Las protestas que tuvieron lugar en los territorios colombiano y chileno en el lapso de los años 2020 a 2021

En primera medida, se van a mencionar y a explicar las protestas ciudadanas y sus características desarrolladas en el territorio colombiano. De igual forma, se enunciaron las protestas realizadas en el Estado chileno y sus respectivas particularidades, esto delimitado en el período comprendido entre los años 2020 y 2021.

En los primeros meses de 2020, Colombia vivió una de las mayores protestas en materia de decisiones políticas, económicas, sociales y reformas legislativas. Esto último provocó una grave injusticia a la población. La citada manifestación se denominó 'EL PARO NACIONAL DE COLOMBIA', que constituyó un gran movimiento popular caracterizado por el enorme apoyo de la juventud y los pueblos indígenas, los cuales a través de sus actividades pacíficas, como marchas, cacerolazos, vela-tones, tenía la intención de hacerse oír por el gobierno para proteger los derechos fundamentales y, sobre todo, para evitar ofensas.

El paro nacional y en especial la fuerza de los jóvenes en este reflejaron tensiones aún más profundas. Una de estas tiene que ver con los sentidos emergentes de acción colectiva que cohabitan con sentidos residuales y estilos heredados de hacer política. En otros términos, los jóvenes les imprimen a las revueltas una energía de creatividad y disrupción que se manifiesta en repertorios de acción innovadores basados en lo simbólico-artístico, así como en formas de organización con liderazgos difusos, multiplicidad de pertenencias, horizontalidad, espontaneidad y prácticas comunicativas instantáneas y reticulares, apoyadas en tecnologías digitales (^{Aguilar, 2020}, p. 37).

Lo anterior permite un acuerdo que beneficia tanto al gobierno como a los ciudadanos, aunque lamentablemente muchos hechos no fueron positivos, se subraya que hay fuerza en la unidad vista como una fuerza pacífica y poderosa para el bien común y garante de los derechos reconocidos en la Constitución Política.

Además, hay señales de un descontento influyente entre los trabajadores colombianos basado en la falta de información y el menoscabo de los derechos de los trabajadores como resultado de los cambios legislativos a estas normas, a causa de las consecuencias se originó la protesta que tuvo lugar en el lapso del año 2020. "Las centrales obreras rechazan la política económica y social de Duque porque consideran que va en contra de las personas trabajadoras al afectar la estabilidad laboral con la contratación por horas, y se desconoce derechos de subsidios" (Made for Minds, 2020, par. 5).

En el caso del gobierno chileno, se puede observar que la ciudadanía organizará varias manifestaciones de gran envergadura para el año 2020; cabe señalar que estas manifestaciones ya se iniciaron mucho antes de este año, pues son por descontento en diversos sectores que el gobierno ha desarrollado recientemente. Es así que para el mes de marzo de 2020 miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el modelo económico y social imperante.

En Santiago, capital del país, la Plaza Baquedano (renombrada como Plaza Dignidad) se transforma en el principal epicentro de estas masivas manifestaciones. Durante casi cinco meses al lugar acudirán fundamentalmente jóvenes estudiantes, trabajadores y pensionados a expresar su profunda ira y malestar con el gobierno y sus políticas (Aguilera et al., 2020, p. 02, citado en ^{Márquez et al., 2020}).

También hay que señalar que la amplitud de estas manifestaciones tiene un mayor efecto de apoyo público, que aparece como un aspecto positivo y resulta de la correspondiente influencia de los medios electrónicos. Con su ayuda se desveló el trasfondo, es decir, la realidad destructiva e infrahumana que deben soportar las personas que, según los principios de solidaridad e igualdad, salen a luchar por sus derechos y los de los demás.

Detonantes de las protestas en Colombia y Chile

En esta sección se establecerán los detonantes por los cuales se llevaron a cabo las protestas en los gobiernos de Colombia y Chile teniendo en cuenta que la protesta surge como una necesidad, ya que permite manifestar la inconformidad colectiva frente a diferentes aspectos de cualquier índole, en concreto las inconformidades con los gobiernos en mención.

Como lo expone Daniel ^{Pardo (2021}), el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Iván Duque, aun en estado de emergencia por el Covid-19 y con la situación económica de muchas familias colombianas, decidió proclamar la Ley de Solidaridad del 5 de abril de 2021, que en realidad era una reforma tributaria, pero no fue el único factor contra el que se protestó, fue el punto de partida de otras manifestaciones, porque los ciudadanos estaban descontentos con la gestión de la pandemia. Aumentó el desempleo y también la pobreza; por otro lado, el retraso de las campañas de vacunación fue particularmente importante para la salud pública, porque no había suficientes vacunas para distribuirlas a la mayoría de la población, incumpliendo así el objetivo de dicha campaña que se enfocaba en evitar una infección generalizada.

La primera exigencia de los manifestantes fue la eliminación de la propuesta tributaria. Sin embargo, las demandas se han expandido con el paso de los días para incluir llamados para que el gobierno conservador garantice un salario mínimo, prevenga la violencia policial y retire un plan de reestructuración sanitaria que, según los críticos, resulta insuficiente para solventar problemas sistémicos (^{Turkewitz, 2021}).

