Evolución de la paz en Colombia desde la discusión teórica y normativa

Desde esta perspectiva, se asume la paz como un derecho humano. Para entender la paz como un derecho humano, es importante considerar que la humanidad en su generalidad ha recorrido un largo camino de guerras, conflictos, controversias, pasando por asesinatos masivos y el exterminio de personas por razones de diversas índoles, de igual manera en sus trances las sociedades, gobiernos, ciudadanos, han intentado de manera positiva resolver los conflictos en esfuerzos locales, regionales e internacionales, haciéndose énfasis para su concesión, por ejemplo, en la declaración universal de los derechos humanos, como una declaración de paz mundial.

En el mismo orden de ideas, el derecho humano para la paz, desde la perspectiva crítica del PNUD (2011), invita a los ciudadanos a reconocerse como tales, teniendo en cuenta su dignidad como ser humano y por consiguiente sus necesidades, el desarrollo de capacidades y potencialidades en el marco de una sociedad inclusiva y respetuosa marcada por la diferencia y pluralidad del ser humano, planteándose horizontes de vida que tengan altas aspiraciones de felicidad y desarrollo de su autonomía, en condiciones de florecimiento y seguridad humana, es decir lograr condiciones y medios para preservar el núcleo central de todas las vidas contra riesgos graves y previsibles.

De igual manera, en el PNUD con los Objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos como Objetivos Mundiales (2020), en particular con el objetivo No. 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas, se le da un carácter global al tema de la paz duradera y sostenible. En cualquier contexto se hace un tema estratégico para el interés humano.

Desde un análisis histórico y contextualizado, expresan ^{Cerpa y Molina (2019)}, en ese ámbito social, quienes sufrieron directamente la violencia del conflicto armado buscan un proceso especial que implemente justicia, pero una justicia que satisfaga las necesidades de ecuanimidad y aspirando que el Estado colombiano desde su perspectiva jurídica del derecho a la paz, llegue a un común acuerdo en su mayoría, bajo el marco legal que impone la constitución a la hora de protección de derechos.

Desde esa evolución histórica jurídica, como un derecho para la paz, es preciso afirmar que a lo largo del tiempo Colombia ha logrado superar muchas de sus dificultades y problemas de violencia que hace años se perpetuaban, y hoy muchos quedan como memorias históricas; producto de los procesos anteriores de negociaciones que dieron con las nuevas regulaciones contenidas en la Constitución de 1991, y donde el Estado colombiano en la búsqueda por proteger a sus ciudadanos desde la Constitución política de 1991, estableció entonces el Estado social de derecho como una forma de regular derechos y deberes de forma efectiva e incluyente.

Tal cual lo expresan; ^{Meléndez, Paternina y Velázquez (2018:58)}: “Entendiendo que la paz también puede derivarse de la guerra y de conflictos, es necesario que, para mantenerse en el tiempo, el sistema político debe reconocer los derechos participativos de cualquier ciudadano”.

Coinciden ^{Hernández, Chumaceiro, Zirritt y Acurero (2018)}, cuando afirman; que la paz requiere de la democracia como sistema político nato, pero adicionalmente se debe vivir la paz, como un proceso estructural de fondo que involucra lo social, político y económico. Todo cual ha determinado redefiniciones de las relaciones del Estado con la sociedad a través de diferentes políticas públicas auspiciadas desde las perspectivas de cada gobierno para la construcción de la paz social.

En consecuencia, el derecho humano a la paz es un derecho cuya responsabilidad le corresponde al Estado, pero con la activación de la ciudadanía en la continua vigilancia del cumplimiento de los deberes del Estado y la exigibilidad de nuevos derechos relacionados con la paz permanente, el goce y el disfrute de estos a plenitud en el marco de la emancipación de condiciones adversas al desarrollo humano, por ello el derecho a la paz es una construcción permanente de luchas y acuerdos, de compromisos y deberes entre los diversos estamentos de la sociedad y el Estado. En consecuencia, la convivencia es una necesidad vital para el conglomerado social, vivir en un entorno pacífico y sin violencia, es un derecho prioritario. Así como la obligación del Estado para preservar la paz e incluso reparar a víctimas de conflictos. (^{Trejos, Badillo & Irreño, 2019; Narvaez, Matzumoto, Mira & Zuñiga, 2019}; ^{García, 2019})

