INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen diferentes movi mientos que claman por injerencia en la acti vidad gubernamental pero se muestran distantes de las instituciones políticas: los "indignados", los movimientos "antiglobalización", los "mo vimientos ecologistas", entre otros, presionan las instituciones pero no participan mediante los mecanismos formales, porque visualizan las prácticas políticas como corruptas, generando un ambiente de despolitización con característi cas particulares en la modernidad que nos plan tea Bauman.

La despolitización en la modernidad líqui da (^{Bauman, 2002}) separa la acción social de la actividad política, reduce la vinculación de la sociedad con la actividad del Estado, debilita la actividad de la Administración Pública y permi te su apropiación por intereses particulares.

Redes como Facebook, Twitter o Youtube, son instrumentos de construcción de la opinión pública y pueden generar masa crítica que de viene en protestas, revoluciones o manifestacio nes violentas. También sirven como mecanismo de presión, teniendo eco en las agendas guberna mentales y en las agendas legislativas.

Sin embargo, las redes sociales también pro ducen un fenómeno de despolitización, dado que los ciudadanos prefieren acudir a la infor malidad de dichos medios, antes que a la resolu ción de los requerimientos sociales por las vías institucionales o de las instituciones políticas, relegando el rol de los partidos y movimientos políticos.

Los desarrollos tecnológicos de la sociedad red (^{Castells, 2004}) han favorecido los procesos de despolitización, la cual beneficia el conservadurismo y las prácticas de apropiación de los beneficios emanados del Estado como el cor porativismo, la corrupción, el clientelismo y la apropiación criminal del Estado.

Despolitización

Entendemos los procesos de despolitización como la actitud negativa de los ciudadanos fren te a la participación en política (^{Duverger, 1970}, p.38). La despolitización favorece el conserva durismo, garantizando que las posiciones de pri vilegio de algunos actores políticos no se vean cuestionadas. En el contexto de la modernidad líquida que plantea Zygmunt Bauman, los pro cesos de despolitización tienden a agudizarse fa voreciendo fenómenos como el corporativismo, el clientelismo, la corrupción y la apropiación criminal del Estado, como se explicará detalla damente.

La modernidad líquida y despolitización

El concepto de modernidad líquida fue acu ñado por el sociólogo, filósofo y escritor Zygmunt Bauman , quien refiere a la fragilidad, y ductilidad de las relaciones humanas en un contexto de vínculos poco perdurables, transi torios, efímeros, donde prima el individualismo regido por la relación costo-beneficio antes que una visión colectiva del mundo. Dicha visión se opone radicalmente al concepto de lo público y a la actividad política entendida como la estructuración de proyectos de sociedad o proyectos de futuro.

La fragilidad de las relaciones humanas y los vínculos interpersonales propios de la moder nidad líquida han de tener consecuencias en la configuración del fenómeno de lo público y sus manifestaciones contemporáneas, reduciendo su campo de acción y excluyendo la posibilidad de entender el beneficio individual de la acción co lectiva. La despolitización es precisamente esa incapacidad de movilización social en la reso lución de las necesidades colectivas mediante la participación en las instituciones políticas; las formas sociales de la modernidad líquida favo recen dichos procesos.

La inmediatez posible por el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y las redes sociales han tenido como efecto una avalancha de información difícilmente digerible para el ciudadano desprevenido y el ciudadano en for mación, que se ven enfrentados a la selección y análisis de datos sin profundizar en su contenido o veracidad, la opinión pública es cada vez más fluctuante y manipulable.

Ampliando el punto, la laxitud de los con tenidos publicados en redes sociales como Facebook y Twitter en relación con asuntos y/o problemáticas públicas, ha relegado el rol de los partidos políticos en la discusión ideológica o en la lectura de las diferentes posiciones de la so ciedad sobre las problemáticas que le afectan. La informalidad de los nuevos medios de construc ción de la opinión pública, que ha de configurar la voluntad popular, es utilizada o manipulada como mecanismo electoral en la construcción o destrucción de las imágenes públicas de los can didatos, pero difícilmente permiten organizar esquemas que incluyan a sus participantes en la formalidad de las instituciones políticas.

Se debe recordar que, la dinámica de la mo dernidad líquida tiene su manifestación más pre ocupante en la abstención de militancia en los partidos políticos, entendidos como colectividad que pretende construir una posición unificada frente a determinados temas, con la intención de llegar al poder por las vías institucionales e incluir su visión ideología en las agendas legis lativas y las agendas gubernamentales. En con secuencia, la militancia en los partidos políticos dependerá únicamente de sus posibilidades elec torales, favoreciendo fenómenos como el "transfuguismo" o la deserción de dichas colectivida des motivada en las posibilidades electorales o de acuerdos por fuera de un marco ideológico.

Modernidad líquida, sistema político y des politización

Entendiendo un sistema político como la interacción de las relaciones económicas, las formas sociales y las instituciones políticas (^{Duverger, 1970}), tenemos que el interés económico desarrollado en el modelo de producción capita lista ha influido las formas sociales, siendo legi timado y protegido por las mismas instituciones.

En otras palabras, la política entendida como actividad desarrollada al interior de un sistema político específico está influenciada por los inte reses de sus actores económicos y actores socia les presentes, quienes mediante transacciones o la utilización de su capital específico como refie re desde la sociológica Pierre ^{Bourdieu (2000}) o ^{Deutsch (1970}) desde la ciencia política, han de concretar sus posiciones de privilegio o su inte rés económico.

En este sentido y en el contexto de la moder nidad líquida, la actividad política se visualiza simplemente como un juego de intereses, dentro de las contiendas electorales propias del siste ma democrático. Dicha visualización favorece la apatía de los actores que no tienen intereses económicos específicos dentro de la contienda política y polariza la actividad de quienes sí los poseen, haciendo del proceso electoral un espec táculo en ocasiones grotesco, por las prácticas utilizadas para favorecer la imagen pública de un candidato o deteriorar la imagen de otro.

