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Justicia

versão impressa ISSN 0124-7441

Justicia  no.30 Barranquilla jul./dez. 2016

https://doi.org/10.17081/just.21.30.1349 

El lado colombiano de la frontera con Perú. ¿Vacío, inseguro y poco integrado?*

The Colombian side of the frontera colombo-Peru. Empty, insecure and slightly integrated?

Luis Fernando Trejos Rosero**
Mario de la Puente***

* Este trabajo es fruto de la investigación La diplomacia de tres actores no estatales colombianos. Insurgencia, sociedad civil y gobiernos locales en el escenario internacional, XII Convocatoria Interna de Investigación: Modalidad Agendas de I+D+I, Universidad del Norte.
** Doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales (IDEA/USACH). Profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos e Institucionales (Idepi), Universidad del Norte. Coordinador del Grupo de Investigación Agenda Internacional, de la Universidad del Norte. trejosl@uninorte.edu.co
*** Profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Miembro del Grupo de Investigación Agenda Internacional avalado por Colciencias. Candidato a doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos. Magíster en Relaciones Económicas Internacionales. Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. mdelapuente@uninorte.edu.co

Referencia de este artículo (APA): Trejos, L. F. & De la Puente, M. (2016). El lado colombiano de la frontera con Perú. ¿Vacío, inseguro y poco integrado? En Justicia, 30, 52-69. http://dx.doi.org/10.17081/just.21.30.1349

http://dx.doi.org/10.17081/just.21.30.1349

Recibido: 12 de diciembre de 2015 /Aceptado: 13 de mayo de 2016


Resumen

Este trabajo busca una aproximación descriptiva de nuestro lado de la frontera colombo-peruana, con el fin de generar un marco conceptual ligado al territorio que permita estudiar las fronteras del país como espacios vivos, llenos de procesos dinámicos (legales e ilegales) y no estáticos y dependientes de Bogotá, muy propios de la geopolítica. Esto, con el fin de determinar las reales capacidades de integración política y económica de los espacios fronterizos colombianos. Partimos de la hipótesis que sostiene que la configuración geográfica y económica de los espacios fronterizos colombianos imposibilita la integración con sus pares.

Palabras clave: Ciudad, Espacio, Frontera, Geopolítica y Seguridad.

Abstract

This investigation seeks to make a descriptive approach of the Colombian territory from the Colombian-Peru border with the purpose of generating a conceptual frame work bound to the territory which allow to study the borders of Colombia as living territories, full of dynamic processes (legals and illegals) and not statics and dependent on Bogota, that is typical of geopolitics. This, in order to determine the actual capacities of political and economic integration of the Colombian border areas starting from the hypothesis that the geographical and economic configuration of space precludes Colombian border integration with their partners.

Key words: City, Space, Border, Geopolitics and Security.


INTRODUCCIÓN

Al realizar un estado del arte de los estudios sobre las fronteras colombianas, de manera general se pueden hacer las siguientes afirmaciones:

La mayoría de los trabajos son estudios fragmentados, centrados en temas de seguridad y presencia de actores armados, especialmente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el ataque militar de fuerzas de seguridad colombianas al campamento del número dos de las FARC-EP (Raúl Reyes), en territorio ecuatoriano, ocurrido el primero de marzo de 2008. Entre estas investigaciones se destacan: Bartolomé (2003), Cirino (2002), Cirino y Elizondo (2003), Sierra (2003), Moreano (2006), Fundación Seguridad y Democracia (2008), Briscoe (2008), Cabrera (2012), Trejos y Luquetta (2014), Trejos (2015a, 2015b). Otro importante grupo de trabajos lo conforman los estudios de caso, especialmente referidos a Ecuador y Venezuela, sobre todo en el marco del conflicto armado, sus efectos humanitarios, el comercio binacional y la delimitación fronteriza, como son los realizados por: Novak y Namihas (2011), Lanzetta (2011), Ramírez y Montúfar (2007), Ramírez (2006, 2008, 2011), Montúfar (2008), Ortiz (2012), Ávila (2012), Carreño (2014, 2012a, 2012b), González (2005), Gouesset (1998) y Zea (1989).

