Democracia y diálogo social^*

Democracy and social dialogue

Luis Eduardo Díaz^**

^* El trabajo se deriva de un proyecto de investigación adscrito al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia/Venezuela y el Centro de Estudios y de Investigaciones Laborales (Cielda).
^** Profesor de la Universidad del Zulia (Venezuela). lediaz.led@gmail.com

Referencia de este artículo (APA): Díaz, L. E. (2016). Democracia y diálogo social. En Justicia, 30, 132-151. http://dx.doi.org/10.17081/just.21.30.1355

http://dx.doi.org/10.17081/just.21.30.1355

Recibido: 25 de septiembre de 2015 /Aceptado: 18 de enero de 2016

Resumen

El diálogo social es visto normalmente como una herramienta, pero es mucho más que eso: es un valor de la cultura democrática. Se basa en la libertad y en el reconocimiento que de ella hace el Estado. Esta idea se contrapone a concepciones más extremas que van desde la autorregulación por parte del mercado hasta el autoritarismo. Si bien existe un instrumental jurídico y dogmático valioso, el diálogo, este depende primero del tipo y grado de cultura democrática y luego de un conjunto de factores que influyen en su desarrollo. El presente documento explica sus diferentes enfoques y condiciones, aprovechando la existencia de ejemplos en donde surge por convicción o pragmatismo, por conveniente rutina, o forzada convocatoria, pero en cualquier caso es signo de progreso y de buenos resultados para los países que lo ensayan.

Palabras clave: Actores sociales, Diálogo, Iglesia, Partidos sindicatos y OIT.

Abstract

Social dialogue is usually seen as a tool, but it is much more than that; it is worth democratic culture. It is based on freedom and recognition of it by the State. This idea contrasts with more extreme views ranging from self-regulation by the market to authoritarianism. While there is a valuable legal and dogmatic instrumental, dialogue, it depends primarily on the type and degree of democratic culture and then; a set of factors that influence their development. This document explains the different approaches and conditions, there are plenty of examples where pragmatism arises out of conviction or for convenient routine, or forced call, but in any case; it is indicative of progress and good results for the countries that tested.

Key words: Social actors, Dialogue, Churches, Political parties and Trade unions and OIT.

INTRODUCCIÓN

La Iglesia católica y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son las organizaciones que más han contribuido a generar una memoria sobre la democracia social basada en el diálogo y las prestaciones sociales irremplazables y universales.

Las encíclicas, declaraciones, recomendaciones y convenios imprimen la nota de reconocimiento universal a un conjunto de principios y derechos, modos de actuación pública y de valores que forjan una memoria internacional cuyo inventario cronológico presentaremos. Es una respuesta al escenario postbélico y al nuevo arsenal de pensamiento liberal, en sustitución del nazismo y el fascismo, y en contraposición al bloque soviético, conformado después de la Segunda Guerra Mundial.

El resultado es valioso como dogma de fe, y para legislaciones locales fundamenta la escritura de la historia universal de los derechos del ciudadano, en clave laboral. Sin embargo, la hipótesis que se introduce es que tal inventario político, jurídico y moral es insuficiente, pese a su universalidad. Haciendo uso del método histórico, se sostiene que el diálogo es propio de una cultura democrática basada en la tolerancia, y que parte de una concepción política liberal. Se describen luego los condicionantes del diálogo, los factores que inciden en su desarrollo, según experiencias conocidas y evaluaciones, especialmente de Venezuela, por ser el centro de la investigación y ante las características de su modelo no dialogante. La última parte del documento refiere casos, en su mayoría recientes, donde ha prevalecido el diálogo, por lo que pueden deducirse algunas enseñanzas útiles para la pedagogía y la práctica política.

La memoria internacional sobre el diálogo social
La Iglesia católica, con sus preocupaciones sociales, y la OIT, con su funcionamiento tripartito, son las instituciones que históricamente han contribuido al fomento del diálogo social. La Rerum Novarum de 1891, le da al plan pastoral un entramado social. En 1961 -un año muy representativo de cambios en plena gestación a nivel mundial- la clase campesina es llamada a organizarse y a defender el precio de sus productos en la EncíclicaMater etMagistra. Luego, en la Populorum Progressio de 1967, el papa Pablo VI hace de la solidaridad un deber cristiano, que en muchas Constituciones y cuerpos legales sería un deber jurídico, o un principio para la seguridad social. Ya en la Laborem Exercens de 1981, Juan Pablo II postula la necesidad de dignificar el trabajo y al trabajador, defender el salario y la familia. Afirma ser la Iglesia de los pobres, e invita a luchar contra la explotación de los trabajadores y combatir la degradación social del trabajo.

En América Latina, la operación desde hace varias décadas de la vicaría de Pastoral Social abarca el campo sindical, la salud y la educación. Y en lo que al diálogo respecta, el papa Francisco llama específicamente a uno que sea constructivo, para evitar vivir entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta. Un país, dice, crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. Esas riquezas culturales son la tecnología, las artes, la familia, los medios de comunicación, la economía y la cultura popular (Catholic.net, 2013).

En lo que a la OIT respecta, el diálogo social es su territorio natural. Sus operaciones se basan en la organización tripartita (OIT, 2000), de la cual la Declaración de Filadelfia de 1944 constituye el primer cuerpo de principios del organismo. En ella se reafirma la libertad de expresión y de asociación como esencial para el progreso constante. La organización establece como una de sus obligaciones

lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas (OIT, 1944).

En dicha Declaración se adopta la Recomendación sobre Seguridad de los Medios de Vida (no. 67):

Los regímenes de seguridad de los medios de vida deberían aliviar el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado a causa de la muerte del jefe de familia (OIT, 1944).

Adicionalmente se acoge una recomendación sobre asistencia médica, la no. 69, que es un manifiesto de gobierno sanitario y permite una orientación general de cara a los problemas actuales sobre administración, calidad del servicio y financiamiento de los sistemas de salud (1944).

En el campo de la seguridad social, existe la Recomendación sobre consulta entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las ramas de actividad económica y en el ámbito nacional, de 1960, la no. 113, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida. La OIT (1960) y el histórico Convenio 102/1952, por el cual se establece una normativa internacional mínima. El acuerdo deja espacio para que los actores intervengan, mejorando las prestaciones y administrando los sistemas previsionales (1952).

