Descripción de los conceptos exclusión social e inclusión social

Los sujetos, dadas sus condiciones han sido clasificados de acuerdo con algunas especificidades que forman parte de las transformaciones del mundo de lo social, por ejemplo las categorías de habitante en situación de calle, adulto mayor, proletario, discapacitados, son parámetros establecidos para su desenvolvimiento en la sociedad, pero estas categorías sociales abarcaban diversos grupos y problemáticas, lo que permitió la generación de medidas de protección social para lograr la inserción de quienes, por sus condiciones socioeconómicas, se encontraban en situación de desventaja, vulnerabilidad o marginalidad. Por tanto, la protección social generalmente se ha definido como aquellas “medidas del sector público para proveer seguridad de ingresos a las personas” (^{Holzmann & Jorgensen, 2003}, p.2); pero esto representa una mirada tradicional del concepto el cual se transforma de forma concomitante con los retos económicos y sociales que presentan los países y que deben ser atendidos mediante la cooperación de instituciones económicas como el Banco Mundial o la OCDE.

En vista de las limitaciones de esta visión tradicional se privilegia el papel del sector público, pero se pasa por alto sus efectos positivos en el desarrollo económico por cuanto hace énfasis en asuntos de gastos y costos, y porque se clasifican las intervenciones en programas sectoriales sin un enfoque estratégico con impacto en la reducción efectiva de la pobreza para integrar a quienes necesitan debido a que no participan en el proceso de crecimiento, por lo que se considera que “…se desarrolla una nueva definición y marco conceptual llamado manejo social del riesgo, que debería permitir un mejor diseño de programas de protección social como un componente de una estrategia revisada de reducción de la pobreza” (^{Holzmann & Jorgensen 2003}, p. 4). Bajo esta perspectiva, se observa que la situación que afecta a un grupo poblacional, permite su visualización cuando la protección social se asume como un tipo de inversión. La idea es contribuir a que haya acceso a los servicios sociales básicos y se evite la exclusión social.

El manejo social del riesgo se basa en la idea fundamental de que todas las personas, son vulnerables a múltiples eventos de diferentes orígenes, ya sean naturales, como terremotos, inundaciones y enfermedades o producidos por el hombre, como el desempleo, el deterioro ambiental y la guerra. Lo que muestra vulnerabilidad entendida como “un proceso de malestar producido por la combinación de múltiples dimensiones de desventaja, en que toda esperanza de movilidad social ascendente, de superación de su condición social de exclusión o próxima a ella, es contemplada como extremadamente difícil de alcanzar” (^{Hernández, 2011}, p. 201). Los eventos y riesgos que afectan a las personas y comunidades en algunas ocasiones no se pueden evitar, por lo tanto, generan y profundizan la desigualdad social porque induce a que las personas estén más expuestas a riesgos al no contar con los instrumentos adecuados para su manejo. (^{Holzmann & Jorgensen, 2003}, p. 4-5)

En concordancia con lo anterior, la articulación entre el manejo social del riesgo y la protección social conllevan la necesidad de identificar, seleccionar y suministrar elementos o herramientas para reducir la vulnerabilidad y para brindar instrumentos para el reconocimiento de las necesidades, potenciando las capacidades y brindando oportunidades. Bajo estas premisas, es importante consolidar políticas económicas, ejercer con responsabilidad el poder y ampliar el acceso a la salud y a la educación básica.

Se considera que el concepto de exclusión social se ha relacionado con problemas de desempleo e inestabilidad de los vínculos sociales en un contexto que involucra nuevos actores y otras dinámicas sociales que pueden verse a partir del estudio de la pobreza como enfoque lo que permite analizar asuntos como la exclusión, la vulnerabilidad, la acumulación de desventajas, la segregación residencial y el empobrecimiento, lo que posibilitaría la mirada a otros fenómenos relacionados con la pobreza. En el análisis de la “Nueva pobreza” se identifican dimensiones como los mercados de trabajo, la segmentación de los servicios sociales básicos, la dimensión del consumo, la movilidad social, la territorialidad de la pobreza y las materias relacionadas con las pautas asociativas de las familias en situación de pobreza. Todo lo anterior abre el panorama para la comprensión del fenómeno por lo que se analizan aspectos como la marginalidad que según ^{Espinoza & Francisco (2008)} está constituido por “un contingente de personas excluidas de las sociedades y otras tantas vulnerables a la exclusión” (p.4); la internacionalización de la pobreza en articulación con el proceso de globalización; la composición social, lo cual implica visibilizar el fenómeno de la pobreza teniendo en cuenta la heterogeneidad de grupos sociales y otras categorías.

