DIFICULTADES PARA LA REINTEGRACIÓN ECONÓMICA

El informe de la Contraloría General de la República (2014) sobre la PRSE en el periodo 2010-2014 encontró que solo una tercera parte de las personas que recibían acompañamiento psicosocial aprovechaba el beneficio en educación y apenas una décima parte accedía a formación para el trabajo.

Con relación a las unidades de negocio, ^{Villarraga (2015)}, con base en datos de la Procuraduría General de la Nación, señaló que entre 2010 y 2011 la mayoría de los proyectos productivos no tenían garantizada la sostenibilidad y funcionaban en zonas subnormales de mayor vulnerabilidad que la de los mismos desmovilizados; y que la baja rentabilidad llevaba a trasladarse a otras actividades, sobre todo de carácter informal. En materia de empleo, la situación no era mejor, en 2012 la ACR reportó una tasa de desocupación del 28,5% entre la población desmovilizada, 18 puntos mayor que el promedio nacional (ibíd., 2015). Entre las dificultades para el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos se mencionan la falta de oportunidades laborales, la estigmatización y los límites de la PRSE (^{Méndez y Rivas, 2008}; ^{Cartagena DDR, 2009}; ^{Villarraga, 2015}).

En los informes de gestión que ha publicado la Agencia no es posible establecer la efectividad de los incentivos para educación y formación para el trabajo en el marco de la ruta. Aunque las cifras indican incrementos de un año a otro, no es posible determinar cuál es la población que aprovecha esos incentivos (^{ACR, 2014}).

Por ello, el objetivo general de este trabajo es analizar la incidencia de PRSE en el desarrollo de capacidades educativas, de participación laboral y de generación de ingresos entre los excombatientes de grupos ilegales. Se trazaron cuatro objetivos: 1. Estimar el logro de tales capacidades; 2. Explicar las razones del bajo nivel de acceso a la oferta de educación y capacitación; 3). Determinar la incidencia de los beneficios sociales de la PRSE en el desarrollo de capacidades; y 4. Hacer recomendaciones para el fomento de capacidades entre las personas reincorporadas conforme al Acuerdo de La Habana.

Se seleccionó el departamento del Meta debido a que es uno de los que cuenta con más población reintegrada³; además, allí ha habido una alta incidencia del conflicto armado (^{FIP-Usaid, 2013}) y, es también un territorio prioritario del posconflicto en el marco del Acuerdo de la Habana⁴. El estudio cubre los años 2005 a 2017, el periodo en el que han estado vinculadas las personas que hicieron parte del estudio.

CAPACIDADES PARA LA REINTEGRACIÓN

El enfoque de capacidades que proponen ^{Sen (2000)} y ^{Nussbaum (2012)} sitúa la discusión de la reintegración económica en una perspectiva del desarrollo que, junto a los ingresos, vincula otros aspectos relevantes para que las personas ejerzan sus libertades. Entre las libertades mínimas, Sen identifica las económicas y las sociales. Las primeras se refieren al uso de recursos para consumir, producir o realizar intercambios y las segundas, a la educación, la sanidad etc., que permiten mejorar la calidad de vida de los individuos y participar eficazmente en la sociedad.

De acuerdo con Sen, las libertades están representadas en las capacidades, y estas permiten llevar la vida que se desea siempre y cuando sea posible elegir. Las capacidades no solo se manifiestan en la mejor elección sino en el hecho de poder elegir, aunque no se opte por alguna opción, así: "Es posible conceder importancia al hecho de tener oportunidades que no se aprovechan" (2000, p. 101)⁵.

Además, las libertades se complementan y refuerzan mutuamente. "La eficacia de la libertad como instrumento reside en el hecho de que los diferentes tipos de libertad están interrelacionados, y un tipo de libertad puede contribuir extraordinariamente a aumentar otros" (ibíd., pp. 56-57). Martha Nussbaum argumenta que existen capacidades centrales cuyo ejercicio activa otro tipo de capacidades; por ejemplo, la educación además de ser valiosa per se "Ejerce así mismo una función capital para el desarrollo y el ejercicio de muchas otras capacidades humanas" (2012, p. 181).

Un elemento que se suma al marco de las capacidades es el concepto de agencia, entendida como la acción que produce cambios y logros conforme a los valores y objetivos de las personas (^{Sen, 2000}). Así, la libertad también se puede ver como un determinante de la iniciativa individual y de la eficacia social. "El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como influir en el mundo" (ibíd. p. 35).