En 2001, la Oficina impulsó una nueva iniciativa, después de pasar examen a las reformas de pensiones en Latinoamérica. Ello le permitió validar experiencias y combatir los dogmas presentes en disputa entre los sistemas solidarios y de capitalización individual, revalidando el diálogo social entre los actores y recomendando adoptar el régimen previsional conforme a la realidad de cada país (OIT, 2001).

En el 2008, como heredera de la Declaración de Filadelfia, aparece la relativa a La justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia en su nonagésima séptima reunión, celebrada en Ginebra, el 10 de junio de 2008. El director general de la OIT, Juan Somavia, señala que marca la renovación más importante de la Organización, pues uno de sus objetivos estratégicos es promover el diálogo social y el tripartismo (OIT, 2008) y después de la Conferencia 100/2011, donde se presentó un informe general relativo a los instrumentos de seguridad social, intitulado La seguridad social y la primacía del derecho (OIT, 2011), se trabaja en una recomendación que implicaría establecer un piso de protección social sobre una base no estrictamente contributiva.

Este instrumental dogmático significa un indicador de progreso y desarrollo que cualquier civilización podría obtener, sienta las bases de una democracia social universal que establece el valor del diálogo, del trabajo, el papel de la solidaridad, el reconocimiento de las organizaciones sociales y la satisfacción de mínimos vitales. Sin embargo, no constituye la nota decisiva o determinante del avance social ni es la que decide la suerte del diálogo social entre los actores, pues ello depende de otros cauces que se sobreponen al estamento declarativo y de principios de fe de la Iglesia, o a los postulados tripartitos de la OIT, que aun cuando son un instrumental apreciable, resultan insuficientes si no existe una cultura política como soporte.

La cultura del diálogo
El diálogo es la forma más sustantiva de darles a los otros significados; es la forma como los otros, según dice Argé (1996), puedan tener algún sentido. La riqueza de un linaje, el poder del sermón o los puños cerrados en señal de camorra de un caudillo latinoamericano son un metalenguaje, cautivante y mágico-religioso, pero ello no es representativo de la cultura del diálogo, en donde los que no se parecen tienen su lugar. Este documento no aborda una definición antropológica o sociológica del diálogo, que bien valdría la pena considerar en otra ocasión, a partir de las concepciones del diálogo y su regulación, pero incorpora algunas consideraciones previas sobre la cultura del diálogo:

Más que una herramienta, es un valor cultural, es una capacidad desarrollada por la sociedad, que dialoga por convicción, más allá de cortapisas legales y meras formalidades. Reconocer al otro y asumir el valor social del diálogo forma parte de una cultura que podemos adjetivar de democrática, por encima de las imposiciones del Estado o del caudillismo latinoamericano. De allí se desprende el primer concepto sobre el diálogo como un valor de la cultura que no requiere coacción ni espacio burocrático, porque una cosa es el diálogo ciudadano y otra muy distinta, pontificado desde el Estado. Ese diálogo ciudadano, civilista, es un modo de comportamiento que pone andar las decisiones, es una norma implícita de las convenciones sociales, o del Estado desde sus instituciones. Depende de la cultura democrática, más que de relaciones sociales o mecanismos institucionales. El diálogo institucional puede existir desde luego, pero no basta sin la cultura del diálogo (reconocimiento de los contrarios y valor del consenso), porque si no a la larga se fosiliza, se reduce a intereses puntuales y se vuelve demasiado ceremonial y mecánico.

El diálogo (social) es ante todo un diálogo político, pero enfocado en actores determinados y sobre temas que interesan a las relaciones de trabajo. El político se centra más en el aparato del Estado como Administración Pública, en tanto que el social es la relación de empresarios, sindicatos y gobiernos sobre el mercado de trabajo. Pero para llegar al social hay que manejar códigos políticos. Un ejemplo ilustra esta aseveración: En los Estados Unidos, gracias al movimiento liderado por Luther King y a históricos fallos judiciales de la Corte Suprema, las leyes de igualdad de 1964 hicieron posible el desarrollo de los derechos laborales. En algunos Estados de la Unión había bebederos de agua exclusivos para blancos y el matrimonio entre razas estaba prohibido (El Nacional, 2013). Sin acuerdos políticos sustanciales previos, sin convivencia y sin organización, llegar a la siguiente estación, la del diálogo social, no hubiere sido posible. Si la lucha por los derechos civiles no se libra por la acción directa no violenta, los laborales se hubieren desplomado; si los negros no podían ocupar un lugar en el transporte público o un pupitre en la Universidad, la sed de los derechos laborales habría aumentado.

Este diálogo se denomina liberal republicano, es integrador y, busca consensos, establece la solidaridad, no como gesto voluntario sino como obligación. La libertad es el eje de esta concepción que se hace republicana, porque el Estado protege el ejercicio de esa libertad e interviene cuando es necesario ampararla. En la concepción liberal, el diálogo actúa como un regulador de los intereses de las partes, fijando reglas mínimas de funcionamiento de las relaciones de trabajo, en un ámbito general de respeto a los derechos individuales, sociales y corporativos.

En el marco de la Guerra Fría, se tejió un discurso en términos de crecer juntos, donde las banderas de la planificación estatal, del pleno empleo y la protección a las empresas actuaron a contrapelo del socialismo real, empleo y protección social; contra la Gran Depresión de los 30 y el competidor soviético. Entre 1945 y 1975, capital y trabajo se dieron la mano para crecer juntos, certificando la capacidad de empresarios y trabajadores para concertar y del Estado para proteger, hasta que la crisis de la energía de 1973 malogró la tesis de los argumentos políticos del Estado Benefactor. Gran paradoja, porque este se concibió en plena guerra, para reconstruir el tejido social afectado por la miseria humana, la ignorancia y la enfermedad, según la exposición que hace Beveridge (2008) cuando justifica el origen del Estado de Providencia. Su éxito se debió a la legitimidad que obtienen sindicatos y organizaciones patronales, comprometidos en un pacto solidario, que es calcinado por la crisis posterior, donde el empleo estable pasa a ser flexible, donde se acomodan los menos y se recriminan las bases del Estado de Providencia. Unos hacen ejercicios de remembranza mientras otros pocos se acomodan con pragmatismo a la realidad.