Una referencia fundamental para abordar el concepto de exclusión social, es representada también por el filósofo y economista indio Amartya ^{Sen (2000)} en su texto “El desarrollo como libertad”, que a partir de sus estudios sobre las condiciones de la pobreza abordadas sustenta cómo el grado de privación de una persona en condición de pobreza, incide en el desarrollo pleno de sus capacidades, y esto a su vez, interfiere en su libertad pues esa condición impide el acceso a la nutrición, a la salud, al abrigo y al techo, aspectos necesarios para la supervivencia. Adicional a esto, considera ^{Sen (2000, p. 15)} que el orden en el escenario de lo local, la participación en la vida social, política y económica se ven amenazados por la condición de vulnerabilidad en que se encuentran quienes están en la pobreza. En esta lógica, los estudios empíricos han permitido identificar diferentes tipos de libertad con una visión instrumental, ^{Sen (2000)} considera que son las “libertades políticas, facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia y redes de seguridad” (p. 19), cada uno de estos elementos deben contribuir en el mejoramiento de las capacidades humanas. Por tanto, para ^{Sen (2000, p. 19)} la articulación entre políticas públicas para impulsar las capacidades humanas y las libertades con la promoción de las libertades instrumentales, pueden ser una estrategia de discusión y apropiación de estas libertades para que sean motor de desarrollo.

Los planteamientos anteriores permiten complejizar el concepto de exclusión social desde un conjunto de acciones sociales encaminadas al bienestar de las personas, que representa un campo analítico donde convergen diversos saberes, no solo de las ciencias sociales, sino también de las ciencias exactas, este relacionamiento permitiría comprender contextos de índole político, social, ideológico e institucional en el cual se gesta el bienestar para la construcción de nuevos escenarios de inclusión social donde las personas y los grupos sociales cuenten con oportunidades para vivir con dignidad. Así las cosas, es visible la interrelación entre políticas sociales, políticas públicas, dinámicas del mercado, bienestar individual y colectivo, objetivos, metas y resultados.

En la actualidad, los debates sobre exclusión social son vigentes en los discursos académicos y en la sociedad lo cual permite que se discuta, debata, interrogue y construya con base en nuevas realidades. Para ^{Camacho (2014, p. 209)} comprender el fenómeno de la exclusión social reviste una aprehensión compleja ya que la integran dimensiones que se encuentran interrelacionadas entre sí, se traduce en la acumulación y persistencia de problemas y carencias en multitud de ámbitos, supone la falta de acceso a recursos y necesidades básicas por lo que no se cumple con una plena inserción social y esto implica una falta de participación en la dinámica social. Lo que permite que se minimice una mirada centrada exclusivamente en lo económico enmarcada como carencias o insuficiencias de ingresos, para centrar la atención en la integración social.

El concepto de inclusión social se puede considerar como una estrategia para atenuar las problemáticas que trae consigo la exclusión social, y en ese sentido cobra importancia el hecho de que, para comprender este fenómeno, precisamente se estudie lo que ha significado su contrario, es decir, la exclusión. Entonces, un concepto comporta el otro; es más, tanto la exclusión como la inclusión social son fenómenos dinámicos generados por una variedad de factores multidimensionales que complejizan su análisis, como el mercado, la democracia y el estado de bienestar. En esa misma medida, el término de inclusión social es amplio pues en sí se pueden encontrar políticas de empleo, pobreza, distribución de la tierra, acceso a servicios, discriminación, género, ciudadanía e interculturalidad, discapacidad, entre otras, y todos están comprendidos en el concepto de inclusión social. De esto se puede inferir que el término sirve para aunar situaciones de diferente índole, y, por tanto, también los discursos de los actores que intervienen desde sus subjetividades son diversos. En todo caso es importante resaltar que si bien la inclusión social surge en el contexto de la exclusión, ambos conceptos posibilitan la identificación de categorías de análisis, incluso en el concepto de inclusión social se ha buscado atacar problemas que no están en el ámbito de la exclusión y que aun así no dejan de ser problemas, por ejemplo la “falta de participación y poder político, desempleo juvenil, desempleo y precariedad del empleo, racismo, intolerancia cultural, explotación económica…” (^{Young, 2000}, Citado por ^{Sandoval, 2016}, p. 72).

La inclusión social hace referencia a que todas aquellas personas que se consideran que están por fuera de la sociedad deben ser atraídas para que formen parten, y participen. Esta visión hace pensar en términos binomios de incluido - excluido, dentro - fuera, centro - periferia o margen, lo que dificulta la comprensión del término. Aunado a esto, la inclusión social ha estado asociada a términos como integración social, cohesión social o capital social, entre otros, aristas que permiten múltiples análisis. Por lo que se parte de entender que hay personas por fuera de la sociedad, aunque esto es impreciso, porque las personas, aunque estén al margen siguen formando parte de una sociedad debido a que genera interacciones y transacciones con las instituciones y las organizaciones desde otras lógicas,

Como se evidencia, el argumento que sostiene la amplitud del concepto inclusión social se confirma cuando se sostiene que es un derecho social, o es un elemento de la estructura social, política o económica, o es una base ética de la cohesión social o hace parte de una idea de participación en la vida económica. Sin embargo, dadas todas esas aristas existe consenso en considerar que el objetivo general de este concepto es que una sociedad logre ser cada vez más inclusiva por medio de dos mecanismos claves: la redistribución y el reconocimiento. Para ^{Sandoval (2016}, p.87) estos mecanismos están sustentados en políticas, programas, planes, leyes, reglas, instituciones y otros instrumentos que administra el Estado de forma articulada para canalizar y cambiar la forma en que se distribuyen los recursos materiales (redistribución) y simbólicos (reconocimiento) a aquellos grupos que por falta de estos o por la negación sistemática participan en la sociedad de manera desventajosa o no significativa.

