SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.3 número5LAS INSTITUCIONES COMO FACTOR QUE REGULA EL DESEMPEÑO ECONÓMICO índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista de Economía Institucional

versión impresa ISSN 0124-5996

Rev.econ.inst. v.3 n.5 Bogotá jul./dic. 2001

 


EDITORIAL



Bajo la sanción de un nombre prestigioso, cada renglón, por insignificante que sea, adquiere cierto valor. La reputación añade peso a las opiniones en consideración a su origen, opiniones que, por sí mismas, no hubiesen acarreado otra cosa que menosprecio.

Jeremías Bentham, Fragmento sobre el gobierno


I


El desarrollo del conocimiento científico es fruto de la lucha contra las doctrinas establecidas y resultado del esfuerzo de quienes tienen el valor moral y la independencia intelectual para oponerse a las verdades recibidas. Desde los antiguos griegos, la búsqueda desinteresada del conocimiento ha sido inseparable de la libertad espiritual. El ejemplo más preclaro fue Sócrates, quien prefirió la muerte antes que renunciar a examinarse a sí mismo y a la sociedad en que vivía. Y aún es un modelo de lo que debe ser el comportamiento cívico en una sociedad democrática.

Se apartó de la tradición cosmológica precedente e hizo descender la filosofía de los cielos inalterables al terreno mudable, contingente y transitorio de la existencia humana: al terreno de la ética y la política. Su indagación permanente de las motivaciones y las acciones de las personas y de las formas de organizar y llevar una buena vida, así como su oposición a cierta tradición sofista de su época, fueron un hito en la evolución del pensamiento griego y son parte del legado que ese pueblo dejó a Occidente. La búsqueda de las leyes que rigen el universo está desde entonces acompañada del esfuerzo por entender las maneras específicas en que los seres humanos se piensan a sí mismos, organizan sus sociedades y emprenden sus actividades para llevar a cabo los fines que ellos mismos establecen. Dos senderos que unas veces se bifurcan y otras veces parecen confluir: conocimiento del mundo y conocimiento de nosotros mismos; con el paso del tiempo, ciencias naturales, ciencias humanas. Y en ese transcurrir, una tensión y una pregunta permanente: ¿Las sociedades y los fines humanos están definidos de antemano por un orden celestial, cósmico o natural que puede ser descubierto por individuos inspirados o con capacidades o conocimientos especiales y que, por esa virtud, pueden guiar o imponerse a los demás o, por el contrario, las sociedades y sus fines se crean en el curso mismo de la vida y no hay un libreto preestablecido ni directores que conozcan el desenlace y puedan disponer cómo se representa el drama, sino que éste se inventa a medida que los propios actores improvisan sus diálogos y sus acciones? La historia del pensamiento y de las sociedades de Occidente ha sido, en cierto sentido, la historia de la compleja, difícil, impredecible y casi siempre enconada interrelación entre esos dos estilos y los modos de vida y de organización social que corresponden a sus métodos y aspiraciones. Y en esa historia, se ha modificado el papel protagónico de los actores: dioses, reyes, grupos corporativos, sabihondos, ciudadanos libres. O de las actrices.

Los propagandistas contemporáneos anuncian que la libertad de espíritu y la búsqueda del conocimiento comenzaron en la era moderna, con la revolución industrial y la creación de economías de mercado. La miopía se puede atenuar con ayuda de las leyes de la óptica; la miopía histórica es trágica o bufa, y aunque la enseñaza de la historia ayudaría a remediarla, hoy no está bien vista. Y los condenados no pueden sacrificar gallos a Esculapio. Pero no todos olvidan ni son presas fáciles de la propaganda. En el siglo XII, Juan de Salisbury continuó la tradición socrática cuando preguntó: “¿qué hay más digno de desprecio que quien desdeña el conocimiento de sí mismo?” y, por extensión, el conocimiento de la sociedad en que se vive. Durante el Renacimiento, la recuperación de las obras griegas preservadas por los árabes y los bizantinos llevó a redescubrir la tradición cosmológica griega y al retorno del espíritu científico, que en esa época confluyó con la herencia humanista, una de cuyas más altas expresiones fue Erasmo, también comprometido con el libre examen y la tolerancia. Los cambios religiosos, políticos y culturales del Renacimiento fueron premisas indispensables para el surgimiento de la ciencia y el desarrollo de las instituciones de la democracia y del mercado de los siglos XVIII y XIX. Aunque la historia es más compleja e intrincada. Y sería falseada si se ignora que los intercambios comerciales y las guerras de las cruzadas contribuyeron a esas transformaciones culturales. O si se ignora que la Reforma Protestante, basada en el libre examen de las Escrituras se entrecruzó con el racionalismo evangelista de Iñigo de Loyola. Así como es falseada cuando se interpreta como el resultado exclusivo del enfrentamiento entre clases, de la competencia entre individuos impulsados por meras motivaciones económicas o de la difusión de instituciones que reducen los costos de transacción.