Aunque Sen reconoce la importancia de la responsabilidad de cada uno consigo mismo, también señala que el cumplimiento de las obligaciones depende de las oportunidades que brinde el entorno. "Sin la libertad fundamental y la capacidad para hacer una cosa, una persona no puede ser responsable de hacerla" (ibíd., p. 340). En consecuencia, plantea que las capacidades: "dependen de la naturaleza de las instituciones sociales, que pueden ser fundamentales para las libertades individuales. Y a ese respecto el Estado y la sociedad no pueden eludir su responsabilidad" (ibíd., p. 345).

En esta concepción es relevante la distinción de ^{Nussbaum (2012)} entre capacidades internas y capacidades combinadas. Las primeras residen en el interior de las personas y las segundas se relacionan con las oportunidades que brinda el entorno. Esto es patente cuando, en ciertas sociedades, las personas logran un alto desarrollo destacado de capacidades internas pero no puede ejercerlas. Como los individuos que adquieren altas competencias y no tiene oportunidades en el mercado laboral. De modo que, al mismo tiempo que hacen exigencias a los individuos, las instituciones deben crear oportunidades para el logro y el ejercicio de sus capacidades.

La política social entonces que los individuos aceptan los incentivos que amplían sus libertades, pues nadie desea estar privado de ejercer sus capacidades. Aquí cobran relevancia las acciones promovidas en el marco de la PRSE para fomentar las capacidades en educación, empleo y emprendimiento de los excombatientes.

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Al revisar la experiencia internacional se encuentran resultados variables en África, Asia y Centroamérica. En Sudáfrica y Burundi las iniciativas de negocio han fracasado debido al incumplimiento en la entrega de incentivos o a la falta de acompañamiento técnico (^{Alba, Suárez et al., 2016}); y los bajos niveles de educación y capacitación logrados por las personas desmovilizadas están asociados a la falta de subsidios apropiados; una de cuyas consecuencias es el aumento del desempleo.

En el ámbito internacional predomina el enfoque de reintegración económica centrado en la economía de libre mercado (^{Thorsell, 2013}). Una de las implicaciones de este enfoque es que los individuos no pueden superar la escasez de empleo ni la estigmatización de la que es objeto la población desmovilizada.

En pocos países existen iniciativas sobre el acceso a tierras, aunque se han adoptado algunas medidas en Indonesia, El Salvador y Nicaragua (^{Alba, Suárez et al., 2016}; ^{Chamorro, 2015}, p. 19). La experiencia demuestra que la entrega de tierras exige la entrega de un paquete integral de ayuda financiera, asistencia técnica y proyectos productivos (^{Guáqueta, 2005}).

Cabe destacar, por último, que en algunos países se han logrado aciertos en reintegración económica cuando involucran a las comunidades no excombatientes como en El Salvador, pues aportan además legitimidad al proceso (^{Moreno, 2016}).

LA EXPERIENCIA EN COLOMBIA

En Colombia, los resultados en reintegración económica concuerdan con la experiencia internacional (^{Villaraga, 2013}). Si bien en los años noventa hubo logros en educación y capacitación, así como en soluciones de vivienda, los proyectos productivos fueron afectados por la falta de una estrategia acertada, fallas en la asesoría y un contexto macroeconómico adverso (^{Villarraga, 2013}; ^{Méndez y Rivas, 2008}). Este resultado también se atribuye a la falta de un arreglo institucional apropiado para cumplir lo acordado con los diferentes grupos (^{Turriago y Bustamante, 2003}).

En los noventa se configuró un modelo particular de reintegración con la expedición del Decreto 1385 de 1994, que indultaba a quienes abandonaran las guerrillas de manera voluntaria (^{Villarraga, 2015}). Se contempló entonces una serie de incentivos económicos para que los desmovilizados individuales permanecieran en la legalidad⁶.

A partir del acuerdo entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, se vio la necesidad de organizar la acción del Estado para atender a esta población. Ese año se creó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) (^{Villarraga, 2013})⁷. De acuerdo con ^{Méndez y Rivas (2008)}, entre enero de 2003 y marzo de 2007 el Estado desembolsó recursos para 3.380 proyectos productivos individuales en condiciones parecidas a las de la experiencia de la década anterior, con pocos resultados exitosos.

Mientras que el PRVC tramitaba estas iniciativas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz gestionaba los Proyectos Productivos por la Paz que reunían a excombatientes de las autodefensas y solo podían acceder a esos recursos en forma asociativa, en proyectos de gran escala en los que era posible incluir a la comunidad receptora y a las víctimas del conflicto. Entre 2003 y 2006 se proporcionaron recursos a 2.180 excombatientes de las AUC; en su mayoría con resultados negativos. En 2007 estaban en ejecución 17 proyectos, 15 se habían liquidado y 8 estaban en liquidación (^{Méndez y Rivas, 2008}). Entre otras dificultades, por problemas en la consecución de tierras para los proyectos, por falta de un capital inicial asegurado y de integración entre la ciudad y el territorio en la formulación de las iniciativas.