Sobre el particular refieren Roura y Ferré (2014):

La gestión de la información de los usuarios constituye quizá el aspecto menos conocido y más controvertido y peligroso de las redes so ciales. Si las redes saben todo de nosotros, es lícito preguntarse dónde va a parar esa información. En su capítulo "Aspectos legales de las redes sociales: protección de datos y uso consciente de la tecnología", Elisabeth Roura y Carme Ferré (2014) nos introducen en el oscuro mundo de los datos personales, las po líticas de privacidad y las condiciones de uso de la información de millones de ciudadanos. Según las autoras, el primer problema para la regulación de la información personal en In ternet y en las redes sociales en particular es que el mercado online está absolutamente globalizado... No hay ningún órgano legislativo a nivel supranacional capaz de garantizar los derechos de todos los usuarios según la va riedad de legislaciones nacionales ni tampoco con capacidad para tomar decisiones jurídicas respecto a las empresas a escala global. Roura y Ferré (2014) también nos recuerdan (nunca viene de más) que "la seguridad en las redes sociales depende de la conciencia de los usua rios sobre su propia privacidad e intimidad. (^{Ferré, 2014}, p.12)

Las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones posibilitan formas estilizadas de legitimar el poder o de construir la opinión pública, que han de influenciar de igual forma la tendencia frente a la participación política o la apatía frente a ella. Los medios de comunicación masiva y las redes sociales son instrumentos en la construcción de opinión pública o para su manipulación; en consecuencia, los actores po líticos que puedan apropiar dichos instrumentos tendrán una ventaja sobre los otros.

Modernidad líquida y partidos políticos

La pluralidad de partidos políticos es uno de los principios de la democracia liberal, (Palencia, Carvajal & Rodríguez, 2016 p.199), su existencia es connatural a dicho sistema; sien do el sistema de partidos políticos el garante del respeto por la divergencia, el disenso y la libertad de expresión, se entienden en dicho contexto como: el campo en el cual las discu siones ideológicas han de ser decantadas para la búsqueda de un acceso legítimo al poder, por las vías electorales y a la materialización de las posiciones mediante las instituciones políticas. En la primera mitad del siglo XX en el mundo occidental, la pertenencia a un partido político se entendía como una de las facetas más impor tantes de la vida, matar y morir por la posición ideológica era una cuestión de principios, una cuestión de vida y la vida sin principios no valía la pena ser vivida , pero dicha lógica entró en crisis dentro de las estructuras de la modernidad líquida.

El papel de los partidos políticos como es cenario de construcción ideológica e interme diación con el poder político ha sido desplazado por las redes sociales en relaciones flexibles y poco perdurables frente a la discusión pública. La laxitud de los comentarios enviados en Facebook, Twitter, entre otras redes sociales, ha des plazado la discusión reflexiva y con fundamentación teórica. La imposibilidad de control de los contenidos se transforma en arma de doble filo frente al debate político serio y respetuoso, por un lado, posibilitan el acceso a información que en otros escenarios podría ser sujeto de censura y del otro lado, la veracidad de la información es difícilmente verificable, con la posibilidad de hacer incurrir en error a sus receptores.

En la sociedad de las mercancías y del reduccionismo económico las decisiones sobre las problemáticas públicas entendidas en senti do genérico han desplazado su campo decisorio de la política a la economía , siendo los actores económicos y los grupos de interés los que han de decidir sobre las problemáticas públicas, me diante la influencia y/o apropiación de las insti tuciones políticas, manipulando la opinión pú blica, financiando la actividad política desde los procesos electorales en el contexto de democra cias formales y utilizando el poder económico, a través de la apropiación de los medios masivos de comunicación, el retiro o manejo estratégico de sus inversiones en los países susceptibles a su influencia.

Desde hace poco más de 70 años, los ciuda danos se encuentran adormilados, en un contexto en el cual ceden su capacidad de pensar el mundo a estructuras de poder que perciben como inamovibles, lejanas y ajenas a ellos. La modernidad líquida como concepto implica la maleabilidad y fluidez en las relaciones huma nas que se muestran poco duraderas motivadas por el interés individual desde una lógica de in tercambio; en este orden de ideas, la actividad política entendida como la problematización de la vida humana pasa a un segundo plano, los compromisos o principios ideológicos, filosófi cos y/o éticos perdurables ceden paso al oportu nismo, la militancia en partidos políticos pierde practicidad en el juego de intereses producido en el campo de lucha por el poder y la apropiación de los beneficios emanados del Estado.

El poder político del ciudadano ha sido inter cambiado por el poder de consumo, la industria del entretenimiento se ha encargado de construir la opinión pública en torno a temas frívolos y adormilar al ciudadano que ha cedido su capa cidad reflexiva a dicha industria alejándose de la discusión desarrollada en escenarios públicos y/o políticos. La búsqueda de un mecanismo de solución de ocupación laboral principalmente en el sector público (que se visualiza como es table o permanente) ha transformado su acceso en un instrumento de ejercicio de poder, en el intercambio de favores electorales o favores en el apoyo en los procesos electorales, dicha situa ción ha transformado a los partidos políticos en colectividades encargadas de asegurar el acceso de sus militantes a dichas soluciones de ocupa ción laboral.

El poder global y la política local

La incertidumbre o la incapacidad de prever o planificar el futuro frente a la ausencia de ins tituciones sólidas, favorecen la despolitización, en un contexto en el cual _{^{el poder es global y la política es local}} . Los temas gruesos de la existencia humana son debatidos en escenarios privados que trascienden a los gobiernos por su extraterritorialidad, las multinacionales y gran des capitales entran a decidir sobre política pú blica mediante el financiamiento e injerencia de campañas electorales, que han de determinar la configuración de los gobiernos locales o simple mente, también distraen la opinión pública por medio de la empresa del entretenimiento (no ticieros, novelas, series, etc.) desinformando o manipulando, para proteger los intereses de los propietarios de los medios.

Es por lo anterior, que interpretando la lógica de la modernidad líquida, García menciona que:

Bauman plantea que el Gobierno ha perdido la capacidad de resolución de los problemas pú blicos más importantes; que no posee ya ni si quiera los instrumentos y los recursos necesa rios para resolver los problemas cotidianos de la existencia humana. El Gobierno ha perdido esta capacidad frente a una serie de poderes globales que actúan en su propio territorio y a los que no puede sometérseles sencillamen te al imperio de las leyes locales; estos gozan de una especie de inmunidad originada prin cipalmente en su extraterritorialidad. (^{García, 2006}, p.199)

Ampliando el punto, los medios de comu nicación distraen la atención de la opinión pú blica o la construyen a su antojo, legitimando sus intereses y evadiendo la discusión sobre las problemáticas públicas que tienen relación con las estructuras de poder del orden establecido, desde un determinismo reduccionista que no cuestiona las estructuras económicas y políti cas del poder. El Aparato ideológico del Estado descrito por ^{Althusser como reproductor de las condiciones de producción (Althusser, 1989}) ha estilizado sus formas mediante los desarrollos tecnológicos en telecomunicaciones e informáti ca, haciendo presa de las redes sociales y en fin, de la virtualidad. Nuevamente la imposibilidad "normativa" de control del aparato descrito con anterioridad por su extraterritorialidad, implica la posibilidad de su captación por el poder de los actores económicos que puedan invertir re cursos en su utilización en pro de la defensa de sus intereses.

