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Introducción
En los últimos años, la agenda de género ha ido permeando todas las áreas de política y cobrando cada vez más espacio y relevancia a partir del trabajo constante de organizaciones que lograron la visibilización de problemáticas, experiencias y desafíos. La política exterior no ha estado exenta a dicha tendencia que -aunque tardía y todavía en construcción- introduce una mirada desestimada durante mucho tiempo en las agendas de trabajo. Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín en 1995 hasta la publicación del documento Definiendo la política exterior feminista, publicado por el Centro Internacional para Estudios de la Mujer (icrw, por sus siglas en inglés), la agenda de género puso en discusión directa algunas las falencias y limitaciones históricas de la política exterior (Thompson & Clement, 2020).
Con la participación de diversos actores de los gobiernos, la academia y la sociedad civil, el documento sintetizó y especificó algunos contenidos de esas políticas, apuntando a mejorar la coherencia entre las políticas internas y los compromisos internacionales que asumen los países respecto de la igualdad de género. Presentó la situación de la política exterior feminista en los países que la habían declarado abiertamente hasta ese momento (2019), como Suecia, Canadá y Francia, y sus características, al igual que esbozó una definición de política exterior feminista superadora de una visión binaria, focalizada solo en las mujeres y que trascienda las relaciones internacionales y la diplomacia, sino que abarque todas las actividades incluidas en la política exterior (Thompson & Clement, 2020).
En la Argentina, las políticas de género son fruto de la conquista de los feminismos, cuyas expresiones y movimientos tienen una amplia trayectoria histórica en el país (Barrancos, 2020) y han ido permeando cada vez más ámbitos de la vida pública. La incorporación y promoción de la transversalización de las políticas de género en el ámbito del Estado no es un fenómeno nuevo en Argentina. Desde mediados de la década de 1990 y especialmente en los últimos diez años, diversas medidas fueron adoptadas dentro de los organismos del Estado en esta línea. A partir de la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia, se llevaron adelante una serie de políticas orientadas a incorporar e institucionalizar una perspectiva de género en las diversas dimensiones de la actuación estatal como uno de los ejes centrales del proyecto de gobierno: la materialización más clara fue la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero ha sido un eje clave la idea de transversalizar la cuestión de géneros a toda la política pública (véase Jefatura de Gabinete, 2020).
Este artículo muestra la interacción entre el ámbito de la política internacional y la agenda de género en la Argentina para comprender ambas agendas y su proyección. De ahí que el objetivo principal haya sido analizar, en el contexto de la política exterior reciente, qué tipo de decisiones se vinculan con la agenda de género y, al mismo tiempo, qué proyección internacional tienen las políticas de género implementadas en el ámbito local. Esto nos lleva a estudiar la relación entre política exterior y agenda política de género en una doble vía. En primer lugar, nos preguntamos qué espacio tienen las políticas vinculadas con temas de género en la política exterior llevada adelante específicamente por la Cancillería argentina. Y, en segundo lugar, nos preguntamos qué tipo de vínculos internacionales se construyen y consolidan a partir de las polí- ticas impulsadas directamente por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La hipótesis de trabajo es que la agenda de género se abrió espacio en el ámbito de la política exterior argentina en un lapso breve, y que lo ha hecho principalmente sobre la base de la trayectoria argentina en el ámbito internacional vinculada con los derechos humanos y con la discusión de las desigualdades en el mundo, así como sobre la fuerte trayectoria de los movimientos feministas locales. Así mismo, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se ha constituido en una política pública central, que ha proyectado al país en los debates de género global de modo institucionalizado. Si bien en algunos casos las políticas concretas son incipientes, lo que las agendas en esta doble vía demuestran es que se trata de demandas sociales profundas que han llegado al Estado para quedarse.
Este artículo está dividido en una serie de apartados. En primer lugar, se presenta la discusión acerca de las políticas de género dentro de la política exterior a partir de los debates conceptuales existentes y experiencias concretas de política exterior feminista o con perspectiva de género en otros países. En segundo lugar, se esboza un panorama de la política exterior argentina en aspectos estrechamente relacionados con las agendas de género. En tercer lugar, se analizan, por un lado, las políticas incorporadas al ámbito de la Cancillería, tanto desde el accionar internacional del país como desde el interior del cuerpo diplomático, y, por otro, se indaga por las estrategias de internacionalización de la política del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Por último, se esbozan algunas conclusiones.
En términos metodológicos, el trabajo se centra en el análisis de las políticas de género impulsadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter- nacional y Culto, y de las políticas de internacionalización de la agenda de género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023). A partir de la triangulación entre diversas fuentes, se analizaron documentos oficiales, entrevistas a informantes clave del sector público1 y se utilizó un corpus de bibliografía secundaria para indagar acerca de las políticas de género implementadas en el marco de la política exterior.
La perspectiva de género en la política exterior
En los últimos años, la perspectiva de género en la política exterior se ha ido institucionalizando en la definición de lo que algunos países han llamado política exterior feminista. No existe una definición clara o una caracterización exhaustiva de este concepto; pero Suecia (2014), Noruega (2016), Canadá (2017), Francia (2019), México (2020) y España (2021) adoptaron políticas exteriores que oficialmente definieron como feministas. En 2022, Colombia y Chile han declarado estar trabajando en un plan estratégico para impulsarla.2 Estas iniciativas se enmarcan en procesos más amplios relacionados con la resonancia que han cobrado las agendas de género en los últimos años, frente a la mayor visibilización de problemáticas que afectan a las mujeres y diversidades y que resultan transversales a todos los ámbitos de la vida política, social y económica. En este sentido, vale destacar que esta tendencia ha llevado también a la posibilidad de una cierta banalización del concepto por parte de diversos actores políticos y académicos, que conlleva el riesgo de vaciarlo de contenido y convertirlo en funcional al sistema patriarcal (Barbas et al., 2022).
