EL ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN COLOMBIA

ACCESS TO WATER FOR HUMAN CONSUMPTION IN COLOMBIA

Martha Yánez Contreras^*
Karina Acevedo González^**

^*Candidata a doctora en Economía, magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, profesora asociada de la Universidad de Cartagena, Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Mercado Laboral, [myanezc@unicartagena.edu.co].
^**Economista, joven investigadora e innovadora Colciencias del Grupo de investigación en Mercado Laboral, Universidad de Cartagena, Colombia,[kacevedog@unicartagena.edu.co].

Fecha de recepción: 14 de diciembre de 2011, fecha de modificación: 4 de diciembre de 2012, fecha de aceptación: 22 de octubre de 2013.

RESUMEN

El acceso al agua es un derecho humano que se debe garantizar sin ninguna discriminación. Este artículo examina la existencia de inequidades en el ejercicio de este derecho mediante un análisis discriminante que identifica los factores que explican las diferencias en la calidad del agua para consumo humano entre los municipios colombianos en 2009. Los resultados indican que existen inequidades en el acceso al agua potable. En particular, los municipios más pobres registran los niveles de calidad más bajos.

[Palabras clave: agua para consumo humano, calidad del agua, análisis discriminante, equidad; JEL: Q25, C33, C35]

ABSTRACT

Access to water is a human right that must be guaranteed without discrimination. This article examines the existence of inequalities in the enjoyment of this human right through a discriminant analysis that identifies the factors that explain differences in levels of water quality for human consumption in the Colombian municipalities during the year 2009. The results indicate that there is statistical evidence of the existence of inequalities. In particular, poorest municipalities register the worst levels of water quality for human consumption.

[Keywords: distribution of water quality to human consumption, discriminant analysis, equity; JEL: Q25, C33, C35]

El derecho humano al agua busca asegurar que nadie sea privado de la cantidad y calidad del agua que garantice su vida, su salud y su seguridad alimentaria. Si bien la Constitución de 1991 consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la Defensoría del Pueblo (2007) revela que en el país persisten patrones de discriminación en el acceso al agua potable y saneamiento básico que privilegian a los sectores con mayor poder adquisitivo y desatienden a los grupos minoritarios protegidos constitucionalmente. Esto ha suscitado una preocupación por la aplicación de los principios de equidad en la distribución de la calidad del agua.

En el marco internacional, la Observación General No. 15 expedida en 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas (ONU) reconoce en forma expresa el derecho al agua y el deber de los Estados de garantizarlo sin discriminación (ONU, 2002). Esta Observación, que constituye el marco normativo del derecho al agua, busca dar cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a disfrutar el nivel más alto posible de salud física y mental, derechos indisolublemente asociados con el derecho humano al agua (ONU, 1966).

Con la ratificación del PIDESC por el Estado colombiano, este quedó obligado a garantizar el ejercicio del derecho al agua a todos los habitantes del país en tres componentes fundamentales: acceso, abastecimiento continuo y calidad. Es entonces deber del Estado velar por que las inversiones en el sector faciliten su disfrute a todos los miembros de la sociedad, prestando especial atención a las personas y grupos de personas que tienen dificultad para ejercer este derecho¹ y garantizando el suministro a quienes no disponen de medios suficientes (ONU, 2002).

El agua es indispensable para el desarrollo humano sostenible y para erradicar la pobreza y el hambre. Según la ONU (2010), cada año fallecen cerca de 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden443 millones de días lectivos a causa de enfermedades relacionadas con el agua contaminada y el saneamiento básico. Según cifras del Viceministerio de Agua, en el país fallecen anualmente cerca de 2.600 niños de 1 a 5 años por esta causa.

Este artículo explora la existencia de inequidades en el ejercicio del derecho al agua en uno de sus componentes: la calidad del agua para consumo humano. Primero examina la distribución espacial de su nivel de calidad entre municipios y hace una caracterización socio-espacial. Luego hace un análisis discriminante para examinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los municipios que reportan niveles sin riesgo, bajo, medio, alto e inviable sanitariamente; de existir, estudia los factores que explican esas diferencias para identificar patrones de discriminación.