En la actualidad se ha pasado del colonia lismo a la influencia, el uso de la fuerza y los grandes aparatos bélicos han cedido paso a las medidas económicas y el manejo de los capita les o de la inversión extranjera. Los grandes ca pitales tienen la posibilidad de instrumentalizar a los gobiernos en la defensa de sus intereses, lo cual conlleva a la privatización de la activi dad de los gobiernos y del desconocimiento de "interés general" como fundamento de su accio nar. Sin embargo, dicha tendencia no es nueva, la tensión que actualmente nos ocupa refiere a cómo en la actualidad se ha tratado de frenar el activismo informático para generar procesos de despolitización que posibiliten la manipulación referida con anterioridad.

Ética pública y el paradigma del control

¿El sometimiento se dará siempre con respecto a una autoridad exterior, o existe también en relación con autoridades que se han internalizado, tales como el deber, o la conciencia, o con respecto a la coerción ejercida por íntimos impulsos, o frente a autorida des anónimas, como la opinión pública? ¿Hay acaso una satisfacción oculta en el sometimiento? Y si la hay, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que origina en el hombre un insaciable apetito de poder?. (^{Fromm, 1941}, p.31)

La primera cuestión a ser analizada cuando ha blamos de ética, es el contexto en el cual se ha de producir el reproche social en relación a la calificación de la conducta como ética o antiética. En este sentido, cuando hablamos de Ética Pública existe un elemento esencial a ser discutido: el poder, y las relaciones de poder inmersas en el entorno en el cual se da la conducta (en el ethos).

Cuando hablamos de ética pública a diferen cia de lo que puede suceder, en otros contextos la conducta no se da en situaciones de igualdad o reciprocidad, se da en condiciones de desequi librio, desde dos dimensiones:

La cuestión de la ética pública y el ejercicio del poder

La discusión sobre una ética pública o una ética sobre lo público debe ser abordada necesa riamente desde dos campos de estudio, 1) sobre la ética del funcionario, y 2) desde la ética in mersa en la actividad política, donde la conducta del funcionario y el político irradian sus efec tos a toda la sociedad, teniendo como principio axiológico el bien común. Sobre el particular refiere Oscar Diego Bautista:

"La ética, al referirse al ámbito público, implica necesariamente relacionarse con la política, no se limita a los funcionarios públicos. Un buen go bierno no solo requiere funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto que son estos últimos principalmente quienes gozan del máximo margen de autonomía en las deci siones y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los principios. La ética pública es un elemento importante para hacer contrapeso no solo a la corrupción sino a las distintas actitudes antiéticas al inyectar un conjunto de principios y valores y así revitalizar por un lado a las institu ciones públicas y por otro a los servidores públi cos, entendiendo como tales a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado: políticos y funcionarios" (^{Bautista, 2006}, p.8).

Sobre la ética del funcionario. La discusión sobre la Ética y responsabilidad del _{^{Funcionario Público}} en el Estado moderno, fue entendida en los siguientes términos o desde la siguiente preocupación:

Al ser el Estado una ficción jurídica que úni camente se materializa a través de las conductas o decisiones de los funcionarios públicos, con trolando dichas conductas o decisiones median te la ley, se controla la actividad del Estado. De igual manera, con el principio de legalidad, se establece la responsabilidad administrativa en relación a la omisión o extralimitación del fun cionario público en ejercicio de sus funciones, se fijan los límites a su accionar y la responsa bilidad emanada del incumplimiento de sus de beres legales funcionales; palabras más palabras menos, se limita el ejercicio del poder público.

El fenómeno descrito se dio en la transición del Estado Absolutista al Estado de Derecho, en la cual el paradigma del control a la actividad del Estado formó parte integral de la agenda pú blica y de la estructura axiológica que legitimó la novel organización política, la cual fue el resultado de la necesidad de proteger intereses o privilegios de las clases económicas en ascenso, frente a la arbitrariedad del poder político en la dicotomía burguesía-nobleza.

Sin embargo, independientemente de los in tereses económicos descritos anteriormente, el principio de legalidad como mecanismo de con trol a la actividad del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos como límite al po der de las personas envestidas de autoridad esta tal, son actualmente los pilares de la democracia liberal, que tienen su génesis desde el Iusnatu- ralismo Contractualista Democrático de Locke, Rousseau y Montesquieu, siendo hoy principios fundamentales del Derecho Administrativo.

El principio de Legalidad se manifiesta en el senti do de que la autoridad solo puede actuar de acuerdo con la autorización que la ley le otorgue, ya que el hombre nace con plena libertad de acción y no es posible someterlo a la autoridad de un poder que limita su libertad natural, excepto cuando el indivi duo por su propia voluntad se somete. La voluntad general es la soberanía que reside en el pueblo y se plasma en las leyes, las cuales, como manifestación de la población crean la autoridad y facultan su ac tuación, por lo tanto las libertades individuales solo pueden ser restringidas por disposición expresa de la ley. Lo anterior se basa en los principios de que los individuos pueden hacer todo lo que no les este prohibido. (^{Ramos, 2014}, p.32)

En razón de lo anterior, la preocupación so bre el control de la conducta de los funcionarios públicos en la modernidad tiene sus anteceden tes en la transición del Estado Absolutista al Es tado de Derecho, sin embargo sus referentes son mucho más antiguos remontándose a la natura leza política del ser humano y el poder político ejercido sobre este; con antecedentes desde la antigüedad entre los cuales tenemos la tragedia griega de Antígona y Edipo rey, en la encrucija da que implica el propio accionar entre los debe res domésticos y los deberes con la organización política y la consecución del bien común, entre otros ejemplos.

En este punto, nos encontramos con dos tipos de decisiones o conductas como manifestación de la actividad de los funcionarios públicos y el desarrollo del poder político, 1) la decisión po lítica y 2) la decisión o la actividad burocrática.

