La polivalencia de un concepto

El concepto de pánico moral tiene sus orígenes a comienzos de 1970, más concretamente a partir de la utilización que hizo del mismo Jock ^{Young en su trabajo The Role of the Police as Amplifiers of Deviancy (1971)}. Allí, el criminólogo británico señala la inquietud generada por el aumento estadístico en el uso de estupefacientes, lo que trajo aparejado, por un lado, la creación de escuadrones antidrogas, y por otro, un mayor número de arrestos ligados a este tema. Una cuestión a destacar de esta investigación es que enfatiza en la importancia que tuvo la reacción social respecto de la propagación de un fenómeno que supuestamente se quería combatir, junto a la influencia que en este proceso juegan los medios de comunicación, la opinión pública, los grupos de presión y las autoridades políticas (^{Thompson, 1998}).

Dicho esto, el que suele considerarse como el máximo exponente en la teorización acerca de los pánicos morales es Stanley ^{Cohen (2015)}, quien utilizó esta categoría para referirse a una serie de revueltas protagonizadas en la década de 1960 por bandas de jóvenes, los mods y los rockers, en Gran Bretaña.

Al parecer, una vez cada tanto las sociedades se ven obligadas a atravesar períodos de pánico moral. Aparece una condición, un episodio, una persona o un grupo de personas y se lo define como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad; en los medios de comunicación masivos se presenta su naturaleza de manera estilizada y estereotípica; editores, obispos, políticos y demás personas bienpensantes se encargan de erigir barricadas morales; se consulta a expertos reconocidos que emiten sus diagnósticos y soluciones; se elaboran o (con más frecuencia) se recurre a formas de encarar la situación [...]. A veces el pánico pasa y cae en el olvido, salvo en la memoria popular y colectiva; otras, tiene repercusiones más graves y perdurables y puede llegar a producir cambios en las políticas legales y sociales o incluso en la forma en que la sociedad se concibe a sí misma. (2015, p. 51).

Si tuviésemos que pasar en limpio los componentes centrales de los pánicos morales tal como lo propone la definición de Cohen, estos serían (a) algo o alguien es considerado una amenaza a las creencias, valores e intereses del conjunto de la sociedad (b) dicha amenaza es modelada en los medios de comunicación de manera fácilmente identificable para las personas (c) debido a lo anterior, se genera una acelerada construcción de determinado peligro social (d) actores políticos y organizaciones afines al tema deben posicionarse sobre el problema e inclusive ofrecer soluciones (e) como consecuencia de lo anterior, el pánico moral suele generar cambios sociales.

En el trabajo que realiza Cohen ligados a los mods y los rockers, se indaga sobre la forma en que los medios de comunicación abordan la mencionada preocupación de los pánicos morales, poniendo especial atención en la caracterización que se hace del "problema de la juventud" como síntoma de la situación actual de la sociedad y su camino hacia la decadencia. Según dicho autor, esta caracterización es decisiva, puesto que, así como ocurre en la cobertura de las catástrofes, los medios suelen ser al respecto la principal fuente de información para la mayoría de la sociedad (^{McLaughlin & Muncie, 2012}).

Así las cosas, tenemos como primer elemento que la prensa de aquel momento exageraba y distorsionaba, desde la cantidad de participantes en los disturbios hasta los daños ocasionados, pasando por el grado de violencia ejercido, todo esto agravado por la utilización de títulos y expresiones sensacionalistas o incluso melodramáticas. Un segundo componente se vinculaba con la proliferación de pronósticos sobre sucesos aún peores que sobrevendrían, en los que se hablaba de la inminencia de acciones más violentas con efectos perjudiciales mayores. Por último, se podía observar un tercer factor vinculado a la simbolización, es decir, al proceso mediante el cual se lograba reinterpretar una desviación ligándola a un rótulo: la expresión mod, por ejemplo, se la asociaba a determinada condición intrínseca de violencia, identificando ciertas características -el peinado o la indumentaria de estos jóvenes- a elementos que en sí mismos se volvieran rasgos de dicha desviación o violencia.

Para ^{Cohen (2015)}, estos pasos ligados al tratamiento de los medios de comunicación sobre demonios populares como los mods y los rockers son fundamentales dado que permiten explicar, al menos en parte, la magnitud posterior de la reacción social. Esta última puede ser analizada a partir de tres factores diferentes y relacionados entre sí: la difusión, la escalada y la innovación. La difusión se relaciona con el modo en que los agentes abocados al control social, sin relación directa con los enfrentamientos originales, consideraban su trabajo como la actividad que debía combatir aquello identificado como desviado. La escalada en las medidas para enfrentar el problema, por su parte, está asociada a las demandas de diferentes sectores que exigen que las respuestas sean enérgicas para neutralizar la amenaza; estas demandas se lograban legitimar a partir de la producción de imágenes de grupos vulnerables que no estaban protegidos aún cuando tenían que haberlo estado ("turistas inocentes", "ancianos desamparados"). Por su parte, la innovación se refiere a que las consecuencias de las respuestas a dichas demandas se traducen en el incremento efectivo del ejercicio del control social, el cual no es solo cuantitativo -es decir, más poder a la policía para realizar su trabajo- sino también cualitativo, en el sentido de proponerse nuevos métodos a partir de los cuales se volvía lícito ejercer ese poder.

Trabajos posteriores al de Cohen, como el de Erich ^{Goode y Nachman Ben-Yehuda (1994)}, han buscado complejizar el concepto de pánico moral evitando sobrevalorar el nivel de consenso social que sería necesario para que dicho fenómeno se estabilice. Por otro lado, ambos autores relativizan la supuesta manipulación que una elite podría efectuar sobre algún evento para transformarlo en un pánico moral y de ese modo beneficiarse de ello, incluso mediante engaño, para "crearle" una sensación de amenaza a la población. En este sentido, Goode y Ben-Yehuda proponen superar estos planteamientos ofreciendo tres modelos de análisis acerca de dichos pánicos morales: el de asociaciones de base, el de la articulación de la elite y el de los grupos de interés. El primero supone que los pánicos morales surgen de la sociedad como resultado de inquietudes auténticas de la misma, aún cuando el diagnóstico de la comunidad pueda ser inexacto; en otras palabras, las preocupaciones de las personas son producto de manifestaciones reales y espontáneas acerca de aquello que perciben como una amenaza directa. La segunda línea, la de la articulación de las elites, considera que son los sectores expertos los que producen los temores e intranquilidades deliberadamente, con el objetivo de que aquellos sectores dominantes mantengan su estatus de privilegio a costa de la tergiversación de la realidad. El último planteamiento, el de los grupos de interés, sugiere que son los activistas morales -primordialmente provenientes de los sectores medios- los que establecen normas junto con reclamos y exigencias de más controles para su cumplimiento. Ejemplos de esto serían las asociaciones profesionales, los grupos religiosos o las organizaciones educativas, todos los cuales pueden tener intereses particulares y diferentes entre sí, lo que implica que generen múltiples estrategias de visibilización de aquello que consideran una amenaza.