En efecto, y producto de una experiencia que se está construyendo, dos aspectos centrales se entrecruzan a la hora de definir el contenido de la política exterior feminista: por un lado, la importancia de la participación de las mujeres en el ámbito de la política exterior; por otro, una agenda específica relacionada con el contenido de determinadas demandas, que hacen ante todo a una sociedad justa y equitativa. Entre las agendas específicas se pueden destacar: la protección de derechos, el cambio climático y una distribución justa del ingreso que implica visibilizar la opresión económica de las mujeres y disidencias.
La concepción feminista de las relaciones internacionales ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes dentro del campo disciplinar, en términos conceptuales, teóricos y prácticos. La revisión teórica de los postulados clásicos, marcadamente masculinizados y blancos, ha derivado en cuestionamientos por parte de académicas que llamaron la atención sobre la falta de voces femeninas en la política internacional y en la disciplina que la analiza (Keohane, 1989; Sylvester, 2013; Tickner, 1988, 2005).
El feminismo liberal fue el primer abordaje hacia una perspectiva que incluyese a las mujeres, desde un enfoque empirista que se cuestionaba sobre el lugar de las mujeres en lo internacional y pretendía visibilizarlas (Harding, 1986). La pregunta acerca de dónde están las mujeres en la política internacional abrió la puerta hacia un cuestionamiento sobre el poder, cómo se construye, sobre qué fundamentos y cómo esa construcción determina quién lo ejerce y con qué fines (Enloe, 2014). En cambio, el feminismo radical modifica el punto de vista desde el cual se observan los fenómenos internacionales y pone en cuestión la propia epistemología de los estudios (Marchand, 2013). En tal sentido, autoras como J. Ann Tickner (1992) han abordado la reformulación de conceptos centrales, como el de seguridad. Existen también corrientes feministas vinculadas con el giro lingüístico, tanto de raigambre constructivista como posmoderna. Por otra parte, los estudios poscoloniales han abierto el foco hacia las desigualdades de género, sexualidad y raza (Achilleos-Sarll, 2018), desafiando las bases etnocéntricas de los feminismos occidentales, y poniendo en cuestión tanto su pretensión de universalidad como supuesta neutralidad, al incluso arrogarse el poder representación (Landaluze & Espel, 2015). Por último, en América Latina se cuentan los aportes del feminismo decolonial, que tiene antecedentes en el pensamiento crítico latinoamericano, incluyendo tanto las teorías de la dependencia como la pedagogía del oprimido (Grecco, 2020).
En cuanto a la política exterior, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad de 2000 sirvió de marco para muchas de las políticas exteriores feministas impulsadas por diversos gobiernos, al proveer un marco institucional para el fortalecimiento del papel de las mujeres en los ámbitos internacionales de toma de decisión, así como la inclusión de una perspectiva de género en aspectos comerciales, políticos y del derecho internacional (United Nations, 2000). A pesar de las buenas intenciones de estas propuestas, la capacidad de medición real de su implementación todavía es limitada y sería arriesgado afirmar que han logrado su objetivo (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016; Thompson & Clement, 2020). El ICRW esbozó una definición de política exterior feminista en un documento reciente, considerándola como aquella:
[…] que define sus interacciones con otros estados y movimientos de manera que prioriza la igualdad de género y consagra los derechos humanos de la mujer y otros grupos tradicionalmente marginados, separa recursos significantes para alcanzar esta visión y busca interrumpir estructuras patriarcales a lo largo de todos sus niveles de influencia (asistencia, comercio, defensa y diplomacia), con su implementación informado por las voces de activistas, grupos y movimientos feministas. (Thompson & Clement, 2020, p. 7)
Basadas en el análisis de la experiencia sueca, Aggestam & Bergman-Rosamond (2016) han definido los términos de lo que debería considerarse una política exterior feminista, explorando sus nociones normativas y éticas, apoyadas en los postulados de las teorías feministas de relaciones internacionales y la escuela inglesa (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016, p. 324). Desde una perspectiva regional y crítica, Barbas et al. (2022) definen la política exterior feminista incorporando elementos de los diversos feminismos (decolonial, autónomo, negro e indígena), poniendo el relieve en la coherencia entre las políticas internas y externas adoptadas por un gobierno, regidas por una perspectiva feminista, de diversidad e interseccionalidad. La diversidad de enfoques y definiciones sobre qué debería incluir una política exterior feminista es evidencia de que es un concepto todavía en construcción.
En un trabajo reciente, Aggestam y True (2020) analizaron la relación entre política exterior y agenda de género a partir de lo que consideran la aplicación de “normas a favor de la igualdad de género”, es decir, la inclusión de uno o más de estos compromisos: la práctica explícita de transversalización de la perspectiva de género como enfoque político; la asistencia internacional para evitar la desigualdad de género y buscar transformarla; un enfoque en la seguridad de las mujeres y los derechos humanos, y la existencia de mecanimos institucionales o legislativos concretos para la igualdad de género en la política exterior. Consideramos que la política exterior argentina de los últimos años ha mostrado avances considerables en esos compromisos.
Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, fueron llevadas adelante una serie de políticas orientadas a visibilizar e incorporar una perspectiva de género en las diversas dimensiones de actuación estatal. La materialización más clara fue la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero el énfasis en la necesidad de transversalizar la cuestión de género en todas las oficinas públicas ha sido igual de importante. Dentro del ámbito de la política exterior, encontramos diversas iniciativas que pueden comprenderse esta nueva clave. Una política exterior con perspectiva de género o las iniciativas de política exterior feminista contemplan no solamente la búsqueda de igualdad de oportunidades en el acceso de las diversidades de género a los ámbitos de formulación e implementación de la política exterior, sino también en las intervenciones del país en la agenda global de género, mediante su participación activa en foros internacionales, la defensa de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, el combate a la violencia y discriminación de las mujeres y disidencias, y la promoción de su empoderamiento económico. La participación de las mujeres en negociaciones y operaciones de paz, la paridad en el acceso a los cargos diplomáticos y la representación de las mujeres en los ámbitos de la política internacional son algunas de las cuestiones centrales en esta agenda (Lucero, 2012, 2020).
