Introducción

A pocos meses luego de conmemorarse cinco años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado colombiano y las FARC-EP en ceremonia llevada a cabo el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, el conflicto armado a través de sus múltiples expresiones continúa siendo el principal protagonista en los territorios. Si bien es cierto, una vez se firma el tratado de paz se presenta una disminución temporal de la violencia, su recrudecimiento comenzará a intensificarse al poco tiempo a lo largo y ancho del país, con mayor intensidad en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Sucre, Putumayo, Valle del Cauca y Nariño, donde el aumento de grupos armados, su dominio territorial, el fortalecimiento del paramilitarismo, desplazamiento forzado, las masacres, asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, al igual que de los firmantes de la paz, entre otros aspectos, se han convertido en una constante sin que desde el gobierno nacional se adopten las medidas necesarias para enfrentar este tipo de situaciones tan críticas.

Por otro lado, las cifras de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados de manera sistemática desde la firma del Acuerdo de Paz son alarmantes. Según el informe 5 años del Acuerdo de Paz: balance en cifras de la violencia en los territorios presentado por el Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz ^{INDEPAZ (2021)}, en Colombia entre el 24 de noviembre de 2016 y el 23 de noviembre de 2021, fueron asesinados 1270 líderes y defensores de Derechos Humanos, de los cuales, 872 asesinatos se presentaron durante el gobierno de Iván Duque Márquez, siendo el 2020 el año con mayor número de asesinatos con 310 casos. Nariño aparece como el tercer departamento que más registra homicidios de estas personas con 126 víctimas, superado simplemente por los departamentos del Cauca con 300 casos y Antioquia con 164 casos respectivamente; del total de asesinados, 886 correspondían a integrantes de organizaciones campesinas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones ambientalistas mineras y comunales¹; en relación con los firmantes del Acuerdo de Paz, el informe revelado por INDEPAZ, señala que en el lapso de tiempo 24 de noviembre de 2016 y el 03 noviembre de 2021, 299 firmantes del Acuerdo fueron asesinados. En Nariño se reportan 36 casos, ubicándose en segundo lugar por debajo del departamento del Cauca con 53 casos.

Con respecto a las masacres, para el 2020 se registraron un total de 91 en Colombia que cobraron la vida de 381 víctimas, los tres departamentos con mayor número de masacres fueron: Antioquia con 21, Cauca con 14, y Nariño con 9 masacres. Ahora bien, entre el 1 enero y el 13 de diciembre de 2021, el Informe de Masacres en Colombia presentado por ^{INDEPAZ (2021)} revela que ocurrieron hasta la fecha señalada 90 masacres, dejando como saldo 320 víctimas, 14 de estas masacres se reportaron en el departamento del Cauca, 14 en Antioquia, 11 en el Valle del Cauca, 9 en Nariño, siendo las regiones con el número más alto de las mismas².

En esa misma línea, en lo que refiere a los puntos que integran el Acuerdo de Paz son más los incumplimientos que los avances que se tienen, en especial por parte del ente gubernamental que según ^{Estrada (2021)} se ha encargado de llevar a cabo una simplificación grotesca del Acuerdo Final, reduciéndolo nada más a la política de Desmovilización-Desarme-Reintegración. Aún las comunidades siguen a la espera de que la paz trascienda más allá de las letras plasmadas en el texto final, se exprese en condiciones objetivas, es decir, se traduzca en políticas sociales, reformas institucionales, presencia integral del Estado en los territorios, en oportunidades reales para las poblaciones, la defensa y el respeto de los Derechos Humanos, etc., pareciese que la paz en Colombia nada más se quedó en la retórica.