Ahora bien, más allá de las distinciones acerca de los marcos teóricos sobre los pánicos morales, parece haber consenso acerca de, al menos, dos elementos cruciales; por un lado, que debe existir una preocupación muy marcada respecto al comportamiento, sea de un grupo específico o de algún tipo de persona. Por el otro, que dicha preocupación tiende a convertirse en hostilidad hacia quienes son definidos como una amenaza.

Hay, además, otros componentes que suelen adjudicársele a dichos pánicos morales: la volatilidad y la desproporcionalidad. La primera de ellas se vincula a que los sucesos de este tipo suelen emerger de modo repentino y perdurar un tiempo -en términos generales- breve, tal como ocurre con modas pasajeras que afectan a distintas comunidades. Por desproporcionalidad se suele considerar que tanto la evaluación del problema como la reacción frente al mismo son exageradas si se toma en cuenta la dimensión real del evento.

Por último, nos resulta importante señalar que los fenómenos que se han pretendido analizar bajo parámetros ligados a los pánicos morales son variados y numerosos, desde los célebres demonios populares encarnados en los mods y los rockers ligados a la amenaza de la juventud, pasando por los delitos callejeros violentos, el sexo, la composición de la familia, determinadas enfermedades contagiosas, las drogas y hasta el cuidado de los niños (^{Thompson, 1998}; McLaughlin & Muncie, 2012). Efectuada esta enumeración, es posible observar que no se han desarrollado líneas de investigación que hayan vinculado los pánicos morales con los integrantes de la justicia penal estrictamente, o dicho de otra manera, que existe un área poco explorada entre aquello que proponemos definir como demonios judiciales y pánicos morales.

Usos débiles y fuertes de los pánicos morales

Si bien el fenómeno de los pánicos morales puede tener múltiples interpretaciones, lo que nosotros quisiéramos destacar es una distinción entre aquello que podría definirse como un uso fuerte y otro débil de dicho concepto para luego proponer una caracterización introductoria de los demonios judiciales. Esto significa que hoy parece difícil aplicar el término tal como se hacía en las décadas de 1960 y 1970 cuando Cohen logró difundirlo. Por aquel entonces,

una sociedad relativamente cohesiva y medios de comunicación estrechamente orientados podrían dar la impresión de una reacción pública unificada. En las últimas décadas, el crecimiento de los medios de comunicación accesibles al público, junto con el surgimiento de una prensa [...] alternativa, la existencia de contra-expertos que impugnan los reclamos alarmistas, y los activistas dispuestos a hablar en nombre de los diablos populares, hacen de las expresiones de preocupación consensuadas algo mucho más inusual. Estos cambios en las condiciones y posibilidades de expresión pública tienen implicaciones para la naturaleza de los pánicos morales. Sugieren un alejamiento del pánico moral como tradicionalmente se lo ha concebido (que implica una relación vertical entre la sociedad y un grupo desviado) hacia algo que se asemeja más a las "guerras culturales" al estilo estadounidense (que implican un conflicto más horizontal entre los grupos sociales). (^{Garland, 2008}, p. 17).

Es cierto que en la actualidad se siguen desatando pánicos morales en el sentido tradicional del término, como por ejemplo aquellos eventos ligados a agresiones sexuales, los cuales giran en torno a valores que buena parte de la sociedad considera sagrados, cuya vulneración es fuertemente reprobada; sin embargo, tal como lo plantea David Garland, hoy lo más frecuente son las confrontaciones que ponen en juego creencias menos compartidas e incluso más controvertidas que en otros tiempos. Y a su vez, es para destacar que quienes se enfrentan respecto de estas creencias no poseen un capital social tan desigual como ocurría décadas atrás

En lugar de convertirse en diablos populares que son impotentes frente a la indignación pública, y se ven obligados a desistir o adoptar la identidad contaminada que se les impone, quienes son objeto de las campañas morales de hoy en día tienen la capacidad de resistir las identidades desviadas y afirmar el valor social y la normalidad de su conducta. En los conflictos morales de este último tipo, la indignación expresada por un grupo de espectadores no provoca un pánico público, sino una respuesta desafiante (e igualmente indignada) por parte de los "diablos populares" cuya conducta fue cuestionada. (^{Garland, 2008}, p. 17).

Sin embargo, aquello que Garland define como guerras culturales, para nosotros puede seguir siendo entendido como la aparición de pánicos morales, haciendo la salvedad de que plantearemos del mismo un uso débil, alejado de la aplicación "fuerte" que se hacía del mismo varias décadas atrás. Según veremos, se observa una preocupación muy marcada respecto al comportamiento de determinados actores judiciales, preocupación que tiende a convertirse en hostilidad hacia ellos, dado que se los define como una amenaza. En este sentido, podemos continuar hablando de pánicos morales, pues los agentes de la justicia penal, en tanto demonios judiciales, son presentados por ciertos sectores como un riesgo para la sociedad, eventualmente de manera desproporcionada. Aún así, lo anterior no se produce en contextos donde existe una reacción del público homogénea acerca de los sucesos, de allí que consideremos que estamos frente a eventos que guardan una tenue relación con el pánico moral tradicional, que sin embargo, y esto es lo que consideramos relevante, no por tenue deja de ser una relación.

Esto debería servir para dejar en claro, en primer lugar, que aquellos que nosotros definimos como demonios judiciales no forman parte de grupos sistemáticamente marginados o estigmatizados, sino que conforman sectores con una serie de beneficios y reconocimientos pertenecientes a una institución igualmente favorecida e influyente, aunque con matices. En segundo lugar, en la mayoría de los casos estos demonios judiciales son señalados por sus detractores como verdaderas amenazas para la integridad de la sociedad, debido a que no protegen como corresponde determinados valores considerados superiores, y en tercer lugar, estos demonios judiciales no son sólo sujetos pasivos frente a los ataques de sus adversarios, sino que ofrecen resistencia e incluso gozan de apoyos variados -en cantidad y calidad- que les permiten contrarrestar las agresiones recibidas. En síntesis, los tres elementos mencionados hacen posible identificar a determinados demonios judiciales ligados de alguna manera con el surgimiento de pánicos morales débiles, con rasgos menos homogéneos que aquellos teorizados por Cohen y Young.

Escepticismos públicos y publicados sobre la justicia

Teniendo en cuenta el apartado anterior, podemos señalar que los pánicos morales, aún en la acepción débil que proponemos, resultan ser un fenómeno percibido como un riesgo concreto a determinadas bases normativas de la sociedad, razón por la cual existen diversos agentes y colectivos que se sienten interpelados o amenazados. Por lo tanto, para indagar un caso hipotético de pánico moral hay que identificar, en primer lugar, quiénes se ven afectados por el mismo, reconstruyendo sus valoraciones al respecto; al mismo tiempo es crucial analizar y explicar por qué razones y de qué manera se desenvuelve y consolida un pánico moral (^{Thompson, 1998}).

