Buscar las causas del conflicto armado social y sus diversas violencias en Colombia sigue siendo la tendencia predominante en la literatura académica dedicada al análisis de los diversos aspectos del conflicto armado colombiano y sus expresiones sociales, culturales y políticas. Aunque ha sido común referirse a las 'causas estructurales' o 'causas objetivas' y 'causas subyacentes' para explicar el conflicto armado y las violencias, algunos autores han cuestionado la coherencia de tales conceptos. No obstante, se sugiere que son conceptos importantes y que, aunque es necesario interrogarlos críticamente, todavía se pueden utilizar, con unas salvedades filosóficas y teóricas, para arrojar luz sobre ciertos aspectos del conflicto armado social en Colombia. Con el fin de iluminar la noción de las causas estructurales/objetivas y su potencial utilidad, el artículo analiza dos estudios clásicos de las causas de la violencia política y social en Colombia: La violencia en Colombia y Colombia: violencia y democracia.

causas estructurales/objetivas, conflicto armado, violencia política y social.

The search for the causes of the armed social conflict and its diverse violences in Colombia remains the predominant tendency in the academic literature dedicated to the analysis of various aspects of the Colombian armed conflict and its social, cultural and political expressions. Although it has been a commonplace to refer to the 'structural causes' or 'objective causes' and 'underlying causes' to explain the armed conflict and its related violences, some authors have questioned the coherence of such concepts. Nevertheless, the article suggests that these are important concepts and that, although it is necessary to scrutinize them critically, they can still be used, with some philosophical and theoretical caveats, to illuminate certain aspects of the armed social conflict in Colombia. With the aim of casting light upon the notion of structural/objective causes and its potential usefulness, the article analyses two classic studies of the causes of political and social violence in Colombia: La violencia en Colombia and Colombia: violencia y democracia.

Structural/objective causes, armed conflict, political and social violence.

El concepto de causalidad en las ciencias sociales tiene una trayectoria filosófica compleja y ha sido sujeto de importantes debates sobre su significado, alcance y las implicaciones que trae para el análisis y la explicación social (Fay and Moon) (MacIntyre, The Idea) (Winch). En términos generales, el debate principal se ha enfocado en si las ciencias sociales legítimamente deben buscar explicaciones sociales en términos de leyes causales fijas al estilo de las ciencias naturales o si se deben limitar no más a interpretar el funcionamiento de diversos ordenes sociales y culturales, enfocándose solamente en iluminar el trasfondo conceptual de los actores sociales y aceptando las explicaciones proferidas por los mismos actores sociales para sus acciones con base en este trasfondo conceptual. Una parte importante de esta discusión se ha centrado en el papel que juegan factores externos o 'estructurales' y factores internos o 'intencionales' en las acciones que emprenden los actores sociales, lo cual se vincula con el debate entre la escuela positivista y la escuela 'humanista' (Fay and Moon 627).

También, al tratar de explicar las causas de varios fenómenos sociales se tiene el problema de que frecuentemente las categorías y conceptos que se usan tienen tintes normativos e ideológicos que luego se incorporan en los marcos teóricos que se usan (Cf. MacIntyre, The Idea) (Cf. Harvey) (Cf. Meszáros) (Cf. Taylor).Un enfoque marxista va a diferir bastante de un enfoque funcionalista o freudiano en el momento de explicar ciertos fenómenos sociales. Tales marcos teóricos determinan las variables que se tendrán en cuenta y, por ende, "ofrecen perspectivas distintas sobre la identificación de los elementos cruciales para la explicación y las relaciones causales involucradas" (Taylor 550). En fin, el concepto de causalidad en las ciencias sociales es filosóficamente complejo y matizado, además incorpora elementos normativos e ideológicos, lo cual es importante tener en cuenta al momento de buscar las causas de varios conflictos sociales, políticos y violentos (Miall, Ramsbotham, Woodhouse 79)¹.

Buscar las causas del conflicto armado social y sus diversas violencias en Colombia sigue siendo la tendencia predominante en la literatura académica dedicada al análisis de los diversos aspectos del conflicto armado colombiano y sus expresiones sociales, culturales y políticas (Ramírez Castro). Sin embargo, la noción de las causas objetivas/estructurales de la guerra y las violencias ha sido criticada por ser imprecisa y por enfocarse erróneamente en la pobreza como causa primaria de las violencias (Cf. Bejarano et al.) (Cf. Montenegro y Posada); por ser 'ideológica' y encubrir posiciones normativas (Cf. Rubio); por no tener pertinencia explicativa (Cf. Pizarro); y por perder importancia y prioridad frente a la guerra misma como causa de violación de derechos humanos (Cf. Orozco). Por ende, para poder evaluar tales críticas es importante mirar cómo el concepto se ha entendido y utilizado en la tradición científico-social a la hora de analizar las violencias y el conflicto armado en Colombia.

Mientras hay mucho más por decir sobre esto en términos filosóficos, el objetivo de este artículo es mirar cómo las explicaciones de las causas del conflicto armado social y las violencias se han conceptualizado, utilizado y desarrollado desde los orígenes de los estudios propiamente académicos acerca de la violencia en Colombia.

El libro La violencia en Colombia de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna fue publicado en 1962, resultado del primer esfuerzo propiamente académico de analizar de manera sistemática el conjunto de complejos fenómenos sociales y políticos que incidieron en lo que se ha denominado como la época de 'la Violencia', período que abarca, aproximadamente, los años 1948 hasta 1958. En 1958, con el objetivo de "analizar fría y objetivamente el fenómeno de la violencia en Colombia" (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo I 29), la entonces Junta Militar creó la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, de la que fue miembro Monseñor Germán Guzmán. Gran parte del material recogido por la Comisión en las numerosas visitas de campo a las zonas afectadas por la violencia sirvió como fuente para el estudio.

El texto es un trabajo de tres personas de distintas y distinguidas características profesionales: Monseñor Germán Guzmán, sacerdote católico quien vivió en el epicentro de la violencia como párroco de El Líbano, Tolima; Orlando Fals Borda, Ph.D en Sociología y co-fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional; y Eduardo Umaña Luna, Ph.D en Derecho y también co-fundador de la misma Facultad. El trabajo es una combinación de recolección de datos empíricos de diversa índole —estadísticas oficiales y datos históricos de archivos locales y regionales, entrevistas con campesinos, dirigentes políticos y guerrilleros, observación general de las áreas afligidas por la violencia— y una interpretación sociológica basada en las teorías sociales de la época. Los primeros diez capítulos del primer tomo fueron escritos por Guzmán y "son básicamente descriptivos" (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo I 31), los cuales brindan los datos básicos necesarios para el análisis sociológico llevado a cabo por Fals Borda y Umaña Luna.