En el pensamiento económico contemporáneo, estas dos corrientes –la de la ciencia exacta, cuyas leyes se supone se deben descubrir, y la de las ciencias humanas, cuyas reglas hay que inventar, parecen haberse de nuevo separado y están representadas por los economistas que dan importancia a la organización institucional y a las especificidades históricas de cada sociedad y por los economistas que elaboran afanosamente modelos universales válidos para todo tiempo y lugar.

Pero aquí también la interrelación ha sido intrincada y compleja. Economistas clásicos como Adam Smith o John Stuart Mill, fundadores de la disciplina económica como campo de estudio separado de la filosofía moral pero no ajeno a las consideraciones éticas, enmarcaron el funcionamiento del sistema económico dentro de las instituciones particulares de la sociedad inglesa. Los economistas neoclásicos, fascinados por los descubrimientos y los métodos de las ciencias naturales, se empeñaron en descubrir las leyes universales del comportamiento económico y pronto olvidaron la preocupación por el estudio del marco institucional que hace posible un buen funcionamiento de los mercados. Hoy, cuando las facultades de economía de los grandes centros relegan el estudio de la historia económica para privilegiar la alquimia estadística, hemos olvidado que la teoría institucionalista fue dominante en el mundo académico y político de los Estados Unidos durante las primeras tres o cuatro décadas del siglo pasado. Y que los grandes economistas del siglo pasado, sin importar sus antecedentes culturales ni su preferencias teóricas, advirtieron siempre las limitaciones y condiciones de validez de sus teorías y modelos abstractos para su aplicación inmediata a la solución de los problemas prácticos. No confundían el mapa con el territorio.

En esas mismas universidades se forman hoy los asesores de las organizaciones internacionales que promueven recetas universales para resolver los problemas económicos y sociales del mundo en desarrollo. Y también en algunas de ellas se recupera la tradición institucional de los fundadores. Los resultados de este redescubrimiento son impredecibles, pero el esfuerzo por restablecer ese legado refleja el agotamiento de los modelos universales y la necesidad de conciliar la dicotomía que ha caracterizado al espíritu y al pensamiento de Occidente.

Isaiah Berlin, cuyo ensayo sobre el juicio político presentamos en la sección de Clásicos, rechaza rotundamente la aplicación, para él utópica, de los métodos de las ciencias naturales en el campo de las ciencias humanas, la ética y la política. Según él, la tradición dominante descansa en tres supuestos: que toda pregunta auténtica tiene sólo una respuesta verdadera, las demás son un error; que el método para encontrar la solución correcta a todos los problemas auténticos es racional e idéntico en todos los campos de la vida social; que todas las soluciones verdaderas son universales e inmutables, válidas para todas las épocas y todas las sociedades, y que esas soluciones conforman un conjunto mutuamente compatible.

Esta visión racional, que ilustró a la población europea y la ayudó a emanciparse de las monarquías y la autoridad eclesiástica, se fortaleció y difundió a partir del siglo XVII, y en su fascinación con los avances de las ciencias naturales llevó a pensar que el método y el lenguaje de las matemáticas y la física se podrían emplear para conocer todas las leyes del universo y establecer una sociedad perfecta. Ni Voltaire ni Rousseau advirtieron que la razón podía ser utilizada por la sinrazón ni que el buen uso de la razón podía degenerar en racionalismo y convertirse en un sistema cerrado que lo alejaría de la tradición humanista. Y en un intrincado proceso de interrelación e hibridación con la reacción romántica, la corriente racionalista condujo a las utopías del siglo XIX y a las tragedias del siglo XX, que para Berlin fue “el peor siglo que ha tenido Europa. Nada ha sido más horrible para nuestra civilización... han ocurrido más cosas terribles que en cualquier otra época de la historia. Peores aún que en los días de los hunos”. Nos advierte que puede haber ideales pero que no hay soluciones únicas, que no hay recetas, que no puede haber una sociedad perfecta: que la utopía es aquello que no está ninguna parte.