En efecto, el ^{Instituto Kroc (2021)} en el marco de su informe respecto de los cinco años frente a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia da a conocer su preocupación con relación a aspectos como la ausencia de garantías de seguridad, viéndose reflejado en el sistemático asesinato de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo; asimismo, se hace énfasis en los pocos avances que se tienen frente al punto 2, correspondiente a la participación política, pese a que su puesta en práctica requiere de un presupuesto no tan alto. En ese sentido, según revela el informe, de las 578 disposiciones del Acuerdo Final se habían implementado 162 completamente hasta finales del 2020, es decir el 30% del total, mientras que 104 de dichas disposiciones, correspondientes al 18% estaban en un nivel intermedio, 202 disposiciones se encontraban en estado mínimo, lo que significa que el 35% solamente iniciaron. Finalmente, las otras 110 disposiciones restantes, correspondientes al 19% se encontraban sin dar inicio con su implementación. Lo anterior permite evidenciar que los avances frente al tratado de paz son muy ínfimos, si a eso se le suma, que varias de las disposiciones han sufrido modificaciones desde el gobierno de Iván Duque que sin duda afectan mucho más la búsqueda de la paz estable y duradera.

Nariño se caracteriza por ser uno de los departamentos con mayores índices de violencia en tiempos de paz, siendo el resultado de aspectos como el incumplimiento del acuerdo, la no presencia integral del Estado en los territorios, la existencia cada vez más extensiva de grupos armados, cultivos ilícitos, entre otros aspectos. Con relación a lo mencionado, la fundación Desarrollo y Paz ^{FUNDEPAZ (2020)} en el informe denominado “Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño Informe Anual 2020” revela que para finales de ese año en el departamento de Nariño se tenía la presencia de 15 grupos armados ilegales que se ubican principalmente en regiones como: Costa Pacífica Nariñense: en los municipios de Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Tumaco, Roberto Payán, Barbacoas, Magüí Payán, Santa Bárbara, Ricaurte y Mallama; en la cordillera y región Norte, límites con el departamento del Cauca, ese encuentran asentados en los municipios de: Samaniego, Cumbitara, Leyva, El Rosario, Policarpa; por último, se encuentran en el sur del departamento, especialmente en el municipio de Cumbal, frontera con Ecuador³. Lo anterior ha acelerado el reclutamiento forzado de menores por parte de dichos grupos armados ilegales, máxime en tiempos de pandemia, especialmente en los municipios de las subregiones Pacífico Sur, Los Abades, Pie de Monte Costero, Cordillera.

Ahora bien, de acuerdo con ^{FUNDEPAZ (2020)} los grupos armados ilegales con presencia en el departamento de Nariño son los siguientes: Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) entre estos se encuentran El Nuevo Grupo, La Empresa, Gente del Orden y Los Negritos; Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) en los que se ubican las disidencias de las FARC, entre ellos, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Bloque Alfonso Cano, el frente Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, Columna Móvil Franco Benavides, Frente Carlos Patiño, Frente Primero, Frente Stiven González y el Frente 30; Grupos Armados Organizados (GAO), acá están el Clan del Golfo (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nariño es un departamento estratégico para los grupos armados ilegales, tanto por su ubicación geográfica, no solo a nivel nacional, sino también internacional, siendo un territorio muy apetecido para el tráfico de armas y drogas, por el amplio número de hectáreas de cultivos de uso ilícito que ahí se cultivan, por la minería ilegal y porque ha sido históricamente un territorio marginal, sumergido en el abandono estatal lo que ha profundizado los niveles de pobreza y desigualdad entre sus pobladores. Las disputas territoriales entre los grupos armados por el control de las rutas y las economías ilegales, ha incrementado los niveles de violencia, desplazamiento y múltiples manifestaciones del conflicto armado, sin que desde el Estado se evidencie ningún tipo de voluntad para contener el fortalecimiento de dichos grupos en la zona, para frenar la guerra, mucho menos para llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz (^{Salas et al., 2018}).

