Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Cited by Google 
Similars in
SciELO 
Similars in Google 
Permalink
1. Introducción
El 19 de octubre de 2016 en Latinoamérica y el 8 de marzo de 2017 en diferentes ciudades del mundo, cientos de mujeres marcharon bajo las consignas Ni una menos y Nosotras paramos para hacer visible lo invisible, exigir la eliminación de la discriminación, la violencia y las desigualdades de género (Sosa,2016; ONU Mujeres, 2017). Como antecedente inmediato para el caso mexicano, el 24 de abril de 2016 con la consigna #VivasNosQueremos mujeres se movilizaron en al menos cinco ciudades del país, denunciando las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y al fracaso del Estado para proteger su vida e integridad, expresado en las altas tasas de feminicidios y desapariciones en todo el país (García & Padilla, 2016).
En México se han desarrollado extensos y profundos análisis sobre la violencia de género en el marco de la estructura patriarcal, donde las mujeres son objeto de múltiples y variados sometimientos y vejámenes por su pertenencia de género (Russell & Radford, 2006; Álvarez & Pérez, 2010; Cobo, 2011; Castañeda, Ravelo & Pérez, 2013). Sin embargo, ni las investigaciones sobre violencia de género, ni los estudios sobre la crisis de derechos humanos en México (Méndez, 2014; Amnesty International, 2015; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015; Open Society, 2016) se han preguntado: ¿cómo afecta la actual crisis de derechos humanos a las mujeres en México?
En este artículo, argumento que la actual crisis de derechos humanos, en el contexto de conflicto armado por la expansión de organizaciones criminales y la respuesta estatal, ha afectado a las mujeres en dos sentidos diferenciados: por un lado, las mujeres están sufriendo violencia directa al convertirse en objetivo del accionar criminal, utilizadas como armas de guerra y medio de rentas. Por otro lado, en este mismo escenario se ha configurado un ciclo de movilización y acción colectiva por parte de las mujeres, víctimas directas e indirectas del conflicto armado en las regiones y localidades. Estas mujeres se están apropiando del lenguaje de derechos humanos como marco de identidad para la acción colectiva y recurso de movilización; en la exigencia de justicia están creando capacidades para la defensa de los derechos humanos, propiciando la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales y federales, creando organizaciones y redes para la búsqueda de las desaparecidas. Dicha acción colectiva por parte de las mujeres ha conducido a un ensanchamiento del campo de defensa de los derechos humanos en el territorio nacional y una mayor socialización de estrategias de movilización en amplios colectivos sociales.
Metodológicamente, aunque las fuentes secundarias se destacan como respaldo de la información presentada, el artículo está basado en un amplio trabajo de campo desarrollado entre 2010 y 2016 en diferentes regiones y localidades del país, con observaciones directas y entrevistas a funcionarios públicos, víctimas y activistas de derechos humanos que han sido utilizadas en diversas publicaciones con otros énfasis.
El artículo está organizado de la siguiente manera: en la primera parte defino los derechos humanos, su relación con la movilización y la acción colectiva como factor esencial de socialización y presión para el cambio del comportamiento estatal; en la segunda parte analizo el aumento de la violencia contras las mujeres en el contexto de expansión del crimen organizado en México; la tercera parte está dedicada a examinar la acción colectiva de mujeres "comunes" en escenarios locales y regionales frente a las graves violaciones de derechos humanos, la construcción de sus marcos de identidad y recursos de movilización, para finalizar con unas conclusiones.
2. Derechos humanos y marcos de acción colectiva
Las investigaciones sobre derechos humanos abarcan muy diversas disciplinas como el derecho, la ciencia política, la filosofía, las relaciones internacionales y la sociología, desde las cuales son estudiados a partir de diversos marcos interpretativos (Risse, Ropp & Sikkink, 1 999; Landman, 2006; Simmons, 2009; Stammers, 2009; Sen, 2010; Vásquez & Estévez, 2010; Risse, Ropp & Sikkink, 2013; Sikkink, 2014). Reconociendo esta diversidad de perspectivas, entiendo los derechos humanos como horizontes normativos y proposiciones éticas que sirven de marco tanto para la acción estatal, al traducirse en mecanismos que generan expectativas y posibilidades de exigibilidad a través de los dispositivos jurídicos establecidos nacional e internacionalmente, como también para la acción colectiva de personas y colectivos sociales como recursos de movilización (Hincapié, 2015). Estos tres aspectos definitorios de los derechos humanos se corresponden con planos de incidencia diferenciados (ver tabla 1).