En este sentido, el telón de fondo sobre el que se suele presentar el problema moral de las decisiones "inaceptables" de ciertos actores de la justicia penal es el de un fuerte descrédito de la ciudadanía respecto al desempeño de la institución judicial. Esto significa que bajo el formato de encuestas y sondeos de opinión, la prensa y la arena política caracterizan a la justicia en general, y a su esfera penal en especial, como una fuente de insatisfacción -cuando no de indignación- para gran parte de la sociedad. Además, están quienes consideran que esta imagen negativa sobre la justicia no debería llamar la atención, en la medida en que aquellos que la integran suelen ser vistos como "los otros", que mantienen una distancia excesiva respecto del común de la sociedad.

Un Estudio de Opinión Pública Nacional señala que en 1994 los argentinos tenían una opinión general sobre la justicia muy poco alentadora: un 49% negativa, un 40% regular, y sólo un 9% positiva. Para 2013, si bien los porcentajes fueron distintos, la valoración seguía siendo muy deslucida: un 35% negativa, un 43% regular, y un 17% positiva (Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2014).

Las investigaciones más recientes suelen mostrar, sumando nuevas variables, que la situación de desconfianza se ha mantenido, y en algunos ítems en particular, empeorado. Esto último se encuentra reflejado, como veremos a continuación, en diferentes publicaciones de la prensa escrita:

El 62 por ciento no cree en la Justicia

El Poder Judicial no inspira credibilidad ni confianza. Una buena parte de la población no le cree, no le tiene confianza, cree que es un gasto innecesario, no conoce a quienes lo integran y, si los conoce, la valoración de ellos no es buena.

Según un estudio realizado por la consultora Isonomía junto con la ONG Abogados de Pie, el 62% de la población no le cree al Poder (udicial y sólo el 30% lo considera "creíble". La encuesta también dio como resultado que sólo el 25% lo considera muy o bastante confiable, mientras que el 73% le tiene "poca" o "nada" de confianza.

La consultora calificó como "grave", en tanto, que una porción considerable de los encuestados considere que la Justicia es una "corporación al servicio de otros intereses" (14%), "un trámite burocrático" (10%) y "un gasto innecesario del Estado" (6%). Sólo un 1% entiende al Poder Judicial como un sistema que "hace cumplir las leyes". (La Nación, 21 de diciembre de 2015).

Encuesta sobre inseguridad y justicia: la mirada de la gente, según el candidato al que votaron

Un relevamiento muestra las diferencias de opinión entre macristas, kirchneristas y massistas. Los datos más curiosos.

El dato más grueso y llamativo de la encuesta parece lo suficientemente amplio como para abarcarlos a todos: un 77% de la gente consultada confía poco y nada en el Poder Judicial. Es la principal conclusión de un relevamiento de Management & Fit, publicado el fin de semana en exclusiva por Clarín. El trabajo también advierte otro dato, que explica en buena parte la mirada negativa sobre jueces y fiscales: otra vez, la inseguridad se convirtió en la principal preocupación de los argentinos (Clarín, 10 de octubre de 2016).

La Justicia es la institución que genera menor confianza

Más del 75% de la gente tiene poca confianza. El indicador es peor que en los últimos dos años.

La Argentina brinda impunidad a los delincuentes y la Justicia no encuentra culpables en las coimas de Odebrecht, ni el atentado contra la AMIA, así como no logra descubrir qué ocurrió con la desaparición de Santiago Maldonado ni la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros.

Esa falta de respuesta ante temas tan disímiles queda de manifiesto en la menor confianza que tiene la gente en la Justicia, según la última encuesta de la consultora Management & Fit (M&F), bajo la dirección de Mariel Fornoni. Del trabajo surge que "la Justicia" y el "Poder Judicial" tienen la peor confianza en la sociedad, con sólo 17,5% y 24,1% con mucha o algo de confianza, respectivamente [...].

Según la encuesta de Management & Fit (M&F), el 49,2% de la gente no tiene "nada" de confianza en "la Justicia", mientras que el 32,9% dice que le tiene "poca confianza" a los jueces. A su vez, el 15,2% manifiesta que tiene "algo de confianza" en la Justicia y sólo un 2,3% contesta que tiene "mucha confianza" en el poder encargado de dirimir los conflictos y encontrar a los culpables de los delitos que se cometen en la sociedad.

La respuesta de la gente sobre la confianza en "el Poder Judicial" fue similar a la que tuvo respecto a "la Justicia": el 36,7% no confía "nada" y el 38,9% tiene poca confianza; mientras que el 22,3% tiene algo de confianza y sólo el 1,8% tiene mucha confianza en el Poder Judicial (Clarín, 7 de septiembre de 2017).

Una encuesta sobre la Justicia reveló que 4 de cada 5 argentinos no confía en ella

La consultora "Opina Argentina" dio a conocer una encuesta sobre la percepción de la Justicia en el área metropolitana de Buenos Aires. El 78% de los consultados tiene una imagen negativa o muy negativa de la institución judicial. El desempeño institucional es considerado negativo en áreas vinculadas a robos, homicidios, temas de corrupción y derechos humanos.

Consultados sobre la imagen de la Justicia argentina, sólo el 5% la consideró muy positiva y el 14% algo positiva. La imagen negativa sumó 78% (38% algo negativa y 40% muy negativa).

Entre los problemas principales del sistema judicial se enumeraron la corrupción (32%), la intromisión del poder político (25%), la impunidad (15%), la lentitud (14%) y la falta de leyes más modernas (10%).

En cuanto a los aspectos a mejorar, se priorizaron la honestidad de los miembros del Poder Judicial (35%), la idoneidad y profesionalidad del personal (21%), necesidad de más poder para jueces y fiscales (19%) y mejoría de edificios, salarios y tecnología (15%).

El desempeño judicial fue considerado unánimemente negativo en todas las áreas sobre las que se enfocó la consulta. Fue considerada ineficaz en su lucha contra la corrupción por el 77% de los consultados, contra el narcotráfico por el 63%, contra la evasión impositiva por el 65%, contra los asesinatos por el 81% y contra la violencia de género por el 76%. El punto más alto de ineficiencia se lo llevó la lucha contra los robos con un 84%, el más bajo se vinculó con las violaciones a los derechos humanos, con el 62% de los votos. (Informe Político, 12 de septiembre de 2017).