A raíz de la respuesta que dio el gobierno frente a las protestas, se consideró que debe realizarse una reforma policial a causa de las numerosas muertes y tratos inhumanos proporcionados por los miembros de las fuerzas públicas hacia los manifestantes, vinculando lo siguiente:

Con las recientes denuncias de abuso policial, se reavivaron las voces que reclaman una reestructuración de la fuerza pública. Este no es un reclamo nuevo, pues el debate cogió fuerza en noviembre de 2019 cuando un policía antidisturbios mató al joven Dilan Cruz y volvió a estar en el centro de la discusión en septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial. Los manifestantes exigen una reforma que incluya el desmantelamiento del Esmad,¹ el Escuadrón Móvil Antidisturbios debido a que durante sus procedimientos no tiene en cuenta los derechos fundamentales debido a que implementan la fuerza bruta. También piden que los uniformados que cometan un crimen sean juzgados imparcialmente y que en sus operativos traten a las personas como civiles y no como subversivos. Y es que, a diferencia de otros países, en Colombia la Policía forma parte del Ministerio de Defensa y es señalada de tener un entrenamiento con un enfoque para luchar contra el conflicto armado, concretamente contra las guerrillas (France 24-América Latina, 2021).

En contraste con las protestas presentadas en Colombia, el gobierno del presidente Sebastián Piñera de Chile decidió en 2021 aumentar el precio del pasaje de metro, quienes iniciaron las primeras manifestaciones fueron estudiantes evadiendo de forma masiva los torniquetes para no realizar el pago de la nueva tarifa establecida para el pasaje del metro (^{Paul, 2019}).

A medida que fue pasando el tiempo, más sectores sociales se unieron a las manifestaciones, alcanzando así un estallido social; frente a tales sucesos, que se fueron agravando por la violencia y la inconformidad de los ciudadanos chilenos en varias ciudades, el presidente Piñera anunció la suspensión del alza del pasaje de metro; pese a esa situación, continuaron las protestas, ya que el alza del pasaje solo era el punto de partida de las diferentes inconformidades por parte de los habitantes de este país, pues se empezó a protestar por la desigualdad desmedida, la brecha social entre clases sociales, entre otros; el fundamento esencial de las protestas en Chile ha sido el problema estructural del modelo socioeconómico de este país.

El movimiento estudiantil ha sido un fenómeno sociopolítico de transformación que ha generado cambios importantes en la sociedad chilena. Esto debido a ser el primer grupo colectivo, transversal, organizado y masivo que ha desafiado en el período posdictatorial -de manera unificada, desde el campo popular y la lucha de masas- algunos de los elementos centrales del capitalismo neoliberal chileno, entre ellos: el rol de la educación, su financiamiento, su concepción como derecho, la participación de las comunidades educativas en la gestión, el cuestionamiento al lucro y hasta temas como nacionalización de recursos.

Por otro lado, el movimiento estudiantil marca un proceso extensivo de luchas iniciadas a mediados de los noventa, donde se constata el desarrollo de aprendizajes en materias de organización, cohesión y relación con la institucionalidad política en las negociaciones. Es decir, retomando la perspectiva de los enfoques -desde una línea culturalista o del marxismo historicista-, ha logrado reconfigurar procesos de subjetivación y configuración de elementos que podrían ser contrahegemónicos como el cuestionamiento masivo al lucro; junto a continuidades como el rechazo a los repertorios de lucha (^{Penaglia & Mejías, 2019}, p. 9).

Diferencias y similitudes de los móviles de las protestas en Colombia y en Chile

Esta sección analiza las diferencias y similitudes considerando la identificación de los motivos que dieron lugar a las protestas en Colombia y en Chile; inicia esbozando las causas y consecuencias de las protestas de ambos gobiernos.

Las manifestaciones en Chile o más conocido como el estallido social que tuvo lugar en las diferentes ciudades de este país en las fechas de octubre del 2019 y marzo de 2020. La protesta comenzó con un aumento en la tarifa del sistema de transporte público de la capital chilena, lo que generó descontento con el modelo socioeconómico neoliberal, además se dieron las manifestaciones por la desigualdad social y económica, abuso de poder e incidentes de corrupción, como también casos de colusión de varias farmacéuticas importantes, aumento del desempleo y quiebras de varias empresas, así como pocos derechos sociales garantizados. Debido a esto, miles de ciudadanos organizaron marchas masivas en el metro de Santiago de Chile y con el tiempo la situación empeoró, a raíz de lo cual se observaron muchos accidentes en las estaciones del tren subterráneo y también las vías principales se vieron afectadas al quedar bloqueadas (^{Paul, 2019}).

En el caso de Colombia, los ánimos se agitaron cuando el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó un proyecto de reforma tributaria, el 27 de abril de 2021, con el que pretendía recaudar $23 billones para recuperar al país del duro golpe de la pandemia (^{Toro, 2021}).

Por otro lado, con respecto al impacto que tuvieron las protestas en el territorio de estos gobiernos, se estableció lo siguiente:

A diferencia de Chile, donde el epicentro de los encuentros fue su capital Santiago, en Colombia el conflicto viajó hasta las regiones y se ubicó principalmente en la ciudad de Cali, donde los manifestantes cerraron todas las vías de acceso a la ciudad, generando problemas de abastecimiento en insumos alimenticios y combustibles (^{Toro, 2021}).

El ordenamiento jurídico chileno en similitud con el ordenamiento jurídico colombiano tiene como columna al bloque de constitucionalidad entendiéndose que a pesar de que dicho derecho no está expresado en los tratados de los derechos humanos se ha entendido que el derecho a la protesta puede emanar de los derechos que estén reconocidos en los tratados internacionales tal como el derecho a la libre expresión y el derecho a la reunión (^{Lanza, 2019}).

Ambos derechos se encuentran contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante el "PIDCP"), en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante la "Convención Europea"), en los artículos 9° y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante la "Carta Africana") y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana") (INDH, 2020, p. 2).