La decisión política se entiende como la ma nifestación de la voluntad popular, la cual se encuentra determinada por la opinión pública, los aparatos ideológicos del Estado, los grupos de presión, los partidos políticos y los diferentes mecanismos que pueden incidir en los procesos electorales, sin embargo siempre tendrán que acudir a la refrendación electoral como elemento legitimador de su actuación.

Por su parte, la decisión burocrática se en cuentra mediada por el principio de legalidad, obedece por lo menos en el ideal a elementos técnicos que permiten materializar las decisio nes políticas; podríamos afirmar que la política es fin y la burocracia el instrumento de la acción colectiva.

Entraremos a analizar estos dos tipos de de cisión desde la ética pública y el ejercicio del poder que ella entraña.

La ética inmersa en la actividad política y burocrática. En principio, la conducta del fun cionario y el político irradian sus efectos a toda la sociedad, teniendo como principio axiológico el bien común. Las relaciones de poder entre go bernantes y gobernados producen la encrucijada entre el bienestar individual y el bienestar colec tivo, por lo tanto se encuentra atravesada por el concepto de lo público y su interés, en el cual los intereses personales deben ceder ante los intere ses colectivos.

Para garantizar el bien común en las decisio nes de gobierno y en su ejecución, históricamen te se han estructurado diferentes sistemas de se lección de personal en el sector público o en los órganos de gobierno, independientemente de los arreglos institucionales presentes en las diferen tes formas organizativas, que pueden dar cuenta de una organización o sistema político.

Tal es el caso de los muiscas en la historia precolombina, en donde la formación para la toma de decisiones de gobierno se encargaba a una institución que aunque primitiva obedecía a la lógica del mérito como mecanismo de se lección de personal en el sector público, sobre el particular refiere Augusto ^{Álvarez Collazos (2009}) una descripción de un equivalente de las modernas escuelas de gobierno denominada La Cuca (academia muisca) .

De forma similar al sistema de carrera ad ministrativa moderno y para garantizar el bien común en la toma de decisiones de gobierno y/o ejecutoras, los muiscas estructuraron un sistema semejante al sistema de mérito:

El sistema de reconocimiento de méritos

El sistema de reconocimiento de méritos para ejercer el poder en la cultura muisca estaba ba sado en relaciones de sangre (matrilineal), por cooptación y por la aprobación de exámenes que median y buscaban demostrar el valor físico (mi litar), espiritual y el grado de saber de los aspiran tes. Estas pruebas estaban a cargo de los Uzaques o caciques, de sus sacerdotes (Ogques o Xeques y Mohanes) y de sus militares o capitanes princi pales (güechas).

El heredero de un cacique tenía que ser hijo de una hermana suya; esto, con el fin de eliminar cualquier duda respecto al parentesco con dicho cacique. Si el cacique no disponía de un sobrino por parte de sus hermanas, se procedía a un inte resante y pintoresco procedimiento que Alfredo Iriarte relata en la siguiente forma: "Consistía en colocar a dos de los más bizarros y fornidos güechas frente a una doncella, escogida también entre las más garridas y hermosas de la comuni dad. Tanto los dos guerreros como la bella debían comparecer a la transcendental ceremonia com pletamente desnudos. Los encargados de emitir el fallo debían estar atentos a las reacciones de los mancebos frente a la perturbadora catadura de la doncella. Si uno de ellos, o ambos, mostraban en sus partes nobles la mínima excitación ante los encantos de la dama, eran eliminados en el acto por considerarse que una vulnerabilidad tan in mediata a las fuerzas seductoras de la mujer los incapacitaba para el ejercicio recto de los altos menesteres del gobierno. Solo el que pasando por la sobrehumana prueba lograra mostrar una total impasibilidad en las zonas más sensibles de su cuerpo se juzgaba como apto para suceder al cacique. (^{Álvarez Collazos, 2009}, p.63)

Entonces, se tiene que, el mecanismo o la metodología en la elección de líderes y "funcio narios" (si se les puede dar esta denominación) en la cultura muisca pretendía garantizar me diante el reclutamiento las condiciones idóneas del candidato para lograr el bien común en las decisiones a su cargo, por un lado existe la ca pacitación realizada en La Cuca (requisitos de formación) y a forma de verificación teníamos el ritual simbólico de habilitación para el ejercicio del cargo. Tenemos el símil de los requisitos de formación o experiencia para poder ingresar a concursar para un empleo público en un concur so de méritos (el equivalente a la formación en La Cuca) y por otro lado la prueba de conoci mientos (como ritual simbólico de iniciación en el servicio público ).

En la transición del Estado Absolutista al Estado Moderno aparece el modelo burocrático descrito por Max Weber que ha de servir como un mecanismo de materialización de la decisión política y de control al aparato del Estado en la garantía de sus fines, mediante la separación en tre la política y la burocracia.

Separación política-burocracia

Con las logiasse dio la aparición del Estado Moderno, con el cual surge de forma paralela la separación entre la actividad política y la bu rocrática, entendida la primera actividad como la determinación del rumbo de los pueblos y la segunda como la configuración del órgano eje cutor de la decisión política, en relación con di cha configuración surge el Sistema de Mérito y de Carrera Administrativa, como una forma de garantizar mediante la elección del funcionario: 1) la capacidad del órgano ejecutor en la mate rialización de las decisiones políticas; y 2) la imparcialidad en las decisiones jurisdiccionales mediante la estabilidad en el empleo y el some timiento a la ley en las decisiones del funciona rio, sobre el particular refiere Augusto ^{Álvarez Collazos (2009}):

Sistema de Mérito y de Carrera Administrativa:

Él Sistema de Mérito y de Carrera Administrativa es una concepción de la administración de perso nal en el sector público que pretende la selección y promoción de los empleados, teniendo como base principal la idoneidad, capacidad y mérito de la persona.

Los supuestos básicos sobre los cuales se inspira un sistema de servicio civil o Carrera Adminis trativa son:

La burocracia se caracteriza por la profesionalización de sus participantes. Cada funcionario de la burocracia es un profesional. (p.14)

Cuando surge el Estado Moderno con el prin cipio de Rol del Estado como garante, aparece la preocupación por la búsqueda de la felicidad de los administrados y la consecuente necesidad de asegurar la prestación de los servicios a car go del Estado de una forma eficiente y eficaz; en contraposición con el Estado Absolutista que como antecedente visualiza en la población en sus "súbditos" los sujetos depositarios de la vo luntad del poder absoluto.

