CLIENTELISMO ARMADO: UNA BREVE DESCRIPCIÓN

El debate sobre el concepto de clientelismo en Colombia no es uno reciente, varios han sido los estudios que en torno a este fenómeno han sido publicados y discutidos por los especialistas en el tema. Autores como ^{Ocampo (2014)}, ^{De León (2011)}, ^{Moreno (2002)}, ^{Miranda (1977)}, ^{Losada (1984)}, ^{Gutiérrez (1998)}, ^{Rubio (2003)}, Leal y ^{Dávila (2010)} y ^{Pino y Cárdenas (2016)}, entre otros, lo han abordado desde distintas miradas, las cuales van desde analizarlo como un esquema político de dominio, como forma de privatización de la vida pública, como mecanismo de dominio de una clase económica sobre otra, hasta concebirlo como forma de intercambio de bienes en época electoral que se encuentra, además, en continua evolución y adaptación.

No obstante, dentro esta pluralidad de definiciones y acercamientos es posible identificar el concepto de “clientelismo armado”, el cual, si bien ha sido igualmente explorado, constituye una herramienta teórica interesante para el acercamiento a las dinámicas políticas y sociales de nuestro país. Así, ^{Peñate (1999)}, por ejemplo, desarrolla un análisis sobre el clientelismo armado utilizado por las organizaciones guerrilleras, tomando como caso de estudio el Frente Domingo Laín, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera en el departamento de Arauca, logrando evidenciar cómo esta organización armada se dio cuenta de que para construir una base social sólida no bastaba con el discurso ideológico, sino que era necesaria también la presión armada sobre las administraciones locales como forma efectiva de interceder frente a las necesidades de las poblaciones que habitaban los territorios bajo su control.

En este sentido, el presente trabajo busca establecer cómo operó, en el caso del paramilitarismo presente en la región caribe colombiana, la Reconfiguración Cooptada del Estado como una forma de clientelismo armado. Para ello, se abordarán, en primer lugar, las concepciones teóricas que guían el análisis; pasando posteriormente, en un segundo momento, a una reconstrucción del control paramilitar en el Caribe colombiano durante el periodo 2002-2006 y describiendo, en el tercer apartado, cómo ha sido la captura criminal de la administración pública en la región caribe colombiana. En un cuarto apartado se muestran la influencia y magnitud de los pactos entre políticos y paramilitares en el Caribe colombiano y se esbozan, finalmente, algunas conclusiones derivadas del análisis y otras en clave de posibles futuras investigaciones sobre el tema.

Así, la técnica de análisis que se utilizó es la derivada del análisis hermenéutico de documentos y textos. La investigación de los documentos se forja sobre testimonios humanos, fundamentalmente los escritos. En este caso, la fiabilidad se da con la verificación de la autenticidad del documento, la competencia de quien lo produce, sus conocimientos sobre el tema, su ideología, pertenencia a una organización, movimiento o partido político y el fin que busca el documento (^{Ragin, 2007})¹.

RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO, CLIENTELISMO ARMADO Y AUTORITARISMO SUBNACIONAL: PRECISIONES CONCEPTUALES.

Como ya se ha sostenido en el presente trabajo, la literatura sobre el clientelismo, y de manera más específica del clientelismo en Colombia, ha sido desarrollada desde diferentes perspectivas. Varias de ellas se han nutrido de aproximaciones conceptuales realizadas en otras latitudes y otras, por el contrario, han encontrado en el caso colombiano uno con todas las características necesarias para el desarrollo de nuevas interpretaciones dado su dinamismo y peculiaridad.

Así, por ejemplo, ^{Garay y Salcedo (2008)}, han construido la categoría conceptual de “Captura del Estado” (CdE) para denominar la forma mediante la cual algunos grupos de interés persiguen influir en la formulación, aplicación e interpretación de las normas legales para lograr beneficios de tipo económico a corto y mediano plazo². Esto, según los autores, se realiza en una primera fase a través de prácticas corruptas como el soborno; sin embargo, conforme avanza el fenómeno avanzan también las prácticas utilizadas hasta llegar a la captura instrumental de partidos o movimientos políticos o de otras instituciones sociales para alcanzar sus fines.

Ahora bien, para el presente trabajo, sin embargo, será utilizado el término de “Reconfiguración Cooptada del Estado” (RcdE), también desarrollado por ^{Garay y Salcedo (2012)} para describir un nivel mayor y más complejo de Captura del Estado, toda vez que en esta se persigue no sólo un beneficio económico, sino que en esta etapa el cooptador puede pretender acompañar este beneficio con poder político, impunidad legal y, además, ganar legitimidad social³.