8 de cada 10 argentinos desconfían de la Justicia y creen que los jueces son corruptos

Una encuesta de opinión pública realizada por la consultora Voices! junto con un amplio abanico de universidades demostró que el Poder Judicial tiene una credibilidad prácticamente nula, ya que 8 de cada 10 desconfía de ella y 7 de cada 10 afirma que los jueces son parciales al estar influenciados por distintos factores de poder, dinero y corrupción (El Economista, 23 de noviembre de 2017)

Esta claro que se trata de investigaciones dispersas, no articuladas entre sí, en algunos casos contratadas por los mismos medios de comunicación o espacios políticos que luego se encargan de divulgarlas, quienes muy probablemente tengan intereses puntuales en hacer público los resultados de las mismas. Más en concreto, no es lo mismo hablar de la confianza que la sociedad pueda tener acerca de la administración de justicia en general, que el problema de la inseguridad y la severidad en la aplicación de las penas. Sin embargo, lo que nos resulta interesante es que las mediciones que acabamos de compartir parecen reflejar, incluso aceptando cierto sesgo, una percepción que contribuye a configurar los debates sobre el desempeño de la justicia, en particular acerca de su ámbito penal. Dicho más concretamente, las controversias que tienen al Poder Judicial como protagonista, parten muy a menudo del presupuesto de que se trata de una institución deslegitimada para buena parte de la comunidad.

De acuerdo con esto, ¿cuáles son los elementos salientes de las caracterizaciones que se han publicado en la prensa en los últimos años? Lo que surge con mayor frecuencia, sin dudas, es el problema de la desconfianza, o lo que es lo mismo, el hecho de que la sociedad no cree en la administración de justicia. Si bien en algunos trabajos buscan distinguir a la justicia del poder judicial, de cualquier forma en ambos casos los resultados son de fuerte escepticismo.

Dos de los pilares más significativos de la desconfianza parecen estar asentados en la vulneración de valores que encarnan objetivos distintos: por un lado, la existencia de una justicia corrupta y condicionada por otros poderes, es decir, una justicia por fuera de los límites de la ley. Por otro lado, el problema de una justicia lenta, que no resuelve en tiempo prudencial los casos como se espera que lo haga y, en definitiva, un poder judicial que atenta contra la eficacia (^{Kostenwein, 2016b}).

En este sentido, parece exigirse una justicia penal rápida y efectiva que dé respuestas diligentes frente a los conflictos que gestiona, y que priorice las vías de acceso a los cargos para que de esa manera sus integrantes gocen de mayor idoneidad y legitimidad. Más concretamente, aquello que resulta sugestivo es que las demandas y las expectativas parten de diferentes presupuestos cuando las críticas se fundamentan en la falta de eficacia o en la falta de transparencia.

Siguiendo la literatura que trabaja el fenómeno del populismo penal (^{Garland, 2005}; Roberts, Stanlans, Indermaur & Hough, 2003; ^{Pratt, 2007}), otro interrogante que se puede plantear es si estas críticas hacia el funcionamiento de la justicia emergen espontáneamente de la ciudadanía o si son otros actores -como políticos o medios de comunicación- quienes lo instalan deliberadamente para obtener algún tipo de provecho. Si bien parece haber algún tipo de consenso acerca de la incredulidad de las personas en la idoneidad de los procesos estatales para responder adecuadamente a sus necesidades (^{Sozzo, 2018}), aquí la cuestión a develar es si el repudio sobre el trabajo de la justicia surge directamente "desde abajo", es decir, desde la ciudadanía, o si en realidad es generado por las élites "desde arriba" y que luego la gente de a pie simplemente reproduce.

Esta última línea teórica sostiene que actores políticos y medios de comunicación, entre otros, dan forma a la opinión pública para posteriormente, de manera deliberada, encuestarla. Así es como surge "desde arriba" la caracterización de una justicia incapaz de realizar sus tareas debidamente, caracterización que con posterioridad termina siendo respaldada "desde abajo", contribuyendo esto último a dotar de validez y reconocimiento ciudadano el planteo original de las élites. Un ejemplo de este tipo de perspectiva se observa en el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Carlos Rosenkrantz, quien ha afirmado que "la mala reputación de la Justicia es porque la opinión de la gente está moldeada por los medios de comunicación" (21 de noviembre de 2018, Infobae).

Por el contrario, están quienes advierten que los rechazos al desempeño de la justicia deben ser analizados como una sucesión de eventos que surgen "desde abajo", como consecuencia de la participación genuina y comprometida de la sociedad, sea en ONG, en grupos barriales o en espacios políticos. Las personas de a pie son las que demandan otro funcionamiento del ámbito judicial, pudiendo luego estos reclamos ser canalizados por parte de los actores políticos o la prensa para llevar adelante cambios y transformaciones en diferentes escalas.

Finalmente, existen trabajos que plantean la necesidad de articular estos dos procesos, "desde arriba" y "desde abajo", dado que en los hechos ambos están interrelacionados; esto significa que la instalación del problema del mal desempeño de la justicia por parte de las élites no podría arraigar en la ciudadanía si esta última en simultáneo no percibiese algún tipo de desencanto al respecto. Por lo tanto, lo que debe haber es una doble conexión: normativa -hay una visión crítica compartida sobre la justicia- y temporal -se desarrolla en marcos de tiempo próximos-.

En definitiva, y retomando aquello que formulamos al inicio de este apartado, una de las cuestiones que surge es de qué manera el aparente descrédito de la justicia respecto de la sociedad tiene apoyo en imágenes de aquellas ligadas a la ineficacia o a la corrupción. Otro interrogante es si dichos fenómenos son así definidos por la ciudadanía "desde abajo" o por otros actores "desde arriba", o eventualmente se trata de un proceso que debe ser explicado articulando ambos momentos. Por lo tanto, resulta imprescindible identificar en cada caso quiénes se consideran perturbados por un pánico moral, analizando sus percepciones al respecto.

El demonio sabe por demonio, pero más sabe por judicial

Los medios de comunicación, y en particular la prensa escrita, suelen ser un factor relevante para intentar identificar y analizar qué componentes de la sociedad se muestran perturbados por el mal desempeño del Poder Judicial, junto con los argumentos que utilizan para justificar dicha perturbación.

Si como vimos, los problemas de lentitud o corrupción parecen ser los elementos sobre los que se sustenta la desconfianza pública en la justicia, el hecho de tomar decisiones "intolerables" en contra de las víctimas concretas es lo que da lugar al surgimiento de los demonios judiciales. Lo que aparentemente está en juego en este último caso es algo "menos sutil" que la celeridad o la transparencia; se trata más bien de un tema visceral y concreto ligado al cuerpo de la víctima, y en cierta medida, al cuerpo de la sociedad, a la negación de la víctima, o en otros términos, al hecho de que la víctima sea considerada una variable de ajuste en el ejercicio de la administración de justicia (Kessler & Gayol, 2018; ^{Cohen, 2001}; ^{Garland, 2008}).