Para ^{Sandoval (2016}, pp. 85-86) esto es visible en problemas como la subestimación por hacer parte de ciertas culturas, los estereotipos y los prejuicios. Lo particular de estos tipos de injusticias es que se encuentran arraigados en todos los ámbitos de la sociedad, propiciando desventajas entre las personas dentro de las dinámicas sociales, culturales, cotidianas o públicas. Señalarlas sirve para indicar que a cada una atañe una solución. Por lo que se plantea que la redistribución permite generar cambios que conduzcan a la equidad y reconocimiento para lograr la reparación; es decir, comprender la diferencia y diseñar políticas encaminadas a valorar esa diferencia. Por tanto, ambas condiciones necesitan instrumentos como las reglas, las leyes y las políticas que permitan su implementación.

Por tanto, una forma de entender el proceso de inclusión social conlleva la incorporación de las personas o grupos en distintos mecanismos articulados o interdependientes de redistribución y reconocimiento, pues la participación en la sociedad de forma desventajosa o no significativa se debe principalmente a las reglas y normas (instituciones y cultura) y las carencias materiales y simbólicas, individuales o grupales, que estas reglas y normas producen. Además, esta idea es sustentada por ^{Sandoval (2016, p. 91)} sumando otras, como lo son las características individuales, como la falta de apoyo familiar y de redes sociales; también, la vejez, el género, la raza, las enfermedades crónicas, la discapacidad, la preferencia sexual, la pertenencia a una cultura diferente, entre otras, que al ser percibidas y valoradas desde las instituciones y la cultura dominantes resultan en una participación que es desventajosa para los sujetos y grupos en los distintos ámbitos de la sociedad. Con base en los acercamientos conceptuales descritos, y una vez expuestos los mecanismos de redistribución y reconocimiento, es importante mencionar que para comprender la inclusión social hay que determinar que las personas sí participan, construyen y se benefician de y en la sociedad, pero que esa participación también podría ser en condiciones desfavorables o desventajosas.

Cabe preguntarse entonces, quién o quiénes llevan a cabo los procesos de inclusión social. Es sabido que el Estado cumple un rol principal en la medida en que lidera e implementa políticas para dar respuesta a las demandas por medio de sus instituciones, desde el nivel ejecutivo, legislativo, judicial y entidades de control. Por lo que se administran los recursos, se redistribuyen y se ejecutan los mecanismos de reconocimiento, por su parte la sociedad civil, los sujetos, las familias, las empresas, el sector privado, los movimientos sociales y diversas organizaciones, proveen e inciden en el desarrollo de políticas de inclusión social, las cuales, para ser exitosas, deben estar compuestas de voluntad política, recursos económicos y capital cultural y simbólico. Como puede verse, las dinámicas de inclusión social necesariamente llevan a pensar en la vinculación de las políticas públicas a actividades enfocadas al desarrollo de la vida en sociedad. El papel del Estado se orienta en su capacidad para articular a los diversos actores sociales en el desarrollo de un proyecto concreto y aprovechar los liderazgos locales para desarrollar acciones desde una visión y unos objetivos estratégicos compartidos y definidos. Eso significa, para ^{Sandoval (2016, p. 159)} que los gobiernos deben asumir, más allá de la gestión de las propias competencias, un rol promotor de la articulación de los diferentes actores que intervienen en la acción social.

La creación de políticas públicas, desde una mirada tradicional, la entiende ^{Lahera (2002)} como la “acción de una autoridad pública o al resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental” (p. 4). Sin embargo, este concepto muestra que los cambios y los retos en la sociedad tienen la posibilidad de que se utilicen múltiples formas de abordar los problemas colectivos y sociales dadas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten mayor acceso a los datos y la participación ciudadana. Así las cosas, se puede decir que en las políticas públicas conllevan flujos de información y cursos de acción con objetivos claros definidos de acuerdo con los requerimientos de las comunidades. Una política pública sobre discapacidad asociada a accidentalidad vial, debe incluir, según ^{Lahera (2002)} “...orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados” (p.4). Es por esto que, al entender la exclusión social como un proceso de desintegración, donde se fragmentan o rompen las relaciones entre los individuos y la sociedad, las políticas públicas constituyen una oportunidad de acción e intervención en los procesos sociales, ya que cuentan con un proceso donde se evalúan las inversiones, los resultados y el impacto en los cambios sociales. De esta manera, las políticas sociales en Colombia marcan la pauta en las acciones que las instituciones encargadas de atender a la población deben cumplir. Una vez definidos los conceptos de exclusión e inclusión social, es importante adentrarse, para la comprensión del objeto de investigación, en el significado de la discapacidad, y así, caracterizar la discapacidad asociada a accidentes de tránsito.

