El régimen híbrido de Hugo Chávez en transición (2009-2013)^*

The hybrid regime of Hugo Chavez in transition (2009-2013)

O regime híbrido de Hugo Chávez em transição (2009-2013)

Javier Corrales^**
Manuel Hidalgo^***

^* El aporte de Manuel Hidalgo se inscribe en el proyecto de investigación CSO2012-35852 del Plan Nacional de I+D (España), Clases medias emergentes y nuevas demandas políticas en América Latina.
^** Ph.D. en Gobierno de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Profesor del Departamento de Ciencia Política, Amherst College, Massachusetts, Estados Unidos. Correo electrónico: jcorrales@amherst.edu
^*** Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, España. Correo electrónico: manuel.hidalgo@uc3m.es

Artículo recibido: 13 de mayo de 2013 Artículo aprobado: 7 de junio de 2013

Resumen

Existe un debate entre los estudiosos sobre la naturaleza del régimen político en Venezuela a partir del acceso de Hugo Chávez al poder en 1999. No obstante las divergencias en los enfoques, en los últimos años han ganado preponderancia los análisis que destacan su carácter híbrido, poniéndose énfasis en los aspectos democráticos o autoritarios. Este trabajo, partiendo de una conceptualización del régimen venezolano como híbrido, en particular en su vertiente competitiva autoritaria, pretende: 1. Mostrar cómo las reglas y prácticas autocráticas han ganado más espacio durante el periodo 2009-2013. 2. Explicar la caída del apoyo popular al régimen y el avance electoral de la oposición. 3. Discutir las consecuencias que tiene la desaparición del líder fundador del chavismo para el futuro del régimen y la continuidad del movimiento chavista.

Palabras clave: democracia, régimen híbrido, autoritarismo electoral, Chávez, chavismo, MUD.

Abstract

Scholars disagree about the nature of the political regime that Hugo Chávez established in Venezuela after he came to power in 1999. But in the last few years, despite existing disagreements, it has become more common to see the regime as a hybrid, meaning that it combines elements of democracy and autocracy, with separate authors placing different emphases on either of these two aspects. In this paper, we update our view on the nature of the regime. We continue to view the regime as a hybrid, but one that has become more competitive-authoritarian. Our paper: 1. shows that autocratic rules andpracticeshave becomemore salientinthe 2009-2013 period. 2. explains why popular support for the regime has declined, while it has improved for the opposition. 3. discusses how Chávez's death will affect the future of the regime and the continuity of his movement.

Keywords: democracy, hybrid regime, electoral authoritarianism, Chávez, chavismo, MUD.

Resumo

Existe um debate entre os estudiosos sobre a natureza do regime político na Venezuela a partir do acesso de Hugo Chávez ao poder no ano 1999. Apesar das divergências nos enfoques, nos últimos anos têm ganhado preponderância as análises que destacam seu caráter híbrido, pondo-se ênfase nos aspectos democráticos ou autoritários. Este trabalho, partindo de uma conceituação do regime venezuelano como híbrido, particularmente em sua vertente competitiva autoritária, pretende: 1. Mostrar como as regras e práticas autocráticas têm ganhado maior espaço durante o período 2009-2013. 2. Explicar a caída de apoio popular ao regime e o avance eleitoral da oposição. 3. Discutir as consequências que tem a desaparição do líder fundador do Chavismo para o futuro do regime e a continuidade do movimento "chavista".

Palavras-chave: democracia, regime híbrido, autoritarismo eleitoral, Chávez, Chavismo, MUD.

Introducción

Para entender la evolución del régimen político venezolano en los últimos años, nos resulta fructífero analizarlo a partir de su carácter autoritario-electoral; esto es, que Venezuela habría dejado de ser una democracia —imperfecta pero competitiva y libre— para convertirse en un régimen híbrido (Hidalgo, 2009; Corrales & Penfold, 2011) más próximo, desde luego, a un autoritarismo competitivo que al subtipo hegemónico (Diamond, 2002).

Nuestro propósito fundamental en este trabajo es demostrar cómo ese régimen híbrido ha seguido transformándose desde el 2009. Para tal fin, señalamos tres cambios fundamentales. Primero, las reglas y las prácticas autocráticas han cobrado mayor peso, segundo, el apoyo popular del régimen —que llegó a ser muy alto— ha disminuido, a la vez que la fuerza electoral de la oposición ha aumentado; tercero, la desaparición del líder fundador del régimen ha dejado a sus herederos políticos casi a la deriva, y así ha puesto en duda el futuro del régimen. En este trabajo nos proponemos demostrar el primer punto, explicar por qué ocurre el segundo y discutir las consecuencias del tercero.

Comenzamos entonces con una revisión de la literatura acerca del régimen, con lo cual resaltaremos que hay una enorme divergencia de interpretaciones, pero que en los últimos años hay mayor consenso de que se ha establecido un régimen híbrido. Luego hacemos un repaso del modo como los regímenes híbridos se están estudiando en ciencia política. Seguidamente, presentamos un recuento del surgimiento del régimen híbrido y su radicalización en los últimos años. Por último, terminamos con un análisis de las elecciones de 2013, en las que el chavismo perdió terreno y la oposición obtuvo su mejor resultado. En las conclusiones especulamos sobre el futuro a corto plazo del chavismo.

El estudio del régimen de Hugo Chávez

No existe consenso entre los estudiosos respecto a la naturaleza del régimen de Hugo Chávez Frías (1999-2013). En sus primeros años, algunos autores subrayaron los intentos de la nueva élite política por implantar una democracia más "participativa" y por lo tanto más "real" (Ellner & Hellinger, 2003). Otros, por el contrario, lo abordaron desde la perspectiva del liderazgo presidencial, destacando los rasgos mesiánicos, revolucionarios y plebiscitarios del nuevo régimen (Ramos Jiménez, 2002). También algunos investigadores invocaron la conocida tesis de O'Donnell sobre la delegación de poderes en el Presidente —democracia delegativa— (Álvarez, 2000), y se remarcaron en ciertos casos los riesgos que suponía para el sistema democrático la eliminación sistemática de los frenos y contrapesos sobre el presidente (Coppedge, 2002). Asimismo, no faltaron analistas que examinaron el régimen desde la teoría del populismo, destacando el impacto de los liderazgos transformadores-ideológicos (Hidalgo, 2002) o el ejercicio autoritario del poder acentuando el efecto del contexto histórico y cultural en el que se gestó el chavismo (Arenas & Gómez Calcaño, 2006). Finalmente, otros autores destacaron la mezcla de componentes demo-liberales y de populismo autoritario del nuevo régimen, y lo ubicaron en una "zona gris" (McCoy & Myers, 2004).

A mediados de la primera década del siglo XXI persistían las divergencias en la caracterización. Desde luego, dadas las esperanzas que suscitó la llegada de Chávez al poder y algunos de sus logros, no faltaban los análisis que intentaban destacar al chavismo como un fenómeno multifacético y novedoso en muchas cuestiones. Diversos autores destacaban, a pesar de fallas y limitaciones, su potencial democrático frente al "glorificado" periodo anterior a 1999 (Ellner & Tinker Salas, 2007). Frente a ese tipo de aproximaciones, se fueron abriendo paso interpretaciones que dieron mayor cuenta de la pérdida de la condición liberal del régimen venezolano (Mainwaring, 2012), y los autores fueron poniendo más o menos énfasis en los aspectos autoritarios. Desde luego, la perspectiva populista siguió presente, examinándose el caso a la luz del debate sobre los viejos y los nuevos populismos (Arenas, 2005) o subrayándose la inconsistencia del régimen a la hora de estimular la participación civil (Hawkins, 2010). Tampoco faltaron autores que empezaban a vislumbrar la construcción de un sistema híbrido en su variante autoritaria competitiva (Corrales, 2006; Kornblith, 2007; Corrales & Penfold, 2011). Cabe anotar que por régimen híbrido se entiende un régimen en el que coexisten rasgos democráticos y autocráticos simultáneamente, y en el que las reglas de juego son arbitrariamente utilizadas en desmedro de la oposición (Carothers 2002; Ottaway 2003; Schedler 2006; Levitsky & Way 2010).

