independientes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, las Autodefensas de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Ramón Isaza (Autodefensas del Magdalena Medio Antioqueño -ACMMA-) y las Autodefensas de Puerto Boyacá (Autodefensas Campesinas del Madgalena Medio -ACMM-). El 16 de mayo de 1998 se incorporaron tres nuevas organizaciones: las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar -AUSAC-, las Autodefensas del Casanare y las Autodefensas de Cundinamarca (Serrano Zabala, 2009).
26 En esa época nadie se cuestionó la forma en que esos recursos fueron a parar al bolsillo de los Castaño.
27 La experiencia de la hacienda La Tanela en el Bajo Atrato perduró con el tiempo. Sin embargo, fue un ave rara. Las 2.300 hectáreas de tierra que beneficiaron a 300 campesinos fueron entregadas al Obispo de Apartadó, Isaías Duarte Cancino. Desde entonces, la Iglesia católica asumió el liderazgo del proyecto y la organización católica holandesa Pax Christi orientó la siembra de plátano. En 2001, 300 familias vivían en la finca y obtenían "un precio razonable por su trabajo conjunto, que aumenta su capacidad de exportación principalmente hacia los Estados Unidos" (Pax Christi, 2001). Por su parte, la hacienda Santa Paula fue recientemente restituida a los campesinos beneficiarios de la reforma de Fidel Castaño, quienes fueron desplazados luego de que su hermano Carlos Castaños decidiera despojarlos de las tierras adjudicadas, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sentencia Caso Santa Paula, 31 de mayo de 2013.
28 Mientras avanzaban en su proceso de consolidación territorial, las accu pasaron a formar parte de una organización mayor que se conformó bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- en 1998. Con el proceso de negociación con el gobierno Uribe (2002-2006), dio inicio a la desmovilización de sus frentes, proceso que terminó con el desarme del Bloque Elmer Cárdenas y de Vicente Castaño en 2006.
29 En 1998, la política de incentivos al cultivo de palma africana se fijó la meta de sembrar 500.000 nuevas hectáreas en diez años en el marco de las 'Alianzas productivas y sociales para la paz'. Esta figura estaba enmarcada en el programa de 'Alianza interamericana de empresarios con interés social', que promovía el cambio en la estructura empresarial en la región mediante el otorgamiento de recursos a proyectos con un componente importante de interés social, privilegiando las inversiones que vincularan a los empresarios, la sociedad civil y el Estado. En este caso específico las alianzas fueron concebidas como un mecanismo de carácter social y productivo, que tenía el propósito de reactivar el sector agropecuario mediante la articulación de "todos los actores del campo con el sector privado, en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos sus integrantes". Los recursos para las alianzas serían aportados por el Estado, mediante herramientas ya existentes como el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) y por medio de préstamos de la banca multilateral (Austin, 2005; Mosquera, 2000; Murgas, 1999).
30 La planta se creó tiempo después con el nombre de Extractora Bajirá S.A. como una empresa asociada a Urpalma. Se instaló en Mutatá, Antioquia (Incómodos lazos de la jefe de Fiduagraria, 2013; Enredos de familia, 2008).
31 Según la información recabada, a partir de entonces y hasta la fecha han sido entregados 24 títulos a igual número de Consejos Comunitarios, que corresponden a cerca de 747.230 hectáreas.
32 Para 2005, año de desmovilización del bloque Elmer Cárdenas, Acción Social de la Presidencia de la República había contabilizado 66.152, personas expulsadas de los municipios de Riosucio, Unguía y Acandí. Según datos del DANE, la población estimada para estos en la fecha era de 68.493 habitantes.
33 "Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables".
34 En realidad, los compromisos con respecto a la titulación ya habían sido adquiridos por el gobierno en 1992 durante el primer encuentro con la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las comunidades negras. Allí se estableció que la titulación sería incluida como componente del Programa de Manejo de Recursos Naturales. El Programa fue financiado con un préstamo del Banco Mundial, del cual se destinaron US$ 4 millones para el tema específico, y se fijó una meta inicial de 2,3 millones de hectáreas (Sánchez y Roldán, 2001).
35 Las 'zonas humanitarias de refugio', fueron un desarrollo de los ejercicios de resistencia frente al conflicto armado, denominados Comunidades de Paz (San José de Apartadó, Natividad de María y cavida en la cuenca del río Cacarica, estas últimas en el Bajo Atrato Chocoano), iniciativa campesina apoyada por la institución jesuita Centro de Investigación para la Educación Popular -Cinep-. La experiencia pionera fue la de San José de Apartadó, Antioquia, establecida en 1997.
Allí, la propuesta de establecer 'zonas neutrales' como las contempladas en el artículo 15 del Convenio de Ginebra (1949) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Con el tiempo, el supuesto de separación entre la sociedad civil y los actores armados que sustentaba la figura, dio forma a la Comunidad de Paz. Más tarde, esta se convirtió en refugio para personas desplazadas provenientes de otras localidades de la región. Así, se constituyeron las 'zonas humanitarias de refugio', alternativa campesina a la presencia de la guerra (García Reyes, 2008).
36 Un informe posterior del Instituto de Estudios Ambientales del Pacífico aclaró las cifras sobre área sembrada, estableció la situación para 2007 y realizó un nuevo inventario de empresas. De este se concluye que a la fecha había instaladas en la zona 15 empresas, de las cuales once tenían alguna actividad dentro de los territorios colectivos. El 97% de los cultivos y de las áreas dedicadas a la ganadería o al cultivo de palma se encontraban dentro de los territorios colectivos. En total, un poco más de una quinta parte de los territorios, equivalentes a 16.977,54 hectáreas, había sido usurpada por las empresas.
37 Aunque este hecho no resuelve de forma mágica la apropiación de hecho por parte de los empresarios, configura un escenario distinto para actores armados y población. Piénsese en el contraste entre Fidel Castaño propietario de más de 15 mil hectáreas de la década de los noventa y el grupo de 23 empresarios usurpadores de más de 15 mil hectáreas de la década de los 2000. En el primer caso el ciclo desplazamiento/usurpación se cerró, en el segundo no. Esta diferencia no es solo temporal, se vincula de manera estrecha con el hecho de que las comunidades negras son dueñas de una propiedad que es no transable.


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