En 2008 se estructuró la PRSE, entre otros objetivos con el de facilitar el acceso al sistema educativo y fomentar la adquisición de competencias para la inserción laboral (^{DNP, 2008}). Luego se diseñó la ruta de reintegración, el recorrido de los desmovilizados con acompañamiento del Estado, para desarrollar el máximo de capacidades en un periodo promedio de seis años.

Para cumplir lo anterior, la ACR estableció un esquema de beneficios socioeconómicos para la población desmovilizada⁸: acompañamiento psicosocial, gestión en educación⁹ y formación para el trabajo; con un apoyo económico condicionado al cumplimiento de los compromisos fijados en cada componente¹⁰ (ver cuadro 1).

Cuadro 1 Beneficios sociales de la política de reintegración 

Fuente: Resolución 754 de 2013 de la ACR, elaboración propia.

Además, la PRSE mantuvo el capital semilla o beneficio de inserción económica otorgado por una sola vez. Según el Decreto 1391 de 2011 las personas desmovilizadas de manera individual reciben hasta 8 millones de pesos. Este beneficio se puede destinar a la compra de vivienda, pagar hipotecas, poner en marcha una unidad de negocio o pagar estudios superiores.

Así, para los excombatientes la reintegración económica significa: "la generación de ingresos sostenibles, acorde con sus potencialidades, la gestión de recursos productivos y el acceso y vinculación a productos que el sistema financiero le ofrezca en su entorno económico" (^{ACR, 2013}, p. 15). Una implicación del enfoque centrado en el mercado es que sobre ellos recae la responsabilidad de acceder a bienes y servicios, sin modificar las condiciones estructurales que obstaculizan su inclusión real (^{Thorsell, 2012})¹¹.

Aún sigue vigente la PRSE, pues se debe finalizar el proceso con los excombatientes de las AUC y los desmovilizados individuales de grupos insurgentes que siguen abandonando las estructuras que están en armas. No obstante, el Estado ha tenido que adaptarse al nuevo contexto de reincorporación configurado por el Acuerdo de La Habana, que implica un cambio de perspectiva.

El Acuerdo de La Habana establece que la reincorporación tendrá en cuenta los intereses de los exguerrilleros. Para ellos se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, la máxima instancia de decisión en materia de retorno a la legalidad, donde hay representantes del gobierno y de los excombatientes. También se adoptó una perspectiva territorial que vincula la reconciliación, la democracia y la productividad en el contexto local (^{Mesa de Conversaciones, 2017}). En veintiocho puntos del territorio nacional se mantienen espacios de reincorporación grupal (ONU, 2017) que demandan al Estado una acompañamiento para al mantener el colectivo como organización política y social; y fortalecer la vocación rural para su inclusión económica y social en las comunidades de asentamiento.

En lo económico, el acuerdo fijó una asignación básica mensual por dos años, que fue prorrogada por el gobierno actual¹²; también mantuvo un incentivo de hasta ocho millones de pesos como capital semilla, que se puede tramitar de manera individual o colectiva. El último informe de la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas (2019) reconoció que se han desembolsado fondos para 22 proyectos colectivos que benefician a 1.433 excombatientes, es decir, un 11%; además, se han proporcionado recursos a 483 desmovilizados que los han tramitado de manera individual y representan un 3% más.

El informe dice que falta definir aspectos sobre acceso a los mercados, tierras y asistencia técnica durante la ejecución de los proyectos.

El acuerdo de paz impone a Colombia el desafío de implementar un modelo de DDR que no solo fomente las capacidades de los individuos, sino que también cree condiciones que hagan posible su participación efectiva en la sociedad, con políticas de inclusión laboral, programas de reconstrucción de zonas afectadas por el conflicto que contemplen oportunidades de educación y capacitación, desarrollo de infraestructura y otras medidas.

METODOLOGÍA

En este trabajo se adoptó un diseño mixto pues será necesario integrar estrategias cuantitativas y cualitativas para lograr los objetivos del estudio. Por una parte, se usaron datos estadísticos y se hicieron correlaciones entre variables. Por otra parte, se analizó la percepción de los beneficiarios a partir de sus propias narrativas (^{Bonilla, 2005}).