En los últimos años, con la progresiva radicalización del régimen, las divergencias entre académicos persisten, pero son menores. Algunos han conceptualizado el giro radical y la propuesta revolucionaria de las élites como un socialismo autoritario (Maingon & Welsch, 2009). Otros, desde un enfoque de democracia participativa, han apuntado muchas limitaciones y deficiencias, y los efectos negativos de una dinámica impulsada desde arriba, frente a las expectativas y concreciones de los primeros años (López Maya, 2010). Como no podía ser de otro modo, la transición hacia el socialismo también se ha examinado desde otro punto de vista. Así, se ha señalado cómo en un contexto de polarización política y social emergen sistemas que adoptan parte de los presupuestos de una democracia radical (énfasis en el gobierno mayoritario, la cuestión social y la participación de los sectores populares de la sociedad) y gobiernos que abrazan discursos anticapitalistas y nacionalistas, como serían los de Chávez, Morales y Correa (Ellner, 2012). Por último, grandes expertos del caso venezolano también han intentado analizarlo a la luz de la literatura sobre calidad de la democracia y han destacado que, a pesar de los cambios, problemas, deficiencias y limitaciones, al menos hasta hace poco el régimen es mayormente una democracia de baja calidad (Levine & Molina, 2007, 2010, 2012).

Esta breve revisión de literatura sobre el tema evidencia la pluralidad de aproximaciones, muy influidas, desde luego, por asunciones teórico-metodológicas, las distintas etapas por las que ha atravesado el proyecto chavista, experiencias vitales y, en algunos casos, la propia polarización que vive el país. Pero también demuestra que la mayoría de los autores, hoy por hoy, reconocen que el régimen de Venezuela ha adquirido características autoritarias que se entremezclan con otros rasgos, esa hibridez de autoritarismo y democracia es la esencia fundamental del régimen.

Los regímenes híbridos

Luego de Europa occidental, la región del mundo más democrática es las Américas. Solo existe una dictadura (Cuba), un número muy por debajo de la norma en el resto de las regiones del mundo, donde los regímenes autoritarios suelen ser numerosos e inclusive predominantes. Sin embargo, la región no sale tan bien parada en cuanto a la existencia de regímenes híbridos.

Durante la Guerra Fría, nadie solía prestarle mucha atención a los regímenes híbridos porque eran minoritarios, la mayoría de los países se encontraban gobernados por dictaduras o se hallaban inmersos en guerras civiles, y estos casos, tanto como los asombrosos casos de democracia, acaparaban la atención de los analistas. Tras la caída del Muro de Berlín y el avance de la tercera ola de democratización, el número de autocracias disminuyó hasta alcanzar mínimos históricos, hecho que hizo que muchos investigadores analizaran "las transiciones a la democracia". Sin embargo, los expertos no detectaron inicialmente la permanencia de un grupo no pequeño de regímenes híbridos, y hoy en día estos son más frecuentes que los autocráticos.

Un modo de contabilizar el número de regímenes híbridos mundial es por medio del ranking de derechos políticos y libertades civiles de Freedom House (FH). Existen otros rankings (Polity IV, Economist Intelligence Unit, Bertelsmann) —todos con sus méritos y defectos (ver Coppedge & Gerring, 2011)— pero el elaborado por FH se utiliza mucho entre los politólogos. Este índice asigna a cada país puntuaciones según una serie de criterios, y genera de esta manera una puntuación global que fluctúa entre dos puntos (país muy democrático) y 14 puntos (país muy autoritario). Para esta organización, hay tres tipos de regímenes principales:

• Libres: existe competencia política, un clima de respeto a libertades civiles, suficiente vida cívica independiente y medios independientes.

• No libres: no existen derechos políticos ni respeto sistemático a las libertades cívicas básicas.

• Parcialmente libres: el respeto a las libertades políticas y civiles es limitado; hay exceso de corrupción; el imperio de la ley es débil o arbitrario; puede que exista violencia política, y un partido único domina en todas las esferas, sobre todo los medios y las instituciones de freno y contrapeso.

La categoría de regímenes parcialmente libres se aproxima mucho a lo que los estudiosos llaman "regímenes híbridos" (o semiautoritarios, o autoritarios electorales o democracias iliberales) (Hale, 2011).

Como puede verse en el último ranking de Freedom House (2013), la categoría de regímenes híbridos no está vacía en América Latina, aunque sí lo está para el Caribe, donde todos los países son democráticos excepto Cuba y Haití. El 28% de los regímenes políticos latinoamericanos son parcialmente libres, lo cual es algo ligeramente mejor —pero no por mucho— que en el resto de las regiones, salvo en Europa (tabla 1).

El segundo punto que podemos observar es la gran variedad institucional que existe entre este tipo de regímenes. Ello se puede apreciar en la puntuación que FH le asigna a cada caso parcialmente libre en América Latina en el 2013: varía de 6 puntos (menos autocráticos) a 10 puntos (más autocráticos) (ver tabla 2). Si bien no todos los académicos coinciden con el valor que este ranking le otorga a cada caso, casi todos estarían de acuerdo con que hay una enorme variedad institucional posible dentro de la categoría de regímenes híbridos. Es decir, unos son más autocráticos que otros.

Una última observación posible es que la categoría de regímenes híbridos tiene algo de fluidez. Si bien muchos países latinoamericanos y de otras regiones han permanecido dentro de esa categoría por muchos años (Hale, 2011), en América Latina hay episodios de entradas y salidas (Smith & Ziegler, 2008).

La tabla 3 da muestra de esta fluidez. Organiza los países de las Américas según cuatro categorías de permanencia en el tiempo. La primera son las democracias duraderas —aquellas que llevan ya más de quince años como democracias (libres)—. La siguiente corresponde a los regímenes parcialmente libres duraderos —aquellos que han mantenido esa condición durante más de quince años: Colombia, Guatemala, Nicaragua y Paraguay—. La tercera incluye a los países que dejaron de ser regímenes híbridos para volverse democracias más o menos duraderas (más de seis años de persistencia): Antigua y Barbuda, El Salvador, Panamá, Perú, y Surinam. Por último, hay países que entraron a la categoría de parcialmente libres y permanecen ahí de modo estable, con más de seis años de duración: Bolivia, Ecuador, Honduras y Venezuela (el caso de México es complicado: salió de esa categoría en el 2000, pero volvió a entrar a la categoría de parcialmente libre en el 2010).

Muchos analistas pueden discrepar del año de entrada o salida de estos regímenes. Pero ese no es el punto principal que nos ocupa. Lo que queremos resaltar es que dentro de esta categoría hay posibilidad de durabilidad, como también de transición hacia adentro y hacia afuera de la categoría. Es decir, la categoría de parcialmente libre puede ser estable y duradera o no, es decir, hay posibilidad de transiciones.

Como estudiosos del sistema político venezolano, hemos dedicado mucho tiempo a analizar cómo es que Venezuela se convirtió en un régimen híbrido y qué factores explican la durabilidad. Pero tras la reciente muerte del fundador del régimen y la celebración de las primeras elecciones post-Chávez de las que el oficialismo salió debilitado, cabe preguntarse sobre las perspectivas de cambio o perdurabilidad del chavismo. Como ha quedado demostrado, un régimen híbrido puede mantenerse en el tiempo, puede suavizarse e inclusive tornarse más democrático. También puede endurecerse (a pesar de que en las Américas no ha habido un caso de cambio PL → NL en más de quince años).Pero en teoría, un cambio en esa dirección es posible (por ejemplo, Rusia, Djibouti, Etiopía, Guinea-Bissau). ¿Qué probabilidad hay de que dicho cambio se produzca en Venezuela? Antes de examinar dicha cuestión, conviene abordar cómo el régimen se ha venido endureciendo, en particular durante el periodo 2009-2013.

El endurecimiento del chavismo, 2009-2013

La radicalización del chavismo no es un fenómeno reciente. Los primeros pasos —desmantelar el congreso existente y pretender gobernar por decreto en el período 1999-2000— generaron una inestabilidad que alcanzó niveles históricos. El proceso convulso que vivió el país durante estos años culminó en un fallido golpe de Estado, lo cual hizo que el gobierno en esta época se preocupase más por su supervivencia en el poder que por alterar profundamente el régimen. En particular, los años de 2001 a 2004 se caracterizaron por una acusada polarización y un alto conflicto —violenta en ocasiones— relación entre defensores y detractores del gobierno de Chávez (Hidalgo, 2010, pp. 279-290). Pero una vez consolidado electoralmente en el poder, el chavismo empezó a tomar pasos decisivos hacia un mayor autoritarismo. El 15 de agosto de 2004 suele considerarse un punto de inflexión importante, puesto que en esa fecha Chávez obtuvo la victoria en el referéndum revocatorio presidencial, activado por la oposición, lo cual le permitió al Presidente sentirse seguro en el poder. Meses después, y tras una amplia victoria en las elecciones regionales —el chavismo ganó 20 de las 22 gobernaciones en disputa y más del 80% de las alcaldías—, se produjo una profundización de la entonces denominada Revolución Bolivariana.