En Chile, al igual que en Colombia, se vieron vulnerados diversos derechos fundamentales, como también humanos, tal como se ve reflejado en las numerosas muertes, las privaciones de la libertad injustificadas y diversos abusos de poder de la fuerza pública. Sin embargo, a diferencia de Colombia, en Chile sí fueron escuchadas las peticiones de los manifestantes y es por esto que dicho país se encuentra en el proceso de la elaboración de una nueva Constitución; del mismo modo, se pudo derrocar de su gobierno al presidente Sebastián Piñera.

A lo largo de las jornadas de protesta, diversos movimientos políticos y sectores de la sociedad se manifestaron en rechazo al accionar de sus gobiernos. "En el estallido chileno confluyen muchos descontentos, una gran diversidad de visiones y orígenes sociales en torno a la desigualdad que fomenta el modelo económico del país", comenta Pacheco. En ambos países, la reacción desmedida de la fuerza pública sirvió para acentuar la indignación y generar empatía con los manifestantes. "Las demandas de feministas, indígenas mapuches de Chile, la Minga indígena de Colombia, afrodescendientes, centrales obreras y grupos estudiantiles no tenían algo que las uniera. Hasta que empezaron a llegar las imágenes de lo que en Chile hacían los Carabineros y en Colombia el Esmad", comenta Guzmán. "En ambos casos, la respuesta policial es como el cemento que une a los distintos grupos, de allí surgió un movimiento unido con una legitimidad contundente", concluye ^{Berrío Gil (2021}).

Es evidente que la respuesta que dieron los dos gobiernos fue por medio de las fuerzas armadas:

Una de las similitudes entre las manifestaciones que sacudieron Chile y que actualmente se siguen viviendo en Colombia fue la rápida militarización de la protesta, ya que la represión de las movilizaciones por parte de la fuerza pública comenzó a desplazar el resto de demandas sociales y puso el foco en los protocolos de los antidisturbios y los carabineros (^{Aguilar, 2021}, p. 3).

Frente al aspecto económico, en ambos países se vio afectado, puesto que a raíz de las diversas protestas se provocó la devaluación del precio de la moneda nacional de Colombia y Chile, lo que generó una inestabilidad en el sistema económico de estas naciones, dado que con los diversos toques de queda se ve afectada el área comercial, como también la canasta familiar, debido a que por el bloqueo de las vías la escasez de los alimentos ocasiona que el valor de estos aumente de manera desproporcionada.

Existen diversas similitudes en las protestas de estos dos países, sin embargo, respecto a las soluciones o medidas que tomaron los gobiernos se evidencia la gran diferencia. Mientras en Colombia no se llegaba a un acuerdo con el comité de paro, en Chile sí se logró, puesto que fueron escuchadas las inconformidades que tenía el pueblo respecto a las diversas maneras en las que el poder estaba siendo administrado.

Las manifestaciones a la luz del Estado de Chile frente a Colombia es un reflejo de la realidad social que vive América Latina, ya que en los países que forman parte de este continente no existe un gobierno limpio de acciones corruptas y desleales, es por esto que la gran parte de la población latina se encuentra en la pobreza con la falsa ilusión y búsqueda del desarrollo de un país.

Respecto a Colombia y los resultados que se dieron por las manifestaciones del presente año, se obtuvo el retiro de la reforma tributaria de 2021, así como el de la reforma de salud de 2021; así mismo, la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el anuncio de la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 para el semestre 2021-2.

Los mecanismos que fueron implementados por parte de estos Estados evidencian la preocupación y el desespero de los gobernantes al ver que el pueblo se rebela contra su manera de administrar el poder que se les da, puesto que bien se sabe que el pueblo es el soberano y el presidente es simplemente la representación y materialización del poder que da el pueblo; por esto, a raíz de las diversas protestas sociales que se han desatado, la popularidad de los presidentes de Chile y de Colombia ha disminuido al punto en el que los individuos que se encuentran bajo su administración han manifestado que sus representantes, por diversos factores, entre ellos la corrupción, no buscan un bien común, sino un bien individual.

Derechos en el conflicto y en la protesta

Los seres humanos gozan de derechos y deberes reconocidos en el ámbito jurídico internacional y garantizados por los Estados a nivel nacional, los cuales, a través de la historia, han venido fortaleciendo su fundamentación por medio de la implementación de mecanismos idóneos que principalmente se concentran en instruirlos y proporcionarlos en igualdad de condiciones, para así poder combatir las problemáticas que se desenvuelven en razón de la diferentes vulneraciones que presentan.

De esta manera, se han venido estableciendo a nivel internacional instituciones, códigos, reglamentos y desarrollos jurisprudenciales que reglamentan e instituyen los derechos humanos, mismos que se consagran en las legislaciones internas y tienen la trascendencia de estar definidos en sus normas superiores, como pilares y fundamentos de estas, como es el caso de los Estados colombiano y chileno, los cuales son denominados como derechos fundamentales o principios.

Se establece que los derechos fundamentales son rasgos atribuidos a todos los derechos humanos, por el simple hecho de ser personas, ya que esto constituye y fundamenta su derecho a la dignidad humana, con la finalidad de garantizar y cumplir todas sus necesidades; en su ámbito positivo y estrictamente regulado, son los que se reconocen mediante nuestra Carta Política y del mismo modo, por los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados por el ordenamiento jurídico colombiano y que son de rango constitucional con fundamento en el bloque de constitucionalidad (Law, s. f.).