El universo está formado por todas las personas que culminaron la ruta y residen en el departamento del Meta, con un corte al 30 de octubre de 2017, es decir, 1.154 personas. De este universo se tomó una muestra de 296 personas, con criterios no probabilísticos (^{Hernández, 2006}). El criterio de elección fue estar dentro del periodo de seguimiento post culminación¹³, y haber sido encuestado por la ARN en año 2017 en el Meta, para tener información actualizada de la situación laboral y de los ingresos.

La información cuantitativa se tomó de la base de datos de la ARN. Se construyeron algunos datos, como afiliación a seguridad social, mediante la búsqueda en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Además, se empleó la técnica de grupo focal para recopilar información cualitativa sobre las percepciones de las personas beneficiarias. En el trabajo de campo se hicieron cuatro sesiones de 6 a 8 participantes en los municipios de Villavicencio, Granada y Puerto Rico, elegidos con la técnica de muestreo por casos tipo (^{Hernández, 2006}), que cumplieran las condiciones de ser beneficiario de capital semilla, condición de empleo, y logros educativos. Al final, participaron 21 personas.

La información obtenida en las sesiones se grabó y transcribió, luego se clasificaron las respuestas conforme al ítem planteado en el guion de entrevista, después se establecieron categorías según el análisis de las unidades discursivas. Estas unidades discursivas amplían la discusión teórica.

RESULTADOS

En esta sección se analizan los datos cuantitativos mediante tablas de frecuencia, síntesis estadísticas y pruebas de correlación; y se presenta la información cualitativa que amplía las implicaciones del estudio.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETO

En el grupo de procedencia predominaban las FARC (64%), seguidas de las AUC (34%) y del ELN (2%), con una composición de una mujer por cada tres hombres. Entre la población culminada el promedio de años en la ruta fue de 7, con una duración mínima de 2 años y máxima de 12 (cuadro 2).

Cuadro 2 Duración en la ruta de reintegración 

Fuente: ARN, elaboración propia.

Luego de estandarizar los datos se encontró que 119 personas permanecieron en el programa entre 4,8 y 9,2 años¹⁴, en el rango comprendido entre menos una y más una desviación estándar con respecto a la media.

El cuadro 3 muestra que la diferencia entre años de escolaridad al inicio de la ruta y años de escolaridad al finalizar la ruta da lugar a una tercera variable -ganancia en años de escolaridad- que representa el logro educativo de cada excombatiente. Para el análisis estadístico de estas variables se usó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, dado que había dos muestras relacionadas con una distribución no normal. El resultado (Wilcoxon z = 7,53E-27) confirmó la diferencia entre las medias de las dos primeras, lo que indica un incremento en los años de escolaridad de los beneficiarios al finalizar la ruta.

Cuadro 3 Logro educativo en la ruta de reintegración 

Fuente: elaboración propia.

PERMANENCIA EN LA RUTA Y LOGRO EDUCATIVO

Se encontró un logro educativo promedio de 2,1 años de escolaridad, lo que significa que estas personas requerían 3 años para lograr el grado de bachiller, pero permanecieron 7 años y el promedio quedó en séptimo grado.

Para verificar la asociación entre años en la ruta y ganancia en años se usó la prueba de correlación de Pearson. El resultado (Pearson r=-0,27 p= 2,34E-06) sugiere una relación inversa del 27%, es decir, cuantos más años se permanece en la ruta menos grados de escolaridad se logran. Esto lleva a preguntar si el incentivo para promover el acceso educativo fomenta de modo efectivo la permanencia en el sistema escolar o si, al cabo de cierto tiempo, una vez obtenidos ciertos beneficios el programa pierde capacidad para mejorar el logro educativo. Así mismo, el resultado p= 2,34E-06 es menor que la significancia establecida para prueba (0,05) e indica que la correlación es estadísticamente significativa.

El cuadro 4 presenta el estado de la población por cada ciclo educativo al inicio y al finalizar el proceso de reintegración.

Cuadro 4 Estado de la población según el ciclo educativo 

Fuente: elaboración propia.

Hay un notable aumento del porcentaje de personas bachilleres entre el ingreso y la culminación del proceso, de 36 (el 12%) a 111 (el 38%). No obstante, esta cifra es inferior al promedio de educación media en el departamento del Meta, el 45% (DNP, 2016). De modo que un 62% de los destinatarios no utilizó en forma completa el beneficio de gestión en educación hasta el ciclo 6.

