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Revista de Economía Institucional

versión impresa ISSN 0124-5996

Rev.econ.inst. vol.16 no.30 Bogotá ene./jun. 2014

 

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, 2002-2006: EFECTOS SOCIOECONÓMICOS EN LAS ÁREAS RURALES

Democratic security policy 2002-2006: socio-economic impacts in rural areas

Gerson Javier Pérez Valbuena*

*Doctor en Economía, Economista del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República [gperezva@banrep.gov.co]. Agradezco a Marco Francesconi, Patrick Nolen, Joao Santos-Silva, Olivier Marie, Adolfo Meisel, María Aguilera, Karina Acosta, Karelys Guzmán y dos evaluadores anónimos por sus sugerencias y comentarios a una versión anterior de este escrito. A Kenneth Burdett y demás participantes en el RSS de la Universidad de Essex, y a Juan D. Barón y demás participantes en la 57.a Reunión Anual de la Asociación Norteamericana de Ciencias Regionales, por sus comentarios y recomendaciones.

Fecha de recepción: 11 de enero de 2013, fecha de modificación: 29 de mayo de 2013, fecha de aceptación: 25 de abril de 2014.


RESÚMEN

Este trabajo usa el cambio estructural en el número de incautaciones para medir el impacto de la política de seguridad democrática sobre el mercado laboral rural, entre 2002 y 2006. La nueva política tuvo efectos diferenciales por género, edad y tipo de ocupación. Produjo pérdidas socioeconómicas por la reducción simultánea de la oferta laboral y del ingreso de los adultos. En la participación laboral de los jóvenes y los niños tuvo un efecto diferenciado, por género. No parece haber tenido efectos significativos en la matrícula escolar.

[Palabras clave: participación laboral, crimen, economía regional; JEL: J21, K1, R23]


ABSTRACT

This paper exploits the structural change in the number of ruralseizures to measure the impact of strengthening the security policy between 2002 and 2006 on the rural labor market in Colombia. The new policy produced dissimilar effects across gender, age-groups, and type of occupation. In general, there was a socioeconomic loss in terms of reductions in the adult labor supply and income, while for youths and children there was a differentiated effect by gender in labor participation. No significant connections were found with school enrollment.

[Keywords: Labor participation, crime, regional economics; JEL: J21, K1, R23]


No hay un solo país o sociedad inmune a los efectos devastadores de la corrupción y otras formas de crimen organizado. Las organizaciones criminales perjudican y deterioran el funcionamiento de los gobiernos, y a veces desafían o infiltran instituciones y autoridades estatales. Cuando eso sucede en países con un Estado débil, tienen la oportunidad perfecta para iniciar negocios muy lucrativos1. Aunque el crimen organizado tiene larga trayectoria, solo hace pocas décadas atrajo la atención de la sociedad en general. Los análisis formales se iniciaron en los años sesenta, con los trabajos de Gary Becker, quien abrió la gama de posibilidades para explicar la racionalidad del crimen y los efectos de las medidas de disuasión. En particular, Becker (1968) adoptó un enfoque de costo-beneficio para analizar las acciones que minimizarían el costo social de este flagelo2. Estudios más recientes muestran claras evidencias de la relación, por mucho tiempo controversial, entre mayor seguridad y reducción del crimen (Machin y Marie, 2011; Draca, Machin y Witt, 2011).

Este escrito analiza el impacto socioeconómico de la lucha contra las organizaciones criminales en las zonas rurales colombianas. Intenta evaluar el efecto de la primera versión de la Política de Seguridad Democrática (PSD, 2002-2006) sobre algunos indicadores del mercado laboral y la educación considerando el cambio estructural ocurrido en el número de incautaciones de propiedades rurales. En particular, tiene en cuenta el profundo cambio en el sistema legislativo relacionado con los procedimientos para facilitar el seguimiento y la incautación de propiedades en manos de organizaciones criminales. Considera el aumento de la producción de coca a mediados de los noventa como el cambio exógeno que dio origen a los altos niveles de violencia en el país y a la correspondiente necesidad de nuevas estrategias de seguridad3. En este marco se puede argumentar que la decisión de diferenciar los departamentos (con alto y bajo número de incautaciones) no depende de los resultados de los indicadores del mercado laboral o la educación, después de controlar las variaciones inducidas por las diferencias en las características individuales4.

La política de seguridad adoptada por el gobierno que se inició en agosto de 2002 rompe la alarmante y creciente tendencia de los niveles de violencia (Pérez, 2012; Cortés et al., 2012). Desde finales de los setenta, con el fortalecimiento de los grupos guerrilleros, el contrabando y el tráfico de drogas, además del surgimiento de grupos paramilitares, el país enfrentó uno de los periodos más violentos de su historia. Durante varios años ocupó los primeros lugares entre los países con mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes, en la clasificación de Naciones Unidas. Rabasa y Chalk (2001, 17) atribuían buena parte de cerca de 30.000 homicidios en 2001 a la violencia relacionada con las drogas.

Los cambios legislativos realizados como parte de la fuerte política de seguridad debilitaron drásticamente a las organizaciones criminales. Desde el comienzo, el gobierno Uribe se comprometió a combatir militar y financieramente sus estructuras. Pocos días después de su elección, el presidente declaró el Estado de Conmoción Interior con el fin de adoptar las medidas necesarias para reducir los altos niveles de violencia.

Cabe esperar que la PSD, que fortaleció los mecanismos legales que aumentaron las incautaciones y redujeron el crimen, haya afectado el mercado laboral a través de dos canales5: la reducción del poder económico y en consecuencia militar de las organizaciones criminales, y el efecto disuasivo del aumento de los costos o la reducción de los beneficios derivados de las actividades ilegales.