Cuando hay distintas verdades o valores últimos mutuamente incompatibles, y no hay síntesis posible (nunca la hay, pace Hegel), en ciertas situaciones habrá que alcanzar penosamente un compromiso tolerable, si se quiere evitar la supresión total de una de esas verdades o metas humanas básicas y el consiguiente despotismo. Dicho así suena muy desabrido. Si se quieren evitar alternativas intolerables, la vida debe alcanzar diversos tipos de equilibrio a menudo inestable. Creo profundamente en esto; pero, claro, una doctrina así no inspira a la juventud. Los jóvenes buscan absolutos; y, tarde o temprano, los absolutos acaban en sangre.

Y nos invita a examinar sin descanso la sociedad en que vivimos y a no delegar en los expertos, por muy educados que sean y por las mejores intenciones que tengan, la responsabilidad de definir la manera de organizar nuestra vida y nuestra forma de organización social. Con el imprevisto derrumbe del comunismo, esa utopía ‘científica’ que suponía conocer las leyes de la historia, se abrió una breve posibilidad de que grandes grupos de seres humanos dejaran de ser sacrificados en pos de metas remotas, metas que no son metas sino simples engaños. La nueva utopía que intenta sustituirla, la ingeniería social basada en el supuesto conocimiento de las motivaciones universales de los individuos, parece estar cerrando esa posibilidad. Las ideas de Berlin –pensador liberal pluralista que rechazó las soluciones universales y se opuso a los sistemas monistas, incluidas las corrientes utópicas y racionalistas liberales– pueden ser de ayuda para que una ciudadanía bien informada no la deje cerrar por completo durante otro largo y trágico período. En una verdadera democracia, los fines de la sociedad deben ser definidos por los ciudadanos y corresponden a la esfera de la ética y la política. Los expertos contribuyen a resolver los problemas técnicos, sus tareas son esenciales pero limitadas, y también, por supuesto, pueden actuar como ciudadanos.

Es una ironía, frecuente en la especie y la vida humana, que los críticos terminen pareciéndose a quienes criticaron, así como los hijos que se rebelan contra sus padres terminan asemejándoseles. Los nuevos ingenieros sociales que tanto criticaron a los sistemas planificados y totalitarios, seducidos por la hybris –esa vanidad desmesurada que los griegos consideraban contraria al derecho y causa de desgracia para los hombres– se han convertido, pese a Hayek, en planificadores que prometen la felicidad en el futuro a costa del sacrificio y el sufrimiento en el presente, y son susceptibles del reproche que Alexander Herzen, ese gran populista ruso del siglo XIX, hizo a los que en sus día hicieron la misma promesa:

Si el progreso es la meta, ¿para quién estamos trabajando? ¿Quién es este Moloch que, cuando sus fieles se acercan, en lugar de recompensarlos retrocede siempre? Como consuelo a las multitudes exhaustas y condenadas que gritan morituri te salutant, sólo puede darles la respuesta burlona de que, después de su muerte, todo será hermoso sobre la tierra. ¿En realidad deseáis condenar a los seres humanos que hoy viven al triste papel de cariátides que sostienen el piso para que otros bailen sobre él... o de los miserables galeotes que, hundidos en lodo hasta las rodillas, tiran de una barca... con las humildes palabras de ‘progreso en el futuro’ escritas en su bandera?... Una meta infinitamente remota no es una meta, tan sólo [es]... un engaño; una meta debe ser más cercana, por lo menos el salario del trabajador, o el placer en el trabajo desempeñado. Cada época, cada generación, cada vida han tenido y tienen su propia plenitud; en route surgen nuevas demandas, nuevos métodos.