El cuadro 5 muestra los resultados de formación para el trabajo. Solo el 35% logró formación complementaria¹⁵ y el 33%, ningún tipo de formación. De modo que un 68% no logró calificarse en un oficio, y la posibilidad de que estas personas accedan a un empleo depende solamente de su experiencia. Los resultados anteriores implican que solo una porción minoritaria de las personas que logran educación media transita pasa a niveles de educación terciaria.

Cuadro 5 Nivel de formación para el trabajo 

Fuente: elaboración propia.

Al preguntarles las causas del bajo acceso a educación y capacitación, 7 de los 21 participantes mencionaron las dificultades para armonizar los horarios laborales; para 4 de ellos cuidado de los hijos es una barrera para el acceso escolar. Y 2 manifestaron que el estudio no era una actividad de su interés por que preferían apoyarse en el conocimiento empírico de sus oficios¹⁶. Además, 10 subrayaron que educarse es una decisión personal y atribuyeron a cada beneficiario la responsabilidad de su logro educativo; 2 dijeron forma expresa que superarse es un deber de cada individuo.

EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS

El cuadro 6 muestra la ocupación de las personas que culminaron el programa de reintegración.

Cuadro 6 Empleados, desempleados e inactivos 

Fuente: elaboración propia.

Luego de permanecer en el proceso de reintegración durante un promedio de 7 años (cuadro 2), de las 296 personas que lo culminaron el 80% estaban empleadas. Al comparar el porcentaje de personas que lo culminaron y buscando trabajo con la tasa de desempleo de la capital del Meta en el segundo trimestre de 2017, que llegó a un 12% (^{Banco de la República, 2017}), el resultado de la PRSE es favorable, pues el porcentaje es menor, 10%.

FORMALIDAD LABORAL

Para determinar la formalidad se recurrió a la afiliación al régimen de seguridad social en salud; quienes aparecen como contribuyentes están formalizados y quienes son subsidiados están en la informalidad. El cuadro 7 muestra que el 51% de quienes culminaron el proceso y tenían empleo se desempeñaban como obreros o empleados; el 70% de ellos estaba vinculado al régimen contributivo y el resto al subsidiado. Los siguen los trabajadores por cuenta propia (un 37%), el 30% de los cuales está vinculado al régimen contributivo y el 69% al subsidiado.

Cuadro 7 Formalidad laboral de las personas culminadas del proceso de reintegración 

Fuente: elaboración propia.

Habría entonces 129 personas con empleo formal, un 54%, y 109 en la informalidad, el 46%. De acuerdo con el boletín Coyuntura Laboral Regional (2017), en el último trimestre de 2016 la informalidad en Villavicencio fue del 56,5%, superior a la de la población que culminó el proceso. Es decir, si bien su índice de ocupación del 80% en mayor que el índice del departamento, el 46% trabaja en condiciones de informalidad laboral sin garantías de aseguramiento pensional y de atención en salud.

NIVEL EDUCATIVO Y FORMALIDAD LABORAL

La prueba de hipótesis del ciclo educativo y la formalidad laboral indica estas variables no están relacionadas (chi cuadrado=9,81; p= 0,1324). La prueba de formación para el trabajo y formalidad en el empleo señala que no tienen una relación estadísticamente significativa (chi cuadrado= 5,14; p= 0,16).

SECTOR DE OCUPACIÓN

La clasificación de las personas que dijeron estar trabajando, entre asalariados¹⁷ y trabajadores por cuenta propia, también permitió identificar los sectores donde trabajaban.

La gráfica 1 muestra que los principales sectores en los que se ocupan los trabajadores por cuenta propia son comercio, actividades agrícolas y pecuarias, y servicios personales. Entre los asalariados predominan la agricultura, la construcción y los servicios personales.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 1 Sector asalariado vs. cuenta propia 

PERCEPCIÓN DEL EMPLEO

Entre las dificultades para acceder al empleo 3 participantes mencionaron la falta de experiencia. Otros 3 dijeron que por ser excombatientes habían tenido problemas para conseguir empleo o mantenerse en su puesto de trabajo. Y 5 que decidieron trabajar por cuenta propia comentaron que esa decisión no era resultado de algún condicionamiento.

La discusión de las dificultades que enfrentan algunos desmovilizados para conseguir empleo los llevó a subrayar la necesidad de que el Estado genere empleos prioritarios, promueva la participación del sector privado e implemente programas de intermediación laboral.

