Introducción

El presente artículo busca abordar la equidad de género abriendo una discusión alrededor de los derechos menstruales. Se inicia con la definición del concepto de la menstruación como un proceso biológico, teniendo en cuenta los parámetros diseñados por organizaciones no gubernamentales, además de las dinámicas que giran en torno a la menstruación y su relación con el ejercicio de los derechos humanos. Esta primera parte concluye con la construcción del concepto de derecho menstrual a partir de investigaciones y trabajos académicos sobre el tema.

Luego, se estudian los derechos menstruales desde la perspectiva del derecho comparado y, para aterrizar el término al ordenamiento jurídico colombiano, se hace una revisión jurisprudencial referente a cómo ha abordado el órgano constitucional la tríada entre menstruación, derechos e higiene. Por último, se plantea un cambio en la lógica de la Corte para estudiar la menstruación con una perspectiva netamente de derechos y no de higiene, por lo que se propone el análisis de los derechos menstruales como un derecho fundamental en Colombia que se encuentra dentro de la categoría de derechos sexuales y reproductivos.

Definición del concepto de la menstruación según los parámetros diseñados por organizaciones no gubernamentales

Una organización no gubernamental (ONG) es definida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como aquella "organización voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o internacional" (^{Pérez et al., 2011}). Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) añade que este tipo de organismos cuenta con un "propósito filantrópico" (^{Pérez et al., 2011}) y con diversos fines, por lo que, en el caso en concreto, nos enfocaremos en aquellas que promueven la protección de los derechos humanos.

Es importante aclarar que las organizaciones citadas en el presente escrito, las cuales funcionaron como fuente para dilucidar el concepto de derecho menstrual, no pueden generalizarse como organizaciones internacionales. Para el autor Wolf-Dieter Eberwein, "todas las organizaciones internacionales surgen de un acuerdo de voluntades, de una decisión común entre sus miembros fundadores, que trasciende los límites de los derechos y obligaciones por ellos reconocidos como mutuamente vinculantes. [...]".

Teniendo presente esto, es pertinente a su vez precisar lo que entiende la teoría internacional por ONG, pues aquella concepción es la adoptada en el presente trabajo, incluyendo la condición de soft law. Según la ACNUR, se entiende por ONG "las organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, regiones o países".

La importancia de diferenciar estos dos tipos de organizaciones recae en la funcionalidad que prestan frente a la conceptualización de derechos menstruales, pues, como se podrá evidenciar, este concepto no ha sido creado por instituciones jurídicas de carácter nacional o internacional. No obstante, los derechos que abarca sí han sido protegidos y reconocidos a diferentes grupos de personas menstruantes. Es por ello que las iniciativas y decisiones tomadas alrededor de la protección de las distintas vertientes que conforman los derechos menstruales permiten comprender y concretar el grupo de derechos del que deberían gozar todas las personas menstruantes.

A continuación, se hace un breve recuento de los diversos abordajes que algunas ONG y organizaciones internacionales han efectuado respecto a los derechos que las personas menstruantes tienen al sobrellevar su menstruación. De esta manera, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la menstruación es un proceso biológico mediante el cual "el útero desprende sangre y tejido a través de la vagina" (FPNU, 2022), además de ser parte del "ciclo menstrual, un ciclo de cambios biológicos que tienen lugar en el sistema reproductivo de una mujer o de una niña para preparar su cuerpo para un posible embarazo" (FPNU, 2022).

Esta definición es respaldada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) en cuanto conceptualiza la menstruación como un "proceso natural de liberación de sangre, que se asocia con la materia del útero a través de la vagina como parte del ciclo menstrual" (FPNU, 2022). La menstruación es definida y tratada como un proceso meramente biológico en el que la persona que menstrua sobrelleva un desprendimiento de sangre a través de su vagina.

Desde un punto de vista especializado, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (^{Kihara, 2019}) considera que la menstruación va más allá del panorama biológico e higiénico, en su lugar propone examinarlo desde el lente de la salud, debido a que permite inmiscuirse en el plan de vida de las personas menstruantes y no exclusivamente en el estudio de sus cuerpos al momento de menstruar. De esta forma, se ha entendido que todo aquello en el entorno de la menstruación es propiamente biológico, cuyo abordaje puede ser realizado desde la óptica de la salud de las personas menstruantes, en conjunto con la perspectiva higiénica.