Cuando nos referimos a Reconfiguración Cooptada del Estado, hablamos entonces de una fase mucho más avanzada de influencia en el aparato estatal y en la sociedad toda vez que se tiene un objetivo mucho más ambicioso e integral. Para el caso puntual de Colombia, según lo señalan ^{Garay y Salcedo (2008)}, el proceso de RcdE es uno particular toda vez que ha sido impulsado con la decisiva participación de grupos ilegales y, por ende, los actores, procedimientos y alcances son bastante más complejos que en los esquemas clásicos de captura del Estado.

De acuerdo con lo anterior, resulta acertado entonces afirmar que los procesos de RcdE ocurren, según ^{Garay y Salcedo (2012)}, en contextos de corrupción avanzada, presentando las siguientes características:

A partir de esta caracterización, la RcdE puede definirse como: “La acción de agentes sociales legales e ilegales, que, mediante prácticas ilegales o legales, pero ilegitimas, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego social y de las políticas públicas” (^{Garay y Salcedo, 2012}, p. 36).

En este sentido, se afirma que la RcdE tuvo lugar en la región caribe colombiana como forma de penetración de los grupos armados ilegales en las estructuras del Estado para conseguir fines preestablecidos. Sin embargo, se afirma también que este proceso de RcdE hace parte de lo que ^{De León (2011)} ha definido como clientelismo armado; es decir, como una forma de privatizar la vida pública al apropiarse de bienes comunes a través de la fuerza o la amenaza real de su uso⁴.

La premisa principal del clientelismo armado es la relación política entre patrones y clientes, mediada por un grupo armado ilegal que tiene control sobre un territorio. Así, en vez de comprar votos, dar comida u ofrecer otras prebendas a los votantes, este mecanismo utiliza una herramienta más efectiva para movilizar votos: la coerción con el uso de la violencia, de las armas⁵.

Según afirma Gallego (2018), en el “clientelismo tradicional lo que pasa es que “el político le da bienes y servicios al cliente, que es el votante, a cambio de apoyo político, que usualmente incluye el voto. Muchas veces en el clientelismo tradicional hay una figura importante que es la que llamamos el intermediario o el bróker.”

Sin embargo, afirma también, en países grandes y elecciones numerosas resulta imposible que el político tenga comunicación directa con todos los votantes y para eso son los líderes barriales, los ediles, las juntas de acción local. Esa es la red clientelista tradicional. No obstante, lo que exploramos “es el fenómeno en el cual ese intermediario no es una persona del común, sino que es el grupo armado, el actor ilegal, el mafioso y eso es lo que llamamos clientelismo armado”.

Este fenómeno tiene su origen, para algunos autores, en la crisis de la representación⁶ que tiene como principales protagonistas a los partidos políticos en Colombia, toda vez que estos constituyen el núcleo principal del ámbito de la representación. En palabras de ^{Medellín (2005)}, estos han perdido su capacidad para constituirse y proyectarse como una opción política de poder, lo que hace que terminen siendo absorbidos por el burocratismo y los liderazgos personalistas.

Es por esto que se afirma que los diferentes actores ilegales en Colombia han utilizado el clientelismo armado como forma para infiltrarse en el poder político local y en la clase política local y regional, utilizando, en un primer momento, la violencia como intención de apropiación o injerencia en distintas situaciones estatales⁷. De esta forma, a través del clientelismo armado, han logrado establecer un importante control militar y una evidente penetración en política y en la economía local.

A través del clientelismo armado predominante en las zonas rurales, diferentes actores ilegales penetraron los municipios, desplazaron otros grupos presentes en el territorio y se establecieron como actores hegemónicos (Rodríguez, et; al. 2008). Tal como lo afirma ^{Álvaro (2007)}, la táctica usada por los grupos paramilitares para acceder al poder político local fue la del clientelismo armado, es decir, la apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas.

El clientelismo armado permite a los diferentes actores, señala ^{Álvaro (2007)} refiriéndose a los actores paramilitares, acceder a representaciones de poder importante en los cuerpos legislativos de la Nación y dominar los gobiernos locales de sus zonas de influencia a través de sus redes o a través de alianzas con políticos tradicionales. Las formas adoptadas por este tipo de clientelismo son las mismas del clientelismo tradicional, a saber: contratación en cargos públicos de personal recomendado por los actores ilegales, retención de un porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pago de coimas por los contratistas, entre otras.

De manera que esta forma de clientelismo, el clientelismo armado, necesita también, como el clientelismo tradicional, una fuerte coordinación con los actores institucionales del nivel subnacional para lograr la influencia deseada en el sistema político, social y económico del territorio. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, los partidos políticos la instancia más apetecida por los grupos ilegales para este fin toda vez que constituyen la plataforma institucional legítima para acceder a la maquinaria estatal.