Análisis de la discapacidad asociada a accidentalidad vial

A través de los diversos estudios sobre exclusión e integración social, se han logrado identificar ocho ámbitos en los cuales se puede clasificar este fenómeno: económico, laboral, formativo, sociosanitario, vivienda, relacional, político y de contexto espacial. Según la ^{Fundación BBVA (2005)} de cada uno de estos se estudia el espacio, el factor y los indicadores; sin embargo, para el caso concreto nos detendremos en describir algunos aspectos clave de cada uno y en identificar dónde se encuentra ubicado el tema de la discapacidad asociada a accidentalidad vial, para tener una idea acerca de las formas de exclusión a las cuales pueden verse sometidos las personas dentro del contexto social

Ámbito económico la discapacidad asociada a accidentes de tránsito ha sido tratada como un componente en el concepto de exclusión, es decir, se presenta evidencia de que se genera exclusión social desde las disparidades económicas en sectores de la sociedad; adicional a esto, es innegable que el ámbito económico incide en la mayoría de procesos relacionados con la exclusión que se puede predicar de esta discapacidad asociada a los accidentes viales en tanto convergen variables como: la calidad de arrendatario, niveles de ingresos insuficientes, dificultades financieras del hogar y desprotección social (^{Fundación BBVA, 2005, p. 39}).

Ámbito laboral genera interés en la medida en que en la actualidad existe una lógica de competencia y de mercado que suscita una fragmentación e individualización lo cual incide en las relaciones laborales y ubica el trabajo en el centro de lo social ligado a una idea de “seguridad” que se ha ido transformando con el paso del tiempo concomitante a las demandas del mercado, pues lo que impera en estos momentos es la problematización sobre la estabilidad laboral dadas las nuevas formas de producción, tecnificación y relaciones contractuales que reconfiguran el mercado de trabajo y que repercuten en las regulaciones o no, independientemente que se enfoque en la flexibilidad y la adaptabilidad. Bajo esta óptica, en la discapacidad asociada a accidentes de tránsito se concentran dos formas de exclusión: una que tiene que ver con el acceso al mercado laboral donde se analizan aspectos como el desempleo, el subempleo, la descualificación y la imposibilidad; y otra que se deriva de las condiciones de trabajo donde se enfoca la mirada en la precarización del empleo (^{Fundación BBVA, 2005, pp. 54-55}).

Ámbito educativo es un pilar fundamental de la sociedad, asimismo, a partir de este han surgido procesos de marginación. Es importante decir que la educación se encuentra dentro de un conjunto de factores de índole individual, socioculturales, políticos y económicos que participan en el desarrollo de sus procesos. Así, hay personas excluidas del sistema educativo, y otros, que por sus condiciones socioeconómicas y de recursos educativos se consideran dentro del fenómeno de la exclusión. En el caso del acceso al sistema educativo se resalta que se deben analizar factores como el analfabetismo, el fracaso escolar, el abandono del sistema educativo y las barreras lingüísticas y comunicacionales que están presentes antes y también después de una discapacidad asociada por accidentalidad vial.

Ámbito sociosanitario, la discapacidad asociada a accidentes viales se enfrenta al derecho a la salud, el cual se vulnera por los obstáculos que tienen las personas para acceder a una atención integral, y esto repercute negativamente en el desarrollo humano y en el mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos. Los aspectos que se tienen en cuenta al momento de estudiar este ámbito son las lesiones, la mortalidad y la morbilidad. Y los sujetos discapacitados se clasifican en sistemas de estabilidad financiera del sistema de salud como generadores de dependencia y estigmatización social

Alteraciones estigmatizadas socialmente, los Trastornos mentales estigmatizados socialmente, las Enfermedades infecciosas estigmatizadas socialmente, las Enfermedades que provocan malformaciones, las Alteraciones de la imagen corporal, las Deficiencias que provocan una exclusión social institucionalizada por secuelas anatómicas y funcionales, y, por último, las Discapacidades graves que generan dependencia. (^{Fundación BBVA, 2005, p. 90})

Ámbito de la vivienda digna existe una estrecha relación con el espacio que se ocupa porque se puede manifestar la desigualdad y la exclusión social, esto se expresa en la ubicación de los colectivos en ciertas condiciones, por tanto, la vivienda, que hace referencia al espacio que se habita, es otra unidad susceptible de analizarse bajo la perspectiva de la accesibilidad y las condiciones de la vivienda que deben estar presentes en el caso de la discapacidad asociada a accidentes viales (^{Fundación BBVA, 2005, p. 104}).

En los párrafos anteriores se abordaron los conceptos exclusión social e inclusión social ya que en materia de la discapacidad asociada a los accidentes viales se evidencian carencias, desventajas y limitaciones de ciertos sectores de la población, lo que muestra la afectación de la promoción social de los ciudadanos y el disfrute de los derechos fundamentales. Con base en la identificación de estas situaciones, surgen unidades de análisis para comprender y atender la vulnerabilidad que se genera con esta problemática particular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial en el informe mundial sobre la discapacidad (2011) consideran que la discapacidad forma parte de la condición humana “casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida…La discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el contexto” (p.7).