Servais (2004) señala cómo en los Países Bajos, los empleados temporales se ligan a una agencia de colocación, que después de 26 semanas de contrato les garantiza unos derechos más amplios, gracias a una ley de 1999. Esta es una posición que no siendo la mejor, tampoco es la peor. Ese mismo año, en Suecia, se introduce el concepto de cuenta nocional, dándole un vuelco a la solidaridad social del modo como se había entendido. La cuenta nocional refleja virtualmente las cotizaciones e intereses devengados del contribuyente. Cuando le corresponda el retiro, recibe su pensión conforme a los recursos capitalizados que existen solo para efectos contables. Se llama nocional porque es una noción de la realidad, pero no es la realidad misma. Al final el rendimiento se podría determinar y liquidar de diferentes modos: como un porcentaje de los ingresos de las cotizaciones, o de los salarios o de la inflación. La cuenta nocional aparece como un rescoldo solidario, como una manera de afrontar la crisis, dando cuenta a un laborioso proceso de acuerdos que brotan del valor que las abrogaciones públicas tienen en ese país (Youcef Ghellab, 2011).

De la crisis surge otra manera de entender el diálogo, una segunda manera de comprenderlo; tal es el caso de no imprimir cambios en las relaciones de trabajo que no sean producto preferiblemente de autorregulación. Se establecen orientaciones mínimas acaso, pero incapaces de alterar las libradas por la oferta y la demanda. Es la conceptuación más extrema del pensamiento liberal: se opone a la prestación generosa y a que los desempleados consuman asignaciones sin control, actuando como ociosos consumidores de los subsidios sociales. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Tea Party niega los fondos del llamado Obamacare, porque no deben cancelarse impuestos cuando no se reciben beneficios por lo que se paga. Así, si el Seguro Social no reparte beneficios a los que cancelan las cuotas para su financiamiento, ello no dejaría de ser una carga impositiva, innecesaria por lo demás. De esta forma el diálogo social termina siendo absorbido por acciones y remedios naturales del mercado, que autorregula sus necesidades y asignaciones.

Lo cierto es que los ascensos del presidente Reagan y la primera ministra británica Thatcher pusieron en un anticuario los términos del acuerdo social que los actores sociales troquelaron a su semejanza. El contrato social fue sustituido por un evangelio económico que le puso freno a los ministerios sociales, jerarquizando las asignaciones económicas por la oferta y la demanda, antes que por los sindicatos y gobiernos, de vuelta a sus adyacencias naturales. La postura en contrario, es que los remos del libre mercado son insuficientes. Por ejemplo, en Argentina, el 80 % de los puestos no registrados provienen de las pequeñas empresas. Son unidades económicas que compiten sin guardar las formas y reglas del derecho vendiendo más bajo a los consumidores. Los empleos generados son inseguros, sacrifican la calidad de vida; luego allí se concentra la informalidad, la exclusión, la debilidad organizativa, y se limita el horizonte en la planificación familiar. Es por esto que la intervención estatal es importante, vale decir, intenta responder al cómo alcanzar consensos para no terminar con el intervencionismo más craso y en el populismo mesiánico más rancio. De aquí parte la tercera conceptuación sobre el diálogo, cuando se direcciona hacia un objetivo sin importar el otro como significado, sin importar el consenso -base del Estado benefactor-, que produjo efectos positivos en la productividad junto con un sistema público de salud de acceso universal. Bajo el chavismo, el caso venezolano representa los argumentos de esta tercera forma de diálogo, de direccionarlo en torno a uno y no al otro. Como corriente que desarrolla las líneas políticas trazadas por el teniente coronel Hugo Chávez, uno de los líderes de la asonada militar de 1992 y electo presidente de la república en 1998, en el chavismo se predica que no se puede conciliar con los intereses del capital ni aceptar tratos con la clase dominante; conciliar quiere decir debilidad y desvío del camino revolucionario, que no acepta otra forma de gobierno alternativa. El Estado chavista no negocia los frutos de la renta petrolera con la clase política y económica a la que denomina oligarca. El pueblo adquiere un aire protagónico y participativo a través de los consejos comunales y las comunas, entidades de gobierno popular liberadas de la opresión capitalista, pero lejos también de la concepción conciliadora de la socialdemocracia. Más allá del Estado social, hay un Estado comunal donde el pueblo participa y toma decisiones, como pertenencia concreta a colectivos reales. Por ello las adscripciones administrativas, burocráticas o las adhesiones a organizaciones intermedias quedan disminuidas o abolidas en el Estado chavista, donde la vecindad es más importante que lo individual.

Como el urbanismo y la industrialización han destruido los nexos solidarios, debe ponerse en práctica otra forma de relacionarse. La ciudad comunal, los huertos familiares en las casas y las empresas autogestionadas son registros distintos. Las providencias emanarán del Estado popular y comunal. La protección será dada por la comuna, capaz de autosatisfacer lo que la sociedad de clases no hizo. La amenaza al Estado chavista la representa, según su ideario, los contrarrevolucionarios, calificados de diferentes maneras, como escuálidos, la gusanera o apátridas, que se oponen a la perpetuidad del Estado revolucionario. El chavismo sostiene que la opresión capitalista no permitirá la justicia social, porque oprime y genera pobreza. El derecho de la revolución es defenderse de cualquier intento que pretenda regresar al orden anterior (sistema de partidos y cúpulas dueñas de la riqueza). El Gobierno no reconoce la alternancia en el poder, donde el Estado y Gobierno son uno solo, como una totalización discursiva y funcional que posee y conserva el derecho a mantener y defender la revolución llamada Bolivariana.

El Estado chavista descarta el diálogo en su forma tradicional, no posee una forma de comunicación común entre partidos, gremios y oposición en el Parlamento, porque su acción política no es con ellos, sino con aquellos a quienes reconoce como propios. En el Estado chavista predomina el líder: la comprensión de la política está centrada en él. El Estado chavista tuvo su centro de gravedad en el expresidente Hugo Chávez. El caudillo integraba el poder administrativo del Estado, la riqueza petrolera, controlaba los hilos del estamento militar y poseía una base electoral de apoyo considerable. Después de su muerte, el poder se dispersó en cada uno de esos factores, lo que sugiere un replanteamiento de la dirección política en el chavismo. Antes, el líder hacía el discurso; después de su muerte, el Gobierno vive de su discurso.