El termino Estado, como forma de organización política de la sociedad, fue inicialmente utilizado por Maquiavelo, quien en el primer capítulo del Príncipe afirma que: ... Cuantos Estados, cuan tas denominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana, fueron y son Repúblicas o Principados ". Al término de la Edad Media se produjo una transformación en la organización política y social europea, cuando el Monarca concentró en su persona los privilegios de los se ñores feudales, de los gremios y de las ciudades y adquirió un poder absoluto, centralizando toda autoridad en sus manos. Por su parte, Suecia, Prusia, Austria, Rusia y España, principalmen te organizaron el funcionamiento del poder de acuerdo con los siguientes principios: "La volun tad del Rey es la Ley"; "El Rey no se equivoca"; "El rey no puede causar daño"; por lo que, si los gobernados, los súbditos, deben su persona, sus bienes y sus privilegios al Monarca, solamente podrían llegar a esperar que la gracia de este los favoreciera con su benevolencia. (Ramos, 2014, p.29)

Como se puede observar en el Estado Abso lutista el ejercicio del poder, los principios de soberanía del Monarca, irresponsabilidad e indemandabilidad, en lo político y en el aparato administrativo los cargos públicos eran de pro piedad del soberano, sobre el particular refiere ^{Álvarez Collazos (2009}), en relación con los mecanismos de selección de funcionarios:

Sistema Patrimonialista: El sistema patrimonialista se caracteriza por considerar los car gos públicos como de propiedad privada, como bien de un gobernante o de quien ejerce el poder, quien puede disponer de ellos en la forma en que le parezca más conveniente; estos puestos se pue den comprar, donar o heredar y son susceptibles de valoración económica. (p.14)

Contrario al principio axiológico del bien común y el modelo burocrático weberiano de la administración pública contemporánea, en el Estado Absolutista el Sistema patrimonialis ta implicaba una lógica de costo-beneficio en la actividad gubernamental o en otras palabras, una lógica de rentabilidad en las acciones. Por lo anterior la profesionalización del servicio pú blico implica la remuneración o trabajo asala riado del funcionario, para que su actividad se desprenda de las lógicas de rentabilidad y se ga rantice la imparcialidad en la toma de decisiones a su cargo, sometidas únicamente al principio de legalidad.

Sin embargo, como fenómeno no deseado dentro de las democracias formales tenemos el sistema clientelista como un fenómeno de apro piación del aparato del Estado y fenómeno de parcialización de la función pública. El fenóme no en comento se posibilita en democracias dé biles en las cuales el sistema electoral y el elec torado pueden ser manipulados bajo promesas como la del acceso a una solución de ocupación laboral:

Sistema de botín político o spoiled system:

El sistema de botín político corresponde a aque lla concepción de que los cargos públicos deben ser desempeñados por personas adeptas al movi miento político que obtenga la victoria electoral o simplemente que detente el poder. Ello implica que los funcionarios no necesariamente serán se leccionados dentro de los más capaces o de ma yores méritos, sino que entre aquellos que tengan mayores influencias y mejores padrinos políticos. La estabilidad del funcionario no está garantiza da y cualquier cambio político puede ocasionar su remoción.

El sistema de botín político utiliza el aparato estatal como un medio para lograr el pago de favores electorales y también como instrumento indispensable para asegurar los votos requeridos que garanticen la permanencia del grupo político en el poder.

El origen del nombre botín político se debe pre cisamente al hecho de que al lograr una victoria electoral se considera que debía otorgarse una recompensa al partido o grupo que resulta victo rioso. (^{Álvarez Collazos, 2009}, p.14)

Ampliando el punto, el principio axiológico del bien común se ve comprometido en relación al juego de poderes cuya finalidad es la apro piación del aparato del Estado y los beneficios emanados de este.

La despolitización y los procesos de clientelismo político, corporativismo, corrupción y apropia ción criminalidad del Estado

El fin de los antiguos era la distribución del po der político entre todos los ciudadanos de una misma patria: ellos llamaban a esto libertad. El fin de los modernos es la seguridad en los goces privados: ellos llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para estos goces. (^{Constant, 1820}, p.253)

En los procesos de despolitización inmersos en la sociedad de las mercancías y las lógicas de la modernidad líquida, han dado como resulta do un contexto propicio para el individualismo y el menosprecio del pensarse en colectivo. Los ciudadanos ven como ineficaz su participación en procesos políticos, los cuales perciben como lejanos de la realidad e intrascendentes para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Contrariamente al punto de vista de Freud, el análisis que se ofrece en este libro se funda so bre el supuesto de que el problema central de la psicología es el que se refiere al tipo específico de conexión del individuo con el mundo, y no el de la satisfacción o frustración de una u otra ne cesidad instintiva per se; y además, sobre el otro supuesto de que la relación entre individuo y so ciedad no es de carácter estático. No acontece como si tuviéramos por un lado al individuo do tado por la naturaleza de ciertos impulsos, y por el otro a la sociedad que, como algo separado de él, satisface o frustra aquellas tendencias in natas. Aunque hay ciertas necesidades comunes a todos, tales como el hambre, la sed, el apetito sexual, aquellos impulsos que contribuyen a esta blecer las diferencias entre los caracteres de los hombres, como el amor, el odio, el deseo de poder y el anhelo de sumisión, el goce de los placeres sexuales y el miedo de este goce, todos ellos son resultantes del proceso social. Las inclinaciones humanas más bellas, así como las más repugnan tes, no forman parte de una naturaleza humana fija y biológicamente dada, sino que resultan del proceso social que crea al hombre. En otras pa labras, la sociedad no ejerce solamente una fun ción de represión -aunque no deja de tenerla-, sino que posee también una función creadora. La naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias son un producto cultural; en realidad el hombre mismo es la creación más importante y la mayor hazaña de ese incesante esfuerzo humano cuyo registro llamamos historia. (^{Merton, 2010}, p.209)

La modernidad líquida caracterizada por la precariedad, transitoriedad de las relaciones en una lógica costo-beneficio favorece los procesos de despolitización y apatía a pensarse en colec tivo; una sociedad en la cual la posibilidad de la desconexión es más llamativa que la posibilidad de relaciones duraderas, dicha tendencia favo rece los procesos de despolitización pues los ciu dadanos perciben su bienestar como el resultado de su actividad individual y no como el efecto de la acción colectiva, en consecuencia lo ético público desde lo económico (entiéndase como la posibilidad de bienestar) se desplaza a lo ético individual o gremial, mediante la búsqueda de alianzas en grupos reducidos que permitan a sus integrantes acceder a beneficios para ese grupo en particular. Surge en este contexto fenómenos como el Clientelismo Político, el Corporativis mo y la Apropiación Criminalidad del Estado.