Entonces hay que preguntarse ¿de qué tipo de paz se está hablando? ¿qué es la paz? ¿cómo construir la paz en una sociedad tan conflictiva como la que se tiene en Colombia? ¿cómo construir la paz en el departamento de Nariño en medio del abandono estatal y del fortalecimiento de los grupos armados ilegales? Son algunos de los interrogantes a los que pretende aportar desde el presente artículo. También se busca visibilizar la compleja situación que viven las comunidades en sus territorios como resultado de la agudización del conflicto armado posterior a los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, de igual modo, se busca aportar a la discusión del por qué es necesario el pensarse como sociedad colombiana la construcción de una Paz Histórica, una paz que garantice la transformación de los problemas estructurales, ese tipo de paz que se constituye en algo tan necesario, parafraseando a ^{Norbert Elías (1981)} para los sometidos, los explotados, los débiles, esos que viven directamente las secuelas de la guerra y de la violencia estructural.

Para ello se presentan parte de los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos de índole cualitativo y cuantitativo en el proceso de investigación adelantado durante la construcción de la tesis del doctorado para optar al título de doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, resultados que posibilitaron reflexionar con mayor vehemencia frente a la necesidad de trascender de la paz formal a la paz real, no solo en Nariño, sino también en el país.

Método

La investigación se desarrolló desde el paradigma mixto, para ello se llevó a cabo la aplicación de entrevistas semiestructuradas y encuestas. El cuestionario se elaboró a través de una matriz de operacionalización, para más adelante ser montado por medio de un formulario de Google Forms el cual fue compartido mediante redes sociales y correos electrónicos especialmente, éste se orientó a consultar respecto a lo concepción que se tiene frente a la paz, cuenta con 21 preguntas, de estas, 7 son demográficas y 14 se asocian con las diferentes variables presentes en los objetivos planteados en el marco de la investigación, adicionalmente señalar que las escalas de mediación que se utilizaron en el marco del cuestionario son: nominal y ordinal, entre las variables que se tuvo en cuenta están las siguientes: información personal (Género, edad, grado de escolaridad, estrato socioeconómico, zona de residencia), conflicto (afectaciones del conflicto, causas del conflicto armado), definición de la paz (concepción frente a la paz, paz estable y duradera), acuerdo de paz (participación, implementación, problemas estructura les del conflicto armado); cabe destacar que los datos obtenidos fueron analizados a través del SPSS, que a la vez mediante el Alfa de Cronbach arrojó una fiabilidad del instrumento del 0,8, tal como se logra observar en la siguiente tabla 1.

Por su parte, en lo que respecta a la información cualitativa de la investigación, es menester señalar que la construcción del instrumento de entrevista semiestructurada se hizo por medio de la matriz de categorización, en aras de garantizar coherencia metodológica y de ese modo dar respuesta a los objetivos de la investigación; para la definición de los sujetos entrevistados se tuvo en cuenta unos criterios de selección entre los que se encuentran: un firmante del Acuerdo de Paz, una víctima de la extinta guerrilla de las FARC-EP, una víctima de los paramilitares, una víctima de las fuerzas militares, un represente de la institucionalidad (Asamblea Departamental de Nariño), dos personas defensoras de Derechos Humanos, una persona de un observatorio de paz y conflicto, un líder del pueblo Awá, coordinador Casa de Memoria de la Costa Pacífica Nariñense, una persona experta en el tema (docente Universidad Mariana), en total fueron 11 entrevistas las que se llevaron a cabo, se hicieron de forma presencial y la información recopilada se analizó a través de Altas.ti; cabe destacar que con el fin de garantizar el principio de confidencialidad de los informantes, se hace uso de códigos para de ese modo brindar la protección de los mismos.