Desde luego, las posibilidades de diálogo declinan cuando no existe independencia de poderes y sobrevive el autoritarismo. Por ejemplo, las demandas de la población de la tercera edad en Nicaragua, podrían quedar diferidas, a no ser que el Gobierno de Managua complazca sus pretensiones de obtener una pensión. El Ejecutivo impone las condiciones en este caso, porque tiene la fuerza de su lado. En un gobierno de tendencia liberal como el de Santos, el diálogo en la región del Catatumbo con el consejero presidencial para el diálogo social se produce para que fluya el libre comercio. El diálogo aquí es un recurso con estatura presidencial para que prospere el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Los campesinos colombianos que exigen acceso a la salud y la sustitución gradual de cultivos ilícitos chocan con este otro desequilibrio. En el caso nicaragüense, es el Gobierno con su dosis autoritaria el que decide; en el caso colombiano, es el libre comercio el que desbarata las lógicas anteriores de agentes y actores nacionales.

En suma, si bien una regulación del diálogo es conveniente en sociedades con escaso desarrollo institucional, convertirlo en puro remiendo y ceremonia, le resta de la sabiduría que es capaz de aportar, máxime si un actor lo desea convertir en puro monólogo. Y es que las normas sobre el diálogo no pueden ser restrictivas o desiguales, porque si no fracasa. Es por ello por lo que reglas justas para la convivencia siempre serán bienvenidas en sectores minoritarios para poder desenvolverse en los corredores políticos.

Por esto, el diálogo más importante es el civil o el político.

Condicionantes del diálogo
Por lo general, al diálogo se le ha reconocido la capacidad de aumentar las inversiones productivas, consolidar la competencia, valorar la opinión de los interlocutores y generar empleo. Como puede verse, el diálogo es precedido por su buena fama, pero su puesta en escena depende de varios factores que se explican a continuación.

Complejidad
De entrada, no hay un diálogo que suponga lograrlo todo, y el éxito dependerá del número de temas, el tiempo empleado y sus ejecutorias. El diálogo social tiene también dinámicas particulares, lleva su tiempo, tiene sus pausas y sorpresas. Hay que evitar agendas muy extensas o muy generales. Buscar solo alguna información que revele datos o algo más elaborado, o reunirse para confeccionar una posible agenda, puede ser uno de sus objetivos, y después de que la información es recabada, entonces procede pasar a la negociación. Esta es más formal y operativa, concreta en aspectos redistributivos, referidos al estado de la empresa, del mercado de trabajo o del sistema de seguridad social. El diálogo se mantiene cuando forma parte de un haz de políticas que lo alienten y con actores integrados.

Es muy importante asimismo que el diálogo represente el interés general. Es cierto que el de las facciones o grupos no son idénticos entre sí: es imposible ocultar los intereses clasistas, de partido, o corporativos o los del gobierno; cada uno tiene su agenda y es correcto darla a conocer antes que los seguidores reclamen con justeza su testimonio en la mesa, pero esos intereses deben desembocar en unos más generales o inclusivos. El interés general es aquel que no se encapsula en la representación originaria, sino que escapa al planteamiento primitivo, mereciendo la atención general.

Por otra parte, el diálogo social es formal. Necesita de una mecánica para operar, de un tiempo regular de funcionamiento y de una escenografía para exponer con atención y rigor los temas que ocupan el interés de las partes. El resultado debe ser respetado para evitar la violencia. No se puede precisar la duración de estos compromisos. Podrán permanecer en el tiempo, por conveniencia mutua o desaparecer rápidamente, pero bien vale modificarlos si las cuestiones expuestas a la realidad alteran las bases de lo sostenido.

Disposición
Existen líderes y grupos que no dialogan, porque consideran que no deben hacerlo con los que ahogan las libertades civiles y económicas. Argumentan que el diálogo se inspira en la libertad, por tanto, no se puede dialogar con quien niega la posibilidad, o simplemente no lo necesitan, pues si se tiene la fuerza, no es preciso entablar ninguna negociación, aunque ello sea un error, porque la fuerza siempre es temporal. Ciertamente es complicado no saber dialogar, pero lo es aún más no saber con quién. El diálogo depende de encontrar con quién y dónde hacerlo, pero sobre todo depende de capacidades propias para enriquecerlo.

En sociedades como la venezolana, polarizadas dramáticamente, el diálogo cuesta mucho iniciarlo. Las actitudes más determinantes, agresivas y extremas se atraen y dominan. Un ala política quiere silenciar a la otra. El discurso acunado es de vencedores y vencidos, aliados y enemigos, sin aceptar la convivencia (El País, 2014). La antipolítica ha jugado un papel preponderante. El rechazo a los partidos ha representado poner de bulto el descrédito de las organizaciones sin posibilidad de apostar por su salvamento, necesario en democracia. Ha producido la pérdida de la militancia y la huída hacia otras formas de organización como dominación política. El vaciamiento de las ideas en los partidos se trasladó a nuevas caras en la política, a originales propuestas, elaboradas al borde del abismo de la antipolítica dirigente de la sociedad, como la representada a nivel mundial desde 1994 por Berlusconi, un empresario, dueño de medios de comunicación, que alcanzó el poder con su rechazo al sistema de partidos. En 1999, Putin hizo lo mismo en Rusia. En Latinoamérica, los casos de Chávez y Fujimori son los más emblemáticos. Desplegaron maneras inéditas de comunicación, gestos y ademanes. El impulso del odio como expresión política, como factor de aglutinamiento del electorado, que a partir de su hastío y desesperanza se propagó. Hay una ruptura institucional, que mientras celebra la ruina anterior va reconstruyendo la nueva historia desde una perspectiva hegemónica. Los caudillos prometieron arrasar, originar frescos códigos de comunicación y novedosas asociaciones de gobierno.