El giro radical fue consecuencia de una decantación progresiva del chavismo hacia un modelo socialista ante el difícil encaje que tenía su proyecto político en el marco de una democracia liberal y una economía más abierta. Desde luego, en el cambio se aprecia la influencia de Fidel Castro (Petkoff, 2010, p. 152). Para Chávez, la nueva etapa exigía subordinar todavía más las instituciones políticas al partido de gobierno; en algunos casos, logró dicha subordinación por vía electoral. Tal fue el caso de la Asamblea Nacional —AN— luego de obtener un triunfo total en las elecciones parlamentarias de 2005, ya que la oposición boicoteó dichos comicios a última hora esgrimiendo parcialidad del árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral —CNE— y falta de garantías para asegurar el secreto del voto. En otros casos, el dominio de las instituciones se hizo por imposición a través de nombramientos en la burocracia y en el sector militar, tal como había hecho con la petrolera estatal —PDVSA—, el Tribunal Supremo de Justicia —TSJ— o el CNE, antes de 2004.

Adicionalmente, Chávez consiguió en los comicios presidenciales de diciembre de 2006 un apoyo extraordinario —62,84% de los votos frente al 36,90 del candidato de la oposición, Manuel Rosales— ayudado por el contexto de bonanza petrolera. Dichos resultados fueron interpretados por el Presidente como un respaldo, no tanto al statu quo, sino a su idea de impulsar un vago modelo socialista, denominado indistintamente socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano (Hidalgo, 2009b), obviamente con luz verde para seguir subordinando todas las instituciones de frenos y contrapesos (Corrales & Penfold, 2007).

La mayor radicalización se puso de manifiesto a comienzos de 2007, cuando el Presidente anunció la puesta en marcha de "cinco motores" para transitar hacia el socialismo.¹ Varias cuestiones deben destacarse a partir de entonces.

En primer lugar, el diseño institucional del régimen que exacerba los poderes presidenciales frente al sistema anterior de Punto Fijo (19581998) y el liderazgo y las prácticas de Chávez condicionarán mucho la labor del poder legislativo. El Presidente devendrá en el "gran elector" de la coalición gobernante (Álvarez, 2007, p. 282). Por su parte, los diputados oficialistas, conscientes del liderazgo y poderes presidenciales, no harán valer la autonomía de la AN. Es más, los parlamentarios delegarán gran parte de la función legislativa en Chávez al otorgarle amplísimos poderes a través de dos Leyes Habilitantes más, para un total de cuatro en toda su etapa como gobernante (1999, 2000, 2007 y 2010). En todos estos episodios habilitantes, el Presidente pudo dictar decretos y leyes en casi todas las materias importantes para un total de 224.²

Segundo, una vez controlada la AN, le fue fácil a Chávez conseguir la aprobación de un proyecto de reforma constitucional proveniente del Ejecutivo, con modificaciones aportadas por el poder legislativo. Al final, las propuestas se sometieron a referéndum en dos bloques (esto es, la propuesta elaborada por el Presidente y la propuesta realizada por la AN) en diciembre de 2007. Dicha reforma era uno de los "cinco motores constituyentes" ya indicados. Destacable es, además, que después de que los cambios propuestos no obtuviesen el respaldo popular, por un estrecho margen, la AN aprobara leyes relacionadas con materias que los ciudadanos habían rechazado (Maingon & Welsch, 2009, pp. 639, 640). En otros casos, a través de decretos-ley sancionados en el marco de la ley habilitante de 2007 (Brewer-Carías, 2010, pp. 329-334).

Tercero, en las elecciones regionales de 2008 el partido de gobierno, rebautizado con el nombre Partido Socialista Unido de Venezuela —PSUV—, reafirmó su supremacía político-electoral (logró el 53% de los votos, consiguiendo 17 gobernaciones de 22 en juego y 264 de 326 alcaldías en disputa). Sin embargo, la alianza opositora obtuvo unos buenos resultados, ya que ganó en cinco de los siete estados más poblados e importantes política y económicamente (Miranda, Carabobo, Nueva Esparta, Zulia y Táchira) (Corrales, 2010; Hidalgo, 2009a). Asimismo, se hizo con el control de Maracaibo (la segunda ciudad más grande), la Alcaldía Mayor de Caracas, y retuvo tres de las cinco alcaldías que componen la capital, a las que sumó una cuarta: Sucre, municipio que contiene Petare, el barrio más grande de América Latina.

Respecto a estas elecciones y a los efectos de nuestra discusión, es importante abordar dos aspectos netamente autoritarios:

• Las inhabilitaciones políticas de algo más de doscientos setenta candidatos, en su mayoría de fuerzas opositoras. Mediante este instrumento, el Ejecutivo sacó del juego electoral a personalidades de la oposición que tenían posibilidades de victoria. La Constitución de 1999 establece que se requiere sentencia judicial firme para la suspensión de alguno de los derechos políticos (Artículo 42), pero el oficialismo hizo caso omiso.

• Debido al avance opositor, la elite gobernante desconoció, en parte, los resultados por la vía de los hechos. Así, por ejemplo, el alcalde metropolitano opositor, elegido por voto popular, perdió gran parte de sus competencias en favor de una nueva figura: Jefe de Gobierno del Distrito Capital, que fue impuesta por Chávez. También, como efecto derivado de los resultados, en marzo de 2009 se avanzó en la recentralización del país, ya que la AN aprobó una reforma de la ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público que le quitó a las alcaldías y gobernaciones la potestad sobre los puertos, aeropuertos, puentes y carreteras.

  En cuarto lugar, adquirió una importancia fundamental la reelección presidencial indefinida, lo cual conllevaba un cambio de la Constitución de 1999 que solo permitía la reelección inmediata y por una sola vez. La reelección indefinida había sido el eje de la derrotada reforma constitucional de 2007. Sin darse por vencido y violando el texto constitucional, Chávez volvió a presentar a la población la idea en el 2009, pero esta vez la extendió a todos los cargos de representación popular con el fin de ganar apoyos entre la población y entre diversos grupos que conformaban la alianza oficialista. Para aprobarla se utilizó el procedimiento de enmienda debido a la imposibilidad de recurrir a una reforma constitucional. Habiendo sido rechazada por los electores en el 2007, según la Constitución (Artículo 345), no podía presentarse una nueva durante el mismo período legislativo a la AN. Pero una vez más, una lectura excesivamente literal del texto constitucional, no acorde con su espíritu, llevó a los chavistas a justificar la enmienda ya que en su opinión "no alteraba" la estructura fundamental del Estado ni entraba en contradicción con lo dispuesto para la reforma, al ser procedimientos diferentes.

  Por otro lado, aunque algunos críticos señalaban que la enmienda era contraria al gobierno alternativo —uno de los principios fundamentales del texto constitucional—, el oficialismo argumentó que la reelección indefinida no lo impedía; en última instancia, los ciudadanos decidirían mediante su voto a los representantes. La propuesta en sí no era antidemocrática, pero hay serias dudas sobre su constitucionalidad (Brewer-Carías, 2010, pp. 359-365). Y, como ha sido destacado, acaba personalizando y desinstitucionalizando el sistema político y al partido de gobierno, al igual que termina enquistando el caudillismo (Corrales, 2012).

  Aprobada la enmienda mediante referéndum en febrero de 2009 (54,85% votó "Sí" frente a un 45,14% que apoyó el "No"), y al cumplirse el décimo aniversario de la Constitución de 1999, se actuó en una serie de frentes para acelerar las transformaciones hacia un nuevo modelo sociopolítico. En unos casos se procedió a la aprobación de nuevas leyes; en otros, a un cambio en la interpretación del texto constitucional, y en otros, a la arbitraria aplicación de las leyes.