Por lo antes mencionado, hay que contextualizar que, a lo largo de la historia en Colombia desde su inicio como civilización no modernizada, asociada por las agrupaciones indígenas, así como en su tránsito durante la colonización española, y posterior con la independencia del yugo imperialista ibérico, hasta el S. XXI, su territorio se ha caracterizado por enfrentar la violencia como una secuela predominante en la sociedad.

Asimismo, la Constitución Política de Colombia del año 1991, fue producto del resultado de algunos procesos de negociación, con grupos armados al margen de la ley debido al descontento generalizado de una sociedad, que sentía que el marco constitucional vigente estaba lejos de responder a las necesidades sociales de la nación. Este instrumento jurídico, conocido como Constitución para la Paz, hizo referencia a la Paz en diversos artículos y desde diferentes ópticas. Donde se habló en el Preámbulo de la Paz como valor, en su Artículo 22, de la Paz como derecho fundamental, y la Paz como deber constitucional en el Artículo 95.

A esto se suma (^{Cerpa y Molina, 2019}), la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que asume la Paz desde una polisemia amplia, como el estado ideal y como principio desde la perspectiva de derecho fundamental, así como de derecho colectivo, con lo cual la ausencia de un concepto definitivo lleva a enormes dificultades en la comprensión del concepto y la reclamación judicial de las garantías que del mismo se podrían desprender.

Es así como la jurisprudencia constitucional en Colombia asume expresiones según sean los sujetos involucrados, las situaciones en conflicto y los mecanismos para solucionarlos, por lo tanto, evaluar estos conceptos permite un acercamiento dogmático que la Constitución Política de 1991, refiere y, por ende, lo que las autoridades y los particulares deben hacer en relación con este concepto. En tal sentido, las dificultades existentes en el país se incrementan cuando ocurre un proceso de negociación con un grupo armado ilegal, para introducirle un contexto normativo para la paz y donde el concepto de Paz como lenguaje sea un elemento más de la cotidianidad. Para tal fin se generó la necesidad de adelantar un estudio sobre, el significado dogmático del concepto Paz en la Constitución Política de Colombia de 1991, especial pero no únicamente desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, sino partiendo de los fundamentos y perspectivas históricas jurídicas, que subyacen los deferentes pronunciamientos judiciales, para un acercamiento con unos elementos medulares que sirvan de consenso cuando el concepto de paz se utilice. (^{Cerpa y Molina, 2019}),

En términos concretos la Paz es un derecho fundamental cuya protección no se puede equiparar con otros derechos de contenido hermenéutico menos problemático, por ser un evento de un perjuicio irremediable y ligado con el contenido de otros derechos puede ser objeto de protección, incluso mediante la acción de tutela histórica jurídica del derecho a la paz, garantizado por el estado colombiano. Además, la presente investigación en su análisis del derecho a la paz, parte como referencia de una categorización de la Constitución, cuyo fin es tratar de evidenciar si el derecho a la paz es una norma programática, normativa o semántica. Implica la revisión del derecho a la paz desde una perspectiva doctrinal y jurisprudencial, que marque su uso en diferentes contextos de la nación colombiana, donde el derecho a la paz tiene una significación bastante particular como consecuencia debido de la larga data del conflicto armado.