Castigados por la indiferencia o por su uso personalista, los partidos políticos son los que tienen las tareas normales de la organización de masas, así como la manera de desarrollar el bien común en sus ejercicios electorales y la formación de su militancia. No obstante, el camino no ha sido fácil. El diálogo político se da entre competidores o enemigos, aliados o adversarios, dentro de una coalición, o entre partes sediciosas, pero sea cual sea la circunstancia, a juzgar por Maquiavelo en El Príncipe, deben desarrollar sus competencias en un ambiente hostil sin bondad ni clemencia. Por el contrario, existe una cultura oriental basada en generar ambientes altruistas, cimentados en el perdón y la comprensión, guiada por el budismo y los aportes de la psicología social, pero ello tiene menor calado y su influencia depende de comportamientos individuales y sociales que demarcan objetivos menos temporales.

Diálogo global de tipo económico
El diálogo puede ser global, como el que representa la Unión Europea, desde 1985. En Asia, funciona la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA); en el África meridional, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC); en el Caribe, la Comunidad del Caribe (Caricom) y en Latinoamérica, el Mercado Común del Sur (Mercosur). Más recientemente, la alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México, Perú, y el grupo Brics, integrado por Brasil, Rusia,India, China y Sudáfrica.

Son bloques económicos de países que refuerzan sus circuitos comerciales y a la vez pueden negociar pactos con las demás alianzas o países.

Hay otros acuerdos que le bajan el tono a lo meramente declarativo y tienen ámbitos muy definidos. Existe por ejemplo, un pacto de cooperación laboral, suscrito en 1993 por los Estados Unidos, Canadá y México, el Aclan. Hay otro similar, del año 2005, entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y los Estados Unidos, en donde las partes convienen en modernizar el sistema de justicia laboral, fortalecer los Ministerios del Trabajo de cada país, reducir la discriminación y el acoso del cual son víctimas las mujeres en las maquilas, con la cooperación de la OIT y el BID, y que ha presentado comparaciones de resultados y evaluaciones de los progresos alcanzados (Ruiz, 2004).

El trasfondo de estas alianzas es económico; después de todo, el libre comercio es lo que subyace detrás de la modernización de la administración de justicia o de la del trabajo, aunque en procesos sociales complicados, el diálogo social fortalece a las instituciones, amplía la visión de la soberanía y elabora una hoja de ruta (OIT, 1999). Por ejemplo, la Unión Europea coopera para fortalecer el diálogo sobre el trabajo decente y la economía informal en Guatemala, donde el 75 % de los ocupados trabaja en la informalidad y el 31 %, por cuenta propia. El desafío es poder crear empleos en una economía donde el 54 % de los que trabajan es pobre y el 27 % labora más de 48 horas a la semana (la jornada es de 44 horas). El trabajo infantil abarca el 19 %, la seguridad social no llega al 20 % y los niveles de sindicalización, alcanzan apenas al 2 %. Tal precariedad institucional posibilita las acciones transnacionales. Por ejemplo, los regímenes de capitalización individual se introdujeron en Bolivia y Perú, más por influencia transnacional que por un debate interno. La influencia transnacional matiza el diálogo, o decididamente es su libreto, como se verá enseguida.

Influencia transnacional
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha promovido el diálogo social (Piazze, 2005), siendo una de las prioridades del uruguayo Enrique Iglesias como presidente del organismo. Bajo el mandato de Patricio Aylwin (1990-94) y en la reforma laboral venezolana de 1997, en la gestión de Rafael Caldera (1994-99), aquel ejerció una influencia notable, pero sin dejar de lado a los actores sociales. Poco tiempo después, la reforma, sobre todo en el área de la seguridad social, sería congelada en el gobierno de Chávez, alegando que su negociación la hicieron desde las cúpulas y organizaciones sindicales que no se consideraban representativas de los intereses de su clase.

En Nicaragua, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un peso específico en el destino del Instituto de los Seguros Sociales, esto, si su gobierno quiere entablar una negociación sobre la deuda externa (Navas, 2013). El FMI condiciona el diálogo proponiendo un aumento de las cotizaciones, de la edad para pensionarse y de la formalidad del mercado de trabajo, la que apenas alcanza el 30 % (La información.com., 2013). Por otra parte, el Fondo ha propuesto en España un recorte salarial, a cambio de que los empresarios aumenten la contratación, acompañado de una reducción de las contribuciones de las empresas a la seguridad social y un aumento del IVA, dos años después de los recortes (El Espectador, 2013), aunque seguramente la reacción sindical española será mayor y sugerente en comparación con la de Nicaragua.

En la reforma de pensiones de los países de Europa sudoriental, la motivación partió también del ideario de la capitalización individual: fortalecer el mercado de valores, obtener altas tasas de rentabilidad, inversión extranjera y participación activa del capital privado a través del ahorro obligatorio. La decisión no provenía de los actores, sino de la tecnología bancaria, comprada en las experiencias latinoamericanas previas. Promesas de cambio se hicieron para despabilar a un mercado virgen que aseguraría ahorros calculados generacionalmente. El Estado socialista quedaba desplazado por el liberal hasta que la evaluación política y técnica obligó a los organismos de crédito a repensar las reformas (FMI, 2011). El entusiasmo inicial ya no fue el mismo. Altos costos de transacción se produjeron: la cobertura no mejoró y los riesgos de pérdida de capital se acrecentaron debido al entorno crítico. Las compañías de administración de pensiones monopolizaron el mercado, restringieron la libre competencia y la incertidumbre fue la nota característica de un sistema que decía ser seguro. Las reformas fueron revertidas en Eslovaquia, Hungría y Argentina (Banco Mundial, 1994). Chile, el país pionero en el ramo, mantuvo el régimen, pero introdujo un pilar de seguridad social universal después de un proceso de consulta extraordinario (Bachelet, 2011). Bajo examen de los interesados, del Banco Mundial y la OIT, en un rol más activo, Colombia adoptó en 1994 la capitalización individual, después de un debate parlamentario intenso que le otorgó matices propios a la idea preconcebida transnacionalmente, como la presencia de un régimen público.

Así, existe un diálogo social que depende de valoraciones a favor o en contra, en lo intemo, y de factores externos como las alianzas globales y la decidida influencia transnacional. El otro agente condicionante del diálogo social es la capacidad que las partes pueden desarrollar y sobre todo el papel que el Gobierno asume. A continuación, estas dos últimas cuestiones.