Resultados

A partir de la aplicación de la encuesta con escala Likert a 403 personas, habitantes de las 13 subregiones que integran el departamento de Nariño, la información más relevante en términos sociodemográficos que se logró recopilar es la siguiente: el 67,25% de quienes diligenciaron el instrumento son del género femenino, mientras que el 32,51% de género masculino; con respecto a la edad de los encuestados se tiene que el 64,52% se encuentra entre los 18 y 27 años, seguido de quienes se ubican entre los 28 y 37 años con el 21,34%, es decir que, la mayor parte de quienes participaron del diligenciamiento de la encuesta son jóvenes y también menores de 40 años de edad; por su parte en lo que refiere al grado de escolaridad, según los datos obtenidos el 45% cuentan con o vienen desarrollando su formación profesional, el 22% tiene formación secundaria, mientras que el 3,23 tiene formación primaria, y el 18,86 de los encuestados cuenta con formación técnica o tecnológica.

Asimismo, frente a la zona de residencia en la que habitan, se evidencia que el 63,03% residen en la zona urbana, mientras que el 36,97 viven en zona rural del departamento de Nariño; por su parte, entorno al estrato socioeconómico en el que se ubica su vivienda, los datos más relevantes señalan que el 62,76% son de estrato 1, el 23,06% corresponden al estrato 2, mientras que el 12,16% se encuentran en el estrato 3, lo que permite evidenciar que la mayoría de quienes diligenciaron el instrumento cuantitativo son de los estratos más bajos.

Nariño se ha caracterizado por el abandono estatal al que se ha visto sometida históricamente, sin que exista ni un solo gobierno nacional que atienda los reclamos colectivos y la situación tan crítica a la que han enfrentado permanentemente sus pobladores. De acuerdo con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) presentado por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a través del Censo nacional de población y vivienda del 2018 (2021), se puede evidenciar los altos niveles de pobreza y miseria en que se encuentran los hogares y habitantes del departamento; el porcentaje para esta región del país con NBI es del 21,98%, siendo bastante significativo, incluso, ubicándose por encima de las cifras de la población nacional que fue del 14,28%⁴, no obstante, si se revisa particularmente en las subregiones donde ha predominado el conflicto armado se identifica que los datos presentan incrementos bastante considerables.

Discusiones

La guerra continúa siendo tema de análisis y reflexión en el marco de la contemporaneidad, plantearse la búsqueda y la materialización de la paz sin discutir frente a esta es incurrir en un error garrafal, se caracteriza por ser un desafío que tiene lugar en los distintos ámbitos de la sociedad. Por lo general se encuentra asociada a un objetivo político, es decir, a través de la misma se pretende lograr los propósitos que se han establecido desde un sector político (^{Clausewitz, 2002}), adicionalmente, el autor señala que la guerra es considerada como un acto de violencia, puesto que se orienta hacia el aniquilamiento del enemigo en aras de lograr la victoria, eso implica, además, conllevar a que el oponente acepte la voluntad del triunfador.

A decir verdad, la guerra es un fenómeno social que siempre dejará impactos significativos, de diversa índole, no solo entre sus protagonistas, sino también en la sociedad en general, entre dichos impactos se encuentran los sociales, psicológicos, económicos, culturales, entre otros. En efecto, en la contemporaneidad, la guerra va a presentar transformaciones, sin embargo, su deshumanización y crueldad seguirán en ascenso, al igual que continuará siendo utilizada como estrategia de poder para la imposición de un orden social, para lo cual la violencia es la forma mediante la que se impone la voluntad política (^{Nievas 2009}).

En Colombia, la guerra puede catalogarse como un fenómeno que aún continúa vigente, pese a la firma alcanzada del Acuerdo de Paz a finales del 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano, dado que las causas estructurales que incidieron en su configuración en ningún momento fueron discutidas, mucho menos han logrado enfrentarse, constituyéndose de esa manera en aspectos históricos de su génesis, de acuerdo con ^{Franco (2001)} es menester estudiar las causas de la guerra, de los enfrentamientos humanos, conocerlos de forma profunda para así lograr trascender hacia aquella finalidad de alcanzar la paz.

Los relatos, historias de vida, las respuestas obtenidas con la aplicación de los instrumentos de la investigación permiten entender que el conflicto armado aún sigue ahí en los territorios, con la diferencia que ahora se expresa con mayores niveles de terror, daños, de violación de derechos humanos, si bien es cierto como señalan ^{Jiménez y Zuluaga (2021)} se puso final a la guerra desarrollada con el grupo insurgente de más alta capacidad militar de Latinoamérica como es el caso de la extinta guerrilla de las FARC, el espacio territorial dejado por grupo guerrillero no fue ocupado por el Estado, sino por diversos actores armados ilegales, lo que explica la agudización de la violencia en el país, en especial en las regiones donde ha sido una constante la ausencia institucional del Estado, entre ellas, el departamento de Nariño.

En suma, no es posible entender las causas del conflicto armado sin examinarse la articulación que ha tenido la violencia política con el problema de la distribución y la tenencia de la tierra (^{Molano, 2015}), la expropiación de la misma hacia el pequeño campesino dio inicio a la constitución de los latifundios ganaderos, a las grandes haciendas cafeteras que sin lugar a dudas dejará como resultado el surgimiento de diversos estallidos sociales devenidos de quienes se rehusaban a perder sus tierras, es decir, aquellos campesinos expulsados de forma violenta (^{Giraldo, 2015}).

Los conflictos agrarios tendrán lugar con mayor intensidad a partir de la segunda década del siglo XX cuando el café comienza a incrementar su precio, debido a la alta demanda en el mercado internacional, pero de igual forma, producto de la apropiación de los latifundios, la constante expulsión de campesinos, arrendatarios y colonos por parte de terratenientes, hacendados y empresarios rurales con el apoyo de los gobiernos de turno (^{Pécaut, 2012}). En efecto, el conflicto por la tierra va más allá del acceso a la propiedad, se encuentra también asociado con los niveles de violencia provocada por parte de aquellos que se habían beneficiado con el despojo; así pues, el sector rural se convertirá en un escenario de batalla entre bandoleros al servicio de quienes buscaban hacerse de forma violenta con la propiedad de la tierra y de aquellos campesinos y aparcelados que se vieron obligados a tomar las armas para poder resistir.

En ese sentido, la disputa por la tierra se constituye en una de las principales causas del conflicto armado en Colombia, a la cual se articularon otros aspectos como son el abandono del Estado en los territorios, la falta de garantías para el desarrollo de la oposición política a los partidos tradicionales, la limitada democracia, puesta al servicio de los dueños del poder político y económico. Con base a lo mencionado, en los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos cualitativo y cuantitativo se observa que los participantes identifican que para alcanzar la paz es menester brindar respuestas reales a los problemas históricos del conflicto armado. Para el caso del departamento de Nariño, seguirá siendo un escenario de conflicto social y político, de violencia y disputa territorial armada, mientras la expansión de las economías ilegales como es el caso de los cultivos ilícitos y la minería, mientras la ausencia del Estado y de sus instituciones continúen su dinámica (^{Salas et al., 2018}).

Por otro lado, examinar el concepto de paz de forma crítica en la sociedad colombiana, caracterizada por sus múltiples expresiones, contradicciones, complejidad e historicidad, fundada en el marco de unas relaciones sociales de dominación, pareciese que fuera una condición inaplazable, máxime cuando se quiere vislumbrar su carácter real y concreto, en un conflicto armado que antes que reducirse o desaparecer como resultado de la firma del Acuerdo de Paz a finales del año 2016, ha alcanzado niveles imaginables de degradación que ni siquiera desde la lógica de la política resulta fácil de lograr explicar.

El error quizás más marcado, en lo que como pueblo colombiano se concibe como concepto de paz, ha sido extraerlo del entramado de intereses, de las relaciones de poder y de las condiciones políticas en que se encuentra presente, no obstante, definir la paz como sociedad colombiana implica construirla y discutirla, partiendo claro está de las necesidades específicas del país.

Para lograr la paz estable y duradera en Colombia, es menester antes que nada que se presenten transformaciones estructurales, enfrentado tanto las causas como los impactos del conflicto armado, promoviendo y posibilitando para su construcción la participación activa y protagónica de los diferentes sectores sociales y políticos en la toma de decisiones, sin reducir la paz claro está, a un estado emocional y/o subjetivo. De ahí que se plantee la necesidad de pensarse en una Paz Histórica, es decir, una paz orientada a dar respuestas a los problemas históricos que han sido el detonante de la guerra en el país por más de sesenta años; una paz que enfrente las desigualdades e injusticias sociales, que parta desde “el análisis de las causas, estructuras y dinámicas que generan conflictos” (^{Muñoz y López, 2004}, p. 51), para promover cambios socio-políticos, económicos y culturales de esta sociedad injusta. En ese sentido, es indispensable que la paz se comprenda como una construcción social e histórica a través de la cual se promuevan valores como la solidaridad, la cooperación, la hermandad, entre otros, garantizando el acceso a derechos a todos los individuos, es ahí donde la praxis de la Paz Histórica se debe convertir en una constante, construyéndose en el marco de los procesos históricos que encaminan los hombres de carne y hueso.

Por consiguiente, la Paz Histórica no puede ser otra sino aquella que surja de los procesos de movilización y lucha social que se promueven desde los movimientos y organizaciones sociales y populares fundados en una clara acción colectiva en la que se evidencie la apropiación de la ciudadanía, de manera que sean ciudadanos políticos que no deleguen el poder, sino que se lo tomen para sí, asumiendo su responsabilidad en la toma de decisiones y en los asuntos públicos, ahí estará la esencia de la praxis política para avanzar hacia la materialización de la Paz Histórica. En relación con lo anterior, se requiere pensarse el concepto de paz a partir de las particularidades de la realidad concreta, es decir, del contexto colombiano, sin caer en reduccionismos armónicos de los conflictos, dando respuesta a la violencia directa, cultural, estructural y política, pues como manifiesta ^{Clausewitz (2002)} la guerra debe examinarse en el escenario concreto de las relaciones sociales, de sus expresiones políticas, económicas, sociales y culturales.

De modo que, para que realmente se trascienda de la paz formal a la paz real, es decir a la Paz Histórica, es menester que se lleve a cabo una transformación social, política, económica y jurídica en el país, para así posibilitar la transformación de las realidades injustas, indignas y violentas, constituyéndose en garantía para la materialización de la justicia social, la dignidad y la libertad. La paz histórica no se genera en un escenario democrático abstracto, sino en el marco de procesos históricos, situados en la realidad concreta como tal, por medio de la participación democrática de los sujetos sociales en la construcción del poder político, lo implica brindar condiciones reales de participación popular (^{García, 2013}).

En consecuencia, la paz histórica se cristaliza en la medida en que se cuente con una democracia que no esté al servicio del mercado o de los dueños del capital, que propicie escenarios de acción política, promueva incansablemente la igualdad política, para que los individuos se apropien de la ciudadanía, por ende, del poder del Estado y de ese modo, la toma de decisiones no sea un aspecto a cargo de un sector privilegiado de la sociedad. Como sostiene ^{García (2013)}, la democracia no puede ser precaria y vacía, debe garantizar la organización política para la efectiva participación de los individuos en la toma de decisiones y en la conducción política del Estado… promover cambios profundos con el fin de orientar la construcción de una sociedad digna y justa, que promueva el acceso a los derechos sociales, la garantía de la justicia social, debe garantizar la distribución del ingreso entre las diversas clases sociales, por supuesto que existe una estrecha relación entre la democracia participativa y la paz histórica.

Este tipo de paz es la que conlleva a la expansión de las libertades fundamentales, dando respuesta a los problemas estructurales que han detonado en un conflicto armado de más de sesenta años en Colombia. De esa manera el concepto de paz se verá objetivado y la sociedad logrará construir hechos históricos de convivencia real. La paz aparece como concepto abstracto e intangible si no garantiza al conjunto de la sociedad el acceso a derechos, a la dignidad humana, a la justicia social y si no resuelve los problemas históricos que han generado el conflicto, la pobreza, desigualdad, exclusión social, y eso implica transformación del modelo económico.

A partir de los resultados obtenidos con el análisis de la información cualitativa y cuantitativa en el marco de la investigación se logra inferir que la materialización de la paz real en la sociedad colombiana, por ende, en la sociedad nariñense debe estar acompañada de una democracia participativa, dignidad humana, justicia social, garantía y acceso a derechos, pluralidad, presencia integral del Estado en los territorios. Por consiguiente, la construcción de la paz implica hacer partícipes a los diversos sectores sociales en su configuración, pero también requiere de voluntad política no solo del Estado, sino además de los sectores económicos que se han beneficiado de la guerra, por lo tanto, mientras no se dé respuesta a la esencia del conflicto armado, las confrontaciones, luchas armadas, la violencia política seguirán estando ahí, así se tenga de por medio un Acuerdo de Paz.

Conclusiones

Comprender las vicisitudes que ha alcanzado en conflicto armado en el departamento de Nariño, posibilita dimensionar lo macabro que puede llegar a ser la guerra. Se está ante una región que se desangra constantemente, donde la violencia ha alcanzado aspectos tan críticos como la deshumanización, pese a ello el Estado colombiano continúa haciéndose el de la vista gorda, incumpliendo y desmoronando el Acuerdo de Paz.

Mientras las familias campesinas del departamento de Nariño y por ende de Colombia, no cuenten con los recursos para mantener a sus familias, se carezca de carreteras, mientras no se tenga acceso a la salud, educación, los cultivos ilícitos seguirán siendo la opción obligada que va a tener esta población para buscar satisfacer sus necesidades básicas ante el abandono estatal que sigue estando plasmado como una imagen luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Se continúa reduciendo la presencia estatal a la presencia militar, sin que exista inversión social, sin que el Estado llegue a esas regiones dejadas por la extinta guerrilla de las FARCEP, hecho que ha posibilitado que el dominio del territorio en el departamento de Nariño, así como en otras regiones del país ha sido tomado por una multiplicidad de estructuras armadas; en ese sentido, mientras el Estado no esté presente en los territorios, no únicamente a través de las fuerzas militares, sino más bien por medio de la inversión social, de la implementación de políticas sociales, programas de educación, garantía de los derechos sociales, los grupos armados continuarán siendo los principales “amo y señores” de estos territorios y la paz quedará reducida a una simple fase vacía que todos se toman la tarea de repetir, extrayéndole su sentido y significado real e histórico.

En consecuencia, se necesita construir una paz real, no solamente en el departamento de Nariño, sino en toda Colombia, que supere de manera trascendental la paz formal e incluso, la misma paz burguesa, una paz que atienda los problemas estructurales, lo que el conflicto armado se ha encargado de agudizar en el país. Las condiciones de guerra y violencia que enfrenta el departamento de Nariño son las que llaman a la construcción de una Paz Histórica, capaz de trascender la paz subjetiva, dando respuestas profundas a los problemas históricos, que seguirán estando ahí mientras no se generen transformaciones en los ámbitos económico, político, jurídico, social, también cultural, e incluso, mientras no se reconceptualice el concepto de paz.

Los resultados de la investigación son un aporte para identificar que la paz debe construirse desde las necesidades colectivas de los sujetos sociales, pero debe ser una paz real, en tanto, debe comenzar por darse respuesta a los problemas históricos que han provocado el conflicto armado y adicional a ello, reconceptualizar el concepto desde los aportes de los diversos sectores sociales.