El origen de los derechos está íntimamente relacionado con la historia de los procesos de negociación y luchas por la inclusión y la obediencia al orden estatal; las posibilidades de reconocimiento por la pertenencia a una comunidad política y la expansión de titularidades asociadas, han dado respuestas concretas a los cuestionamientos de distribución y al para qué de la organización estatal (Tilly, 2004; Hunt, 2009). Durante todo el siglo XX los Estados iniciaron procesos de institucionalización de los derechos humanos, en la medida que fueron reconocidos y empezaron a ser parte de sus lógicas institucionales, creando diversos mecanismos para su protección y garantía (Stammers, 2009). En las últimas décadas, los derechos fundamentales en particular y los derechos humanos en general, se han convertido en el centro de múltiples disputas, reforzadas por los procesos de mundialización, en tanto la internacionalización de los derechos humanos ha servido para fortalecer los recursos de movilización en los escenarios estatales, para acceder a formas de distribución y reconocimiento más amplias e incluso para la exigencia de corresponsabilidades entre los Estados (Tilly & Wood, 2010; Tsutsui, Whitlinger & Alwyn, 2012).
La socialización del régimen internacional de los derechos humanos y las redes de presión transnacional han sido hasta ahora los enfoques predominantes en las investigaciones sobre acción colectiva y derechos humanos, poniendo en el centro del análisis las dinámicas internacionalesde reivindicación de derechos humanos y la capacidad de movilización para influir en el cambio del comportamiento estatal (Keck & Sikkink, 2000; Risse et al., 1999; Risse et al., 2013). Sin embargo, investigaciones recientes han hecho énfasis en la necesidad de explicar los procesos de movilización en derechos humanos al interior de los Estados, las formas de articulación en los contextos sociales y políticos específicos que enmarcan la localización de las acciones colectivas (López & Hincapié, 2015).
De acuerdo con lo anterior y desde la perspectiva de la movilización de recursos y contienda política, entiendo la acción colectiva y la movilización como juegos estratégicos de relaciones de poder, en relación con el contexto político que incentiva o desincentiva la acción (McAdam, McCarthy & Zald, 2006; Tarrow, 2009). Desde estas teorías, se analizan los repertorios de acción colectiva, que hacen referencia al uso combinado y sostenido de acciones políticas como reuniones, mítines, reuniones públicas, declaraciones, creación de redes y coaliciones asociadas a los fines específicos de la movilización (Tilly & Wood, 2010). Del mismo modo, el escenario de disputa o la "dialéctica de confrontación", entendido como las reacciones y contrapesos del entorno político que puede determinar estructuras de oportunidad, que puede estimular la participación al afectar las expectativas de éxito o fracaso de las acciones colectivas (Tarrow, 2009).
En las investigaciones sobre acciones colectivas en derechos humanos al interior de los Estados, el análisis de la contienda política ha sido determinante en las explicaciones sobre la configuración de los campos de defensa de los derechos humanos por parte de organizaciones y agentes especializados (López & Hincapié, 2015; Hincapié & López, 2016). Sin embargo, los marcos de identidad, intenciones y emociones cobran centralidad en el estudio de acciones colectivas en amplios grupos sociales no especializados cuya movilización, por lo general, está vinculada con procesos de victimización, o solidaridad con las víctimas, en escenarios de graves violaciones de derechos humanos.
Por esta razón, el análisis de acciones colectivas en derechos humanos por parte de agentes no especializados no se limita a las consideraciones sobre cálculos estratégicos respecto a la correlación de fuerzas y estructuras de oportunidad por parte de los actores involucrados, sino también incluye los marcos de identidad, intensiones y emociones de los participantes, como parte fundamental en la construcción de la acción política (Jasper, 2012; Jasper, 2014).
En este caso particular me interesa analizar la configuración de acciones colectivas por parte de mujeres, como agentes no especializadas en el campo de defensa de los derechos humanos y que han configurado un ciclo de movilización, como un momento de intensificación y auge de la acción colectiva (Tarrow, 2009), generado como respuesta al escenario de conflicto armado por el que atraviesa México. Para ello, vinculo los marcos de identidad, intensiones y emociones que motivan la participación y la sostienen, consolidando acciones colectivas a través del tiempo, con los repertorios y estrategias de presión propios de las estructuras de oportunidad para la movilización de recursos (ver tabla 2).
3. Violencia contra las mujeres en el contexto de expansión del crimen organizado en México
Desde la década de los noventa en la ciencia política y las relaciones internacionales se ha venido desarrollando una amplia variedad de investigaciones sobre guerras y conflictos armados internos en todo elmundo, los cuales han cuestionado los fundamentos teóricos y jurídicos de las guerras enclavados en las dinámicas bélicas convencionales. El estudio de estas "nuevas guerras" han iluminado diversos aspectos de las confrontaciones violentas ofreciendo tipologías, más o menos integradoras, a partir del análisis de diferentes dimensiones como son las motivaciones, objetivos, microdinámicas e intensidad del conflicto, entre otras, que difieren y cuestionan las definiciones clásicas de las guerras civiles en la medida que no se circunscriben a una confrontación extrema para la conquista del poder político (Van Creveld, 1991; David, 1 997; Shaw, 1999; Waldmann & Reinares, 1999; Kaldor, 2001; Kalyvas, 2001; Kalyvas, 2003, Kalyvas, 2006; Fearon & Laitin, 2003; Sambanis, 2004; Eriksson & Wallensteen, 2004; Collier & Hoeffler, 2004; Dorff, 2005; Hegre & Sambanis, 2006; Bates, 2008).