El análisis de tales inequidades es parte del estudio de las desigualdades en el disfrute de bienes y servicios ambientales. Un tema de importante desarrollo en países con notable segregación por motivos de raza, pertenencia a grupos minoritarios e ingresos, donde se habla de racismo ambiental, es decir, donde la población no blanca y las minorías soportan los peores niveles de calidad ambiental, y las personas de bajos ingresos registran los peores niveles ambientales. En América latina, el tema gira en torno a la relación entre calidad ambiental y segregación socioeconómica en un contexto urbano.

En la primera sección se abordan los fundamentos empíricos del tema y en la segunda se esboza el marco regulatorio de la calidad del agua en el país; en la tercera sección se expone la metodología y en la cuarta se presenta una caracterización espacial de la distribución de la calidad del agua en los municipios colombianos; en la quinta sección se presentan los resultados de las estimaciones econométricas y, en la parte final, las conclusiones.

CALIDAD DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL: FUNDAMENTOS EMPÍRICOS

El disfrute de un ambiente sano es un componente fundamental de la calidad de vida ya que permite ejercer otros derechos, como el de tener una vida saludable. No obstante, la distribución asimétrica de los servicios ambientales revela inequidades relacionadas con el acceso diferencial de la población. En particular, las minorías y las poblaciones de bajos ingresos registran los peores indicadores de calidad ambiental.

El estudio de las relaciones entre características socioeconómicas y distribución de la calidad ambiental comenzó en la década de los ochenta con el surgimiento del movimiento de Justicia Ambiental² en Estados Unidos, cuyo origen fueron las organizaciones de derechos civiles que buscaban combinar la defensa de los recursos naturales y el cambio social de las comunidades minoritarias, en especial de raza negra. La presión de estos grupos llevó a que en 1983 la General Accounting Office hiciera un estudio en la región IV de la Environmental Protection Agency³ sobre la relación entre la localización de vertederos de residuos peligrosos y el estatus racial y económico de las comunidades vecinas (GAO, 1983).

De acuerdo con los resultados del estudio, los negros eran lamayoría de la población en tres de las cuatro comunidades donde se localizaban vertederos de residuos peligrosos. Este resultado motivó otros estudios similares que se utilizaron para sostener que la raza es la variable que mejor explica la localización de estos vertederos, los cuales dieron origen al debate sobre el racismo ambiental. Estos estudios encuentran sólida evidencia de que la población perteneciente a minorías étnicas y de bajos ingresos está más expuesta a riesgos ambientales.

Entre los trabajos que respaldan esta tesis se destacan el de The United Church of Christ Commission for Racial Justice (1987) sobre la ubicación de empresas de tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos. Por su parte, Bowen et al. (1995) analizan la distribución espacial de las emisiones toxicas en Ohio; Morello-F. et al. (2001) estudian la distribución del riesgo de cáncer por la emisión de tóxicos aéreos; Mennis y Jordan (2005) examinan la emisión de toxinas aéreas en New Jersey; Downey (2006), la contaminación generada por la industria; y Vásquez y Salgado (2011), la distribución inequitativa de riesgos ambientales en las comunas de San Pedro de la Paz y Peñalolén (Chile).

A su vez, las minorías y la población de bajos ingresos no solo están más expuestas a los riesgos ambientales ligados a la localización de rellenos de basuras y emisión de tóxicos, sino que también tienen acceso limitado a servicios ambientales como los que ofrece la vegetación. Con respecto a este último, se destaca el trabajo de Pedlowski et al. (2002) que analiza la distribución de árboles en áreas públicas de Campos dos Goytacazes, Río de Janeiro. Por su parte, Mennis (2006) estudia la intensidad de la vegetación en áreas residenciales de Denver, Colorado, y de la Maza et al. (2002) examinan la diversidad de la vegetación en Chile.

Si bien los estudios sobre justicia ambiental y segregación socio ambiental son numerosos, hay poca evidencia empírica sobre la distribución de la calidad del agua (Hird y Reese, 1998). A este respecto sobresale el trabajo de Asch y Seneca (1980), quienes mediante un análisis multivariante encuentran que los condados estadounidenses con alto porcentaje de población no blanca y de bajos ingresos registraron mayor incidencia de algunos contaminantes del agua, no de todos. En este estudio, la raza y los ingresos mostraron una correlación estadística con la calidad del agua, medida por nueve características del sistema de agua para uso doméstico.