En el caso de la incautación de propiedades rurales hay al menos dos canales, dependiendo de que el efecto esperado sea de corto o de largo plazo. Si es de largo plazo, la mejor calidad de vida debida a un lugar más seguro para vivir y trabajar, y la restitución de propiedades despojadas o abandonadas, se traducirá en el retorno de campesinos desplazados a las zonas rurales, donde encontrarán más y mejores oportunidades laborales. En el corto plazo, los campesinos podrían enfrentar una situación diferente a causa del conflicto, pues muchos de ellos se vieron forzados a trabajar en actividades ilegales, especialmente en el cultivo de coca, donde encontraron una fuente estable de ingresos. En este caso, con la implementación de la PSD serían de esperar reducciones de la participación laboral y quizá del ingreso de los trabajadores. Como este trabajo solo cubre la primera etapa de la PSD (2002-2006), cabe esperar algunos de los resultados descritos para el corto plazo6.

Es necesario señalar que de los ingresos reportados en las áreas rurales no es posible conocer cuáles provienen de actividades ilícitas, los más susceptibles de ser afectados. No obstante, después de varias décadas de existencia de grupos y organizaciones criminales, cuyo principal centro de operaciones son las áreas rurales, es razonable imaginar que incidan en muchas actividades económicas y, por tanto, que estas se vean afectadas cuando el Estado hace presencia a través de sus estrategias de seguridad.

La principal pregunta que aquí se busca responder es si la PSD, mediante el aumento de las incautaciones, ha afectado las condiciones socio económicas de la población rural en cualquiera de las formas descritas, y si sus efectos son homogéneos por género, grupo de edad y tipo de ocupación.

Los resultados son consistentes con los hallazgos de Angrist y Kugler (2008), en cuanto las labores relacionadas con la producción y el tráfico de drogas son fuente de trabajo e ingreso para la población rural, que encuentra más rentables estas actividades que la actividad agrícola legal. Una vez se debilita a las organizaciones criminales, en particular a las que tienen que ver con el cultivo de coca, el mercado laboral de estas zonas también se ve afectado.

En la primera sección se describe la política de seguridad, haciendo énfasis en las características legislativas relacionadas con los bienes adquiridos ilegalmente. La segunda sección presenta la información y la estrategia utilizada para clasificar las regiones. En la tercera se describe la metodología utilizada para calcular el impacto de la PSD en las variables socioeconómicas. En la cuarta se presentan los resultados encontrados y, por último, las conclusiones.

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

El presidente Álvaro Uribe adoptó e implementó la PSD en 2002. En su campaña, el candidato anunció planes para intensificar la persecución de los carteles de la droga, la guerrilla, los paramilitares y demás organizaciones criminales. En particular,el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario incluyó en su primer capítulo todo lo relacionado con lo que se llamaría Política de Seguridad Democrática. Este capítulo estableció los principales objetivos en la lucha contra el crimen organizado, los derechos humanos y la reparación social y económica de las víctimas y de la población vulnerable7.

Días después de su posesión en agosto de 2002, el presidente Uribe proclamó el Estado de Conmoción Interior (ECI) que le permitía automáticamente, como cabeza del poder ejecutivo, tomar medidas extraordinarias en materia social, económica y de seguridad8. Las razones para proclamar el ECI fueron los graves y crecientes actos terroristas (especialmente de las FARC) contra la infraestructura nacional, el tráfico de drogas, la extorsión, el desplazamiento forzado, las masacres y los secuestros. Una vez aprobado el ECI, el presidente tiene la facultad para expedir nuevos decretos y tomar decisiones a fin de resolver las perturbaciones de la ley y el orden9. Con tal fin, el gobierno implementó nuevas regulaciones y modificó las existentes, para hacerlas aplicables a la lucha contra las organizaciones criminales y reducir los niveles de crimen. Lo que hizo la diferencia con respecto a intentos anteriores fue la lucha económica y no solo militar contra el crimen organizado.

Entre las principales acciones emprendidas como parte de la PSD se destaca el endurecimiento de la legislación relacionada con los bienes adquiridos ilegalmente (Ley 333 de 1996). Con las nuevas medidas el gobierno buscaba el debilitamiento financiero y militar de los grupos criminales y el correspondiente aumento de las fuentes económicas del gobierno a través de la incautación. Esos recursos serían utilizados en materia de seguridad, y para mejorar el sistema de recompensas a quienes denunciaran a los delincuentes y los bienes adquiridos ilegalmente. En el pasado, esta legislación tuvo efectos modestos sobre la incautación de bienes, y por ello el gobierno, a través del Decreto 1975 de 2002, hizo algunos cambios a la Ley de Extinción de Dominio existente. La nueva ley se convirtió en parte fundamental de la lucha contra las organizaciones criminales10.

Los principales cambios que afectaron las acciones contra los bienes fruto de acciones criminales fueron los siguientes: primero, la descentralización de los procesos de extinción de dominio, que contribuyó a acelerar las acciones de incautación; segundo, a las personas investigadas por la posible posesión de bienes adquiridos ilegalmente ya no les era permitido usar apoderados durante los procedimientos legales de defensa de sus bienes, al menos al inicio del proceso judicial. En virtud de esta medida, los dueños de las propiedades, en su mayoría requeridos por las autoridades, debían comparecer personalmente ante la justicia, con la posibilidad de ser capturados. De acuerdo con la legislación, si el dueño de tales bienes no acudía, el gobierno podía declarar extinto el dominio de los bienes.

El tercero fue desligar el delito de adquisición de bienes provenientes de actividades ilícitas de los delitos penales relacionados, como homicidios o narcotráfico. El argumento era que la legislación anterior (Ley 333 de 1996) establecía que solo las propiedades bajo proceso penal podían estar expuestas a la extinción de dominio, lo cual habría contribuido a demorar las confiscaciones. Hoy, los procesos relacionados con bienes adquiridos ilegalmente son autónomos y no tienen que estar ligados a largos procesos penales para ser objeto de extinción de dominio. Todas estas medidas terminaron en un aumento sin antecedentes del número de propiedades bajo control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

De acuerdo con la legislación actual, una vez abierto un proceso legal, la DNE es la encargada de administrar los bienes y propiedades que se presumen ilegalmente adquiridos. Cuando el proceso legal termina, hay dos acciones posibles: devolver al propietario los bienes junto con las ganancias, si las hubo, en caso de no comprobarse su adquisición ilegal; declarar la extinción del dominio, en cuyo caso el Estado pasa a ser dueño de los bienes.

DATOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS REGIONES

Datos

La información de bienes incautados se tomó de la DNE11, cuya base de datos incluye las propiedades incautadas a las organizaciones criminales que quedan bajo control de su división de activos. Esta entidad recolecta, organiza y administra la información de cada activo confiscado a personas y organizaciones con vínculos criminales desde comienzos de la década de 1980. Entre los datos de cada bien incautado se tiene su localización geográfica, así como la persona o institución que actúa como custodio temporal o permanente.

Aunque existe gran variedad de bienes incautados en manos de la DNE, en este trabajo se tienen en cuenta las propiedades localizadas en áreas rurales. De los predios rurales incautados se querría conocer su tamaño, pero este dato solo está disponible para una pequeña fracción. Se tiene la fecha de entrada al inventario de la DNE de cada bien incautado, lo cual permite hacer un seguimiento en el tiempo.

En cuanto a las variables socioeconómicas y del mercado laboral, se utilizan los módulos rurales de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) que publica el DANE. La ECH es una base de datos mensual con información de corte transversal y un diseño muestral independiente, para la que se entrevistan individuos pertenecientes a diferentes hogares12. La cobertura de la ECH incluye 23 departamentos pertenecientes a las cuatro primeras regiones, y el Distrito Capital. Los demás corresponden a nuevos departamentos, con cerca del 4% de la población nacional. El periodo que cubre el análisis va de abril de 2001 a junio de 2006, un periodo en que la ECH mantuvo la definición de las variables de interés; además, satisface los requerimientos del análisis, pues la implementación de la política tuvo lugar a finales de 2002.

Clasificación De las regiones y estadísticas Descriptivas

Aunque la PSD es de alcance nacional, tuvo efectos desproporcionados en las diferentes regiones del país13. En este artículo se examina si la PSD, medida por el aumento del número de propiedades administradas por la DNE, tuvo efectos desequilibrados en el mercado laboral de las zonas rurales debido al aprovechamiento del aislamiento por parte delos grupos armados ilegales, el difícil acceso y la escasa presencia de las autoridades en esas zonas para planear y ejecutar sus actividades, y porque, a diferencia de otro tipo de bienes incautados -como vehículos o propiedades urbanas- las propiedades rurales son fuentes de empleo.

Este análisis puede verse afectado por los casos de corrupción descubiertos en la DNE, que pueden ocasionar problemas de endogeneidad, pues las cifras de incautaciones en las zonas donde los criminales tienen más control suelen ser más ambiguas. No obstante, un incremento de las incautaciones de un 600% entre 2002 y 2006 demuestra la efectividad de las medidas legislativas adoptadas por el gobierno en el marco de la PSD y hace pensar que, pese a los problemas de corrupción, la estrategia es aún válida14. Además, estudios anteriores revelan que, no obstante tales problemas, hay evidencia de una relación causal entre el aumento de las incautaciones y la reducción de la actividad criminal (Pérez, 2012)15.

Los departamentos se clasifican según el cambio porcentual del número de incautaciones en zonas rurales. La mejor forma de clasificar las regiones sería mediante los cambios relativos entre área de propiedades incautadas y área total del departamento. Pero solo se dispone de los datos de área de un pequeño número de propiedades y no se puede usar este indicador. Una opción sería calcular los cambios relativos respecto de la población, suponiendo que en las zonas más pobladas el número de incautaciones es mayor. Pero eso no es necesariamente cierto en el caso de las propiedades rurales, dadas las características del conflicto, porque los criminales las usan para diferentes propósitos: recreación, producción agropecuaria o cultivo de coca.

Así, los departamentos se clasifican en dos grupos: con alto incremento porcentual del número de incautaciones (grupo de tratamiento) y con bajo incremento (grupo de control)16. Para definir el umbral que los divide se emplea la distribución espacial del número de incautaciones17. La gráfica 1 muestra que los departamentos con un incremento superior al 3.900% se separan del resto, y que en algunos fue negativo; y el mapa 1 muestra la distribución espacial de los incrementos18. El primer grupo incluye los departamentos donde el número de incautaciones no cambió o se redujo. Cinco de los ocho pertenecen a la Costa Caribe (La Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba), uno a la Región Pacífica (Chocó), y dos de la Región Central (Quindío y Risaralda).

En el siguiente grupo (bajo incremento) el incremento fue del 1% a menos del 3.900%. En este grupo hay cuatro departamentos de la Región Central (Antioquia, Caldas, Tolima y Huila), uno de la Región Pacífica (Valle) y uno de la Región Oriental (Meta). En el siguiente grupo, la base para distinguir entre grupos de tratamiento y de control, se encuentran los departamentos con incrementos de hasta un 13.900% (alto incremento), dos de la región Caribe (Atlántico y Magdalena), cuatro de la Región Oriental (Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca), dos de la Región Pacífica (Cauca y Nariño) y uno de la Región Central (Caquetá): 9 departamentos integran el grupo de tratamiento y 14 el de control.

La gráfica 2 muestra la evolución del número de propiedades rurales administradas por la DNE. Antes de 2002, apenas se incautaron cien propiedades en promedio, con una clara tendencia decreciente19. Una posible explicación es la debilidad y vulnerabilidad del sistema legal. La otra parte de la historia es la puesta en marcha de la nueva política de seguridad a finales de 2002, que se reflejó en un rápido aumento del número de bienes administrados por la DNE. La determinación del gobierno para fortalecer y hacer cumplir la legislación hizo posible ese notable aumento, más de 700 propiedades en 2006.Las incautaciones se concentraron en los departamentos más ricos: Valle (34%), Cundinamarca (20%) y Antioquia (8%).

El cuadro 1 compara la situación anterior y posterior a la PSD mediante varios indicadores relacionados con la fuerza laboral y las características socioeconómicas20. Las columnas 1 a 4 dan detalles de los adultos de 21 a 59 años de edad; las columnas 5 a 8, de los niños entre 6 y 15 años21; y las cuatro últimas, de los jóvenes entre 16 y 20 años de edad.