Clientelismo Político. La ética de lo publico pierde su principio axiológico, en un contexto despolitizado en el cual la actividad política es visualizada como sucia, corrupta, viciada y al servicio de intereses particulares, los ciuda danos, funcionarios y políticos entienden como connaturales a dicha actividad las prácticas de corrupción y de apropiación de los beneficios emanados del Estado con la consecuente des legitimación de su función o afectación al bien común y debilitamiento de la Administración Pública.

La apropiación del Estado por intereses par ticulares desvía la inversión pública que direcciona sus recursos a un objetivo distinto de la satisfacción de los requerimientos sociales y en consecuencia el bienestar colectivo se ve afec tado, teniendo como efecto la pérdida de con fianza ciudadana en la Administración Pública, entonces si los ciudadanos perciben que los es fuerzos colectivos no tienen una relación directa con el mejoramiento de sus condiciones de vida, que la inversión de los recursos públicos no está encaminada en la resolución de los requerimien tos sociales, construyen una visión de los bene ficios emanados del Estado como un botín a ser conquistado o apropiado mediante la actividad electoral en un Sistema Clientelista. Sobre el particular refiere James ^{Scott (1970}):

el clientelismo es una forma de intercambio in terpersonal, que implica una larga amistad ins trumental en la cual un individuo de más status socioeconómico (patrón) usa su propia influencia y recursos para proporcionar protección y/o be neficios a una persona de menos status (cliente); a su vez, este corresponde al patrón al ofrecerte apoyo y asistencia general, incluidos sus servi cios personales".

También manifiesta José ^{González Alcantud (1997}):

son varios los vectores que coinciden en la forma ción del clientelismo como universal antropológi co. El primero, su vínculo infraestructural con el intercambio de bienes. En segundo lugar, su rela ción con el parentesco y el territorio . El ethos del clientelismo, nucleado en derredor del honor y del intercambio simbólico, sería el basamento ideoló gico del contrato diàdico en tercer lugar. El cuarto término que incide en su constitución será la vida política municipal. El quinto y último el vínculo con el Estado nacional, a través de los partidos y de la burocracia fundamentalmente". (p.21)

En Colombia manifiesta sobre el particular el profesor Jesús ^{Molina (2004}):

En Colombia, hasta la década de los 90, son po cas las entidades públicas de los niveles sectoria les y territoriales exentas de prácticas donde los nombramientos administrativos, la adjudicación de contratos, la focalización de beneficiarios y la toma de decisiones no tengan como finalidad el pago de favores, la reproducción de clientelas y el ascenso y enriquecimiento de figuras políti cas. A tal punto, la cuestión, que algunos analistas han caracterizado el sistema político colombia no como el "Sistema Político del Clientelismo". (p.7)

El clientelismo político como fenómeno de apropiación de lo público ha tenido diferentes matices en América Latina, conocido en Argen tina como el Chori Pan , en Colombia denomi nado la mermelada entre otras connotaciones, y es recurrente en los países en los cuales existe inequidad en la distribución de la riqueza, en los que se encuentra una cultura cívica precaria y

una necesidad de soluciones de ocupación labo ral, que favorecen la creación de redes de inter mediación entre los ciudadanos y una solución de ocupación laboral en el sector público.

De igual forma la implementación parcial del sistema de Carrera Administrativa favore ce el enquistamiento del sistema clientelista y la parcialización de la función pública, porque prima la excepción sobre la regla en el acceso al servicio público, dejando grados de discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios y/o contratistas que pueden ser utilizados como mecanismo de intercambio de favores tanto en el ingreso al cargo como en el desarrollo de sus funciones competencia, en medio de una suerte de relaciones Patrón-Cliente , el primero enten dido como el individuo dotado de poder político que tiene la posibilidad de decidir sobre el acce so al empleo público o el contrato y el segundo entendido como el individuo que ha de ser instrumentalizado, como maquinaria electoral para perpetuar el poder del primero, que a su vez en tregará el beneficio emanado del control sobre el poder político (cargo público o contrato) como contraprestación por el apoyo en comicios y la lealtad a la que se sujeta en el ejercicio del cargo.

Corporativismo. Entendemos por corporati vismo la apropiación del aparato del Estado por intereses particulares, que le utilizan para salva guardar o potenciar sus situaciones de privile gio económico, mediante el direccionamiento de las decisiones políticas y/o administrativas a cargo de autoridades públicas susceptibles a su influencia.

Sobre el particular refiere el profesor Jesús

María ^{Molina Giraldo (2009}) de la Escuela Su perior de Administración Pública en Colombia:

Una segunda lógica, para que el poder de Estado deje de operar con móviles públicos está dado por las lógicas de corporativismo que al interior de él puedan operar. La igualdad política predicada por el Estado moderno de todos los ciudadanos ser iguales ante la ley, deja de operar, al concederse a determinados sectores de la sociedad más recur sos de acceso e influencia para tramitar sus intere ses y demandas. Dentro de las mismas institucio nes del Estado, se crean estructuras de consulta o de decisión que terminan por dar cabida privile giada a determinados actores de la sociedad, con los cuales se negocia o consulta en exclusiva o prioritariamente (Meny,1992). Así mismo, que llevan a no ser visto con malos ojos ni se prohíba su presencia e injerencia en la confección de le yes para regular o imponer cargas tributarias a sus propias actuaciones.

Este corporativismo, hace alusión a la injerencia de organizaciones privadas con intereses particu lares, en el direccionamiento del Estado, como así mismo, en muchos casos, en crear correas por parte del Estado para fortalecer su control sobre la sociedad. Aludir al corporativismo, no hace refe rencia a aquel practicado por Franco o Mussolini, donde se crearon pactos con cuerpos de empresa rios y trabajadores para el control de la población y el fortalecimiento del Estado (Schitter, 1992). En el momento actual, estará sobre todo domi nado el corporativismo por el predominio en la escena política del Estado de representantes del sector financiero, comercial, militar o productivo. Organizados bajo la forma de gremios, grupos o corporaciones privadas, llevarán a que las autori dades de Estado valoren y visibilicen sobre todo sus actuaciones e intereses antes que las del grue so de la sociedad". (p.44)

En el orden de ideas anteriormente expuesto, grupos de interés apoyan campañas electorales con la finalidad de ver materializada su repre sentación en el Parlamento y en el órgano ejecu tor del Estado, en este sentido refiere nuevamen te Molina (2009) en el caso colombiano:

Un ejemplo de lo anterior, sin ser privativo de él, está dado por la campaña del Presidente actual, Álvaro Uribe Vélez, en su primer mandato. Esta fue dirigida por reconocidos empresarios, luego recompensados, al ser nombrados varios de ellos en cargos públicos. Un exdirectivo de FENALCO en el Ministerio del Interior, otro de la SAC en el Ministerio de Agricultura, uno más de la ANIF en el Ministerio de Desarrollo y de Comercio Exte rior y otro empresario destacado en el Ministerio de Defensa.