Después de la anterior revisión se puede afirmar que es tan exiguo el número de abordajes globales sobre el tema fronterizo, que se ha producido un vacío de estudios comparados y muy pocos intentos de encontrar variables diferentes a las económicas y de seguridad para organizar los espacios fronterizos.

Aproximación a los estudios fronterizos en Colombia: enfoque teórico-conceptual
El enfoque teórico toma elementos de la geografía regional político-cultural, que a su vez se nutre de la geopolítica crítica, manifestándose en contra del determinismo de un Estado Céntrico y aborda las fronteras como espacios vivos llenos de procesos sociales y económicos. Para García (2003), la frontera se entiende como una parte integrante de cualquier territorio con unas relaciones de poder institucionalizadas, como los Estados o las regiones, entendiéndose estos como construcciones sociales en transformación a partir de sus dinámicas sociales, materiales y simbólicas (López de Souza, 1995; Haesbaert, 2004).

Con este antecedente teórico, Raffestin (1980) construye su geografía del poder desde un enfoque flexible, en cuanto a los niveles espacio-temporales de análisis, ya que los define durante la investigación y no antes, como suele suceder; de esta forma se interesa no solo en los territorios estáticos, sino también en "las territorialidades móviles, temporarias y de límites elásticos" (Benedetti, 2014, p.14). En esta línea, Quintero (1999), utilizando elementos de nueva política regional anglosajona, sostiene que las identidades colectivas son previas a la formación de los Estados, por lo cual el territorio y las identidades que se construyen dentro de él son formaciones históricas en continuo movimiento.

Precisamente dicho enfoque teórico-metodológico es el que se utilizará en este trabajo, ya que se aleja del deterninismo de Estado Céntrico y se interesa en los espacios intermedios como los municipios, departamentos o regiones, prestando particular atención a su administración y organización institucional (Benedetti, 2009).

Para la organización y mejor comprensión de las fronteras, Benedetti y Laguado (2013) proponen seis componentes básicos: 1. diferenciación territorial, 2. fronterización, 3. territorios subnacionales o inferiores, 4. territorios exteriores, 5. lugares de frontera, 6. movilidades. Los autores antes citados identificaron estos componentes una vez sistematizaron el trabajo empírico realizado en los espacios fronterizos del sur suramericano, fundamentándose en lecturas cartográficas y reconociendo diversas capas de información, que relacionaban cada capa con un componente. En esta construcción, Benedetti (2014) identifica dos procesos centrales en la construcción de los espacios fronterizos:

La distribución de áreas: por lo general es un proceso conflictivo ya que involucra dos o más países y en ocasiones ha habido dificultades de por medio como una guerra de conquista o algún tipo de canje territorial (primera mitad del siglo XIX).

El otro proceso es la delimitación: hecho clave en la constitución de las diferencias territoriales. Debe entenderse como un proceso dinámico (no estático), conformado por el conjunto de operaciones que realizan los Estados vecinos con el fin de demarcar y mantener sus límites interestatales, según la caracterización geofísica del espacio. Por lo general, la demarcación de los límites tiene cinco formas: 1. mutuo acuerdo, 2. con mediación diplomática, 3. mediación después de una guerra, 4. resolución diplomática acelerada por un conflicto militar con un tercer país, 5. con mediación diplomática, en un contexto posbélico o de guerra (Benedetti, 2014, p.20).

Antes del análisis y aplicación de los seis componentes básicos en el lado colombiano de la frontera colombo-peruana se hace necesario realizar una breve contextualización sociopolítica de las zonas de frontera colombianas.

Algunas generalidades de las zonas fronterizas colombianas
Autores como Trejos (2015a), Duncan (2014), González (2014) y Seije (2011) coinciden en que el Estado colombiano históricamente ha mantenido una presencia diferenciada en el territorio nacional, especialmente en sus zonas de frontera.