II


En esta entrega de la Revista de Economía Institucional presentamos tres trabajos de gran actualidad y de sumo interés para los estudiosos de las instituciones, el papel de la racionalidad en la teoría económica contemporánea y el análisis de la criminalidad en Colombia.

El primero de ellos, escrito por Richard Nelson y Bhaven Sampat, apareció inicialmente en el Journal of Economic Behavior and Organization y cuya traducción publicamos con la gentil autorización de Elsevier Science, analiza el papel de las instituciones y de las transformaciones institucionales en el crecimiento económico, un tema que, como ellos recalcan, fue esencial para Adam Smith y la escuela clásica y que ha renacido debido a la cada vez más difundida convicción de que para poder entender el desempeño económico es necesario “ir más allá de la lógica defectuosa en que se ha apoyado una teoría neoclásica casi agotada”.

Su amplia revisión de los trabajos sobre instituciones en economía y ciencias sociales evidencia que el concepto de ‘institución’ tiene distintos significados para los diferentes autores y los lleva a identificar algunas de las razones que explican esas diferencias y a proponer un programa de investigación para desarrollar un concepto de instituciones que se pueda integrar en una teoría coherente de la actividad económica, una tarea que consideran larga y difícil. A diferencia de los estudios hoy de moda en Colombia, que conciben a las instituciones como un producto de esfuerzos deliberados de ingeniería social derivados de las propuestas de la tecnocracia internacional de expertos en política macroeconómica, adoptan como hipótesis guía el concepto de instituciones como tecnologías sociales que dependen profundamente de las tradiciones culturales y que llegan a ser de uso generalizado, elaborándolo en forma coherente y suficientemente amplia para que pueda ser empleado en el análisis del crecimiento económico.

En su análisis, basado en el ya clásico estudio de Nelson y Winter de 1982 acerca del desarrollo comparativo de la industria de tintes sintéticos en Alemania e Inglaterra, Nelson y Sampat adoptan un punto de vista evolutivo que combina las ‘tecnologías físicas’ y las ‘tecnologías sociales’, donde las primeras cumplen el papel principal en el crecimiento económico y las segundas hacen posible utilizar o desarrollar las tecnologías físicas. Desde este punto de vista, el cambio institucional es inducido por otros cambios en la manera de realizar las actividades económicas. Algunos autores destacan los cambios en los precios o en los patrones de demanda y escasez, mientras que Nelson y Sampat destacan los cambios en las tecnologías físicas empleadas o disponibles que se juzgan promisorias si las tecnologías sociales se adaptan para explotarlas efectivamente y muestran que, al mismo tiempo, las tecnologías sociales vigentes influyen en la evolución de las tecnologías físicas. De modo que consideran que entre ellas se establece una relación de coevolución.

Su enfoque evolutivo acepta que el proceso de evolución de las instituciones involucra la reflexión, la planeación y las acciones deliberadas de los individuos, las organizaciones y los cuerpos colectivos, a la par que involucra ensayos, fracasos, nuevos intentos y aprendizaje de los errores. Por esa razón, Nelson y Sampat consideran que la evolución de las instituciones es ante todo un proceso de evolución cultural, y al tiempo que resaltan la importancia de la cultura compartida como factor que regula lo que las personas juzgan conveniente hacer, ponen de presente que el aprendizaje individual o colectivo lleva a desechar prácticas desventajosas o nocivas. E indican que cuando aparecen nuevos retos y oportunidades pueden ocurrir grandes transformaciones institucionales que hagan posible un sensible crecimiento económico.

El segundo trabajo, de Boris Salazar, profesor de la Universidad del Valle, desarrolla la hipótesis de que la combinación del análisis de situaciones y del principio de racionalidad de Popper ha contribuido a desencadenar la explosión de investigaciones y trabajos acerca de los temas de la racionalidad económica y del aprendizaje en contextos de interacción estratégica y de juegos evolutivos que se ha experimentado en la última década.