Argentina no ha declarado abiertamente tener una política exterior feminista o con perspectiva de género, como lo han hecho los países mencionados. Sin embargo, se trata de un país que cuenta con un marco normativo robusto en esta línea que incluye la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012), y la creación del Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad (2019), la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero (2022). La presencia de la agenda de género ha ido cobrando cada vez más fuerza dentro del ámbito estatal. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la creación de la Mesa de Coordinación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género en el año (Jefatura de Gabinete, 2020) y, en el ámbito específico de la cancillería, se materializó en una serie de políticas específicas: la creación de direcciones especiales, el nombramiento de mujeres en cargos clave y la designación de embajadoras en embajadas estratégicas como desarrollaremos más adelante. En el próximo apartado, indagamos sobre la agenda de política exterior del Gobierno de Alberto Fernández, considerando algunas de estas cuestiones, para luego analizar concretamente las políticas de género adoptadas dentro del ámbito internacional.
Panorama de la política exterior argentina en las temáticas priorizadas por las agendas feministas de relaciones internacionales
Desde su campaña electoral, Fernández esbozó sus principales concepciones respecto de determinados temas de la política internacional: la soberanía de las Islas Malvinas, Venezuela, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (fmi), el multilateralismo, etc. Allí primó una concepción de larga trayectoria en la Argentina, y en el justicialismo en particular: el no alineamiento, la solución pacífica de las controversias, la prioridad del continente como zona de inserción prioritaria y la defensa de la soberanía nacional ante la injerencia de las potencias en los asuntos internos. A ello se sumaron posiciones relacionadas con demandas más actuales vinculadas a la defensa y protección del medio ambiente ante el cambio climático, y de la igualdad de género como demanda global. El Frente de Todos fue la fuerza política que le otorgó mayor desarrollo en su plataforma electoral a las políticas para la igualdad de género. Aun así, estos temas no fueron eje central de su campaña. En contrapartida, Cambiemos (J×C), liderado por Mauricio Macri pero integrado también por la ucr prácticamente no hicieron referencia ni en sus plataformas ni en sus campañas audiovisuales (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 2019).
En efecto, una nueva mirada sobre el cuidado del ambiente y las demandas de la igualdad, en términos de género, fueron su elemento diferenciador. Esta orientación se vio reflejada en la participación tanto de Fernández como de la vicepresidenta Cristina Fernández en el Grupo de Puebla. Además de proponer un “no alineamiento activo” como estrategia política internacional para la región en el contexto del recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, la declaración del Grupo de Puebla suscrita en 2019 en Buenos Aires incluyó posicionamientos claros que se vinculan con lo que hemos descrito como política exterior feminista: la lucha a favor de la igualdad social, la igualdad de género, la sustentabilidad ambiental y la profundización de la democracia (Míguez, 2020).
La asunción de Fernández implicó un nuevo giro respecto de su predecesor. El 3 de diciembre, aun durante el gobierno de Macri, Argentina había participado de la polémica decisión de varios países del continente de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar). Los países miembro del tratado dieron a conocer un listado de sanciones financieras y restricciones de viaje contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El mismo día de la asunción, Fernández dejó sin efecto las medidas asumidas previamente en un contundente gesto. Asimismo, el nuevo presidente demostró abiertamente sus diferencias con la posición de Luis Almagro, presidente de la Organización de Estados Americanos (oea) -apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro-, y su actuación en el golpe de Estado contra Bolivia, llevado a cabo en noviembre de 2019. También en signo rápido, la Cancillería argentina no solamente condenó el golpe, sino que otorgó el asilo al presidente legítimo Evo Morales, así como a otros cuatro exfuncionarios de su Gobierno. Estas posiciones no se relacionan directamente con una política de género, pero sí demuestran una vocación democrática en el continente. Creemos que ambos elementos se encuentran estrechamente relacionados. La solución pacífica de las controversias es, como decíamos, una importante tradición de la política internacional argentina, incluso atravesando diferencias partidarias. Algunas corrientes del feminismo defienden el concepto de paz positiva, es decir, aquella definida como un modelo de cooperación e integración entre los grupos humanos, para señalar el sentido que le otorgan a la importancia de construir una sociedad igualitaria. Tal como afirman Martínez López y Mirón Pérez (2000), el feminismo ha contribuido de manera trascendental a la redefinición del concepto de paz, introduciendo en el de paz positiva los derechos de las mujeres y los objetivos del movimiento feminista.
Otro de los ámbitos privilegiados de una agenda internacional en clave feminista es la cuestión de los derechos humanos. En este ámbito, el feminismo también ha realizado su aporte específico. De acuerdo con el planteo de Lorena Fries (2000), el feminismo ha contribuido a abandonar perspectivas abstractas y universalistas, a incluir la crítica al etno- y androcentrismo y a considerar a los sujetos en sus contextos y especificidades con sexo, cuerpo, edad, color, raza e insertos en tiempos y lugares diversos. En las últimas décadas, la Argentina ha tomado como una agenda activa la cuestión de los derechos humanos. El recorrido político del país, en especial respecto del tratamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar, ha sido fundamental para explicar el carácter activo de esta agenda en el ámbito internacional. Con la reforma constitucional de 1994, Argentina adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y con ello el país se ha adscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Desde 2018, el país viene integrando oficialmente el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu). Los países son electos por mayoría simple en el pleno de la organización. Se trata de la cuarta vez que el país integra dicho órgano desde 2006, y lo presidió durante el año 2022. En el inicio de la actividad de la Argentina dentro del consejo, podemos destacar su posición frente al conflicto entre Israel y Palestina, referentes a la zona de la franja de Gaza. Durante este último mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la onu, Argentina ha apoyado que se investigaran violaciones de derechos en Bielorrusia, Siria, Irán y Nicaragua. En octubre de 2020, Argentina votó a favor de la resolución que condenaba las violaciones de derechos humanos en Venezuela, basadas en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En el caso de Israel, en 2021 Argentina acompañó una resolución que el comité emitió con posterioridad a los ataques israelíes en el marco de la operación conocida como Guardián de las Murallas. La posición argentina se expresó a favor de una investigación sobre posibles abusos de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.3 Además de las resoluciones adoptadas, una de las funciones que realiza la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (acnudh), y de las que Argentina participa activamente, es la promoción de la formación y educación en materia de derechos humanos para promover temas como trata de personas, desapariciones forzadas, vih y otras temáticas que hacen a la progresividad del derecho.