A partir de estas investigaciones el contexto mexicano actual puede ser caracterizado como un conflicto armado interno e incluso algunos autores han llegado a considerarlo como el escenario de una guerra civil (Waldmann, 2012; Schelder, 2016). Más allá de la polémica sobre la denominación apropiada para los conflictos armados protagonizados por organizaciones criminales y la subsecuente respuesta estatal en México, es innegable que durante los últimos diez años dichas organizaciones se han transformado de manera radical mediante procesos de fragmentación, competitividad, expansión de organizaciones y diversificación de actividades, que las han llevado a tener un mayor control territorial, incrementando los niveles de violencia y degradación de la seguridad pública ( Corcoran, 2011; Guerrero, 2011; Finklea et al., 2010; Grayson & Logan, 2012; Beittel, 2015).
Los cambios en el comportamiento criminal han traído como consecuencia un incremento en graves violaciones de los derechos humanos contra las mujeres, las cuales se han convertido en objetivo y fuente de financiamiento de las organizaciones criminales a través de la trata de personas, prostitución, venta de niñas, pornografía y tráfico de drogas, entre otras. Del mismo modo, la expansión en el control territorial de las organizaciones criminales y su connivencia con agentes estatales, han contribuido a exacerbar la violencia de género como patrón social ampliamente extendido favoreciendo su impunidad (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer -CEDAW, 2012).
Hasta ahora el centro de los debates sobre violencia de género en México ha sido el feminicidio como la manifestación más letal de la violencia contra las mujeres (Segato, 2006; Lagarde,2011 ; Sagot & Carcedo, 2011). En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el feminicidio es definido como:
Artículo 6. […] la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (2007).
Es muy importante subrayar que estos informes sobre feminicidios no se han analizado a la luz de los cambios en el contexto por la actuación de organizaciones criminales; sin embargo, las cifras que proporcionan son contundentes. Como observamos en el gráfico 1, a partir de datos oficiales presentados en el informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1984-2014(Echarri, 2016), se advierte un crecimiento significativo y constante de los asesinatos a mujeres en México a partir de 2007. El incremento ha sido tal que entre el año 2007 (1087 homicidios) y el año 2012 (2 761 homicidios) hubo un aumento del 154 %, de los homicidios contra mujeres en todo el país.
El aumento significativo en los asesinatos de mujeres se relaciona con el contexto de conflictos armados si consideramos el aumento de estos asesinatos en la vía pública. Tal y como se presenta en el gráfico 2, históricamente eran mayores los homicidios contra las mujeres perpetrados en el ámbito privado. A partir del 2007, no obstante, hay un crecimiento de los homicidios en la vía pública que transforma la tendencia prevaleciente a partir de 2009 (sin que esto signifique una disminución de la violencia en el ámbito privado), llegando a su punto más alto en 2012. Estas cifras se corresponden con las dinámicas de los conflictos armados relacionadas con la expansión de organizaciones criminales a partir del 2007, sus disputas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estatal, de la forma como ha sido presentada en diversos informes (Escalante, 2011; Berber, 2016).
Fuente: Elaboración propia con datos de SEGOB, INMUJERES & ONU MUJERES
Gráfico 1 Totalde homicidios contra mujeres en México, 1985-2014
Fuente: Elaboración propia con datos de SEGOB, INMUJERES & ONU MUJERES
Gráfico 2 Totalde mujeres asesinadas por lugar de los hechos en México, 1999-2014
Esta relación es aún más clara si apreciamos el gráfico 3. En los Estados fronterizos de Tamaulipas y Chiapas el aumento de los asesinatos a mujeres llega a tasas superiores al 340 %. Además de Tamaulipas, casi todos los estados de la frontera norte presentan los mayores incrementos del país, como vemos en Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Baja California. También encontramos incrementos sustanciales en Estados del interior del país como Hidalgo y Morelos; en todos los casos, los Estados incluidos en la gráfica cuentan con una activa presencia de organizaciones criminales.
Gráfico 3 Estados con mayores porcentajes de incremento de asesinatos de mujeres entre el 2007 y 2014 en México
Las cifras sobre feminicidios ofrecidas por las autoridades estatales hacen evidente la gravedad de la situación de los derechos humanos de las mujeres en México, así como los cambios incrementales a partir del 2007, que se relacionan con los cambios en el contexto de los conflictos armados debidos a la expansión y consolidación de las organizaciones criminales.