De modo que dentro de este tipo de derechos se pueden resaltar, principalmente, los de carácter social, económicos, políticos, colectivos e individuales, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad, el honor, que permiten proporcionan las garantías necesarias para el desarrollo personal. De esta forma y en relación con el tema en desarrollo, el derecho a la protesta se encuentra ligado a los derechos fundamentales, puesto que este permite que los ciudadanos se expresen de manera pacífica y creativa frente a las problemáticas de ámbitos sociales, económicos y políticos que quebrantan y desconocen en cierta medida sus derechos fundamentales.

Dentro del alcance constitucional las problemáticas fundadas en base a las protestas presentan cierta incertidumbre, estipulan una dimensión de doble sentido, con fundamento en el compromiso o una doble incógnita negativa, como se evidencia en todos, por lo tanto, primero se pretende, salvaguardar a las decisiones y derechos mayoritarios, como a las ambiciones democráticas, lo que el pueblo desea, y por otra parte, proteger a las minorías, es decir, a la aplicación del derecho a la realidad y caso en concreto (^{Gargarella, 2006}, p. 142).

Igualmente, es importante mencionar que los gobiernos colombiano y chileno deben garantizar y generar mecanismos con la finalidad de proteger los derechos humanos y fundamentales reconocidos a cada ciudadano, debido a que, de lo contrario, se encontrarían vulnerando no solo sus ordenamientos jurídicos en particular, sino la legislación de reconocimiento internacional, detonando de esta forma grandes condenas por el incumplimiento de este deber.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uso de la fuerza policial está sujeta a situaciones estrictamente necesarias y cuando no existan medidas alternativas menos restrictivas de los derechos fundamentales en juego. Bajo esta directriz la CIDH, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 30, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, ha señalado que cuando los estados incumplen obligaciones a su cargo se deriva una violencia generalizada que puede vulnerar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas que participan en manifestaciones. En el orden nacional, el artículo 37 de la Constitución Política reza "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho". En sintonía con la Carta Magna, varias sentencias de la Corte Constitucional ratifican el derecho a la protesta y regulan la intervención de la fuerza pública en éstas, entre ellas, la sentencia C-742 de 2012, la cual especifica que el uso de la fuerza policial en el marco de una protesta en el espacio público no se justifica ante la simple obstrucción de vías, pues debe ser evidente que dicha acción pone en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros (^{Amador, 2019}, p. 4).

Derechos vulnerados a los manifestantes en el desarrollo al derecho a la protesta

Se empezará hablando sobre qué es y en qué consiste el derecho a la protesta a la luz de diversos autores con el fin de tener claridad sobre el tema y sus correspondientes características.

El origen de la palabra protestar viene del latín protestari, que se compone de pro, 'ante' y testari que significa 'declarar'; de esto se entiende que aquella persona o individuo que realiza una protesta, es quien da testimonio de sus ideas, pensamientos y reflexiones, ante los demás, esto es, ante la sociedad. Teniendo esto presente se puede catalogar como "protestante", aquella persona que presenta un interés por exteriorizar su reclamación mediante actos, con el fin de ser escuchado por los demás y con ello obtener alguna respuesta a una inconformidad (López, 2019, p. 3).

La protesta es un mecanismo por el cual se tutelan los derechos civiles, económicos, sociales y culturales que se encuentran vinculados con los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política, tales como la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, cabe resaltar el derecho a la conducción de asuntos públicos como la materialización del ejercicio de los derechos políticos.

El derecho a la protesta en una democracia debe ser protegido por cuatro razones: la primera es porque este derecho se encuentra vinculado con otros como el derecho a la reunión, expresión y asociación mismo que son la base para que se considere un régimen político como democrático; la segunda es porque es que este derecho garantiza la pluralidad que es el núcleo de la democracia; la tercera surge desde que se resalta la función del pueblo de controlar la administración del gobierno y el derecho de protestar resulta ser una garantía para evitar que el estado se extralimite y por último la cuarta razón nace teniendo en cuenta las minorías ya que el Estado está en el deber de protegerlas es por esto que también se protege la protesta social, el gobierno lo hace con el propósito de que dichas minorías tengan los mismos derechos que las mayorías, puesto que si no es así el Estado no será democrático (^{Cruz, 2015}, p. 11).

Respecto al contexto colombiano, se evidenció la vulneración de diversos derechos fundamentales, como a la integridad física, a la vida, a la libertad y a la libre expresión; así mismo, los protestantes sufren desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegales de la libertad. Las restricciones de los derechos humanos dejaron en un estado de vulnerabilidad al derecho a la protesta y la huelga, trayendo como consecuencia la vulneración de la integridad física y, en conexidad, el derecho a la vida de las personas que ejercen este derecho que está consagrado en la Carta Política.

Referente al derecho a la vida en las manifestaciones que se presentaron en el año 2021 dejaron como resultado 78 muertos entre ellos 3 policías y 75 civiles, demostrando que no solo se le violentan los derechos a los manifestantes, sino, también a miembros de la fuerza pública. Cabe resaltar que también se vio afectado el derecho a la integridad física puesto que en el contexto de la protesta anteriormente mencionada resultaron heridos 1083 uniformados y 1062 protestantes dando así un total de 2145 personas lesionadas (Protestas en Colombia, 2021).

Frente al derecho a la libertad, se presentaron 1380 personas detenidas en el transcurso de las manifestaciones, sin embargo, esta cifra es general, puesto que un porcentaje de esta cantidad de personas detenidas se encontraba delinquiendo y dañando propiedad pública, pero también está el otro porcentaje de las personas inocentes que fueron privadas injustamente de su libertad y, por consiguiente, se vería reflejada la vulneración del derecho a la libre expresión, debido a que son castigados por ejercer su derecho constitucional a la protesta, oprimiendo sus ideales y ocasionando así miedo de tener una concepción diferente del mundo. Hablando de desapariciones forzosas, hubo alrededor de 129 personas desaparecidas, de las cuales aún sus familiares no tienen noticias; no obstante, todavía guardan la esperanza de encontrarlos antes de que se cumpla el término de dos años de su desaparición, ya que, como lo establece la ley, se presumirá su muerte.