Esta amplia revisión de la literatura sobre el tema empieza con una exposición sintética del principio de racionalidad ‘débil’ de Popper –quien lo elaboró a partir de su lectura de Hayek e intentó erigirlo en pieza metodológica fundamental de todas las ciencias sociales– que abarca toda la gama de comportamientos compatibles con el criterio simple de ‘actuar en forma adecuada a la situación’ y que no supone “que el hombre actúa racionalmente siempre o en lo fundamental, o en la mayoría de los casos”. Y con su acostumbrado rigor y cubrimiento bibliográfico, expone en detalle las consecuencias metodológicas, las dificultades y las sendas de investigación ocasionadas y abiertas por la relajación del supuesto de racionalidad sustantiva –que aseguraba la conducta maximizadora de los agentes sociales y la consecución del equilibrio– y la paulatina adopción del principio de racionalidad en la teoría económica y social.

Boris Salazar pone en duda que la historia de la teoría económica en las últimas décadas sea un proceso de selección natural que favorezca a las teorías neoclásicas, un relato de marcha inevitable hacia un óptimo global. Señala que es “casi imposible aislar la marcha evolutiva de la teoría económica de las últimas décadas de los acontecimientos históricos que cambiaron el panorama de la economía teórica en Occidente”. Y encuentra claros indicios de que la dirección de la evolución no coincide con esta interpretación. E n el desarrollo de los juegos evolutivos, el nuevo institucionalismo, las teorías de la interacción social y las nuevas teorías de la cooperación, algunos autores ven un desarrollo alternativo al agotamiento del paradigma walrasiano predominante. Y en el desarrollo de los juegos evolutivos y su traslado a la economía convencional, otros ven una probable ‘toma’ de la fortaleza ortodoxa por las nuevas fuerzas de la evolución y las instituciones.

Y después de preguntar qué sucede cuando la racionalidad deja de ser un supuesto, presenta con una lograda capacidad de síntesis la evolución contemporánea de las interpretaciones de este concepto, e n especial de las que se derivan del trabajo de Herbert Simon, y los debates en el campo de juegos evolutivos y teoría del aprendizaje de los últimos años, así como las consecuencias metodológicas para los modelos de comportamiento de los agentes, que se deben esforzar por entender y explicar los procesos de formación de convenciones sociales y los procesos mediante los cuales los participantes aprenden a jugar equilibrios de Nash, por cuanto los aportes más recientes muestran que la conducta maximizadora es también algo que se debe aprender y ya no se puede considerar como un supuesto de la teoría ni como un resultado espontáneo del sistema económico. El autor no es propenso a predecir el futuro pero augura que la caja de Pandora de la racionalidad seguirá abierta mucho tiempo.

El tercer trabajo, escrito por Fernando Gaitán, profesor del Externado de Colombia, examina en forma crítica la interpretación, inaugurada por la Comisión de Estudios sobre la Violencia, de que todo conflicto social es causa de violencia y que en nuestro país impera una cultura de la violencia heredada de la Colonia y de las guerras del siglo pasado, que ha llevado a que los colombianos seamos violentos por naturaleza. Su autor señala que esta interpretación se basa en una definición ambigua y muy amplia del concepto de violencia, que impide precisar sus dimensiones reales y encontrar un hilo conductor que permita entender el problema y atacar sus causas verdaderas.

Fernando Gaitán propone una definición más acotada, que delimita la violencia a las acciones que producen daños físicos, susceptible de mediciones más precisas y cuantificables que permiten utilizar las estadísticas disponibles, establecer correlaciones, hacer comparaciones internacionales, encontrar diferencias y pautas regionales, y, por supuesto, contrastar las diversas hipótesis. Con base en diversos estudios empíricos recientes acerca de las tasas de homicidio, argumenta que esta forma de violencia no está correlacionada con fenómenos tales como el porte autorizado de armas, la pobreza y el consumo de alcohol. A los que critica severamente porque generan grandes erogaciones de fondos públicos sin que realmente contribuyan a aclimatar la paz, pues confunden los orígenes de la violencia con sus manifestaciones.

Frente a las interpretaciones multicausales, el autor de este trabajo opone una tesis que tiene gran aceptación en otros círculos y países y que acaso suscite controversias entre nuestros estudiosos: “el crimen y la violencia no son actos aislados de individuos aislados que por una fatídica combinación colombiana, producto de la pobreza y de la herencia de las guerras civiles del siglo XIX, nos llevan a robar esporádicamente y a disparar en la cabeza de los compañeros de tragos. El delito es una empresa y la violencia es, en su mayor parte, un subproducto de esa particular actividad empresarial que encuentra condiciones institucionales para su desarrollo”. Una tesis que el autor desarrolla con un análisis del narcotráfico y de los programas para erradicar el cultivo de coca, teniendo en cuenta diversas experiencias internacionales.

