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Revista de Economía Institucional

versión impresa ISSN 0124-5996

Rev.econ.inst. vol.15 no.29 Bogotá jul./dic. 2013

 

MENOS COCAÍNA, MÁS VIOLENCIA

Boris Salazar*
Cristian Frasser**

*Magíster en Economía, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, [bosalazar@gmail.com].
**Economista, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, [cristian.frasser@correounivalle.edu.co]. Una primera versión de este escrito se publicó en El Observador Regional 26, Cali, junio de 2013.

Fecha de recepción: 2 de octubre de 2013, fecha de modificación: 4 de ctubre de 2013, fecha de aceptación: 22 de octubre de 2013.


La caída de la producción colombiana de cocaína debería ser una buena noticia. Después de varios años de librar -con una dedicación sin igual en el mundo- la guerra contra las drogas ideada en Washington, Colombia parecería estar a punto de respirar tranquila. El informe de la agencia estadounidense de control de drogas (la ONDCP) afirma que la producción colombiana de cocaína habría caído de un pico de 700 toneladas métricas en 2001 a 195 en 2011.Mientras que en 2005 producía el 57,1% de la cocaína mundial, en 2011 solo produjo el 25,5% (gráfica 1). En los últimos diez años habría dejado de ser el primer productor y exportador de cocaína, para caer al tercer lugar, dejando en los dos primeros a Perú y Bolivia. Aunque el boletín de prensa de la ONDCP no es transparente con respecto a los métodos usados, la tendencia estimada coincide con los datos del último informe de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas): entre 2006 y 2011, el área cultivada, la producción potencial de hoja de coca y la fabricación potencial de cocaína no dejaron de caer en Colombia (UNDOC, 2012,50-52). E igual que la agencia de Estados Unidos, las Naciones Unidas observaron una tendencia opuesta en Perú y Bolivia, países que no han participado con igual entusiasmo en la guerra contra las drogas.

Por su parte, las incautaciones de cocaína muestran una tendencia estable después de llegar a un pico en 2005, en el punto más alto de las campañas de erradicación y fumigación adelantadas en el país. Este dato se debe enmarcar en el contexto de la guerra global contra las drogas: en ese mismo periodo, las dos terceras partes de las incautaciones mundiales de cocaína ocurrieron en Suramérica y Centroamérica. La implicación es obvia: los efectos de las pérdidas de capital y de las exportaciones han afectado, en mayor proporción, a narcotraficantes que operan desde Colombia, conectados a operadores de otros países de Sur, Centro y Norteamérica.

Si el narcotráfico y la violencia evolucionaron en forma sincronizada en el pasado, era razonable suponer que una caída de la producción, fabricación y exportación de cocaína colombiana debería también reducir la violencia asociada al negocio. Pero no ha ocurrido así. Por el contrario, la caída de las exportaciones nacionales de cocaína y la destorcida del negocio han provocado una violencia que se extiende a los sectores sociales más vulnerables. Es lo que queremos argumentar en este artículo.

MÁS VIOLENCIA

¿Qué tan buenas son estas noticias para Colombia? Contrario a lo que afirman las autoridades estadounidenses, el éxito de la guerra contra las drogas no ha resultado ser una buena noticia para los colombianos. Más allá de la retórica sobre la derrota del crimen organizado, y la consolidación del Estado y de la justicia, la realidad visible es una aceleración de la violencia en las ciudades y regiones donde el negocio del narcotráfico generaba la mayor parte de los ingresos del crimen organizado, y donde contaba con más recursos: pistoleros, armas, excedentes de drogas ilegales sin exportar y jóvenes en transición hacia el crimen.

Es el caso de Cali1. Según la información disponible, después de un descenso entre 2004 y 2008 la tasa de homicidios ha vuelto a crecer, acercándose al nivel del promedio histórico (gráfica 2). Por su parte, el número de homicidios registrados durante 2012 fue de 1.832, apenas uno menos que los perpetrados en 1993, el año de más homicidios en la historia registrada de la ciudad. Y en el primer trimestre de 2013 el número de homicidios fue superior al del primer trimestre de 2012. En definitiva, el descenso de los homicidios del periodo 2004-2008 y el júbilo que despertó en las autoridades locales son cosas del pasado. El negocio del narcotráfico cambió y con ello aparecieron nuevas articulaciones y modulaciones de la violencia.

En estricta justicia, el boletín de prensa de la agencia estadounidense no habla de los beneficios para los colombianos. Su descripción optimista de las consecuencias de lo ocurrido se concentra en los beneficios para los ciudadanos de Estados Unidos: menor consumo de cocaína, menor pureza de la droga vendida, menos muertes por sobredosis y una caída de las incautaciones en Estados Unidos.

Con respecto a Colombia los efectos benéficos son más abstractos y los relaciona con el fortalecimiento del Estado y la confianza de los inversionistas extranjeros, no con el bienestar de sus ciudadanos. Colombia y Estados Unidos habrían logrado reducir las exportaciones de cocaína debido a unas instituciones democráticas más sólidas, a la mayor presencia del gobierno a lo largo y ancho del territorio, a la erradicación persistente y focalizada, a la represión legal de las organizaciones de narcotraficantes, a las mejorías del sistema judicial, al desarrollo alternativo y a la creciente inversión extranjera inducida por un ambiente más seguro (ONDCP, 2012).

El silencio sobre los efectos reales en la vida, el bienestar y los ingresos de los ciudadanos colombianos es un reflejo del lado oscuro de la guerra contra las drogas. Si bien es cierto que la guerra ha tenido éxito desde el punto de vista de la caída de la producción y exportación de cocaína, de la desarticulación de las grandes organizaciones de narcotraficantes y de su sometimiento a la protección de la justicia estadounidense, no lo ha sido desde el punto de vista de la supervivencia y la calidad de vida de los colombianos, cuya inmensa mayoría no participa en el negocio del narcotráfico.

El modelo de guerra que adoptó el gobierno de Estados Unidos tiene como su objetivo derrotar a las grandes organizaciones de narcotraficantes, desarticularlas y fragmentarlas, dejando al Estado colombiano el tratamiento de todos los agentes violentos que han crecido a la sombra del narcotráfico y de esa misma guerra. Mientras que miembros de las primeras se entregaron en forma voluntaria a Estados Unidos, o fueron apresados y extraditados a ese país para ser sometidos a su sistema de justicia, los sicarios, pistoleros y especialistas en violencia en general, que estaban a su servicio, se quedaron en Colombia, enfrentando un sistema judicial y policivo de tal fragilidad que es muy cercano a la inexistencia.

Por ello, el resurgimiento de la violencia observado en algunas ciudades colombianas a partir de 2009 (Medina et al., 2011), a diferencia de lo que piensan otros analistas2, no es resultado de los ajustes de cuentas de siempre entre narcotraficantes, ni del simple reacomodo inducido por las entregas y capturas de grandes capos en los últimos años. Hay algo más profundo en esa aceleración sincronizada de la violencia en ciudades y regiones donde el narcotráfico era fundamental en su vida económica y social.

La reducción de la demanda de servicios de protección y de regulación en esas ciudades ha reducido los ingresos de los especialistas en violencia de todo tipo (sicarios, oficinas, bandas, pandillas), y los ha llevado a extender la oferta de sus "servicios" a negocios legales e ilegales de menor escala. El crecimiento de la extorsión a comerciantes, productores, transportadores y aun trabajadores informales y escolares ha elevado la violencia a través de dos vías: el asesinato de los que no pagan la extorsión y el pago de las víctimas a otros agentes violentos para que eliminen a los extorsionistas. Esta violencia adicional se suma a la "usual", generada por la regulación violenta del negocio del narcotráfico. Es más: ambos tipos de violencia se refuerzan mutuamente y generan un sistema que tiende a reproducir la violencia a través de distintos circuitos.

LA VIOLENCIA EXTENDIDA: EL CASO DE CALI

Lo que parecía ser una violencia entre bandidos se ha convertido en una violencia que afecta a una fracción creciente de la población de las ciudades y regiones afectadas. Es un efecto perceptible en todas las escalas: en Cali, los niños de las escuelas que viven en barrios cuyo control territorial se disputan las pandillas y otras organizaciones armadas deben pagar un peaje, o no pueden pasar por los territorios prohibidos camino de la escuela. Una proporción creciente ha optado por no ir a la escuela. En Buenaventura, la disputa territorial ha generado una nueva ola de desplazamiento interno que está dejando a una parte de sus habitantes sin un lugar para vivir en su propia ciudad, mientras cientos de viviendas están desocupadas.

He aquí nuestra hipótesis. El éxito de la guerra contra las drogas, que llevó a una caída de la producción y la exportación de cocaína, y a la entrega de más de 300 capos del narcotráfico a Estados Unidos, redujo los ingresos potenciales y reales del crimen organizado -que vivía de extraer tributos y de las tareas de regulación violenta ordenadas por los narcotraficantes- llevándolo a extender sus prácticas extorsivas y de tributación ilegal a la economía legal, que afectan a pequeños productores y comerciantes de todo tipo, y han generado una cascada de violencia que activa, de paso, a pandillas juveniles y delincuentes menores, y elevado los índices de inseguridad en Cali, Medellín, Buenaventura, Tuluá, Pereira y Cúcuta.

Al mismo tiempo ha crecido el narcotráfico "hacia adentro": una parte creciente de la producción nacional es vendida en el país por bandas más pequeñas, mediante el narcomenudeo, en las comunas más vulnerables de las ciudades afectadas. Este tipo de tráfico también está sometido a la protección extorsiva de pistoleros y bandas armadas.

La evidencia disponible no lleva a rechazar la hipótesis anterior, aunque es necesario hacer análisis cuantitativos más exhaustivos. La gráfica 3 muestra la evolución del número de homicidios en Cali y la producción de cocaína a nivel nacional según las dos fuentes de información disponibles. Allí se aprecia que entre 2005 y 2008 la continua reducción de la producción fue acompañada de una caída del número de homicidios. No obstante, desde 2009 los homicidios aumentaron en forma notable mientras que la producción de cocaína continuaba su destorcida.

Sin embargo, el impacto de la menor actividad del narcotráfico en la aceleración de la violencia no fue inmediato. Hay una explicación razonable: saber que las condiciones adversas no eran transitorias sino permanentes requería un periodo de adaptación y comprensión de la naturaleza de los cambios ocurridos. Más aún: en el corto plazo los agentes violentos todavía disponían de un flujo de recursos provenientes de negocios del pasado que les permitía mantener el nivel de demanda de protección y regulación violenta del negocio.

Para decirlo en una frase: hoy tenemos más pistoleros peleando por una cantidad cada vez menor de dinero ilegal. La salida inmediata ha sido buscar nuevas fuentes de ingresos en la economía legal y en las pequeñas economía ilegales, mucho menos líquidas y con menor capacidad de pago. No lo están haciendo las mismas organizaciones de narcotraficantes y sicarios del pasado, sino los fragmentos que quedaron de ellas después de ser sometidas a las fuerzas centrífugas internas, propias de todo negocio ilegal, y a la presión de las autoridades colombianas y estadounidenses.

Pero no se trata de muchos pistoleros sueltos, que buscan ingresos por su cuenta después de la destorcida del narcotráfico. Son estructuras, bandas, retazos de bandas, pandillas y parches en transición a bandas organizadas. Un archipiélago de bandas y fragmentos de bandas producto del desorden creciente generado por la presión de las autoridades estadounidenses y colombianas, y el predominio inevitable de la violencia en el mundo del narcotráfico, y por su combinación como resultado de la política de negociación y entrega de narcotraficantes que puso en marcha Estados Unidos en 19983.

Lo que ha seguido es un típico efecto de cascada que se amplía a través de las redes sociales en las que están incrustadas las redes criminales que aspiran a extraer tributos de todos los ciudadanos a su alcance. Un alcance que no se limita a la proximidad espacial y social, y que se expande por la falta de protección legal y estatal de las víctimas potenciales. Por ello, las víctimas de la nueva oleada de extorsión no son los más ricos sino los ciudadanos, sin protección alguna, que no pueden pagar seguridad privada y que tienen algún dinero disponible. Estar al alcance no solo es estar cerca, es también carecer de protección y de seguridad, privada o pública.

La reacción de algunas de las víctimas en un medio de violencia recurrente es pagar para eliminar a quienes las extorsionan. Aunque no disponemos de los datos específicos, es razonable suponer que parte de las ejecuciones en las ciudades mencionadas resultan del pago por matar de ciudadanos extorsionados que no ven otra opción para sobrevivir y mantener sus negocios. Estos pagos a sicarios incentivan la actividad homicida, provocan más violencia y alimentan el avance de la cascada, a través de circuitos recursivos de violencia.

El punto esencial es que se trata de una violencia que involucra a una parte creciente de la población en sectores sociales que están al alcance del crimen organizado. Lo que antes se podía interpretar como procesos naturales de control violento circunscritos al mundo criminal, ha pasado a ser parte de las formas cotidianas de interacción social en ciertas comunas y barrios de las ciudades afectadas. Los costos derivados de la actividad homicida crecen de la mano con el avance de la cascada violenta. A los costos resultantes de la pérdida de vidas humanas, y del capital humano y físico asociado a ellas, se suman los costos asociados al aumento de la desigualdad, el deterioro del tejido social y la pérdida económica ocasionados por la extorsión y la inseguridad.

Los efectos económicos sobre los sectores de menores ingresos son mucho mayores: la destrucción de negocios, capitales y expectativas en sectores sociales desfavorecidos tiene un impacto mucho mayor que en sectores sociales de mayores ingresos. Y, muy grave, el efecto imitación para jóvenes y niños que ven en el sicariato y la extorsión alternativas preferibles a la educación y el trabajo tiene un altísimo costo en términos de igualdad y posibilidades perdidas.

En el centro de todo está la incapacidad estructural del Estado para proteger a los ciudadanos. Mientras que los narcotraficantes encontraron un protector ideal en la justicia estadounidense, los colombianos que no participan en el negocio, o que viven de actividades legales, no tienen un Estado que los proteja. Es el desafío más grande de política pública en varias ciudades del país. Hasta ahora ni el gobierno ni la sociedad parecen haber reparado en él.


Pie de página

1En Medellín ocurre algo similar, con las diferencias inevitables de las trayectorias del crimen organizado en las dos ciudades: desde 2008 es fácil ver un aumento de los homicidios y las extorsiones y una extensión de la violencia organizada a sectores sociales más amplios (Martin, 2012; Medina et al., 2011). Esto a pesar de los notables esfuerzos de política social de las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar.
2Ver, por ejemplo, Durán (2013).
3De hecho, buena parte de la violencia ocurrida entre 2000 y 2004 se puede atribuir a la aniquilación sistemática de familiares y asociados de los capos que intercambiaron penas menores por delaciones de sus antiguos colegas en Estados Unidos. La volatilidad derivada de los arreglos con la justicia estadounidense volvió a crecer en los dos últimos años debido a la entrega y negociación de los hermanos Comba y a la captura de jefes de varias organizaciones de narcotraficantes.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Durán, A. "Cali, o la invisibilidad de la violencia", Razón Pública,2013, [http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paztemas-30/3671-cali-o-la-invisibilidad-de-la-violencia.html]         [ Links ].

2. Martin, G. Medellín, tragedia y resurrección: mafia, ciudad y Estado 1975-2012, Bogotá, Planeta, 2012.         [ Links ]

3. Medina, C.; C. Posso y J. A. Tamayo. "Costos de la violencia urbana y políticas públicas: algunas lecciones de Medellín", Borradores de Economía 674, Banco de la República, 2011.         [ Links ]

4. ONDCP. "Survey shows significant drop in cocaine production in Colombia", ONDCP press release, July 30, 2012.         [ Links ]

5. UNODC. Informe mundial sobre drogas, Viena, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012.         [ Links ]