La cuestión de la política económica no ha sido un ámbito desarrollado dentro de la literatura liberal de las relaciones internacionales feministas. Dentro de los estudios sobre desarrollo, se ha asociado la aproximación de mujeres en desarrollo (women in development) con el proceso de integrar a las mujeres en estructuras existentes (Marchand, 2013). Han sido los feminismos de la segunda ola italiana, en particular autoras como Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, Mariarosa Dalla Costa, entre otras, los que han puesto en diálogo los conceptos marxistas, la visión materialista de la historia, y han abordado la vinculación entre capitalismo y patriarcado. En especial, los estudios de Federici han insistido en mostrar la estrecha vinculación entre las relaciones económicas internacionales y las estructuras patriarcales que perjudican a mujeres y disidencias. En ese sentido, apunta contra instituciones del orden internacional, como el fmi y el Banco Mundial, a las que considera “instrumentos de recolonización” (Federici, 2013, p. 29). Un aspecto muy interesante es que esta corriente es profundamente crítica de las visiones neoliberales del feminismo, y se posiciona contra lo que considera “una reducción de las políticas feministas a meros instrumentos de la agenda neoliberal de las Naciones Unidas” (p. 29). Su objetivo, en cambio, es reflexionar sobre la feminización de la pobreza en el contexto de las relaciones sociales capitalistas y su avance en el mundo. Se distancia con estas posiciones de aquellas que ponen el relieve casi exclusivamente en el problema de la discriminación de la mujer (Federici, 2013).
En la Argentina, a partir de una nueva etapa de endeudamiento externo inaugurada en 2015, los feminismos aportaron nuevas narrativas y diagnósticos al respecto (Guzmán & Vrdoljak, 2022). En el paro internacional de marzo de 2020, el movimiento feminista extendió la consigna para reclamar al mismo tiempo soberanía económica y soberanía sobre los propios cuerpos: “La deuda es con nosotres, ni con la iglesia ni con el fmi” (Barón, 2021). La consigna de la reciente manifestación del colectivo Ni una Menos, en oportunidad del 8 de marzo de 2022 en Argentina volvió a ser “La deuda es con nosotras”, en pleno contexto del acuerdo con el fmi. Destacamos en esta línea la publicación de trabajos de investigación sobre economía feminista, como los de Gago y Cavallero (2019, 2021) y el de D’Alessandro (2016).
En efecto, gran parte del accionar de los primeros años de la política exterior de Fernández estuvo orientado al tratamiento del sobreendeudamiento. Un aspecto diplomático de la política exterior giró alrededor de la búsqueda de apoyos para una futura negociación de la deuda externa con los acreedores internacionales, que se lograría en agosto de 2020. En marzo de 2022, finalmente, se firmó un acuerdo de facilidades extendidas con el fmi, en el marco de una difícil negociación y de diferencias internas cada vez más abiertas en el seno del oficialismo. Tal como afirmó la académica especialista en el tema, Noemí Brenta (2022), estar bajo acuerdo del fmi siempre implica condicionalidades que recortan el poder decisorio y soberano. Sin embargo, rescató que, a diferencia de otros acuerdos firmados por nuestro país, este “no lo obliga a cortar gastos y no lo obliga a políticas de austeridad que recortan el crecimiento” (s. p.). Las consecuencias de esta negociación son aún objeto de controversia, pero lo cierto es que el organismo monitorea el curso de la economía del país y ello ha impactado en otras áreas de la política internacional.4 Las condiciones del ajuste económico que ello implique recaerán sobre la población más vulnerable, incluidas las mujeres.
Cabe destacar que durante este gobierno Argentina propuso realizar un canje de deuda por acción ambiental ante los organismos multilaterales de crédito, el G20, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Y eso nos lleva a otros de los temas generalmente incluidos en una política internacional en clave feminista: la agenda de medio ambiente y la preocupación por el cambio climático. En septiembre de 2021 se realizó en modalidad virtual la Cumbre Latinoamericana por el Cambio Climático, donde el presidente Fernández tuvo las palabras de apertura del evento, del que participaron el secretario general de la onu (António Guterres), mandatarios de la región, autoridades de organismos internacionales y el enviado especial para el Clima de los Estados Unidos (John Kerry). Fernández afirmó, en línea con las ya citadas propuestas de campaña, que la Argentina “ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro y es prioridad de este gobierno” (Telam, 2021).
En noviembre de ese mismo año, el presidente brindó un discurso ante la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cop26), en el cual ratificó el compromiso de la Argentina con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París, y la intención del gobierno de poner a la acción ambiental en el centro de las prioridades (Spezzapria, 2021). Estas posiciones se expresaron también en políticas implementadas en el ámbito local. Se creó la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, donde fue nombrada Cecilia Nicolini.
La agenda de género en la política exterior y la agenda internacional en las políticas de género
La agenda de género en la política exterior
Más allá de las citadas políticas exteriores relacionadas con el amplio sentido de un enfoque feminista de las relaciones internacionales, la incorporación de la perspectiva de género dentro del ámbito de la política exterior contiene dos aristas: por un lado, aquella asociada con el accionar internacional del país en agendas globales de género y defensa de los derechos de mujeres y disidencias y su traducción en políticas específicas nacionales; por otro, aquella relacionada con el papel de las mujeres y disidencias en los ámbitos donde se ejecuta la política exterior, es decir, la Cancillería y las respectivas embajadas y representaciones en el exterior. En el caso argentino, es posible identificar algunos avances hacia una política exterior con perspectiva de género que se han intensificado en los últimos años.