Investigaciones sobre feminicidios en Ciudad Juárez, realizadas en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social(CIESAS) por Patricia Ravelo, han identificado un patrón sistemático en los cuerpos de las mujeres y niñas asesinadas, los cuales coinciden en presentar cortes y mutilaciones propios de la "pornografía sádica". Segúnla investigadora, las marcas encontradas en los cuerpos corresponden a lesiones propias de tortura y sexo violento, utilizadas en la "industria criminal transnacional" donde se han insertado las organizaciones del crimen organizado que operan en México (Excelsior, 2015).
De acuerdo con lo anterior, los feminicidios son el último eslabón en una cadena de vejaciones que en muchos casos inician con el rapto y la desaparición forzada, el tráfico de personas, el sometimiento a tortura y esclavitud sexual para, finalmente, terminar siendo asesinadas frente a cámaras que registran los detalles. Todo un engranaje de explotación basado en la violencia de género al cual están siendo sometidas mujeres y niñas en territorio mexicano por parte de organizaciones armadas.
3.1. Desaparición, trata de personas y esclavitud sexual: mujeres y niñas como objetivo criminal
México es un país tanto de origen como de tránsito y destino de mujeres y niñas víctimas del delito de trata de personas. Con la expansión y diversificación de actividades del crimen organizado en México, la trata de personas con fines de explotación sexual ha pasado a ser una de sus principales fuentes de financiación. En ese contexto, mujeres y niñas se han convertido en objetivo de las actividades criminales en todos los Estados del país. En los últimos años, se ha llamado la atención particularmente sobre la situación de las mujeres y niñas migrantes en tránsito hacia Estados Unidos que han sido objeto de la trata de personas, en su gran mayoría migrantes ilegales provenientes de Centro y Sudamérica, aunque mujeres de Europa del Este, Asia y África también han sido identificadas en México (Departament of State, 2016).
Se ha señalado que las zonas turísticas del país, así como las ciudades de la frontera norte, son considerados lugares de destino de mujeres y niñas víctimas de la trata, con fines de explotación y esclavitud sexual. En un informe presentado en 2014, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), logró determinar cómo se articula una red de pequeñas organizaciones familiares dedicada a la trata de personas en el Estado Tlaxcala, con grandes organizaciones criminales como los Zetas,Guerreros Unidos y el Cártel del Golfo, quienes controlan corredores que utilizan para diferentes fines a lo largo y ancho del país (Flores, 2014).
Evangelina Hernández ha documentado a partir de diversas fuentes y testimonios de lugares como Tenancingo, municipio de Tlaxcala, que la trata de personas representa una de las más importantes fuentes de sostenimiento económico de las organizaciones criminales (Hernández, 2015). Precisamente, a partir del caso de Tlaxcala, se advierten las transformaciones en las dinámicas de la trata de personas, que ahora articulan los clanes familiares, dedicados tradicionalmente al "enganche" y "rapto" de mujeres para su explotación sexual, con las grandes organizaciones criminales. En ese sentido, la trata de mujeres y niñas ha sufrido una expansión y sofisticación, que se traslapa con los negocios de drogas y migrantes ilegales en rutas controladas por las organizaciones criminales (Gurney, 2014).
El traslape, sofisticación y evolución para diversos fines de la trata de mujeres y niñas, se corresponde con la diversificación de actividades económicas del crimen organizado en México. La relación entre el contexto de violencia a partir de la expansión del crimen organizado y el aumento en la trata de mujeres y niñas ha sido señalada en los informes del gobierno federal. La Comisión Intersecretarial1 en su informe anual de 2013, señaló que "se ha incrementado exponencialmente" la trata de personas en el país "a consecuencia de la delincuencia organizada" (Comisión Intersecretarial, 2014, p. 11). En el mismo sentido, el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 señala en su diagnóstico sobre la trata de personas que:
[…]la delincuencia organizada y los modelos de lucha contra el crimen en el pasado incrementaron los niveles de violencia y multiplicaron las formas en que la criminalidad ha desplegado sus efectos sobre las capas más vulnerables de la población. Las modalidades delictivas hanaumentado y mutado constantemente, resultando en una expansión de áreas de operación y de diversificación de actividades delictivas, colocando a la trata de personas en los primeros lugares de impacto social negativo, por las ganancias ilícitas que genera, convirtiéndola así en una grave amenaza a la mayoría de la población.
Los grupos delincuenciales vinculados a la trata de personas se asocian de tal manera que abarcan en la comisión de sus actividades, la captación, el transporte y la gestión de la explotación, ligándose a diversos grupos locales e incluso a otros del ámbito internacional, generándose con ello la delincuencia organizada trasnacional, que diversiica los puntos de enganche, tránsito y destino (Comisión Intersecretarial, 2014).
Hasta aquí podemos establecer la razón de ser entre las diferentes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, la desaparición forzada asociada a la trata y la esclavitud sexual, que incluye la pornografía sádica y culmina en muchas ocasiones en feminicidio, al ser actividades lucrativas para las organizaciones criminales extendidas por todo el territorio nacional.