Se puede decir que el libro es innovador en su esfuerzo por darle lo que hoy se denominaría una mirada inter o transdisciplinar al fenómeno. Combina ciertas competencias de disciplinas como la historia, la antropología, la filosofía, la sociología y el análisis estadístico. El historiador Carlos Ortiz destaca la calidad e innovación del estudio:

Existe allí un enriquecedor acercamiento a las fuentes, distinto de la mirada etnocéntrica del 'científico' que reduce sus interlocutores a nada más que datos manipulables por las teorías; en Guzmán más bien se dan, a través de las fuentes, encuentros de mundos y sentidos diversos. (Ortiz 391)

Tal encuentro de mundos implica el desafío a las ciencias sociales representado por el 'Otro', por distintos modos de conocer el mundo, por distintas racionalidades (Cf. Uribe Botero). También, las fuentes empíricas basadas en las entrevistas de los protagonistas hacen uso de categorías valorativas en sus propios análisis y comprensión de la violencia, lo cual complica la tarea analítica del científico social a la hora de buscar explicaciones puramente 'sociológicas' y 'científicas'. Hay una tensión inevitable en la metodología del libro debido a este traslapar de enfoques y métodos, la que en últimas no se resuelve.

El texto ofrece una mirada compleja, detallada y a veces contradictoria del fenómeno de 'la Violencia'. Como señalan los autores,

[…] no se debe caer en escueto simplismo al precisar las razones determinantes de la violencia. Se trata de un fenómeno multicausal y sucesivo en el que los efectos, a su turno, originan nuevas e imprevistas manifestaciones, sin descontar que muchos de los móviles de una etapa continúan incidiendo en las posteriores. (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo II 435)

Los autores sugieren la utilidad de dividir los fenómenos violentos en dos etapas: la primera, antes del asesinato de Gaitán y, la segunda, la que sigue a su homicidio. Sin embargo, no hay una ruptura clara entre las dos. Los autores se enfocan, principalmente, en la segunda etapa, pero esbozan la hipótesis de que tiene relación con anteriores factores estructurales y generacionales:

[…] este proceso de desintegración social y de crisis institucional que hoy observamos no tiene igual en la historia del país y su origen debe buscarse, por lo mismo, en eventos socio-políticos recientes […] Es posible que en ello incida el acelerado cambio social por el que atraviesa la nación, fenómeno que según algunos observadores comienza en la década de 1920 a 1930 y plantea el problema en términos generacionales. La generación que hoy surge, parece que está reaccionando con arrebato desalado contra las estructuras sociales consagradas por la generación del centenario y la del postcentenario. (Ibíd. 436)

El marco teórico es funcionalista en tanto que interpreta el conflicto violento como un asunto de una acumulación de disfunciones en el sistema social (Ibíd. 437), paradigma asociado con Talcott Parsons (The Social, The Structure) y que parte desde la noción de que las sociedades están en una posición de relativo equilibrio. Sin embargo, los críticos de tal modelo observan que,

el modelo de equilibrio, al enfatizar la integración y el consenso, lleva directamente a la posición de que los conflictos, que amenazan la estabilidad, deben ser restringidos a favor del mantenimiento de la integración de la estructura social. (Jacoby 52)

Los autores destacan varias hipótesis sobre las diversas causas remotas, próximas e inmediatas de la violencia, resaltando la dinámica sectaria que se remonta a la imposición del catolicismo en la conquista y los posteriores choques polémicos entre los católicos y los liberales anti-clericales posteriores a la Independencia. A pesar de este reconocimiento, leemos que el sectarismo 'contagió' a la sociedad y que "el país perdió su cohesión y su clima fraternal" (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo II 441), la cual es una afirmación algo cuestionable, pero que es comprensible dentro de los parámetros teóricos del modelo funcionalista. Este modelo tiene la tendencia de relegar a segundo plano la cuestión de la agencia de los actores sociales. En el caso específico de La violencia en Colombia, se nota que los autores tienden a mirar a los campesinos como una masa manipulada². Por ejemplo, después de esbozar una explicación de la violencia basada en el odio ideológico y político entre los conservadores y liberales, leemos: "¿pero dónde nació ese odio? Que respondan los que enseñaron al pueblo a que se odiara" (Ibíd. 443).

Quizás el modelo funcionalista lleva a tales falencias debido a que asume que antes del conflicto violento la sociedad andaba bien en un 'clima fraternal'. Como veremos, tal modelo es problemático y, además, entra en tensión con las otras explicaciones que se le dan a la violencia. Pero quizás los autores buscan la razón del odio entre los campesinos en causas externas debido a la influencia del enfoque ostensiblemente marxista que estaba en boga durante los años sesenta. En el contexto colombiano la culpa que se le endilga a la 'oligarquía' como responsable por la violencia solo tiene coherencia dentro de este tipo de análisis marxista, lo cual tiende a mirar al Estado como un aparato dominado e instrumentalizado por las clases dominantes (la oligarquía). No obstante, como observa Malcolm Deas, tanto los liberales y los conservadores en Colombia desde el siglo XIX le han culpado a la 'oligarquía' de ambos lados (Cf. Deas 51-3). También, tal explicación parece asumir un control del Estado por parte de una oligarquía unificada y dueña de un poder manipulador abrumador que históricamente, y en ese mismo período, simplemente no poseía (Cf. Sanders). Según Malcolm Deas, tal interpretación simplifica una realidad muy compleja en la que los sectores populares ejercían una agencia política activa en 'la Violencia' y los anteriores episodios de conflicto del siglo XIX. De acuerdo con Deas los "apologistas revolucionarios en las décadas de 1960, 1970 y 1980" han encasillado la participación de los campesinos en las luchas sectarias de 'la Violencia' "como un simple problema de manipulación", descartando su involucramiento "como efecto de la falsa conciencia" (Deas 42-3). Para Deas, una interpretación de 'la Violencia' como efecto y responsabilidad de una guerra de clase desatada por la 'oligarquía' sería un ejemplo de "el afán por hacer a un lado la apariencia amorfa de la violencia en Colombia, para lidiar con un fenómeno que presente perfiles políticos más claros, historias narrativas más lineales…" (Ibíd. 18). Esto es el riesgo de cualquier esfuerzo teórico y analítico en las ciencias sociales por buscar explicaciones al estilo de leyes científicas para fenómenos sociales³.