La Constitución Política de Colombia cuenta con el bloque de constitucionalidad, que está estructurado de acuerdo con tratados internacionales, uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el cual se establece que el derecho a la libre expresión lo tiene toda persona, permitiéndole difundir, buscar y recibir información con el propósito de construir ideas críticas sin que exista alguna limitación por medio del Estado (Guzmán, 2020). Se presenta la vulneración del derecho a las garantías judiciales, puesto que en muchas ocasiones no se hacen las respectivas investigaciones en los casos de abuso policial, por las agresiones y homicidios, y resultan implementando condenas que no son proporcionales y acordes con los delitos cometidos.

La estructura del Estado está diseñada para que en muy pocos casos pueda ser obligada a escuchar o a rectificar. De allí la necesidad de una auténtica separación de poderes que garantice la autonomía e independencia del poder judicial, ya que en el momento en el que una situación como la planteada llegue a manos de los tribunales, estos podrían obligar al Estado a una determinada actuación. Se trata de una garantía que resguarda la sociedad democrática de dos formas: a) protege el disenso de una parte de la sociedad, cualquiera que sea su tamaño (el disenso y la forma de canalizarlo es esencial en democracia), y b) al establecerse la necesidad de la autonomía del poder judicial y de la separación de poderes, en el fondo se está garantizando la existencia de la democracia en la sociedad en la cual se presenta la protesta. En resumen, la protesta debe tener un punto de llegada y no debe ser considerada solo para llamar la atención de las autoridades; de esta forma, sería fútil y sin sentido, nada más que la expresión de una rabieta social (Manzo, 2018).

En el caso en concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que la herramienta más idónea para salvaguardar los derechos humanos y, por consiguiente, fundamentales es la protesta social, dado que dicho elemento es primordial para que pueda existir un juicio frente a la sociedad y la política. En concordancia, la CIDH ha determinado que se pueden establecer limitaciones a los manifestantes siempre y cuando sean razonables; ello tiene como finalidad la protección de los derechos de los demás habitantes, y es por esto que se permite la descentralización de la protesta.

El derecho a la libertad de expresión resulta ser el principal núcleo del derecho a la protesta ya que la libertad de expresión, en el caso específicamente del ejercicio de la manifestación o protesta social, juega el rol de exigir al Estado respuestas concretas ante sus demandas. En otras palabras, sirve como rendición de cuentas por parte de la autoridad hacia la ciudadanía. La protesta social -pacífica y sin armas- es un medio legítimo de presión hacia la autoridad y una forma de control democrático legítimo. Así lo han señalado los órganos de los tratados a nivel interamericano. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha afirmado que la protesta social es importante para la consolidación de la vida democrática y que, en general, dicha forma de participación en la vida pública, en tanto ejercicio de la libertad de expresión, reviste un interés social imperativo.

En un sentido similar la Corte Interamericana ha manifestado: "[L]a libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse" (INDH, 2020, p. 4).

Cuando se creó la Constitución Política de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente estipuló ciertos aspectos frente al derecho de reunión y de igual manera a sus constituyentes (López, 2019).

No sólo impusieron condiciones más estrictas para la declaratoria de los estados de excepción y establecieron mayores límites y controles al poder presidencial durante tales estados, sino que además consagraron como derecho fundamental el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y dispusieron que la limitación al ejercicio de este derecho sólo puede establecerse mediante ley (^{Uprimny & Sánchez, 2010}, p. 47).

Colombia es uno de los países en donde están los más altos índices de violencia, por todas las masacres, genocidios y actos de crueldad, actos que han sido condenados varias veces por la CIDH, pero esto no ha sido el límite para que esté aún más llena de sangre. Por esto, es indispensable que el Estado y el pueblo se siente a negociar con el fin de acabar esta guerra que cobra cada vez más víctimas a su paso.

La protesta social en Colombia entendida en un contexto universal, está caracterizada por su histórica singularidad de violencia, corrupción y ausencia de Estado, impulsada por una ilegalidad constitucional de sus gobiernos, que ha sido contagiada por el estallido de olas de movimientos sociales que reclaman democracia, derechos y garantías propias del Estado social de derecho. Dicho fenómeno social, auspiciado por la intercomunicación que posibilitan la tecnología y las redes sociales, va construyendo una especie de ciudadanía digital que rompe el molde de la tradicional manera de expresar el disenso y pone en alto relieve los fundamentos rudimentarios, pero en extremo necesarios para una refundación de la sociedad (Guzmán, 2020, p. 66).

Por otro lado, la población debe ser consciente de que no solamente tiene derecho, sino también deberes, los individuos deben estar en la capacidad de reconocer que sus derechos empiezan y terminan hasta donde comienzan los derechos de los demás, siendo esto el pilar de nuestro Estado social de derecho y su núcleo esencial la dignidad humana, misma que debe ser respetada y garantizada como los demás derechos humanos y fundamentales a todos los colombianos.