En los espacios de decisión globales, Argentina participa de numerosos espacios multilaterales. El Estado argentino es parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer5 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará).6 En el marco de las Naciones Unidas, Argentina participa de la junta ejecutiva de onu Mujeres, donde en 2021 ejerció la presidencia en representación del Grupo América Latina y el Caribe. También participa de la Mesa de Trabajo de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y copresidió, junto con Países Bajos, el Grupo Central lgbti de las Naciones Unidas en 2021. Esto último implica, según la representante argentina ante las Naciones Unidas, María del Carmen Squeff: “tener siempre una normativa adelantada, acorde con la temática y poder trabajar juntos con un país europeo como Países Bajos, que también tiene una política muy fuerte y clara en estos temas”.7
Otro de los espacios donde Argentina participa activamente es el Foro Generación Igualdad, una iniciativa francesa en la cual el país asumió compromisos relacionados con cuestiones de educación sexual integral y promoción de autonomía corporal, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres, personas transgénero y no binarias. Según señaló Squeff, en la mayoría de los casos, la posición argentina en estas agendas es de liderazgo, ejercido de manera transversal en otros ámbitos que no están estrechamente vinculados específicamente con la agenda de género. Este es el caso de la participación argentina en el Grupo de Composición Abierta sobre Envejecimiento, principal plataforma intergubernamental mundial para tratar la problemática de los adultos mayores (Deciancio & Loza, 2021). En el marco de su participación como miembro de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2021), Argentina apoyó y promovió la transversalización de la perspectiva de género en todos los programas de Unicef, y destacó las prioridades establecidas respecto a la equidad de género en todas las etapas de la acción humanitaria en la evaluación del informe anual de acción humanitaria de Unicef.
En cuanto al ámbito regional, la diplomacia argentina promovió dentro del ámbito de Mercosur la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer, principal foro de coordinación política entre las máximas autoridades de cada país focalizado en las políticas de igualdad de género de los cuatro países miembro. La decimoséptima reunión ministerial estuvo a cargo de la -en ese entonces- ministra argentina de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y tuvo como eje principal la política en materia de cuidados. Los países presentaron sus políticas en torno a estas problemáticas y, en ese marco, se aprobó el Proyecto de Recomendación sobre Sistemas Integrales de Cuidado, que fue elevado al Consejo del Mercado Común. Del mismo modo, se han incorporado cuestiones de género en el acuerdo comercial entre Argentina y Chile, así como en el acuerdo que se está negociando entre el Mercosur y Canadá (Deciancio & Loza, 2021).
Por otra parte, también Argentina participa en la Red de Puntos Focales Nacionales de Mujeres, Paz y Seguridad, en el marco del Consejo de Seguridad de la onu. En dicho ámbito, los países debaten sobre cuestiones relativas a la implementación de la Resolución 1325, en la que se reconocía la importancia de entender las repercusiones de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, al tiempo que se garantizaba su protección y su plena participación en los acuerdos de paz (ONU, 2022). Desde la Cancillería se realiza el seguimiento a todas estas acciones, dado que, como se señaló, Argentina es signataria del Plan Nacional de Acción para la Implementación de dicha Resolución.
La política de género en el ámbito de la Cancillería se manifiesta en las políticas impulsadas en relación con el lugar de las mujeres dentro de la estructura del Ministerio, el acceso a cargos jerárquicos y el reconocimiento de las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres del cuerpo diplomático. En 2021, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, decidió recuperar una oficina específica y darle el rango de dirección. En la década de los noventa, y justamente en la etapa previa a la Conferencia de Pekín, se había creado esta oficina por primera vez, bajo la impronta de la etapa. Luego, en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, había vuelto a depender de la Dirección de Derechos Humanos. A partir de esa experiencia previa, y ya con un nuevo enfoque ajustado a las demandas actuales, se creó la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género dentro de la Cancillería. Esa trayectoria permitió que hoy dicha oficina esté conformada por profesionales que se dedican al área de género desde hace más de veinte años. Se trató de una refundación institucional, en un período en el cual la Argentina tiene capacidad de liderar y coliderar en ámbitos regionales y globales. Además, hacia fines de 2022 se creó el cargo de representante especial para la Política Exterior Feminista dentro de la Cancillería, donde se designó a María Cristina Perceval, quien previamente se había desempeñado como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y como representante de Argentina ante las Naciones Unidas (2012- 2015) y subsecretaria de Derechos Humanos (2010-2012).
También en 2021, se hizo pública una resolución que determinó la utilización oficial de los términos embajadora, ministra, consejera y secretaria, que hasta el momento eran empleados como masculinos para las denominaciones escalafonarias. La primera en ocupar el cargo de directora fue la diplomática Ana Sarrabayrouse y, posteriormente, la diplomática Silvina Isabel Montenegro. En ese momento, el canciller señaló que:
[…] la Cancillería a mi cargo reafirma su compromiso de continuar trabajando junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para hacer llegar a los distintos foros internacionales los adelantos en materia de igualdad así como las políticas que a nivel interno lleva adelante nuestro país en pos de este objetivo. (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 2021)
Y así el canciller puso de manifiesto la tendencia hacia un cambio en la perspectiva históricamente adoptada por este ministerio. En la misma línea, se nombraron embajadoras mujeres en cargos internacionales clave, como la ya citada y entrevistada María del Carmen Squeff, y a María Fernanda Silva, como embajadora en el Vaticano. Se designó por primera vez a una mujer al frente de Cascos Blancos, Marina Cardelli. Estos avances lejos están de haber logrado una paridad dentro de la Cancillería, pero la tendencia viene modificándose. Actualmente, 15 de las 77 embajadas argentinas en el mundo cuentan con embajadoras mujeres, algo que también se ve replicado en los cargos consulares y en las autoridades de la cancillería (véase Cancillería de Argentina, s. f.). A principios de 2023, Argentina se encontraba por encima del promedio mundial en el porcentaje de embajadoras mujeres (21 %), habiendo superado el 14.6 % con el que contaba en el año 2018 (AGDA Women in Diplomacy Index 2021). En este sentido, aunque todavía se está muy lejos de lograr la paridad de género dentro de la cancillería, el nombramiento de mujeres en más cargos jerárquicos dentro de los ámbitos del Ministerio y el progresivo incremento de la cantidad de embajadoras implica un cierto avance hacia una mayor paridad e igualdad en el acceso a estos. En el ámbito del ingreso al Servicio Exterior de la Nación se ha establecido la participación de, al menos, dos mujeres en el coloquio que constituye una instancia definitoria de selección, y en cuanto a los cargos directivos del ministerio, se dispuso la inclusión obligatoria de, al menos, una mujer en las ternas para la selección.