En este trabajo, presencia estatal se debe entender como el cumplimiento permanente de las obligaciones primarias del Estado, tales como: impartir justicia, brindar seguridad y garantizar la prestación y acceso a servicios públicos básicos a todos sus ciudadanos. Si bien esta definición se presenta como poco elaborada, lo que se busca destacar es que la presencia del Estado no solo debe limitarse a la instalación física de sus instituciones, sino que, además, estas instituciones deben prestar las funciones para las cuales fueron concebidas (Soto, 2001).

En otras palabras, la continuidad del Estado colombiano en todo su territorio ha sido fragmentada, ya que mientras ha logrado integrar sus dinámicas políticas, jurídicas, económicas y sociales en los centros urbanos, en cambio, vastas zonas periféricas del mismo país se encuentran excluidas y marginadas de sus servicios básicos, lo cual posibilita la aparición y consolidación de poderes paralelos que basándose en la fuerza y el uso de la violencia, establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia (Trejos, 2015b).

El panorama antes expuesto es un lugar común en las zonas de fronteras, conformadas por 12 departamentos y que linealmente cubren 6.342 km.

La ausencia estatal en estas áreas se ha debido en gran parte a las distancias existentes entre ellas y los centros políticos y de producción ubicados en el interior del país (zona Andina), pero también en razón de sus características geográficas (zonas selváticas y de difícil acceso con poca o nula infraestructura vial y de servicios); estas afirmaciones se sustentan en hechos que registran cómo solo el 5,45 % del total de la población colombiana habita en dichas zonas y dentro de este porcentaje hay una importante presencia de pueblos indígenas y afrocolombianos.

De este total de la población fronteriza, un 94,5 % se concentra en las zonas de frontera de Venezuela y Ecuador (Fundación Seguridad y Democracia, 2008).

Categorización del lado colombiano de la frontera colombo-peruana

A continuación se aplican en el lado colombiano de la frontera colombo-peruana, las seis categorías planteadas por Benedetti y Laguado (2013), para el análisis y mejor comprensión de los espacios fronterizos suramericanos.

Fronteras
Benedetti (2014) lo define como el proceso a través del cual los Estados establecen, mantienen y transforman la localización, señalización y extensión de la frontera y los sentidos y funciones a ella asociados. En este sentido debe entenderse que las fronteras y los límites no son estáticos y están en continuo movimiento. El proceso de fronterización se conforma por tres componentes: distritos, pasos y puestos.

Los distritos fronterizos se refieren a las divisiones del territorio nacional creadas para realizar acciones ligadas a la seguridad, defensa, titulación y expropiación de tierras, desarrollo urbano, ambiental, vial y todo lo relacionado con la protección y cuidado de los recursos estratégicos. Por lo general se refieren a sectores, regiones o franjas (Benedetti, 2014).

En el caso colombiano, este proceso se inicia con el Decreto 3448/1983, expedido en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo por la Ley 10 del mismo año, mediante el cual se promulgó un estatuto especial para la promoción de las regiones fronterizas. Posteriormente, los artículos 80, 239 y 337 de la Constitución Política de 1991 definieron la visión del Estado respecto a las zonas de frontera, asumiendo lo diverso y particular de esos territorios.

La nueva Carta Política se hizo cargo de temas relacionados con el desarrollo de las comunidades ubicadas en zonas fronterizas (Art. 289), el cuidado y conservación de las áreas protegidas fronterizas (Art. 80), la creación de regímenes especiales para los territorios fronterizos (Art. 337), mientras que los artículos 9 y 227 plantearon la integración regional como uno de los objetivos centrales del Estado colombiano.

CUADRO 1

En la misma línea, la Ley 191/1995 creó un régimen especial para las zonas de fronteras con el objeto de facilitar y promover su desarrollo socioeconómico, científico y cultural. Dentro de sus fines se destacan:

1. La integración de Colombia con los países vecinos y el aprovechamiento y preservación sostenible de los recursos naturales; 2- el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales fronterizas; 3- la intención de mejorar la calidad de vida de los grupos étnicos de frontera. En 1997, la Corte Constitucional en su Sentencia C-076 definió las fronteras como:

Aquellos lugares donde sus habitantes viven una realidad diferente a la de los demás sectores nacionales, en virtud de la vecindad con los países limítrofes, lo cual influye notablemente en sus actividades culturales, el intercambio de bienes y servicios, la circulación de personas y vehículos y genera por las circunstancias mencionadas, la libre circulación de monedas con la incidencia que ello conlleva en la economía regional.