Unido a lo anterior, el Estado mexicano ha sido denunciado por hacer de la tortura una práctica sistemática para lograr confesiones de detenidos acusados de pertenecer a organizaciones criminales (Méndez, 2014; Amnesty International, 2015; Comisión IDH,2015; Open Society, 2016). Las mujeres no han escapado a estas prácticas de tortura, las cuales llegan incluso a ser divulgadas por medio de videos en las redes sociales (Martínez, 2016a; Flores & Reyes, 2016).
Además de la tortura, las mujeres arrestadas por presuntos vínculos con organizaciones criminales están siendo sometidas a violencia sexual por parte de la policía y de las diversas fuerzas armadas. Después de entrevistar a cien mujeres presas en diferentes cárceles de México, acusadas de pertenecer a organizaciones criminales, Amnistía Internacional ha podido establecer que la violencia sexual es una "práctica habitual" de las autoridades estatales (policías, marinos o militares) durante el arresto y el interrogatorio, para conseguir confesiones por parte de las mujeres (Amnesty International, 2016)2.
De acuerdo con lo anterior, en el contexto de conflicto armado, como resultado de la expansión de organizaciones criminales en el territorio mexicano y la persecución de las autoridades estatales, las mujeres están siendo sometidas a una alta violencia sexual por todas las partes enfrentadas y utilizadas como arma de guerra.
Aunque los diagnósticos realizados por las propias autoridades estatales sean claros en señalar la gravedad de la situación de los derechos humanos de las mujeres en un contexto de actuación de organizaciones criminales, las autoridades se resisten a decretar medidas de emergencia para proteger las mujeres y niñas en el territorio nacional.
De todas las disposiciones y medidas tomadas hasta ahora, la herramienta más importante para intervenir en graves situaciones de violencia contra las mujeres ha sido la Alerta de Violencia de Género (AVG). Esta medida hace parte de los mecanismos considerados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y fue diseñada para la intervención de las autoridades federales cuando los gobiernos estatales no hubiesen actuado en situaciones graves de violencia contra las mujeres.
Las organizaciones de la sociedad civil desde 2 008 presentaron peticiones de declaratoria de la Alerta de Género en diecisiete estados dada la gravedad de la situación por el incremento sustancial de los feminicidios. Hasta el 2013, ninguna alerta había sido aprobada razón por la cual las diversas organizaciones agrupadas en la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la reforma a la Ley General de Acceso y, específicamente, al reglamento establecido para decretar el mecanismo de Alerta, dada su infectividad y las dificultades procedimentales para acceder a sus beneicios.
El hecho de que no se hubiera declarado ninguna Alerta de Violencia de Género entre 2008 y 2014, a pesar del incremento sustancial de los feminicidios, da cuenta de las omisiones del Estado para garantizar la vida e integridad de mujeres y niñas, en el contexto de violencia por la actuación del crimen organizado. Gracias a la insistente acción colectiva de las mujeres para denunciar los hechos de violencia en las localidades,el 28 de julio 2015 por primera vez fue declarada la Alerta de Género en once municipios del Estado de México; dos semanas después, el 10 de agosto de 2015, fue decretada la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del Estado de Morelos (Rosagel, 2016). En ambos casos, las declaratorias de alerta fueron posibles después de largos procesos y demandas interpuestas por organizaciones sociales (Martínez, 2016; Román, 2015).
Aunque el 27 de junio de 2016 fue activada la Alerta de Violencia de Género para catorce municipios del Estado de Michoacán, diversas solicitudes para declarar la Alerta de Violencia de Género en Estados como Sinaloa y Guanajuato han sido negadas. Las activistas han señalado que las autoridades "obstaculizan la Alerta de Violencia de Género, como si se tratara de una agresión contra los gobiernos" (Villela, 2016). A pesar de las cifras de feminicidios y el riesgo inminente que sufren las mujeres en estados como Tamaulipas, documentados por las mismas autoridades estatales, no se ha declarado ninguna Alerta de Violencia de Género en la entidad, ni creado algún otro mecanismo de emergencia que pueda intervenir para proteger la vida e integridad de las mujeres, así como garantizar sus derechos humanos.
4. Mujeres en movimiento: de víctimas a activistas como respuesta a la crisis de derechos humanos
La acción colectiva de las mujeres para denunciar la violencia de género en México ha sido fundamental para dar visibilidad a nivel internacional a la grave situación de violaciones a los derechos humanos y presionar por cambios en el comportamiento estatal. El caso paradigmático de movilización y acción colectiva de las mujeres, como primer ciclo de movilización en torno a los derechos humanos por parte de las mujeres y antecedente inmediato de la actual crisis de derechos humanos, fue la movilización desarrollada alrededor de Ciudad Juárez.