A partir de la arista desarrollada en Chile, el concepto de protesta se puede determinar de la siguiente manera:

Partimos de considerar, como venimos marcando a lo largo del trabajo, que la criminalización y judicialización de la protesta es una herramienta más en la configuración del capitalismo en el momento histórico actual. Herramienta definida política y no jurídicamente. Estos procesos de criminalización no son nuevos ni dependen del gobierno de turno, sino que se constituyen, históricamente, en una política de Estado. Sin embargo, en los últimos años ambos procesos se han complejizado, por el mismo recrudecimiento de la crisis económica y el aumento de la protesta social; avanzando o renaciendo la búsqueda de "legalización" de las formas represivas y agravándose las imputaciones que recaen sobre los manifestantes y protagonistas de las protestas. Si al inicio de las protestas masivas las imputaciones resultaban ser por delitos menores, de los llamados correccionales (atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción del tránsito o similares), con el transcurso de los años estas fueron alcanzando mayor gravedad. En la actualidad, la mayoría de los casos se les imputan a los detenidos delitos criminales no excarcelables, como coacción agravada, privación ilegítima de la libertad, sedición y similares, apuntando a transformar la detención en prisión preventiva (^{Musolino, 2010}).

Derechos afectados a los miembros de la fuerza pública en los contextos de las protestas

En casos extremos, los disturbios internos y otras situaciones de violencia interna pueden dar lugar a situaciones que representan una amenaza a la vida de la nación e incitan al gobierno a proclamar el estado de excepción.

CICR (2015)

En el caso en concreto, en Colombia se puede hacer énfasis en los miembros del Esmad y la Policía Nacional, mismos que fueron víctimas de las protestas que tuvieron lugar en el lapso de 2020 y 2021; independientemente de cuál sea su función, son parte de la sociedad y, por lo tanto, se les debe dar un trato digno y equitativo, es decir que a causa de que sean servidores públicos no se les debe deshumanizar, puesto que si esto ocurre se incurrirá en una doble moral, en la que se le estaría dando más prevalencia a un civil que tiene las mismas calidades de persona y, por ende, derechos que el funcionario público. La doble moral en una sociedad es muy peligrosa y, sin embargo, es alimentada por los medios de comunicación amarillistas, que brindan desinformación a la población con el propósito de sembrar odio hacia personas que solo cumplen con su deber.

El deber ser sería que "las medidas de mantenimiento del orden adoptadas en tales situaciones pueden tener graves consecuencias. Las formas de acción lícitas, no arbitrarias y con objetivos precisos, dirigidas a los iniciadores y los autores, pueden ayudar a restablecer el control y a normalizar una situación" (CICR, 2015).

Contrario a lo anterior, el uso de la fuerza y la violencia en las manifestaciones provoca daños colaterales, además del impacto físico no solo en los manifestantes, sino también en los representantes de la fuerza pública. Hay que aclarar que, pese a que no se encuentran dentro de la proporcionalidad en el ámbito de elementos de protección, los derechos de las dos caras de la protesta se ven afectados, principalmente el de la vida, la integridad física y la libertad; si bien no se cuenta con los mismos medios de defensa, no es una justificación para que exista la vulneración de derechos de manera recíproca.

Contextualización de la perspectiva maquiavélica

Para analizar la perspectiva maquiavélica de los mecanismos aplicados por los Estados a los manifestantes, es necesario destacar el libro de Nicolás Maquiavelo, El príncipe, debido a que es reconocido como una obra muy influyente, siendo un referente esencial para el funcionamiento de la sociedad, su organización política, la consecución y mantenimiento del poder.

Con base en lo anterior, Maquiavelo menciona en su texto cómo controlar y prevenir la rebelión popular, puesto que el entorno en el que se desarrolla la obra es de carácter bélico, contexto que ha quedado obsoleto en esta nueva era, debido a que actualmente se le da gran relevancia a los principios constitucionales que estructuran las diversas disposiciones que salvaguardan derechos fundamentales con el objeto de evitar la violencia.

Ahora bien, es evidente que el pueblo al tener la soberanía se encuentra facultado para determinar a quién se le otorga el poder por medio de mecanismos democráticos; por ello, Maquiavelo aconseja que aquel que anhele estar en el poder no debe ser odiado y aborrecido por la comunidad. De acuerdo con la obra, los preceptos infundidos por el diplomático florentino estarían desenfocados con respecto a la estructura social actual, puesto que se le da primacía a los derechos fundamentales, mismos que se encuentran respaldados por el bloque de constitucionalidad, sin embargo, la existencia de una estructura normativa no es un eximente para que no ocurran vulneraciones a los derechos que se salvaguardan como en el caso de Colombia y Chile.

Así, Maquiavelo reconoce que el poder recae en el príncipe, pero, contextualizando los ordenamientos jurídicos, se entiende que el poder recae en el pueblo, ya que es él quien deposita dicho poder en sus dirigentes; cuando se defrauda al pueblo y se traiciona la confianza que se depositó para asumir el poder cedido, el pueblo se subleva para tratar de recuperar dicho poder, sin embargo, como mencionaba el autor, el príncipe siempre está apoyado por un poder militar, materializándose el uso de la fuerza, y es así como respalda el poder político, ya que es la expresión de la máxima concentración de los poderes, y se ve cómo se desequilibran las cargas a la hora de un enfrentamiento entre el pueblo y sus dirigentes, como se ha visto en Colombia y Chile, los cuales han implementado la fuerza pública para reprimir las protestas, dejando ver que las fuerzas militares siempre respaldan los intereses de los Estados.

En concordancia con esto, se puede evidenciar que los Estados en mención han implementado lo que se define en El príncipe como el uso de la fuerza, en el que el gobernante debe determinar cuándo es necesario el uso de la fuerza armada con el fin de conseguir ventajas; en el caso en concreto, busca dirimir los conflictos que se presentan en las protestas.