En este orden de ideas, existe una preocupación porque este informe revela que los discapacitados “casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento” (^{OMS & Banco Mundial, 2011, p.5}). Pero esta preocupación no es reciente, porque en todas las épocas y sociedades hay prevención en materia de discapacidad e incluso, se han identificado tres modelos en el tratamiento social de este fenómeno: modelo de prescindencia, del que se desprenden dos submodelos, el eugenésico y el de marginación; el modelo rehabilitador o modelo médico y el modelo social (^{Toboso & Arnau, 2008}).

El modelo de prescindencia considera que el origen de una discapacidad es religioso y el sujeto discapacitado es una carga para la sociedad porque no puede ser productivo. El submodelo eugenésico se fundamenta en asuntos religiosos y políticos, se considera conveniente el desarrollo y crecimiento de los menores en condiciones de normalidad, para los griegos la discapacidad era resultado del pecado y para los romanos era la advertencia de que la alianza con los dioses estaba rota. Según ^{Garlan (1995}, citado por ^{Toboso & Arnau, 2008}, p. 66) dadas estas condiciones y creencias se llevaron a cabo prácticas de eugenesia e infanticidio en esas sociedades. El submodelo de marginación tiene características históricas constantes; por ejemplo, en la edad media, las personas con discapacidad estaban incluidas dentro de los grupos de los pobres y los marginados (^{Toboso & Arnau, 2008, p. 66}); la exclusión se daba por temor o rechazo. Por lo que los sacerdotes y médicos decidían, dependiendo de la opinión teológica, si los discapacitados morían porque no podían suplir sus necesidades, o si sobrevivían en la mendicidad (^{Toboso & Arnau, 2008, p. 66}).

El modelo rehabilitador o médico tiene como característica que sus causas son determinadas a través de un ejercicio médico-científico, por lo que se considera como una “enfermedad” o “ausencia de salud”. En este modelo la persona con discapacidad puede aportar a la comunidad en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas; por tanto, se lleva a cabo “un proceso de normalización” para obtener la connotación de ciudadanas o ciudadanos. Esto trae como consecuencia que el centro de atención sea la discapacidad, y no la persona, esta se subestima y el tratamiento es de corte paternalista enfocado en una supuesta enfermedad. Adicionalmente, como estas personas se convierten en “objetos médicos” son medicalizadas para ser normalizadas. Como, por ejemplo, la educación especial (^{Toboso & Arnau, 2008}, pp. 67-68).

El modelo social, surge para dar respuesta a los dos modelos anteriores aduciendo que las causas que originan la discapacidad son sociales “La utilización del término “social” pretende, en este caso, remarcar que las causas que originan la discapacidad no son individuales, de la persona afectada, sino sociales, por la manera en que se encuentra diseñada y construida la sociedad” (^{Toboso & Arnau, 2008}, p. 68). Quienes defienden este modelo consideran que la sociedad tiene limitaciones para prestar los servicios que las personas con discapacidad necesitan. Asimismo, se parte de la realidad de que todo ser humano es digno y puede aportarle a la sociedad desde la inclusión y la aceptación de la diferencia. En palabras de ^{Toboso & Arnau (2008, p. 68)}

Estos presupuestos tienen importantes consecuencias, en las que se destacan sus repercusiones en las políticas sociales a ser adoptadas sobre las cuestiones que involucran a la discapacidad. Así, si se considera que las causas que la originan son sociales, las soluciones no deben dirigirse individualmente a las personas que se encuentran en dicha situación, sino hacia la sociedad. Si el modelo rehabilitador se centra en la normalización de las personas con discapacidad, el modelo social aboga por la normalización de la sociedad, de manera que ésta llegue a estar pensada y diseñada para atender las necesidades de todos.

En la sociedad y en el marco de las dimensiones normativas y éticas, el modelo social se aparta del tratamiento de la discapacidad solo bajo criterios médicos, y aunque no desconoce la realidad médica propugna porque las personas escojan su forma de vida. Por un lado, la ciencia debe aportar soluciones pertinentes para los asuntos relacionados con la salud, y, por otro lado, la sociedad debe promover la igualdad de oportunidades para evitar la exclusión. Este viraje en la forma de abordar el fenómeno de la discapacidad implica que, si alguna persona es discriminada por esta condición, este acto se considerará un atentado contra los derechos humanos. A propósito, a nivel internacional, Colombia firmó la Convención Nacional de derechos de las personas con Discapacidad el 30 de marzo de 2006, lo cual representa un compromiso de país, además es evidente que el concepto de discapacidad debe cambiar al igual que la percepción y la aceptación de la sociedad frente al fenómeno. Según la Convención su propósito es :

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (^{Naciones Unidas [UN], 2006}).

Con base en lo presentado en los párrafos anteriores, se considera que la discapacidad ha ampliado su análisis debido a que se han generado nuevas categorías de análisis susceptibles de investigarse para comprender desde las subjetividades de las personas, esto permite asumir las lógicas de la discapacidad desde su abordaje y el tratamiento de quienes se encuentran en esta condición. Esto muestra que es necesario analizar lo que ocurre particularmente en el caso de la discapacidad asociada a la accidentalidad vial.