En esta ciudad fronteriza al norte del país, desde mediados de la década de los noventa las mujeres empezaron a organizarse en el entorno local para denunciar los asesinatos sistemáticos de mujeres, sin encontrar ninguna respuesta efectiva de las autoridades oficiales3. A partir del 2001, especialmente después del trágico suceso del Campo Algodonero4, la acción colectiva de las mujeres en Ciudad Juárez empezó a tener mayor visibilidad internacional. Fueron creadas organizaciones de víctimas las cuales lograron posicionar el debate sobre la situación en la ciudad a nivel nacional e internacional. La creación de redes de apoyo transnacionales, el pronunciamiento y elaboración de informes sobre Ciudad Juárez por parte de diversas organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, llevaron a un paulatino reconocimiento gubernamental y a la implementación de diversas medidas (Martín, Fernández & Villarreal, 2008;Aikin, 2011;Anaya, 2012).
La respuesta estatal a la presión ejercida por la acción colectiva de las mujeres, iniciada en Ciudad Juárez, llevó a la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2003 y en 2007 la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), unida a la reforma del Código Federal de Procedimientos Penales donde se incluyó el delito de feminicidio.
A pesar del éxito en la acción colectiva transnacional, a partir del 2007 se agravaron las violaciones a los derechos humanos de las mujeres debido a los cambios en el contexto nacional5. En este nuevo escenario de violaciones masivas a los derechos humanos de las mujeres, se configuró un segundo ciclo de movilización y acción colectiva de las mujeres en escenarios locales y regionales, el cual está siendo decisivo para hacer visibles, ante la opinión pública nacional e internacional, las graves violaciones y la crisis de derechos humanos que se viven en México. Dicha acción colectiva de madres, esposas y víctimas directas e indirectas, que fueron arrancadas de su cotidianidad por los hechos violentos, están denunciando y exigiendo justicia, pero también creando organizaciones y tejiendo redes de apoyo fundamentales para la construcción de paz y el empoderamiento de las mujeres como defensoras de sus derechos, pasando de víctimas a activistas de derechos humanos.
En la siguiente tabla (ver tabla 3) encontramos ejemplos relevantes de acción colectiva de mujeres en distintas ciudades y localidades de México. Como veremos a continuación, sin excepción, todas estas iniciativas surgieron como reacción de mujeres comunes ante un hecho violento. Sin antecedentes o trayectorias de activismo, cuando una mujer expuso su dolor y desesperación, encontró decenas de mujeres que se reconocieron y hallaron en lenguaje de los derechos humanos la manera de traducir una emoción privada en un hecho público.
Tabla 3 Iniciativas locales relevantes de acción colectiva de mujeres frente a la crisis de derechos humanos en el contexto de conflicto armado
Fuente: Elaboración propia.
El hijo de Alma Trinidad Camacho, un estudiante de preparatoria de dieciséis años, fue asesinado en una masacre ocurrida en 2008 en Culiacán, Sinaloa, cuando un comando armado disparó de manera indiscriminada frente a un taller automotriz. Alma Trinidad exigió justicia para el caso de su hijo, hizo pancartas, plantones y marchas, se reunió con otras madres en la misma situación y crearon la organización Voces Unidas por la Vida:
Yo quise salir a la calle a protestar, a decirle a nuestra autoridades que no se está trabajando y todos se hacían de oídos sordos [...] Con todo esto me di cuenta del país en el que vivimos, ya no quise seguir, tuve miedo, tú sabes cómo se manejan las cosas en Sinaloa, porque afectas intereses, la autoridad no te protege (Manjarrés, 2013).
A pesar de las amenazas, la acción colectiva de las mujeres en Culiacán no cesó, en una de las cunas del narcotráico en México que algunos no dudan en caracterizar como una "narcodictadura" (Tercero, 2010). Además de las marchas, denuncias y documentación de casos, las integrantes de Voces Unidas por la Vida han trabajado con las autoridades estatales en la investigación y búsqueda de desaparecidos, acopiando información de los casos e incluso haciendo excavaciones en lugares señalados por algunos informantes de manera anónima (Carrasco, 2010; Zavaleta, 2017).
En Tijuana, también en 2008, Cristina Palacios, madre de Alejandro Hodoyán, desaparecido a manos del Ejército, creó la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, a través de la cual se movilizaron decenas de madres y familiares víctimas de desaparición forzada y asesinatos, protagonizados por el crimen organizado en los municipios de Tijuana, Rosarito, Ensenada y Mexicali. Posteriormente, a partir de la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, surgió la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California la cual agrupa a los colectivos de víctimas en el Estado de Baja California (Robledo, 2015; Villarreal, 2014).