No estamos sugiriendo con esto que los actores judiciales denunciados o con irregularidades comprobadas por lentitud o corrupción eviten la difamación sólo por el hecho de tratarse de preocupaciones respecto de las cuales suele ser más difícil visualizar damnificados concretos. Lo que sí consideramos es que de las tres características señaladas, aquella que da lugar a la emergencia de pánicos morales ligados a los demonios judiciales es, en lo fundamental, la de ser señalado como insensible frente a víctimas puntuales, junto con la posibilidad de proyectar potencialmente ese daño hacia el conjunto de la sociedad. Esta proyección debe ser pensada como la combinación más o menos efectiva de múltiples operaciones que permiten, en términos de ^{Boltanski (2005}, ²⁰⁰⁹), un proceso de desingularización que facilite que los casos en cuestión se asocien a otros eventos similares o que se los relacione a sucesos que podrían acontecer en un futuro cercano (^{Kessler & Gayol, 2018}). Para tratar de desarrollar esta idea, es importante recuperar los tres elementos que mencionamos acerca de los demonios judiciales.

En primer lugar, los identificamos como personas que pertenecen a grupos y a una institución, y que de ninguna manera son estigmatizados cotidianamente, por el contrario, se trata de individuos que por trabajar en la justicia penal gozan de múltiples beneficios (estabilidad, alto ingreso mensual, baja carga horaria, prolongadas vacaciones). Por otra parte, aún cuando dicha institución parece encontrarse en declive según diferentes encuestas y sondeos de opinión, no es tan evidente que el reconocimiento y alto valor simbólico de pertenecer a la "elite" de la justicia haya sufrido un menoscabo de grandes proporciones, al menos teniendo en cuenta las investigaciones hechas al respecto (^{Donatello & Lorenc Valcarce, 2016}; ^{Sarrabayrouse, 2004}).

En segundo lugar, tampoco estamos en presencia de individuos que asumen una actitud pasiva frente a sus detractores en las controversias por las que atraviesan, dado que oponen resistencia y en muchos casos cuentan con fuertes respaldos de otros actores sociales. Aquí es donde los demonios judiciales de los que hablamos se parecen poco a los demonios populares retratados décadas atrás, puesto que además de poseer individualmente recursos y saberes valiosos, están en condiciones de movilizar o aceptar la movilización de otros actores sociales para que patrocinen "su caso" en virtud de la arbitrariedad que padecen (^{Boltanski, 2005}, ²⁰⁰⁹).

La independencia judicial y la persecución al juez Sal Lari

Los abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por el modo en que se ha desarrollado el proceso de remoción contra el Juez de Garantías Rafael Sal Lari y la utilización mediática y política que se está haciendo del caso. Confiamos en que el jury impida que se siga afectando la independencia judicial en la provincia de Buenos Aires y se repare el ataque personal injustificado al que se lo ha sometido.

Otra vez un Juez de Garantías es señalado como enemigo público número uno, luego de ser apuntado como chivo expiatorio por ciertos sectores políticos [...].

Las medidas de coerción personal, entre las que se destaca la prisión preventiva, sólo responden a razones de peligrosidad procesal. En ningún caso, pueden ser usadas para prevenir los delitos que el sujeto pueda eventualmente cometer en el futuro, a menos que estemos dispuestos a vivir en un estado policial [...].

No se trata de establecer privilegios corporativos, sino de defender a quienes trabajan para garantizar la vigencia de derechos. Los firmantes de esta nota apostamos a defender y a promover una justicia independiente. Confiamos en que la decisión del jurado de enjuiciamiento también lo haga (CELS, [en línea]).

Causa contra Axel López: carta al jurado de enjuiciamiento

En la carta enviada a los jueces del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que tienen a su cargo la causa contra el juez Axel López, los abajo firmantes, expresan su preocupación por el juicio que comenzó hoy.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015

Sres. Jueces del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación Consejo de la Magistratura de la Nación De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en el marco de la causa N° 32 caratulada "Dr. Axel López s/Pedido de Enjuiciamiento", a fin de expresar nuestra profunda preocupación por el juicio político que comenzará el 2 de marzo contra el mencionado magistrado, sobre la concesión de libertad condicional al condenado Juan Ernesto Cabeza.

Estamos ante un proceso disciplinario donde no se alegó una actuación irregular en el cumplimiento de los deberes del magistrado, ni la inobservancia de las leyes, sino que cuestiona la forma en que el magistrado aplicó las reglas contenidas en la Ley de Ejecución Penal 24.660 [...].

Sin otro particular y a la espera de que estas consideraciones sean tomadas en cuenta para decidir sobre la continuación de los procesos contra el Juez de Ejecución Penal, Axel Gustavo López, saludamos atentamente (ACIJ, [en línea]).

Frente al jury abierto al juez Juan Pablo Chirinos

El Consejo de la Magistratura de Rio Negro decidió someter a juicio político al juez Chirinos. Frente a esta situación diversas organizaciones expresamos nuestro rechazo a esta medida.

El CELS, INECIP y APP manifestamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Consejo de la Magistratura de Río Negro de someter a juicio político al juez Juan Pablo Chirinos, así como suspenderlo preventivamente en sus funciones, a raíz de los hechos protagonizados por individuos que se encontraban gozando de salidas transitorias.

Lamentamos profundamente lo sucedido y nos solidarizamos con las familias de las víctimas. Pero la respuesta ofrecida por el Estado provincial -por intermedio del Consejo de la Magistratura- no es otra cosa que buscar un chivo expiatorio para aparentar acciones concretas frente a un problema -la seguridad- que merece abordajes más serios, si verdaderamente se quieren encontrar soluciones...

Aun así, y mal que nos pese, no se puede pretender que un juez adivine el ulterior comportamiento delictivo de un individuo. Sobre todo, si existen dictámenes y vistas favorables. Los firmantes llamamos a los integrantes del Consejo de la Magistratura a actuar con mesura, rever la promoción del jury abierto en contra de Chirinos y respetar las garantías constitucionales que le asisten en calidad de acusado. En particular, el derecho a ser oído en la audiencia prevista para el 11 de mayo, pues se trata de un presupuesto necesario para ejercer su defensa en juicio (Pensamiento Penal, [en línea]).

Como puede verse en los extractos de dichos documentos, lo que nosotros definimos como demonios judiciales, junto con colectivos y agrupaciones que los acompañan, están en condiciones de movilizar recursos y consignas de suma importancia en sus denuncias públicas: desde la amenaza a la independencia judicial, hasta procesos irregulares de disciplinamiento, pasando por denunciar que se los está utilizando como chivos expiatorios.

Mencionamos estos casos no para juzgar moralmente las estrategias que desarrollan los actores judiciales que se deben enfrentar a situaciones de alta exposición y hostilidad, sino para evidenciar que son capaces de pedir o aceptar apoyo de otras agencias en momentos críticos, las cuales pueden brindarle algún tipo de ayuda. De allí que los demonios judiciales sepan por demonios, pero más saben por judiciales.