Cabe resaltar que la visión tradicional de la menstruación se amplía a partir de las experiencias y enseñanzas a las personas menstruantes. Lo anterior determina si es una herramienta poderosa para "empoderar a mujeres y niñas, disipar mitos, cambiar prácticas y eliminar restricciones" (^{Patkar et al., 2016}), en especial en aquellos lugares del mundo en donde aún existe el reto de desmentir los mitos que giran en torno a la menstruación. O, al contrario, un instrumento para limitar y arriesgar la vida de las personas menstruantes.

Construcción del concepto de derecho menstrual

Derechos menstruales en el derecho comparado

A nivel internacional, a pesar de que existen diversos tratados y convenios que tienen por objetivo la promoción de la equidad de género, la no discriminación, la protección de los derechos humanos, entre otros, en el panorama actual aún no sé avizora un debate relacionado con los derechos menstruales o todos aquellos derechos que intervienen simultáneamente cuando se menstrua. Incluso, es posible afirmar que, al momento de esta investigación, es limitada la información respecto a los factores que conllevan el vivir el ciclo de la menstruación con dignidad. Aun así, aquello no ha detenido a los órganos administradores de justicia en distintos países a pronunciarse sobre estos y a puntualizar las circunstancias de desigualdad que usualmente las personas menstruantes afrontan.

El primer caso de estudio a nivel internacional es High Court of Jammu and Kashmir at Jammu versus Government of India and others, el cual se sitúa en la India, el 8 de diciembre de 2020. En este pronunciamiento se puede analizar el informe entregado por el gobierno de la India frente a los derechos menstruales de las niñas y adolescentes en condición de pobreza (Jammu & Kashmir High Court, 2020). En esta ocasión la Corte solicitó de oficio conocer las actuaciones realizadas para mitigar la discriminación y la vulneración de los derechos a las mujeres, adolescentes y niñas que atraviesan su período menstrual en contextos en los que enfrentan prejuicios relacionados con este tema, sin instalaciones salubres idóneas y sin los implementos adecuados para vivir la menstruación con dignidad.

A modo de respuesta, el gobierno reconoció la situación de vulnerabilidad que se presenta al menstruar, señalando que "se trata de mujeres adolescentes que no están equipadas y tampoco son educadas por los padres sobre la menstruación y la higiene menstrual. La situación económica desfavorable y el analfabetismo conducen a la prevalencia de prácticas antihigiénicas e insalubres que tienen graves consecuencias para la salud; aumentan la obstinación y conducen al eventual abandono de los estudios" (Jammu & Kashmir High Court, 2020, traducción propia).

Igualmente, explicó los proyectos implementados y su incidencia social, enfatizó la importancia de, primero, crear conciencia sobre la salud menstrual y desmantelar los tabúes que la rodean; segundo, proporcionar instalaciones sanitarias adecuadas y productos sanitarios subsidiados o gratuitos a mujeres y jóvenes estudiantes, especialmente en áreas desfavorecidas; y, tercero, asegurar una forma eficiente e higiénica de eliminar los desechos menstruales (Jammu & Kashmir High Court, 2020).

Este tipo de acciones positivas por parte de los gobiernos permite disminuir la brecha de discriminación que afrontan las personas menstruantes en todas las esferas de su cotidianidad, ya que no se puede obviar la incidencia que el sobrellevar la menstruación significa para una persona, pues es la adaptación de su estilo de vida en función de cumplir con las necesidades que le aqueja su diario vivir. No solo se entiende la menstruación como aquel ciclo biológico, sino como un proceso que requiere de garantías a la educación/trabajo, el acceso a productos menstruales y lugares higiénicos, privacidad y protección, entre otros.

El segundo caso de estudio por exponer evidencia el impacto social del período menstrual a partir de una decisión tomada en Estados Unidos de América, en el año 2017, en el caso Coleman versus Bobby Dodd Inst (^{Karin, 2022}). Aquel fallo planteó cómo la menstruación es un criterio de discriminación que afecta a las personas menstruantes, evidenciando el maltrato que se atraviesa en ámbitos laborales, pues el Instituto Bobby Dodd despidió a la demandante, Alicia Coleman, por haber dañado bienes que eran propiedad de la entidad tras haber manchado de sangre una silla y una alfombra de su lugar de trabajo.