Esos resultados son consistentes con los de Farzin y Grogan (2009), quienes analizaron la relación entre calidad del agua y poblaciones minoritarias e inmigrantes en California. La estimación de los modelos de regresión de cada uno de los indicadores de calidad considerados indica que, para la mayoría, las poblaciones minoritarias registran menores niveles de calidad que la población blanca; y en ciertos contaminantes, algunos grupos minoritarios tienen mejores niveles de calidad que la población blanca.

Por su parte, Hird y Reese (1998), mediante un análisis multivariado con datos de Estados Unidos, examinan las relaciones entre 29 indicadores de contaminación, entre ellos la calidad del agua, y diversas medidas sociodemográficas (ingresos, pobreza, desempleo, movilización política, raza y nivel de actividad industrial). Para medirla calidad del agua consideraron el porcentaje de ríos y arroyos contaminados, los incumplimientos en el suministro de agua pública, el vertimiento de aguas residuales y el nivel de riesgo del agua.

Sus conclusiones sugieren que las variables sociodemográficas tienen una fuerte correlación con la presencia o ausencia de contaminación. En particular, que la raza está asociada de manera significativa con la ausencia de calidad ambiental, ya que los no blancos y los hispánicos experimentan mayores niveles de contaminación. En el caso del agua, este estudio encuentra una relación positiva y significativa entre su baja calidad, y la población no blanca y la densidad de la población.

Por otro lado, en su estudio de la distribución del agua en las ciudades de Estados Unidos, Troesken (2001) encuentra que las compañías de abastecimiento público prestaban un mejor servicio a la población negra que las compañías privadas. En particular, que la propiedad pública del sistema de abastecimiento redujo la tasa de enfermedades asociadas con el agua entre los afroamericanos pero tuvo un efecto más pequeño entre la población blanca durante el periodo 1889-1921. Estos resultados tienen grandes implicaciones en el debate sobre el papel del Estado en la garantía del derecho al agua.

Aunque la mayoría de los trabajos empíricos encuentra evidencia de resultados diferenciales en el acceso a un medio ambiente sano, algunos autores llegan a resultados contrarios. Hird y Reese (1998) detectan una relación negativa entre pobreza y contaminación, es decir, la población de más bajos ingresos tiene mejor calidad ambiental. Asimismo, Downey et al. (2008), al comparar las cargas ambientales que soportan negros, hispanos, isleños del Pacífico, americanos nativos, asiáticos americanos y blancos en las 329 áreas metropolitanas de Estados Unidos, usando modelos logísticos, encuentran que la segregación residencial y las inequidades raciales y de ingresos son pobres predictores de las disparidades en la calidad ambiental. Y, además, que un mismo grupo puede experimentar desventajas ambientales de diferente magnitud en las distintas áreas metropolitanas.

Por último, Hamilton (1995), además de estudiar si los resultados diferenciales, por raza, de los riesgos ambientales obedecen a la discriminación, analiza otras hipótesis, en especial, diferencias en la disposición a pagar comodidades ambientales relacionadas con el ingresos o el nivel de educación, variaciones en la propensión de las comunidades a participar en acciones colectivas que se oponen a la localización de contaminantes potenciales, y decisiones políticas. Estas hipótesis se analizan al estudiar la capacidad de negociación de la población.

MARCO REGULATORIO DE LA CALIDAD DEL AGUA

En Colombia, el marco regulatorio de la prestación de servicios públicos se define en la Constitución de 1991 y en la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios). Esta última busca garantizar la calidad en la prestación de todos los servicios, la ampliación de la cobertura y la prestación continua e ininterrumpida.

El primer gran paso para regular las actividades relacionadas con la calidad del agua para consumo humano fue el Decreto 475 de 1998,que estableció normas técnicas sobre las características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas del agua. En especial, estableció que cuando el porcentaje de aceptabilidad está entre el 95% y el 100%, el agua es apta para consumo humano.

Más tarde, el gobierno nacional creó el sistema de protección y control de la calidad del agua con el Decreto 1575 de 2007 y señaló las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia mediante la Resolución 2115 de 2007. Esta última especifica los requisitos técnicos para calcular el Índice de Riesgo para el Consumo Humano (IRCA), el cual indica el grado de riesgo de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas.