La Asamblea General de las Naciones Unidas presentó el programa titulado “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, en el que Colombia participó y se adhirió en mayo de 2011. Sus objetivos están dirigidos a: contribuir en salvar vidas mediante el mejoramiento de la seguridad en la vía pública; determinar el comportamiento de los usuarios de la vía pública y evaluar los servicios de urgencias. Colombia definió la seguridad vial como uno de sus pilares en materia de política pública y se enfoca en la prevención de los accidentes viales porque deben ser considerados una pandemia que debe tratarse con estrategias efectivas de prevención. La accidentalidad y sus efectos son un creciente problema de salud pública que desproporcionada e inequitativamente afecta a los usuarios de las vías. (^{Cabrera, Velásquez & Valladares, 2009}, p. 219). Esto se fundamenta en que la OMS ha sustentado que los aumentos en los accidentes de tránsito ocupan el tercer nivel de las muertes en el mundo y el aumento en las lesiones está generando discapacidad asociada al accidente. Por accidente se entiende, según el Art 2.L769/2002, Código Nacional de Tránsito, un

Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la circulación normal de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.

La OMS consideró en el informe presentado a las Naciones Unidas en el año 2003 que “… cientos de miles más se lesionan en nuestros caminos, y algunos se convierten en discapacitados permanentes. La gran mayoría de esto ocurre en países en desarrollo, entre los peatones, los ciclistas, los motociclistas y los usuarios del transporte público…” (^{Organización Panamericana de la salud [OPS] & Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011}). «Las proyecciones de la OMS indican que, para 2020, las lesiones causadas por accidentes de tránsito podrían ser la tercera causa de muerte y discapacidad, de la gravedad de otros problemas de salud como la malaria, la tuberculosis y el VIH» (^{Organización Panamericana de la salud [OPS] & Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004}). Por estas razones se calculó que a 2020 la segunda causa de mortalidad y morbilidad en los países emergentes será debido a los accidentes asociados a la accidentalidad vial (^{Organización Panamericana de la salud [OPS] & Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004}).

Con base en las proyecciones la mirada se enfoca en la construcción de estrategias multidimensionales para el tratamiento y rehabilitación de las personas que luego de sufrir lesiones de tránsito se ven afectadas por discapacidades asociadas a estos. Por lo que los factores psicológicos, las limitaciones funcionales, la participación, el contexto y la cultura, son las bases para el diseño de campañas y políticas de prevención para proyectar y planear herramientas ciudadanas que permiten disminuir los episodios de lesiones y de discapacitados asociados por la accidentalidad vial. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud - CIF -, generó categorías de análisis y dominios de salud para describir ámbitos como el corporal, el individual, las funciones y las estructuras corporales. Se entiende por dominios el “conjunto relevante, y práctico de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida relacionadas entre sí” (^{Organización Mundial de la Salud [OMS] & Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2001, p. 3}). Esta clasificación permite determinar la funcionalidad, la discapacidad y la salud de los lesionados (^{Organización Mundial de la Salud [OMS] & Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2001, p. 4}). Se debe tener en cuenta que los accidentes de tránsito, no solo dejan lesiones físicas, sino que pueden presentarse lesiones de orden sensorial y cognitivas. Por esto, adicional al diagnóstico, es necesario abordar la situación desde un enfoque que integre los diferentes ámbitos desde el apoyo, el modelo social, la familia y los miembros de su comunidad, y de esta forma, se logre la adaptación a las actividades cotidianas y de participación social

Los discapacitados asociados a la accidentalidad vial deben ser evaluados para definir el concepto, el tipo y el grado de discapacidad, por lo que es necesario contar con una visión integral del fenómeno para conocer las múltiples variables al momento de definirla, tales como las posibles deficiencias estructurales y funcionales hasta factores sociales, personales, económicos y culturales; por tanto, es innegable que deben practicarse diagnósticos, estudios y tratamientos para atender a las personas con esta discapacidad asociada, además porque se debe definir si es permanente o transitoria, porque de esto depende el tipo de enfoque con el que se aborde; es decir, el biopsicosocial, el multidimensional, el dinámico-integral.

A raíz de la creciente alza en la discapacidad asociada a los accidentes de tránsito que se vienen registrando en por la OMS y la OPS se han formulado y ejecutado planes de acción para los países con el fin de reforzar la vigilancia, la prevención y la rehabilitación para que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida. De igual forma, es notorio que hay avances en la caracterización de personas con discapacidad, y esto se refleja en la diversidad de enfoques conceptuales, metodológicos y en los instrumentos de registro de la información que se han aplicado. Los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública que va en aumento, y por esto, las discapacidades asociadas a este problema determinan la complejidad que reviste, no solo como fenómeno es sí mismo, sino también por las diversas intervenciones para superar las desventajas de acuerdo con el contexto. “En este sentido, si bien se requiere profundizar en el diagnóstico de las causas…se requiere avanzar en el tratamiento de las consecuencias…discapacitantes que generan los traumatismos causados por el tránsito” (^{Organización Panamericana de la salud [OPS], 2011, p. 4}).