Por ello, se presenta claramente el riesgo de que mediante dicha plataforma puedan acceder al poder personas o grupos que buscan favorecer sus propios intereses, por lo que los partidos políticos pueden, finalmente, llegar a perjudicar al Estado mediante su clientelización y aprovechamiento como instrumento efectivo para el reparto de rentas entre grupos privilegiados sin tener ninguna contraprestación de carácter público o colectivo (^{Garay y Salcedo, 2012}, p.68)⁸.

En palabras de ^{Della Porta (1996)}, sería lógico afirmar que la búsqueda de un mayor número de votantes llevaría a los partidos a representar las opiniones y los intereses de varios grupos de ciudadanos. Sin embargo, la difusión de la corrupción política parece haber cambiado la estructura de las preferencias electorales, privilegiando el uso clientelar como objeto de intercambio, es decir, voto a cambio de favores.

Retomando a ^{Garay y Salcedo (2008)}, se podría afirmar entonces que los agentes captores, incluyendo los ilegales, buscan capturar a los partidos políticos como medio para ingresar a la maquinaria estatal y, posteriormente, manipular dicha maquinaria para lograr sus fines particulares⁹. Los partidos políticos y, en general, el sistema político configurado en el nivel local se convierte, sin duda, en un mecanismo de consolidación de diferentes grupos de interés en el territorio.

En países como Colombia, esta dinámica resulta recurrente además por el proceso de democratización en el que se encuentran nuestras “periferias” aun cuando se sostiene que, a nivel nacional, se han producido importantes avances democráticos. En palabras de ^{Gibson (2006}), es la prevalencia del poder de las élites políticas tradicionalmente fuertes la que hace que persistan y se reproduzcan las dinámicas clientelares, denominando a este fenómeno “autoritarismo subnacional o provincial”¹⁰.

La preservación de los autoritarismos subnacionales, en los países democráticos o en proceso de democratización, es un producto evidente de estrategias territoriales perseguidas por las élites políticas locales. Así es descrito por ^{Gibson (2006)}:

El desarrollo de este tipo de tácticas es también la respuesta a los retos y oportunidades ofrecidas por la democratización nacional, por lo que las élites autoritarias subnacionales adelantan estrategias que maximizan los siguientes valores: autonomía y poder o influencia esto es, control sobre actores políticos en la provincia, autonomía de influencias nacionales, y poder sobre líderes políticos nacionales. Éstos son valores defendidos por élites periféricas en el poder, en cualquier contexto de relaciones centroperiferia, sean esas élites autoritarias o democráticas (p.214).

Otro elemento crucial de los autoritarismos subnacionales es el control de los vínculos entre diferentes niveles de organización territorial toda vez que esto asegura la predominancia en la política a nivel subnacional. Por ende, tener el control del poder localmente significa también un esfuerzo por reducir el poder de oponentes locales, cerrando espacios políticos a actores ajenos que eventualmente se aliarían con la oposición local para modificar el equilibrio de poder en contra de las élites dominantes.

Finalmente, se afirma que este fenómeno es impulsado también por un patrón sociodemográfico recurrente en la política periférica: las ciudades son sitios de diversidad social y de competencia política, mientras que las áreas rurales tienden a ser bastiones de tradición y de dominación autoritaria (^{Gibson, 2006}). En este sentido, es natural que los gobernantes autoritarios controlen los espacios locales toda vez que sus grandes maquinarias políticas controlan el voto rural. Además, poseen grandes maquinarias urbanas, por lo que el clientelismo urbano constituye una estrategia política tan vital como el clientelismo rural al buscar aliarse con diferentes actores para alcanzar los objetivos político-electorales deseados.

CONTROL PARAMILITAR EN EL CARIBE COLOMBIANO

Para el desarrollo de este trabajo se entenderá como paramilitares a: “los grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal” (^{Kalyvas y Arjona, 2008}: 29).

En Colombia estas organizaciones son productoras de violencia paraestatal, ya que por su carácter ilegal y los objetivos que persiguen, se establecen en forma paralela al Estado, es decir, no lo combaten, lo cooptan e instrumentalizan en función de sus intereses a diferencia de la insurgencia armada, cuya violencia contra-estatal busca la destrucción de la institucionalidad estatal y su sustitución por una de tipo revolucionario.

Si bien el fenómeno paramilitar logró extenderse por toda la geografía nacional. Analistas como ^{Garay y Salcedo (2012)}; ^{Ávila y Guerra (2012)}, ^{Soto (2012)}, ^{Romero, Pedraza y Olaya (2011)}, ^{Duncan (2015)}, Valencia (2007), comprueban que el proceso de control político, militar y económico que logró el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la Región Caribe fue total¹¹.