Sin embargo, esto no quiere decir que un análisis marxista en términos de clase sea totalmente incorrecto. Es posible que a pesar de las diferencias sectarias que dividían ideológicamente a liberales y conservadores, los intereses económicos compartidos finalmente hubieran tenido más peso que las diferencias más 'formales' entre las oligarquías de ambos partidos (Cf. Palacios y Safford 315). Así que una identificación de clase que trascendía las identificaciones nominales de liberales y conservadores quizás pudo haber llevado a que las élites utilizaran el odio sectario para dividir y conquistar en aras de 'rescatar' el país del daño social que estaba afectando el funcionamiento del sistema económico. De esta manera las élites habrían 'manipulado' a 'las masas'.

La explicación principal del texto⁴ es que 'la Violencia' fue una estrategia desatada por las élites políticas para contrarrestar el movimiento popular que buscaba una revolución social y política. El prólogo para la edición del 2005, escrito por el mismo Orlando Fals Borda, nos informa que, "recoge la tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa" (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo I 13). No obstante, esta explicación es matizada al reconocer el papel que jugaron las instituciones y estructuras sociales colombianas en el desarrollo del fenómeno y, se presume, en la conducta de las mismas élites. Fals Borda aplica la teoría estructural-funcionalista al análisis, pero en últimas utiliza un lente marxista según el cual el Estado es un instrumento de las clases dominantes para imponer sus intereses. Como dice Fals Borda,

algunas clases dirigentes y las 'oligarquías' de ambos partidos tradicionales, coaligadas por la seria amenaza a sus intereses, tomaron entonces las riendas del Estado para efectuar la contrarrevolución. (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo I 450-51)

Esto se vincula con la tesis de que la incipiente revolución social era una manifestación de la frustración de las necesidades de amplios sectores sociales del país: la semilla de lo que se convertiría más adelante en la explicación de 'la Violencia' y las violencias como resultado de ciertas condiciones o 'causas objetivas' como la pobreza, la desigualdad, la restricción de la democracia, entre otras⁵.

Como hemos visto, esta explicación de 'la Violencia' se combina con la explicación estructural-funcionalista, que mira al fenómeno del conflicto humano no en términos de las categorías revolución/contra-revolución, las cuales se entienden (por lo menos, implícitamente) en términos de intenciones, actitudes y voluntades políticas e ideológicas, sino en términos de función/disfunción para un sistema social:

'El conflicto tiende a ser disfuncional para una estructura social en la que no hay tolerancia e institucionalización del conflicto, o en las que hay pero de manera insuficiente' dice Coser en su tratado Funciones del conflicto social. Esta hipótesis parece hallar confirmación en el caso colombiano. Atacada la base del consenso valorativo del sistema social más amplio e influyente que era la nación, quedó amenazado el equilibrio de ésta. Sin embargo, el conflicto subsiguiente no fue la mayor amenaza para el equilibrio y solidez de aquella estructura: fue la intolerancia y la rigidez misma de ella su mayor peligro [...]. (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo I 451)

Sin embargo, se puede cuestionar esta hipótesis al reconocer que la 'disfunción' del conflicto para el sistema, en este caso el Estado-nación, afecta a ciertos sectores de la población más que a otros. Según quienes se incluyan dentro de la 'nación', la disfunción del conflicto va a ser de mayor o menor impacto (y también depende de qué tipo de conflicto se trata; es claro que Fals Borda y Guzmán hablan de conflicto de clase, lo cual es más 'disfuncional' para los más débiles en tal conflicto). Es más, la interpretación en términos de función/disfunción asume un sistema social equilibrado y un consenso sobre cómo caracterizar las funciones de las instituciones y estructuras sociales. Si se parte desde una mirada no funcionalista, sin embargo, se podría decir que la supuesta disfunción de ciertas instituciones como la Policía o el Congreso es en realidad su función actual y esencial.

A estas dos explicaciones causales se añade una interpretación sobre la inconmensurabilidad e imposición de los valores, lo que en el campo del análisis de conflictos se llama el fenómeno de 'desacuerdo radical' (Cf. Ramsbotham) (Cf. MacIntyre, Whose Justice).

Los grupos o partidos enfrentados han concebido el poder como una herramienta para imponer sus respectivas utopías —utopías muchas veces excluyentes, como la que exigía por una parte la separación de la Iglesia y el Estado versus la que imponía un Estado clerical; la que avocaba absoluta libertad de enseñanza y pensamiento versus la que requería la enseñanza y el pensamiento controlados. Una vez definidas las incompatibilidades de estos valores y descubierto que la única vía de imponerlos era por el Estado, quedaron sentadas las bases para el conflicto interpartidista. Con base en la evidencia colombiana, el conflicto puede entonces definirse como un proceso social que se desarrolla cuando dos o más partes tratan de imponer valores excluyentes dentro de escasez de posiciones y recursos, con el fin de influir en la conducta de los grupos y determinar así la dirección del cambio social en esos grupos. (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo I 442)

la primera etapa del conflicto, que utilizó la violencia telética, fue de índole política y económica, con la intención de imponer desde el Estado (visto como arma única y como botín burocrático excluyente e incompatible) ciertas pautas de conducta y filosofía de la acción que se consideraban por una de las partes como esenciales para la salud del país, pero incompatibles con las de la otra parte, ésta ya frustrada en su afán de transformar de acuerdo con su propia filosofía. (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo I 452)⁶

La tesis del choque de valores excluyentes luego se conecta con el argumento sobre la 'intolerancia' de las élites hacia otras ideologías y su institucionalización en el seno del Estado (Ibíd. 451).

Entonces, para resumir, la explicación principal se centra en una mirada ostensiblemente marxista según la cual el Estado fue utilizado como un instrumento para promover los valores e intereses de las clases dominantes que querían evitar una 'revolución social'; las frustradas expectativas y necesidades del pueblo, expresadas en la figura de Gaitán cuyo asesinato fue la causa inmediata de 'la Violencia', en parte explican la violencia en tanto que son condiciones que alimentan el conflicto basado en el choque de valores y visiones excluyentes; y todo esto implica y lleva a la intolerancia por parte de las mismas élites y el aparato estatal. Luego, el conflicto opera según las complejas interacciones entre el nivel nacional y el nivel veredal, con sus cadenas de retroalimentación, llevando a lo que los autores llaman el 'agrietamiento estructural' y a la descomposición de las instituciones y la 'crisis moral'.