Nuevas Leyes

A partir de 2009, el gobierno impulsó un conjunto de leyes con un perfil autocrático, ya que le otorgaban enormes facultades al Estado para, llegado el caso, acallar o tomar fuertes represalias contra la disidencia. Algunas de esas leyes fueron aprobadas apresuradamente tras el notable avance de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2010 y antes de que expirara el mandato de los diputados salientes en la AN (las fuerzas opositoras en su conjunto obtuvieron más votos que el oficialismo, pero este ganó en términos de escaños) (Hidalgo, 2011). Lo importante es que, como en otros casos, violaban la Constitución y las obligaciones internacionales adquiridas por Venezuela en materia de derechos humanos y democracia (Reyna y D'Elia, 2011). Entre las leyes más significativas, podemos destacar las siguientes (ver también Human Rights Watch, 2012):

• La reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (2010). La ley original de 2004 (denominada Ley Resorte) prohíbe la transmisión de material que pueda incitar o promover el odio y la violencia. En el 2010, la ley fue reformada para que pudiera aplicarse a Internet. Según se indica, los medios electrónicos no pueden transmitir mensajes que "fomenten la ansiedad en el público o perturbar el orden público", que "inciten o promuevan la desobediencia del ordenamiento jurídico vigente", que "se niegan a reconocer la autoridad legítimamente constituida" o que "inciten o promuevan el odio o la intolerancia". Para los oficia-listas, se buscaba un uso correcto de los medios de comunicación.³ Para los entendidos, el problema es la discrecionalidad con la que puede decidirse qué mensajes constituyen un delito.⁴ De ese modo, se fomenta la autocensura, como también se trata de conseguir con otros instrumentos usados para establecer una hegemonía de los medios públicos y doblegar a los medios privados (Bisbal, 2009).

• Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2010), la cual permite al gobierno suspender o revocar las concesiones de radio difusión a los medios privados si considera que esta acción es "conveniente para los intereses de la nación, o si el orden público y la seguridad lo exigen". En Venezuela, el tamaño de los medios de comunicación privados se ha reducido considerablemente en relación con los medios públicos. La licencia para un canal de televisión, Radio Caracas Televisión —RCTV—, no fue renovada en el 2007, lo que causó grandes protestas callejeras de las cuales ninguna fue capaz de frenar al gobierno. Un segundo canal de televisión, Globovisión, ha sido multado en varias ocasiones y los propietarios han decidido vender la empresa a un millonario partidario del gobierno. Los otros dos canales privados de televisión importantes alcanzaron un pacto tácito con el gobierno para no cubrir temas políticos.

• Una serie de leyes aprobadas en el 2010 que gobiernan los "consejos comunales" (Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social y Ley Orgánica de las Comunas) proporcionan financiamiento público y prerrogativas legales a estos consejos mal definidos y que han sido impulsados en las comunidades desde el 2006. Ninguna de estas leyes requiere a estos consejos celebrar elecciones competitivas para elegir a sus representantes. Estos consejos están obligados a trabajar con el Estado para ofrecer servicios, realizar obras públicas y participar en el desarrollo comunitario, a menudo reemplazando el papel de los alcaldes y los concejos municipales. La Ley del Poder Popular inclusive llama a las comunas⁵ a ejercer el "control social", entendiendo a este último como "prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control" sobre el Estado y sobre "las actividades privadas que afecten el interés colectivo".

• Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (2010), que impide a los defensores de derechos humanos venezolanos recibir ayuda internacional. Las organizaciones no gubernamentales que "defiendan derechos políticos" o "vigilen el desempeño de los organismos públicos" tienen prohibido recibir financiación externa. Los extranjeros invitados a Venezuela por estos grupos pueden ser sumariamente expulsados del país si expresan opiniones que "ofendan a las instituciones del Estado, altos funcionarios o ataquen el ejercicio de la soberanía". Las organizaciones podrían enfrentar multas y sus directores, perder su derecho a postularse a cargos públicos por un periodo de hasta ocho años.

• Ley de reforma parcial de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios (2010), que otorga al gobierno un monopolio sobre todas las operaciones de divisas, incluidos los bonos públicos. La moneda extranjera de las exportaciones debe ser vendida al BCV al tipo de cambio oficial. Además, la ley también prohíbe "ofertas" en moneda extranjera realizadas entre entidades o individuos venezolanos para la venta de bienes y servicios. El Ejecutivo perseguía acabar con la "especulación" y controlar la cotización del denominado dólar permuta. No obstante, destacados economistas dudaban de su verdadera efectividad, apuntaban las distorsiones que podía generar y señalaban el previsible resurgimiento del mercado negro.⁶ Con esta ley, el gobierno tiene la facultad de sancionar a cualquier ente o persona que trate de adquirir los siempre escasos dólares por medios no oficiales, como se hizo en el 2010 cuando el gobierno clausuró las operaciones de 36 empresas de corretaje y encarceló a muchos de sus directores.

• La Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010) prohíbe a los diputados cualquier conducta que se aparte de la "orientación política y las posiciones" adoptadas por su partido en tiempos electorales. Esta ley tiene por objeto disciplinar a aquellos diputados que piensan no acatar la línea del partido en las votaciones, así como evitar casos de transfuguismo político como sucedió durante el periodo 2000-2005 (Hidalgo, 2013, pp. 476, 477).

Nueva doctrina judicial

En relación con este conjunto de leyes autoritarias, e igualmente preocupante, es el legado de Chávez en el TSJ, tanto en términos de nombramientos como de doctrina jurídica. La mayoría de las personas seleccionadas era partidaria de la "revolución". Lealtad a la ideología del partido en el poder parece haber sido un prerrequisito para un puesto alto en los tribunales. Esto se hizo patente cuando, en el décimo aniversario de la Constitución de 1999, la entonces Magistrada Presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, abogó por un cambio de la Constitución para abolir la separación de poderes, de acuerdo con lo que Hugo Chávez ya había logrado en la práctica. En sus palabras: "No podemos seguir pensando en la separación de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado" (Alonso, 5 de diciembre de 2009). Dejando de lado la paradoja de una magistrada que aboga por un principio que esencialmente debilita el papel fundamental de su cargo, el punto clave aquí es que el TSJ ya no sostiene la doctrina que tiene que servir como un conducto de actores sociales y otras ramas del Estado para defenderse del poder ejecutivo, sino todo lo contrario. Esta doctrina judicial no parece que vaya a cambiar mucho con la nueva presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, elegida en mayo de 2013: Gutiérrez es militante del PSUV y sirvió en el gabinete de Chávez en dos ocasiones.

El abuso legal: cambios en la normativa e irregularidades electorales Un último ámbito en el que también se observa una mayor intervención del oficialismo es en el material electoral, recurriendo a modificaciones en alguna norma electoral y a determinadas prácticas, todo ello con el objetivo de favorecer al oficialismo.

Respecto a los cambios electorales, un claro ejemplo fue la modificación del sistema electoral para las elecciones parlamentarias de 2010 (Hidalgo, 2013, pp. 450-452). Desde la reforma electoral de 1989 hasta la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales —LOPE— en agosto de 2009, estuvo vigente un sistema de representación proporcional personalizado. Mediante dicho sistema, con influencias del alemán, se intentaba garantizar dos principios establecidos en la Constitución: "la personalización del sufragio y la representación proporcional" (Artículo 293). En el marco de la aplicación de un sistema proporcional, lo anterior se traducía en la elección —desde el 2000— del 60% de los representantes nominales y el 40% restante por lista según la fórmula D'Hondt.⁷ En realidad, el sistema era más desproporcional de lo que se indicaba en la normativa. Ya que los partidos recurrían a las morochas (de morocho, esto es, gemelo según el modismo venezolano). Básicamente, esta práctica consistía en que un partido o coalición creaba otra organización ad hoc (morocha) que era formalmente diferente y que presentaba una lista en los circuitos electorales. De ese modo, los partidos evitaban que se les restaran los escaños obtenidos a través del sistema pluralidad-mayoría.⁸ Sin cambios legales y sin consultas con la oposición, y contando con la aquiescencia del CNE y del TSJ, controlados por el oficialismo, se pasó de la aplicación de un sistema de tipo proporcional a otro mixto mayoritario o segmentado (Molina, 2009). Entre otras consecuencias, el partido de gobierno salía sobrerrepresentado, al extremo de contar con una cómoda mayoría en los cuerpos legislativos en detrimento de organizaciones medianas y pequeñas. Estas fuerzas, por otra parte, se veían obligadas a formar coaliciones, de lo contrario se reducía mucho su presencia o no obtenían ninguna representación.