Capacidad de las partes
El diálogo puede adquirir un carácter bipartito, tripartito o multipartito, lo que se llama también tripartismo plus: es la presencia de otros actores, distintos a los tradicionales, pero que no tiene muy buena acogida entre los sindicatos, temerosos que cooperativas los desplacen o defrauden la ley. También existen grupos no gubernamentales que aspiran formar parte de los acuerdos, y que están acostumbrados a las asesorías o apoyo a los derechos humanos, a recibir algún tipo de financiamiento y trabajan con un target muy especializado. Tienen voceros capacitados, consultores, guías intelectuales o referentes internacionales que cooperan con sus informes y reportes situacionales. Se convierten en portavoces e imanes de opinión. Del mismo modo aparecen sociedades sin fines de lucro o artistas agrupados en una fundación o movimientos emergentes con agendas específicas, que alcanzan alguna influencia en los medios. Por eso, cuando se dice que el diálogo está en crisis, más bien habría que expresar que son los actores tradicionales quienes lo están, tal cual ocurre con gobiernos y sindicatos que han perdido capacidad de hacer. En efecto, el sindicato ha perdido especificidad, interés de los demás interlocutores para regular a través de recíprocas transacciones el mercado de trabajo.

La organización sindical narraba su historia y tenía una responsabilidad de vanguardia, le asignaban encargos y obtenía un porcentaje en la economía de mercado. En el poder global, ha perdido facultades y en el poder micro, compite con otros sujetos que tienen agrupamientos especializados y novedosas fuentes de financiamiento. Son modalidades empresariales, como se ha dicho, que se destacan por reclutar el talento joven. La pérdida sindical ha sido doble, de militancia e identidad; aparte, la informalidad es el otro factor que la comprime mientras intenta sobrevivir a su descrédito y al individualismo rampante, porque el sujeto, aunque no está aislado, como dice Gauchet (2007), sí está distanciado de la comunicación directa. Se mantiene a distancia, desconfiando de la interlocución, juzga, pero lejos del otro, sin asumir compromisos que no van más allá de los caracteres del computador.

Sin duda que la generación actual es más tribal, responde menos a los cánones y simbología partidista, quiere contar la vida desde la intimidad; más que estar socialmente relacionada por la solidaridad, desconfía de la sociedad de partidos. Los comportamientos sociales revelan la existencia de movimientos sociales que desbordan los tradicionales, con nuevas formas de expresión y comunicación; son grupos que viven al límite y con término de días y horas: un movimiento de movimientos. Su organización no es espesa, la dirección es en apariencia colectiva y las redes, su sostén fundamental. Esos grupos, en su mayoría, constituidos por jóvenes, viven la crisis del empleo y el aumento de la informalidad. Sus proyectos de vida son más cortos y sus patrones de consumo han variado. Esta combinación de antipolítica, de movimientos líquidos (Bauman, 2005), junto con el desempleo y la soledad urbana, generan el nacimiento de liderazgos personalistas y de partidos, a semejanza del líder mesiánico, como estrella mediática, sastre del futuro y carnicero sin piedad alguna del pasado.

En contraste, los partidos políticos deberían ser los actores del diálogo, pues tienen un terreno institucional y gubernamental donde moverse. Este es un espacio propio, natural, que los diferencia de organizaciones no gubernamentales, o de una empresa de tecnología de alimentos, por poner un caso, o de organizaciones religiosas y financieras, a sabiendas de la existencia de micropoderes, que actúan en mapas de mandos más fragmentados y con medios que aceleran las comunicaciones, pero que no hacen ni sustituyen la política tradicional de los partidos: la de hacer contacto directo con el elector, porque la cara de la política es siempre la cara del otro. Son los partidos los que pueden permanentemente dar respuestas a lo local, promover el debate vecinal, regional y parlamentario, siempre que tengan la posibilidad de forjar su propia identidad, teorizando sobre el caos contemporáneo.

El papel del Gobierno
El Gobierno no tiene competidores que disputen o dividan su posición en la mesa del diálogo, como sí lo hacen confederaciones y asociaciones de empresarios y trabajadores que adquieren el carácter de entidad política. Pero no siempre el Gobierno está interesado en dialogar, porque parte del supuesto que tiene ventajas. En tal caso, el diálogo no tiene necesidad alguna, no hay motivación para emprender negociaciones sobre lo que ya se tiene. Puede ocurrir de igual forma que no haya confianza para emprender el diálogo, o que los procedimientos formales estén bloqueados o ni siquiera existan. Desde luego, el papel del Gobierno es siempre fundamental, como motivador y garante, porque sindicatos y empresarios no se autogobiernan a la hora de tratar temas que escapan de sus ámbitos naturales. Ambos requieren normar las relaciones, restablecer equilibrios y distribuir beneficios. Es posible que el Gobierno no necesite el diálogo, pero sí una de las partes, sobre todo la que está en mayor desventaja o necesidad. Empresarios que quieren aumentar su influencia lo exigen; sindicatos que requieren un espacio adicional a sus límites, lo procuran, porque hay fronteras que por sí mismos no pueden alcanzar. Un Gobierno democrático lo convoca por principio de cooperación y de tolerancia, por deber e interés mutuo, por sus consecuencias reparadoras y de autoconservación. El Gobierno, lo cita o lo auspicia para ordenar, regular o establecer nuevas obligaciones y prácticas sociales. El problema es cuando no existen esas motivaciones y prácticas democráticas, y cuando los actores no tienen capacidad suficiente para aprovechar el diálogo, especialmente cuando la desigualdad es pronunciada, por ser una diferencia numérica o económica. La pregunta sigue siendo para qué dialogar cuando se posee un poder desproporcionado, más allá de la igualdad ante la ley. Y a menos que el sistema legal equilibre, decida con independencia la justicia, se mantenga la tolerancia, a costa inclusive de los intolerantes (Rawls, 2006), no será posible la igualdad ante la ley. Por ello, los poderosos deben ser separados de la justicia. El diálogo sí aparecerá entonces, como una opción y menos como obligación.