[El libro] La violencia en Colombia es síntoma de la crisis que en estos años atraviesa la dirección moral que llamo querer parecer civilizado. (Zuleta 22)

De acuerdo a los iluminantes postulados nietzscheanos de Mónica Zuleta, la intelectualidad colombiana en la época de los 1960, principalmente los nuevos profesionales en las emergentes ciencias sociales, le hace una condena moral a las viejas prácticas políticas y sociales que culpan de dañarle al país, pero se encuentran atrapados en el dilema de cómo transformar esas prácticas mientras, en el fondo, siguen creyendo en las premisas de la 'civilización' y la 'modernización'⁷ Se decide que la transformación requiere de la participación activa de las 'víctimas' de la violencia:

Están de acuerdo con el desarrollo, pero no con sus políticas, puesto que no admiten como posible que el cambio social que demandan se haga a través de medidas ejecutadas por las élites. Al contrario, creen que esas acciones son responsabilidad de los sectores populares, y se valen de las herramientas técnicas para despertarlos y fortalecerlos, y para vigilar que se encaminen hacia las finalidades idealistas en las que creen. (Zuleta 22)

Sin embargo, a pesar de la condena que le hacen a la 'oligarquía', los nuevos intelectuales 'comprometidos' acaban legitimando el Estado, es decir, la dominante estructura socio-política cuyos 'agrietamientos' en parte llevaron a la violencia desbordada. Este 'giro' es evidente, según Zuleta, en el libro La subversión en Colombia, publicado en 1967 por Orlando Fals Borda.

Este 'clima moral' inevitablemente colorea y permea el análisis sociológico de La violencia en Colombia, llevando a ciertas incoherencias internas en relación con el tipo y peso de la explicación que los autores le dan a la violencia. Estas incoherencias se manifiestan en la tensión entre una explicación enfocada en el protagonismo y voluntad del 'pueblo' y de las élites, y otra que enfatiza las estructuras sociales (en términos del modelo equilibrista, no en términos marxistas). El libro, como señala Carlos Ortiz, por primera vez otorga "protagonismo a sectores sociales, como los cuadrilleros campesinos o sus auxiliadores veredales" (Ortiz 390). Sin embargo, el texto es inconsistente respecto a la voluntad y la agencia de los campesinos. Por un lado, son vistos como agentes autónomos, actuando acorde con sus aspiraciones y visiones sociales y políticas; por otro lado, son vistos como una masa manipulada por las élites políticas en los centros urbanos. A veces, el texto pinta a los campesinos como un conjunto homogéneo e inocente, forzados a convertirse en violentos que recurrieron a la sevicia y la crueldad. Otras veces hay un reconocimiento de que los campesinos eran victimarios conscientes, divididos entre sí. En relación a esto, los autores hablan de una división y polarización fundamental entre el ejército oficial y el 'ejército campesino', pero en otros momentos señalan la guerra entre los mismos campesinos.

Pareciera que los autores están confundidos con respecto a la evaluación y explicación del papel del campesinado, quizás debido a su deseo de rescatar la voluntad política y moral del campesinado como la fuerza social que pueda transformar la realidad de las injustas prácticas políticas que los autores condenan. En efecto, los autores están atrapados en el viejo rompecabezas teórico de estructura-agencia. Si los campesinos fueron forzados por el 'sistema' a comportarse de manera brutal y vengativa, entonces, se le puede condenar al sistema, pero a costa de restarles agencia moral y voluntad política a los campesinos. Por otro lado, si los campesinos no fueron conducidos a su demencial conducta por la estructura socio-política, entonces, se pone en cuestión su idoneidad moral como posibles agentes de la anhelada transformación social y política.

En su lectura del mismo texto Carlos Ortiz resalta la estrategia explicativa de "buscar estructuras, funciones-disfunciones, agrietamientos estructurales y 'vínculos sistémicos' antes que culpables o causas-actores, de privilegiar, en la interpretación, el papel del conflicto sobre la explicación causa-efecto unilineal..." (Ortiz 390). Sin embargo, si las estructuras sociales se conciben en términos de construcciones sociales dinámicas (y no en términos de estructuras estáticas) el destacar estructuras sociales en la explicación es proponer causas-actores (o condiciones que contribuyeron al conflicto, como la estructura de propiedad, la cual se mantiene por voluntad e intención ética y política, no por inercia 'natural'). Además, el libro es claro en culpar a las élites. No se trata de una explicación unilineal, ni de echarles toda la culpa a los mandatarios políticos, sino de buscar explicaciones. Pero es imposible buscar explicaciones sin, de algún modo, implicar causas y culpables.

Respecto a este último, hay una contradicción en el texto. Por un lado, parece claro que al menos uno de los autores culpa de mayor manera a la 'oligarquía' de ambos partidos que al resto de la sociedad. Pero, por otro lado, en el Tomo II, leemos que, "pareció por un momento que el mensaje central del libro sobre la culpabilidad de toda la sociedad colombiana había sido comprendido y apreciado" (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo II 35). Como escribió un columnista liberal poco después de la publicación:

El libro […] no parte de una división entre buenos y malos […] Todo análisis de la violencia que no enjuicie a la totalidad de la sociedad colombiana, sufre de una radical e incurable equivocación. Por años se ha comprobado que esos análisis de muy poco sirvieron. En el libro de Monseñor Guzmán hay un acusado: la sociedad colombiana […] La primera consecuencia y la más útil del libro […] debe ser que cada cual asuma su cuota de responsabilidad en la violencia, antes que empeñarse en endilgarle la suya a otros. (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo II 33-4)

Pero quizás se podría decir que si todos son igualmente culpables y responsables, nadie lo es. Si no se señalan estas diferentes cuotas de responsabilidad, que, sugiero, no se pueden identificar sin buscar cuotas diferenciadas de 'bueno' y 'malo', se llegará (y quizás en el libro se haya llegado) a un análisis que no sirve para orientar a la sociedad. Pero aquí es menester recordarnos del contexto histórico y cultural. La violencia había incendiada las pasiones y los odios en toda la sociedad. Cualquier análisis y subsiguiente remedio que no recurriera a un idioma y marco teórico más bien 'neutral' y 'objetivo' habría arriesgado con incitar de nuevo la violencia que buscaba remediar. De ahí que al menos un lector y uno de los autores hayan concordado en caracterizar el mensaje central del libro como una condena simétrica a toda la sociedad.

No obstante, la idea de una simetría de responsabilidad es poco creíble y seguramente sirve de muy poco en el momento de buscar respuestas y soluciones. Sugiero que aquí se vislumbra la futura tendencia en el campo de los análisis de las violencias, según la cual el problema fundamental radica no en la voluntad, las intenciones e ideologías de ciertos sectores de la población cuyas decisiones impactaron en la estructuración económica, política y social del país (es decir, los políticos y tecnócratas del Estado), sino en el 'atraso' de la modernidad y sus instituciones. De ahí el énfasis en la 'construcción del Estado' en mucha de la literatura sobre el tema en los últimos años (Cf. González, Bolívar, Vázquez).