En este sentido, ^{Echandía (2013)} demuestra que la expansión paramilitar en la Región Caribe no se basó totalmente en lógicas contrainsurgentes, sino también en objetivos económicos, principalmente ligados al control del narcotráfico. De hecho, este autor comprueba que su eje de despliegue estratégico se constituye desde las zonas de cultivo y los centros de procesamiento pasando por los corredores que conducen hasta los puntos de embarque. Más específicamente, las autodefensas buscaron consolidar una especie de línea fronteriza que separara al norte del centro del país, esto con el fin de controlar totalmente los cultivos y laboratorios ubicados entre Urabá (frontera con Panamá), Bajo Cauca, sur de Bolívar y el Catatumbo (frontera con Venezuela). Rodolfo Escobedo, sintetiza lo antes expuesto, de la siguiente manera:

A partir de esta franja el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) manejó, hacia el norte, los corredores a la Costa Atlántica, Venezuela y Panamá, y en particular hacia el Chocó, el Urabá, Sucre, Bolívar, Atlántico, la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la Serranía del Perijá y los límites entre Colombia y Venezuela, desde la Guajira hasta Norte de Santander, pasando por el Cesar (^{Escobedo, 2011}: 16).

CAPTURA CRIMINAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA

El Bloque Norte de las AUC siguió la misma estrategia de control social y expansión territorial usada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Esta estrategia consistía en ganar el apoyo de la Fuerza Pública y las instituciones del Estado, establecer alianzas con políticos locales, instalar candidatos propios en corporaciones públicas y hacer ciertas inversiones económicas, con el fin de construir bases sociales (^{Zelik, 2009}); el orden social que instaló el paramilitarismo en la Región Caribe se dirigió hacia tres áreas específicas:

El accionar violento del paramilitarismo en la Región Caribe, se dirigió en contra de todas las personas, grupos u organizaciones que se opusieron o entorpecieron la construcción de este orden social. No es casual que entre los años 1997 y 2006 la fiscalía General de la Nación registrara 333 masacres en los Departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, afectando sustancialmente las bases sociales de la insurgencia (^{Ávila y Guerra, 2012}). En la práctica, esto se tradujo en una significativa reconfiguración del escenario social, político y delincuencial de esta región colombiana.

El control político-administrativo de las AUC en esta región fue tal, que debido a la presión que ejercieron sobre las Asambleas Departamentales de Cesar y Magdalena, forzaron la creación de nuevos municipios, con el objetivo de presar las rentas públicas, pero también con el ánimo de establecer y controlar las áreas estratégicas para el transporte terrestre y fluvial entre el Caribe y el interior del país, de ahí que muchos de estos nuevos municipios sean límites entre departamentos (^{Soto, 2012}; Koessl, 2014).

En esta región de Colombia, los paramilitares produjeron una literal Reconfiguración Cooptada del Estado (RcdE) en los términos señalados por ^{Garay y Salcedo (2012)} y anteriormente expuestos en el presente trabajo. La región Caribe fue, sin duda, un escenario configurado para la acción de las AUC en su calidad de agente social ilegal ya que logró, “(…) mediante prácticas ilegales o legales, pero ilegitimas, modificar desde dentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego social y de las políticas públicas” (Garay y Salcedo, 2012: 36)¹².

En este contexto, se da la alianza entre paramilitares y políticos locales, que ha sido conocida en Colombia como la “parapolitica”. Al respecto, Valencia (2007) propone dos hipótesis para entender este fenómeno. La primera, apunta a la ‘exitosa’ expansión territorial de los paramilitares. En los territorios bajo su control, establecieron fuertes controles sociales, basados en el uso de la fuerza. En este marco de control total del territorio, deciden participar activamente en campañas políticas con el fin de afianzar su influencia política regional y nacional, y entrar con mayor seguridad en un proceso de negociación con el Estado (como efectivamente sucedió)¹³.

La segunda hipótesis, se relaciona con el afán de las élites políticas por resistirse a los cambios democráticos impulsados desde instancias nacionales, ya que estos amenazan el “status quo” local. En otras palabras, en la región caribe colombiana, las elites políticas en asocio con el Bloque Norte de las AUC configuraron lo que ^{Gibson (2006)}, denomina “autoritarismos subnacionales”¹⁴.