CUADRO 1

En el grupo de adultos, la participación de los hombres en el mercado laboral fue de un 93%, y la de las mujeres de un 40%, en 2001 y 2006. En promedio, los salarios totales y monetarios de los hombres aumentaron en un 28% y los de las mujeres en un 24% en esos años. Los salarios de los trabajadores por cuenta propia aumentaron en un 60% para hombres y mujeres22. En el Anexo, 3 se muestra la evolución de las tasas de empleo y salarios de los diferentes grupos de edad.

La participación laboral de niños y jóvenes muestra una alta reducción: del 35% entre los niños y del 10% entre los jóvenes. En cuanto a la educación, la participación de los niños y los jóvenes en el sistema educativo muestra un aumento general. La participación de los niños pasó de 0,783 a 0,820 y la de las niñas de 0,820 a 0,913.Aunque entre los jóvenes el aumento fue menor, es significativo: de 0,283 a 0,362 para los hombres y de 0,267 a 0,318 para las mujeres. Los resultados del nivel educativo siguen una tendencia similar.

El cuadro 2 presenta los resultados educativos en 2005, por departamento y tipo de región. Las columnas 1 y 2 indican que no hay diferencias entre los grupos de tratamiento y de control en la asistencia escolar de personas de 5 a 17 años de edad, aparte de la diferencia entre residencia urbana y rural. Algo similar ocurre con los logros educativos (columnas 3 a 12); dejando de lado diferencias menores entre los grupos de tratamiento y de control en zonas urbanas y rurales, las circunstancias son similares.

CUADRO 2

METODOLOGÍA

La metodología que se emplea en este artículo tiene las siguientes características: 1. Cortes transversales repetidos correspondientes a las encuestas de hogares de 2001 a 2006. Debido a que los cortes transversales repetidos no siguen año a año a los entrevistados, los resultados no se pueden considerar realmente como cambios en la participación laboral, los salarios o la matrícula escolar de los mismos individuos; 2. Desagregación por individuos y departamentos, y 3. Diferencias regionales en el número y el aumento de incautaciones de propiedades rurales debidas a la nueva política de seguridad. El enfoque empírico se centra en la interacción entre los departamentos con alto incremento y el periodo de post-política. Esas características permiten usar la especificación:

donde γ es el efecto departamental, λ el efecto del tiempo, Ddtdst representa los departamentos con incautaciones crecientes cuando t = s,donde s indica el periodo post-política (2003-2006); y Xi representa el conjunto de características individuales (edad, estado civil, nivel de educación y tamaño del hogar). El parámetro de interés es d, que representa el término de interacción departamento/año o estimador de diferencias en diferencias. Se supone que εidt (e| d, t) = 0.

La variable dependiente es continua o binaria dependiendo de que se analicen los salarios o la participación laboral. Puesto que los salarios están condicionados al empleo, se usa el modelo de selección de Heckman, tomando el número de niños menores de 5 años como variable de exclusión para la probabilidad de ser seleccionado. Para las variables dependientes binarias se estima la versión logit de la ecuación (1). En todas las versiones del modelo los errores estándar se ajustan como agrupaciones (cluster) por departamentos, lo que permite la correlación entre individuos dentro de los departamentos y entre departamentos a través del tiempo23.

Para este tipo de estimación se adoptan dos supuestos adicionales. Primero, la independencia condicional entre las variables de mercado laboral y educación (Yidt) y la nueva política de seguridad (Ddst); es decir, la elección del grupo de tratamiento no depende de las variables resultado, después de controlar la variación inducida por las diferencias en el conjunto de variables de control24. Segundo, se supone que E[Y0idt|d, t] γd+ λt, donde Y0idt indica que la variable dependiente "no es de tratamiento" es decir que, en ausencia de un cambio en la política de seguridad, las condiciones de empleo de la población rural seguirían la tendencia conjunta de los efectos departamentales invariantes en el tiempo y del efecto anual común para todos los departamentos. En este caso γd cumple el mismo papel que los efectos individuales no observables del caso de panel de datos (Angrist y Pishcke, 2009).

El parámetro de interés es d, el estimador de diferencias en diferencias, que se puede interpretar como el efecto causal de la PSD. La metodología de las encuestas de hogares cambió a comienzos de 2001,y el hecho de tener información solo para dos años antes de implementar la PSD tiene al menos una desventaja: la imposibilidad de probar que las variables resultado de los grupos de tratamiento y de control sigan tendencias temporales similares en el periodo pre-política. Para absolver esta preocupación, el Anexo 4 muestra las tendencias pre política (1984-2000) de las principales variables resultado por grupo de población. Si bien no es posible separar los grupos de tratamiento y de control, por las características de la información, se observa que todas las tendencias y patrones se mantienen estables durante esos 17 años, lo que permite confiar en el cumplimiento de los supuestos.

RESULTADOS

Esta sección presenta los hallazgos más relevantes sobre los efectos de la lucha contra el crimen organizado en el mercado laboral de las zonas rurales. Como ya se dijo, la población se dividió en tres grupos de edad: adultos, niños y jóvenes. Además, en el análisis de cada uno de ellos se distinguen los principales tipos de ocupación25. También se calcularon los efectos del ingreso salarial monetario y del ingreso salarial total, pero como son muy similares solo se reportan los efectos sobre el ingreso salarial monetario.

Hay algunos factores que pueden distorsionar los efectos de la PSD sobre los indicadores socio-económicos de las zonas rurales. El primero es la identificación del grupo de tratamiento, porque el cambio de gobierno en 2002, que había anunciado previamente la lucha frontal contra el crimen organizado, puede haber cambiado por sí mismo el comportamiento de los individuos y quizá las cifras de crimen sin otra intervención. Para absolver esta preocupación se comprobó si los departamentos con altas incautaciones son los mismos en los que el candidato Álvaro Uribe tuvo mayor votación. Una exploración preliminar encontró que en solo 6 de los 23 departamentos existe una coincidencia. Además, al calcular la relación entre aumento porcentual de las incautaciones y porcentaje de votos válidos obtenidos por ese candidato, se obtuvo un coeficiente de correlación no significativo de apenas 0,053; y al explorar la posibilidad de correlación espacial entre las dos variables tampoco se encontró una relación significativa, un estadístico I de Morán de 0,1301 con un valor p correspondiente de 0,11226. Estos resultados demuestran, a favor de la validez del criterio de selección, que las elecciones presidenciales no afectaron por sí mismas la distribución regional de las incautaciones y, por tanto, la incidencia regional de la implementación de la PSD.

El segundo factor es la posible preexistencia de algún programa de desarrollo rural en los departamentos del grupo de tratamiento, lo que complicaría la separación del efecto particular de la PSD. Pero en esa época no se implementaban políticas rurales diferenciales en los departamentos donde aumentaron las incautaciones; solo diferían en el nivel de desarrollo departamental.

La migración es otro factor que puede ocasionar problemas en la identificación de los efectos de la PSD. Los efectos de una nueva política de seguridad en la decisión de permanecer, salir o retornar a las zonas rurales no son directos; esa política puede llevar a que los individuos tomen diferentes decisiones: algunas personas pueden decidir salir de esas zonas porque esperan un aumento de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las organizaciones criminales. Algunas pueden ser más optimistas y decidir quedarse, confiadas en que los ataques a los grupos ilegales harán más seguros sus sitios de residencia. Quienes vivían en zonas rurales pero hoy residen en cascos urbanos podían hacer un razonamiento similar para decidir si regresara las zonas rurales o permanecer en las urbanas. Estos factores, junto con la limitada información sobre migración, hacen que los efectos sean impredecibles27.

En cuanto a la participación en la fuerza laboral, de acuerdo con estudios anteriores sobre el impacto del conflicto en el mercado laboral rural (Angrist y Kugler, 2008), y con las estadísticas descriptivas de las variables objetivo, cabe esperar resultados diferenciales por género y grupo de edad. Los hombres son los principales actores del conflicto y se esperaría que la política de seguridad los afectara negativamente, a corto y mediano plazos, mientras se vinculan a actividades lícitas. Los varones adolescentes colaboran en las actividades productivas del hogar y se esperaría un efecto similar al de los adultos. Los niños, debido al efecto ingreso causado por la menor ocupación de los adultos, pueden verse en la necesidad de entrar a trabajar, es decir, a participar en el mercado laboral. El efecto no es tan claro en el caso delas mujeres, pero se esperaría un efecto ingreso similar al de los niños28.

Mercado laboral

Adultos

Este grupo integra cerca del 80% de la fuerza laboral en las zonas rurales; las mujeres representan un 30%. Además, para hombres y mujeres, la distribución entre los tipos de ocupación indica que el trabajo por cuenta propia es el de mayor participación, cerca del50%. El segundo en orden difiere entre hombres y mujeres, para las mujeres el sector privado es el segundo más importante (11%), y para los hombres las labores como jornaleros (25%).

El cuadro 3 muestra los efectos de la PSD sobre las variables de mercado laboral de los adultos, para cuatro tipos de ocupación: sector privado (columnas 1 y 2), sector público (columnas 3 y 4), jornaleros (columnas 5 y 6), y cuenta propia (columnas 7 y 8). En la primera columna de cada ocupación se muestran los efectos marginales de la versión logit de la ecuación (1); en este caso, la variable dependiente es una variable dummy que corresponde a la participación laboral de los individuos en su grupo de fuerza laboral: la segunda columna muestra los efectos sobre el ingreso salarial monetario (en logaritmos).

CUADRO 3

Los estimadores sugieren algunos resultados interesantes. En la participación laboral de los hombres no parece haber ningún efecto significativo, aparte de un pequeño aumento en el sector privado. En los departamentos de alta incautación la participación laboral de los hombres que trabajan en el sector privado aumentó en 3,9 puntos porcentuales después de la PSD, con respecto a los departamentos de baja incautación29. La participación laboral de las mujeres muestra fuertes reducciones, con efectos significativos que van de -0,03 en el sector privado (columna 1) hasta -0,092 para las que trabajan por cuenta propia (columna 7), un resultado relevante en su mercado laboral pues más del 60% de ellas tiene uno de estos dos tipos de ocupación. Hay evidencia de una reducción general del ingreso de hombres y mujeres en las ocupaciones más representativas, salvo para las mujeres ocupadas en el sector privado, donde aumentó en 28 puntos porcentuales (columna 2). El grupo más afectado fue el de los trabajadores por cuenta propia, con reducciones de 11 puntos porcentuales para los hombres (columna 8) y de 34 puntos porcentuales para las mujeres (columna 8). En la segunda ocupación de las mujeres, jornaleras, también se redujo el ingreso salarial, en 34 puntos porcentuales (columna 6).

Las inesperadas y significativas reducciones del salario de las mujeres en estas dos ocupaciones obligaron a analizar con más detalle lo que pudo haber causado este efecto. Primero se calcularon los efectos de interacción anuales, y en el caso particular de las jornaleras se encontraron reducciones significativas y crecientes, desde -0,21 en 2003 hasta -0,441 en 2006. La exploración de este grupo, sin distinción de edades, da lugar a algunas explicaciones razonables. La gráfica 3 muestra que aunque sus ingresos son superiores a los del resto de mujeres, su varianza es mucho mayor, debido al bajo número de mujeres con esta ocupación y a las características particulares de este mercado: la inestabilidad y la informalidad, pues todos los días están en busca de trabajo en alguna actividad agropecuaria, y sus salarios se suelen establecer mediante negociaciones, lo que, sumado al pequeño tamaño del mercado, explicaría los grandes efectos sobre los salarios.

Niños

Como ya se explicó, para el análisis de esta sección dicho grupo está integrado por personas de 10 a 15 años de edad, y solo se analizan los efectos de la PSD sobre la participación laboral30. En este grupo las actividades laborales con mayor participación son las de ayudante familiar, jornalero y cuenta propia31. El cuadro 4 muestra los efectos marginales de la versión logit de la ecuación (1); la variable dependiente es una variable dummy de situación ocupacional.