En el estudio de tipo descriptivo titulado “Discapacidad de origen vial en Medellín”, ^{Cabrera & Salazar (2016, p.3)} exponen que los incidentes viales son la segunda causa de muerte violenta en Colombia y que los “Actores viales, motorizados o no, que sobreviven a incidentes viales graves tienen una amplia probabilidad de quedar con discapacidades…Se estima que, en Colombia, por cada muerte vial, hay 100 lesionados viales, 1 muy grave con secuelas severas, y de 6 a 9 más con discapacidades de grado moderado a leve”. Según ^{Cabrera & Salazar (2016, p. 6)}, este informe constituye un referente porque determinó con base en el Registro de Localización de Personas con Discapacidad -RLCPcD- al 31 de diciembre de 2016, que en Medellín 3178 personas estaban en condición de discapacidad por accidentes de tránsito, de los cuales el 71% eran varones, un 25% tenían 36 años o menos y un 50% hasta 50 años o menos). Esto refleja las condiciones de movilidad y de trabajo de las personas que puede incrementar el riesgo en las vías, lo que aumenta la probabilidad de sufrir una discapacidad por incidente vial (^{Cabrera & Salazar, 2016, p. 23}).

A pesar de los esfuerzos de organismos internacionales, nacionales y locales por tener una mirada transversal, con un enfoque social y de derechos humanos en materia de discapacidad asociada a la accidentalidad vial, es innegable que los costos y barreras que supone la condición de discapacidad, inciden en el empobrecimiento, la escasa accesibilidad y en la vulneración de derechos, lo cual evidencia que la mayoría de personas con discapacidad de origen vial en Medellín pertenecen a los estratos 2 y 3 y en su mayoría son jóvenes y esto redunda en la pérdida de capacidad laboral e ingresos económicos. Como ejemplo, ^{Cabrera & Salazar (2016)}, p. 21 determinan que en el año 2016 en Medellín hubo aproximadamente 27.250 lesionados con diversos niveles de gravedad, y que podrían ser generadores de discapacidad. Igualmente, los recursos que se destinan en el sistema se consideran como gasto público y poco suficientes

Para realizar estudios estadísticos sobre discapacidad se puede apoyar en técnicas de recolección de información como los censos, las encuestas de hogares, los análisis de registros nacionales de personas con discapacidad y la vigilancia epidemiológica. Cada una de estas estrategias arroja información importante y son una base fundamental para la elaboración de planes de acción y focalización de programas y servicios de apoyo. A nivel internacional, la OMS y la OPS, recomiendan establecer políticas para el registro de la información que permita generar indicadores para conocer en qué medida las estrategias de seguridad vial están funcionando. En ese mismo sentido, promover el cumplimiento y vigilancia de las leyes de seguridad vial con actividades de concienciación sobre los costos humanos, sociales y económicos que pueden generar la inseguridad vial y así, enfatizar en la responsabilidad de los Estados de garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos, reconociendo que la seguridad vial es una prioridad en materia de salud pública, por tanto, debe haber una política pública encaminada a garantizar una movilidad segura, equitativa, saludable y sustentable pues los accidentes de tránsito, se deben prevenir.

En este escrito se ha mostrado que la inclusión social de las personas con discapacidad, y en el caso específico de la discapacidad asociada a accidentes de tránsito, depende no solo de acciones independientes y particulares sino también de la acción integral del Estado, de la voluntad política de los gobiernos y de la construcción de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con la creación de escenarios para el disfrute pleno de los derechos del grupo poblacional con discapacidad. Bajo esta óptica, se plantea una relación entre discapacidad y justicia, para ^{Molina (2005)} “la discapacidad es una categoría moral - política y que es la justicia quien exigirá a las instituciones sociales, actores externos y entes gubernamentales (familia, comunidad, estado y sociedad) el reconocimiento y visibilidad de las personas con discapacidad como sujetos políticos” (p. 259).

Por esto, a pesar de los estudios y propuestas para el abordaje de la problemática siempre estará la necesidad de agregar nuevos elementos para el análisis crítico y el aporte a su conocimiento. Es así como, aquellas personas con discapacidad asociada a accidentalidad vial son convocadas por la institucionalidad para que desde nuevas reflexiones en torno al tema puedan desentrañar los universos simbólicos de la dimensión humana y explorar desde su interior y desde sus subjetividades las necesidades, las ideas, las percepciones, las actitudes y las conductas que se tienen por la movilidad vial y la discapacidad. En tanto se tengan en cuenta que con estos parámetros se puede sostener que la discapacidad es una categoría social y política que implica prácticas y luchas por reivindicar los derechos humanos, y con esta forma de entenderla se responsabiliza a la sociedad para que se estructure conforme las necesidades y las aspiraciones de las personas con discapacidad.