A su vez, la Ley 677/2001 declaró como Zonas Especiales Económicas de Exportación, los municipios fronterizos de Ipiales, Cúcuta, Valledupar y Buenaventura. Esta ley trató ciertos temas de desarrollo fronterizo, pero no se detuvo en la creación e implementación de mecanismos tendientes a solucionar los profundos problemas que dificultan o impiden el desarrollo de estos territorios (Conpes, 2014).

Más recientemente, la Ley 1454/2011 definió que el Estado debe promover dinámicas asociativas entre entidades territoriales nacionales y las de países vecinos (fronterizos), con el objetivo de conformar alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo socioeconómico y cultural.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 definió como propósito nacional la promoción de políticas diferenciadas y la concentración de recursos humanos y materiales, con el fin de favorecer los sectores estratégicos para el desarrollo de las zonas fronterizas.

CUADRO 2

Pasos fronterizos
Se entienden como los puntos formales de ingreso y salida del país. En el caso de la frontera con Perú, el único puesto de control migratorio se encuentra en Leticia, capital del departamento del Amazonas. En términos generales, es una zona selvática con poca densidad poblacional y un límite mayoritariamente fluvial, lo que hace que poblaciones ribereñas a lado y lado de la frontera cuenten con pequeños muelles o embarcaderas informales. Cabe destacar la presencia permanente de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional en las cabeceras municipales.

CUADRO 3

Lugares de frontera

Se entienden como aquellos sitios ubicados en los distritos fronterizos, en los que se rutiniza la convivencia, el comercio y la cultura del país vecino. Por lo general, se encuentran en las zonas adyacentes a los pasos fronterizos (Trejos, 2014, p.26).

Los lugares de frontera dependen de la intensidad de las movilidades fronterizas tanto humanas como materiales, así como de la construcción de infraestructura vial, energética y de servicios que posibilite la integración física.

En este sentido, el desarrollo de cada espacio y la importancia estratégica o geopolítica que cada Estado asigne a su zona de frontera puede dar origen a espacios fronterizos simétricos o heterogéneos.

En el caso del espacio fronterizo colombo-peruano, se observa una frontera sin urbanización, producto de su poca densidad poblacional, la ausencia de grandes centros urbanos, procesos de industrialización y dinámicas capitalistas de acumulación. Benedetti (2014) denomina los lugares con estas características como fronteras vacías; en términos de seguridad y defensa este tipo de fronteras se consideran como áreas sin ley o áreas marrones, mientras Bartolomé (2003), Cirino y Elizondo (2003) y Cirino (2002) las definen como aquellos espacios en que actores no estatales vinculados a prácticas y redes ilegales locales e internacionales acumulan tantos recursos e influencia que sobrepasan a las instituciones, ya sea por ausencia total del Estado o por su débil presencia.

Así, Wanderley (2000) sostiene que en estas zonas se presenta una ingobernabilidad hobbesiana, entendida como una ruptura sostenida del tejido social en el marco de una violencia y criminalidad permanente en el tiempo, en lugares en que la autoridad estatal no cuenta con los recursos para imponerse de manera efectiva, razón por la cual el cuidado del orden público y la seguridad colectiva son inciertos. Al respecto Cirino y Elizondo (2003) plantean tres causas que posibilitan la aparición de las áreas sin ley:

1. Políticas: Instituciones estatales débiles, lo que se traduce en una incapacidad para mantener el monopolio legítimo de la violencia y altos niveles de corrupción de los agentes estatales.

2. Político-geográfica: Por su distancia de los centros productivos, las zonas de frontera no han sido conectadas con estos lugares; además, en razón de su difícil acceso, por la presencia de ciertas condiciones geográficas como espesa vegetación selvática y la ausencia de infraestructura vial o comunicacional, resultan ser espacios propicios para el establecimiento de organizaciones ilegales ligadas al crimen internacional.