Marco jurídico de la paz en Colombia

El Congreso colombiano, en un intento de facilitar la negociación con las FARC-EP inscribiéndola en un esquema de justicia transicional, aprobó en julio de 2012 una reforma de la Constitución mediante el denominado “Marco Jurídico para la Paz”4 . A pesar de las críticas que ha recibido la aprobación de este Marco5 , supone un intento, no exento de riesgos y contradicciones, de sentar las bases para una salida política al conflicto armado interno que ha asolado a Colombia desde hace más de cincuenta años y para la garantía de los derechos de las víctimas (Orozco, 2012). Para el 28 de agosto de 2013, la Corte Constitucional ha declarado exequible el Marco Jurídico para la Paz, lo que supuso un apoyo decidido a los lineamientos establecidos por el Gobierno de Juan Manuel Santos para alcanzar la paz con los grupos guerrilleros alzados en armas contra el Estado. Como señala el artículo 1 de este Marco, los instrumentos de justicia transicional “Garantizarán en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Mecanismos jurídicos que regulan la paz en Colombia

Según Rodríguez, L (2014), estos mecanismos se definen como instrumentos jurídicos impulsados por el estado a fin de controlar o evitar un conflicto armado que pueda surgir dentro del país, estas herramientas se crean para otorgar justicia y eliminar los desacuerdos que se generan, entre los que se puede mencionar la Ley 975 de 2005, que ha sido importante ya que por medio de ésta se logró desintegrar un grupo de miembros de las autodefensas unidas de Colombia de alrededor 35.299 miembros, aunque a su vez presentaron dificultades debido a que el Estado quería condenar a todos sus miembros, y procedió a investigarlos individualmente, esto resultó en un fracaso porque no obtuvieron más de 15 sentencias condenatorias durante los ocho años siguientes al inicio del proceso.

Por medio de la Ley mencionada se elimina el reconocimiento político para todas las organizaciones armadas, y eliminando el poder de porte de Armas a las personas que por medio de actos probados hayan cometido asesinatos, secuestros, y cualquier acto atroz en perjuicio de la integridad del individuo. El presente marco normativo es denominado también Ley de Justicia y Paz, el cual fue aprobado para integrar a la sociedad a todos los miembros de grupos armados, con la condición de colaborar con la justicia, con el restablecimiento de la paz en la nación.

De acuerdo con ^{Estrada (2019)}, en el propósito de recuperar la paz en Colombia y finiquitar el conflicto, se han decretado: (L.1448/2011) destinada básicamente a atender, asistir y reparar de forma integral a las víctimas del conflicto armado; para ello se dictan sentencias contra los responsables del hecho ilícito, se imponen medidas cautelares, entre otras decisiones judiciales en procura de reestablecer los derechos de la persona vulnerada. Posteriormente, con el propósito de que se facilitara y asegurara la implementación y desarrollo de las normas contempladas en el Acuerdo final, se concibió el fast track o procedimiento expedito, lo cual se concertó entre el Gobierno y las FARC. Esto venía a darle a esta organización guerrillera mayores garantías de cumplimiento. Aunado a ello, con (L.1820/2016), que versa sobre la amnistía, indulto y tratamientos especiales, era necesaria para que las FARC dejaran las armas y pasara a hacer vida política en el marco de las leyes.

Esta ley, (L.1820/2016), contempla el delito político y delitos conexos realizados durante una rebelión, y así se sustenta con los límites establecidos por el Estatuto de Roma, estableciendo así el Acuerdo de Paz que en los casos de delitos de lesa humanidad, genocidio, reclutamiento de menores, privación de libertad, toma de rehenes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, acto carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de niños, desplazamiento forzado, entre otros actos de esta índole, no habría ninguna amnistía, indulto o cualquier otro beneficio equivalente. Vale acotar que sobre esta ley se pronunció la Corte Constitucional con sentencia (C. Const. Sentencia T-007/2018) de 1 de marzo la cual establecía que el reclutamiento de menores de 18 no sería considerado para amnistía debido al Protocolo Facultativo a la Convención del Derechos del Niño vigente en Colombia; pronunciamiento que obedece a que la ley establecía como delito no considerado para amnistía el reclutamiento de niños, pero menores de 15 años.