Al otro lado del país, en Xalapa, Veracruz, en junio de 2011, la hija de Bárbara Ibarra fue desaparecida y encontrada muerta tres meses despuésde manera fortuita. Durante la búsqueda Ibarra convocó a marchas y plantones que dieron origen a la asociación Busquemos a Nuestras Hijas, la cual ha liderado los procesos de denuncia sobre feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Veracruz. El 20 de junio de 2011, cerca de doscientas personas marcharon, entre las que se encontraban madres de otras desaparecidas (Villareal, 2014). A través de la acción colectiva de las madres organizadas se ha exigido la actuación de las instituciones estatales para prevenir y transformar las condiciones del conflicto armado regional donde la impunidad reina:
En Veracruz se mata a las mujeres con saña; mueren después del ultraje. Las asesinan a golpe limpio. Cuelgan sus cadáveres en los árboles. El gobierno sólo ve la natilla de la mierda. Siempre, al indagar, pone su atención en la víctima, en todo lo que hizo mal para justiicar los decesos. Luego viene la impunidad (León, 2016a).
Precisamente, en el municipio de Orizaba, Veracruz, el 7 de septiembre de 2 012 desapareció Fernanda Rubí Salcedo Jiménez. Su madre, Aracely Salcedo, emprendió su búsqueda y en ese proceso se unió a otras madres de jóvenes desaparecidas, dando origen al Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba en 2013. Desde entonces, han documentado casos, realizado investigaciones y búsquedas de manera independiente, marchas, plantones, denuncias públicas y acompañado a familiares. En ese recorrido las integrantes del Colectivo han sufrido todo tipo de hostigamientos y amenazas. Así lo airma Aracely Salcedo quien ha liderado las denuncias y ha recibido medidas cautelares:
Desde que comencé la búsqueda de mi hija, se han mantenido las amenazas y hostigamientos por llamadas y vía mensajes privados en Facebook. La verdad ya no sabemos por dónde nos pegan, si del lado del Gobierno o de la delincuencia […] Al menos veinticinco veces me han detenido en carretera, pero yo no soy una delincuente solo busco a mi niña desaparecida (Sin embargo, 2016, párr. 3-4).
Ante la inacción de los gobiernos y la connivencia con las organizaciones criminales, la iniciativa de las mujeres organizadas las ha llevado a emprender por su cuenta labores de búsqueda de cadáveres para su identificación. El mayor hallazgo de fosas comunes en México hasta ahora, se llevó a cabo en el puerto de Veracruz por parte del Colectivo Solecito, una agrupación de madres y hermanas de personas desaparecidas, creada en 2014 y liderada por Lucía de los Ángeles Díaz Ganeo. En agosto de 2016 estas mujeres ubicaron un terreno de fosas clandestinas donde, para marzo de 2017, se han encontrado doscientos quince cuerpos y aún queda un amplio terreno por explorar donde se sabe hay más restos óseos. Del mismo modo, el Colectivo Solecito ha promovido la rendición de cuentas de los gobiernos estatal y federal, al denunciar las omisiones para comprometerse con las investigaciones y la identificación de los cuerpos en la medida que, según Díaz: "están apostando a que todo esto se olvide [...] Todo ha sido negación, simulación por parte de ellos. Nosotros somos quienes hemos trabajado, la Fiscalía solo ha dado fe de los hallazgos, pero de ahí en adelante nada" (Rincón, 2017).
En otro lugar del país, una mujer buscaba a su hijo Víctor Manuel Guajardo Rivas, desaparecido en julio de 2013 presuntamente por parte del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), un grupo de policías de élite formado en el Estado de Coahuila. María Hortencia Rivas Rodríguez acudió de inmediato a todas las autoridades estatales, sin encontrar ninguna respuesta o ayuda. A partir de ese momento esta mujer emprendió una búsqueda incesante que la llevó a conocer a cientos de madres que buscan igualmente a sus desaparecidos. Marchas, plantones, denuncias públicas, caminatas, manifestaciones, fueron durante años las acciones a las que apelaron para exigir alguna respuesta estatal.
Ante el incremento exponencial de desapariciones, en 2013 las madres decidieron crear la organización Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras - Coahuila. A través de la organización liderada por María Hortencia Rivas y Yolanda Vargas González se brinda asesoría legal, apoyo psicológico a los familiares de desaparecidos, se difunde información y se ha construido un sistema de reacción inmediata, por medio del cual se han llegado a ubicar más de setenta personas que han sido liberadas gracias a las alertas tempranas y movilización llevada a cabo a través de la organización (Tavera, 2015).
Al norte del país, en Ciudad Juárez, en este segundo ciclo de movilización un hecho paradigmático ocurrió con el asesinato de Marisela Escobedo frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua en2010, hasta donde fue a exigir justicia por el feminicidio de su hija ocurrido en Ciudad Juárez en el año 2008.
La desaparición creciente de mujeres y niñas en Ciudad Juárez llevó a la conformación en marzo de 2011 del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, a raíz de la movilización de las familiares de Mónica Janeth Alanis e Idali Juache, desaparecidas en 2009 y 2010 respectivamente. Son diversas las movilizaciones que han protagonizado y se han extendido por todo el Estado, para denunciar la lentitud y negligencia en las investigaciones, exigir la implementación de diversos mecanismos que garanticen la identificación adecuada de los restos y la creación de mecanismos de atención a las víctimas (Barrios, 2013; Coria, 2013).