Hay una tensión en el libro entre una explicación cuasi-marxista, la cual aparece cuando los autores hablan de guerra de clase (la verdad, en muy pocas ocasiones), y de la 'oligarquía' que 'toma las riendas del Estado' para imponer sus 'intereses'; y una explicación estructural-funcionalista tipo parsoniana. La primera tiende a ser más 'controversial' en tanto al menos implica una explicación ética, política e ideológica de lo que ocurrió, esgrimiendo las intenciones de ciertos sectores de la población que, desde un enfoque marxista/materialista, están íntimamente relacionadas con la base económica de la sociedad y el papel integral del Estado en promover y perpetuar el modelo económico dominante. La segunda es menos controversial en tanto que desvía la atención sobre clases y sectores sociales, favoreciendo una mirada ostensiblemente 'neutral' en términos de estructuras sociales impersonales/ahistóricas y la función y disfunción de ciertas instituciones. De esta manera, el texto cumple con la función académica (la del statu quo) de ofrecer un análisis 'balanceado' y 'objetivo', desprovisto de demasiados juicios de valor. Al final del libro, como ya vimos, es claro que al menos uno de los autores entendía su evaluación final en términos de una condena simétrica y equilibrada a toda la sociedad. Por esta razón, el libro quizás resulta insatisfactorio desde la perspectiva de señalar con precisión científico-social las causas y raíces de 'la Violencia' y los posibles caminos de respuesta. Se podría argumentar que los dos esquemas explicativos sociológicos utilizados esconden distintos y quizás contradictorios esquemas morales respecto a la manera de buscar y juzgar causas y responsables. A pesar de una aparente postura compartida entre los autores, como sugiere Mónica Zuleta en su discusión sobre la moral de la época, hay evidencia de rupturas morales internas entre los autores, lo cual no es sorprendente. Pero también hay evidencia de que, como sugiere también Zuleta, en últimas los autores comparten la posición normativa de legitimar el Estado y, paradójicamente, el excluyente sistema político, a pesar de su fuerte crítica a éste y su creencia que el 'desarrollo' y la 'civilización' del país no podían ser trabajo de las élites. A pesar del radicalismo de Fals Borda y lo que se podría denominar su 'opción por el pueblo', en últimas, la perspectiva estructural-funcionalista mitigaba esto y chocaba con las explicaciones sociológicas en términos de intenciones, voluntades y agencia (vinculadas a intereses de clase relacionados con la estructura económica capitalista), que favorecía Fals Borda. Discutiblemente, las categorías parsonianas legitimaban y reforzaban posturas a favor de la institucionalidad que, contraria a la mirada marxista, se concibe en términos algo estáticos, ahistóricos y no inherentemente conflictivos.

Después de la publicación de La violencia en Colombia, "es poco lo que la sociología colombiana aporta a la comprensión de la violencia" (Ortiz 392). El vacío lo llenan los politólogos norteamericanos con sus categorías centrales de 'tradición' y 'modernidad', que intentan explicar los conflictos sociales en términos de las transiciones de un tipo de sociedad a otro. El arquetipo de 'lo moderno' es la sociedad norteamericana, lo cual representa el etnocentrismo ideológico que Orlando Fals Borda y otros sociólogos y filósofos (Cf Dussel) veían como parte de las trabas conceptuales impuestas por las tendencias científico-sociales provenientes de otros lados, como el funcionalismo estructural de Parsons.

El trabajo del norteamericano Paul Oquist (Violencia, conflicto y política en Colombia de 1978) tiene una importante influencia sobre los posteriores análisis de la violencia en Colombia, debido a su pregunta por el papel del Estado. Como lo dice Ortiz,

Los científicos políticos americanos pusieron sobre la mesa de debate una pregunta que, a decir verdad, había estado descuidada por parte de los investigadores colombianos: la pregunta por el Estado que […] se ligaba particularmente a 'La Violencia'. (395)

En Oquist este interés se centra en la preocupación por el colapso o derrumbe del Estado, lo cual, posteriormente, tiene eco en algunos análisis de los investigadores colombianos.

La antropología también le añade algo en este periodo a la comprensión de la violencia, principalmente, en su recolección y presentación de fuentes orales que, a diferencia del enfoque de la ciencia política, hace hincapié en las dimensiones y dinámicas humanas de los conflictos y la violencia. Otro aporte importante desde este campo que tendría impacto en futuras investigaciones es el libro de Jaime Arocha, La violencia en el Quindío. Determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un municipio caficultor, publicado en 1979. Además de su enfoque regional, la diferenciación de los homicidios 'al azar' y los que tienen motivos políticos (y la desagregación de estos), este estudio "abre mayores posibilidades de comprensión, avanzando hacia aquello que la Comisión de la Violencia en 1987 llamaría las interrelaciones entre violencia política y otras múltiples violencias" (Ortiz 401).

A principios de 1987 el gobierno colombiano convocó la Comisión de Estudios sobre la Violencia que fue la sucesora de la Comisión convocada unos treinta años atrás. El informe de la Comisión de 1987 destaca las rupturas y discontinuidades con 'la Violencia' de los años 50, enfatizando las violencias en plural que azotan al país. Hace una clara diferenciación entre la violencia propiamente política enfocada en captar el poder político y la violencia social. En relación con esta última, los autores hacen hincapié en la violencia urbana, la cual "es superable con rectificaciones profundas de las condiciones de desigualdad existentes en nuestra sociedad" (Sánchez et al. 11); y señalan que esta violencia urbana no muestra "una clara relación directa entre pobreza y violencia" (Ibíd. 56). La violencia urbana es multifacética, involucrando violencia social propagada por grupos de narcotráfico, sicarios a sueldo, además está relacionada con el porte de armas, la desigualdad, la injusticia, la mimesis, el ascenso social, imaginarios de machismo, y demás⁸. Estos tipos de violencia se califican de 'no-negociables', ya que no se trata de violencia asociada directamente con los contendores políticos armados. Sin embargo, a través de distintas reformas sociales que inevitablemente tendrían que definirse en el ámbito político, ciertas condiciones 'objetivas' o subyacentes de las violencias sociales se pueden identificar y modificar. Por ejemplo, para los autores es,

imperioso acometer decididamente reformas encaminadas a fortalecer los mecanismos de la sociedad. Entre ellas merece especial prioridad una nueva política agraria y urbana que acometa la redistribución del latifundio y de la propiedad urbana para que por fin desempeñen su función social. (Sánchez et al. 29)