En 2021 también se lanzó dentro de la Cancillería el Protocolo de Actuación para la Prevención, Orientación y Abordaje de Situaciones de Violencia Laboral y Violencia por Motivos de Género, elaborado en conjunto por la Dirección de la Mujer, la Dirección General de Recursos Humanos, el Punto Focal de Género (fogene) y los sindicatos Asociación de Trabajadores del Estado (ate), Unión del Personal Civil de la Nación (upcn) y la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (apsen). Este protocolo establece un procedimiento de actuación institucional unificado para recibir consultas y tramitar denuncias (mrecic, 2021). Esto fue resultado del cambio que se produjo a partir del fogene, que ese mismo año tuvo dotación de personal y recursos para ponerse en marcha. Asimismo, se llevaron adelante políticas orientadas en esta línea como la aplicación de la Ley Micaela,8 la realización de seminarios virtuales sobre masculinidades y lenguaje no sexista, la incorporación de la perspectiva de género en cada acción de la política exterior, entre otras. Hacia mediados de 2022, más del sesenta por ciento de los y las funcionarias han completado el curso, que tiene modalidad presencial o virtual para quienes se encuentran en el exterior.
Las políticas de género implementadas en el ámbito de la Cancillería, ya sea hacia el exterior, en el marco del accionar del país en foros internacionales, como hacia el interior del cuerpo diplomático, marcan una línea de fortalecimiento y visibilización de la agenda de género y las problemáticas de las mujeres y diversidades dentro del ámbito de la política internacional que requieren un posicionamiento claro y firme. Tal como nos ha expresado la directora Silvina Montenegro, su oficina tiene una amplísima agenda, tanto en el plano multilateral (onu, oea, Mercosur) como en el bilateral.
Nuestro país cumple un rol central en la promoción de derechos vinculados con la salud, y derechos sexuales y reproductivos. En nuestra región latinoamericana se destacan los avances en la agenda bilateral con México en el área de cuidados (haremos referencia a la Alianza Global por los Cuidados en el siguiente apartado), y en el Cono Sur, con la Red de Mediadoras con perspectiva de género, que incluyen a los países vecinos Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. A partir del reciente cambio de gestión en el país trasandino, el diálogo comienza a ser mayor, pero incluso con países donde existen mayores diferencias de enfoque, la Argentina tiene mesas de trabajo para continuar avanzando en la promoción de derechos. Por su participación en diversos ámbitos multilaterales, Argentina ha asumido compromisos de forma individual y colectiva tanto en educación sexual integral como en derechos sexuales y reproductivos; eso hace que las áreas del Estado deban trabajar de forma conjunta. Un caso, por ejemplo, es el de la asociación estratégica con España, que incluye ese tipo de compromisos bilaterales. Uno de los aspectos que ha robustecido a la Dirección dentro de la Cancillería es la incorporación de la agenda a otro tipo de tratados y acuerdos internacionales. Es el caso del acuerdo comercial con Chile y el de Mercosur y Canadá. Hoy muchas de las resoluciones, acuerdos, declaraciones de diversos ámbitos incluyen capítulos de género, lo que constituye un gran avance. Asimismo, se destaca el Programa Argentinas al Mundo, de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior de la Cancillería, que promueve el liderazgo y la participación equitativa de las mujeres argentinas en los negocios internacionales.
La agenda internacional del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
El organigrama institucional del ministerio incluyó una Dirección General de Relaciones Institucionales, conformada por distintas áreas, entre las que se encuentra la Dirección de Relaciones Internacionales, que estuvo, hasta abril de 2022, bajo la dirección de Laura Toker. Tal como pudimos conversar con la funcionaria, con una amplia trayectoria en el ámbito de los derechos huma- nos, uno de los aportes más sustantivos de la dirección fue la participación en los casos de violencia por razones de género en el ámbito de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asumiendo la responsabilidad de representar al Estado nacional ante demandas de este tipo, hubo en algunos casos emblemáticos un importante cambio de perspectiva, donde fue posible la articulación con gobiernos provinciales para lograr soluciones y compromisos que involucran el accionar futuro de los Estados.9
La Dirección de Relaciones Internacionales ha trabajado activamente en el desarrollo de estándares de derechos humanos, colaborando para profundizar en la agenda de prevención y erradicación de las violencias, así como las agendas de igualdad y de cuidados. En este sentido, se destacan los informes presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Opiniones Consultivas, a pedido de la Corte. Su rol ha estado también asociado con aportar a la Cancillería una producción propia y sustantiva para que las líneas políticas del ministerio tengan proyección en el ámbito internacional. Esto tanto para dar visibilidad como para poder consolidar esas políticas públicas locales y posicionarse en el ámbito global, permitiendo a su vez la trascendencia respecto de gestiones particulares de gobierno.
En el mismo sentido, una de las funciones de la Dirección de Relaciones Internacionales ha sido la de colaborar en la construcción de vínculos bilaterales, principalmente con España, Bolivia, México y Chile. Estos vínculos permitieron la cooperación técnica, en términos de aplicación de políticas con- cretas, como con la línea de atención 144, la gestión de la información y la Ley Micaela. A su vez, son centrales para profundizar en consensos políticos que permitan accionar de forma conjunta en los ámbitos regional e internacional.
En el resto del mundo, la oficina también ha tenido una importante labor en el ámbito de la cooperación internacional, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo Mujeres, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) -que financió el Mapa de Cuidados y las consultorías que se realizaron para la redacción del proyecto de Ley de Cuidados, presentada a principios de 2022- y con onu Mujeres. Una de las participaciones regulares del nuevo ministerio en la agenda internacional de género es en la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina. Organizadas por la Cepal, la primera de ellas se celebró en La Habana, en 1977. La XIV Conferencia se realizó en enero de 2020, en la ciudad de Santiago de Chile, a poco de la creación del ministerio. Las ediciones anteriores se realizaron en Montevideo (2016), Santo Domingo (2013), Brasilia (2010) y Quito (2007).
