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Introducción
Más allá de la geopolítica, ¿qué repercusiones conlleva una anexión1 rusa para los individuos de los territorios ocupados?,2 ¿qué tan socializadas e internalizadas están las normas internacionales de derechos humanos (DD.HH.) en Ucrania?, y ¿qué ocurre con su garantía al instaurar Rusia su aparato estatal cuando expande sus fronteras? Si bien para finales de 2023 el este y el sureste de Ucrania están ocupados por Rusia en una nueva incursión que inició el 24 de febrero de 2022, se suele olvidar que parte del territorio del país llevaba, para ese entonces, ocho años "ocupado"3 por la potencia extranjera. La investigación en la que se basa el presente artículo pone el foco en la península de Crimea.
En este artículo se distinguen dos fases de anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia. Una primera, oficializada el 18 de marzo de 2014, con la República Autónoma de Crimea y la Ciudad con Estatus Especial de Sebastopol. Una segunda, declarada el 30 de septiembre de 2022, que arguye la unificación de las óblast de Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporiyia, al sur. Con líneas que se mueven conforme avanzan las confrontaciones bélicas, se estima que Rusia tiene anexado entre el 17% y el 23 % de Ucrania a 2023 (Gutiérrez & Kirk, 2023).
La condición del territorio crimeo "ocupado" por un Estado que, aunque suscriptor de tratados internacionales, también es conocido por prácticas de restricción de libertades, condujo a un deterioro de la situación de DD. HH. Este recrudecimiento de las condiciones activó las denuncias públicas de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales que, además, se sintonizaron con las organizaciones intergubernamentales (OIG). Esta alineación, en el marco de las preocupaciones compartidas sobre Crimea, derivó en la consolidación de una red transnacional dedicada a agenciar la idea y percepción en torno a la situación de los DD. HH.
El artículo analiza, bajo el enfoque de Keck y Sikkink (2000), la agencia de las redes transnacionales de defensa (RTD) en el tratamiento de la violación de DD. HH. en Crimea, entre marzo de 2014 y noviembre de 2021, como antecedente de la nueva fase de anexiones en Ucrania de febrero de 2022. El periodo de estudio termina allí, debido a que, a partir de ese momento, se constata un cambio táctico ofensivo de Rusia sobre Ucrania con el despliegue de alrededor de 150 000 soldados en sus fronteras suroccidentales que, en febrero de 2022, iniciaron la segunda fase de anexiones (Lima, 2021).
Si bien en la literatura académica hay estudios que se enfocan en el análisis del estado de las minorías étnicas del territorio anexado (Tutku & Kurtiy, 2019), así como en los repertorios de violencia empleados por el Estado ruso para constreñir cualquier manifestación en contra de la anexión (Coynash & Charron, 2019), la perspectiva de construcción de redes transnacionales no cuenta con suficiente acervo analítico. Este vacío, que, entre otras, se explica por el predominio de lecturas realistas en el estudio de las relaciones internacionales, invita a aproximarse al papel que en el régimen internacional de DD.HH. cumplen los actores no estatales.
Así es como la atención se pone en las denuncias sobre los derechos civiles y políticos y la intención de socializar normas internacionales que dan orden y constriñen el comportamiento, así como crean nuevos actores, intereses y categorías de acción (Finnemore & Sikkink, 1998). La RTD, al mismo tiempo que genera información sobre lo que ocurre en terreno, insta a agentes poderosos para presionar, exigir y demandar un cambio de acción de las autoridades. En consecuencia, es necesario partir de tres conceptos clave que delimitan el diseño metodológico de la investigación, cuyos resultados presenta el artículo, en especial, la búsqueda y análisis de la información, así como su interpretación.
El primero, las normas internacionales, un campo de estudio en la disciplina de las relaciones internacionales. Finnemore y Sikkink (1998) describen los estándares de comportamiento apropiado para actores con una identidad dada. Risse y Sikkink (1999) añaden que las normas están compuestas por principios morales individuales que, luego, comparten un número determinado de personas y que conducen a cambios en identidades, intereses y comportamientos. Acuñan los términos socialización para el cambio de lo individual a lo societal, e internalization, cuando se actúa conforme con la norma.
El segundo refiere las normas internacionales de DD. HH., en general, y los derechos civiles y políticos consignados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos,4 en específico. Risse y Sikkink (1999) manifiestan que los llamados derechos de primera generación buscan garantizar libertades en contra de la opresión estatal y que se espera que las normas de DD. HH. hayan tenido más impacto global. Entonces, el relieve se pone sobre los derechos a la vida, a ser libre de tortura, arresto arbitrario y detención, entre otros (Risse & Sikkink, 1999).