Como se indicó al principio de este texto, comprender el fenómeno de la inclusión social implica también la comprensión de la exclusión social como resultado de una sociedad fragmentada que se caracteriza por negar o restringir derechos al conjunto de la población. Desde la fragmentación se encuentran varias exclusiones, en el caso de la discapacidad asociada a accidentes de tránsito se pueden determinar las siguientes, según ^{Garay (2002}, citado por ^{Molina, 2005}, p. 260): la económica como la incapacidad de generar ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas; la de capital social, cuando se refiere a los pocos mecanismos de participación social; la de capital humano que alude a la falta de acceso y calidad en los servicios de educación y salud y vulneración de los derechos políticos y civiles como son la dimensión política en donde se excluye a la persona de hacer uso del derecho que tiene como ciudadano. También está la perspectiva de justicia que en materia de política pública de inclusión social de las personas discapacitadas por asocio a accidentalidad vial se convierte en el marco argumentativo para fundamentar la dignidad humana y el derecho a reivindicar la posibilidad de ser diferentes, viabilizar esta reivindicación es prueba de que la sociedad está reaccionando y entiende el sentido de la justicia. Si la sociedad es vista como un sistema equitativo de cooperación, las personas con discapacidad pueden desempeñarse como miembros cooperativos. Para ^{Molina (2005, p. 262)} un ciudadano entonces es aquel que puede ser un participante libre e igual, que puede decidir y llevar adelante su plan de vida. En otras palabras, tiene el derecho a tener derechos.

Específicamente en Colombia se busca dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizada por la ONU el 13 de diciembre de 2006 para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas e impulsar el desarrollo social y la defensa de los derechos desde la articulación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social. Esta Convención reconoce a la familia como unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad, y quien debe proteger y acompañar a la persona con discapacidad. Solo mediante el cumplimiento de estos compromisos, entre el Estado, la sociedad y la familia se ayudará a disminuir la profunda desventaja social de las personas con discapacidad, se promoverá su participación y la igualdad de oportunidades en los ámbitos económico, civil, político, social y cultural. Conforme ^{Gómez & González (2008}, p. 5) para lograr hacerle frente a la propuesta de la Convención, se realizó un registro donde se observan las necesidades del grupo poblacional con discapacidad en el territorio nacional para orientar la gestión pública, este instrumento muestra los factores asociados a la exclusión social con lo cual se busca generar políticas de intervención en discapacidad en el país. Con este registro se analizan tres dimensiones para dar respuesta desde lo territorial:

Estas dimensiones se encuentran incluidas en la discapacidad, en este caso asociada a los accidentes viales por medio de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS - para el periodo 2013-2022, cuyo fin es “asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores” (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2018b}). Estos derechos se garantizan en la medida en que se comprendan las dinámicas y las lógicas de los territorios; es decir, se parte de las características físicas, económicas, culturales y políticas que componen sus particularidades, por esta razón, la política pública debe adaptarse a estas, “teniendo presente que el vínculo nación - territorio es el que permite que toda la sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la inclusión plena de las personas con discapacidad” (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a}).

Como apoyo a lo anterior, se cuenta con otros documentos que contienen los lineamientos generales para la implementación de una política pública donde se detallan los conceptos y la metodología para su implementación de forma participativa y concertada. Como son el caso de ley 1618 de 2013 y el Plan Nacional de Seguridad Vial y el Plan de Movilidad Segura del Municipio de Medellín.

El tratamiento del tema de la discapacidad y la inclusión social se encuentran en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 cuyo objeto es “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables” e introduce una definición de las “personas con y/o en situación de discapacidad” en su Art 2, numeral 1.L 1618/2013 como aquellas que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Y en el Art 2, numeral 2. L 1618/2013 presenta el concepto de inclusión social.

un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 en su diagnóstico señala los factores que han incidido en Colombia para que los indicadores en materia de seguridad vial estén en rojo:

una baja formulación y/o ejecución de la política de seguridad vial nacional y municipal, poco análisis y diagnóstico de la población objetivo, insuficiente investigación sobre los factores de riesgo, un exiguo monitoreo y evaluación de indicadores y metas relacionados, así como un escaso recurso humano preparado y una débil capacidad presupuestal e institucional. (p.21)

Presenta algunos indicadores de accidentalidad vial: los conocimientos de la norma y la señalización, las actitudes, la pericia, los errores, los lapsus, la infraestructura y las decisiones personales. También, la falta de coordinación entre las autoridades, la no finalización de los procesos iniciados por contravenciones de tránsito, el otorgamiento de licencias de tránsito y las metodologías de enseñanza que son basadas, exclusivamente, en guías. El Plan estratégico seguridad vial Medellín (2014-2020, p.5), se elaboró conforme un diagnóstico que permitió la generación de programas y acciones para avanzar en materia de movilidad segura, las áreas de intervención son: 1. Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional. 2. Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías. 3. Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad para los usuarios de las vías. 4. Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los usuarios de las vías. 5. Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los hechos de tránsito.

No obstante, en este Plan no se cuenta con suficiente información sobre la discapacidad asociada a los accidentes de tránsito conforme las características sociodemográficas, clínicas y de acceso a los servicios de inclusión de los sujetos involucrados, lo que implica que este tipo de eventos no refleje la eficacia jurídica de la normatividad que está vigente en el país. Además, es necesario tener presente los años de vida saludables que, debido a los accidentes de tránsito, se han perdido por la ocurrencia de lesiones que generan discapacidades asociadas a este hecho en usuarios de la vía en la ciudad de Medellín.