Esbozan también la tesis sobre la ausencia del Estado, la cual ven como responsable por la violencia en zonas alejadas y por los conflictos en torno a la actividad económica extractiva asociada con la gran minería y la producción de petróleo:

En este contexto, el Estado no ha aparecido como árbitro de los diferentes intereses económicos y políticos en juego, haciendo posible que se expresen acabadamente por las vías legales. El Estado, en sus diversas manifestaciones, ha aparecido más bien como un conjunto institucional de muy baja legitimidad […] Aparece entonces clara la profunda crisis del Estado colombiano, estimulando una diversidad de formas de violencia organizada asentadas en una región sin Dios ni ley. (Sánchez et al. 86)

Según los autores, "los colombianos se matan más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado" (Ibíd. 27). Es decir, las violencias tienen que ver con las precarias condiciones sociales tanto en el campo como en la ciudad, más que en las acciones violentas asociadas con el conflicto armado entre el Estado y la insurgencia."Mucho más que las del monte, las violencias que nos están matando son las de la calle" (Ibíd. 18).

Agregando,

aunque la violencia en Colombia se muestra, cuantitativamente hablando, como un fenómeno muy alarmante, más del 90% de sus víctimas no han de considerarse de naturaleza política, en cuanto a que no provienen de la confrontación del Estado actual con grupos e individuos que buscan sustituirlo. Son, esencialmente, las víctimas de una violencia originada en las desigualdades sociales, muchas veces en situaciones de pobreza absoluta, que se expresa en formas extremas de resolver conflictos que en otras circunstancias tomarían vías bien diferentes. (Ibíd. 18)

Aquí se plantea la tesis de que las violencias tienen su origen en la desigualdad, que difieren de los análisis posteriores que explican la violencia más como un producto de la delincuencia y la criminalidad, por ejemplo, Rubio (1998). Sin embargo, lo que es cuestionable es la suposición de que la violencia política se pueda reducir a la violencia guerrillera y que la violencia 'del monte' no tenga relación con la violencia 'de la calle'. Si según los autores la violencia urbana tiene origen en las desigualdades sociales, ¿no se puede interpretar la violencia rural, y por ende, la violencia guerrillera, como también originando en semejantes desigualdades? En tal caso la violencia social no se podría desconectar de la violencia 'política'. Además, si las condiciones de desigualdad social en los centros urbanos tienen relación con el desplazamiento y el flujo de personas a las ciudades en busca de oportunidades de empleo, entre otras cosas, es difícil sustentar que no haya relación entre la violencia política 'del monte' y la violencia social urbana.

Es más, para la Comisión, la violencia política se entiende como la que proviene de una confrontación directa entre el Estado y la insurgencia, lo cual parece ignorar la manera en que el Estado, desde al menos los 60, ha adoptado una estrategia contrainsurgente que se basa en utilizar el paramilitarismo para atacar no tanto a la guerrilla, sino a su percibida base social (Cf. Giraldo) (Cf. Hylton). La estrategia contrainsurgente ha acudido a las tácticas de una 'guerra sucia' que incluye el uso de sicarios para matar civiles, quienes son sospechosos de tener algún vínculo con la guerrilla. De esta manera, toda la violencia 'de la calle' no se puede calificar de no política. Por supuesto, el problema radica, precisamente, en saber cómo caracterizar y distinguir entre un tipo de violencia y otro. Los autores reconocen que hay un aspecto político en la violencia sicarial, pero no le dan mayor importancia (Cf. Sánchez et al. 67). La dificultad es definir la línea borrosa entre la violencia política y la violencia social. Aun cuando no se trata de violencia política, en el sentido directo de que un sicario mata a un dirigente político o funcionario del Estado, es posible interpretar otras formas de violencia como indirectamente relacionadas con la violencia política en tanto que surgen de la consolidación de un cierto orden social y político logrado a través de la violencia social, las amenazas, y demás, y que posiblemente favorezca el mantenimiento del actual sistema socio-económico y político.

En el informe la interpretación apolítica de la violencia social se muestra en la lectura que se le da al fenómeno de los sicarios. Los autores señalan que esta modalidad de acción violenta se asemeja a primera vista a la violencia de los llamados 'pájaros' de la época de 'la Violencia'. Sin embargo,

la nueva versión guarda diferencias sustanciales con su antecedente […] La forma actual […] tiende […] a despojarse de dimensiones políticas o éticas y a convertirse en un oficio cuya única motivación es la paga. Es frecuente el caso en que el ejecutor ni siquiera conozca a su futura víctima. (Ibíd. 21)

Pero lo que esto parece ignorar es el hecho de que en muchos casos lo que le da elementos políticos al crimen se encuentra en quién dio el orden de matar a x persona. Es decir, fijarnos solamente en el ejecutor directo y en sus posibles motivos económicos nos quita la debida atención a los autores intelectuales detrás del crimen, quienes muy posiblemente tuvieran razones políticas para asesinar a dicha persona.

El texto reconoce la violencia estatal basada en "una visión imperial del Estado que aún legitima la ficción de que existen 'razas salvajes' o 'bárbaras', atávicamente incompetentes para ejercer dominio sobre sus tierras" (Sánchez et al. 24). También resalta la violencia del Estado contra movimientos sociales (Ibíd. 20) cuyas protestas son respondidas con fuerza y no con diálogo. Junto con este reconocimiento de la violencia estatal, el texto plantea la tesis de la debilidad y ausencia del Estado como causa de violencias en cuanto a su falta de presencia en muchas partes del territorio y también respecto a su debilidad institucional para encauzar y mediar los conflictos sociales. Según esta tesis, esta debilidad deja a la sociedad a su suerte, lo cual ha llevado al surgimiento de formas privadas de justicia y resolución de conflictos. No obstante, un problema de este argumento es que parece asumir una realidad social hobbesiana, donde los individuos son inherentemente competitivos y agresivos, incapaces de convivir pacíficamente sin la acción coercitiva del 'Leviatán'. Además, la tesis sobre la supuesta debilidad del Estado parece ignorar o disminuir el hecho de que el Estado ha sido lo suficientemente fuerte para imponer su modelo económico, lo cual requiere del uso de la fuerza en ciertas zonas estratégicas. El hecho de que el Estado no haya invertido sus recursos y energía en fortalecer su presencia en ciertas otras zonas del país se podría interpretar no como debilidad, sino como resultado de sus prioridades ideológicas y estratégicas a favor de ciertos intereses sociales y económicos.