Parece haber evidencias de efectos significativos sobre la participación laboral de los niños que trabajan como jornaleros, no solo estadísticamente significativos sino de gran magnitud (cerca de 15 puntos porcentuales), pues el 20% de los niños trabajan como jornaleros. El resultado es consistente y se puede interpretar como un efecto ingreso, es decir, como una respuesta a la reducción de la participación

Queda por responder si los resultados de los cambios en la participación laboral de los niños se vieron reflejados en la matrícula escolar32, porque estos tienen dos opciones: cambiar de ocupación o regresar a la escuela. Los resultados del cuadro 5 no muestran evidencias de cambios en la matrícula escolar debidos a la PSD a través de los cambios en la participación laboral, pese al aumento de la matrícula escolar promedio entre 2001 y 2006 que se observa en el cuadro 1.

Jóvenes

Dentro del grupo de los jóvenes se consideran cuatro tipos de trabajadores: ayudantes familiares sin remuneración, trabajadores del sector privado, jornaleros, y trabajadores por cuenta-propia. Para este grupo de la población, las tres más populares ocupaciones, con casi la misma representación (30%) tanto para hombres como para las mujeres, son los trabajos por cuenta-propia, y los ayudantes familiares sin remuneración. Para el caso particular de los hombres, los jornaleros contribuyen con otro 30% al mercado laboral. En esta sección se analizan los efectos sobre la participación laboral y sobre los ingresos salariales.

El cuadro 6 muestra los estimadores de los términos de interacción (departamentos de alta incautación/periodo post-política) para los jóvenes, hombres y mujeres. Las columnas 2 y 4 de los hombres muestran efectos significativos pero de signo contrario: una reducción de 4,6 puntos porcentuales en la participación laboral de los ocupados en el sector privado y un aumento de 10 puntos porcentuales en la de los jornaleros. En suma, puesto que un tercio de los hombres jóvenes trabajan como jornaleros y solo el 12% en el sector privado, el efecto neto es un aumento de la participación laboral, lo que es aún más consistente con el efecto ingreso detectado en el caso de los niños. Esto indica que la reducción de la participación laboral de los adultos en los primeros cuatro años de la PSD parecen haberse reflejado en el ingreso de otros miembros del hogar a la fuerza laboral. En el caso de las mujeres se observa el efecto contrario, una clara y significativa reducción de 8,3 puntos porcentuales para las trabajadoras por cuenta propia, que constituyen cerca del 30% de la oferta laboral femenina entre 16 y 20 años de edad. Aunque en los salarios, hay un patrón negativo general, solo es significativo para los hombres (columna5), con una reducción de 38 puntos porcentuales, consistente con el aumento en la oferta laboral del mismo grupo de población.

CUADRO 6

Igual que en el caso de los niños, los efectos potenciales sobre la educación se estimaron calculando los efectos de interacción sobre la matrícula escolar. El cuadro 7 muestra que aunque son positivos no son significativos. Los jóvenes, igual que los adultos, dado que ya han cruzado el umbral de educación obligatoria, pueden elegir otras opciones diferentes a la de seguir estudiando, lo que hace más difícil distinguir los efectos generados por cambios en la participación laboral. Una de esas opciones es cambiar de tipo de empleo. Esto es evidente entre la población rural, cuyo nivel educativo es mucho menor que el de la población urbana, especialmente en educación secundaria y universitaria. Por ello, para los jóvenes no hay evidencia robusta de una relación entre participación laboral y matrícula escolar como resultado de la PSD.

COMENTARIOS FINALES

El comienzo del gobierno Uribe y su determinación de reducir los altos niveles de criminalidad ofrecen la oportunidad para evaluar el impacto de la política de seguridad sobre la población rural, en términos de ganancias y pérdidas económicas y sociales. Además, el conjunto de medidas que adoptó el gobierno entre 2002 y 2006 tuvieron altos niveles de éxito en materia de seguridad. Los resultados del análisis se pueden dividir en dos grupos: ganancias o pérdidas económicas y ganancias o pérdidas sociales.

El primer grupo está relacionado con los cambios en la participación laboral y el ingreso salarial de los adultos; el segundo, con la participación de niños y jóvenes en el mercado laboral y con la asistencia escolar. Se encontraron evidencias significativas de cambios en la participación laboral de los adultos, pequeños y positivos para los hombres que trabajan en el sector privado, y mucho más relevantes para las mujeres, que sufrieron una reducción sustancial en el caso de las trabajadoras por cuenta propia. El aumento simultáneo de la participación de niños y jóvenes parece reflejar un efecto ingreso en el hogar, al que intentan contribuir con su ingreso al mercado laboral.

Los salarios disminuyeron en general, salvo para las mujeres que trabajan en el sector privado. En las demás ocupaciones representativas de los adultos (cuenta propia y jornaleros), el ingreso se redujo considerablemente. De modo que el efecto total de la política de seguridad fue negativo, por la reducción simultánea de la participación laboral y de los salarios. Estos resultados son consistentes con los que encontraron Angrist y Kugler (2008), pues las organizaciones criminales, en especial las que están ligadas a la producción de drogas, emplean mano de obra en forma intensiva, y este tipo de empleo se redujo cuando el gobierno arremetió contra esas organizaciones.

Los resultados de la participación laboral de niños y jóvenes, son similares y consistentes con los de los adultos: aumento para los hombres y reducción para las mujeres; con efectos más fuertes en las ocupaciones más populares en estos dos grupos de edad (jornaleros, cuenta propia y ayudantes familiares). En el caso de los jóvenes, el ingreso salarial se redujo en forma sustancial y significativa, igual que para los adultos, en especial para los hombres que trabajan a jornal. En materia de educación, no se encontraron evidencias, para los jóvenes ni para los niños, de algún efecto significativo de la implementación de la política de seguridad y de sus efectos indirectos a través de las variables de mercado laboral.