Para obtener el IRCA mensual se divide la sumatoria de los IRCA obtenidos en cada muestra tomada en el mes por la sumatoria del número total de muestras tomadas en ese mes (ecuación 1).

El IRCA por muestra es el cociente de la sumatoria de los puntajes de riesgo asignados a las características no deseables y la sumatoria del puntaje de riesgos asignados a todas las características analizadas (ecuación 2).

El cuadro 1 muestra los puntajes asignados a los parámetros físico-químicos y microbiológicos no deseables, por incumplimiento de los niveles aceptables contemplados en la Resolución 2115 de 2007. Así, un municipio obtiene 0 puntos si cumple los valores aceptables de cada una de las características consideradas y 100 puntos cuando no cumple ninguno de ellos. Como dispone la Resolución 2115 de 2007, el cálculo mensual del IRCA es realizado por quien presta el servicio de agua. Esta información se entrega al Sistema Único de Información (SUI) en los plazos y términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

En cuanto a la vigilancia, la autoridad sanitaria de los municipios de categorías 1, 2 y 3 es responsable de calcular los IRCA y de reportarlos a la autoridad departamental. La autoridad sanitaria departamental calcula los IRCA de los municipios de categorías 4, 5 y 6⁴. La autoridad sanitaria del departamento debe remitir la información al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua (Sivicap) del Instituto Nacional de Salud. Una vez obtenido el IRCA, cada municipio se clasifica según su nivel de riesgo, tal y como se presenta en el cuadro 2.

Según la Ley 142 de 1994, a las alcaldías municipales les corresponde la función más importante en la provisión de servicios públicos domiciliarios: asegurar que se presten en forma eficiente a través de empresas de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del municipio respectivo. Los departamentos ejercen funciones de apoyo y coordinación y actúan como puente entre las políticas nacionales y su ejecución, la cual deben realizar los municipios. El gobierno nacional está encargado de formular la política sectorial, la regulación económica, la vigilancia y el control.

METODOLOGÍA

Los datos de calidad se toman de los informes de calidad del agua para consumo humano, elaborados por la Defensoría del Pueblo, disponibles desde 2007. Estos informes contienen el IRCA y la clasificación de cada municipio según los cinco niveles de riesgo.

Para estudiar las inequidades en el acceso a la calidad del agua en los municipios colombianos se analiza la distribución espacial de los niveles de calidad y se hace una caracterización socio espacial de los municipios en 2009 con información georreferenciada en Argis 9.3. Luego se hace un análisis discriminante en el que se examinan los factores que explican las diferencias en los niveles de calidad en ese año. Las estadísticas se toman del "Diagnóstico sobre calidad del agua para consumo humano 2009" (Defensoría del Pueblo, 2010).

El análisis discriminante permite detectar si hay diferencias entre los grupos de una variable categórica, en este caso, el nivel de riesgo de calidad del agua; determinar cuál de las variables independientes cuantifica mejor las diferencias entre un grupo y otro, y elaborar procedimientos de clasificación de individuos en los grupos analizados. El objetivo último de este método es obtener un valor teórico (D₁), combinación lineal de variables independientes, que permita discriminar entre los grupos definidos. La combinación lineal o función discriminante se representa en la ecuación 3:

donde D_i es la puntuación discriminante (grupo de pertenencia) del individuo i-ésimo, a es una constante y W_j es la ponderación de la variable j-ésima.

El uso de esta técnica multivariante exige cumplir el supuesto de igualdad de las matrices de varianzas-covarianzas poblacionales, cuya comprobación se realiza mediante la prueba M de Box. Debido a que el estadístico M de Box no tiene una distribución muestral conocida, se puede aproximar a un estadístico F, el cual permite hacer inferencias. Si el valor de su probabilidad es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis de igualdad de matrices de varianzas-covarianzas.

Para seleccionar las variables se emplea el método de inclusión por pasos a partir del método lambda de Wilks, con el cual cada variable independiente candidata a incluirse en el modelo se evalúa mediante un estadístico F, que mide el cambio que se produce en el estadístico lambda de Wilks al incorporar cada una de las variables al modelo. Así, para decidir si dicha variable se incluye en el modelo, se compara el F mínimo para entrar con el F obtenido de cada variable.