En 2013 fue creada la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León-AMORES DNL, apoyadas en la organización no gubernamental de derechos humanos Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. c. (CADHAC), dirigida por la hermana Consuelo Morales. Como antecedente, en 2011 había sido creada Lucha por Amor, Verdad y Justicia (LUPA) y, al escindirse, dio origen a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y AMORES DNL.
Gracias a la acción colectiva de las mujeres agrupadas en AMORES DNL y el acompañamiento de CADHAC, ha sido posible documentar la desaparición de personas en el Estado de Nuevo León, crear un modelo de búsqueda de la mano de las autoridades estatales e influir en la tipificación en el código penal estatal del delito de desaparición forzada cumpliendo con estándares internacionales (Cervantes, 2015; Villareal, 2014).
Todas estas iniciativas locales lideradas por mujeres, se suman a múltiples redes y colectivos como la Red de madres buscando a sus hijos y muchas otras más, las cuales cada año desde 2012 han celebrado la Marcha de la Dignidad Nacional: madres buscando a sus hijos e hijas, y buscando verdad y justicia. Años tras año mujeres han marchado por las principales ciudades del país en el mes de mayo exigiendo justicia. En mayo de 2016 la V Marcha de la Dignidad Nacional fue realizada por cientos de mujeres provenientes de todo el país, las cuales fueron acompañadas por madres centroamericanas de Guatemala, El Salvador y Honduras, además de marchas simultáneas en Veracruz, Morelos, Mi-choacán, Guerrero y Guanajuato (Olvera, 2016).
En todos los casos de acción colectiva analizados, encontramos como elemento común que las mujeres, que han sido víctimas directas e indirectas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de conflicto armado por el que atraviesa el país, han logrado empatía con otras mujeres y familiares en su misma situación. Ante el desconcierto por los hechos dolorosos, la impunidad e inacción de las autoridades estatales, las mujeres han nombrado su dolor convirtiéndolo en un problema público, al encontrar en el lenguaje de los derechos humanos un marco de identidad y recurso de movilización para la acción colectiva. En la tabla 4 resumo analíticamente las principales características de estas acciones colectivas:
Tabla 4 Características de la acción colectiva de las mujeres por los derechos humanos׳
Fuente: Elaboración propia.
Como hemos visto hasta aquí, los colectivos de mujeres creados en todo el país en medio de la actual crisis de derechos humanos, se han convertido en un referente local para la articulación de las víctimas, motivando la denuncia y documentación de sus casos, la construcción de redes de apoyo6, exigencia de justicia y rendición de cuentas, pasando de víctimas a activistas y construyendo capacidades para la defensa de los derechos humanos.
5. Conclusiones
Hasta ahora las agendas sobre violencia y acción colectiva de las mujeres están fragmentadas y disociadas de los estudios sobre seguridad y crimen organizado en México. En este capítulo he demostrado que la actual crisis de derechos humanos afecta a las mujeres en dos sentidos diversos: en una primera parte, analicé la situación de los derechos de las mujeres en el país en el contexto de conflictos armados por la actuación de organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. Expuse la necesidad de avanzar en la caracterización de las graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres en un marco estructural de conflicto armado. Del mismo modo, evidencié las consecuencias de invisibilizar este fenómeno en su integralidad -la escalada de la violencia de género y las graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres en una situación de conflicto armado creada por las actividades de las organizaciones criminales y la falta de respuesta del Estado-, lo que ha impedido su prevención, documentación, transformación y resolución, favoreciendo la impunidad de los crímenes cometidos.
En una segunda parte, expliqué cómo las mujeres víctimas directas e indirectas en este contexto de conflicto armado y graves violaciones dederechos humanos, están teniendo un papel fundamental en las regiones y localidades para promover acciones colectivas en torno a los derechos humanos. Un rasgo importante de la acción colectiva es que es llevada a cabo por mujeres sin experticia profesional en el campo de defensa de los derechos humanos, esta construcción de capacidades ha contribuido a ampliar el conocimiento de los derechos humanos en amplios y nuevos colectivos sociales. La movilización sostenida de las mujeres en diferentes áreas de actuación, ha logrado hacer visibles la crisis de derechos humanos en el país, movilizando su dolor particular han logrado construir una visión de los derechos humanos como marco de acción colectiva que nos implica a todos y, a la vez, a todos nos trasciende. Mujeres en todo el país están encabezando acciones colectivas que se están apropiando de los derechos humanos como recursos de movilización, extendiendo el lenguaje de derechos en amplios colectivos sociales para su reivindicación, creando redes de apoyo y presión, denunciando la violencia de las organizaciones criminales y su connivencia con autoridades estatales, así como buscando la interlocución con los gobiernos para el diseño de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos.