3. Socioeconómicas: La instalación de zonas francas en estas áreas amplía las capacidades operativas de los actores no estatales (ilegales), ya que gracias a las ganancias económicas producidas por actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de activos, aquellos obtienen los recursos necesarios para el sostenimiento de sus actividades ilegales. Como ejemplo pueden tomarse los casos de la ciudad de Maicao en La Guajira colombiana, Colón en Panamá e Iquique en el norte de Chile.

Territorios subnacionales: caso de Puerto Leguízamo, Puerto Arica y Leticia
El municipio de Puerto Leguízamo se encuentra ubicado en el departamento del Putumayo y se caracteriza por la explotación del caucho y la quina principalmente por el río Caquetá desde finales de 1880 (Alcaldía de Puerto Leguízamo, 2013).

En la actualidad cuenta con 10.431 habitantes en la cabecera municipal, 9.357 habitantes en el área rural, 4.199 habitantes en situación de desplazamiento forzado, 7.357 miembros de comunidades indígenas para un total de 30.412 habitantes (Cohen, 2013).

Leguízamo, como territorio donde confluyen las fronteras de Perú, Ecuador y Colombia, a su vez se ha constituido en la frontera agrícola más interesante en términos de intercambio comercial en la ocupación de la región amazónica. Sin embargo, la tierra apta para cultivar se encuentra subutilizada debido a la falta de capital fijo para inversión en bienes de primera necesidad, lo que obliga a importar muchos productos de territorios vecinos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005).

La división político-administrativa está establecida en: corregimientos, inspecciones, un núcleo poblado (Puerto Nariño), denominados estratégicamente polos de desarrollo. Solo se encuentran indicadores sociales de 2012, e incompletos en varios aspectos.

La distribución poblacional en términos porcentuales muestra que el 5,38 % de las personas tiene entre 1 y 4 años; 12,83 % son niños y jóvenes entre 5 y 14 años; 24,99 % corresponde a personas entre 15 y 44 años; 10,76 % refiere a personas entre 45 y 59 años y 3,45 % registra a adultos mayores de 60 años.

Sin embargo, a pesar de que el grueso de la población se encuentra apta para laborar, más del 40 % de la población económicamente activa labora en el sector informal desarrollando actividades de comercio informal y transporte fluvial de mercancías, que son las que ofrecen mayor empleabilidad.

En esas condiciones, considerar una integración fronteriza es difícil mientras haya un entorno de actividad económica de subsistencia (Silva, 2006). En materia de salud, en este municipio es crítica la oferta especializada de médicos y enfermeras, así como escasean los medicamentos, la inversión pública y la privada, en materia sanitaria; además hay una dependencia de medicamentos que ingresan por transporte fluvial desde el lado peruano, puesto que las principales urbes nacionales geográficamente están alejadas.

En estas circunstancias, las limitaciones de transporte para entrar y salir del municipio obligan a que los pacientes en condiciones críticas de salud sean remitidos en avioneta a urbes de mayor nivel de complejidad hospitalaria y capacidad de respuesta médica; en muchos casos, esas remisiones pueden tardar hasta cuatro meses en ser atendidas.

Mientras tanto, los profesionales rurales constituyen más del 57 % del total de oferta médica general, y es tan baja la presencia de especialistas (alrededor de 45 % cada 10 días del mes) que procedimientos simples resultan mortales, precisamente por la falta de experiencia de los jóvenes egresados, aun cuando ofrezcan su mejor trabajo en cada caso.

Hasta 2012 estuvieron 1.188 habitantes afiliados a EPS, 23.106 son atendidos en ARS, alrededor de 1.300 se encuentran afiliados en el Sisbén y más de 3.510 no tienen ningún tipo de vinculación (en una cantidad superior al 75 % se trata de habitantes indígenas).

Por otro lado, en 2012, en Puerto Leguízamo la tasa de analfabetismo se situó en 17 % mientras que en 2011 fue 19,2 %.

En contraste, tienen entre 5 y 15 años un total de 2.974 estudiantes matriculados o 71 % del total poblacional (aproximado), mientras en el sector urbano la población matriculada llega a 3.275 personas con edades entre 5 y 15 años u 82 % del total estimado (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013).