Un ejemplo de lo anterior, lo materializó Enilse López (La Gata), quien logró convertirse en la mayor operadora del Chance (apuestas) de la Región Caribe desde mediados de la década anterior. También es conocida como La Gata, por su empresa de apuestas “El Gato”, que se inició en pequeños pueblos del departamento de Bolívar, y años después llegó a convertirse en una de las mayores electoras de la costa caribe. “La Gata” usó la financiación de campañas y el apoyo de su aliado político, Salvador Arana Sus, para lograr controlar hegemónicamente el municipio de Magangué, al igual que gran parte de municipios en Bolívar y más tarde en Sucre. Sobre ella siempre han girado rumores de su vinculación con organizaciones mafiosas y el Bloque Norte de las AUC. Tal como lo sostuvo en su momento el portal web lasillavacia.com:

^{López también empezó a ser vinculada con los paramilitares, y en un reporte de 2009} la DEA la acusó de permitir la entrada de dinero de Salvatore Mancuso a sus empresas y de servirle como testaferro en otras inversiones. Y según afirmo Abierta, su esposo Héctor Julio Alfonso Pastrana creó una Convivir que más adelante se transformó en un grupo armado ilegal aliado a las autodefensas de Carlos Castaño y Mancuso.¹⁵

^{Romero, Olaya y Pedraza (2011)}, sostienen que dichos vínculos se hicieron más evidentes con el descubrimiento de dos helicópteros militares de los Estados Unidos (Hughes 500), en bodegas de propiedad de López en la ciudad de Barranquilla. Estos investigadores también describen cómo en las elecciones locales de 2003-2007, López ejercía un poder real en la estructura administrativa del departamento de Bolívar y su influencia llegaba a algunos municipios del Magdalena¹⁶. Su fortín político-electoral está ubicado en el municipio de Magangué, Bolívar. Ahí, López logró capturar y reconfigurar el Estado para ponerlo en función de sus intereses particulares, configurando evidentemente un escenario de autoritarismo subnacional¹⁷.

Para el caso de Enilse López, además, el autoritarismo subnacional se encuentra caracterizado, como lo señalan ^{García y Revelo (2010)} por un intento de mantener las instituciones existentes con todas sus formalidades y sus rutinas, toda vez que su propósito central es la captura institucional sin afectar su funcionamiento aparente. Buscan apropiarse de las instituciones del Estado sin cambiarlas, solo haciendo que ellas sigan sus propósitos¹⁸. Esta estrategia fue ideada, no sólo por los narcotraficantes, sino también por políticos locales, cercanos a los terratenientes y enemigos de la guerrilla, que vieron en los recursos y las armas del narcotráfico una puerta abierta para acumular poder político e influencia social. Así, se afirma que el fenómeno de la parapolítica fue el resultado de esta estrategia y la captura de la institucionalidad local fue el método utilizado.

En una crónica publicada en el sitio web del diario El País de Cali, en el año 2006, se describía textualmente la realidad de este municipio en aquel momento:

(…) Pero nada es gratis. Como tiene el control del hospital, los puestos de salud, la EPS y las IPS, ha puesto a más de 200 empleados a través de una cooperativa que ella misma creó. “Es como una bolsa de empleo: les cobra el 30% del sueldo. A mi hermana, una enfermera graduada y con experiencia, se quedó mirándola y le dijo: ‘Tienes pinta de portera,’ y la contrató como portera”, dice un ex empleado del centro asistencial. El entrevistado explica que a los empleados les acumulan varios meses el sueldo, y Arquímedes les compra la nómina atrasada al 20%, 30% ó 40%. A veces es ella quien paga la nómina en efectivo se dice que siempre lleva consigo $40 millones. “Le retiene $30.000 mensual a cada uno para la Fundación de Wendy Vanesa” (…) La vida en Magangué gira en torno del Parque Wendy Vanesa, que fue bautizado en honor de su hija y que tiene su sede en la casa de ‘La Gata.’ La mujer mandó refaccionar el parque principal a los trabajadores les ofreció $15.000 diarios, pero sólo les pagó $5.000, le cambió el nombre, lo encerró y ahora los niños tienen que pagar $500 para montar en los juegos¹⁹.

En este contexto, logró que su hijo Jorge Luis Alfonso López, fuera elegido alcalde para el periodo 2003-2007. Este, con complicidad de otros funcionarios públicos de su administración, por medio de contratos irregulares, se apropió de 7 mil millones de pesos destinados a la salud. En este caso, la Fiscalía General de la Nación concluyó que: “el dinero que recibió la Cooperativa por prestación de servicios posiblemente terminó en las cuentas personales del alcalde de Magangué y de la Empresa Uniapuestas en Barranquilla, de propiedad de Enilse López” (^{Romero, Olaya y Pedraza, 2011}: 51). En febrero de 2010, Jorge Luis Alfonso López, fue destituido e inhabilitado por 20 años para el ejercicio de funciones públicas. En agosto de 2008 fue capturado por la Fiscalía por estar implicado en dos homicidios ocurridos en Magangué en los años 2004 y 2005²⁰.

Su otro hijo, Héctor Julio Alfonso López, fue elegido Representante a la Cámara (2006-2010) y posteriormente Senador de la república (2010-2014), en ambos casos con altas votaciones. Su hermana Emilia Rosa López, fue elegida para la Asamblea departamental de Bolívar para el período 2012-2015²¹.

