¹ La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) habla indistintamente de personas o seres humanos, sin que medie ningún tipo de diferenciación entre los conceptos. El artículo primero, por ejemplo, habla que todos "¡os seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", mientras que el artículo segundo estipula que "toda persona tiene todos ¡os derechos y ¡ibertades proc¡amados en esta Dec¡aración, sin distinción a¡guna de raza, co¡or, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición'. En adelante, la Declaración de 1948 deja en claro que tanto persona como ser humano hacen alusión a un único sujeto de derechos. La Constitución Política de Colombia ni siquiera plantea esta cuestión, pues está hecha para las personas que la integran (Artículo 1).

²Este documento no abordará la crítica hacia los conceptos jurídicos clásicos de soberanía y propiedad con la irrupción de los seres sintientes y los derechos de la naturaleza, a pesar que están íntimamente relacionados con las transformaciones tácitas del concepto de persona. Sobre la soberanía, que teóricamente es el poder que emana del pueblo, se justifica que la humanidad, como pueblos y naciones, ejerzan poder y disposición, a través de sus autoridades e instituciones, de un territorio y sus recursos (ecosistemas). Sobre la base de éste poder, las personas adquieren propiedad sobre porciones de los territorios y las cosas existentes en ellos con el quehacer civilizatorio.

³El esquema planteado es la representación inequívoca del concepto y clasificación de persona imperante en la enseñanza y práctica tradicional del derecho, así como su relación con el mundo de las cosas, a lo que fue (y es) reducida la naturaleza por los juristas, sea como bienes, cosas o recursos. Esta es una visión incompleta de una realidad mucho más heterogénea y rica, tanto desde el ejercicio académico, como desde la práctica profesional, a través de litigios estratégicos que busquen reivindicar usos más racionales y armónicos de la naturaleza, así como un mejor trato con los seres sintientes y el resto de los animales. Esta forma clásica de usar y enseñar el concepto de persona es rebasada por una realidad amplia, en la que se abren espacio cada vez más ecosistemas y seres sintientes, principalmente primates y animales de compañía y afecto, como los perros o los gatos.

⁴El caso de los pueblos originarios quillasingas es muy diciente de lo ocurrido en Colombia con la construcción del proyecto republicano, que, bajo las banderas de la unidad nacional y política, intentó suprimir las diferencias êtnico-políticas existentes durante la Colonia, mediante procesos de integración, que básicamente buscaban homogeneizar, bajo la categoría de ciudadanos cristiano-católicos, a todos los pueblos indígenas. La ley 89 de 1890 es la máxima expresión de esa política integracionista, llevando a los pueblos quillasingas a la desaparición jurídico-política a mediados del siglo xx, mediante la declaración de inexistencia de sus resguardos coloniales, y la desaparición consecuencial de sus formas de gobierno (cabildos) e identidad, con auspicio de la educación evangelizadora. Sin embargo, la identidad originaria se mantuvo viva en las tradiciones y organizaciones comunitarias (juntas comunales) integradas a la estructura del Estado, reapareciendo en el siglo xxi ante distintas emergencias vitales. Jenoy reapareció como identidad indígena cuando su territorio, ubicado en las inmediaciones del volcán Galeras, fue declarada zona de desastre, ordenando el reasentamiento de la población existente. Mocondino reapareció cuando por su territorio se decidió construir la variante perimetral de la vía Panamericana que atraviesa la ciudad de Pasto. Catambuco resurgió por razones similares, cuando se decidió construir la doble calzada de la vía Panamericana.

⁵En las reflexiones que se hicieron con los comuneros indígenas de Mocondino, Catam-buco y Jenoy en Pasto, así como con algunos pobladores rurales de los municipios de Sandoná y Yacuanquer, fue surgiendo una idea que estaba presente de diferentes maneras adónde acudíamos en nuestras pesquisas de investigación. Esa idea giraba alrededor de considerar que si se estaba luchando por rechazar todas las formas de privatización del agua, hablar de derecho humano al agua era una forma de apropiación humana injustificable (^{Ceballos, 2010}, 2016). ¿Acaso los animales y las plantas no tienen derecho al agua en igual medida que el ser humano? Si el agua no puede considerarse como derecho humano, entonces, se llegó a la misma conclusión por diferentes caminos: debe ser un derecho de todos los seres vivos. Así, el agua es más un deber humano de cuidado por el uso que hace del recurso.

⁶En el presente documento se hablan de inteligencias artificiales, androides y robots como un todo, aunque los conceptos son distintos. Para este texto, Inteligencia Artificial no es una rama de la informática encargada de estudiar el software y el hardware para emular la inteligencia humana, sino una inteligencia artificial no sujeta a un cuerpo físico, como lo están los androides o robots. Entonces, la Inteligencia Artificial a la que hacemos referencia es libre a través de las redes informáticas como la internet; un androide y un robot son tambiên, para el presente documento, inteligencias artificiales, pero con cuerpos físicos que les dan cabida, sea que emulen a un ser humano (androide) o no (robot).