En cuanto a la cobertura y calidad de los servicios públicos, la deficiente prestación del servicio básico de agua potable, alcantarillado y aseo en el municipio de Puerto Leguízamo ha permitido la propagación de enfermedades y disminuido las condiciones de vida de la población.

En materia comercial e informalidad, en Puerto Leguízamo subsiste la ganadería en tanto actividad formal y se cultiva la hoja de coca de manera informal e ilegal. Se estima que la informalidad ronda el 57 % de la actividad económica (en el área rural); la minería ilegal y el cultivo de hoja de coca resultan ser las actividades informales e ilegales de mayor impacto, mientras el comercio de bovino, la agricultura y el comercio fronterizo son las actividades de mayor impacto en el sector formal (Indicadores de Desarrollo Mundial, 2015).

Por su lado, Puerto Arica se encuentra situado en el corazón de la selva amazónica y con tan solo 1.400 habitantes según el censo de 2012 o el 2 % de la población total del departamento del Amazonas.

Los principales grupos étnicos son los Huitoto y Bora Bora, que representan menos del 15 % de la población total, seguido de otros habitantes con edades entre los 15 y 44 años de edad, que constituyen el 47 %.

Los centros de aprendizaje más importantes son el Centro Educativo Villa Fátima, Escuela Comunitaria Villa Carmen y la Escuela Comunitaria San Carlos, instituciones que atiendan el 78 % del total de la población de estudiantes de básica primaria, media y bachillerato.

Existen cuatro grupos comunitarios que sobresalen en el corregimiento.

Las actividades económicas lícitas de mayor importancia son los cultivos de yuca, plátano, maíz, arroz, caña, y la cría de ganado bovino y porcino, mientras que son actividades de la mayor importancia el comercio informal fronterizo e intracomunitario con otros corregimientos y municipios, y la minería artesanal (aunque en comparación con Puerto Leguízamo, esta última explotación es menor). Según la Gobernación del Amazonas (2012), las actividades de agricultura representan el 40 % de la economía, luego siguen la ganadería de bovino y porcino con 24 % y después el comercio minorista y la minería ilegal artesanal que ocupan el 21 %.

A pesar de que el corregimiento cuenta con atractivos turísticos ecológicos para turistas que gustan de las actividades al aire libre en entornos naturales, estas actividades turísticas solo representan el 14 % del total de la economía territorial.

Finalmente, Leticia tiene la condición de ser el municipio más grande del departamento del Amazonas, y el de mayor importancia en la frontera colombo-peruana.

Leticia está localizada a 1.100 kilómetros de Bogotá, y solamente es accesible por vía aérea, es decir, está aislada del resto del país por vastas distancias e impenetrables selvas. La esperanza de vida de los hombres y mujeres que nacen en este lugar muestra un porcentaje de 38 % y 32 %, respectivamente.

La población está mayoritariamente en el área rural, esto es, más de 46.606 habitantes mientras 26.726 habitantes viven en el área urbana.

En cuanto a oferta de servicios sanitarios, 12.861 personas fueron atendidas por EPS (Entidades Promotoras de Salud que ofrecen servicios sanitarios en el sector privado) en 2013, mientras que 20.693 en ARS y 9.400 no cuentan con cobertura de EPS ni ARS.

Esta situación sumada a los problemas económicos de las EPS como Caprecom y Selva Salud hace inconstante la oferta de servicios sanitarios para casi la totalidad de la población.

En servicios educativos se destaca el alto porcentaje de alumnos que se encuentran matriculados en educación media en el área rural (30 %), básica secundaria (31 %), preescolar (31 %) y estudiantes de básica primaria (75,34 %). Mientras, en el área urbana el número de alumnos matriculados en edad escolar es de 1.400 en preescolar o el 8,94 % del total; 8.286 en básica primaria o 52,91 % del total; 5.976 en básica secundaria o 38,16 % para un total de 15.662 estudiantes. Existe una tasa global de analfabetismo de 7,5 % (Organización de Estados Americanos, 2013).

En materia de servicios públicos, mientras en el área urbana existe una cobertura de 71 % en acueducto y alcantarillado, 31 % en servicio telefónico y 72 % en energía eléctrica, en el área rural del municipio es del 0 %.