El estadístico lambda de Wilks mide las desviaciones dentro de cada grupo respecto de las desviaciones totales sin distinguir grupos. Si su valor es cercano a 0, la variabilidad total se deberá a las diferencias entre grupos y, por tanto, las variables con un lambda de Wilks pequeño serán las que más diferencian a los grupos. Si su valor se aproxima a 1, no hay diferencias entre los grupos y, por ello, las variables independientes con un lambda grande no tienen capacidad discriminante. La primera variable que entrará en el modelo será la que tenga el estadístico lambda más pequeño.

Por último, se presentan los coeficientes de clasificación de Fisher, que se pueden usar para clasificar nuevas observaciones.

En el análisis discriminante se empleó el software SPSS versión 15.0. El cuadro 3 presenta las variables incluidas.

La Defensoría del Pueblo publica trimestralmente los niveles de calidad del agua desde 2007. Este artículo se ocupa del segundo semestre de 2009, y para los municipios donde no hay registro de ese semestre se toma el nivel reportado en el primer semestre.

Para proyectar la población de cada grupo étnico en cada municipio se tomó el promedio anual de nacidos entre 2001 y 2005 del censo del DANE 2005, se usó el número de personas fallecidas en el último año antes del censo y se tomaron las estadísticas de desplazamiento de Acción Social que contienen información de municipios de origen y de recepción de cada grupo étnico.

Para obtener el índice de condiciones de vida (ICV) se calculó la tasa de crecimiento interanual de esta variable con base en los censos de población del DANE de 1993 y 2005 mediante la fórmula de interés compuesto (ecuación 4); luego, se proyectó el ICV desde 2005. Para los municipios carentes de información en el censo de 1993 se tomó el valor reportado en el censo de 2005 (59 municipios). Cabe resaltar que esta variable toma valores entre 0 y 100, donde 100 indica  mejores condiciones de vida.

donde i es la tasa de crecimiento interanual; V_f corresponde al ICV de 2005, y V_i al ICV de 1993.

El porcentaje de población rural se calculó con base en las proyecciones de población del DANE. La densidad de población se calculó a partir de las proyecciones del DANE y el área de cada municipio en km² del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La tasa bruta de educación se tomó del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y el desempeño fiscal del DNP. Este último es una proxy del manejo de los dineros públicos por las administraciones locales, y toma un valor de 0 a 100, donde 100 indica mejor desempeño. Las estadísticas de las variables incluidas en el modelo se presentan en el cuadro 4. En este se destacan el valor medio y la desviación típica de cada una de las variables según el nivel del IRCA.

Los resultados obtenidos revelan que el Índice de Condiciones de Vida y el desempeño fiscal disminuyen en forma continua desde los municipios con un nivel sin riesgo a aquellos con un nivel inviable sanitariamente. Igual sucede con el porcentaje de ruralidad, aunque los municipios con un nivel medio de riesgo reportaron un porcentaje de ruralidad ligeramente menor que los municipios con un nivel bajo. Asimismo, se observa una notable diferencia en el porcentaje de población étnica entre los municipios con un nivel sin riesgo (8,41%) y los municipios inviables sanitariamente (23,9%). En cobertura de educación no se observa un patrón definido.

CARACTERIZACIÓN SOCIOESPACIAL

En Colombia existe una marcada heterogeneidad en el suministro de agua para consumo humano pues solo el 42,17% de los municipios tiene agua con un nivel sin riesgo o un nivel de riesgo bajo (cuadro 5). Esto justifica la necesidad de examinar los patrones de distribución dela calidad del agua e identificar inequidades relacionadas con accesos diferenciales debidas a variables sociodemográficas.

En cuanto a la evolución de la calidad del agua entre 2007 y 2009 se observa una reducción del porcentaje de municipios con un nivel inviable sanitariamente, del 5,43% en 2007 al 3,38% en 2009. A su vez, se observa un aumento del porcentaje de municipios sin riesgo, del 23,64% en 2007 al 30,95% en 2009. A pesar del mejoramiento de los niveles de clasificación del IRCA, en algunos departamentos persisten municipios con bajos niveles de calidad, en particular, Guaviare y Guainía. Cabe destacar los resultados de Quindío y Arauca, que durante el segundo semestre de 2009 suministraron agua sin riesgo para la salud humana en todos sus municipios.