A partir de ese análisis, el artículo revisa en forma autocrítica los trabajos que se centraron en la tasa de impunidad como causa de la violencia y no como simple manifestación de ese fenómeno, y que en cierto modo llevaron a reformar las normas y los procesos legales para garantizar la evacuación de los sumarios y quizá a un aumento de la tasa de condenas sin reducir realmente la actividad delictiva. El profesor Gaitán concluye que el aumento de la delincuencia en Colombia está asociado a la ineficiencia de todo el sistema de justicia civil, que lleva a que las personas decidan hacer justicia por su propia mano, y que la lucha contra la criminalidad se debe concentrar en la persecución del crimen organizado, dando especial importancia a las labores de inteligencia.


III


En la sección de Notas y Discusiones incluimos las ponencias que se presentaron en la primera ronda del seminario sobre las propuestas de reforma institucional de la Misión Alesina organizado conjuntamente por FEDESARROLLO, la Universidad Nacional y el Comité Editorial de nuestra revista. Los resultados de la Misión fueron expuestos en ocho documentos sobre temas específicos cuyos principales resultados y recomendaciones se resumen en el informe escrito por su director, Alberto Alesina. Esta primera ronda se llevó a cabo en dos sesiones. En la primera, realizada en la Universidad Nacional, se comentaron los documentos sobre división de poderes e instituciones políticas. En la segunda, realizada en el Externado de Colombia, se comentaron los trabajos sobre la banca central, la criminalidad y el proceso presupuestal en Colombia. Los documentos restantes, sobre descentralización, educación pública y servicios sociales, se comentarán en la ronda siguiente, prevista para el mes de agosto de este año. Los textos correspondientes se incluirán en el próximo número de nuestra revista.

Las ponencias comentan las primeras versiones en inglés de los documentos, que se pueden consultar por Internet en la página web de FEDESARROLLO (www.fedesarrollo.org.co), y sus versiones definitivas serán publicadas en un próximo libro. Para una mayor comprensión de los temas de debate, invitamos a los lectores para que consulten directamente los documentos que lo suscitaron.

En términos generales, todas las ponencias de la primera ronda coinciden en elogiar los esfuerzos de la Misión y de FEDESARROLLO, la entidad que la promovió, y la importancia del debate académico y público acerca de las instituciones colombianas y de las reformas a nuestro sistema institucional. Los comentaristas coincidieron en que los documentos señalan deficiencias evidentes de nuestro sistema institucional, pero que aún merecen un análisis más profundo, detallado y contextualizado; al tiempo que pusieron de relieve que los diagnósticos exhiben una calidad heterogénea, que manifiestan diversos grados de desconocimiento de la realidad colombiana, que un buen número de las propuestas no toma en cuenta las transformaciones y los cambios de la última década y que, por esa razón, muchas de ellas sugieren cambios que ya se hicieron hace tiempo. Algunas de las ponencias enumeran y examinan en detalle los errores fácticos que revelan el desconocimiento de estas realidades y las inexactitudes de los datos o de las interpretaciones en que se basan los diagnósticos y las recomendaciones. Como, por ejemplo, las ponencias de los profesores Mauricio Pérez, Germán Silva e Iván Pacheco.

En términos más particulares, los comentaristas de los documentos sobre división de poderes e instituciones políticas y de justicia muestran que éstos reflejan una visión muy limitada de la función del proceso político en la definición de los fines de la sociedad y del papel y la naturaleza de las instituciones en una sociedad democrática, así como de su particular evolución histórica en nuestro país. Rodrigo Uprimny, por ejemplo, muestra que la noción de Estado es bastante estrecha: la Misión no lo concibe como aquella institución que garantiza los derechos de los ciudadanos sino como aquella que garantiza el cumplimiento de los contratos para reducir los costos de transacción, y recalca que esta concepción es respetable pero indica una inclinación ideológica que no es de consenso entre los estudiosos. Aún más específicamente, los trabajos de la Misión sobre estos temas privilegian la opinión de los expertos frente a la voluntad popular en la conformación de las instituciones, consideran que su estructura es un problema técnico y no un problema político, y que sus funciones no se limitan a promover la eficiencia económica sino que también deben garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos.