Ante tal vulneración, en este caso se ordenó al instituto reconocer, anticipar y gestionar ambientes adecuados para las personas menstruantes, en los cuales no se promueva ningún tipo de discriminación, en especial por el sexo de una persona, sumado a que tampoco puede significar un retiro injustificado: "Se necesitan cambios estructurales en el lugar de trabajo para reconocer, anticipar y dar cabida a la menstruación, sin perjudicar la equidad o la seguridad económica de las actuales y antiguas menstruantes" (^{Karin, 2022}, traducción propia).

La presente decisión se convirtió en un precedente jurisprudencial para futuros litigios en los que los mismos hechos jurídicamente relevantes devienen en una discriminación a razón de la menstruación, que resulta en un impacto negativo en la economía de las personas menstruantes y conserva la estructura social desigual alrededor del desarrollo personal de las personas que vivencian el ciclo menstrual.

Como se puede evidenciar, con los casos expuestos en jurisdicciones de otros países, la menstruación es un tema relevante cuando se evalúa el goce pleno de los derechos. El reconocimiento de las necesidades básicas para vivir un período digno y la detección de la menstruación como un factor de discriminación permite vislumbrar la carga desigual con las que deben vivir las personas que menstrúan, puesto que están más expuestas a escenarios de vulnerabilidad. Se destaca que los resultados de la búsqueda sobre pronunciamientos respecto al tema son limitados, dado que es un asunto del que relativamente hace poco se empezó a evidenciar su importancia. No obstante, otros fallos americanos relevantes son Sharone Hubert versus Department of Correction, Harper versus Thiokol Chemical Corp., Equal Employment Opportunity Commission versus The Goodyear Tire & Rubber Co., entre otros.

Análisis de los derechos menstruales como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano

Antes de iniciar con el estudio de constitucionalidad, es preciso aclarar que el término 'derechos menstruales' ha sido construido con base en las fuentes mencionadas y en el abordaje dado por múltiples ONG y organizaciones internacionales y nacionales. De esta forma, se entiende por derechos menstruales los derechos que confluyen y debe gozar una persona cuando está sobrellevando su período menstrual. Estos derechos son: derecho a la salud, educación, trabajo, acceso a productos e instalaciones higiénicas, que sean idóneas y privadas.

Dentro de una lógica constitucional, para responder a la pregunta ¿los derechos menstruales pueden ser catalogados como derechos fundamentales?, es necesario recurrir a la Constitución Política colombiana e identificar aquellas garantías que gozan de una protección constitucional. No obstante, tal como lo expuso el doctrinante Robert Alexy en su libro Teoría de los derechos fundamentales, este método supone dos inconvenientes: el primero cuestiona si todo enunciado que se encuentre en la norma fundamental o Constitución Política debe ser entendido como derecho; mientras que el segundo se inmiscuye en la posibilidad de que existan derechos que no estén contemplados en el contenido de la Carta Magna (^{Alexy, 1993}). El escenario en el que se desarrolla la clasificación y análisis de los derechos menstruales es el segundo supuesto, toda vez que se pretende evidenciar que los derechos menstruales son un derecho fundamental que precisa de protección por parte del Estado.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que "la existencia de un derecho fundamental no depende tanto de un reconocimiento expreso por parte de los creadores de la norma constitucional como de una interpretación sistemática y teleológica a partir de la cual se mire el ordenamiento en su conjunto, o la norma de acuerdo con su consagración implícita" (Sentencia T-406/1992). En efecto, debido a que en Colombia los derechos fundamentales no son taxativos, el operador judicial cuenta con la facultad y, a su vez, con el deber de categorizar, a partir de hechos y normas, bajo qué circunstancias se habla de garantías fundamentales.

A este tipo de derechos se les denomina como innominados, pues son "aquellos que no están positivizados, sin embargo, han sido reconocidos como fundamentales, en particular por las jurisdicciones constitucionales o convencionales a través de la interpretación sistemática de principios, valores y derechos reconocidos en las constituciones" (Vallejo, 2021).

Aquel ejercicio no contraría el texto o el propósito de la Constitución, ni los valores contenidos en ella, toda vez que se trata de un ejercicio de análisis jurídico en sentido abstracto y concreto para mantener la integridad de la Constitución. Para ello, se deben tener presente las normas adscritas de derecho fundamental (^{Alexy, 1993}), las cuales son normas que "se encuentran en una conexión que es algo más que casual con el texto de la Constitución. Son necesarias cuando la norma expresada a través del texto de la Constitución debe ser aplicada a casos concretos" (^{Alexy, 1993}).

Es necesaria esta precisión conceptual, pues el objetivo de unas normas es reconocer y el de las otras instruir el cómo se protegen los derechos, así como lo que se tiene por prohibido o lo que se permite hacer (^{Alexy, 1993}). Estas normas indican lo que está ordenando la Constitución para hacer efectiva su aplicación. Así mismo, cabe resaltar que las disposiciones normativas que tienen por objetivo indicar el proceder ante un derecho fundamental no siempre están estatuidas directamente en el texto constitucional, por ello su denominación de adscritas. Lo anterior supone que en muchas ocasiones se precisará la argumentación iusfundamental suficiente para evidenciar aquella conexión (^{Alexy, 1993}). Ejercicio de análisis que usualmente en Colombia es desarrollado por la Corte Constitucional.

A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha realizado este ejercicio con diversos derechos, tales como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Por ende, ha establecido una regla con el objetivo de identificar ante qué escenario es posible hablar de derechos fundamentales y sus normas adscritas. En este sentido, según la jurisprudencia constitucional, se trata de garantías fundamentales cuando hay una relación de conexidad con el derecho a la vida, derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana (Sentencia T-760/2008). De igual forma, se debe contemplar en el panorama el factor histórico de los derechos fundamentales, toda vez que existen

dos implicaciones que se derivan de este postulado: a) no todos los derechos fundamentales lo han sido en todos los tiempos y algunos de ellos bien han podido tener este carácter en forma transitoria y luego perderla, todo ello de acuerdo con la evolución de la sociedad civil, y b) la entidad de fundamental de un derecho se encuentra ligada al estado de la representación colectiva sobre el tema. Vale decir, la visión que la sociedad tiene de dichos derechos (Sentencia T-406/1992).

En este sentido, se debe establecer que un derecho fundamental y las normas que ordenan su cumplimiento existen según las necesidades de los integrantes de la sociedad. Así mismo, la categoría de derecho fundamental se adquiere cuando el ejercicio de este contempla la vida, integridad personal y dignidad de la persona.

Los jueces constitucionales son los sujetos encargados de proteger las disposiciones constitucionales, así como los derechos inherentes de las personas. En virtud del cambio de paradigma otorgado por la Constitución de 1991, se posiciona al ser humano como centro de todos los esfuerzos de la institucionalidad, aquello involucra que la dignidad humana funja de inspiración para el actuar del Estado (Sentencia T-406/1992). Se incluye dentro de aquellas acciones afirmativas la búsqueda de equidad por el valor intrínseco que cada persona posee. "La integridad humana constituye razón de ser, principio y fin de Estado" (Sentencia T-406/1992).

El ostentar de una vida íntegra presupone el desarrollo personal y social, lo cual también deriva en poseer integridad física, psíquica y espiritual, es decir, las condiciones mínimas materiales para la existencia digna (^{Beloff & Clérico, 2016}).

Según el artículo 5° de la Constitución Política de Colombia, el Estado y sus instituciones reconocen la prevalencia de los derechos inalienables de la persona. A su vez, la institucionalidad está construida para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades (Constitución Política, 1991). Teniendo presente lo anterior, hay derechos que son inherentes al ser humano, pues se poseen desde el momento en que inicia su existencia, lo que presupone que la garantía de estos no está sujeta a la taxatividad.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dispuesto que la fundamentalidad de un derecho debe abarcar las condiciones particulares del caso y no solo su naturaleza, por ello la vida, la dignidad, la intimidad y la libertad se catalogan como derechos fundamentales. En el caso de los derechos menstruales, aunque la incidencia caso a caso respecto a la dignidad es estrecha, la conexión con los derechos fundamentales es el resultado de la aplicación expresa del texto constitucional. Ello permite entender que los derechos menstruales son inherentes a las personas que menstrúan y son protegidos por su conexidad con la dignidad, eje central de la actuación del Estado por su inalienabilidad con el ser humano.