Esta ley (L.1820/2016), fue reforzada con la aprobación del decreto 277, el cual establece un procedimiento para su implementación efectiva. El propósito del decreto era acelerar la ley en los aspectos procesales, pues su implementación en su entrada en vigor había sido muy lenta, pues había una resistencia por parte de los jueces de la justicia ordinaria a aplicarla (^{Estrada, 2019})

Si bien se han manifestado críticas contra dicha ley, se puede alegar que en buena medida son infundadas pues Colombia cuenta con un historial de leyes de amnistía en las últimas décadas, como la (L.35/1982), la (L.77/1989), el (D.206/1990) y la (L.241/1995), entre otras; esto comprueba que hay una consistencia en términos jurídicos y políticos, y los detractores de la ley (L.1820/2016) simplemente están en contra o desdeñan el Acuerdo de Paz alcanzado. En realidad, esta ley tiene la virtud de caracterizarse por su claridad y detalles, lo que la hace mucho más superior que otros instrumentos de procesos de paz que se han aplicado sin mucho éxito como el M-19 en los años 90.

Sostiene ^{Estrada (2019)} que el propósito de la mencionada ley fue reforzado con el acto legislativo 01 de 2017, destinado a crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz; y el acto legislativo 02 de 2017, concebido como un blindaje jurídico del Acuerdo de Paz; el acto legislativo 03 de 2017 elaborado para regular de forma parcial la reincorporación de las FARC a la política; y la Ley Estatuaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la cual tuvo un camino cuesta arriba para que pudiera ser sancionada el año pasado por el actual presidente Duque pasándose a conocer como la (L.1957/2019).

Previamente, en el 2018, se aprobó la ley (L.1922/2018), por la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz; la cual, junto con la ley (L.1957/2019), son consideradas normativas aprobadas más allá del marco fast track (^{CINEP/PPP-CERAC, 2019}). Por otra parte, en cuanto a decretos con fuerza de ley, además de la ley 277, es pertinente hacer mención de otros como el Decreto (L.588/2017) destinado a organizar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. El 589 de 5 de abril de 2017 mediante el cual es organizada la Unidad de Búsquedas de personas desparecidas por el conflicto armado; El decreto (D.700/2017) que se refiere a la acción de habeas corpus si hay una privación de libertad indebida prolongada, que además deriva por la falta de aplicación oportuna de la ley (L.1820) y el decreto ley 277. El decreto (D.706/2017), que estable un trato especial a los miembros de la fuerza pública en razón del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El (D.775/2017), que establece normas para que el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, preste servicios de defensa técnica a los miembros de la Fuerza Pública en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El decreto (D.903/2017), que versa sobre el inventario de bienes y activos a disposición de las FARC.

Para el año en corrientes, es decir, 2020, de acuerdo con información suministrada por la FARC, ya como partido, han sido 222 los excombatientes que han sido asesinados desde que en el 2016 se firmara el Acuerdo de Paz. Dicho partido, al tiempo que denunciaba estos hechos, alertó que en Antioquia, una de las zonas más afectadas por la violencia en contra de los excombatientes de las FARC, al menos 25 excombatientes han sido asesinados en lo que va de 2020. (^{Agencia AFP, 2020}). Por esta razón la JEP se ha visto obligada a dictar medidas cautelares colectivas para favorecer a los excombatientes que ahora están siendo víctimas de ataques. También se ha hecho saber que 93 antiguos rebeldes se han dado casos de desplazamiento forzoso, o que son obligados a abandonar las áreas donde desarrollan su reincorporación en un sentido social y económico. Todo lo cual constituye una violación a los derechos fundamentales, pero también atenta contra los derechos que tienen las víctimas a conocer la realidad de lo ocurrido en el conflicto, pues los antiguos guerrilleros, si cuentan la verdad, pueden aspirar a penas alternativas a la prisión, reparando a los afectados y prometiendo alejarse definitivamente de la violencia.

Esta situación pone en peligro el Acuerdo de Paz porque los exguerrilleros pueden sentirse traicionados o que simplemente están recibiendo la peor parte de un acuerdo que los ha llevado a una condición peyorativa. Incluso ya se han presentado casos de antiguos rebeldes que han declarado su intención de regresar a las armas como el caso de Francisco Durango Úsuga y otros disidentes (^{Semana, 2020}). Más significativo ha sido el llamado de vuelta a las armas de Iván Márquez, figura protagonista en las negociaciones, alegando que el gobierno está irrespetando el Acuerdo (^{Casey, 2019}). Sin embargo, el Acuerdo ha mostrado cierta fortaleza; se ha capturado a Durango Úsula, el Tribunal de paz los excluyó a los disidentes de los beneficios penales acordados y el partido FARC los expulsó de su organización.