Cuando la gente despierta y empieza a ver el manejo que le están dando a sus recursos, cómo sus futuros se tornan oscuros y los de sus hijos casi imposibles, empiezan a exigir respuestas, respuestas que hace años nadie exigía (tal vez por eso nunca se obtenían) y es entonces cuando el gobierno, como lo dijo nuestro querido autor, tiembla. Tiembla porque el pueblo no lo quiere, porque pierde poder político y sabe que las victorias en un futuro se ven sumidas a esperanzas que, por ahora, estarán difíciles de cumplir (^{Barrios, 2019}).

Es así como los Estados, en respuesta al miedo que le tienen al pueblo molesto y organizado, reaccionan con violencia, sin ceder a ninguna de las solicitudes hechas por el pueblo soberano y en el que realmente recae el poder, es por ello que la protesta es la última vía para retomar el poder que fue traicionado.

Pensamiento maquiavélico relacionado con la realidad respecto a la implementación de mecanismos por parte de los gobiernos

Por muchos años, los gobiernos colombiano y chileno han sido gobernados por las dos formas que se nos señala en el capítulo I de El príncipe: la primera son las armas y la segunda, es la suerte o virtud. Cabe resaltar que en el libro se habla de principados, pero en este caso se mencionará como el poder, mismo que evidentemente ha permanecido en las familias más ricas e influyentes del país. El poder normalmente puede ser total o parcial, es decir, de manera completa, lo maneja solo una familia; y parcialmente, lo administra alguien ajeno a la familia; un claro ejemplo de esto se evidencia en las elecciones presidenciales, no es un secreto que los más ricos buscan colocar a alguien en el poder con el fin de buscar un bien propio y no un bien común.

Lamentablemente, enfatizando en el gobierno colombiano, este ha sido un pueblo fácil de conservar respecto al poder hereditario, porque al estar habituados a los mismos entes políticos siempre se les dará las facultades a las mismas personas para gobernar, puesto que ya se encuentran acostumbrados a un orden que ha sido impuesto por los antecesores, ciegamente han vivido en una disimulada monarquía, ya que las prácticas maquiavélicas se ven aplicadas en todo el ser político, dado que siempre se busca el más mínimo error en el contrincante para eliminarlo y así poder conseguir o preservar el valioso poder. Es claro que es un pueblo que olvida, como ya ha sido señalado por el autor al afirmar que los gobiernos antiguos y continuos borran los recuerdos, condenándolos a repetir su historia.

Ahora bien, durante el período electoral, algunos votantes tienen la esperanza de un cambio que beneficie a sus países, sin embargo, es una fantasía, porque, como anteriormente se mencionó, el poder solo estará plasmado en un número de personas determinadas por la misma conexión del imperio, impidiendo que se dé una nueva era política, y, en consecuencia, surgen diversas inconformidades que se materializan en las manifestaciones, las cuales son las armas del pueblo contra el Estado. Por ello, estos Estados se ven en la necesidad de tomar la violencia con el fin de conquistar y dominar a un pueblo rebelde. No obstante, hay algo que los gobernantes de estos países aún no tienen claro, es que el pueblo es la clave para ingresar al poder y es por esto que no se debe ejecutar medidas fuertes contra los derechos fundamentales de los individuos, pues ellos son los que entregan la soberanía.

Respecto a esto se evidencia que la fuerza pública en estos dos gobiernos es uno de los principales organismos que violentan los derechos de los ciudadanos, puesto que para el Estado es más importante ser temido que amado, siendo este uno de los principales consejos dados por Maquiavelo para gobernar con éxito; sin embargo, resulta ser algo desproporcionado teniendo en cuenta el contexto de las protestas en nuestro país, debido a que los manifestantes y las instituciones que componen la fuerza pública no cuentan con las mismas armas al momento de ejercer la defensa.

Desde la época de San Agustín el debate sobre la naturalidad y legitimidad de la guerra se encontraba bastante difundido, por lo que Maquiavelo incursiona aquí en un campo abundantemente sembrado. Sin embargo, no asume la discusión sobre este tema desde la perspectiva teológica, sino que encamina su reflexión por otro rumbo, pues no discute los reclamos de derecho o justicia en torno a la guerra; para él, la potencia y la fuerza están por encima del derecho y la justicia (García, 2015).

El temor más grande para un gobierno es un pueblo rebelde, dado que es capaz de expresar dichas inconformidades que tiene con la administración del poder que él concede buscando garantizar así sus derechos fundamentales y humanos. Por esto, se establece que el derecho debe ir en congruencia con el poder y la política, pero hay que tener en cuenta que el poder puede ser derivado de dos diversas formas, que son el poder legal y el poder arbitrario o ilegal. El primero corresponde a señalar los medios legales en la cual una autoridad o un ciudadano puede llevar a evitar la violencia, tumultos y sublevaciones ejerciendo fuerza sobre ellas; y la segunda forma se puede considerar como todo aquel órgano que carece de medios para responsabilizar.

"Sin embargo, el poder ilegal no siempre es susceptible de castigo, esto ocurre cuando la corrupción está inmersa en las acciones de los miembros del Estado generadas por la ineficacia e insuficiencias del sistema jurídico capaz de regular dichas acciones" (^{Esquivel, 1974}).

Ahora bien, Colombia y Chile son países totalmente inmersos en la corrupción, lo que evidencia la desigualdad que enfrenta la población frente a los individuos con poder y dinero que buscan un bien individual dejando de lado el bien común; es por esto que se generan las manifestaciones, debido a que en la búsqueda de estos beneficios individuales se vulneran los derechos de las mayorías. Los mecanismos violentos que son implementados por el Estado para dirimir y suprimir las manifestaciones son la materialización del uso de la fuerza a la que nos expone Maquiavelo en su obra principal El príncipe, misma que es un manual inmerso en consejos que tienen como propósito la obtención del poder pasando por encima de los derechos del pueblo.