Asimismo, con su poder económico ha apoyado la elección de William Montes al senado en 2002 y de Nicolás Curi en 2005 a la alcaldía de Cartagena. De la misma forma, se afirma que apoyó a Libardo Simancas (condenado por la parapolítica), a la gobernación en 2004, (apoyado por sectores Liberales y Conservadores), enfrentándose al candidato y ex Representante a la Cámara Alfonso López Cossio (apoyado por la Nueva Fuerza Liberal de los García y avalado por el Movimiento Únete Colombia). Pese a que en el 2000 Simancas no había obtenido una votación muy significativa, en el 2003 gana con 261.111 votos equivalentes al 57% de la votación total, frente a 140.459 votos equivalentes al 30% de López Cossio.

La alta votación del candidato ganador ha llamado la atención. Según comentan los medios de comunicación y en el departamento, este candidato fue financiado por Enilse Lopez “la Gata”, lo que hasta el momento no se ha podido comprobar a pesar de que las cifras son reveladoras. En Magangué y en Cartagena este candidato doblo la votación de López Cossio, obteniendo 26,106 votos frente a 10.817 votos en Magangué, y 104.201 votos frente a 51.585 votos en la Capital (Rodríguez, A, 2005, p.50).

En la actualidad, a pesar de estar privada de la libertad²², Enilse López mantiene un amplio poder político en los departamentos de Bolívar y Sucre, en este último, en 2013 y contra todas las advertencias realizadas por entes nacionales de control, una empresa de la que son socios sus dos hijos y varios cercanos a ella, ganó la licitación del chance²³. Además, en Cartagena se dice abiertamente que este año “La Gata”, a pesar de estar detenida y condenada, seguirá siendo un factor determinante en la política con candidatos financiados por ella a la gobernación del departamento y a la alcaldía de Cartagena (Verdad Abierta, 2010.

LOS PACTOS ENTRE POLÍTICOS Y PARAMILITARES EN EL CARIBE COLOMBIANO

Como muestra de la avanzada Reconfiguración Cooptada del Estado que logró el Bloque Norte de las AUC en la región Caribe, se describirán los distintos pactos políticos que suscribió el paramilitarismo con políticos costeños²⁴. Asimismo, se busca con la descripción de estas alianzas, evidenciar la sistematicidad con la que los grupos paramilitares en el caribe colombiano también echaron mano del clientelismo armado para alcanzar sus intereses en términos político-electorales, judiciales y sociales²⁵.

En julio de 2001 (sólo se hizo público en 2006), las AUC suscribieron junto a 11 congresistas activos y varios funcionarios públicos de la costa caribe, un ‘pacto político,’ conocido como el “Acuerdo de Ralito” (Córdoba), cuyo texto materializa la visión de región que los paramilitares buscaban instalar. El texto del acuerdo es el siguiente:

Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; “el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz” hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social. Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: “Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde “toda persona tiene derecho a la propiedad” y “tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Es nuestro desafío. Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a “propender el logro y mantenimiento de la paz”. Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos. A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre. Firman: Santander Lozada (Salvatore Mancuso), Diego Fernando Murillo (Don Berna), Edward Cobo Téllez (Diego Vecino), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), José María López (Gobernador de Córdoba), Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre), Reginaldo Montes (Representante a la Cámara por Córdoba), Luis Álvarez (Suplente Cámara de Representantes por Córdoba de Reginaldo Montes), Jaime García (Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge), Álvaro Cabrales (ex Diputado conservador de Córdoba), Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba), Alfonso Campo Escobar (Representante a la Cámara por el Magdalena del partido Conservador), José María Imbeth (Representante a la Cámara por el partido Conservador), William Montes (Senador por el Bolívar. Conservador), Rodrigo Burgos de la Espriella (Senador Conservador), José “Pepe” Gnecco (Senador Bolívar), Luis Carlos Ordosgoita (Representante a la Cámara por Córdoba), Fredy Sánchez (Representante a la Cámaras por Córdoba), Miguel de la Espriella (Representante a la Cámara por Córdoba), Eleonora Pineda (Concejal de Tierralta), Marciano Argel (Secretario de Planeación de Córdoba), Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero), José de los Santos Negret (Gerente del Partido Conservador), German Ortiz (Asesor Alcaldía de San Antero), Remberto Montes (Representante a la Cámara por Córdoba), Juan Manuel López (Senador Liberal), Antonio Sánchez (Periodista), Rodolfo Vargas (Funcionario alcaldía de Sincelejo), José Luis Feris (Ganadero), Víctor Guerra (Ganadero), Luis Saleman (Ex alcalde de San Onofre Sucre), Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre), Edwin Mussi (Alcalde de Ovejas Sucre), Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas Sucre)”²⁶.