2. Antecedentes legales33

Los esfuerzos del gobierno colombiano en la lucha contra las organizaciónes criminales se remontan a comienzos de los años sesenta, cuando firmó la Single Convention on Narcotic Drugs (Nueva York, 1961). Este acuerdo fue importante por dos razones: congregó un gran número de países con el propósito de mejorar el control del tráfico de drogas e integró muchos acuerdos multilaterales en un solo instrumento internacional antidrogas.

Una década después, este acuerdo y sus modificaciones llevaron al gobierno colombiano a promulgar la primera ley contra las drogas, el Decreto 1188 de 1974. Este no solo incluía regulaciones relacionadas con el tráfico y el consumo, sino también regulaciones sobre la posibilidad de incautar bienes provenientes del narcotráfico, y facultó al Estado para confiscar propiedades34.

El siguiente paso fue la Ley 30 de 1986. Aunque esta se refería a una amplia gama de temas relacionados con las drogas, hizo mención especial de las propiedades provenientes de actividades ilegales, como la producción, el transporte y la comercialización. Después, el gobierno facultó al Consejo Nacional Antidrogas para realizar incautaciones administrativas delas propiedades y definir su destino final. Conforme a la legislación, estas propiedades se pueden utilizar para propósitos oficiales, actividades legales de bien común, o ser cedidas para renta o depósito.

Aunque en el pasado se había legislado contra los bienes provenientes de actividades ilegales, solo a comienzos de los noventa se adoptaron medidas más fuertes. Con base en la Convención de Viena, el gobierno adoptó medidas adicionales para fortalecer la persecución de lo que se conoce como "producto del delito"35. En particular, para perseguir no solamente propiedades directas o indirectas de las organizaciones criminales, sino propiedades adquiridas con dinero proveniente en parte de actividades legales y en parte de actividades ilegales, lo que se llamó 'bienes equivalentes'. Un avance adicional fue el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra las drogas y toda organización criminal.

La discusión sobre estos asuntos y sus implicaciones dio origen al concepto de "extinción del dominio"36. Este nuevo instrumento ha sido determinante en el éxito de la lucha contra el crimen. El Código de Procedimiento Penal de 1991 estableció que las siguientes actividades estarían sujetas a la extinción del dominio: enriquecimiento ilícito, acciones en detrimento del patrimonio nacional, y actividades que deterioren los principios sociales (tráfico de drogas, delitos contra los recursos naturales, lavado de dinero, tráfico de armas, testa ferrato, tráfico de influencias, secuestro y extorsión, entre otros). En 1996 (con la Ley 333) y en 1997 (con la reforma del Código de Procedimiento Criminal) se hizo mención explícita del uso que se daría a los bienes y propiedades administrados por la DNE: se debían utilizar en la lucha contra el crimen organizado y con fines sociales, por ejemplo, en programas de rehabilitación e inversión social.

Las características más importantes de la figura central de la Ley de Extinción de Dominio son las siguientes: 1. Procede aunque el bien esté en poder de un tercero y por causa de muerte; 2. Está dirigida contra el titular del bien o cualquier beneficiario; 3. Es retrospectiva, salvaguardando los principios de legalidad; 4. No requiere una acción condenatoria del titular para dar inicio a la extinción del dominio; 5. Es imprescriptible, y 6. Las propiedades serán tomadas por el Estado sin ninguna compensación o retribución.

3. Principales variables Del Mercado laboral

4. Dinámica De pre-política De las variables Del Mercado laboral, 1984-2000

5. Definición De los Diferentes tipos De empleo

El DANE define así los tipos de ocupación:

Trabajadores del sector privado: individuos que laboran para un empleador privado y reciben un pago por ello.

Trabajadores del sector público: personas que laboran para una entidad del gobierno, o de capital mixto público-privado, sin importar su cargo.

Jornaleros: personas que residen en zonas rurales, a cargo de actividades relacionadas directamente con la producción agropecuaria; subordinadas a otras personas con quienes hicieron un acuerdo de pago, o bien este depende de la producción del trabajador.

Ayudantes familiares: personas que trabajan al menos una hora semanal en un negocio manejado por un familiar que vive en el mismo hogar, que no reciben ninguna remuneración por su trabajo.

Cuenta-propia: personas que están a cargo de su propio negocio o ejercen su carrera sin contratar ningún empleado, con o sin apoyo de sus familiares. Pueden trabajar solas o en asocio con otros trabajadores por cuenta propia.