El tercer elemento es el que nos permite advertir con mayor claridad la relación entre pánicos morales y demonios judiciales, puesto que estos últimos son señalados por sus detractores como verdaderas amenazas para la integridad de la sociedad, debido a que no protegen como corresponde determinados valores considerados superiores. En este sentido, las decisiones de los actores judiciales son descritas, por un lado, como demasiado complacientes para quienes han consumado un delito, y por otro, como imprudentes dado que de cara a la sociedad transmiten un mensaje perturbador.

Futurología en la justicia penal

Arquitectos del imperio de la impunidad, numerosas voces de la familia judicial defienden al polémico juez, alegando al menos cuatro argumentos condicionados por una ideología cuyos resultados están a la vista [...]. Recurriendo a un pretencioso subterfugio, se alega que los magistrados carecen de "facultades premonitorias" sobre los actos de los delincuentes que liberan. Y que les es imposible hacer "futurología". Es cierto que los juicios sobre conductas futuras carecen de carácter predic-tivo [...]. Pero esas condiciones son agravadas por un ideario penal que parte de concepciones psicológicas meramente intuitivas no contrastadas con los resultados de otras disciplinas y ni siquiera con la experiencia: el perito, el fiscal incluso, emiten un juicio presuntamente objetivo tributario de su autoridad. Pero las palabras no son inocuas, y cuando en un juicio el juez y hasta el fiscal aseveran, refiriéndose a un reincidente, "lo noto arrepentido", confiados en que el homicida no volverá a matar, también están haciendo una futurología. Una futurología que se cobra vidas [...]. Pero el marco de decisión de los jueces pseudogarantistas es un ideario abolicionista recitado como catecismo perverso, sostenido en una criminología ideológica y acientífica [...]. En contrapartida, lejos de ser una arbitrariedad jurídica, el argumento res ipsa loquitur (los hechos hablan por sí solos) recoge el valor de la experiencia pasada: cuando una compulsión a la repetición del juez conduce a excarcelar una y otra vez, es una verdad de Perogrullo que las excarcelaciones fueron imprudentes. Si el juez no tiene el diario del día después y lo que se pone en riesgo es la probabilidad de que el delincuente reincida en el delito, debería abstenerse de excarcelar. Privilegiando la vida de los ciudadanos a la libertad del delincuente, respetaría el orden de los bienes jurídicos tutelados por el Estado (La Nación, 5 de septiembre de 2014).

Quiénes son los jueces de la "puerta giratoria" que liberaron a violadores y asesinos

El listado de magistrados criticados por sus fallos "abolicionistas" en la provincia de Buenos Aires. En sintonía con el reclamo de seguridad y justicia para las víctimas de la inseguridad, la consigna principal que convoca a una nueva marcha a realizarse el próximo martes, se difundió este domingo el listado de 10 jueces sindicados como responsables del sistema de "puerta giratoria" en el ámbito judicial: son los que liberaron a violadores y asesinos (Infobae, 9 de octubre de 2016).

Sergio Massa: "Hay que barrer de la Justicia a los jueces saca presos"

"Hay que barrer de la Justicia a los jueces sacapresos. Esa es nuestra tarea, además de ayudar a la lucha contra la inseguridad con herramientas de prevención" Así lo expresó el diputado nacional y precandidato a senador Sergio Massa en el Club Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham [...]. En este sentido, Massa profundizó en la necesidad de realizar un cambio en la Justicia: "Sabemos que con esto no alcanza. Hay tres tareas más. La primera es que haya un cambio en la lucha contra la comercialización de drogas. Necesitamos tener habilitados a los fiscales para el allanamiento directo. Que con tres filmaciones y denuncia anónima, el fiscal sea habilitado para allanar: Lugar que vende droga, lugar que es allanado".

"El segundo cambio", continuó Massa, "tiene que ver con el límite a las excarcelaciones, todo este cuento de la buena conducta y la libertad vigilada, son inventos en favor de los delincuentes que lo único que hicieron fue generar una mayor sensación de impunidad en la Argentina. Diez años de pena tienen que ser diez años de cárcel. Y si se necesita construir más cárceles, habrá que hacerlo. En definitiva, es el lugar donde hay que resocializar y readaptar a los delincuentes. No nos puede pasar que porque no se construyen cárceles, los jueces liberen delincuentes. El tercer punto es que hay que barrer de la Justicia a los jueces sacapresos esa es nuestra tarea, además de ayudar a la lucha contra la inseguridad con herramientas de prevención. Tenemos que señalarlos, perseguirlos, avanzar en los jurys y en los enjuiciamientos y sacarlos de la justicia. Lo que termina pasando es que con el verso de la teoría de que un delincuente es víctima de una sociedad que no lo incluyó, el tipo que paga impuestos vive atrás de las rejas y el que viola está libre" (Clarín, 16 de julio de 2017).

En estas notas se observan caracterizaciones acerca de una justicia penal "abolicionista", de cárceles con "puertas giratorias", de operadores jurídicos "saca-presos", todo lo cual conduce a interpretar que estamos frente a un conjunto de personas indolentes respecto de las víctimas de los delitos y, complementariamente, enfrentados a la sociedad que mediante su potencial atomización se vuelve una damnificada subsidiaria. Así las cosas, parece tener vigencia la propuesta sugerida por ^{Durkheim (2004)} acerca de que determinadas creencias y valores han sido incorporados por la ciudadanía "media" de la sociedad, creencias y valores que se los ha trasgredido sin que la justicia penal sancione firme y categóricamente dichas vulneraciones. Siguiendo esta línea de razonamiento, los demonios judiciales no ayudarían a mantener cohesionadas a las personas alrededor de un conjunto de creencias, puesto que no castigan como correspondería a quienes las embisten. En este aspecto, los agentes penales reprobados hacen posible apreciar la profunda conexión que sigue existiendo entre el castigo en tanto artefacto cultural y su papel respecto al sostenimiento de una sociedad integrada en base a valores compartidos (^{Garland, 2006}; ^{Melossi, 2007}).