Por último, las RTD. Keck y Sikkink (2000), al reconocer en el fin del siglo xx e inicios del xxi la emergencia de otros agentes no estatales que inciden en la arena internacional, las conceptualizan como las relaciones entre agentes que "trabajan en áreas temáticas especializadas" (2000, p. 26). Su principal objetivo es el cambio de comportamiento de Estados y OIG. Las autoras proponen un listado de quiénes conforman la red: "organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, movimientos sociales locales, fundaciones, medios de comunicación, iglesias, sindicatos, intelectuales, partes de OIG, partes de rama ejecutiva o legislativa de los Estados" (2000, p. 27).
Son transnacionales, porque "trabajan internacionalmente sobre un asunto dado" (2000, p. 18), pero su labor se extiende desde el ámbito interno hasta el internacional. Son de defensa porque abogan por causas propias o de otros; promueven y azuzan el cambio de ideas, principios, normas e instituciones. Lo más relevante es la información que circula, cada vez más rápido, entre sus nodos y que es utilizada estratégicamente para poner nuevos temas en la agenda y, así, presionar por el cambio.5
Las RTD trabajan por medio de campañas, es decir, actividades entrelazadas y coordinadas para un fin común, en las que se establecen vínculos explícitos y visibles, y roles reconocidos por otros (Keck & Sikkink, 2000). Sus logros dependen de la existencia de instituciones políticas abiertas en el interior de cada Estado (Acemoglu & Robinson, 2012). Al respecto, Artamonov y Marín-Aranguren (2020) desarrollaron el término del ambiente habilitante, cuya "inexistencia limita el tamaño, la forma, extensión y funcionamiento" (2020, p. 294) de la red.
En cuanto a sus repertorios de acción, Keck y Sikkink (2000) mencionan cuatro tácticas para el logro de sus fines: 1) política de información, definida como la "capacidad de generar de manera rápida y fidedigna información que pueda emplearse políticamente, y de llevarla a donde produzca mayor impacto" (p. 36); 2) política simbólica, entendida como la "capacidad de apelar a los símbolos, acciones o acontecimientos que hacen comprensible una situación para un público que muchas veces se encuentra lejos" (p. 36); 3) política de apoyo y presión, delimitada como la "capacidad para apelar a actores poderosos para influir en una situación en la que no es probable que puedan ejercer presión los miembros de una red, por ser más débiles" (p. 37), y 4) la política de responsabilización, entendida como el "esfuerzo porque los actores de peso se mantengan en las políticas o principios que afirmaron antes" (p. 37).
Este esquema de tácticas guía el análisis de su agencia en el tratamiento de la violación de derechos civiles y políticos en Crimea, entre marzo de 2014 y noviembre de 2021. Se hace referencia, de manera específica, a la política de información y de apoyo y presión. La política de responsabilización y la simbólica no se incluyen en el análisis dado que, como se explica en la segunda sección, el tipo de fuentes de consulta disponibles no permite adelantar, al menos en esta primera fase de estudio, una descripción satisfactoria.
Con el fin de analizar la agencia de las RTD en el tratamiento de la violación de DD.HH. en Crimea, en una primera sección se hace una aproximación a la conformación del Estado ucraniano y la noción de DD. HH. como la institución que guía las discusiones de consolidación nacional desde la época de Rus de Kiyv. Este aparte permite comprender que el Estado y la nación ucraniana cuentan con un proceso evolutivo que en la actualidad cimienta la existencia de actores no estatales para la denuncia de las violaciones de DD.HH. en el marco de la anexión de Crimea. La segunda sección se dedica a analizar la RTD para lo cual, con base en un análisis cualitativo de fuentes primarias y secundarias, se mapean las tácticas, así como la presión de la red en la transformación de la actuación de Rusia.6 Para esto se seleccionaron ocho agentes del universo de la red transnacional. Los criterios de selección de los agentes, así como las fuentes documentales recopiladas y su análisis, se describen con detalle en la segunda sección.
Antecedentes del Estado ucraniano y la consolidación de la noción de derechos humanos
Al igual que en la mayoría de las repúblicas, la caída de la Unión Soviética condujo en Ucrania a procesos de reconstrucción de una nación (Гриневич, 2005), cuya "historia, idioma, cultura y sentimientos de identidad colectiva [...] fueron sacrificados en aras de una macropotencia que, por su ideología internacionalista, extensión, población y poderío militar era un imperio" (López-Medel Báscones, 2008, p. 21). Pero, en particular, en el caso de Ucrania, la histórica ruptura del sistema comunista representó la posibilidad de superar una relación tormentosa, cuyos vestigios se remontan a los orígenes de la Rus de Kiyv7 en el año 882 (López-Medel Báscones, 2008) y la posterior aparición del llamado principado de Moskovia, como resultado de la división del territorio8 (Галушко,, 2010).