⁷En la propuesta, aceptando como fuentes de investigación y reflexión jurídica la literatura y el cine de ciencia ficción como fuentes metodológicas prospectivas, no solo la pregunta por un posible estatus jurídico para las inteligencias artificiales, los androides y los seres espirituales es posible, sino que caben otras hipótesis como la de los seres extraterrestres. Sorteando las posibles reticencias por parte de la comunidad académica respecto a reflexionar sobre un estatus jurídico para alienígenas, esta posibilidad abre un interesante campo de reflexión que permite extrapolar problemas humanos actuales como el de las migraciones, la guerra, la otredad, el reconocimiento y la diversidad a través de escenarios distópicos posibles. Y aunque no se considere el fenómeno extraterrestre como un campo digno de la investigación científica, la perspectiva parece estar variando ante la avalancha de evidencias que dan cuenta de la existencia de esta realidad. Así lo manifiesta Silvano Colombano, investigador de la Space Architecture Technical Committee (SATC) de la NASA, quién en un documento sobre nuevas perspectivas para guiar la investigación sobre búsqueda de señales extraterrestres, reconoce: 1) La existencia de evidencia física suficiente para considerar el campo de la exploración de vida extraterrestres, fuera y dentro de nuestro planeta, como un escenario digno de considerarse como científico; 2) La necesidad de abordar nuevas teorías para la concepción de la realidad (física especulativa), explorando concepciones alternativas para el espacio, el tiempo y la energía que nos permitan comprender fenómenos aparentemente inexplicables (^{Colombano, 2018}).

⁸Sentencia C-133 de 1994 de la Corte Constitucional: "Es cierto, que nuestra Constitución Política reconoce expresamente el derecho inviolable a la vida a quienes son personas pertenecientes al género humano; pero de allí no se sigue que la vida humana latente en el nasciturus, carezca de protección constitucional. En efecto, si el valor esencial protegido por el ordenamiento superior es la vida humana, necesariamente debe colegirse que en donde haya vida, debe existir el consecuente amparo estatal. En otros términos, la Constitución no solo protege el producto de la concepción que se plasma en el nacimiento, el cual determina la existencia de la persona jurídica natural, en los términos de las regulaciones legales, sino el proceso mismo de la vida humana, que se inicia con la concepción, se desarrolla y perfecciona luego con el feto, y adquiere individualidad con el nacimiento. La vida que la Constitución Política protege, comienza desde el instante de la gestación, dado que la protección de la vida en la etapa de su proceso en el cuerpo materno, es condición necesaria para la vida independiente del ser humano fuera del vientre de la madre. Por otra parte, la concepción, genera un tercer ser que existencialmente es diferente de la madre, y cuyo desarrollo y perfeccionamiento para adquirir viabilidad de vida independiente, concretada con el nacimiento, no puede quedar al arbitrio de la libre decisión de la embarazada. En virtud de lo anterior, el Estado tiene la obligación de establecer, para la defensa de la vida que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo [...]".

⁹Una idea importante a tener en cuenta de la función de la máscara en el teatro griego, es la resonancia que le brinda a la voz del actor, es decir, la capacidad de hacerse escuchar. Esa misma idea opera en el escenario jurídico, donde es a través de la máscara, de la personalidad, como el ser humano tiene voz y capacidad. En estricto sentido, una definición precisa del concepto de persona deberá pasar por reconocerle la función de resonancia (Betancurt, 2010).

¹⁰"[.] el concepto de persona ha servido primero para privar al hombre de sus derechos, y luego para dotarlo de ellos. Responsables de este vuelco de valores y del contextual cambio conceptual fueron los juristas inspirados por el derecho natural, de tal modo que el mérito de estos juristas romanos ha llegado hasta nosotros, y los textos escritos por ellos han tenido un efecto incalculable en la historia de Occidente (^{Fortunat-Stagl, 2015}, p. 395). Siguiendo esta dirección, Christopher Stone (2010), tratando de argumentar la posibilidad y necesidad de darle legitimidad procesal a los bosques y otros ecosistemas en asuntos que tengan que ver con su existencia, reflexiona sobre la legitimidad de ésta posibilidad considerando que si es posible darle personalidad jurídica a creaciones humanas como las corporaciones, los estados, las naciones, las sociedades, entre otras posibilidades teóricas, es mucho más racional y posible darle legitimidad jurídica a personas no humanas. Así, la persona "Nor is it only matter in human form that has come to be recognized as the possessor of rights. The world of the lawyer is peopled with inanimate right- holders: trusts, corporations, joint ventures, municipalities, and nation-states, to mention just a few" (^{Stone, Should Trees Have Standing?, 1972}, p. 452).