Y, aunque esto parezca una suspicacia, no deja de llamar la atención, que en reformas tributarias, los mismos sectores hayan encontrado gabelas y se les haya permitido por ejemplo en el 2002 y 2003, que las tasas impositivas hacia el sector comercial se redujeran, en el agrícola se dejara de lado el tema tributario y el financiero se benefi ciara. Tampoco que varios de ellos, aportantes a su campaña en el 2002, se hayan visto beneficia dos con el otorgamiento de concesiones o jugosos contratos. (p.45)

Decisiones, contratos, concesiones, nombra mientos, entre otros, constituyen la mercancía de intercambio en las contiendas electorales a cambio de financiamiento de las campañas de los candidatos que en secreto defienden los in tereses de los sectores económicos y manipulan las decisiones a cargo del Estado para favore cerles, en contra del bien común como principio axiológico de la Administración Pública.

Lo anterior posibilita que los requerimientos sociales del grueso de la población no se vean satisfechos por la actividad gubernamental, en consecuencia la ciudadanía visualiza una Admi nistración Pública lejana y al servicio de intere ses distintos al interés general y el bien común; por lo tanto se abstiene de la participación en política o la utilizan únicamente para reivindicar sus pequeños intereses particulares en la lógica de un sistema clientelista.

Corrupción. Una de las consecuencias del acceso al aparato del Estado por medio de las lógicas del Sistema Clientelista es la parcialización de la función pública, en otras palabras, cómo el ingreso del funcionario se da por fuera del principio de mérito como mecanismo de se lección de personal en el sector público, su esta bilidad o permanencia en el desarrollo del cargo es precaria e influenciable por la persona que ha determinado el ingreso, en consecuencia se ge nera una relación de lealtad entre el Patrón y el Cliente, dicha relación se extiende a las decisio nes que se tomen en el ejercicio del cargo, las cuales quedan a disposición del patrón. Sobre el particular refiere Molina (2009):

A las lógicas de clientelismo y corporativismo, por donde claramente se evidencia la inserción del poder del Estado, se suma una de carácter más reciente, hoy ampliamente conocida y denomina da: Corrupción. Entendida no solamente como la desviación en las funciones y cargos públicos para la apropiación privada de los recursos y de cisiones del Estado en contra de la normatividad legal, sino así mismo, en contra de los principios, propósitos y valores públicos instaurados por el sistema político y la misma sociedad como fines deseables (Salem, 2002). Ha llevado la corrup ción a que el poder del Estado, quede ampliamen te amenazado por redes estatales-privadas loca les, regionales, nacionales e internacionales, que saquean los recursos públicamente recaudados o apropian ilegalmente decisiones para favorecer a actores o sectores determinados.

Redes de corrupción de alto y bajo nivel que me diante prácticas de extorsión, sobornos, hurtos, exenciones, amenazas, extracción de información o desplazamientos del sector privado al público estatal, han copado las instituciones estatales, al punto, que muchos de ellos han entrado en cri sis de gobernabilidad por las repercusiones que acompañan dichas prácticas. A nivel internacio nal, el fenómeno ha merecido cada vez más la atención de los países, al punto de que las cum bres de los organismos multilaterales como la OCDE, OEA o la ONU las han incorporado como un tema de sus agendas, y han emprendido una serie de acciones para hacer que los países que participan de ellas firmen acuerdos contra las prácticas de corrupción, relacionadas con la ac tuación de sus empresas multinacionales, o bien relacionadas con el lavado de activos. (p.50)

La corrupción es un efecto del clientelismo y el corporativismo, que como fenómenos a su vez son efecto de la implementación a medias del sistema de mérito como mecanismo de se lección de personal en el sector público, bajo las lógicas y disfunciones del sistema democrático, entre las cuales encontramos la posibilidad de manipulación de los sistemas electorales, entre otras, resultado de instituciones débiles y una cultura cívica precaria.

Apropiación Criminalidad del Estado. De forma similar como los grupos o sectores econó micos hacen valer sus posibilidades de influen cia en los procesos electorales y en la actividad de Estado, los grupos criminales hacen valer su influencia.

A las lógicas descritas de clientelismo, corpora tivismo y corrupción se suma otra íntimamente relacionada con la anterior, pero diferenciada: la Criminalidad. Manuel Castells (1998), en uno de sus capítulos sobre la sociedad red, llama la atención sobre la globalización de la criminalidad para señalar las redes perversas que operan a ni vel internacional. Estas, que trafican con todo tipo de drogas, de armas y humanos mediante trata de blancas, niños, esclavos y emigrantes, se han or ganizado bajo estructuras criminales como la ma fia siciliana, la mafia rusa, la yakusa japonesa, los carteles colombianos y los carteles mexicanos o los traficantes pakistaníes. En contextos particu lares como el colombiano, a las lógicas aludidas, se ha sumado otra modalidad criminal denomina da: clientelismo armado. Este término ha sido uti lizado por algunos analistas para mostrar, cómo en algunas zonas amenaza, los actores armados han impuesto por la fuerza a funcionarios y han extraído recursos de los fiscos municipales y re gionales. Se trata también, de la alianza de ellos con ciertas redes partidistas políticas cuya con secuencia es que los cargos del Estado quedaran empeñados en proyectos militaristas, genocidas y del narcotráfico. (Molina, 2009, p.58)

En el caso colombiano, el narcotráfico, los grupos insurgentes y las bandas criminales en el contexto del conflicto interno colombiano apro piaron en algunos municipios la administración, escándalos como la parapolítica, las farcpolítica dan cuanta de cómo los grupos insurgentes y grupos paramilitares apoyaron campañas de senadores y representantes a la Cámara, constri ñendo a la ciudadanía a votar por dichos candi datos e intimidando a los candidatos considera dos contrarios para abandonar sus pretensiones políticas. De igual forma los grupos anterior mente mencionados influían en el nombramien to de servidores públicos para direccionar los recursos de la contratación estatal con grave de terioro del erario.