La Constitución sería el marco adecuado para generar el equilibrio, la justicia e igualdad. En la Carta Política venezolana, la reelección indefinida es un ejemplo en contrario. Aquella concede ventajas adicionales a quien detenta el poder. El gobernante se aprovecha de los recursos de todos, para su exclusivo beneficio electoral. La Constitución debe limitar los intereses de los poderosos, contar con instituciones profesionales y con procedimientos expeditos. Debe reconocer que cada voto tiene aproximadamente el mismo valor para determinar una elección. Una Asamblea Constituyente en Venezuela tuvo con una representación mayoritaria del Gobierno, a pesar de no contar con los votos para ello.

Obteniendo el 62 % de los votos, los candidatos del chavismo alcanzaron el 94 % de los puestos de la Asamblea, con lo que se priorizó el sistema mayoritario sobre la representación proporcional (Fundación Foro Socialdemócrata, 2010). Ello bastó para uniformar el perfil político de la República. La oposición solo obtenía con 38 % de los votos, apenas cuatro constituyentes y dos independientes. El debilitamiento del principio de la representación proporcional de las minorías se repitió en las parlamentarias de 2010, después de legalizarse el sistema mayoritario (Monsalve, 2011).

Las respuestas institucionales deben ser referenciales, deben ser modelos de representación ciudadana, una respuesta profesional para resolver los problemas. En Venezuela también existe un ejemplo en contrario: el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales interfiere indebidamente el reconocimiento de las organizaciones no afectas al Gobierno. Aunque el registro de los sindicatos siempre había sido obstaculizado políticamente por los gobiernos anteriores, inscribiéndose solo los afectos al Ejecutivo, negándose unos o dilatando el reconocimiento de otros, lo peculiar del nuevo es que los controles aumentan sin contribuir a mejorar el funcionamiento de las relaciones de trabajo.

Las instituciones republicanas deberían servir para superar las limitaciones naturales del grupo. Sus carencias son compensadas con las limitaciones legales impuestas al fuerte. Es por ello que se impiden los monopolios en una democracia. Las elecciones, enmiendas, referendos deben ser mecanismos expeditos. Veamos otro ejemplo: bajo el supuesto de democratizar las organizaciones sindicales, se planteó en Venezuela un referendo sindical convocado a instancias del Ejecutivo. Se perseguía legitimar el cese de las directivas sindicales. El referéndum consultaba lo siguiente: "¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical, en los próximos 180 días, bajo Estatuto Especial elaborado por el Poder Electoral, conforme a los principios de alternabilidad y elección universal directa y secreta, consagrados en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y que se suspendan durante ese lapso en sus funciones los directivos de las Centrales, Federaciones y Confederaciones Sindicales, establecidas en el país?".

El director general de la OIT, el 17 de noviembre de 2000, se dirigía al presidente del CNE en estos términos:

Deseo reiterarle que la convocatoria a un referéndum nacional sobre asuntos internos de las organizaciones sindicales implica una injerencia de suma gravedad en su libre funcionamiento, claramente violatoria del Convenio 87 ratificado por su país. Ello constituye un desconocimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Venezuela (OIT, 2000).

En primer lugar, el referendo convertía a los sindicatos en personas de derecho público, cuando la asociación sindical es un ente de naturaleza privada, por lo cual termina afectando la autonomía colectiva de aquella. De 11,7 millones de personas habilitadas para votar, solamente acudieron a las urnas 354.449. Un 64 % de los electores que fueron a consulta votó a favor del "sí", es decir, a favor de la renovación total de la dirigencia sindical en los próximos 180 días, y un 26,6 % por el "no". En segundo lugar, el referendo registró una abstención considerable, que barrió la pretensión de dotar a los sindicatos de una militancia progobierno, actuando como corporaciones de derecho público.

En el caso venezolano, la oposición política tiene tres retos: capitalizar el descontento que no logra sumar a sus filas sino a la abstención; el segundo es huir de las salidas fáciles, inmediatas o fuertes, enmarcadas en los ejemplos de un llamado a una Asamblea Constituyente o del hombre fuerte que se precisa para vencer la crisis, y el tercero, no menos importante: mantener la unidad de las filas opositoras antes que la división recrudezca. El chavismo sin Chávez debe encontrar una fórmula que le permita despojarse del ropaje militar y participar en el juego del poder aceptando que puede perderlo en una contienda electoral; esa es la alternancia del poder o la legitimidad de las apariencias, en la que se imprimen cambios muy liberales en la economía, pero una fuerte dosis de control político permite la sobrevivencia del proyecto hegemónico.

Finalmente, diálogo
Después del autogolpe de Fujimori en 1992, la democracia en el Perú trata de fortalecerse. En el plano social ha venido constituyendo consejos y mesas de diálogo, que se convierten en válvulas reguladoras de su todavía temprana democracia, acostumbrada a los fogonazos de las dictaduras y al personalismo más rampante. Ese avance liberal no significa que la democracia esté asegurada. Perviven prácticas políticas muy toscas y los rastros del fujimorismo siguen frescos todavía, pero se recorre un reciente camino republicano sin los sobresaltos del terrorismo ni la violencia política que encabezó Sendero Luminoso.

Brasil es otro ejemplo de concertación de políticas públicas. Después de atravesar el periodo de la dictadura, el establecimiento político sabe cuánto podrían significar los acuerdos. El gobierno de Dilma Rousseff fue confrontado por los estudiantes en el 2013 sin el lamentable número de víctimas que hubo en Venezuela un año después, pues diseñó un canal de comunicación con los manifestantes (Europapress, 2013). Con su pasado montonero, la izquierda paraguaya ha sabido pactar también. A modo de ejemplo, elabora una propuesta de ley que permite a los trabajadores con edad entre 40 y 50 años elegir el régimen de jubilación más conveniente. El jubilable puede permanecer en el actual sistema o migrar al nuevo de naturaleza pública, que es en el fondo el interés del Ejecutivo para reconquistar la administración de la seguridad social. Pero el gobierno de José Mujica (2010-15) tiene otros objetivos adicionales: los trabajadores podrán retirarse parcialmente de su empleo y cobrar la mitad de su jubilación, de tal manera que el retiro así se perciba como una transición hacia el definitivo, sin la drástica afectación de las rutinas y sin crear sobresaltos emocionales. Y el otro objetivo es disminuir el trabajo en negro de 40 mil jubilados (El Observador, 2013).