Por esto, los gobiernos objetos de estudio aplican los supuestos establecidos por Maquiavelo, debido a que los principales aspectos que son característicos del pensamiento de este autor son plenamente aplicables a la estructura del poder de estos Estados, generando así una administración llena de violencia y muerte, enfocándose en el uso de la fuerza.

"Maquiavelo considera la política como un asunto de fuerza, como un combate continuo, que no es un fin sino un medio para conquistar el poder y mantenerlo. Partiendo de esta idea, el instrumento más fuerte de un Estado es su ley de armas, es decir, en la posesión de un ejército lo suficientemente fuerte" (Maquiavelo El Hombre, 2011).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar en el caso de Colombia cómo se deja de lado el bloque de constitucionalidad en el que se salvaguardan los derechos fundamentales, mismos que resultan ser vitales en su Carta Política, atentando de esta manera contra el núcleo de la sociedad, que es la dignidad humana; y con respecto a Chile, los tratados internacionales que han ratificado como objeto la protección de los derechos humanos, que son cruciales en esta población.

En Maquiavelo hay una prioridad de la libertad del Estado sobre la libertad del individuo; este se diluye en aquel: "El individuo estaba siempre absorbido en el ser colectivo. Y cuando este ser colectivo era absorbido a su vez en la voluntad de uno solo o de unos pocos, había servidumbre". Por lo tanto, la libertad de los ciudadanos, para Maquiavelo, es "la participación más o menos larga de los ciudadanos en la cosa pública", pero se trata de una libertad que no tiene en cuenta "los derechos del hombre" (^{Silva, 2018}, p. 39).

Para Maquiavelo, las acciones del príncipe no es que no pudieran ser catalogadas como "buenas" o "malas", sino que para efectos de su teoría política, ello no interesaba pues los crímenes del político no son en este contexto censurables, como sí lo son sus "errores" en el objetivo de mantener y acrecentar el poder: "C'est plus qu'un crime, c'est une faute", para ponerlo en palabras de Talleyrand. Antes que la obra de un propagandista político, El príncipe fue el resultado de la férrea voluntad de un científico para observar la lucha por el poder como una partida de ajedrez, donde lo importante es entender en toda su dimensión las reglas del juego sin entrar a criticarlas o pretender cambiarlas (Flórez, 2012, p. 3).

De esta manera, y en relación con la temática en desarrollo, es relevante aclarar que intentar ocultar u omitir las protestas que se evidencian en estos gobiernos, las cuales persiguen alcanzar beneficios y avances positivos de índole colectivo, detonaría que se lleve a instaurar aspectos negativos en el futuro, entre ellos una mayor violencia, puesto que con lo anteriormente mencionado por Maquiavelo la solución es brindar cierta libertad al individuo, la cual debe ceñirse a la libertad del gobierno y dejar de esta manera que participe en la cosa pública, siempre y cuando dé cumplimiento a las reglas establecidas por quien tiene el poder.

Las formas de protesta hacen valer que el conflicto social es irreductible; disuadirles y neutralizarlas sólo trae consigo más violencia, ya sea por la violencia estatal que se tiene que desplegar al reprimirlas y perseguirlas, ya sea por las formas de reactividad y paranoia que esta represión puede desencadenar en quienes protestan. Más aún, un régimen que impide el disenso, este es punto central de Arendt, no puede esperar el asentimiento de sus ciudadanos, ni que éstos lo respalden afirmativamente, sino que tendrá que apelar cada vez más al miedo y a formas de violencia, para contrarrestar su impotencia. Pero por esta vía este régimen, como ya lo advertía Maquiavelo, no hace sin sembrar, poco a poco, su autodestrucción (^{Quintana, 2019}, p. 4).

De este modo, al comparar lo escrito en el libro El príncipe, se puede evidenciar que existe una gran diferencia entre los valores conocidos como políticos y los denominados valores éticos (aquellos que fundan los principios que deben garantizarse a los ciudadanos de los gobiernos en estudio), debido a que los valores políticos conllevan en sí maldad humana que impide el desarrollo de los valores éticos en la sociedad, puesto que ello generaría que los pocos que tienen el poder lo pierdan, resaltando que esta clase de gobernante tiene como única finalidad conservar y aumentar su poder, mas no contribuir al enriquecimiento de la sociedad, lo cual brindaría como consecuencia el fortalecimiento del país y, por ende, de todos los aspectos relacionados con su próspero desarrollo.

Y no se crea que el pensamiento de Maquiavelo se muestre reticente a dispensar a una dama de tan alta alcurnia política, sin la cual se subentiende nuestra dignidad de seres humanos, los honores que merece. Si bien la gran mayoría de los elementos reunidos para configurar la herencia maquiaveliana a nuestro mundo hayan sido extraídos de la cantera de El príncipe, en los discursos Maquiavelo demuestra cuánto sabe de la libertad, siendo el primer teórico -antecedente del gran Tocqueville y de sus precursores americanos recién citados- en pensar el orden político no mediante la armonía sino mediante el conflicto. Él fue, así, el primero en revelar el secreto del pluralismo, sin el cual la democracia no sabría ser ni nosotros pensarla, y el primero -aunque en un modo hoy también insuficiente- en celebrar el conflicto como algo positivamente inmanente a la condición humana y en aspirar la flor de libertad que aquél destilaba (^{Andújar, 2013}, p. 29).