INGRESOS

El cuadro 8 muestra los ingresos de las personas que estaban ocupadas. La mayoría recibe un ingreso de 1 a 2 SMLMV, luego vienen las que reciben menos de 1 SMLMV, un nivel inferior a la línea de pobreza, y por último, los que reciben más de 2 SMLMV. En general esas remuneraciones se asocian al bajo nivel educativo ya comentado. Al abordar las diferencias de ingresos de estas personas según el tipo de trabajo se aprecia que las que tienen vinculación laboral obtienen un ingreso mayor que las que trabajan por cuenta propia. Esto refuerza la necesidad de fortalecer la política en su capacidad para mejorar la calificación de estas personas para que puedan ser más competitivas en el mercado laboral, así como la necesidad de establecer programas de vinculación laboral focalizada en poblaciones vulnerables como los desmovilizados.

Cuadro 8 Ingresos de las personas ocupadas 

Fuente: elaboración propia.

EMPRENDIMIENTO

A este respecto se encontró que de las 296 personas que culminaron el proceso 236 tramitaron el beneficio de inserción económica (BIE) a través de unidades de negocio, es decir, el 80%; el 20% restante no obtuvo este beneficio. De acuerdo con el reporte de unidades de negocio tramitadas, 155 (el 66%) están en funcionamiento, según el monitoreo efectuado en el año siguiente a la entrega, mientras que 81 (el 34%) fueron cerradas.

No se encontró una relación entre el estado de las unidades de negocio y el nivel educativo (Chi cuadrado = 3,88; p= 0,693) ni con la formación para el trabajo (Chi cuadrado= 0,87; p=0,830). Es decir, no se encontró una relación estadística directa entre la sostenibilidad de las unidades de negocio y la calificación de las personas.

Por su parte, 6 participantes que mantienen en funcionamiento su unidad de negocio después del primer año resaltaron la educación como aspecto esencial. La educación permite aprovechar oportunidades porque desarrolla habilidades para administrar el negocio. Algunos dijeron que habían aprendido un oficio específico para materializar ideas de negocio.

Cuando se les preguntó cuáles eran los aspectos claves para mantener en funcionamiento un negocio, los participantes hicieron varios aportes: 5 dijeron que era el esfuerzo, y la capacidad para persistir en la gestión de sus negocios y convertirlos en un propósito personal. Una participante afirmó que la gestión de su negocio le ha permitido aportar a causas sociales.

Diez de los participantes habían cerrado su unidad de negocio; 7 señalaron falencias en la formulación, como la imprevisión en aspectos relacionados con la capacidad productiva, el mercadeo y la sostenibilidad financiera, que hicieron inviable el negocio, así como la definición apresurada de la idea de negocio por haber cumplido el periodo después de haber culminado el proceso, para no perder el beneficio.

Cabe destacar la prioridad que dan los beneficiarios a la posibilidad de acceder a vivienda con ayuda del beneficio de inserción económica. Pese a no cumplir los requisitos para este propósito, 3 participantes dijeron que habían cambiado la unidad productiva para tramitar una solución de vivienda, ya fuese la compra de un lote, la mejora de un inmueble o la construcción de una casa.

REINTEGRACIÓN Y LOGRO DE CAPACIDADES

LA EDUCACIÓN COMO CAPACIDAD

Aunque se encontró un aumento del nivel educativo promedio entre el inicio y la culminación de la ruta de reintegración -un resultado favorable de la PRSE-, el contraste entre los años aprobados y los años de permanencia en el programa indica que cuanto más tiempo se permanece en la ruta, menos años escolares se aprueban, lo cual tiene efectos negativos posteriores en el desarrollo de capacidades educativas y laborales. También se encontró que el logro promedio en educación de la población desmovilizada es inferior al promedio departamental. Las personas que culminaron el proceso sin alcanzar ese nivel tendrán restricciones para conseguir un empleo formal e ingresar a otros niveles de educación que les permitan mejorar su condición de vida, de modo que se limita su libertad

Estos resultados imponen a la PRSE el reto de elaborar estrategias de formación y vinculación laboral que permitan superar la dicotomía entre trabajar o calificarse. Se requieren ofertas educativas flexibles que lleguen a zonas apartadas, es necesario ampliar el acceso a la oferta pública de cuidado infantil y fomentar el interés por calificarse entre los beneficiarios. Estas son acciones urgentes para que no se reduzcan sus oportunidades de ejercer las libertades económicas y acceder a servicios sociales.

También se encontró que 2 de cada 3 personas que culminaron la ruta de reintegración no accedieron al beneficio de formación para el trabajo y así calificarse en un oficio. Por ello, no mejoraron su posibilidad de certificarse para obtener empleo o administrar mejor su iniciativa de emprendimiento, lo cual hace necesario que la ARN modifique el esquema actual para ampliar el acceso a cursos de mediana y larga duración, más allá de la formación complementaria.