Lo que se desprende de la lectura de este texto es que el Estado colombiano no utiliza la violencia como estrategia sistemática para imponer cierto modelo político y socioeconómico. Por ende, la naturaleza del Estado colombiano y su configuración socio-política no es vista como causa de las violencias sociales. Según el informe, estas están relacionadas más con la debilidad del Estado y la correlacionada inhabilidad de la sociedad para convivir pacíficamente.

Sin embargo, los autores parecen caer en una incoherencia en relación con su argumento acerca de que el Estado puede servir de árbitro y canalizador de los conflictos sociales cuando escriben que,

el hecho de que los ámbitos socioeconómico y sociocultural muestren extraordinaria capacidad para generar y alimentar la violencia no es fruto solamente de la incompetencia del Estado para regularlos, sino también de la renuncia de éste a colocarse de manera decidida del lado de los débiles y los no violentos. (Sánchez et al. 28)

No obstante, si el Estado fuera a hacer esto, no podría ser el ente neutral para mediar los conflictos, que parece ser una suposición teórica del texto. Desde otra perspectiva teórica (p. ej. marxista) el Estado es estructuralmente incapaz de ponerse del lado de los débiles y los pobres, para decir nada de la composición social e ideológica particular del Estado colombiano.

Una explicación importante que el informe le da al surgimiento de la violencia contemporánea,

es la democracia restringida, institucionalizada con el Frente Nacional, que consagró el monopolio bipartidista del aparato estatal y toda una red de mecanismos para garantizar su reproducción, tales como el estado de sitio permanente, la hipercentralización de las decisiones en el poder ejecutivo y, ante todo, el abandono por parte de las autoridades civiles —tanto el orden nacional, como regional— del manejo del orden público. (Sánchez et al. 45)

una confrontación ya no burocrática (por el control del Estado) sino revolucionaria (por el cambio del sistema). Como corolario, formas institucionales de acción política social (elecciones, huelgas) fueron perdiendo su margen de legitimidad en beneficio de formas no institucionales o desinstitucionalizadas por el régimen, como guerrillas, paros cívicos, huelgas ilegales, invasiones de tierra. Las guerrillas, específicamente, aparecían en este contexto como uno de los instrumentos obligados y a veces legitimados por algunas capas de la población para expresar sus demandas y expectativas ante un sistema cerrado. (Ibíd. 46)

Según los autores, la ausencia de una vigorosa izquierda democrática y el bloqueo sistemático a la consolidación de fuerzas políticas legales diferentes del bipartidismo, "constituyen el ambiente natural en el que florecen las opciones insurreccionales. Por ello, avance o retroceda la política de paz, la ampliación del espacio democrático seguirá siendo una necesidad sentida de la nación" (Ibíd. 52).

Como señalamos anteriormente, las violencias sociales y urbanas se clasifican de 'no-negociables', en el sentido de que no pueden ser objeto de una negociación formal, ya que no se trata de un grupo armado específico, sino de una multiplicidad de actores con diversos objetivos y motivos. En relación con la violencia contra minorías étnicas, dicen los autores que no se trata solamente de intolerancia frente a su diferencia, sino "porque son dueños de tierras ricas en oro, platino, carbón, petróleo, maderas y animales de pieles y plumas valiosas. Es una de las formas de violencia más antiguas y menos negociables" (Sánchez et al. 105). Sin embargo, la noción de que estos temas no pueden ser negociados se podría cuestionar al reconocer que los grupos insurgentes han colocado el tema de la economía como uno de sus puntos claves en cualquier agenda de negociación. Al negociar con la guerrilla se supone que habrá que negociar el tema de la economía, sus fallas estructurales y la relación que tiene con las dinámicas de violencia. Al tratar el tema de la economía como un factor integral del conflicto, indirectamente se tocaría el problema de las violencias supuestamente no-negociables que, de diversas maneras, están conectadas al modelo económico imperante.

Los autores apoyaron la posición del ex-presidente Belisario Betancur, quien tomó la valiosa decisión de insistir en darle un tratamiento político al conflicto y a la guerrilla, más que un tratamiento militar/criminal (y quien acuñó la noción de las "condiciones objetivas" de la violencia (Ibíd. 177). El entonces candidato liberal, Alfonso López Michelsen, también subrayó la importancia de esto: "a la subversión hay que encontrarle una solución política, para la cual se requiere un fuerte respaldo de opinión" (Ibíd. 167). Para los autores del informe, las violencias sociales que van más allá de la violencia propiamente política y que son nutridas por los 'errores' del Estado, su 'debilidad' y su 'ineficiencia', minando la legitimidad del Estado, tienden a reforzar la violencia política:

[…] la desconfianza en las vías civilizadas, engendrada por esas formas de violencia, alimenta las motivaciones de muchos ciudadanos para incorporarse a la vida guerrillera, lo cual las convierte en un factor más de la propia violencia política. (Ibíd. 170)

Entonces, aquí encontramos una tesis más compleja y matizada sobre el continuum entre la violencia social y la violencia política. Los autores sugieren que las dos formas de violencia se deberían tratar de manera conjunta. Sin embargo, en fin, el texto tiene una orientación Estado-céntrica, que se inclina, principalmente, hacia el liberalismo y que habla en términos algo asépticos y ambiguos sobre el papel de la economía frente a las violencias. Por ejemplo, dicen que,

los sectores dirigentes de la sociedad colombiana deben asumir su cuota de responsabilidad por su inacción ante las posibilidades de desarrollo socioeconómico de nuestro país, la cual ha influido en la situación de pobreza y violencia que sufren amplios sectores de la población. (Sánchez et al. 29)

El problema es percibido como un asunto de inacción más que algo relacionado con la naturaleza de la economía capitalista y su relación estructural con el Estado moderno. Sin embargo, en el último capítulo la Comisión es más crítica del Estado con respecto a los derechos humanos. Reconoce la aniquilación sistemática de la Unión Patriótica y encarga al Estado con la responsabilidad de respetar los derechos humanos so pena de convertirse en Estado de terror. Señala que sectores del Estado están vinculados con los paramilitares. Sobre la responsabilidad por violar el derecho a la vida leemos que,

[…] los responsables se pueden diferenciar, pasando de los puramente individuales hasta los institucionales, como el Estado y la forma como está organizada la sociedad. Esto explica que en el recorrido del trabajo de la Comisión nos hayamos planteado problemas que van desde la supervivencia de las sociedades indígenas en nuestro país, el papel del Estado en el desarrollo regional urbano, las responsabilidades de las agrupaciones políticas en la búsqueda de la paz, hasta modalidades más privadas e individualizadas de expresión de la violencia y de imposibilidad de manifestar los derechos humanos. (Ibíd. 255)