Las dos ponencias sobre la banca central reflejan puntos de vista bastante diferentes. La de Antonio Hernández presenta una síntesis histórica de la evolución del banco central colombiano. Muestra que en la época de su fundación, bajo la orientación del profesor Kemmerer, fue constituido como una entidad independiente y que en su primera época fue autorizado para hacer operaciones limitadas con los particulares a fin de evitar que el gobierno se quedara con la ‘parte del león’. El decreto 756 de 1951 le encomendó ejecutar una política monetaria, de crédito y de cambios que estimulara el desarrollo de la economía colombiana y lo autorizó para fijar cupos de crédito especiales para descontar operaciones de inversión en actividades agrícolas, industriales y comerciales. Así, el Banco de la República se convirtió en un banco de crédito que financiaba proyectos en forma semejante a los demás intermediarios financieros, que carecen de la responsabilidad y la atribución de emitir dinero. En su opinión, la supresión de esta función crediticia del banco central fue el cambio institucional más importante de la Constitución de 1991 y es una infortunada omisión del documento que comenta. Rechaza las propuestas de reforma que intentan regresar al régimen de 1951, comparte el espíritu de las recomendaciones de la Misión y expone sus discrepancias en el detalle de los mecanismos y los períodos de elección de los miembros de la Junta de Directores. Y destaca que su independencia depende más de la independencia intelectual de los miembros que de supuestas lealtades políticas o de sus inclinaciones por una u otra vertiente del pensamiento económico.

La ponencia del profesor Homero Cuevas muestra que el individualismo metodológico también debería ser aplicado en el caso del banco central y que los miembros de su Junta, igual que todos los agentes económicos, pueden tener intereses especiales y comportamientos estratégicos. Afirma que la transparencia obliga a poner de presente los juicios políticos que llevan a las decisiones de política económica y que es legítimo que ‘la política tenga espacio dentro la política”. Es decir, que el mandato político de la ciudadanía se exprese en las valoraciones del banco en adecuado balance con la experiencia técnica. Así, una junta pluralista, balanceada y realista podría acoger o rechazar el activismo del gobierno. Y coincide con otros comentaristas en que la renuencia a aceptar otras valoraciones políticas distintas de las estrictamente técnicas puede ser el reflejo de una aspiración totalitaria, así esté apoyada en buenas intenciones.

Por su parte, en materia fiscal, el profesor Isidro Hernández cuestiona la propuesta de concentrar el poder de decisión en el Ministerio de Hacienda y de modificar la metodología contable para renovar el proceso presupuestal colombiano. Señala que un verdadero cambio del sistema fiscal requiere una cambio profundo en la negociación de la agenda política y la orientación de la política macroeconómica del gobierno. Y muestra que algunas cifras oficiales contienen sesgos ideológicos y que el país debe apoyar la creación de centros de investigación que controlen y evalúen la preparación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto.


IV


En la sección final se incluyen dos ensayos de jóvenes profesores del Externado. La breve pero atinada reseña crítica de Carolina Esguerra al trabajo de Salomón Kalmanovitz sobre las instituciones colombianas en el siglo XX, publicado en la colección Libros de Cambio a comienzos de este año y reimpreso como capítulo tercero de su libro Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, recién publicado por la Editorial Norma. Y el conciso y empeñoso trabajo de Santiago Correa que anuncia la publicación del manuscrito de las lecciones de Economía política i estadística que Santiago Pérez dictó en su curso de economía en el Rosario, la Universidad Nacional y el primer Externado durante las últimas décadas del siglo XIX. Texto que será publicado muy pronto por el Externado de Colombia dentro de su esfuerzo por difundir las obras de los pensadores colombianos que han contribuido al desarrollo de las ideas económicas en nuestro país, y que será de mucha utilidad para los estudiosos de las ideas, pues pondrá a su disposición otra evidencia documental tangible de que la economía como disciplina no apareció en el país en la segunda mitad del siglo XX.

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons