Génesis del miedo en el contexto colombiano

Para hablar de la génesis del miedo en Colombia es acertado situarse en el conflicto armado. Este ha tenido un clima de múltiples víctimas y variaciones significativas con la confrontación de sus participantes (guerrillas, paramilitares, y el mismo Estado). La desaparición forzada de personas en el marco del conflicto armado, por ejemplo, destaca como un fenómeno que se incentivó como parte de las acciones criminales para confrontar el miedo.

Un informe del ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2016)}, destaca, en tal sentido, cómo comunidades enteras fueron transformadas no solo a causa del miedo recrudecido por la cantidad de personas desaparecidas, corolario que intensificaba no solo las secuelas del conflicto, sino las respuesta al mismo, pues los distintos gobiernos se vieron obligados, tras la ola de violencia, a guiar la expedición y aplicación de continuos estados de excepción con la creación de Estatutos de Seguridad pensados para contrarrestar al “enemigo”, esto es, fuerzas disidentes que violentaran los derechos humanos y atentaran contra la seguridad ciudadana.

De esta forma, el ataque al enemigo fue validado por la misma legislación; recuérdese la incursión de particulares con alta tendencia al crimen, bajo la creación del decreto de estado de sitio No. 3398 de 1965, que justificó la defensa armamentista de la población civil en los años 60’s, contexto que permitió la polarización de estrategias contrainsurgente en una mezcla de poderes, por un lado, el monopolio de la fuerza que radicaba en la soberanía política estatal, y por el otro, el traslado de dicho monopolio hacia los particulares por la doctrina de la autodefensa de la Nación.

Una vez constituidas las guerrillas la creación del Estatuto de Seguridad Nacional por parte del gobierno del Ex presidente Turbay Ayala, se extendió desde 1978 hasta 1981 y se constituyó en un “marco normativo que ampliaba las facultades de procedimiento de las Fuerzas Militares, restringiendo derechos y libertades en las garantías procesales de quienes fuesen capturados” (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016}). Doctrina que era fiel reflejo del modelo de seguridad emanado de los EE.UU pero moldeado a la percepción estatal frente amenazas y ataques por grupos armados disidentes. Paradigma que se convirtió en el corpus operativo e ideológico para atacar a los “enemigos” del Estado. Nótese, además, que ya el centro de las preocupaciones en el país para la década los 80’s no era solo el conflicto armado, sino también el narcotráfico.

Al respecto, Daniel Pécaut, gran conocedor de la historia colombiana, contextualiza con suficiente claridad cómo el narcotráfico se constituyó en un problema central, pues aparece estrechamente ligado a actos terroristas que contribuyen a desestabilizar las instituciones, a la par, que el fenómeno nace, igualmente, ligado a las actividades de la guerrilla. Pécaut sintetiza que, “si el narcotráfico se convierte también en problema político, el miedo afecta también a las instituciones políticas” (^{Pécaut, 2006}).

Con estos antecedentes, el miedo al crimen o la misma percepción de inseguridad, nace ligado al contexto del conflicto armado, escenario donde paramilitares, las bandas criminales emergentes, las guerrillas y el propio Estado, juegan un papel central. En este panorama en virtud del derecho a la seguridad que demanda la sociedad, las víctimas y la colectividad en general, exigen al Estado en el ejercicio del ius puniendi, un modelo seguritario con incidencia extrema en el derecho penal como regulador de la vida social por su efecto sancionatorio.

El miedo, en consecuencia, se constituyó en una variable capital, teniendo en cuenta que después de los años 60’s el conflicto armado tuvo consecuencias inimaginables. No se trataba entonces de cometer crímenes de trascendencia internacional por la sistematicidad y la generalidad en la que se cometían las conductas, sino de crear una cultura de terror, donde la práctica de descuartizar cuerpos, por ejemplo, en presencia de las víctimas, creó pánico colectivo a un nivel tal, que la primera opción para sobrevivir era perder las tierras y abandonar el territorio habitado. El siguiente panorama refleja esto de manera contundente:

El recurso de las motosierras para descuartizar cuerpos y su lanzamiento al agua o la incineración en pilas de llantas o las fosas clandestinas, son parte del repertorio de las mafias que se empezó a usar desde los años ochenta con la irrupción del narcotráfico, que se ha prolongado hasta nuestros días en una trama confusa en la que la violencia del narcotráfico no pocas veces es utilizada para invisibilizar la violencia del conflicto armado, reconociendo que ambas se suceden simultáneamente e incluso se superponen en el tiempo y el espacio (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016}, p. 115).

A partir de lo anterior, aparece un panorama que aviva pánico colectivo: asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, crímenes de violencia sexual, y el desplazamiento forzado con un impacto significativo, no solo desde una perspectiva étnica, sino incluso, de género. Esto, por tanto, incrementa una serie de riesgos e inseguridades, como sostiene ^{Paz (2013}), asociadas al auge del conflicto en una atmosfera de inestabilidad política que propaga, en suma, miedo (^{Ordóñez, 2006}). Esto tiene un efecto significativo en las mujeres, pues son afectadas de una manera diferencial y especial.

Lo anterior se explica desde uno de los fenómenos más representativos derivados del conflicto, esto es, el desplazamiento forzado. Drama humanitario que ha sido lo suficientemente sustentado por la Corte Constitucional, alertando sobre la existencia de riegos desde una perspectiva étnica y de género. Entre ellos se destacan: el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley; los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; entre muchos otros (^{Cfr. Auto 092, 2008}).

Estos riesgos son, en resumen, factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada, que no son compartidos por los hombres, al tiempo que también se acentúan en mujeres indígenas y afrodescendientes, pues cada grupo étnico tiene sus propias especificidades que, con el auge del conflicto, han detonado consecuencias disimiles y no por ello de menor importancia.

Al respecto, la naturaleza diferencial del impacto del desplazamiento forzado sobre los pueblos indígenas, ha sido significativa: “radica en que entremezcla facetas individuales con facetas colectivas de afectación, es decir, surte impactos destructivos tanto sobre los derechos individuales de las personas pertenecientes a las etnias afectadas, como sobre los derechos colectivos de cada etnia a la autonomía, la identidad y el territorio” (^{Auto 004, 2009}).

Los desplazados colombianos como contextualiza ^{María Teresa Uribe (2000)}, son una suerte de colectividad apátrida, aunque “no tienen que abandonar la Nación, les basta con moverse dentro de las fronteras de su país y situarse por fuera del territorio controlado por el poder con pretensión de soberanía que los expulsó, para poner sus vidas a salvo” (2000, p. 54). Además, insiste Uribe, el que exista una tradición de despojo y desplazamiento, de movilidad en el territorio, de frecuentes cambios en los lugares de residencia, a la que los desplazados colombianos están habituados, no significa que ellos estén menos afectados por esta experiencia que los refugiados de otros países” (2000, p. 57).

Un buen grupo de estudios señala que la violencia ha llegado a ser un fenómeno secular, habitual y propio de la vida colombiana. Según estos, atrás, en algún momento del pasado, se produjo un “pecado original” que desató una ola que no ha cesado. Este “pecado original” es, dicen algunos, un evento político, una guerra civil o un magnicidio. Para otros, consiste en algo genético o cultural que ha signado la vida del país. Según otras conjeturas es el resultado de la pugna entre los partidos, la lucha por la tenencia de la tierra o un defecto o deformación de algunas instituciones (^{Montenegro & Posada, 1994}, p. 2).

Por otra parte, un tercer grupo considera la “no presencia del Estado como la causa de la violencia en Colombia. Bajo esta aproximación la ausencia del Estado se refiere a la carencia de aparatos públicos de prestación de servicios sociales, a la ausencia de oficinas regionales del Ministerio del Trabajo y a la falta de infraestructura de vías, acueductos y telecomunicaciones. Pero sobre todas las cosas, esta tesis hace énfasis en la inexistencia de mecanismos de participación ciudadana que puedan congregar a las comunidades locales y comprometerlas en proyectos de acción política pacífica (^{Montenegro & Posada, 1994}, p. 2). Finalmente, una cuarta escuela propondría asociar la violencia con una rica mezcla de asuntos históricos, económicos, culturales y sociológicos. Se trataría de un fenómeno multivariado, complejo, conjunción y causas atadas de forma íntima. En el fondo la violencia sería el resultado de diversas formas de la injusticia social y económica, pero sus causas inmediatas serían múltiples (^{Montenegro & Posada, 1994}, pp. 2-3).

Desde la última óptica propuesta, no solo aparecen impactos diferenciados y agravados, sino también, múltiples formas o manifestaciones de violencia. Desde la teoría desarrollada por ^{Durán, López Fonseca, & Restrepo (2009}), estás pueden ser, por un lado, la violencia criminal, de la cual hacen parte el crimen organizado y el crimen común; y por el otro, la violencia política, de la que hace parte el conflicto armado. Pero aclaran, que el límite entre crimen organizado y violencia política es difuso, debido a la existencia de diferentes formas de interacción entre estas dos.

Lo anterior, ratifica entonces, como se manifestó en la parte introductoria que, las actividades de la “guerrilla ligadas al narcotráfico y al secuestro de civiles con fines económicos hacen cada vez más borrosa la línea divisoria entre la violencia política y la criminalidad. Lo cual, en el contexto colombiano, permite decir que, violencia y criminalidad son casi sinónimas en su historia contemporánea y sobretodo en los últimos años (^{Montenegro & Posada, 1994}).

Ahora bien, el conflicto armado desde su inicio ha tenido diferentes actores y variados niveles de intensidad. En sus orígenes, a propósito de la era de La Violencia, desencadenada con el Bogotazo (1948), fue sin lugar a dudas un paso decisivo en la conformación de las primeras guerrilleras liberales, en los años 60’s, mismas que se propagaron con el advenimiento de diversos grupos guerrilleros ―Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (conocido como Ml9), entre muchos otros―.

Además de los grupos descritos, las AUC―autodefensas Unidas de Colombia― también han jugado un papel fundamental. Esta organización paramilitar ha sido catalogada internacionalmente como grupo terrorista, al punto que ha sido clasificada como un grupo criminal que ha dejado víctimas al mismo nivel que las guerrillas. Hecho que generó el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de la organización, el 1 de diciembre de 2002, bajo el gobierno del Ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, a las AUC le sobrevinieron disidentes, que pertenecieron a las AUC, pero no negociaron con el Gobierno; los que entraron al proceso y no se desmovilizaron y los reductos de bloques que no se desmovilizaron. Entre ellos el Frente Contrainsurgencia Wayúu, las Autodefensas Campesinas del Casanare, el Frente Sur del Putumayo, las Autodefensas del Meta y Vichada y reductos de varios bloques tales como los del Central Bolívar, Libertadores del Sur, Pacífico y del Élmer Cárdenas” (^{Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010}, p. 22). Dicho de otra manera, en estos grupos actúan mandos medios y desmovilizados de las AUC que reincidieron en acciones armadas y criminales (rearmados); algunas estructuras de las AUC y distintos grupos paramilitares que no se desmovilizaron (disidentes); y organizaciones criminales que ya existían y se visibilizaron al ocupar los vacíos territoriales dejados por los frentes desmovilizados o por grupos que se conformaron recientemente (emergentes) (^{Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007}). En suma, estos fueron grupos que no entraron al proceso o que su desmovilización fue incompleta (^{Granada, Tobón García, & Restrepo, 2009}), o simplemente fueron bandos que no se desmovilizaron.

En el caso de “los emergentes se caracterizan por ser grupos especialmente dedicados a la delincuencia organizada o al control local del narcotráfico, ubicados principalmente en centros urbanos. Existían antes del proceso de DDR y su visibilidad era mínima por la presencia de las AUC. También, se tienen en cuenta en esta categoría algunos que se han constituido luego de la desmovilización” (^{Granada, Tobón García, & Restrepo, 2009}).

Es preciso decir entonces, siguiendo a ^{Aponte (2012)} que, en el caso colombiano, por tradición concurren, grupos de autodefensas, cuya estructura de mando, presencia y dominio o disputa territorial, es identificada bajo el desarrollo de acciones concertadas sobre un territorio (además, por supuesto, de constatar las acciones permanentes de amedrentamiento contra la población civil que las soporta en territorios cooptados y privatizados) (2012, p. 30).

Ahora bien, la idea de grupos organizados que concurren bajo la modalidad de criminalidad organizada en el escenario del conflicto armado, es importante para el ejercicio del ius puniendi como mecanismo sancionatorio y de control estatal. Esto, aunque no es el objeto central del estudio, es crucial para explicar la titularidad de responsabilidad penal de personas o grupos que integran aparatos organizados de poder, teoría ampliamente argumentada por ^{Roxin (2000}), para vincular también como autor de la conducta punible, a aquellos que utilizando a otro/s como instrumento, infringen la ley penal en grupos claramente identificados y organizados.

Lo anterior es lo que se conoce como la autoría mediata en aparatos organizados de poder, la cual intenta evitar que, con las estructuras criminales, ampliamente organizadas, desaparezcan los autores centrales de las atrocidades, persiguiendo así, penalmente, a los jefes de las organizaciones. Tesis que ha sido seguida por la Corte Suprema de Justicia, recientemente (^{radicado No 50236 SP5333－2018 del 5 de septiembre de 2018}), definiendo los siguientes elementos constitutivos de la figura:

La organización con estructura jerárquica, presenta, según explican ^{Granada, Tobón García, & Restrepo (2009}) una cadena de mando lineal. Se identifica por la existencia de una cabeza visible, mayor tendencia hacia la disciplina militar y uniformidad en sus miembros (uso de uniformes o distintivos). Mientras que la organización, que ellos definen como estructura híbrida, cuenta con una cadena de mando no lineal y conformada por federaciones de grupos que responden directamente a un mando central, aunque conservan una relativa autonomía. Se identifican porque tienen varias cabezas visibles y se distribuyen en el territorio de tal forma que cada estructura actúa de modo independiente, pero con objetivos comunes. No responden a una disciplina de tipo militar, tampoco hay una uniformidad en sus miembros (por lo general, no utilizan distintivos o uniformes), sino que tienden a camuflarse dentro de la población urbana (^{Granada, Tobón García, & Restrepo, 2009}, 475).

Las estructuras armadas, sea cual sea la calificación del grupo, han tenido protagonismo en el panorama del miedo, desencadenando una dinámica de violencia que no habla solo del conflicto, sino de modalidades diversas o conexas a él. Nótese por ejemplo que, según explican ^{Restrepo, González, y Tobón (2011}), a partir de los datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en 2010 “los grupos neoparamilitares perpetraron casi el doble de acciones violentas que las FARC, sin contar los combates”. Por ello es interesante la clasificación arriba descrita, en tanto que, actualmente, con los procesos no solo de desmovilización, sino tras los Acuerdos de La Habana, han surgido diversos grupos que, no siendo originarios de los bandos tradicionalmente enfrentados, si poseen una estructura que los identifica como organizaciones criminales (^{González, 2013}), por tratarse de grupos que evolucionan en torno al ejercicio de la violencia, bajo el control de la población y la insurgencia en diferentes modalidades.

Esa coyuntura “bebe” de la tradición del conflicto armado, pero se sustenta en una transformación de la violencia en Colombia. Con estas nuevas estructuras organizativas representadas en bandas criminales emergentes, el miedo entonces, pasa a tener un lugar significativo a la hora de hablar de las diferentes formas de violencias ―en su modalidad de criminalidad organizada― en un camino que busca la paz, con opciones a veces simples y otras veces complejas, acompañadas como diría Alfredo Witschi-Cestari, de trazados cortos y de largo aliento, y zonas de alta seguridad y mucho riesgo, donde pese a la barbarie, el “conflicto colombiano es, un callejón con salida” (^{PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, 2003}). Pero para otros, como explica Uprymny (2006), Colombia ha estado transitando en un proceso de justicia transicional, pero sin transición. Tema que no está concluido, pues faltan discusiones venideras conforme avance el desarrollo normativo del Marco jurídico para la Paz, a la par de su implementación, y con él, la acción del Tribunal Especial, en el mismo contexto.

El miedo como dispositivo de control global y estatal

La última década del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI, han estado marcadas por fenómenos que vuelven a poner la lupa sobre el miedo como una variable de fundamental importancia, no solo como mecanismo de control político, sino como una verdadera arma que permea de manera profunda la vida económica de los Estados y las sociedades, las cuales son afectadas, cada vez más, por la inseguridad, el temor y el pánico, que infunden, no solo los fenómenos globales, sino los contextuales, esto es, los fenómenos que se desarrollan de manera particular en cada territorio, en focos geográficos de los Estados-Nación.

Lo anterior se agrava por la presencia de miedos globales, como por ejemplo, los desencadenados el 11 de septiembre de 2001, por el ataque a las Torres Gemelas en los EE.UU. Hecho que surge en un ambiente de “boom” propagandístico para tratar aniquilar a quienes son catalogados como terroristas, pues las comunicaciones en manos de los grandes poderes del mundo, contaban con una tecnología capaz de hacer llegar mensajes hasta los lugares más recónditos del planeta, y así, como planteara Roger Caillois, “el miedo humano hijo de nuestra imaginación, no es uno sino múltiple, no es fijo sino perpetuamente cambiante” (^{Vela, 2007}).

En este escenario, la tesis del “choque de civilizaciones” de Samuel ^{Huntington (2001}), reactiva un nuevo temor, el terrorismo (^{Van Der Pijl, K. 2016}), pero esta vez, a escalas planetarias. Fue así como el surgimiento de nuevos y mayores temores marcaron el final del siglo XX y apostaron a un principio de siglo XXI cargado de nuevos niveles de inseguridades y temores para la sociedad global.

El mensaje se convirtió en una poderosa arma, una espiral imparable que facilitaba el pasó de unos miedos a otros, caos por el cambio del clima, temor por las crisis financieras, miedo a la guerra, pánicos alimentarios, virus y pandemias variados e invencibles, caídas inesperadas de los mercados, es decir, miedos individuales y colectivos se convierten en dinamizadores que mantienen en alerta al mundo (^{Virilio, P. 2012}).

Por tanto, si el dispositivo no había fallado, tendría que mantenerse el miedo como dispositivo de control estatal, las industrias, las religiones y todos aquellos que hicieran del poder su interés central, pues el nuevo orden mundial liderado por Los EE.UU prometía un periodo de pánico permanente a todos los niveles en las sociedades del siglo XXI. Adicionalmente, el panorama latinoamericano estaba mediado por procesos de legitimación sospechosos, descritos por Aniyar de la siguiente manera:

Por lo anterior, se mantuvo una línea de inseguridad que ya estaba establecida, pero daría, no obstante, impulso a un periodo de miedo global de dimensiones insospechadas. Ante la opinión pública mundial aparecía el fenómeno del terrorismo que ya era conocido, pero esta vez era mostrado con unas nuevas dimensiones, lo que obligaba a combatirlo también de forma global. Las consecuencias no se hicieron esperar, el surgimiento de un control a escala planetaria era una necesidad urgente, los límites a las libertades eran necesarias y la legislación se enfocó al logro de estos fines (^{Sáez, 2015}). Es decir, una nueva geopolítica llegaba cargada de miedo y de necesidades de recursos para financiar ejércitos dotados de alta tecnología capaces de encontrar al enemigo en cualquier guarida, recursos para controlar la financiación a terroristas escondidos en países como Irak o Afganistán, o recursos para dinamizar nuevas industrias de seguridad privada que apoyaran la tarea de los Estados en la protección de la aldea global.

Circunstancia que originó, en efecto, pánico desbordado en su esfera política y social, con el apoyo de los medios de comunicación, mismos que se apoyan en imágenes de cualquier punto planetario para generar la alerta global esperada. Recuérdese para el caso de Colombia, cómo desde el miedo y todas las inseguridades derivadas, se legitimó sin respetar las normas del derecho internacional humanitario, el ataque a la frontera ecuatoriana para contrarrestar al enemigo, esto es, el ataque que dio por resultado, entre otros, la muerte del líder guerrillero, Raúl Reyes en el año 2008, como integrante las FARC, generando una crisis diplomática en la región por la violación a la soberanía territorial ampliamente protegida y regulada por el derecho internacional.

Para la época, este escenario donde el miedo es comercializable desde la óptica de la oferta y la demanda, Colombia mantenía a través de los bandos enfrentados la dominación a través del terror, por la evolución de estos grupos (guerrillas y paramilitares) en “enemigos” del Estado, en la lógica de Schmitt, y en la aplicación de un derecho extremo, con el auge, por un lado, de nuevas realidades criminales emergentes y, del otro, el incremento de una “marea legislativa” con la máxima intervención estatal, con el advenimiento de la normatividad penal que muta para incriminarlos, justamente como respuesta a la persecución de individuos especialmente peligrosos.

Esto, expresión Jakobsiana del derecho penal del enemigo (^{Günther & Cancio, 2006}), sobre todo en el contexto de la lucha antiterrorista, en la problemática general del crimen organizado, y en la internacionalización de la criminalidad (^{Aponte, 2006}), con el auge del narcotráfico desde y hacia Colombia. Con todo, evolucionó, como explica ^{Aniyar (2010)}, un Derecho Penal del terror y una proliferación de penas informales para contener a una creciente población miserabilizada, sin empleo y sin recursos de subsistencia básicos otorgados por el Estado.

Es importante tener claro que todas las épocas históricas han estado marcadas por la sensación de incertidumbre y temor, pero en la época actual se tiene un especial interés en entender el miedo y la inseguridad, debido fundamentalmente, a las diferentes formas en las que el miedo se materializa diariamente. Formas estas, que no obedecen a un estándar, a un solo origen o, a un evento especial que pueda ser entendido y abordado de manera definitiva para dar respuesta a los cuestionamientos y necesidades que se originan en las diferentes sociedades, Estados y culturas (^{Porretta, 2010}).

La realidad es que, no existe una sola respuesta frente a tantos miedos, pero tal vez, si se evidencia de manera clara unas intencionalidades en el uso del miedo, no solo los relacionadas con el control de unos sobre otros, sino también, los asociados con intereses de orden económico, ligado esto, al poder derivado de las armas, a partir de lo cual se puede visualizar el desarrollo de nuevos productos armamentísticos, como armas atómicas, capaces de provocar pánico, por un lado, desde la óptica de la oferta, pero por el otro, desde la demanda, es decir, con la producción de condiciones capaces de crear nuevos consumos enfocados a mitigar el temor y generar unas mínimas condiciones de seguridad.

El miedo, siguiendo a Zaffaroni en su prólogo para ^{Aniyar de Castro (2010}), se asocia al sentimiento de inseguridad y a las ansiedades por un futuro incierto. Porque, como dice Ciaran: "El hombre como abstracción a veces no dice nada: sólo cuando se habla de terror o de necesidades. En la violencia o el hambre se debate el hombre concreto en cualquier lugar de la tierra"; "el miedo es invención del hombre civilizado, como consecuencia del surgimiento de múltiples necesidades" (Zaffaroni, 2010).

Circunstancias todas, que obligan a estudiar el miedo conceptualmente, no solo desde la filosofía sino desde la teoría política, atendiendo que en el escenario colombiano no solo las víctimas directas sino la sociedad en general, ha sido perturbada por los fenómenos antes descritos y estos factores han influido de manera directa en el escenario social, económico, político y legislativo del país, en tanto que, se han desplegado un conjunto de respuestas que miran más, hacia propuestas predictuales con la maximización de la intervención penal (^{Zaffaroni, 2006}), que al desarrollo progresivo de los derechos humanos.

El miedo en su concepción filosófico-política

El miedo como patrón presente en la historia humana ha sido abordado por diferentes autores y en diversos contextos de orden político, cultural y social. Filósofos como Aristóteles, Thomas Hobbes y Robert Castel, han abordado el miedo como elemento inherente del hombre con la naturaleza y la civilidad. Este último caso, es la postura seguida por Hobbes, quien asume que el miedo es condición necesaria para abandonar el estado de naturaleza y transitar a la civilidad. Dichas leyes “(tales como las de justicia, equidad, modestia, piedad, y, en suma, la de haz a otros lo que quieras que otros hagan para ti) son, por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su observancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes” (^{Hobbes, 1984}, pp.137-138).

En el caso de ^{Robin (2009}), este asume que el miedo se construye de manera interna o externa, como base para poder dominar las controversias subyacentes, sugiriendo un raciocinio bipolar de amigo/enemigo con fines determinados. Contexto donde el miedo externo “implica el temor de una colectividad a riesgos remotos o de algún objeto -como un enemigo extranjero- ajeno a la comunidad. Línea seguida también por Schmitt cuando establece que, “Si un pueblo tiene miedo de los riesgos y penalidades vinculados a la existencia política, lo que ocurrirá es que aparecerá otro pueblo que le exima de unos y otras, asumiendo su protección contra los enemigos exteriores y en consecuencia el dominio político; será entonces el protector el que determine quién es el enemigo, sobre la base del nexo eterno de protección y obediencia” (^{Schmitt, 1984}). El miedo interno se derivaría, por otro lado, de conflictos verticales y divisiones endémicas de una sociedad, como la desigualdad, ya sea en cuanto a riqueza, estatus o poder. Este segundo tipo de miedo político surge de esta desigualdad, tan útil para quienes se benefician de ella y tan perjudicial para sus víctimas, y ayuda a perpetuarlo” (^{Robin, 2009}, p. 45).

Por su parte, Michel Foucault propone un enfoque claramente político para el análisis del miedo, aunque en principio no va a hablar (expresamente) de miedo político sino de seguridad, territorialización, crisis, riesgo y peligro (^{Korstanje, 2010}). También en la obra de Nicolás Maquiavelo puede encontrarse una relación inherente entre el miedo y la política, la expresión “más vale ser temido que amado” empleada en su obra el Príncipe, encierra un elemento fundamental sobre el cual se debe enmarcar el poder del Estado que siempre deberá ver en el miedo un arma que impide el desarrollo de la perversión de los hombres y las acciones que de ella se derivan (^{Taussing, M. 2000}).

Retomando a Hobbes, como explica ^{Kortanje (2009}), fue uno de los primeros pensadores en relacionar el temor, al principio de conservación con la organización política. Coyuntura a la cual atribuye que el estado de igualdad de los hombres en sus facultades físicas y espirituales, es lo que puede provocar como consecuencia natural, rivalidad entre ellos cuando anhelan los mismos deseos, de tal suerte que, el temor aparece como una consecuencia de las confrontaciones originadas en sus deseos comunes, lo que puede desencadenar el aniquilamiento de uno sobre otro.

Estos deseos, trasladados al caso colombiano, han desencadenado repercusiones a un nivel tal, que es de notoria obviedad referirse, desde la tesis hobbesiana, al aniquilamiento no solo de personas sino de colectivos, en un estado barbarie sometido por los bandos o grupos que concurren, a la par del conflicto armado, o como consecuencia de este.

Obsérvese, por ejemplo, cómo en el caso de la “Operación Génesis”, donde se sancionó al Estado colombiano internacionalmente responsable, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (o Corte IDH), por la participación de las fuerzas militares en la violación masiva de derechos humanos a la población afrocolombiana del Urabá chocoano, la cual tuvo que soportar en su territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, acompañada de amenazas, asesinatos y desapariciones, que originaron su desplazamiento forzado a gran escala, en particular durante la segunda mitad del año 1990. En este escenario, verbigratia, algunos testimonios indicaron, sin que fuera controvertido por el Estado que, luego de darle muerte a una de las víctimas del ataque, los responsables procedieron a desmembrar su cuerpo. Hecho en el cual los paramilitares jugaron con su cabeza como si fuese un balón de fútbol en presencia de los miembros de la comunidad (^{Corte IDH, 20 de noviembre de 2013}). Lo anterior demuestra, de forma contundente, la génesis del miedo como dispositivo de control y dominación, pues la respuesta inmediata a los actos de barbarie perpetrados fue el despojo, la desterritorialización y el desplazamiento forzado con todo el conjunto de vulneraciones derivadas.

Para el caso de América latina la comprensión del fenómeno o variable miedo no ha sido menos importante, el miedo solo puede volverse global si es localizable y además encuentra escenarios sociales concretos (^{Ordóñez, L. 2006}). La convergencia de situaciones de terror, criminalidad y muerte, lo convierten en un espacio propicio para entender su uso como una estrategia que ha funcionado desde la gobernabilidad y ha sido capaz de generar dinámicas para la construcción de realidades importantes en los diferentes países de América Latina (^{López, 2017}).

Es claro entonces que la realidad global ha tenido un importante aporte en el desarrollo del miedo también en América Latina, “los acontecimientos violentos acaecidos en lo corrido del siglo XXI y con efectos a escala planetaria, han reavivado el interés por los estudios sobre el miedo en las ciencias sociales” (^{López, 2017}), con nuevos retos y duras preguntas o cuestionamientos, en especial de tipo económico, que apuntan a lo siguiente: ¿A qué industrias o grupos en particular genera beneficio una medida cuyo resultado sea el pánico individual y/o colectivo? ¿A la industria armamentista en caso de la protección de personas o sociedades enteras? O tal vez ¿A la industria tecnológica encargada de dotar todos los espacios con cámaras que mantengan seguimiento continuo a los movimientos de los habitantes de las urbes? O quizás ¿A la industria aeronáutica en caso de la protección y seguridad de los Estados? O, tal vez, a la gran industria de los seguros que está presta a cubrir muertes o daños, así como queda reflejado en el estudio titulado: Seguros de vida en Colombia, realizado en el año 2013, que visibiliza el crecimiento explosivo de la industria de seguros en los últimos 40 años (Pinzón, D. 2012).

Podría mencionarse un sin número organismos y Estados cuya base económica está anclada al dispositivo del miedo, lo cual está explicado también, de manera contundente, en los estudios del sociólogo belga, ^{Armand Mattelart (2009)}, en su propuesta La globalisation de la surveillance. Aux orígenes de l’ordre sécuritaire, en su traducción al español, un mundo vigilado.

Para el caso colombiano, es indudable que el negocio es la guerra y las múltiples violencias en todas sus facetas y estadios, donde finalmente, la concentración de poder económico, político y social, es derivado del uso del miedo como arma de control social. Lo cual, durante décadas ha sido utilizado por actores diversos, de orden gubernamental y privado, nacional y extranjero a lo largo y ancho del país.