Cabe agregar que esta forma de presentar el problema no es un fenómeno reciente, ni tampoco exclusivo de nuestro país. Tal como lo sostienen ^{Pratt y Miao (2017)} al hablar de la importancia simbólica de las víctimas de delitos:

[...] el sistema de justicia penal se vio incapaz de controlar los parámetros del debate público y el conocimiento sobre estos asuntos [...]. La importancia de las noticias sobre delitos en el nuevo marco de conocimiento también dio mayor énfasis a los relatos de las víctimas, en lugar de un análisis independiente y objetivo de los expertos. En este sentido, a las víctimas de delitos se les dio un nuevo tipo de autenticidad y autoridad. Sus experiencias personales superaban las realidades estadísticas de la delincuencia. En la mayoría de los casos, estas experiencias se presentaron como algo que fácilmente podría pasarle a cualquiera: en el camino a la escuela, en camino a casa del trabajo y así sucesivamente se convirtió en el punto de partida de una serie de horrores que luego podría ocurrirles a estas víctimas inocentes. Cuando este tipo de catástrofes podía afectar a ciudadanos respetables, comunes y corrientes en la banalidad de la vida cotidiana, era como si lo que les había pasado se convirtiera en una experiencia universal y un peligro universal [...]. También generó la demanda de más oportunidades para que las víctimas expresen su propia ira en su sufrimiento, en contraste con los tonos medidos y cuidadosos de especialistas en las salas de tribunales [...]. Pero cuando los jueces parecen estar más influenciados por la razón que por el dolor de las víctimas al emitir sus sentencias (en realidad, es probable que sus manos estén atadas por limitaciones legales de todas formas), esto divide aún más el sistema de justicia penal entre las víctimas y las víctimas potenciales y sus expectativas de justicia. Se hace más evidente lo desconectadas que están estas elites de la vida cotidiana". (2017, p. 51-52).

Según la hipótesis de estos autores, la justicia penal ha perdido autoridad sobre las discusiones acerca del crimen y la penalidad, todo lo cual la separa de las percepciones y necesidades de las víctimas concretas de delitos y de aquellas que eventualmente podrían serlo. De ser esto así, podríamos analizar si aquellos que definimos como demonios judiciales ocupan un lugar más o menos relevante en un fenómeno como este.

En síntesis, cabría preguntarse si los demonios judiciales, a partir de las características que desarrollamos en este apartado, contribuyen de alguna manera a configurar parte de las relaciones que se despliegan entre la justicia penal, las víctimas y la sociedad, a lo que podríamos sumar las autoridades políticas y los medios de comunicación. O dicho de otra manera, si estos demonios judiciales pueden ayudarnos a entender mejor la dinámica de los elementos mencionados en contextos donde ciertos acontecimientos desencadenan pánicos morales.

La etiqueta de demonios judiciales y la realidad bajo la etiqueta

Decíamos antes que el fenómeno de los pánicos morales vinculados a la noción de demonios judiciales pueden ser analizados como un producto "desde arriba", "desde abajo" o como un proceso "articulado". Sin embargo, cualquiera sea la tesitura que asumamos, se plantean algunos interrogantes que es importante resaltar: ¿están reflejando algún problema más profundo estos actores judiciales que por un lado son definidos como amenazas para la cohesión de la ciudadanía y por el otro son respaldados por determinados sectores sociales? ¿Hay algo que anda mal en la relación entre la justicia, la ciudadanía y el campo político debido a las resoluciones tomadas por dichos demonios judiciales? ¿Qué es lo que inquieta de sus decisiones teniendo en cuenta las respuestas hostiles que provocan a nivel social e institucional? A su vez, ¿qué es lo que preocupa a aquellos que apoyan a los demonios judiciales respecto de las respuestas hostiles en su contra? Sumado a esto, con los Jurys de enjuiciamiento, ¿se pretende consolidar mecanismos para defender a las víctimas de determinados delitos y al conjunto de la sociedad? ¿Con este procedimiento se busca mejorar la calidad en la administración de justicia? ¿O es posible identificar otros factores que incidan al respecto? (^{Nussbaum, 2012}).

Todas las preguntas pueden ser útiles en la medida que sean puestas en contacto con otra tanto o más decisiva: ¿es demostrable el problema de los demonios judiciales o simplemente es resultado de un proceso de construcción desproporcionado? Aquí es imprescindible recordar que originalmente la categoría de pánico moral con la que intentamos vincular a los demonios judiciales fue incorporada a un aparato teórico procedente del labelling approach o teoría de la reacción social. Con dicha categoría se buscaba, en particular, destacar la influencia de los medios de comunicación a la hora de deformar y reproducir el fenómeno de la desviación, todo lo cual contribuía a su expansión. En consecuencia, autores como Cohen y Young asumían por aquel entonces cierta solidaridad con aquellas personas calificadas como desviadas, dado que consideraban que las respuestas respecto a dichas transgresiones eran conservadoras y sumamente represivas. Es lo que se conoce como el aspecto normativo del fenómeno de los pánicos morales, puesto que se enfoca en especial en la dimensión moralizante de la reacción social. Más concretamente, se sugiere que el verdadero problema no es la conducta desviada, sino la necesidad por parte de la sociedad de normalizar compulsivamente. Una dificultad que acarrea este aspecto normativo es que la mera definición de un fenómeno como pánico moral presupone no darle demasiada entidad a las percepciones de quienes se sienten atribulados:

Lo que el analista considera como una reacción exagerada e histérica puede ser visto por aquellos involucrados como una respuesta apropiada a un mal moral profundamente perturbador. Por lo tanto, los temores populares pueden estar bien fundamentados, y la preocupación moral expresada apropiadamente. (^{Garland, 2008}, p. 22).

Además de la mencionada crítica normativa, también señalaban la existencia de un equívoco empírico como consecuencia de una ansiedad social exagerada y mal canalizada. Aquello que se revela como una amenaza, en realidad es mucho menos riesgoso de lo que la gente sospecha, por lo tanto, de lo que se trata es de tomarse con más calma las cosas; en este sentido, parece haber una tensión entre la reacción desproporcionada que el pánico moral desata respecto de la magnitud de la desviación que se reprueba.

Esta supuesta desproporcionalidad invita inmediatamente a disputas empíricas sobre la naturaleza real y la magnitud del problema subyacente: "¿es la reacción realmente desproporcionada o el problema es más grande de lo que cree?" Pero las disputas aquí tienden a ser difíciles de resolver porque lo que se mide no es sólo una conducta real (¿Cuántos atracos? ¿Cuántos manifestantes? ¿Cuánto daño?), sino también el tamaño de una amenaza potencial y la percepción de un peligro moral. (^{Garland, 2008}, pp. 21-22).

En Argentina, un ejemplo al respecto puede ser la dimensión real del problema de las excarcelaciones, las libertades condicionales y las libertades asistidas, tema en el que por lo general se apoyan las objeciones acerca de la "indulgencia" de la justicia penal. Se suele denunciar que en muchas de las liberaciones de personas que realizan los demonios judiciales durante el proceso o antes del cumplimiento total de la condena, y que luego de liberadas cometen delitos graves, existían sobre ellas informes negativos del Servicio Penitenciario en los que se recomendaba no excarcelarlas. El inconveniente empírico aquí es que no sabemos realmente qué porcentaje de todos los pronósticos que realizan los actores judiciales para otorgar o denegar excarcelaciones o libertades son "acertados" y qué porcentaje son "desacertados". Tampoco hay datos acerca de la proporción, referida a estos pronósticos acertados o desacertados, que cuentan con informes positivos o negativos del Servicio Penitenciario, razón por la cual tampoco conocemos el grado de precisión de estos informes (^{Areta & Castro, 2013}; ^{Ferreira, 2015}). En otros términos, sabemos poco de la realidad -pues no hay datos empíricamente comprobables-que existe debajo de la etiqueta demonios judiciales, puesto que la prensa y las autoridades políticas hacen hincapié en aquellos procesos en los que los actores judiciales otorgaron una libertad, y luego estas personas cometen un delito grave, subrayando los casos en los que había informes negativos del Servicio Penitenciario.