La distribución espacial de los niveles de calidad muestra que los municipios con mejores niveles se concentran en los departamentos de la región andina, en especial Antioquia y Cundinamarca. Los municipios con los niveles de calidad más bajos se distribuyen dispersamente en el centro, el suroccidente y la costa Caribe. Chocó y Vaupés no reportaron información de ninguno de sus municipios (mapa 1).

En los trabajos empíricos sobre inequidades ambientales se considera que la población perteneciente a grupos minoritarios y de bajos ingresos es la más propensa a la exposición a riesgos ambientales y a un menor acceso a las comodidades que ofrece el medio ambiente. Esto lleva a analizar la distribución espacial de estas variables para explorar su posible relación con los niveles de calidad del agua en los municipios colombianos.

Con respecto a la población minoritaria, el mapa 2 muestra que los municipios con mayores porcentajes de población perteneciente a minorías étnicas se concentran en la parte suroriental y en el occidente del país. No obstante, en la costa Caribe y el occidente se concentra la mayor parte de la población indígena, con el 42,8% y 41,3% del total nacional. La población negra habita principalmente en el occidente y en el departamento de Bolívar.

El mapa 3, que muestra la distribución del índice de condiciones de vida, revela que los departamentos del sur del país tienen las peores condiciones socioeconómicas y que en algunas zonas del centro se registran las mejores. Esta variable es una proxy de la capacidad de pago para obtener agua apta para el consumo. La falta de atención del Estado a las poblaciones con más desventajas en esta materia contraría el principio de igualdad consagrado en la Constitución y los compromisos internacionales.

El análisis de los porcentajes de población rural muestra que la mayor ruralidad se presenta en las partes sur y suroriente del país, aunque también hay altos niveles en el centro y el suroccidente. La densidad de población, que puede ser una proxy del aprovechamiento de economías de escala y que, por tanto, podría estar asociada con un mejor servicio de agua, se concentra en las capitales de los departamentos. Los municipios de mejor desempeño fiscal se localizan en el centro del país.

FACTORES DISCRIMINANTES DE LA CALIDAD DEL AGUA

En esta sección se hace un análisis discriminante para determinar si existen diferencias estadísticas entre los municipios que reportan niveles sin riesgo, bajo medio, alto e inviable sanitariamente en la calidad del agua para consumo humano. Si existen diferencias se identifican las variables que más pesan en su explicación y que, por tanto, revelan el patrón de comportamiento de las inequidades en la distribución de la calidad del agua.

Como ya se indicó, el principal supuesto de este método es que todos los grupos proceden de la misma población, es decir, que las matrices de varianzas-covarianzas poblacionales correspondientes a cada grupo son iguales entre sí. La prueba M de Box comprueba que se cumple este supuesto pues no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de dichas matrices (cuadro 6). Esto implica que el análisis discriminante es apropiado para estudiar los factores que explican las diferencias en los niveles de calidad del agua.

Para dar una idea de las variables discriminantes más importantes, el cuadro 7 muestra los resultados de la prueba ANOVA univariante, la cual permite explorar si los grupos difieren en cada una de las variables independientes clasificatorias, es decir, examinar la significancia de la hipótesis nula de igualdad de medias entre los grupos. Los resultados de la prueba muestran que las medias de las variables minorías étnicas, índice de condiciones de vida, ruralidad y desempeño fiscal son estadísticamente diferentes entre los municipios que registran un nivel sin riesgo, bajo, medio, alto e inviable sanitariamente.

En contraste, los resultados no muestran indicios de que la calidad del agua sea mejor en los municipios con mayor densidad de población ni con mayor educación. Esto no permite sustentar la tesis de que los municipios donde se pueden aprovechar economías de escala para suministrar agua de buena calidad y donde hay mayor disponibilidad para pagar comodidades ambientales o se tiene mayor conciencia de ellas son los que pueden acceder a mejores niveles de calidad del agua.

Para identificar las variables realmente útiles para explicar las diferencias en la calidad del agua y evaluar la contribución de cada variable al modelo discriminante se usa el criterio de inclusión por pasos siguiendo el método lambda de Wilks.