Con la reforma electoral de 2009 se legalizó la práctica de las morochas, ya que se desvinculó la elección de candidatos nominales de los postulados por lista. Además, se modificó el porcentaje de representantes a elegir por lista y nominalmente en los estados, y así se aumentó la media nacional de estos últimos hasta cerca del 70%. A lo anterior hay que añadir una cuestión muy controvertida: los cambios realizados en algunas circunscripciones electorales en enero de 2010. Aunque las autoridades del CNE defendieron que su diseño respondía a determinados criterios (representatividad, índice poblacional, tradición electoral, etc.), salvo en el estado Amazonas, en el que las modificaciones se realizaron por razones técnicas, en el resto se recurrió a la conocida vieja práctica del gerrymandering. Los controvertidos cambios geográficos se produjeron en Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. El objetivo era aislar/concentrar el voto de zonas que se habían mostrado contrarias al Ejecutivo en el pasado; objetivo complementado con otra estrategia consistente en la unión de áreas con un comportamiento electoral favorable al oficialismo con otras que históricamente se habían manifestado en contra; de ese modo se diluyó el impacto de estas últimas (Súmate, 2010).

A lo anterior hay que sumar un acusado deterioro de los procesos electorales. El CNE ha destacado la fiabilidad y transparencia del sistema automatizado; son indudables algunas mejoras gracias, entre otras cuestiones, a las auditorías en las que también participan actores y técnicos de la oposición. No obstante, la cuestión no es tanto la automatización del sistema de votación, sino el uso y abuso por parte del oficialismo de los recursos del Estado, la violación de ciertas leyes en época de campaña y la parcialidad del árbitro electoral. Así, la ausencia de regulación de las precampañas se traduce en la inhibición del CNE ante las reclamaciones por el uso de publicidad y propaganda electorales antes del inicio de la campaña oficial. Además, los oficialistas utilizan todos los medios públicos a su alcance para hacer campaña, a pesar de que la Constitución y la normativa de desarrollo son claras respecto al hecho de que los funcionarios públicos no pueden ser parciales a favor o en contra de individuos u organizaciones, y además impiden el uso de bienes públicos con fines electorales.

Conviene destacar que gobernadores y alcaldes de distintas tendencias políticas también participan de dicha práctica. Incluso es cierto que el fenómeno en sí no es distintivo de este país; sin embargo, en Venezuela la intervención del Jefe del Ejecutivo adquiere mayor significado debido al hiperpresidencialismo, a los componentes plebiscitarios del régimen, al desequilibrio de recursos y a la falta de financiación pública. Se han documentado en video casos de ministros (Rafael Ramírez, Ricardo Molina) literalmente exhortando a los empleados públicos a votar por el oficialismo y a demostrar lealtad al proceso, so pena de perder sus puestos de trabajo. Molina incluso llegó a decir que a él no le "importa en absoluto" lo que digan las normas laborales.⁹

Pero, además, aunque el día electoral la mayoría de los ciudadanos da muestras de un gran espíritu cívico y compromiso democrático, lo cierto es que las irregularidades se han incrementado, en particular a partir del referéndum constitucional de 2007 (Pereira Almao & Pérez Baralt, 2011).¹⁰ Eso fue muy notorio en las elecciones presidenciales de 2012, en las que se produjeron bastantes irregularidades en las distintas etapas de la votación que, sin embargo, no cuestionaron el carácter democrático de las elecciones (Patin & Mujica, 2012). Meses después en los comicios presidenciales celebrados tras la muerte de Chávez, también se produjeron numerosas anomalías, tales como voto asistido, amedrentamiento y violencia, propaganda y proselitismo, uso de cédulas falsas, escrutinio sin testigos, etc.¹¹ Fueron tantas y algunas de tal envergadura que algunas organizaciones de observación nacional (como por ejemplo, Asamblea Educativa) no han avalado los resultados y la oposición tampoco los ha legitimado. El triunfo del candidato oficialista por apenas doscientos cincuenta mil votos en un contexto signado por muchas irregularidades contribuyó a dar pábulo a la tesis del fraude electoral y abrió una grave crisis política.

A pesar de estas irregularidades, hasta las últimas elecciones presidenciales (abril de 2013) nunca un candidato presidencial había impugnado unos comicios. Si siempre las hubo, ¿por qué se impugnaron en esta ocasión? Primero, la oposición hizo un mejor trabajo al llevar un inventario de las irregularidades cometidas el día de la votación. Segundo, en las elecciones anteriores la oposición encontró que el margen de las anomalías era siempre menor que el margen de victoria de Chávez. En cambio, en las elecciones de abril, el comando de Capriles consideró que la tendencia fue al revés; de ahí que Capriles haya declarado "que le robaron la victoria",¹² con lo cual se abre un capítulo nuevo en el chavismo —una oposición que no está dispuesta a reconocer un resultado electoral—. Hasta ahora, nadie sabe en qué va a parar este nuevo enfrentamiento.

En conclusión, el régimen híbrido que Chávez estableció en sus primeros cinco años de gobierno ha venido tornándose paulatinamente más autoritario desde entonces. Esto se observa claramente en el tipo de leyes de orientación punitiva con la disidencia, la actitud hacia el imperio de la ley (solo se aplica para sancionar a la oposición) y la actitud hacia la oposición (cada vez menos conciliatoria). Su poder institucional y su capacidad de abusar de dicho poder van en aumento; lo que no parece ir en aumento es su caudal electoral.

El debilitamiento del chavismo: las elecciones presidenciales de abril de 2013

En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el candidato oficialista, Nicolás Maduro, logró una victoria por un estrecho margen (1,5 puntos) frente a Henrique Capriles, quien nuevamente volvió a liderar la oposición. Los resultados contrastan con los de las elecciones presidenciales celebradas seis meses antes, ganadas cómodamente por Hugo Chávez por un margen cercano a los 11 puntos —55,07% de los votos frente al 44,31% de Capriles— y el triunfo abrumador del oficialismo en las elecciones regionales de diciembre de 2012 —obtuvo 20 gobernaciones de las 23 en disputa y, en muchos de los casos, con márgenes de victoria por encima de los 20 puntos—.

Si tomamos como punto de partida las elecciones presidenciales de 2006 en las que Chávez obtuvo una amplia victoria, en los procesos electorales celebrados desde entonces en el ámbito nacional (elecciones presidenciales, parlamentarias y referendos) aumenta progresivamente el voto opositor, siendo incluso mayoría, por un margen estrecho, en dos oportunidades: 2007 (referéndum reforma constitucional) y 2010 (elecciones parlamentarias). Como puede comprobarse en la tabla 4, el chavismo no superó el número de votos alcanzados en el 2006 hasta las elecciones presidenciales de 2012, en las que se produjo un sólido triunfo del oficialismo, pero en las que también la oposición obtuvo los apoyos electorales más altos conseguidos hasta entonces.

A nuestro entender, los dos factores explicativos más importantes para entender los apoyos al oficialismo han sido el liderazgo de Chávez y el gasto fiscal, muy condicionados por el ingreso petrolero (ver figura 2), que fortalecieron el voto económico durante muchos años. Hay que tener en cuenta el desarrollo de mecanismos clientelares, la puesta en marcha de diversos tipos de ayudas, y la aplicación de un conjunto de programas sociales (destacando las denominadas misiones) que han favorecido a amplios sectores de la población, sacando a muchos de ellos de la situación de pobreza. Los petrodólares también han permitido, además de tejer determinadas alianzas internacionales, impulsar políticas favorables al consumo y han proporcionado los recursos al Estado para realizar una masiva contratación de empleados públicos al hilo de la creciente estatización de la economía, además de las nacionalizaciones y expropiaciones impulsadas en el marco del nuevo modelo económico (Guerra, 2007).

Desde luego, algunos valores políticos y sociales influyen en los comportamientos electorales, así como el rechazo que todavía despierta la oposición entre algunos grupos, en parte por su labor de gobierno anterior a 1999. Cuanto menor es el estrato social más se vota por el chavismo (Molina, 2008), que se nutre principalmente de los estratos más populares, un porcentaje significativo de los sectores de clases media y algunos grupos de la clase alta (Hidalgo, 2010 y 2012; Lupu, 2010). Sin embargo, el chavismo ya no es tan dominante entre las clases bajas urbanas como lo fue al principio y como continúa siendo en zonas rurales (Corrales, 2013d). En las ciudades, la oposición es tan competitiva como el chavismo y, de hecho, en las elecciones de 2013 ganó en los centros urbanos más importantes del país.