En Santiago, la delegación argentina estuvo encabezada por la entonces ministra Gómez Alcorta, acompañada por la -en ese momento- secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán; otras autoridades del mencionado ministerio, y las ministras de las mujeres de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, Estela Díaz y Claudia Martínez, respectivamente. En esa oportunidad, se aprobó que la XV Conferencia se realizaría en Buenos Aires, en 2022. Argentina fue sede en 1994, por última vez.
El planteo de dicha delegación se centró fundamentalmente en la importancia de la creación del ministerio y el eje de trabajo en políticas públicas sobre cuidados, y en la necesidad de fortalecer al Estado, contrariamente a lo impulsado por las políticas neoliberales y los modelos de desarrollo excluyen- tes. En efecto, durante la conferencia, la entonces ministra anunció que, en la órbita de su ministerio, se construiría un Mapa Federal del Cuidado en la Argentina, con el apoyo de ese organismo internacional (Paz Frontera, 2020). Al mismo tiempo, llamó a reforzar las articulaciones entre los distintos ámbitos de la Cepal y los órganos de integración y cooperación intergubernamental. “Los temas de género y derechos humanos deben proyectarse en todas las discusiones y políticas que se impulsen en la región” (Grupo La Provincia, 2020). El resultado final de la conferencia fue la aprobación del Compromiso de Santiago, que postula la necesidad urgente de tomar todas las medidas necesarias para acelerar la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Pekín y de la Agenda Regional de Género, fortaleciendo la institucionalidad y la arquitectura de género a través de la jerarquización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y de la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes niveles del Estado. Para el tercer trimestre de 2022, “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género” será el tema principal de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se iba a realizar en Buenos Aires.
Entre septiembre y octubre de 2021 se realizó la 48.° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la onu. En esa oportunidad, Argentina y México pre- sentaron una declaración para que se reconozca el “derecho al cuidado” de las personas como un derecho humano. Esa declaración fue acompañada por 50 países, y constituye un importante hito. Laura Toker sostuvo que el objetivo “es avanzar hacia el desarrollo de estándares jurídicos potentes, que garanticen el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y que detallen las obligaciones que al respecto tienen los Estados” (“Argentina y México buscan que se reconozcan las tareas”, 2021).
El Instituto de Mujeres de México promovió la creación de la citada Alianza Global por los Cuidados, con el apoyo de onu Mujeres durante el citado Foro Generación Igualdad. El foro fue celebrado en Ciudad de México, en marzo y en París, en julio de 2021, como un espacio de múltiples actores para inter- cambiar experiencias y buenas prácticas con el fin de avanzar en la agenda mundial del derecho al cuidado. Pilar Escalante, la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, representó a la Argentina en la reunión virtual de París.
En el marco de la presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur, en octubre de 2021 se realizó también de manera virtual la XVII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur, que promueve la coordinación de políticas públicas de género y trata de personas entre los Estados parte del bloque regional. Allí Argentina propició adoptar una recomendación cuyo objeto es instar a la construcción de sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos. En noviembre de 2021, la ministra expuso en el panel “Las mujeres son el cambio”, del Foro Progresista Global (Global Progressive Forum), un espacio de discusión internacional que se creó como iniciativa conjunta del Partido de los Socialistas Europeos, con su grupo en el Parlamento Europeo y la Internacional Socialista, con el objetivo de discutir alternativas a los desarrollos del proceso de globalización a comienzos del siglo xxi. La primera cumbre mundial de la Internacional Progresista se había realizado de manera virtual entre el 18 y el 20 de septiembre de 2020. La organización tiene, en sus términos, la misión de unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas en un frente común para frenar el avance de la derecha en el mundo. Entre los promotores de la iniciativa, se encuentran el pensador de izquierda estadounidense Noam Chomsky, la ensayista canadiense Naomi Klein, el filósofo croata Srécko Horvat y la escritora india Arundhati Roy.
En agosto de 2021, se celebró la conferencia del G20 sobre Empoderamiento Femenino en Santa Margherita Ligure (Italia), con formato semivirtual. Se trató de la primera vez que el foro realiza una actividad centrada en el derecho al trabajo de las mujeres y en la discusión sobre políticas públicas destinadas a este sector de la población para mejorar su calidad de vida, así como en la lucha contra la violencia por motivos de género.
En septiembre de 2021, Gómez Alcorta fue invitada por Irene Montero -ministra de Igualdad de España- a exponer en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como referente en la materia y por el liderazgo argentino en la región. En marzo de 2022, encabezó un conversatorio que contó con la participación de funcionarias y referentes de países iberoamericanos, como la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
En marzo de 2022 se realizó la jornada “Nosotras movemos el mundo hacia la igualdad”, que tuvo lugar en la Sala Argentina del cck, en Buenos Aires, donde Gómez Alcorta estuvo acompañada de forma presencial por la exviceministra de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Minou Távarez Mirabal, hija de Minerva Mirabal, asesinada y torturada durante el régimen de Rafael Trujillo, y cuyo martirio, ocurrido el 25 de noviembre de 1960, en ese país caribeño, dio origen a la conmemoración del Día de la No Violencia hacia la Mujer. A esta disertación se sumaron Rousseff, Irene Moreno y la futura titular de la cartera de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Antonia Ore- llana. Durante el encuentro, se intercambiaron opiniones y se compartieron prácticas sobre cómo fomentar el empoderamiento de las mujeres y promover la igualdad de género en un contexto de crisis sanitaria, económica y financiera global, donde se potenciaron las desigualdades y las vulnerabilidades de las mujeres y lgbti+. Una de las mesas de debate de la jornada se tituló “Construyendo una política exterior para la igualdad”, moderada por Laura Toker, y de la que participaron Silvina Montenegro, Sabina Frederic (presidenta de la Comisión de Cascos Blancos) y Marina Cardelli (subsecretaria de Asuntos Nacionales).