¹¹La jurisprudencia constitucional ha establecido la existencia de los sujetos colectivos de derechos desde el principio, a través de varias sentencias de revisión de tutela (T-428 de 1992, T-380 de 1993, T-001 de 1994, entre otras), en la que el alto tribunal afirma que las comunidades indígenas son sujetos colectivos de derecho y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos, sino derechos constitucionales fundamentales como la vida.

¹²En el ejercicio de procesos de investigación alrededor de la defensa del agua y las comunidades indígenas, desde el ejercicio del derecho, se construyó una metodología que retoma los caminos delineados por los solidarios como ^{Vasco (2007}, ²⁰¹⁰, ²⁰¹⁶), ^{Mamián (1992}, ²⁰⁰⁰, ²⁰¹⁰) y ^{Velasco (2012)}, quienes han enfatizado en el diálogo, el camino, la solidaridad y la resistencia como elementos centrales para un trabajo que de fondo busque coadyuvar las reivindicaciones comunitarias en las que se inserta el investigador. Para dar cuenta de esto, desde el ejercicio del derecho, abogado por los otros desde una acción creativa, legítima y verdadera al nivel de la ficción y el sueño, se recurre al relato como mecanismo para transmitir los conocimientos aprendidos mediante la investigación solidaria (^{Ceballos F. , 2018}). Así que, en algunos momentos "la historia que le voy a contar no me la contó nadie. Bueno, me la contó mi abuelo, pero él me advirtió que sólo la entendería cuando la soñara, así que te cuento la historia que soñé y no la que me contó mi abuelo" (^{Subcomandante Marcos, 1995}).

¹³Quizá sea más pertinente hablar de sujetos comunitarios que de sujetos colectivos de derecho tratándose de pueblos originarios o indígenas, pues la dimensión comunitaria se construye sobre la base de lo común, de lo que es de todos dentro de rangos de vecindad definidos mediante el trazo histórico. Lo común es el territorio, la casa, el hábitat del que depende nuestra existencia. Lo común hace alusión a lo que une, cohesiona y articula en un contexto territorial determinado, y, en general, sobrepasa la dimensión de lo colectivo, en la que lo de todos se encuentra en el nivel de la abstracción del Estado y el Derecho. Nuestra constitución en varios artículos reconoce la dimensión comunitaria como parte de la organización social y deber de los ciudadanos, junto con las dimensiones cívica y política. Alrededor del tema del agua y los servicios públicos domiciliarios, la Constitución Política reconoció la dimensión comunitaria como una forma organizacional pertinente para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, particularmente el del acueducto, que garantiza el acceso al agua en la inmensa mayoría del país rural y periurbano.

¹⁴Colombia, a través de la Corte Constitucional, ha reiterado el carácter de tribal otorgado a los pueblos afrodescendientes "para efectos de la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. Como grupos étnicos diferenciados, las comunidades negras son titulares de varios derechos ligados al principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, reconocidos por la Constitución y el Convenio 169, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad colectiva sobre sus territorios, el derecho a la participación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la protección de la biodiversidad, el derecho a determinar el modelo de desarrollo que desean seguir, entre otros (Sentencia de Control de Tutela T-823, 2012)."

¹⁵Si bien se ha reconocido el derecho de las comunidades a participar y ser oídos en todas las decisiones que los afectan, esa participación es limitada, y no tiene carácter absoluto, pues debe contextualizarse y racionalizarse: "El alcance de la consulta popular y su carácter imperativo están supeditados al respeto de los preceptos constitucionales y a la observancia de las exigencias previstas en la ley que la regula. De esta manera, la fuerza vinculante de una consulta popular debe ser interpretada en consonancia con la vigencia de los demás derechos y principios reconocidos en la Constitución, por lo que no todo llamado a la comunidad para pronunciarse sobre asuntos de interés local puede concebirse en términos imperativos absolutos" (Sentencia de Control de Tutela T-445, 2016).

¹⁶Un caso de reivindicaciones como sujeto colectivo de un pueblo campesino se desarrolla en el suroccidente colombiano, a los pies del Volcán Galeras (Pasto, Nariño), en el territorio de Genoy, donde pervive una comunidad campesina cuyo origen está unido al tronco del que desciende la población indígena asentada en el mismo territorio, compartiendo no solo historia, sino costumbres y tradiciones. Este pueblo campesino de Genoy, ante el fallo de revisión de tutela T-269 de 2015 que reactivó los Decretos 4106 de 2005 y 3905 de 2008 que declaran la zona aledaña al volcán Galeras como de emergencia volcánica alta, está solicitando se le reconozcan los derechos territoriales que se les reconoce a los indígenas, sin que medie su reconocimiento como indígenas. Independientemente de los argumentos que se puedan controvertir en el debate, es indudable desde un acercamiento solidario y jurídico de largo aliento, que lo importante para el reconocimiento del sujeto de derecho campesino está en su vinculación, en este caso, a una ascendencia indígena, pues la construcción de lo que son o quieran llegar a ser como colectivo dependerá de discusiones internas (^{Ceballos, 2018}).