CONCLUSIONES

Las lógicas de la modernidad líquida favo recen los procesos de despolitización y el debi litamiento del fenómeno público, facilitando la apropiación del Estado por intereses particula res. Sin embargo, las herramientas disponibles en la sociedad red de la que habla Manuel Cas tells (2004), son una alternativa para la cons trucción de opinión pública, concertación de los intereses de los diferentes sectores de la pobla ción, direccionamiento y control de la gestión pública, entre otros procesos que se pueden dar a la luz pública facilitada por las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Como se ha visto con anterioridad, la preocu pación por el control de los desbordes de poder en el ejercicio de las funciones a cargo del Es tado, ha dado como resultado diferentes estrate gias y sistemas para garantizar el buen funcio namiento de la Administración Pública, desde: 1) los sistemas de reclutamiento y selección de funcionarios, 2) los Sistemas de Control Interno de Gestión, 3) los Regímenes de Responsabili dad de los Servidores o Funcionarios Públicos. Sin embargo, los fenómenos de clientelismo, corporativismo, corrupción y apropiación crimi nal del Estado siguen siendo frecuentes.

Indudablemente, la capacidad de pensarse en colectivo ha de ser insumo previo para la contracción de una "ética de lo público", el entender que el propio accionar tiene consecuencias con el entorno, las cuales han de irradiar sus efectos en nuestras propias vidas es el principio para ge nerar conductas de autorregulación en las perso nas investidas de autoridad estatal. El respeto al derecho sin la convicción de la utilidad que di cho respeto encarna, se constituye simplemente en miedo a la retaliación o al reproche punitivo emanado del Estado y sin embargo las personas que optan por contrariar el ordenamiento legal, en la mayoría de las ocasiones lo hacen con la intensión de que han de salir impunes.

Las funciones y cargos públicos tienen su única razón de ser en el servicio al interés general. El deber de servicio al interés general puede desde luego anclarse en fundamentos éticos en gene ral, ético-públicos en particular, como recono cen muchos autores (por todos, González Pérez, 1996, p.31). Así, es un tópico entre los estudio sos norteamericanos en la materia el reiterar la insuficiencia de disciplinas como el Derecho para prevenir o remediar un fenómeno de tan dis persas prolongaciones cual es la corrupción. Es más, la labor del Derecho en este campo se verá seriamente entorpecida si quienes ostentan las más elevadas responsabilidades públicas no son conscientes en su fuero interno de que la única fuente de legitimación de su poder reside en la confianza ciudadana, otorgada solamente en aras del servicio al interés general. (To Serve with Ho nor, 1989, p.1).

Esta misma fuente se refiere así a la necesidad de forjar un "entorno ético-público", en que los valores de servicio a la comunidad constituyan fundamento de actuación cotidiana de los poderes públicos. Y esta es también la idea subyacente en las conclusiones de una obra tan interesante como importante en la doctrina española:

la opción final a favor de la actuación ética es monopolio de cada empleado público y en ese contexto íntimo es donde ocupan su verdadero papel los valores profesionales y los códigos de conducta", por lo que, "cuando hablamos de ética para los empleados públicos tratamos de enseñar a estos cómo respetarse a sí mismos cumplien do su esencial labor. (Villoría Mendieta, 2000, pp.190-191)

A pesar de todo, una cosa es reconocer la insufi ciencia del Derecho con vistas a prevenir y reme diar la corrupción, y otra bien distinta neutralizar su función. De hecho, por más que el "espíritu" de la medida anti-corrupción que el poder públi co adoptase recogiera las sugerencias de discipli nas no jurídicas -e insistiera especialmente, por ejemplo, en las virtudes de la formación-, un cau ce esencial de articulación de tales medidas será siempre el de la norma jurídica. (^{García, 2001}, p.132)

La convicción de participar en la construc ción de un proyecto de sociedad y de ser partí cipe de los beneficios emanados de este, genera una actitud propicia para el buen desarrollo del servicio público, la reflexión en torno al cómo vivimos se hace importante en la medida que se vinculan a todos los actores sociales, guberna mentales, económicos, etc., en la consecución de un proyecto de futuro o sociedad.

El individualismo propio de la modernidad líquida y de la sociedad de las mercancías en la cual el dinero se visualiza como la panacea para conjurar todas las enfermedades del alma, debe ser desplazado por una visión colectiva que per mita encontrar en el otro y en el mejoramiento de sus condiciones de vida un propósito en sí mismo, es un problema de solidaridad. Parafra seando el discurso del presidente uruguayo Pepe Mujica ante la ONU en 2013:

"Es decir nuestra civilización montó un de safío mentiroso y así como vamos, no es posi ble para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. En los hechos se está masificando como una cultura de nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro, y en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza, contra la huma nidad como futuro. Civilización contra la senci llez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales. (Mujica, 2013)

Siguiendo el punto manifiesta Mujica:

Lo peor: civilización contra la libertad que supo ne tener tiempo para vivir las relaciones huma nas, lo único trascendente, el amor, la amistad, aventura, solidaridad, familia. Civilización contra tiempo libre no paga, que no se compra, y que nos permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. Arrasamos la selva, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con ca minadores, al insomnio con pastillas, la soledad con electrónicos, porque somos felices alejados del entorno humano. Cabe hacerse esta pregun ta, huimos de nuestra biología que defiende la vida por la vida misma, como causa superior, y lo suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación. La política, la eterna madre del acontecer humano quedó limitada a la economía y al mercado, de salto en salto la política no puede más que perpetuarse, y como tal delegó el poder y se entretiene, aturdida, luchando por el gobierno. Desbocada marcha de historieta humana, com prando y vendiendo todo, e innovando para poder negociar de algún modo, lo que es innegociable. Hay marketing para todo, para los cementerios, los servicios fúnebres, las maternidades, para padres, para madres, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. (Mujica, 2013)

La ética de lo público debe estar ligada inescindiblemente de una comprensión bioética del mundo, porque es el mundo en donde vive el ser humano y se administra para las personas, no para las ciudades, no para el concreto, no para la economía, no para el poder como un fin en sí mismo.