La importancia de este ‘pacto,’ radica en que se convirtió en la primera prueba documental de la magnitud de la penetración paramilitar en las instituciones y corporaciones públicas a nivel local y regional. Este pacto, se encuadraba dentro de una estrategia de las AUC que perseguía la captura mafiosa del Estado, al “refundar nuestra patria” bajo “un nuevo contrato social”. Según ^{Caicedo (2008}: 46):

En 1997 se dio la reunión entre dirigentes políticos y personajes considerados grandes referentes del departamento de Sucre con el fin de crear grupos de autodefensas, de la cual saldría el grupo denominado La Mojana La reunión se efectuó en la finca Las Canarias de propiedad de Miguel Nule Amin, en donde se dieron cita el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el senador Álvaro García Romero, el mayor Parra, comandante de la Sijín y algunos miembros del B2 enviados por el Coronel Quiñones, comandante de la Brigada Sucre.

En septiembre de 2000, se realizó el “Pacto de Chivolo” (Magdalena), al que asistieron 13 candidatos a alcaldías de 15 municipios del departamento de Magdalena²⁷ y 395 personas dentro de las cuales había aspirantes a Concejos municipales y a la Asamblea departamental. Según ^{Valencia (2009)}, la reunión se desarrolló como una convención del movimiento político regional “Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida”, impulsado por Jorge 40 (comandante del Bloque Norte de las AUC). Uno de los acuerdos de la reunión, fue el apoyo al entonces candidato a la Gobernación del Magdalena José Dávila Armenta (fue elegido gobernador y posteriormente condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 90 años de prisión). El otro compromiso adquirido por los miembros del movimiento político fue buscar a toda costa que la capital del departamento se instalara en uno de los municipios abajo referenciados.

En septiembre de 2001, en área rural del municipio de Pivijay (Magdalena), se celebró una reunión, a la que asistieron ahora como funcionarios públicos, los asistentes al pacto de Chivolo, también participaron aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado. La reunión tuvo como objetivos impulsar la imagen y propuestas del Movimiento “Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida” y apoyar incondicionalmente la gestión de la entonces alcaldesa del municipio de Fundación, Magdalena, Karelly Lara Vence (^{Valencia, 2009}).

En 2002, el Bloque Norte de las AUC suscribió con varios candidatos al Congreso de la Republica y aspirantes a Alcaldías y a la Asamblea departamental del Magdalena, el “Pacto del Magdalena”, con el fin de parcelar electoralmente el departamento para garantizar la elección de sus aliados políticos (^{Valencia, 2009}).

^{López y Sevillano (2009)}, hacen un consolidado de la parapolítica en el año 2009, demostrando que, de 102 Senadores electos en 2006, 34, o sea, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el paramilitarismo, así como 25 de 168 Representantes a la Cámara, es decir, el 15%. Los políticos investigados por paramilitarismo son equivalentes al 35% del total de las curules y al 25% de la votación de Senado en el 2006. Estos porcentajes indican que los métodos de infiltración del poder político usados por los paramilitares fueron altamente exitosos. Al respecto, el siguiente párrafo grafica lo antes expuesto:

Un día después de las elecciones de Congreso en marzo de 2002 Salvatore Mancuso expidió un comunicado de prensa en el que aseguró: “Recomendamos a la gente a quién votar.” “Podemos afirmar, en tal sentido y con los datos a la mano, que la meta original del 35% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC.” “Tal respaldo excede, con creces, nuestras expectativas más optimistas.” En el mismo sentido se pronunció el 13 de junio de 2005 el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil en entrevista a la revista Semana: “Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos (^{López y Sevillano, 2009}: 2).

La firma de estos pactos entre los actores paramilitares y los diferentes actores institucionales del nivel local, constituyen, no sólo la muestra de la influencia que los grupos armados habían logrado conseguir en la Región Caribe en términos electorales, sino también la decisión de expandir su poder en términos judiciales, buscando también con los pactos señalados, evadir cualquier consecuencia penal posterior que pudiera traer consigo el accionar paramilitar²⁸.

Lo anterior, como ha sido señalado en el presente trabajo, constituye una estrategia clásica de la Reconfiguración Cooptada del Estado (RcdE), trascendiendo los beneficios económicos de base y acompañándolos con la búsqueda de poder político, impunidad legal y ampliar su legitimidad ante la sociedad. Los pactos firmados con la institucionalidad local entonces, como parte de la estrategia de la RcdE de las AUC en la región Caribe colombiana, buscaban también entorpecer las investigaciones mediante acción directa del captor o por intermediación de la Fiscalía General de la Nación o sobre Fiscalías Regionales o, incluso sobre fiscales específicos en el nivel territorial.