Como decíamos en el apartado anterior, en oportunidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la consigna de la movilización del 8M fue: “La deuda es con nosotres”, y el ministerio la reiteró como propia, explicando que las mujeres se encuentran “sobrerrepresentadas en la pobreza”. Afirmó: “Siete de cada diez personas pobres somos mujeres así que la deuda es con nosotras” (“Gómez Alcorta: ‘Estamos sobrerrepresentadas’”, 2022). En este sentido, la posición recogió discursivamente las tradiciones latinoamericanas del feminismo que cuestionan las raíces profundas de la desigualdad. Ello ha quedado plasmado fundamentalmente en las participaciones y discursos en los ámbitos multilaterales descritos, donde, además, fue posible compartir la experiencia de la Argentina en los últimos dos años: la creación del ministerio, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la presentación en mayo de 2022 de un proyecto de Ley de Cuidados, entre otras. Tal como hemos demostrado a partir de la descripción de las diversas actividades citadas del ministerio, este recorrido permitió al país vincularse con otros países del mundo alrededor de estas agendas.
En octubre de 2022 se produjo la renuncia de la ministra a causa de diferencias políticas con la política implementada por Ejecutivo nacional, en el marco del conflicto territorial con pueblos originarios en Villa Mascardi y el tratamiento de mujeres de la comunidad mapuche. Fue reemplazada por Ayelén Mazzina. Muchas de las dificultades en la implementación de políticas específicas se relacionan con condicionantes de orden más amplio que caracterizan al gobierno actual del Frente de Todos: recortes asociados con el cumplimiento de metas del fmi y diferencias de líneas políticas dentro de la gestión pública que, en muchos casos, paralizaron o entorpecieron algunos cursos de acción.
Conclusión
El impulso y promoción de políticas de género en el ámbito de la política exterior y la internacionalización de la agenda de género marcan un giro en la aproximación a las problemáticas de las mujeres y géneros del Estado. La tradición argentina de apoyo y participación activa en foros internacionales multilaterales para la protección y defensa de las mujeres y niñas, al igual que en otras temáticas alineadas con muchos de los postulados feministas, como la protección de los derechos humanos y el medioambiente, y el cuestionamiento de las desigualdades económicas, han posibilitado una rápida incorporación de esta agenda a la política exterior argentina. Hoy el país tiene políticas que ofrecer al mundo, como el caso de la aplicación de la Ley Micaela, la Educación Sexual Integral y el avance en derechos sexuales y reproductivos. Se ha avanzado en la legislación sobre igualdad de género en distintos ámbitos, identidad de género, prevención de las violencias por razones de género, entre otros.
La labor de la Dirección de Relaciones Internacionales del ministerio ha sido central en este sentido, y ha tenido una impronta muy vinculada con nuevas perspectivas sobre el Estado y su responsabilidad en los casos denunciados en ámbitos internacionales. La proyección que tanto la Cancillería como el Ministerio han dado a las problemáticas de género han permitido construir vínculos bilaterales que son centrales tanto para instalar los temas en el ámbito global como para garantizar su continuidad en la política local.
La posición respecto de la solución pacífica de las controversias, el no alineamiento activo, la igualdad de género y la importancia del cuidado de la “casa común” constituyen el prisma del que parten las políticas exteriores implementadas. Esas ideas y creencias acompañan un accionar incipiente pero alentador en foros multilaterales, y han permitido reforzar los vínculos con países que también trabajan en esa línea.
Asimismo, podemos afirmar que hay una serie de iniciativas para avanzar hacia una mayor visibilización de las problemáticas y desigualdades de género en este ámbito, que se materializaron en acciones concretas. La gestión de Fernández ha demostrado una política activa para impulsar mecanismos que conduzcan a una mayor equidad de género por parte y dentro del Estado, como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de direcciones nacionales de la mujer en distintos ministerios. En el ámbito de la Cancillería, las políticas implementadas ponen de manifiesto un cambio en esa dirección; pero aún presentan múltiples dificultades en su implementación, asociadas principalmente con las disparidades en las tareas que ejercen las mujeres del cuerpo diplomático, su dificultad de acceso a los cargos y las limitaciones impuestas por una estructura patriarcal que resulta difícil de desarmar en el tiempo transcurrido.
Argentina cuenta hoy con un marco jurídico local de avanzada, más allá de las dificultades que atraviesa el país para poner en marcha muchas de las iniciativas. Ese marco jurídico ha avanzado en derechos sexuales y reproductivos, en la condena a la violencia por motivos de género, en la protección no solamente de las mujeres sino de todo el colectivo lgtbi+, como parte de una búsqueda constante de ampliación de derechos, en políticas de cuidado, etc. No queremos con esto considerar que las problemáticas estén resueltas, sino señalar la relevancia que ha cobrado la agenda de género en los distintos ámbitos de la política pública, incluida la política internacional. En esto, la Argentina tiene una posición de avanzada en la región.
Como hemos visto a lo largo del artículo, más allá de las dificultades y resistencias con las que lidian estos temas, la labor de la Cancillería, la existencia del Ministerio y la agenda llevada adelante han colaborado con la proyección internacional del país en esta problemática. La Argentina ya era pionera en términos del movimiento feminista, como en el caso de Ni una Menos, y sus desarrollos intelectuales también son reconocidos en el debate sobre las problemáticas de género en el mundo. Las cuestiones de género entraron a la política exterior por varias vías:
En este artículo, analizamos el tratamiento por parte del canal específico: el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por parte del área de internacionales del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud también ha sido parte de una internacionalización de su accionar en derechos sexuales y reproductivos. En menor medida, la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.
Las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales también construyen relaciones internacionales que pueden permanecer más allá de la política exterior. Las dificultades para implementar programas y los vaivenes en distintos gobiernos, como el caso de Suecia, prueban que para una permanencia y ampliación de esa agenda debe ser transversal y en permanente contacto con la sociedad civil. Si bien hay mucho trabajo por delante, y dificultades para implementar políticas, la creación de un ministerio permitió institucionalizar el avance de las demandas sociales; y en el ámbito mundial, implicó poder avanzar colectivamente con otros Estados en el camino de la construcción de un orden social justo.