Según Lanzetta (2011) el Plan Municipal de Desarrollo plurianual vigente pretende aumentar la inversión en servicio de alcantarillado y acueducto en 84 % con una inversión de 7,5 mil millones de pesos, expandir el servicio de energía eléctrica en 85 % con una inversión de 17 mil millones de pesos e iniciar la cobertura de servicios de Internet en lugares públicos (bibliotecas, casa-museo, entre otros) por lo menos al 10 % de la población ya que existe un dominio general de teléfonos celulares inteligentes con acceso a Internet.

Debido a la inexistencia de conectividad a través de Internet es prácticamente imposible el proceso de profundización transfronteriza, que queda únicamente limitada al intercambio de bienes de primera necesidad, además de la proliferación de actividades económicas ilícitas de alto impacto ambiental y tributario para el gobierno local y departamental.

El 37 % de la población vive con necesidades básicas insatisfechas por la falta de empleo formal que actualmente ronda el 8 % dentro de una tasa global de participación del 63 %, una cifra muy baja que tiene como justificación el crecimiento de actividades informales como el contrabando y la explotación ilegal de caucho, madera y minerales energéticos, en menor medida.

Territorios exteriores: departamentos del Putumayo y Amazonas
La producción de bienes del departamento del Putumayo se encuentra limitada a la comercialización externa de productos agrícolas de tal manera que diferentes situaciones intrínsecas (búsqueda de mayor precio de bienes cultivables) y extrínsecas (presión de grupos armados ilegales) impulsan a los habitantes rurales al cultivo y cosecha de la hoja de coca, contrabando transfronterizo y actividades económicas en general de subsistencia (Gobernación del Putumayo, 2015).

En la actualidad, la Política de Promoción de Fronteras para el Desarrollo del actual Gobierno no se ha implementado ni impuesto en el sur del Departamento debido a la baja institucionalidad, altos índices de pobreza e informalidad que hacen inviables cualquier plan de desarrollo por vía normativa sin el respectivo acompañamiento aplicativo.

Así, la agricultura departamental es de subsistencia y depende enteramente de las fluctuaciones que presente el río.

Los principales productos de cultivo lícitos son arroz, fríjol, plátano, yuca, cacao y en menor medida, caña. Pero no se cuentan con proyectos de investigación ni estudios de mercado suficientemente amplios para evaluar las posibles oportunidades de explotación de recursos naturales con mínimo impacto ambiental.

En el departamento del Amazonas es común la importación de productos de la canasta básica como elementos de aseo personal, medicamentos y manufacturas de baja complejidad (DANE, 2013). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2013), Comercio y Turismo el comercio formal se compone de 65 % de bienes de la canasta básica (alimentos procesados, bebidas, aseo personal, aseo del hogar, entre otros) seguido de manufacturas, bienes industriales de baja complejidad (puertas, muebles, entre otros) con 10 %, medicamentos con 10 % y el restante en productos diversos. Entre tanto el comercio informal se concentra en la pasta de coca, cigarrillos, minerales preciosos producto de la extracción artesanal y posterior venta en casas de empeño y compra-ventas. Este último fenómeno ha incentivado un mayor posicionamiento de grupos armados ilegales, que se concentran en las zonas de mayor riqueza mineral y en terrenos aptos para el cultivo ilícito con el fin de aumentar su liquidez y asegurar pasos de tráfico de bienes prohibidos.

Movilidades
Tanto el departamento del Putumayo como el de Amazonas acusan saldos deficitarios en materia de movilidad departamental e internacional (más emigrantes que inmigrantes) debido a múltiples causas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Planeación (órgano rector de la implementación presupuestaria de políticas del Gobierno Nacional), las principales causas de movilidad son la inseguridad y desplazamiento forzado en áreas rurales y en menor medida urbanas, así como la búsqueda de mejores oportunidades laborales en las principales capitales departamentales, principalmente Bogotá.