No obstante, aspectos coyunturales han tenido su impacto, como ocurrió por ejemplo con el sometimiento a referéndum del proyecto de reforma constitucional (2007), que supuso la primera derrota electoral del chavismo. En ese momento, aunque la oposición no aumentó significativamente sus respaldos, diversos factores confluyeron en la revitalización del movimiento opositor, tales como la movilización de los estudiantes universitarios y la campaña unitaria y efectiva en contra de la reforma. Un pequeño porcentaje de chavistas probablemente votaron "No" por su descontento con la situación o el rechazo a algunos temas propuestos en la reforma. Otros partidarios del gobierno prefirieron quedarse en casa, y de ese modo mostraron su descontento por el agravamiento de algunos problemas básicos como la seguridad, el incremento del coste de la vida o el desabastecimiento (Hidalgo, 2008).

¿Por qué la oposición mejoró en seis meses de esa manera contra todo pronóstico? En primer lugar, se había producido un cambio extraordinario en la situación económica. Venezuela en el lapso de tres meses pasó de vivir un boom económico promovido por un gasto desmedido a una situación de escasez de dólares, bolívares y muchos bienes. Tal ha sido el precio de las victorias chavistas en las elecciones de octubre y diciembre de 2012: el cuantioso gasto público preelectoral elevó el déficit fiscal a casi 16% del PIB, prácticamente el doble de los déficits en las economías en crisis de Europa como Portugal, Italia, Grecia y España (mejor conocidos como los PIGS). Como consecuencia, el gobierno enfrentó problemas serios de financiación y dispuso además de decrecientes reservas internacionales. A ello hay que sumar el mal manejo gubernamental de la estrepitosa devaluación del bolívar del 31% realizada en febrero de 2013 —la séptima en los años chavistas— y la inacción para solucionar el problema del desabastecimiento que azota al país, el peor nivel de escasez desde hace cuatro años (Corrales 2013c). Por tanto, se produce un deterioro del economic voting que había sido tan determinante en las elecciones presidenciales de 2012 (Molina, 2012).

Segundo, el oficialismo cometió importantes errores durante la corta campaña electoral. Nicolás Maduro se encargó de que todo lo relacionado con la convalecencia final de Chávez quedara en secreto, aspecto que decepcionó inclusive a los chavistas. Se emitieron informes contradictorios y de origen siniestro hasta el día del anuncio de la muerte de Chávez. Luego, Maduro optó por hacer campaña como el "hijo de Chávez", lo cual fue un error, no porque sea malo ofrecer continuismo, sino porque se desaprovechó la oportunidad de brindarse al electorado como marca antigua pero mejorada, es decir, anunciar de qué modo el chavismo se presentaba con un producto mejorado y actualizado respecto a su creador. Maduro se centró en culpar a la oposición de todos los problemas del país, inclusive de los apagones, a pesar de que el sector eléctrico está en manos del Estado. Con el famoso cuento de que el difunto Chávez se le apareció en forma de pajarito, Maduro hizo hincapié en su espiritualidad tal como lo había hecho Chávez en su último año, cuando a la hora de la verdad, tanto chavistas como opositores necesitaban oír soluciones concretas a los problemas que se habían tratado de ocultar por el oficialismo durante mucho tiempo. Maduro se comportó como si en Venezuela no existieran chavistas listos para una reforma del modelo, lo que permitió a la oposición abrir un flanco para librar una batalla de insultos y descalificaciones.

Tercero, una gran causa de la pérdida de capital político-electoral del chavismo se debió a la desaparición del máximo líder del proyecto político en curso. Dado el contexto, muchos votantes no incondicionales del oficialismo prefirieron cambiar de opción política. Ello, desde luego, remite al personalismo del régimen. La lección de todo la conocemos bien los politólogos: los regímenes personalistas como el de Chávez pueden sobrevivir durante épocas malas, pero son muy vulnerables cuando desaparece el líder supremo. Así pues, podemos responsabilizar a Maduro por su campaña inepta, pero en realidad el gran culpable fue el progenitor del sistema, que más que construir un socialismo del siglo XXI dedicó su carrera política a edificar el culto a su personalidad. Cuando la personalidad desparece en estos regímenes, disminuye también el culto, y eso que el oficialismo lo intentó emprendiendo una campaña de semibeatificación de la figura de Chávez tras su fallecimiento.

El ascenso de la oposición

Por último, la oposición aprendió de los errores cometidos en la campaña presidencial anterior, introdujo cambios en el equipo de campaña y fortaleció la unidad.¹³ No solo se concretó en el consenso para la utilización de una tarjeta única para respaldar a Capriles, sino que además hay que destacar el trabajo incansable realizado por las distintas fuerzas, y en particular por el candidato, durante una campaña que oficialmente apenas duró diez días. Asimismo, Capriles modificó su estilo; fue mucho más arriesgado de lo que había sido hasta entonces. En el 2012, no se atrevió a enfrentarse a Chávez. Evitó ser un contrincante excesivamente frontal, tal vez por la enfermedad del Presidente, al miedo a desestabilizar el país o porque simplemente sabía que no podía ganarle. Con Maduro, la cuestión era diferente. De ahí que el candidato opositor tomara el riesgo de responder con la misma dureza con la que Maduro y los chavistas tratan a sus adversarios. Capriles criticó todas y cada una de las medidas que el Presidente encargado tomó y, por supuesto, las no adoptadas. Lo acusó de mentir, hizo alusiones al manejo hermético de la convalecencia final de Chávez, a la devaluación de febrero, a la decisión de investirse como presidente encargado, y a la más reciente subasta de dólares, la cual tildó de ser una devaluación disfrazada. La nueva postura desafiante hizo que los opositores más comprometidos se sintieran más esperanzados. Es decir, mientras que Maduro se negó a ofrecer un chavismo renovado, Capriles hizo todo lo posible por ofrecer una oposición transformada, aunque las propuestas fueron secundarias frente a los ataques y descalificaciones de ambos candidatos.

Aparte de los graves problemas de gobernanza que Chávez dejó como legado, el declive electoral del chavismo también obedece a los grandes aciertos de la oposición. Una mirada al desempeño electoral demuestra un patrón claro en la conducta de la oposición. Mientras que el PSUV ha sido una fuerza dominante, pero volátil —con altibajos importantes desde el 2006 hasta el presente—, la oposición ha mantenido una tendencia consistentemente ascendente, como ya indicamos.

Es tentador concluir que esta capacidad de atraer votos consistente-mente —de ganar terreno paulatina pero ininterrumpidamente— es producto del liderazgo en los últimos tiempos de Henrique Capriles. Pero el éxito electoral de la oposición es anterior y, por tanto, más que obedecer a la personalidad de su líder, responde a las cualidades de la maquinaria política —encabezada desde enero de 2008 por un buen operador político, Ramón Guillermo Aveledo— que ha sabido crecer y madurar en sus enfrentamientos contra Chávez, al menos desde mediados de la primera década del siglo XXI.

Esta maquinaria ya no es lo que fue al principio de la era de Chávez —un grupo dirigido de líderes desesperados, desarticulados, unidos únicamente por su afán de tumbar a Chávez—. Hoy por hoy, la oposición venezolana tal vez sea una de las más profesionales en América Latina, en cuanto a su capacidad organizativa. En vista de lo difícil que es derrotar un partido de gobierno semiautoritario, populista y con control total de los dólares, no es menospreciable lo que dicha organización ha logrado a lo largo de los años, lo cual se muestra a continuación.

Bunce y Wolchik (2010) hacen un listado de metas que cualquier oposición debe cumplir si aspira a derrotar al partido de gobierno en regímenes semiautoritarios. Es una lista larga y sumamente difícil de conseguir. Sin embargo, la oposición a Chávez ha logrado mucho de lo que aparece en dicha lista.