Señaladas las cuestiones normativa y empírica sobre las que los teóricos de la reacción social fundaban sus críticas, cabe destacar que estos investigadores no se referían a crímenes graves con efectos perturbadores, sino fundamentalmente a la desviación "tolerable", a las infracciones menores y a los delitos "sin víctimas". Más en concreto, su crítica a las reacciones morales exageradas se orientaba a fenómenos de cierta superficialidad, como el consumo de drogas leves y las disidencias sexuales. Parece importante para analizar la reacción negativa que provocan los demonios judiciales que aquellos hechos en los que son protagonistas suelen ser más graves, dado que se trata de delitos contra la integridad sexual y/o contra la vida. Por lo tanto, los demonios populares caracterizados por Cohen y Young tienen diferencias palpables en este aspecto con nuestros demonios judiciales. De allí que sea importante para evitar vaguedades, además de indicar que apelamos a un uso débil del concepto de pánico moral, advertir que la relación entre este último y los demonios judiciales se desarrolla a partir de sucesos mucho más delicados.

Conclusión

A lo largo de este artículo, procuramos desarrollar de manera exploratoria algunas conexiones que se observan en Argentina entre la justicia penal y ciertos actores extrajudiciales, a partir de la utilización del concepto de pánico moral. Desde luego que no hemos pretendido brindar resultados concluyentes, sino algunos aportes a partir de los cuales intentar acercarnos a las peculiaridades que surgen en circunstancias donde los demonios judiciales desencadenan reacciones tanto de rechazo como de apoyo.

Partimos de su definición tradicional propuesta por ^{Cohen (2015)} hasta otras más recientes como las de ^{Goode y Ben-Yehuda (1994)} y ^{Thompson (1998)}. En este sentido señalamos que si bien existen matices en las propuestas, parecen coincidir en que para hablar de pánicos morales deben estar presentes dos componentes: el primero, una preocupación significativa acerca del comportamiento de un grupo o de algún tipo de persona, como por ejemplo los mods y rockers que en los años setenta, que eran jóvenes considerados revoltosos, o más actualmente los demonios judiciales, es decir, operadores jurídicos señalados como "saca-presos". Segundo componente, la traducción de dicha preocupación en hostilidad hacia quienes hayan sido definidos como una amenaza, que en el caso mods y rockers se concretaba mediante la estigmatización severa acerca de sus conductas y vestimentas, y que para los demonios judiciales se lo hace a partir de jurys de enjuiciamientos y graves acusaciones en la prensa.

Posteriormente, consideramos la opción de apelar a un uso débil del concepto de pánico moral para analizar su vínculo con eventos asociados a la justicia penal. Y esto porque, como ya lo dijimos, los agentes de la justicia penal que toman decisiones que traen aparejadas consecuencias trágicas son señalados por ciertos sectores como un peligro para la sociedad, primordialmente porque vuelven "giratorias" las puertas de las prisiones, debilitando así la cohesión de la sociedad. Sin embargo, esto último no ocurre en contextos donde existe una reacción pública unificada acerca de los eventos como sucedía décadas atrás, sino donde parece haber una variedad de interpretaciones sobre los acontecimientos conmocionantes, de allí que consideramos que estamos frente a suceso que guardan una débil relación con los pánicos morales tradicionales.

En tercer lugar, hablamos de la supuesta pérdida de confianza de la sociedad en la justicia, junto a las fuentes de indignación a partir de las cuales parece haberse consolidado dicha situación. Por un lado, se señala la presencia de una justicia corrupta y determinada por diversos poderes, y por otro, el problema de una justicia lenta, que no soluciona los conflictos que se le presentan en tiempo y forma.

Otro tema que nos preguntamos es si dichos fenómenos son definidos "desde abajo", como consecuencia de la participación genuina y comprometida de la ciudadanía, "desde arriba" por las élites, es decir, a través de actores políticos y medios de comunicación, o si se trata de un proceso que debe ser explicado articulando ambos elementos a raíz de que en la práctica están interrelacionados.

Luego propusimos la noción de demonios judiciales para ofrecer preliminarmente algunos puntos de contacto entre pánicos morales y justicia penal. Tres rasgos importantes que señalamos de estos demonios judiciales son: que no forman parte de grupos sistemáticamente marginados o estigmatizados, sino que conforman sectores con una serie de beneficios y reconocimientos. Que en la mayoría de los casos son señalados por sus detractores como verdaderas amenazas para la integridad de la sociedad. Que no son sólo sujetos pasivos frente a los ataques de sus adversarios, sino que ofrecen resistencia y gozan de apoyos variados que les permiten contrarrestar las agresiones recibidas.

En concreto, ¿cuál es la relación que podría existir entre justicia penal, pánicos morales y demonios judiciales? Si es cierto que la justicia penal ha venido perdiendo legitimidad acerca de los debates sobre el crimen y su sanción, todo lo cual la separa de las víctimas y de la sociedad, una de las posibles razones podría estar vinculada a la emergencia de estos demonios judiciales que con sus decisiones se transforman -según sus opositores- en generadores de pánicos morales. Más allá del respaldo con el que cuenten estos demonios judiciales, las resoluciones que toman frente a eventos truculentos parecen incitar a que se los apunte como auténticos riesgos para la cohesión social, profundizando así la desconfianza y el rechazo de parte de la comunidad sobre la justicia penal.

A continuación, buscamos aproximarnos al dilema de si los demonios judiciales son un problema "real" para la sociedad o se trata de una construcción llevada a cabo por sectores e instituciones con intereses de por medio. Al respecto, diferenciamos las conductas de los demonios populares tradicionales ligadas a eventos leves como el consumo de drogas y las disidencias sexuales, de la reacción negativa que provocan los demonios judiciales vinculada a sucesos dolorosos, a saber, delitos contra la integridad sexual y/o contra la vida. Desde luego que no creemos que exista una respuesta categórica al respecto, de allí que hayamos distinguido una cuestión normativa y otra cuestión empírica ligada al problema de los pánicos morales.

Como consecuencia, consideramos pertinente enfatizar en lo que todavía no sabemos del fenómeno, en los datos y las informaciones con las que no es posible contar acerca de las razones y los efectos de las decisiones de los demonios judiciales, evitando forzar conclusiones precipitadas. No obstante, consideramos que el caracterizar a los demonios judiciales como lo hicimos ayuda a entender mejor, al menos en parte, el vínculo desgastado que se advierte entre la justicia penal, las víctimas y la sociedad.