Pie de página

1De acuerdo con Naciones Unidas, una organización criminal es "un grupo estructurado de tres o más personas, que existe desde cierto periodo y actúa en conjunto con el objetivo de cometer una o más acciones criminales [...] para obtener, directa o indirectamente, beneficio material o financiero" (United Nations, 2004, 5.).
2Los trabajos de Isaac Ehrlich (1973, 1977, 1981) han ampliado los conocimientos sobre la economía del crimen.
3El aumento sostenido de la producción de coca en Colombia ocurrió por la reducción de los cultivos en dos grandes países productores: Perú y Bolivia.
4Este supuesto se conoce como supuesto de independencia condicional.
5Después del inicio de la PSD aumentaron las incautaciones y se redujeron las actividades delictivas; en otras palabras, el incremento de las incautaciones no se debió al aumento de los niveles de crimen (ver Anexo, 1). Pérez (2013) demuestra claramente la relación inversa entre el número de incautaciones y varios tipos de actividades delictivas.
6La razón para analizar únicamente el primer período presidencial del gobierno Uribe es la falta de información, en particular sobre los cambios ocurridos en las encuestas de hogares desde mediados de 2006. No obstante, se dispone de información para un periodo suficientemente largo que permite evaluar el efecto causal de la política.
7Para los detalles y antecedentes de las medidas adoptadas desde que el país empezó a ser parte de la Convención de Drogas de 1961, ver el Anexo 2.
8Según el artículo 213 de la Constitución, la conmoción interior es una situación de emergencia que puede ser declarada por el presidente (con aprobación del gabinete) en los siguientes casos: "grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la inestabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía". La conmoción interior fue regulada por la Ley 137 de 1994. Su duración es de noventa días, con la posibilidad de ser prorrogada por dos períodos más de igual duración.
9Algunas de las medidas más significativas que adoptó el presidente fueron: impuestos temporales sobre la riqueza, aumento del presupuesto de inversión y defensa nacional, fortalecimiento de las acciones encaminadas a reducir el contrabando, y modificación de la regulación sobre extinción de dominio.
10Ehrlich (1987) menciona la gran importancia de lo que llama el "ámbito legal" que debe existir para que la lucha contra el crimen tenga efectos positivos.
11Esta información es pública y se puede consultar en la página web de la DNE.
12Para este trabajo, el país se divide en 5 regiones, y estas en 32 departamentos y el Distrito Capital: 1. Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre); 2. Región Pacífica (Chocó, Cauca, Nariño y Valle); 3. Región Central (Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Tolima, Quindío y Risaralda); 4. Región Oriental (Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Meta y Santander); 5. Nuevos departamentos (Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada); y, finalmente, Bogotá D.C.
13Card (1992) y Angrist y Kugler (2008) adoptan este enfoque. Card utiliza el cambio del salario mínimo a nivel nacional, que dio origen a cambios regionales desiguales en Estados Unidos. Angrist y Kugler examinan la producción de drogasen Colombia considerando los desproporcionados cambios regionales provocados por el traslado de los cultivos de coca.
14En el Anexo 1 se muestra la relación inversa entre aumento de las incautaciones y reducción de las actividades ilícitas. Cortés et al. (2012) y Pérez (2012) presentan de dos maneras la efectividad de la PSD en la reducción de la violencia.
15Angrist y Kugler (2008) encontraron, por ejemplo, relaciones positivas entre el cultivo de coca y la participación laboral en las áreas rurales.
16En ejercicios anteriores se usó el total de incautaciones y sus variaciones absolutas, y aunque los grupos de tratamiento y control variaban ligeramente, los resultados fueron muy similares, sin alterar las conclusiones. Se usa el porcentaje relativo para que la interpretación de los resultados sea más intuitiva.
17Podría haber un sesgo de selección del grupo de tratamiento porque los departamentos donde la PSD fue más efectiva son los de mayor criminalidad. Esta posibilidad se descartó pues en el grupo de tratamiento no se encontró una relación significativa entre incautaciones y tasas de homicidios, piratería terrestre, acciones terroristas, robo de vehículos y extorsión por cada 100 mil habitantes.
18No se tuvieron en cuenta los departamentos situados al oriente del país, porque las encuestas de hogares no los incluyen debido a su baja densidad de población. Esta omisión puede ser problemática para el análisis porque a pesar de su baja proporción de población, cubren grandes extensiones de tierra con difícil acceso, propicias para las actividades ilegales.
19Los demás bienes y propiedades incautados muestran una tendencia similar.
20Los cálculos se hicieron para cada año desde 2001 hasta 2006; aquí solo se presentan los de 2001 y 2006.
21Como las variables del mercado laboral solo están disponibles para individuos mayores de 10 años, para describir las características de la fuerza laboral tan solo se incluyen los niños de este rango de edad.
22Este tipo de trabajadores representa un 50% de la fuerza laboral en las zonas rurales.
23Además, la especificación incluye tendencias temporales por tipo de departamento (tratamiento y control). Como dicen Angrist y Kugler (2008), este método de identificación tiene la ventaja de controlar por problemas de correlación serial y variables omitidas; en la ecuación (1) gd se debe reemplazar por g0d + g1dt.
24Formalmente, y0, y1D |x, donde y0 y y1 corresponden a las variables resultado de los grupos de control y de tratamiento, y D es la variable de tratamiento.
25Adultos: trabajadores del sector privado, del sector público, jornaleros y trabajadores por cuenta propia; jóvenes: ayudantes familiares sin remuneración, trabajadores del sector privado, jornaleros y trabajadores por cuenta propia; niños: ayudantes familiares sin remuneración, jornaleros y cuenta propia. En el Anexo5 se presenta una definición detallada de cada tipo de trabajo.
26La versión bivariada, entre dos variables xk y xl, del estadístico I de Morán se puede calcular así: , donde W corresponde a la matriz de contigüidad tipo "reina" de primer orden, que define el conjunto de regiones vecinas para cada observación. El I de Moran indica hasta qué punto el porcentaje de votos obtenidos en un departamento está correlacionado con la media ponderada (calculada sobre los departamentos vecinos) del aumento de incautaciones.
27Se hicieron algunos ejercicios preliminares teniendo en cuenta los datos demigración de las encuestas de hogares, pero en ningún caso resultaron significativos, lo que quizá refleje la calidad de la información. No obstante, Angrist y Kugler (2008), en su trabajo sobre conflicto y mercado laboral rural, no encontraron efectos claros de la contribución de la migración.
28No se conoce el monto de ingresos según que las actividades sean lícitas o ilícitas, una carencia de información que puede limitar la interpretación de los resultados.
29La interpretación de los demás resultados es similar.
30Para una revisión detallada del trabajo infantil en el ámbito internacional y sus consecuencias socioeconómicas, ver Bachman (2000).
31El grupo de "ayudantes familiares sin remuneración" corresponde a los que trabajan al menos una hora semanal en un negocio manejado por un familiar de su propio hogar, y tiene algunas particulares: 1. En su mayoría son niños y jóvenes; 2. No reciben remuneración por su trabajo; 3. Muchas veces pueden realizarlo en el hogar, y 4. El trabajo se puede realizar después de la jornada estudiantil.
32La pregunta es importante si se tiene en cuenta que los niños con mayor propensión a trabajar son también los niños con menor probabilidad de asistir al colegio (Mancorda, 2006).
33Esta sección se basa principalmente en DNE (2002).
34La "confiscación" fue sustituida por la "extinción de dominio", la acción del gobierno que declara terminado el dominio sobre bienes provenientes de actividades ilegales, no solo del narcotráfico.
35En esa etapa, la legislación internacional no cubría solo la lucha contra los bienes producto del narcotráfico, sino también contra bienes provenientes de otras modalidades de crimen organizado.
36El gobierno ya había facultado a la DNE para encargarse de las propiedades provenientes de organizaciones criminales.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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