• Unidad: desde el 2006, la oposición ha buscado y mantenido la unidad, tarea que no resulta tan fácil como pareciera en principio. A pesar de tener un adversario común, existen diferencias profundas en el seno del movimiento opositor entre los que preferirían mano dura, los partidarios de la moderación y el diálogo, y los dispuestos a boicotearlo todo. En parte, los desacuerdos apuntan a disparidades ideológicas ya que coexisten prácticamente todas las tendencias ideológicas dentro de la oposición. Coexisten también movimientos sociales con partidos políticos, a pesar de que las relaciones partido-movimientos sociales siempre son difíciles. De igual modo, coexisten partidos nuevos y viejos, además de figuras independientes. Empero esta diversidad de orientación, ideología y tipo de organización, en todas las elecciones presidenciales a partir de 2006 la oposición postuló a un solo candidato y en las demás elecciones se presentaron candidatos respaldados entre todas las partes. Hubo una excepción (las parlamentarias de 2010), pero el único grupo que no se unió (Patria Para Todos, PPT) obtuvo unos resultados muy discretos, y luego prevaleció la tendencia unificadora. Hasta donde sabemos, no existe hoy por hoy en Suramérica un sistema más bipartidista (es decir, una oposición más unida) en su mecánica que Venezuela. Esta unidad dice mucho de cómo la visión estratégica, tras un duro aprendizaje, más que la ideológica o egoísta, ha primado entre los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática —MUD—.

• Campañas electorales impecables y ambiciosas: a partir de 2007, con el referendo revocatorio, la oposición ha realizado campañas con pocas manchas de corrupción o ineptitud. Ha habido problemas, como en todas las campañas, pero han sido infrecuentes y de poca envergadura. Más aún, la oposición ha logrado ofrecer una plataforma —un plan de país diferente— en todas las elecciones. Es decir, no solo ha criticado al gobierno, sino que ha ofrecido propuestas de política públicas a los problemas del día a día.

• Éxito en movilizar votantes: una de las peores tendencias de cualquier oposición en un sistema semiautoritario es la de no votar. Dicho abstencionismo florece al haber mucha gente que opina que la suerte ya está echada —dado el ventajismo del oficialismo y el sesgo de las reglas de juego— ¿Para qué, dicen muchos, hay que molestarse en votar? Además, puede que eso sea inducido o reforzado por una mala estrategia de los dirigentes políticos, que con sus denuncias sobre la veracidad de los resultados y otros problemas sobre la estructura de la competencia político-electoral pueden hacer llamados a la abstención o alentar la desmovilización.

  Esta línea de acción es la que prevalecía entre la oposición luego del referendo revocatorio de 2004 y que originó el boicot de las elecciones parlamentarias de 2005, y es probable que influyera en los malos resultados obtenidos en las presidenciales de 2006. A la postre, el coste fue muy elevado, pero desde entonces la oposición ha hecho un esfuerzo por convencer a muchos venezolanos que, pese al ventajismo y la existencia de unas reglas sesgadas, la suerte del régimen no está echada si salen a votar. Ello ha dado sus frutos. Salvo en las elecciones para gobernadores de diciembre de 2012, en las que tanto la oposición, como el oficialismo sufrieron el abstencionismo (la participación se situó en el 53,9%), en el resto de las últimas citas electorales la oposición ha sabido movilizar a sus votantes con un éxito destacable.

• Establecer vínculos con diversas organizaciones de la sociedad civil y con la juventud: la oposición ha trabajado con grupos de la sociedad civil independientes y/o afines, como defensores de derechos humanos (Provea), observadores electorales (Súmate), el movimiento estudiantil universitario mayoritario (dirigido por Yon Goicochea), y un sinfín de organizaciones gremiales como la Confederación de Trabajadores de Venezuela —CTV—. Es decir, ha tratado de abrirse institucionalmente y, en fechas más recientes, ha penetrado en zonas populares en las que era difícil verla durante muchos años.

• Estimular el desarrollo de encuestas de opinión pública, en especial, encuestas a boca de urna, y la observación en los centros de votaciones. La oposición ha hecho una labor extraordinaria para que el chavismo no controle la industria de las encuestas (tal como controla los medios audiovisuales) y para que una gran mayoría de las mesas de votación (cerca del 90% en las elecciones presidenciales de 2010) tenga observadores de la oposición.

Finalmente, cabe agregar algo que Bunce y Wolchick no resaltan, pero que también ha jugado un papel importante: renovación de liderazgo. Muy pocos de los grandes actores de la oposición de principios de 2000, tales como Carlos Ortega (CTV), Carlos Fernández y Rafael Alfonzo (Fedecámaras), Eduardo Fernández (Copei), Rafael Marín (Acción Democrática, AD), Julio Borges (Primero Justicia), Enriques Salas Römer (Proyecto Venezuela), Enrique Mendoza (Gobernador del estado Miranda durante el periodo 1995-2004), Timoteo Zambra-no (en la actualidad miembro de Un Nuevo Tiempo) y Manuel Cova (CTV), han sido líderes importantes de la MUD a partir de 2010. En cambio, el elenco principal de Chávez existente en el 2006 es el mismo que compitió en el 2013, empezando por Maduro y continuando con Elías Jaua, Nelson Merentes, Jorge Giordani, Rafael Ramírez e Iris Varela, por citar algunos de los más conocidos.

¿Hacia dónde va el chavismo?

Desaparecido su líder fundador, el chavismo pasa por su peor momento histórico. Tanto el partido de gobierno —PSUV— como los seguidores de Chávez han quedado desamparados. Maduro no reúne ni de lejos las cualidades del primero y, además, enfrenta la peor situación socioeconómica desde el 2004. De momento, el nuevo Presidente no ha tomado iniciativa económica alguna que ofrezca esperanzas y su gobierno luce mucho más débil. Más que renovar su liderazgo, el equipo ministerial de Maduro se ha ganado, merecidamente, la etiqueta de "más de los mismo", lo cual es inexplicable debido a los retos que enfrenta el país luego de 14 años de chavismo. Más aún, el giro hacia el autoritarismo, el secretismo, unido a la impronta militar y culpabilizar a los demás por todo lo que no funciona en Venezuela sigue acentuándose bajo este gobierno. Aún peor, enfrenta una oposición unida que enarbola la bandera del fraude en torno a su elección. Todo ello explica la situación de inestabilidad que percibe la mayoría (habituada a un entorno estable) y por qué el nivel de popularidad del gobierno está descendiendo. A comienzos de mayo de 2013 la aprobación se ubicaba.¹⁴ De proseguir esa tendencia, podría situarse en niveles tal vez inferiores a los del período 2001-2003 (en enero de 2001 la popularidad de Chávez comenzó a caer abruptamente por debajo del 50%, hasta situarse en julio de 2013 en torno al 31% y luego remontar).

Lo anterior no significa que el chavismo esté en vías de extinción, aunque sí es probable que enfrente problemas a corto y medio plazo. Chávez creó un movimiento y un régimen muy personalistas, y su pronta e inesperada desaparición dejó un vacío inmenso. Sabido es que el ex teniente coronel eligió a Maduro porque no tenía muchas más opciones a su alrededor, lo cual fue responsabilidad de la prepotencia de Chávez que siempre aplastó a posibles líderes emergentes. Quizás la otra figura mejor posicionada en su entorno para reemplazarle era Diosdado Cabello, pero la desconfianza que el presidente de la AN siempre le produjo al comandante y a sus aliados en la Habana fue definitiva para que optara por alguien como Maduro, quien provenía de la izquierda radical, contaba ya con una amplia experiencia en determinados puestos de gobierno y tenía conexión con los hermanos Castro. Todo eso podía permitirle construir algunos consensos y generar cierta credibilidad entre las filas del oficialismo.

Ahora bien, después de fallecido Chávez, el chavismo como movimiento es muy heterogéneo. Conviven al menos tres facciones históricas importantes y una más reciente. Una facción son los militares que han tenido un gran protagonismo durante la actual etapa, gracias a la decisión del líder. Recordemos que estamos hablando de una alianza cívico-militar que llega al poder en 1999 (algunos dirían "militar-cívico"). Para entonces, era evidente la lealtad de los altos mandos a la "persona" de Chávez, pero ahora hay que esperar para saber la que le profesarán al nuevo Presidente, pues aún no está claro. Por otro lado, nos encontramos con el grupo de los llamados "boliburgueses" o "chavoburgueses", empresarios que han hecho grandes fortunas gracias a los contratos firmados con el Estado. Dado el dinero que acumulan y los contactos que tienen en las altas esferas, tienen poder para incidir en la dirección del gobierno. Adicionalmente, los radicales de izquierda pueden generar algunos problemas, pues tras la radicalización del proceso han ganado protagonismo, pero quieren ir más rápido y lejos en la transformación del país. Mientras que Cabello tiene una mayor conexión con la facción militar y los boliburgueses, Maduro está más próximo a los radicales de izquierda. Hay también una cuarta facción que podría emerger: la de los gobernadores elegidos en las últimas elecciones regionales. Desaparecido el máximo líder, al que le deben su elección, no se sabe si aceptarán sin más las tendencias recentralizadoras del régimen o intentarán actuar con mayor independencia del poder central para generar sus bases de apoyo (Corrales, 2013d, pp. 62, 63).