La responsabilidad es entendida en términos directos relacionados con ciertos individuos y, en sentido indirecto, relacionado con las instituciones y las estructuras sociales. Entonces, para resumir, las principales tesis de la Comisión sobre la violencia son:

1. La violencia es multifacética con diversas causas y condiciones.
2. La violencia principal es la 'de la calle', la que es 'no-negociable' y que no es propiamente política.
3. La debilidad del Estado, su falta de presencia y su ineficiencia administrativa (particularmente en la rama judicial) explican la presencia de violencia en muchas regiones (más que la configuración de clase del Estado y sus prioridades ideológicas y estratégicas).
4. La desigualdad social es un factor en fomentar las violencias.
5. El cerramiento del sistema político en el Frente Nacional creó las condiciones para el surgimiento de opciones insurreccionales.

En fin, se puede decir que el texto reconoce, hasta cierto punto, las llamadas 'condiciones objetivas' de la violencia y que apunta a la necesidad de negociar no solo entre el Estado y la insurgencia, sino entre todos los sectores sociales. No puede haber una "reforma por arriba" (Sánchez et al. 53). A pesar de ciertas debilidades del análisis, posiblemente derivadas de sus inclinaciones ideológicas y normativas, la narrativa que se desprende de este importante diagnóstico no descarta la noción de razones estructurales de fondo que al menos inciden en, si no causan, las violencias.

Estos dos análisis hacen uso del concepto de las causas estructurales/objetivas de las violencias, con sus matices particulares. Demuestran unas diferencias entre sí respecto a las explicaciones que le dan a la violencia/las violencias, particularmente, en relación con el papel del Estado y su responsabilidad por las violencias, pero hay que tener en cuenta que se trata de dos épocas históricas diferentes. Hay elementos de continuidad respecto al tipo de análisis, especialmente en relación con las llamadas causas estructurales/objetivas, igual que elementos de diferencia, como el papel del Estado y el factor de la pobreza en las explicaciones. En fin, los dos informes demuestran en sus análisis la centralidad del concepto de las causas estructurales/objetivas; y a pesar de algunas incoherencias en las explicaciones, ambos informes demuestran la utilidad y adaptabilidad del concepto, lo cual sugiere que todavía puede ser un concepto analítico valioso para comprender los conflictos y violencias actuales.

¹ "Diferentes tipos de explicación la mayoría de las veces están políticamente implicados, sea que vengan de los contendores de un conflicto o de terceros. Esto fue el caso durante la Guerra Fría y es una característica común de los conflictos posteriores. Por ejemplo […] se puede observar la diferencia entre las interpretaciones relacionales de 'terceros' del conflicto en Irlanda del Norte, por ejemplo la del modelo 'interno' de conflicto, y las interpretaciones 'tradicionales nacionalistas' y 'tradicionales unionistas' históricamente propagadas por los principales actores del conflicto. Esto también demuestra cómo las perspectivas externas 'neutrales', incluyendo las diversas teorías académicas, pueden estar tan políticamente implicadas en el conflicto como cualquier otra" (Miall, Ramsbotham, Woodhouse 79).
² Como señala el historiador James Sanders, hay una tendencia en la literatura clásica sobre la política colombiana del siglo XIX a concebir a los subalternos como una masa manipulada e ignorante, lo cual seguramente ha contagiado ciertos enfoques y abordajes sobre el siglo XX. "Traditional literature concerning nineteenth-century Colombian politics suggests that subalterns were politically ignorant, indifferent, or, simply, the clients of powerful patrons. This approach —besides excluding plebeians from history and denying them agency— fails to explain the astonishing variety of subaltern political action and discourse in the nineteenth century and elites' continual efforts to come to terms with subaltern politics. Such assumptions also ascribe a power to elites that, at least in Colombia, they simply did not possess" (Sanders 2).
³ Como nota el filósofo Alasdair MacIntyre, "tal concepto de ciencia social ha dominado la filosofía de la ciencia social durante doscientos años" (MacIntyre, Tras la 116).
⁴ El texto es claro en reconocer la multi-causalidad de la violencia y la dificultad de precisar causas exactas. No obstante, es claro que los autores le dan más peso a unas posibles explicaciones sobre otras.
⁵ Los autores esbozan la hipótesis de que la desigualdad económica, el desempleo, y la injusta distribución de la tierra son posibles causas de resentimientos que preparan el terreno social y subjetivo para las opciones subversivas en la forma de acción colectiva (Cf. Guzmán, Fals, Umaña, Tomo II 460-62). Sin embargo, en la parte del segundo tomo dedicada a postular posibles 'terapéuticas' a la violencia, es de notar que no haya mención de los factores económicos. La tesis de la frustración de necesidades está relacionada con la noción de la 'violencia estructural' propuesta por Johan Galtung (1969) (Cf. Jacoby).
⁶ El concepto de violencia 'telética' lo definen así: "cuando el conflicto emplea la técnica de la violencia con miras a llegar a una meta racional, o cuando apela a un bien común superior, real o ficticio, para los grupos encontrados, está en la etapa telética" (Guzmán, Fals, Umaña, Tomo II 442).
⁷ Guzmán, Fals, Umaña, afirman que para solucionar la crisis "es necesario crear de nuevo en los colombianos 'un pensamiento, un interés y una voluntad de nación'" (Tomo II 498).
⁸ Este informe quizás representa el primer paso en el generalmente aceptado cuestionamiento de una relación entre pobreza y violencia, a pesar de su reconocimiento de una relación entre desigualdad y violencia. Como nota Pablo Valenzuela, la negación de un vínculo entre pobreza y violencia "tiende a popularizarse en Colombia" (Valenzuela 8). Sobre la menor importancia dada a la pobreza como factor explicativo de la violencia a favor de explicaciones centradas en la impunidad y el narcotráfico dice, "pese a su importancia para explicar la violencia explosiva de los últimos años, el narcotráfico y el colapso de la justicia —los factores enfatizados en los nuevos estudios— no ocurren en un vacío social, económico y político; más bien, son eslabones de una cadena causal más larga de la que muy probablemente condiciones objetivas —como la pobreza y la exclusión— son parte. La localización de una variable al final de la secuencia —aun dejando de lado el problema de los efectos resultantes de la interacción entre variables— no justifica que se le considere como "la causa" del fenómeno" (Ibíd. 10).

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