LA RESPONSABILIDAD DE EDUCARSE

El análisis cualitativo comprueba de manera empírica el concepto de responsabilidad individual de Sen, según el cual las personas deben lograr los mejores resultados para sí mismos. Varios participantes asociaron la educación al deseo propio y reconocieron que el programa les daba una oportunidad para cumplirlo. Otros participantes que se mantuvieron en el sistema educativo sin un incentivo vincularon el deseo de estudiar al logro de metas personales, como mejorar su capacitación y sus condiciones de vida.

Para estas personas, asumir la responsabilidad de educarse implicó alternar su trabajo con las obligaciones académicas, encargar a otros el cuidado de los hijos y superar restricciones económicas, pues estudiaban mientras tenían empleos de muy baja remuneración. También implicó superar la vergüenza de ir a estudiar fuera de la edad habitual, así como trazarse una meta personal en la que el estudio era un medio y un fin.

Por otra parte, algunas personas tuvieron que trabajar sin poder educarse por problemas de horario, lo que limitó sus posibilidades de elegir y con ello su capacidad para educarse. En términos de Martha Nussbaum, este es un dilema trágico, pues se debe elegir entre dos capacidades básicas, y optar por una de ellas afecta el ejercicio de la otra.

En otros casos el dilema obedece a aspectos familiares: el cuidado de los hijos impide educarse o es una razón para no seguir estudiando, lo que sucede con más frecuencia entre las mujeres. Nussbaum y Sen plantean que hay patrones culturales que restringen el ejercicio de libertades fundamentales; en el caso de las mujeres la desventaja frente a los hombres eleva las barreras para ejercer las capacidades.

De acuerdo con Nussbaum, el Estado -en este caso a la ARN- debe ayudar a resolver estos dilemas y velar para que las personas puedan ejercer sus capacidades centrales; por ejemplo, estableciendo guarderías o ampliando sus cupos para que las mujeres deleguen el cuidado de sus hijos mientras estudian. Una oferta de formación en horarios flexibles también puede aumentar las posibilidades de elección de las personas.

Aunque algunos participantes afirmaron que no les gusta estudiar, cabe resaltar la importancia fundamental de la posibilidad de elegir (^{Nussbaum, 2012}); en su caso, no se podría hablar de restricciones a la libertad de educarse, pero se deberían explorar las oportunidades que ellos tuvieron para estudiar a temprana edad y formarse expectativas de su vida con ayuda de la educación (^{Luhmman y Shorr, 1993}).

CENTRALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Los resultados empíricos corroboran la centralidad de la educación en el proceso de reintegración y su influencia en el emprendimiento y en la posibilidad de mejorar el ingreso. La centralidad de una capacidad consiste en que su ejercicio activa otras capacidades (^{Nussbaum, 2012}). Las personas que han logrado mantener en funcionamiento su unidad de negocio enfatizaron que la educación les permite adquirir conocimientos para manejar su negocio y amplía la posibilidad de aprovechar las oportunidades.

Si bien no se encontró una relación estadística entre el mantenimiento de las unidades de negocio y el nivel educativo, se debería superar el escaso acceso de los beneficiarios a una capacitación especializada.

Se detectaron falencias en la formulación de las unidades de negocio que pueden llevar al fracaso e imponen a la ARN el reto de mejorar el procedimiento para tramitar estos beneficios, de modo que a lo largo de la ruta de reintegración los beneficiarios desarrollen las habilidades necesarias para llevar a la práctica una idea de negocio, pues algunos terminan el proceso sin haber definido que uso darle a este beneficio.

LIBERTADES ECONÓMICAS

Aunque en términos de empleo los resultados son favorables en comparación con las cifras de la región, un porcentaje significativo de los beneficiarios está en la informalidad y enfrenta restricciones para ejercer sus libertades económicas, pues su elección se reduce a conseguir un ingreso mínimo para su sustento y el de su familia, sin las garantías sociales y demás funciones del empleo formal.

En cuanto a las características de la ocupación, se encontró que los beneficiarios suelen ocuparse en actividades de baja calificación. Esto les impide recibir un mejor ingreso que les permita mejorar su calidad de vida y mantener relaciones valiosas en el entorno laboral. También se encontró un efecto negativo entre el bajo nivel educativo y las posibilidades laborales de la población desmovilizada. A esta privación de oportunidades para las personas que no logran un mayor nivel de calificación se suma el efecto de otros factores, como la falta de experiencia laboral y la estigmatización que sufren los excombatientes. Además, la falta de una red de contactos restringe sus posibilidades de obtener recomendaciones y conseguir empleo¹⁸.

FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA REINCORPORACIÓN DE LAS FARC

El Acuerdo de la Habana planteó al Estado el desafío de reconocer un nuevo sujeto de la política social, no como destinatario pasivo de beneficios sino como agente que participa en la transformación de su realidad: uno de los cambios en la transición de la reintegración a la reincorporación.

El acuerdo de la Habana también concibió la reincorporación como un proceso anclado a los territorios, lo que exige pasar de un enfoque centrado en el mercado -como ocurre con la reintegración- a una perspectiva colectiva y territorial. En términos de Nussbaum, esto significa crear condiciones para que los excombatientes tengan oportunidades de inclusión laboral y productiva, y no solo de desarrollar sus competencias individuales, aunque esto también sea válido.

Se necesita vincular la reincorporación a procesos de transformación que incluyan a las comunidades receptoras y no solo a los excombatientes, en una perspectiva de paz territorial, tal como en su momento enunció el gobierno (^{Jaramillo, 2013}). A este respecto, los PDET son un medio para integrar los propósitos de reincorporación a nivel local y la visión de las comunidades en materia de reconciliación, reactivación económica y acceso a servicios¹⁹.

Hay que elaborar planes de desarrollo productivo a mediano y largo plazo para crear oportunidades de empleo, así como programas de calificación y de emprendimiento, para que la atención a los excombatientes se apoye en procesos productivos locales. Aquí son valiosas las lecciones de reintegración económica individual y colectiva. Se encontró que los excombatientes cierran sus negocios debido al desconocimiento de los mercados locales, entre otras razones. Por ello, se necesita asistencia para que las iniciativas de emprendimiento sean concordantes con estos mercados.

Además, las tierras en las zonas rurales y la vivienda en los sectores urbanos son de especial importancia para los beneficiarios, como se muestra en el trabajo. El actual proceso de reincorporación no prevé medidas en esta materia, aunque es un tema muy sensible.

En educación y capacitación es necesario ampliar la oferta para flexibilizar el acceso en las ciudades y en el sector rural. La oferta educativa no se debería dirigir de manera exclusiva a los excombatientes, sino que debe beneficiar a comunidades enteras.

No todos los excombatientes que dejaron las armas permanecen en los 28 territorios de capacitación (ONU, 2017), varios se han ido a zonas rurales aledañas o apartadas, buena parte ha migrado a centros urbanos y se espera que un alto número de ellos siga una ruta individual. Aunque el esquema actual sigue siendo funcional, se deben introducir los ajustes necesarios para prestarles mejor atención.

Es necesario condicionar la asignación mensual al logro de capacidades educativas, aunque los recursos asignados han tenido efectos positivos en la educación y en el logro de metas personales. También se debe condicionar la permanencia en el programa a los resultados educativos, de lo contrario se corre el riesgo de mantener beneficiarios fidelizados que no mejoran su nivel de vida.

Así mismo, la entrega del capital semilla acordado (2.800 dólares) para poner en marcha un proyecto productivo se debe condicionar al mejoramiento de las competencias, fijando un umbral mínimo de educación y de capacitación. Y, además, se debe crear un servicio de asesoría y acompañamiento empresarial que aumente las posibilidades de éxito de las iniciativas de emprendimiento. La formulación de la idea de negocio debe ser parte del plan de trabajo de cada persona desde el inicio de la ruta.

CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo muestran que es necesario hacer ajustes a la PRSE para mejorar los niveles de educación básica y media, sí como de formación para el trabajo de las personas que culminan el proceso de reincorporación y así lograr un mayor desarrollo de sus capacidades para conseguir empleo formal y realizar emprendimientos. El mayor acceso a la educación y la capacitación de los excombatientes es imprescindible para asegurar su tránsito sostenible a la legalidad, pues la falta de calificación lleva a que permanezcan en la informalidad laboral, tengan bajos ingresos y estén privados de la plena libertad.

La PRSE debería definir criterios de salida basados en los logros educativos y condicionar la permanencia en la ruta al desarrollo de capacidades específicas, no solo para mejorar las posibilidades de reinserción de los excombatientes sino para una gestión más eficiente.

Por último, las lecciones del actual modelo de reintegración llevan a plantear que en la reincorporación de los excombatientes de las FARC se debe reflejar la perspectiva territorial que expresa el Acuerdo de Paz, y reconocer su papel como agentes en la definición de la política. Se debe pasar de un enfoque centrado en el individuo a un enfoque en el que el desarrollo comunitario sea el eje del tránsito a la legalidad.