Desde luego, no está claro cómo y hasta cuándo Maduro podría manejar los conflictos que, sin duda, le plantearán las distintas facciones; conflictos que no solo deben entenderse como luchas de poder per se, sino que revelan diferencias de cómo encarar problemas urgentes en ámbitos como la criminalidad e inseguridad, o en cuestiones económicas como el déficit fiscal, el endeudamiento público, la inflación o la deuda externa, por solo citar algunos (Corrales, 2013d, p. 63). Chávez mantuvo cohesionado un movimiento poco estructurado gracias a su liderazgo, sin duda, pero es obvio, y ya lo hemos señalado, que Maduro no lo tiene. Así pues, la unidad en otro contexto parece difícil de poder mantenerse por mucho tiempo, al menos en los mismos términos. Quizás parte de la pugnacidad observada en Maduro tras las elecciones de abril pudiera obedecer a sus deseos, como Chávez lo hizo en sus inicios, de afirmar su liderazgo, aprovechando además la existencia de ese equilibrio inestable entre diversas facciones. Pero, al margen del trabajo a lo interno del movimiento chavista para moderar su propuesta, está claro que su crecimiento como dirigente también pasa por tender puentes con la oposición, dada la polarización que vive el país, dividido en dos bloques políticos prácticamente iguales, y en realizar una obra de gobierno eficaz. Sin esto último, a medio plazo las perspectivas de gobernabilidad son muy sombrías.

A pesar de su falta de institucionalización, las diferencias que existen en su seno y los importantes problemas y retos que encara en una nueva etapa, el chavismo no está en vías de extinción. La tesis de que no pueda perdurar un "chavismo sin Chávez" no nos parece convincente al día de hoy. Es cierto que el líder de la Revolución Bolivariana dejó como legado un movimiento sin una ideología perfilada y débil-mente articulado, a diferencia de lo que, por ejemplo, sucedió con el justicialismo en Argentina, pero ello no implica que el chavismo vaya a caducar pronto, como le pasó al partido histórico venezolano AD en su momento, a la Unión Cívica Radical en Argentina y a los partidos políticos en general de Perú, Bolivia y Ecuador. Las ideas básicas del chavismo seguirán siendo populares, entre las más importantes están:

• Concentración del poder en manos del poder ejecutivo.
• Prepotencia con la oposición, junto con una visión positiva e integracionista de los militares, sobre todo de aquellos de bajo rango.
• Expansión del Estado en el manejo de la economía, junto con un desmedido gasto público que favorezca el consumo.
• Papel redistribuidor de la renta petrolera por el Estado que permita mediante determinados programas sociales, prácticas y ayudas para atender a los estratos populares, y facilitar asísu movilidad.
• Exaltación del venezolano común, sobre todo el proveniente de zonas rurales.
• Una ideología de relaciones internacionales pseudo-socialista, prointegracionista, protercermundista.

Estas ideas siempre han encontrado seguidores en Venezuela, inclusive desde antes de la irrupción de Hugo Chávez en la escena pública en su fallido golpe de Estado del 1992. Recordemos que esa era básicamente la orientación de AD en su época de gloria —durante el trienio de 1945-1948—, cuando el partido obtenía el 70% de votos.

El chavismo hoy se encuentra malherido y sus líderes y seguidores, confundidos. Pero el chavismo, tanto en el poder como en la oposición, tiene las características necesarias para seguir siendo a medio plazo una fuerza importante en Venezuela, e inclusive en los demás países de la región donde movimientos con orientaciones similares subieron al poder en la década de 2000.

Conclusiones

Al menos desde los años noventa del siglo XX, el régimen político venezolano ha conocido un deterioro notable, y se ha agravado durante la etapa chavista. En pocos años, el régimen transitó de una democracia liberal-representativa a otro de carácter híbrido, y ha permanecido en esta categoría pero volviéndose más autoritario, al menos desde la reelección de Chávez en los comicios de 2006. En todos los comicios desde entonces, uno de los lemas de campaña de Chávez ha sido "que no vuelvan nunca más", con lo cual no solo se pretende tildar a la oposición entera de ser atávica y ruin, sino también se demuestra el bajo aprecio que el oficialismo tiene sobre la rotación en el poder, fundamental en cualquier democracia. A través de nuevas leyes y la aplicación inconsistente de muchas otras, el oficialismo fue concentrando y centralizando mayores poderes en la figura del Presidente. Frente a las pretensiones hegemónicas de la élite gobernante, el amplio sustrato democrático que todavía sobrevive en la sociedad venezolana y la labor de la oposición han impedido la pérdida de mayores cuotas de libertad y han contribuido, en los últimos años, a un incremento de la competitividad de las elecciones nacionales. En suma, un porcentaje amplio de la población ha obstaculizado una mayor radicalización y un mayor cierre del régimen.

A tenor de los resultados en los comicios de abril de 2013 y el perfil ideológico y otros atributos del nuevo Presidente, pareciera que Venezuela seguirá siendo un régimen híbrido, con pocas posibilidades, a medio plazo, de volver a ser una democracia liberal. A pesar de la reciente erosión de apoyos, Maduro continúa teniendo un capital político alto dentro y fuera del país. Además, tiene a su servicio —no lo olvidemos— un petro-Estado, lo que significa un monopolio casi total de todas las entradas de divisas en el país. En vista del alto nivel de los precios de la cesta venezolana de crudo, esta condición de petro-Estado le otorga un respiro financiero al régimen que no es menospreciable. Aunque la microeconomía esté en crisis y algunas variables macroeconómicas estén agravándose, el gobierno cuenta con cierto margen de maniobra debido a la entrada de dólares y la opción de recurrir a más devaluaciones.

Ahora bien, sin el liderazgo de Chávez, y ante una situación socioeconómica compleja, es improbable que los sectores oficialistas que impulsan una mayor radicalización del proyecto político encuentren un terreno tan abierto como el que en su momento disfrutó Chávez.

El oficialismo carece hoy de la fortaleza electoral de hace un año, por no decir de hace seis años, cuando estaba en pleno apogeo. La oposición no solo ha ganado terreno, sino que también ha recuperado apoyos internacionales.

Desde luego, dada la crítica situación por la que atraviesa la sociedad venezolana no puede descartarse un escenario de mayor conflicto e inestabilidad, con repercusiones poco previsibles. Sin embargo, ante la conflictividad que se avecina, los reclamos y fiscalización por una oposición que representa a casi la mitad del país y las divisiones en el interior del chavismo, el actual gobierno, en origen frágil, podría optar por cambiar de rumbo y empezar a actuar con moderación. No obstante, los incidentes de violencia al día siguiente de los comicios del 14 de abril, el posterior bochornoso espectáculo de golpes entre diputados en la AN, el arresto del dirigente del partido Voluntad Popular, Antonio Rivero, y la orden de captura de un cineasta estadounidense acusado de estar involucrado en un plan de agitación nacional tras dichas elecciones, mostrarían la complejidad de la situación, la poca tolerancia inicial del gobierno y los enormes desafíos que enfrenta el presidente Maduro.

Al margen de ello, está claro que ante el vacío producido por la desaparición del último caudillo populista que ha tenido el país se irán produciendo cambios políticos paulatinos. En parte, la élite dirigente que llegó al poder en 1999 tuvo el acierto de interpretar bien ciertos aspectos básicos de las necesidades, demandas e imaginario de los estratos populares. Por tanto, y aunque el chavismo tiene fuertes deficiencias organizativas, no es previsible su abrupta desaparición política, aunque bien pudiera sufrir algunas divisiones. De esta manera, ante un escenario de cambios sin grandes rupturas, no le queda a la oposición sino permanecer unida, vigilante y proactiva para seguir ampliando la base programática de su propuesta y ganar más adeptos entre la clase media y los sectores populares. Una mala gestión y/o una división de la élite gobernante podrían abrir el camino del cambio de régimen.

Notas

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