La menstruación no es una condición biológica que se pueda elegir sobrellevar, es inherente a las personas en el momento en el que nacen y se desarrollan. Por ello, el Estado social de derecho requiere de la planeación y construcción de las condiciones obligatorias para garantizar una vida digna de las personas menstruantes teniendo presente sus posibilidades económicas (Sentencia T-406/1992). La conexidad mencionada con la dignidad humana es intangible, es decir, el no poder transgredirla está justificado en que el derecho no requiere reconocimiento del Estado, por lo que se imposibilita la limitación por este.

En relación con la menstruación, se propone un cambio de perspectiva en la lógica que ha sido adoptada por el tribunal constitucional, pues su visión en un principio se enfocó en la higiene menstrual, y posteriormente consolidó su línea jurisprudencial a través de la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos (Sentencia T-398/2019). Sin embargo, el razonamiento utilizado en dicha oportunidad sigue siendo limitado, ya que continúa concentrándose: i) en la higiene, resaltando que las mujeres pueden manejar su propio ciclo menstrual; y ii) en el análisis de la segregación de la mujer frente al proceso biológico de la menstruación, como un factor histórico digno de la protección del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.

Por ende, de acuerdo con los criterios fijados por el alto tribunal, es posible elevar a la categoría de fundamental la menstruación, para así iniciar a discutir desde el concepto de derechos menstruales y no simplemente a partir de un proceso natural al que las personas menstruantes se enfrentan. En efecto, los derechos menstruales son fundamentales en cuanto cumplen con uno de los requisitos más importantes dentro del Estado social de derecho, es decir, tener una estrecha relación con la dignidad humana, la vida y la integridad personal.

Como ejemplo están las sentencias analizadas en el título 2 del capítulo III, en cuanto estos fallos evidencian la necesidad de que el Estado despliegue una serie de acciones afirmativas para que un grupo determinado -todas las personas menstruantes- pueda vivir en condiciones dignas su período de menstruación. Ello teniendo en cuenta una perspectiva interseccional, social y económica, ya que no todas las personas se encuentran en el mismo escenario de igualdad de oportunidades -igualdad material y no meramente formal- cuando se trata del ejercicio de este derecho. Al contrario, el factor económico afecta el goce a una vida digna cuando no se puede acceder a productos menstruales, a información, entre otros.

Por lo anterior, en el marco judicial constitucional, es posible que la Corte Constitucional, eventualmente, garantice y otorgue protección a este derecho a través de la acción de tutela, dando prevalencia a la dignidad de las personas, pues se trata de una dignidad bidimensional debido a que ostenta una dimensión normativa, en la que se refiere el conjunto de derechos que comprende la dignidad (vivir sin humillaciones, gozar de condiciones materiales de existencia y autodeterminación), y una dimensión funcional, siendo la dignidad un principio rector, un 'deber ser' (principio fundante, constitucional y derecho fundamental autónomo). Las personas menstruantes tienen frente al Estado el derecho a que se les permita vivir una menstruación digna, según su proyecto de vida.

De igual forma, cabe puntualizar que los derechos menstruales no son derechos que carecen de contenido o son ambiguos, al ser derechos que suponen acciones positivas. Conforme con lo dispuesto por ^{Alexy (2013)}, un derecho fundamental necesita cumplir una estructura de la cual se pueda rezar quién es el titular de derecho, el destinatario de este y el objeto del derecho (2013). En su libro se determina que el derecho a algo debe ser siempre una acción que le corresponde realizar al destinatario (^{Alexy, 2013}).