Conflictos de violencia en Colombia

El Conflicto Armado en Colombia se produce de manera continua, convirtiéndole en objeto de temas centrales en diversas investigaciones, por lo que existe un amplio análisis acerca del tema, diversos expertos han aseverado sus opiniones acerca del gran conflicto que atraviesa Colombia, desde hace más de medio siglo.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja “En 2017, la Unidad para las Víctimas reportó cerca de 77.000 víctimas del conflicto y la violencia, la mayoría desplazados. No solo se trata de un número preocupante de personas. Cada cifra representa la historia de dolor de una familia que nunca debería haber sufrido una situación así.” Por lo que este tema abarca en Colombia la primera fila en los noticieros, radios, periódicos, y otros medios de comunicación que mencionan este fenómeno como el más largo en la historia de un país, únicamente Colombia ha experimentado esto.

Por otra parte, la periodista Heidi Tamayo Ortiz, en su artículo publicado en el periódico El Mundo (2015), “Conflicto armado en Colombia: factores, actores y efectos múltiples”, pretende individualizar y caracterizar el conflicto colombiano y señala de forma categórica que: “Al caracterizar el conflicto armado que ha vivido Colombia, algunos de los expertos consideran que este debe denominarse como: conflicto social armado; mientras que otros apuntan a que ha sido una guerra civil, simplemente una guerra, un conflicto irregular. Ante la diversidad de opiniones, se ha optado por nombrarlo como: Conflicto Armado Interno; un Concepto que se ha Manejado en la mesa de Negociaciones”. (Tamayo, 2015, pág.3)

De igual manera, se han presentado posibles soluciones en mecanismos jurídicos interpuesto por el Gobierno nacional, en la búsqueda de una solución efectiva para lograr la ansiada paz que el pueblo quiere, tener desde el inicio mismo de su construcción como república.

“La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo” (Bolívar, 1842). Con esta frase alusiva a la paz se refleja el anhelo y la necesidad histórica y universal de la construcción de herramientas o fórmulas que permitan una convivencia pacífica entre las personas o grupos de una sociedad.

La anterior opinión es sustentada desde las formas de violencia que aún se presentan en la urbanidad, y que incluso llegan no solo hasta las áreas rurales, sino también en ciudades de avanzada como el caso de Barranquilla del departamento del Atlántico del territorio colombiano.

No obstante, desde la implementación del proceso de paz entre el grupo al margen de la ley (FARC) y el estado colombiano han surgido muchas incógnitas, inconformidades y apoyos a este proceso de paz por parte de la población civil. Todas estas inconformidades y apoyos al proceso de paz, entre las FARC y el Gobierno Nacional se deben a que la violencia sin lugar a dudas es un factor que por más que se trate de erradicar, siempre va a pertenecer en la memoria de quienes sufrieron las más viles consecuencias en este proceso histórico violento.

Es por estos motivos, se enfatiza que a la hora de implementar una propuesta que busque eliminar cierta parte del factor “violencia” muchos no van a estar en concordancia con las soluciones negociadas entre los bandos.

Por lo cual puede decirse que, desde el ámbito social, quienes sufrieron directamente la violencia de este conflicto armado, buscan un proceso especial que de alguna manera implemente justicia, pero una justicia que satisfaga las necesidades de ecuanimidad de éstos, y aspirando que el Estado colombiano desde su perspectiva jurídica del derecho a la paz, llegue a un común acuerdo en su mayoría, bajo el marco legal que impone la constitución a la hora de protección de derechos.

En ese orden de ideas, una ciudadanía entendida como la condición que determina por una parte; su obediencia a la autoridad del Estado al que pertenece y, por otra, el libre ejercicio de los derechos y privilegios que éste le otorga, incluyendo en ese orden la participación ciudadana y las acciones de defensa de los derechos humanos. (^{Hernández, Meléndez, Chumaceiro & Gil, 2017}).