Así, en 2010 el departamento del Putumayo presentó un saldo neto migratorio deficitario de 25.000 habitantes de los cuales 8.700 alegaron desplazamiento forzado, mientras que el departamento del Amazonas tuvo un saldo neto de 1.900 habitantes (principalmente de zonas rurales de los cuales se destacan indígenas en zonas de conflicto armado) en su mayoría de zonas rurales (González, 2005).

Debido a la dificultad de estimación de migrantes desde y hacia la zona de frontera, se prevé que debido a la precaria oferta sanitaria en los departamentos colombianos fronterizos y los altos precios de bienes en esta zona, existe un déficit migratorio a favor del Perú. En enero de 2015 desde el punto de control migratorio fluvial del puesto fluvial del río Amazonas, bajo la supervisión de la Oficina de Migración Colombia, la entrada de extranjeros fue de 75 mientras que la salida registró a 50 personas; es decir, se presenta un superávit migratorio (entre extranjeros y nacionales) (Oficina de Migración Colombia, 2015).

CONCLUSIONES

Al realizar el estado del arte sobre el estudio de las fronteras colombianas en la región Andina, se descubre que dichos trabajos están mediados por dos grandes variables: una es la seguridad, entendida como la ausencia o débil presencia de instituciones estatales y presencia activa de agentes ilegales vinculados a dinámicas criminales transnacionales, y la segunda es el comercio en el marco de procesos o mecanismos bilaterales o multilaterales de integración, que se centran en los porcentajes o volúmenes de exportaciones e importaciones, y cuyos ejes de integración regional son las capitales estatales, razón por la cual quedan por fuera las dinámicas culturales, sociales y económicas propias de los espacios fronterizos.

Esto evidencia que en el caso Andino, los procesos de integración han dejado de lado el plano subnacional y sus exitosas experiencias, que es precisamente el escenario natural de la integración y desde el cual deben partir las iniciativas y políticas públicas relacionadas con el tema.

En este sentido, las fronteras deben dejar de ser vistas como límites o líneas estáticas, por lo que debe superarse la visión de Estado Céntrico e instalar el concepto de espacios fronterizos como aquellos territorios en los que deben fluir naturalmente la movilidad humana, el comercio, los procesos de aprendizaje y la cooperación multinivel, pero sobre todo en donde se espera que comience a construirse la integración regional, gracias a los vínculos históricos y las dinámicas endógenas (legales e ilegales) que se han establecido por el funcionamiento de la frontera (Rodríguez, 2016).

Para el análisis del lado colombiano de la frontera colombo-peruana, se utilizan los seis componentes básicos propuestos por Benedetti y Laguado (2013), que en este caso demuestran cómo la integración fronteriza no pasa de ser un buen propósito, ya que, a pesar de haber delimitado su territorio desde la década de los 30 del siglo pasado y que desde 1984 se inició el proceso de fronterización, la poca y débil presencia del Estado colombiano en sus periferias explica que las normas tendientes al reconocimiento y desarrollo socioeconómico de los espacios fronterizos no hayan tenido su debida aplicación, entre otras razones porque la precariedad institucional significa altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, ausencia de infraestructura víal y de servicios. En este espacio fronterizo, la vía principal de comunicación es el río Putumayo, que es navegable desde Puerto Leguízamo hasta la frontera con Brasil.

A diferencia de sus similares vecinas con amplias redes hidrográficas, los tres ríos más importantes de esta zona corren paralelamente sin conexiones entre sus cuencas.

En cuanto a redes viales, la única carretera existente se ubica a orillas del río Caquetá entre Puerto Leguízamo y La Tagua.

El fracaso de las diversas iniciativas de integración lideradas desde las capitales sin una inclusión efectiva de los municipios fronterizos hace de la actual dinámica comercial una de subsistencia de los pueblos hermanos. La aplicación de los seis componentes básicos de integración y comprensión de espacios fronterizos destacados por Benedetti y Aguado (2013) muestran que la zona de frontera entre Colombia y Perú en los municipios analizados (Puerto Leguízamo, Puerto Arica y Leticia) se categoriza según la geografía crítica como "espacio vacío" donde en la práctica existen áreas sin ley debido en gran parte a la visión rentista en el actuar de las instituciones colombianas.


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