Aquella modalidad es indispensable, ya que "si el objeto no fuera ninguna acción del destinatario no tendría sentido incluir al destinatario en la relación" (^{Alexy, 2013}). Si aquel análisis se hiciera a la luz de los derechos menstruales, se concluiría que las personas menstruantes tienen, frente al Estado, el derecho a vivir una menstruación digna, lo cual se compone de: i) disponer de agua limpia y suficiente; ii) productos sanitarios según el proyecto de vida; iii) educación respecto al ciclo menstrual y lo que conlleva vivirlo no solo para las personas que menstrúan, sino para todos y todas, con objetivo de eliminar los tabúes y el estigma; iv) instalaciones en las que se goce de privacidad y contenedores para disponer de los productos utilizados.

En consonancia con lo mencionado, en la Sentencia T-398 de 2019 la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la obligación que en efecto tiene el Estado colombiano respecto a los derechos que implican el menstruar, de manera que los incluye dentro de la categoría de derechos sexuales y reproductivos. Al respecto determinó que "toda persona tiene derecho a decidir libremente sobre su sexualidad y su reproducción" (Sentencia T-398/2019), e identificó los tres grupos cuya protección se debe garantizar (situación de discapacidad, género y condiciones socioeconómicas).

Según la Corte, esta protección significa la toma de medidas afirmativas, con una compensación por la desigualdad infringida. De esta forma, la Corte estableció:

El derecho a acceder a servicios de salud sexual comprende las siguientes garantías : a) información y educación oportuna, veraz, completa y libre de prejuicios sobre todos los aspectos de la sexualidad; b) el acceso a servicios de salud sexual que permitan atender y prevenir las infecciones, dolencias y enfermedades que afecten el servicio de la sexualidad; y c) educación e información sobre toda gama de métodos anticonceptivos y acceso a los mismos en condiciones de calidad y la posibilidad de elegir aquél de su preferencia (Sentencia T-398/2019).

La Corte, a pesar de reconocer la esencia y necesidad de los derechos menstruales, les da un manejo netamente de higiene menstrual, desde una óptica de salud sexual y reproductiva, lo cual limita el accionar respecto a la protección de estos derechos, pues implica que solo es "el derecho de toda mujer a usar adecuadamente el material para absorber o recoger la sangre menstrual" (Sentencia T-398/2019), aislando las demás circunstancias a las que las personas menstruantes se enfrentan y que tienen comprometidos sus derechos al sobrellevar la menstruación. La intervención de la Corte ilustra el camino que pueden tomar los órganos estatales para garantizar los derechos menstruales, no obstante, se cohíbe de abordar en su totalidad la multiplicidad de derechos que se ven implicados en el período de menstruación.

Conclusiones

Los derechos menstruales se categorizan como fundamentales debido a su conexión intrínseca al ejercicio de la dignidad humana, vida e integridad personal de quienes menstrúan, ya que se trata de un proceso natural. La esfera de este derecho abarca el acceso a productos menstruales, la educación menstrual, la posibilidad de llevar una higiene menstrual limpia y libre de estigmatización, entre otros.

De acuerdo con lo expuesto, tanto por la Corte Constitucional como por las ONG citadas en los apartados anteriores, se entienden como derechos menstruales el conjunto de derechos vinculados inescindiblemente a la dignidad de toda persona menstruante, toda vez que la menstruación determina el estilo de vida a cierto grado.

Este conjunto de derechos está compuesto por:

Es importante a su vez mencionar que la discriminación a la que están sujetas las personas que menstrúan es generada debido al hecho de sobrellevar la menstruación; aquella vulneración no se limita a un aspecto de género, ya que las personas menstruantes incluyen personas no binarias, hombres trans y mujeres/niñas.

Al ser el ciclo de la menstruación un proceso que compromete múltiples derechos que inciden directamente en la cotidianidad de las personas que lo vivencian, se puede afirmar que, según las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana, su conexión inescindible con la dignidad humana, la vida digna y la integridad personal les permite cumplir con los requisitos de conexidad necesarios para ser tutelados al ser fundamentales para la existencia de la persona menstruante. De esta forma, se afirma que los derechos menstruales son derechos fundamentales, clasificados como derechos sexuales y reproductivos, que precisan de una tutela y su garantía, evitando la permisividad de actitudes discriminatorias y violentas contra el ciclo menstrual.