Lo que más llama la atención es que la izquierda uruguaya, sin abandonar los hemisferios fundamentales de su referencia ideológica, despide sus tiempos de guerrilla urbana, incluyendo en su propuesta la libre deliberación del jubilado entre un régimen privado o el público, siendo la libertad de elección el valor fundamental del ideario liberal.

El diálogo, el que finalmente llega, recrea las condiciones económicas y sociales que se necesitan para proteger a los desempleados y estimular la creación de puestos de trabajo, más allá de las naturales asignaciones de la oferta y demanda de bienes y servicios. Irrumpe por las circunstancias, aparece prendido por la necesidad, como las del grupo guerrillero colombiano M-19, que optó por ser una alternativa electoral, en vez de ser un cordón de efectivos armados desde los 80. Una década después, el Ejército Republicano de Irlanda (IRA) se valió de mecanismos cuasi parlamentarios para negociar un primer alto al fuego. Otro ejemplo es Nelson Mandela, quien no hubiera podido alcanzar la victoria electoral de 1994 sin adelgazar primero las hostilidades mediante negociaciones secretas con Pieter Willem Botha. Y en Venezuela, Rafael Caldera solo conseguiría una importante reforma laboral en 1997, después de consultar con los actores sociales, disimulando su escaso poder en el Congreso. En Costa Rica ese mismo año fue objeto de concertación, aunque con efectos menos perdurables, un menú de temas: telecomunicaciones, pensiones, seguros, corrupción y libertad sindical.

En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, de clara orientación liberal, exhibe una reforma tributaria acompañada de un plan universal de pensiones. Está consciente de la necesidad de concertar en seguridad social, a pesar de la resistencia del PAN y el Consejo Coordinador Empresarial, porque según estos, la propuesta perjudicaría a la clase media. El Ejecutivo se interesa en el diálogo para así espantar la resistencia de la ampliación tributaria que entraña por anticipado múltiples dificultades.

El diálogo podría aumentar la afiliación a la seguridad social en Colombia, donde se reporta un 67 % de informalidad laboral en trabajadores que no tendrán derecho a pensionarse. Le será difícil al Ministerio del Trabajo llegar a buen puerto con solo sancionar a las empresas por incumplimiento (RCN, 2013), si no procura antes un periodo de consultas, como lo hace el mismo Gobierno a nivel presidencial a través de un comisionado para el diálogo social. Esto lo que significa es que el diálogo es una necesidad, por la crisis, pero también puede representar superarla. En Panamá, a primera vista no luce fácil una reforma del Código Sanitario de 1947 sin el impulso de todos los sectores involucrados, pues el Gobierno por sí solo no puede tomar la decisión (La Prensa.com, 2013).

El diálogo minimiza los costos de la estrechez política a la vez que aísla al dogmatismo y la intolerancia. En el mundo sindical existe conciencia de ello y muchos capitanes de empresa saben también que las regulaciones adecuadas retornan tasas de rentabilidad aceptables. Las medidas -que se comparten en costos y beneficios- permiten mantener y a la larga mejorar el poder de compra de la ciudadanía.

El diálogo es un ejercicio habitual en la democracia, por convicción, o por necesidad. Demuestra el convencimiento de las partes para alcanzar sus fines, democratizar la sociedad, redistribuir el poder, ganar tiempo, explicar mejor alguna posición, legitimarla, o invocarlo hasta por mero cálculo electoral. Pero no son extraños caprichos ni alegres ensayos. Tiene el diálogo un sentido, inclusive en caso de que el poderoso e intolerante decida ocupar ahí un lugar. El poderoso quiere siempre imponerse, pero en condiciones extremas, en sociedades donde el diálogo no es un ejercicio habitual, su sola pretensión de ensayarlo es un considerable avance porque es más difícil dialogar que estar en la habitual contienda. En otros casos más afortunados, el Gobierno se convierte en un inspirador más que en un director exclusivo y compulsivo de la política (Servais, 2004).

El diálogo actúa convenientemente, como un modo de transacción política. Si no es extraño, imprime un dinamismo a los acuerdos que permite crecer, como los checos, cuando en un Consejo de Cooperación Económica y Social pactaron entre 1990 y 1995 diferentes convenios que auxiliaron a sus gobiernos. En la República de Corea se arbitraron de forma puntual diversas medidas para contrarrestar los efectos de la crisis financiera, como la creación de una Comisión Tripartita en 1998, que generó la estabilidad deseada. Otro ejemplo es Filipinas, que desde los años 90 celebra conferencias anuales tripartitas que tienen repercusión nacional.

Estos casos de diálogo revelan la necesidad de sus ejecutorias, la conveniencia o pragmatismo de los actores. En el caso latinoamericano, por fortuna, abundan estas rutas de diálogo, aunque sin andamios sólidos ni rutinas más prolongadas como la del resto de los países citados. Es probable que sea solo el primer paso para llegar a un diálogo sumamente prometedor, más por la fuerza de las convicciones que por la de las obligadas conveniencias.

CONCLUSIONES

El diálogo social se ha enriquecido por un cuerpo de ideas que proyectan con optimismo a la humanidad, que prefiere la paz y la igualdad. Pero falta mucho aún por solidificar esos principios, recomendaciones y convenios internacionales hacia lo interno, en el reconocimiento de minorías, partidos, de trabajadores y sindicatos, así como de los gobiernos y la sociedad en su conjunto, que el diálogo es un valor social y político, es decir, cultural.

Hemos visto que diálogo depende de un conjunto de operaciones y rutinas, como la definición de agendas, plazos, tiempos, de ciertas formalidades, pero básicamente de la capacidad de las partes para procurarlo y obtener los resultados deseados en un lapso determinado. Mientras más capacidad se posea, menos será la influencia transnacional. Los gobiernos son claves para el desarrollo del diálogo, pueden ser animadores, o con talante autoritario proceder a minar sus bases. Por otra parte, es indispensable el funcionamiento de la administración y de la justicia independiente para actuar con mayor seguridad e igualdad en la interlocución.

Una conclusión general sería que las prácticas políticas deberían ser auditadas por la sociedad, a la vez que se recomienda fortalecer los partidos y pactar con las élites la independencia de la justicia de factores económicos y políticos, el fomento de la tolerancia y mejorar la vida en las ciudades, por ser el lugar de adquisición de las competencias ciudadanas, gracias a la educación.

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