Siguiendo a ^{Garay y Salcedo (2008)}, sin asegurar que la demora o dilación de algunas investigaciones adelantadas en el nivel local y regional son el resultado de la captura/ cooptación de fiscales específicos, sí parece que las mayores posibilidades de impunidad se reproducen en dichos niveles. Esto se encuentra claramente descrito una carta enviada por la entonces Senadora Gina Parody, el 12 de agosto de 2008, al Fiscal General de la Nación, en la que señala que:

“(…) la parapolítica regional que ha quedado sin investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación”, específicamente, en lo relacionado con “personas firmantes de los llamados acuerdos de Chivolo y de Pivijay…La investigación de la parapolítica regional que corresponde a la Fiscalía en muchas zonas del país se paró o no ha arrancado. Y esto hace que las personas que “asaltaron” el poder local se queden legitimadas por la no investigación o por un inhibitorio.” Le pongo un ejemplo, el caso del asesinato del defensor de Derechos Humanos José Mendivil Cárdenas, cuya investigación se había cerrado, y que pese a que según comunicado de la Fiscalía de Barranquilla fechado el 29 de abril del presente año, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, lo reconoció, solo hasta que envié mi solicitud el 17 de junio exponiendo que éste homicidio había sido revelado por el ex jefe paramilitar, se está pensando en reabrir la investigación, como me fue informado en reciente oficio. Y como ese caso hay más…La parapolítica del Congreso cuyos casos en gran parte lleva la Corte Suprema de Justicia, son solo una parte mínima del fenómeno de la macrocriminalidad que se tomó las regiones, se está reproduciendo y se quiere perpetuar allí. De nada nos sirve condenar a los congresistas si en las regiones la estructura se mantiene intacta…De toda esta toma del poder político regional lo que más me preocupa y entristece, Doctor Iguarán, es lo que deben estar sintiendo y pensando las víctimas, al conocer mediante respuesta de su Entidad, que en la mayoría de investigaciones por los crímenes en los municipios escenario de los pactos entre políticos y paramilitares entre los años 1999 y 2006, casi todas han terminado en inhibitorios o 7 años después siguen estando en práctica de pruebas. ¿Cuál es el compromiso de su Administración con la verdad? Finalmente, señor Fiscal General, quiero manifestarle que es muy alarmante para mí como Colombiana, que a causa de la labor poco eficiente de la Fiscalía en la investigación de quienes se tomaron con el fusil las urnas en el poder local, hoy muchas personas sigan desconfiando de la Justicia ya que su Alcalde, Diputado o Concejal es un socio o ex socio de los paramilitares que asesinaron, masacraron y desplazaron a sus familias”.

Entre los días 8 y 10 de febrero de 2006, se produjo la desmovilización del Bloque Norte de las AUC; parte de sus integrantes lo hicieron en el corregimiento de Chimila, municipio del Copey (Cesar) y la otra parte en el caserío el Mamón, vereda La Mesa, Valledupar (Cesar). El Bloque Contrainsurgencia Wayúu que operaba en el norte de La Guajira, no se desmovilizó, lo que se entendió como parte de una estrategia para mantener una retaguardia activa en caso de un posible fracaso del proceso de desmovilización de las AUC y para mantener una activa participación en el narcotráfico.

Al igual que en otras regiones, los paramilitares desmovilizados por el Bloque Norte fueron multiplicados por 3 en el momento de su concentración y desarme, con personas de la región, lo que contribuyó a mostrar un mayor número de efectivos, con el objetivo de marcar el ritmo del proceso y conseguir beneficios legales. Los paramilitares desmovilizados controlaban la parte noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante el acto de desmovilización del Bloque Norte en La Mesa Rodrigo Tovar Pupo expresó: “Durante muchos años los miembros de las AUC fueron los soldados y policías de la patria. ¡Fueron las AUC del Bloque Norte los libertadores de nuestra patria regional!”(^{Villarraga, 2009}: 299).

De acuerdo con la versión del gobierno, el paramilitarismo se acabó con la desmovilización y entrega de armas, afirmación que no resulta absolutamente cierta toda vez que importantes estructuras militares del paramilitarismo han sido recicladas²⁹. “Pero incluso si aceptamos que el paramilitarismo se acabó y que esa especie de reciclaje paramilitar tampoco ocurrió después de la entrega de las armas, esto no significa una claudicación de dicha mafia. El paramilitarismo, a diferencia de la guerrilla, está incrustado en la sociedad y en el mercado. No es un grupo ilegal geográficamente aislado -como la guerrilla- sino un grupo ilegal diluido en medio del país legal y visible (^{García y Revelo, 2010}, p.15).”