En el cuadro 8 se observa que la variable más importante es el índice de condiciones de vida porque tiene el menor valor del lambda de Wilks en el paso 0. Esta variable no solo es la más importante, sino que también se debe incorporar en el modelo porque tiene un F para entrar de 25,78, mayor que 3,84, el F mínimo para que se incluya una variable.

En el paso siguiente se excluye esta variable y le sigue en orden de importancia minorías étnicas. No obstante, esta no se incluye en el modelo porque tiene un F para entrar de 3,6, menor que el F mínimo.

El cuadro 9 resume los resultados del método de inclusión por pasos.

Los resultados respaldan la tesis de la existencia de inequidades ambientales, en este caso, inequidades relacionadas con las características o condiciones de vida de los habitantes. Se puede concluir entonces que existen patrones de discriminación en el acceso al derecho al agua en detrimento de los menos favorecidos. Esto sugiere que en la prestación de servicio predomina más el carácter lucrativo que la visión del acceso al agua como derecho humano. Asimismo, los resultados confirman el hallazgo de otras investigaciones sobre América Latina acerca de que más que inequidades por pertenecer a minorías étnicas, hay segregación por ingresos. Aunque cabe destacar que la variable minorías étnicas fue la segunda más importante para explicar diferencias, así no fuese significativa en términos estadísticos.

Por último, en el cuadro 10 presentamos los coeficientes de clasificación de Fisher, que se pueden usar para clasificar nuevas observaciones, en este caso, municipios. Para aplicar estos coeficientes se calcula cada una de las funciones de un municipio dado y se clasifica en el grupo donde la función obtiene una puntuación mayor.

CONCLUSIONES

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo sostenible, la integridad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre. Por ello, en el derecho internacional se considera como un derecho humano que se debe garantizar a toda la población, sin lugar a discriminación. Puesto que Colombia ratificó los tratados internacionales que así lo consagran, el Estado debe asegurar el acceso, la disponibilidad permanente y la calidad del agua a todos los habitantes.

No obstante, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, el 69% de los municipios colombianos carece de agua sin riesgo para consumo humano, lo que lleva a explorar las inequidades en el cumplimiento de este derecho humano. La literatura empírica encuentra evidencia de que los pobres y las minorías étnicas están más expuestos a riesgos ambientales y tienen menor acceso a los servicios ambientales.

Los resultados que se exponen en este artículo indican que existen patrones de discriminación en el derecho al agua, puesto que los municipios más pobres tienen menor acceso a agua potable sin nivel de riesgo. Esto lleva a concluir que un determinante importante de la calidad del agua es la capacidad adquisitiva de sus habitantes, que les permite pagar las tarifas de mantenimiento de la infraestructura y generar utilidades.

Es necesaria, entonces, la colaboración de las gobernaciones y del gobierno nacional para subsidiar la instalación y el mantenimiento de acueductos en los municipios que por falta de capacidad financiera y técnica no pueden suministrar agua de buena calidad por su propia cuenta o por cuenta de empresas privadas o mixtas.

Estos resultados también respaldan la hipótesis de injusticia ambiental porque los grupos de menores recursos disfrutan de menores niveles de comodidades ambientales, en particular de agua potable. Dado el carácter pluriétnico del país, la justicia ambiental por grupos étnicos no es tan fundamental: más que discriminación por pertenencia a minorías étnicas hay segregación por ingresos.

La densidad de población que permite obtener economías de escala en el suministro de agua potable no resultó significativa para explicar las diferencias. Tampoco la educación, la ruralidad o el desempeño fiscal.

Se recomienda hacer estudios que propongan índices para medir los tres componentes fundamentales del derecho al agua: acceso, disponibilidad permanente y buena calidad. Así como trabajos que profundicen el análisis de este tema en Colombia y en otros países latinoamericanos.

Pie de página

¹Mujeres, niños, grupos minoritarios, indígenas, desplazados internos, trabajadores migrantes, presos y detenidos.
²Para información detallada de los orígenes de este movimiento ver Dorsey (1997).
³La región IV de la EPA incluye los estados de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.
⁴La Ley 617 de 2000 establece la clasificación de los municipios colombianos.

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