Pese al actual proceso de autodescubrimiento del país, cuyo nombre empieza a registrarse entre los años 1187 y 1213 como la denominación "aplicada a las partes occidental y oriental de la Rus del Sur" (Галушко, 2010, p. 110), la construcción de sus instituciones no es reciente.
Así, el llamado Estado cosaco, con su estructura regida por el Hetma-nato, cumple un rol determinante en la consolidación de la nación ucraniana (Петкевич, 2006). En relación con el concepto de cosaco, existe un amplio debate que adquiere diversas connotaciones en función de la procedencia geográfica de la fuente de consulta. Los atributos, de lo que a partir de la segunda mitad del siglo xv se acuña como cosacos, son tan antiguos como Ucrania (Грушевський, 1913a). En el siglo XVI, "este fenómeno de la vida en la frontera, libre y entrenada en la permanente zozobra de la guerra adquiere el nombre técnico de cosaco" (Грушевський, 1913a, pp. 100 y 101; traducción libre). Y, durante este siglo, el fenómeno cosaco avanza en la formación de un estamento social que, a principios del siglo xvii, recibe un reconocimiento legal (Грушевський, 1913a).
A inicios del siglo XIV, la dinastía Gediminas, asentada en la tierra lituana, toma bajo su control amplios territorios, incluyendo el de Galitzia Volynia, que hoy hace parte de las regiones de Ucrania occidental, y, en el siglo xv esta región pasó al dominio de Polonia (Грушевський, 1913b). La sistemática invasión del territorio, a partir del siglo XII, por parte de las hordas mongolas, conduce al repliegue de la población, las instituciones políticas y económicas hacia los territorios del norte, dejando a la deriva tierras productivas (Петкевич, 2006).).
El imperio lituano polaco no logró contener las incursiones del Kan de Crimea sobre el territorio (Петкевич, 2006). Y, en este contexto de reiteradas invasiones y demás disputas territoriales emprendidas por los principados, los cosacos conformaron el pie de fuerza para la defensa de las regiones. Con este propósito, los cosacos fueron integrados en el ejército real y gozaron de prebendas que, además de la exención de tributos, incluyeron el reconocimiento de autonomía a su autoridad: el Hetmanato (Петкевич,, 2006).
Los intentos por parte de Polonia de regularización y disminución del pie de fuerza de los cosacos condujeron a la revolución de 1648, liderada por el Hetman Khmelnytsky y reconocida por los historiadores ucranianos como una gesta de liberación nacional (Румачик,, 2012). Para 1654, con la suscripción de los Artículos de Pereyaslav con Rusia, los Hetman fueron reconocidos por el zar como la autoridad en el territorio ucraniano. Este acuerdo se presenta "como un acontecimiento ordinario y movimiento táctico por parte de Hetman Bohdan Khmelnytsky, que poco se diferencia de tratados similares con el imperio polaco-lituano" (Румачик,, 2012, p. 107; traducción libre). En este sentido, más que un encuentro amistoso, el acuerdo representó una oportunidad estratégica para la defensa del Hetmanato frente a los polacos (Paraschnuck, 2018).
No obstante, años después, tras la muerte de Khmelnytsky, las negociaciones rusas con Polonia y la guerra con el aliado sueco del Hetmanato, así como el incumplimiento de las promesas rusas sobre la autonomía, se interpretan como un "ataque a la independencia del Estado ucraniano" (Румачик,, 2012, p. 97). Pese a los intentos de recuperar su independencia frente a Rusia, los esfuerzos del Hetmanato fueron fallidos. Y, en "1764 sería destituido el último Hetman ucraniano y diecisiete años más tarde en 1781 Ucrania era incorporada definitivamente al Imperio Ruso" (Paraschnuck, 2018, p. 168).
A pesar de este turbulento recorrido, a la progresiva asimilación del Het-manato durante el siglo XVIII y la prolongada división del territorio que aún hoy sustenta la dicotomía entre la zona oriental y occidental del país (Herrera-Kit, 2014), los movimientos nacionalistas mantuvieron vivos los cimientos de las instituciones que resurgen con nueva fuerza con la proclamación de la Constitución de 1996, que rompe con el estatus de República Socialista Soviética y marca un nuevo hito en la relación con la vecina Federación Rusa.
La consolidación de la noción de derechos humanos en Ucrania
Si bien algunos investigadores proponen dividir la consolidación del sistema legal contemporáneo de Ucrania en dos etapas, una primera comprendida entre 1990 y 1996, en la que se buscó expoliar las deformaciones del periodo soviético, y la segunda, que ubica al país en un sistema romano-germánico (Zolotar, 2014), la referencia a los DD. HH. en la estructura nacional es mucho más antigua (Oшкадеров,, 2017). Así, antes de la Declaración sobre la Soberanía del Estado de Ucrania de 1990, el país:
[...] recorrió un largo camino para consolidarse como Estado, durante el cual se desarrolló y fortaleció la idea de los derechos, nación, pueblo, individuo. Fue desarrollado por diferentes generaciones de pensadores ucranianos progresistas que resolvieron este problema en función de la existencia histórica del pueblo ucraniano. Sin embargo, como lo destaca el conocido jurista O. F. Skakun, la idea de los derechos humanos vivió y se enriqueció en Ucrania, independientemente de si Ucrania era "Estado" o "apátrida". (Балагура,arypa, 2002, p. 1; traducción libre)
La evolución de la estructura de derechos reconocidos en cada época de este recorrido, que se cataloga en cuatro grandes etapas (Oшкадеров,, 2017), responde al contexto político, económico y cultural de Ucrania de cada momento.
El primer código " Русская Правда" (Oшкадеров,, 2017), concebido en función de la estratificación social del momento de la Rus de Kiyv, define derechos de los señores feudales (vida, dignidad y propiedad) y personas libres (derecho a heredar, otros derechos naturales y económicos) (Балагура,, 2002). También prescribe a los señores feudales la obligación de protección de la población (Турута & Дубина, 2015) y un esquema de sanciones frente a las conductas violatorias. En el texto, que luego migra a los territorios de los distintos principados entre los años 1199 y 1213, estaba proscrita la pena de muerte y la esclavitud era producto del cautiverio en el marco de las confrontaciones (Балагура,, 2002).
Luego de la pérdida de la unidad territorial en el siglo XIV, y como respuesta a la creciente polonización de la cultura y la expansión del catolicismo en el territorio ucraniano, las hermandades,9 inspiradas en los ideales de la libertad, igualdad y dignidad, asumen el papel de la defensa y denuncia de las violaciones de derechos de los burgueses (Балагура,, 2002).
La guerra de liberación de 1648 condujo al reconocimiento legal del Estado cosaco, cuyo régimen organizativo se basaba en principios democráticos, cercanos a los regímenes europeos vecinos de la época y que procuró la restauración de derechos económicos, nacionales y religiosos que quedaron plasmados en la Constitución de 1710 que, aunque no entró en pleno vigor, representó un hito (Oшкадеров, 2017; Турута & Дубина, 2015). Esto debido a que, previó la separación de poderes, a la par de los esquemas democráticos modernos, reconoció "los derechos naturales del pueblo, sobre todo para protestar contra la opresión, consolidó decisiones inéditas en la sociedad feudal sobre la seguridad social de los pobres, viudas, huérfanos, etc" (Балагура, 2002, p. 2; traducción libre).
Si bien en el siglo XVIII, con la incorporación del Estado cosaco al Imperio ruso, Ucrania perdió su condición de Estado, sus pensadores integraron los influjos de las corrientes europeas de la Ilustración Турута & Дубина, 2015) que, basados en las posturas clásicas liberales, reconocían los derechos naturales. Los cambios de inicio del siglo XX, y el renacimiento del movimiento nacionalista ucraniano, acompasaron la discusión sobre los derechos de las personas con los derechos de la nación (Балагура, 2002).
En 1917, a través de las cuatro proclamaciones de la Rada Central (Parlamento revolucionario), convocada en el contexto de la revolución de febrero en Rusia, se fraguó un nuevo intento de independencia de Ucrania (Paraschnuck, 2018). Herederas de los mecanismos políticos de la Ucrania de los Hetman, las proclamaciones de la Rada culminaron en 1918 con la declaración de un Estado independiente.10 En particular la tercera proclamación de noviembre de 1917 consagró una amplia gama de libertades y reconoció, entre otros, la igualdad de todos los idiomas y derechos de los habitantes del territorio sin reparo en su nacionalidad (Балагура,, 2002).
Esta comprensión de derechos de la fugaz Ucrania independiente entró, desde 1920, en tensión con el progresivo encubrimiento del esquema de las Repúblicas Socialistas plasmado en cuatro Constituciones (Oшкадеров, 2017) que privilegiaron la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Así, luego de un periodo de inestabilidad interna, en 1922 el país entra a hacer parte de la Unión Soviética y, por lo tanto, asume su visión de derechos y deberes anclada a la noción de ciudadano, del llamado Homo sovieticus (Aleksiévich, 2013).
En la actualidad, la Constitución de 1996 consagra el tema de los derechos en su segundo capítulo y se destaca por la transformación de la concepción de las libertades, obligaciones y límites del Estado en la garantía de derechos que primó bajo el sistema soviético. En esta Carta, el individuo y sus derechos son reconocidos como el valor superior y se constituyen en el fin máximo de la acción estatal (Zołotar, 2014; Балагура, 2002; Коваль & Кобак, 2017). El capítulo II se alinea con el contenido y estructura de los estándares de la Carta Internacional de los DD. HH., así como los pactos regionales europeos. Dichos documentos, una vez ratificados por la Rada (parlamento), entran a hacer parte de la legislación nacional y son normas de aplicación directa (Zolotar, 2014).
En consonancia con la práctica internacional, además del reconocimiento constitucional de derechos, la obligación estatal de garantía de derechos reposa en un esquema institucional concebido para su gestión y protección (Клюева,, 2021). En esta estructura, el Comisionado para los DD.HH. de la Rada tiene un papel central, dado que recibe las solicitudes de protección de derechos y, a la vez, "a través de él se ejerce el control parlamentario sobre la observancia de los derechos y libertades constitucionales del hombre y el ciudadano" (Клюева,, 2021, p. 96; traducción libre).
En este esquema institucional, la referencia a los órganos de supervisión de los tratados no es nominativa. Por el contrario, de manera creciente los ciudadanos acuden a las instancias subsidiarias del Sistema Europeo de DD.HH. (Коваль & Кобак, 2017), para proteger derechos a juicio justo, a la propiedad, pago de salarios, protección frente a los malos tratos y la detención ilegal o privación de la libertad (Zolotar, 2014). Esto, entre otros, da indicios sobre la progresiva consolidación del ambiente habilitante para el afianzamiento y acción de las ONG y, por lo tanto, la emergencia de las redes.
Apertura a las redes transnacionales de derechos humanos en Ucrania
Al igual que en muchos países occidentales, la defensa de derechos en Ucrania también la ejercen las ONG (Косяченко,, 2022). Su aparición y expansión es, no obstante, reciente e inscrita en los procesos de separación del mundo soviético (Чепик-Трегубенко, 2013).
En la actualidad, si bien en la práctica ucraniana la noción de organización de DD.HH. es común, no existe una regulación legal específica en la materia, por lo cual su funcionamiento se enmarca en la ley sobre las asociaciones públicas, así como en la ley sobre la apelación de los ciudadanos que las designa, entre otros, como sujeto demandante (Галай,, 2013):
El impacto de las organizaciones de derechos humanos se dirige hacia la acción gubernamental en áreas de derechos humanos, decisiones, acciones (inacciones) de los organismos estatales y sus funcionarios, que conducen a vulneraciones o a la creación de obstáculos para el ejercicio de los derechos y libertades de los individuos, o cuando un individuo [...] ha sido responsabilizado de manera ilegal. (Галай,, 2013, p. 109; traducción libre)
Las transformaciones, que iniciaron con la Declaración de la Soberanía del Estado de Ucrania (Клюева,, 2021), siguieron con la revocatoria del tratado de creación de la Unión Soviética y se afianzaron con la proclamación de la Constitución ucraniana de 1996, condujeron a cambios en la sociedad y en el Estado. En este contexto, también se alteran las condiciones políticas que habilitan las posibilidades inmediatas de consolidación de un sector no estatal de defensa de derechos.
Lo anterior responde a diversos factores. Por un lado, desde la perspectiva jurídica, el reconocimiento de Ucrania como un Estado soberano derivó en un proceso de reconfiguración jurídica de la protección de derechos. La garantía de derechos se sustenta en la estabilidad jurídica que, en el periodo de transformación de la década de 1990, se ve afectada por una ampliación, modificación y ajuste de actos jurídicos que, incluso, conducen a la reducción de la calidad normativa, debido a las sobrevinientes contradicciones regulatorias (Черная, 2015).
Por otro lado, el sustento filosófico de garantía de derechos y la racionalidad de la construcción de nación bajo el sistema soviético dejaron una impronta en las estructuras que podrían estar afectando la confianza de la sociedad en las rutas de protección de sus derechos, y en especial, a través de la acción por parte de las organizaciones de defensa de DD. HH. en el país (Чепик-Трегубенко, 2013). Así, a diferencia de los países occidentales, el sistema soviético mantuvo por largo tiempo "declaraciones relativas a los derechos y deberes de los ciudadanos y no a los derechos y libertades de los hombres en general o de los habitantes, es decir, de todos los individuos que se encuentran en el territorio del Estado" (Gros-Espiell, 1985, p. 315). En este sentido, pese a que los documentos fundacionales de la época soviética contemplaban un amplio listado de derechos, estos eran derechos ciudadanos, concebidos desde la perspectiva de las necesidades de construcción del Estado soviético que suprimía la individualidad, exaltando la función despersonalizada del ciudadano como un elemento del sistema social (Бородін, 2010).
A lo anterior se suma, como barrera adicional, la falta de financiación para la institucionalización definitiva de las organizaciones de la sociedad civil de defensa. En consecuencia, y pese a la constatación de las virtudes de la existencia de canales estables de comunicación entre este tipo de organizaciones y el Estado, y una tradición de larga data en relación con los DD. HH., aún no se cuenta con mecanismos claros de colaboración (Чепик-Трегубенко, 2013).
No obstante, y a pesar de estos desafíos y a que el estatus legal de las organizaciones de defensa de DD. HH., previamente referido, impide contar con datos certeros sobre su cantidad y actividad en el territorio nacional, el estudio de raían (2013) presenta, con base en una revisión de los portales electrónicos de las organizaciones y algunas entrevistas con sus representantes, el panorama de acción resumido en la figura 1.
Fuente: traducido y adaptado a partir de raían (2013, p. 110).
Figura 1 Tácticas de organizaciones de defensa de derechos humanos
De esta forma, aunque el proceso de consolidación de la labor de las organizaciones de la sociedad civil en el país todavía tiene un largo camino por recorrer, trabajos como los de Чепик-Трегубенко (2013) presentan una mirada alentadora que destaca la apertura a la colaboración con las OIG de supervisión de los tratados de DD. HH. Y la evidencia de raían da cuenta de una serie acciones que podrían asimilarse a las tácticas que proponen Keck y Sikkink (2000).
Entonces, se puede inferir que la historia de Ucrania ha sido marcada por hitos que, aunque opacados en diferentes etapas de su búsqueda de independencia frente a la cercanía más o menos intrusiva de Rusia, han estabilizado la institución de los DD. HH. como parte de su sistema político y social. Estos avances, indispensables en el renacer del Estado y de la nación, hoy representan el cimiento para el surgimiento e institucionalización de reivindicaciones que invitan al despertar de una sociedad que históricamente no ha sido ajena a la noción de DD. HH. Y que, en el contexto de la ocupación del territorio de Crimea, ya cuenta con mecanismos de acción que serán abordados en el siguiente aparte.
Las redes transnacionales en la denuncia de la violación de los derechos humanos en el contexto de la ocupación de Crimea
En esta sección se presenta un análisis, a modo de concatenación, entre la política de información y la de apoyo y presión que identifica las denuncias hechas con mayor ahínco por la muestra de agentes de la red transnacional. Luego, se termina con la descripción de los logros de las redes, relacionados con cambios de comportamiento de Rusia sobre los habitantes de Crimea.
Para esto, se toma una muestra intencional de ocho agentes en función de 1) su reconocimiento en autoridad en la arena internacional en el campo de los DD. HH. Es decir, son dotados de legitimidad por otros, debido a su agencia e injerencia en el ciclo de las políticas globales, la socialización de normas internacionales, la determinación de prácticas apropiadas y su capacidad para presionar por el cambio condescendiente con "lo debido" o "lo apropiado" (Hall & Biersteker, 2007). 2) El concepto de red transnacional dado por Keck y Sikkink (2000), que reconoce un amplio abanico de agentes y que permitió encontrar representantes clave de Estados, partes de OIG, ONG internacionales y nacionales.
Luego de seleccionar a los ocho agentes, se recolectaron 238 documentos que, de manera directa, denunciaran la conculcación de los derechos civiles y políticos en Crimea: informes, noticias, alarmas, llamados a la acción, entre otros. Los documentos provienen de publicaciones periódicas contenidas en bases de datos y buscadores de las páginas web de los agentes (tabla 1). En este proceso se tuvo presente que la selección de la muestra de documentos es tan solo una parte del universo de fuentes. No obstante, dado el reconocimiento como autoridad de los agentes seleccionados, las interpretaciones dan indicios sobre el funcionamiento de la red transnacional.11
Tabla 1 Insumos para la recolección de fuentes documentales
Fuente: adaptación a partir de Trejos-Mateus (2022).
La información se procesó por medio de una codificación cerrada a través del software de análisis NVivo. El libro de códigos se estableció con base en las cuatro tácticas (Keck & Sikkink, 2000), con énfasis en la política de información y de apoyo y presión, y una lista de diecisiete derechos civiles y políticos contenidos en el Pacto y el Convenio. Se identificaron fragmentos de los textos que, de manera directa, hicieran referencia a distintas categorías para el análisis y la interpretación.
La política de información y la de apoyo y presión de la red trasnacional
Política de información Keck y Sikkink (2000) reconocen que lo más relevante de las redes es la información que circula entre sus nodos. Por consiguiente, la primera táctica no fue categorizada en sentido estricto, sino que contempló la codificación de fragmentos que señalaran los quebrantamientos a los derechos civiles y políticos de individuos y colectivos, así como acciones directas de las autoridades rusas para restringirlos. Luego, se analizó el contenido codificado y se determinaron patrones de vulneración por cada derecho, presentes entre marzo de 2014 y noviembre de 2021.
La figura 2 representa las proporciones de los fragmentos codificados referentes a los derechos quebrantados. Se reconoce que la figura no corresponde a casos, sino que atañe a un análisis de discurso. Resaltan las libertades individuales como las más afectadas.12
Fuente: tomado de Trejos-Mateus (2022).
Figura 2 Proporciones de los fragmentos relativos a violaciones de derechos
La tabla 2 enlista los patrones de vulneración identificados luego del análisis de los fragmentos codificados por cada uno de los derechos civiles y políticos.
Tabla 2 Principales patrones de vulneración a los derechos civiles y políticos en Crimea (marzo de 2014-noviembre de 2021)
Fuente: tomado de Trejos-Mateus (2022).
El amplio número de patrones de vulneración identificados en los 238 documentos expone, por un lado, el arduo trabajo de la RDT para (re)transmitir información sobre el comportamiento restrictivo de Rusia sobre el territorio anexado; por otro, abre la hipótesis sobre su uso con el fin de mantener el control sobre la península.
Al respecto, en los cinco informes consultados de Freedom House se propone un índice que evalúa el estado de los derechos políticos y las libertades civiles, que da una calificación entre 0 y 100, siendo 0 menos libre y 100 más libre. La figura 3 compara el resultado del índice entre Rusia y Crimea entre 2017 y 2021, en la cual es una constante la lamentable situación en la península.
Si bien Rusia es conocida por su legislación restrictiva a los derechos civiles y políticos, al parecer su aplicación fue más severa en Crimea. En consecuencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DSUS) denuncia que "las autoridades citaron leyes que protegen la seguridad nacional para justificar las represalias contra los opositores a la ocupación rusa" (2018, p. 68).
Política de apoyo y presión
Política de apoyo y presión Bajo la categoría de "política de apoyo y presión", conforme a la definición de Keck y Sikkink (2000), se agruparon aquellos fragmentos que manifestaron un llamado de agentes poderosos a otros miembros de la red para influir y presionar a Rusia en el cumplimiento de sus obligaciones con los derechos civiles y políticos en la península de Crimea, así como las recomendaciones y denuncias de estos agentes sobre el comportamiento del gobierno ruso. Para este segundo tipo de tácticas, sobresalen las narrativas de los documentos consultados de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Human Rights House Foundation y Amnistía Internacional. Además, en el Examen Periódico Universal (EPU) aparecen las sugerencias hechas por los Estados,13 partes de QIG y QNG participantes del proceso.
Estos fragmentos se cruzaron con los patrones identificados en "política de información" para establecer una relación entre la producción de información de las redes y las recomendaciones y demandas dirigidas a Rusia. La tabla 3 muestra el cruce realizado, y señala las relaciones por cada uno de los cuatro agentes; entre tanto, el EPU subraya aquellos patrones mencionados en cuatro o más denuncias/recomendaciones en los documentos de los agentes, para ilustrar aquellos que tuvieron mayor coincidencia temática y temporal dentro de la RTD.
Tabla 3 Concatenación de patrones identificados en "política de información" con fragmentos en la categoría de "política de apoyo y presión"
ACNUDH: Alto Comisionado para los Derechos Humanos; EPU: Examen Periódico Universal.
Fuente: tomado de Trejos-Mateus (2022).
Dado que solo el 22 % de los patrones se relacionaron con las denuncias/ recomendaciones, se abre la hipótesis sobre una posible desconexión entre la información producida por las redes transnacionales y las coincidencias temáticas y temporales de acción/presión efectivamente desplegada sobre el Estado transgresor de normas. Es decir, podrían ser pocos los temas que cobraron resonancia en términos de recomendaciones en la agenda internacional. Con relación a lo anterior, llama la atención que nueve patrones no se mencionaron en las denuncias/recomendaciones; en particular, los tres incluidos dentro de "elecciones justas y universales" no recibieron ningún apoyo. Sin embargo, no se desconoce el contrafactual base de la hipótesis teniendo en cuenta la temporalidad de los informes y la muestra analizada.14
Otros temas presentes en las denuncias y recomendaciones de los agentes se relacionan con personas privadas de la libertad en casos considerados políticamente motivados y por ejercer los derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación;15 el acceso a Crimea de distintas partes de QIG y QNG internacionales, periodistas y demás mecanismos de monitoreo de DD.HH.;16 llamados a nominar a las dos entidades territoriales presentes en la península como ocupadas, y presión para permitir la asistencia consular a nacionales ucranianos.
Logros de la red en el cambio de la acción de Rusia
En el análisis se reconocieron diez momentos en los cuales se vislumbran logros en el cambio del comportamiento de Rusia en relación con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales relacionadas con los derechos civiles y políticos. Frente a la concatenación de patrones identificados para las tácticas de información y de apoyo y presión (véase tabla 3), se observa que de once patrones en los que hubo coincidencias temáticas y temporales de las redes, el Estado transgresor cedió en dos: la libertad de personas privadas de la libertad en casos considerados políticamente motivados y la libertad de movimiento (tabla 4). De este modo, se abre una hipótesis sobre la posible relación causal entre las acciones en las que hubo coincidencias temáticas y temporales por parte de la red y el logro de los dos cambios en la acción del Estado objetivo.17
Tabla 4 Concatenación entre las "campañas de información", las "campañas de apoyo y presión" y los cambios del Estado objetivo
Fuente: tomado de Trejos-Mateus (2022).
Sin embargo, también se encuentra que el gobierno ruso fue receptivo en otros temas, como la asistencia consular a nacionales ucranianos y el acceso a Crimea a distintas OIG globales y ONG internacionales, periodistas y demás mecanismos de monitoreo de DD. HH. La tabla 5 representa los diez momentos en los que se evidenciaron cambios de comportamiento de Rusia.
Tabla 5 Logros y su relación con la concatenación de la tabla 3
Fuente: adaptado a partir de Trejos-Mateus (2022).
La tabla 5 resalta la importante agencia de entidades del gobierno ucraniano para permitir la asistencia consular a sus nacionales en territorio ruso, sobre todo de la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Comisionado del Parlamento para los DD.HH. De este modo, se reconoce que el fortalecimiento institucional ucraniano para la defensa de los DD. HH., si bien sigue en proceso de construcción, representa un ambiente habilitante en la reivindicación de derechos. Asimismo, se subraya la importante labor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan para interceder con sus homólogos ruso y ucraniano para la liberación de dos líderes tártaros en 2017 (Amnesty International, 2017).
Conclusión
El artículo se escribe en el marco de la escalada de violencia en el territorio ucraniano, pero desataca que esta, aunque suela olvidarse, hace parte de un patrón histórico de relacionamiento con la vecina Rusia. Los hechos de 2014 que condujeron a la anexión de Crimea son, por lo tanto, uno de los más recientes antecedentes que dan cuenta de las consecuencias que, en términos de DD. HH., representa la pretensión imperialista de un Estado cuestionado por su represión de libertades. También permite comprender que, en régimen internacional, así como en las prácticas locales, los DD.HH. se han convertido en el valor que, a través de la agencia de actores no estatales, busca ser protegido y reivindicado por medio de diferentes tácticas. Así lo confirma la concatenación hecha entre los patrones de vulneración de los derechos civiles y políticos identificados para el periodo de estudio y las denuncias y recomendaciones que se hicieron a Rusia.18
El análisis adelantado muestra que la prohibición a la discriminación como derecho civil y político fue quebrantada en los trece derechos para los que se categorizaron patrones de vulneración. De este modo, emerge la hipótesis de que todas las acciones represivas de Rusia en Crimea se pueden condensar en una sola palabra: rusificación. Es decir, callar cualquier voz disidente, opuesta, no solo a la anexión, sino al régimen del presidente Putin.
También se evidenció que once patrones de cincuenta identificados en las campañas de información adelantadas por la red se vincularon con las acciones en las que hubo coincidencias temáticas y temporales en las campañas de apoyo y presión (tabla 3). El hallazgo permite plantear la hipótesis sobre una posible desconexión entre la información producida por las RTD (política de información) y la presión efectivamente desplegada sobre el Estado transgresor de normas (política de apoyo y presión).
Además, los resultados preliminares dan cuenta de la limitada capacidad de injerencia de las redes para presionar el cambio de comportamiento de Estados poderosos y con baja vulnerabilidad, como lo es Rusia. Por el contrario, la intermediación de Ucrania y Turquía tuvo mayor éxito, en referencia a la liberación de presos y la asistencia consular (véase tabla 5).
Finalmente, el análisis sobre Crimea representa un precedente sobre Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Futuros estudios podrían, incluso, detallar tácticas y estrategias en este patrón de la política exterior rusa y encontrar causas y fines para este comportamiento que parece limitar y restringir derechos y libertades individuales con tal de asegurar el control territorial.
