INTRODUCCIÓN

“Lo que la memoria pone en juego es demasiado importante para dejarlo a merced del entusiasmo o la cólera” Todorov: Los abusos de la memoria.

La subregión de los Montes de María, es considerada una de las más afectadas por las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia, como lo describe el ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)}: “Más de medio centenar de masacres, miles de personas desaparecidas y desplazadas, pueblos arrasados, entre otros factores, hicieron de los Montes de María uno de los puntos de la geografía nacional con mayores impactos en el marco del conflicto armado” (https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/montes-maria.html).

Así mismo, esta subregión del caribe colombiano tiene una tradición histórica de lucha por la tierra y los derechos humanos, surgida de la tierra misma; es decir, de las y los campesinos que con ahínco y sin armas, lograron construir tejidos sociales y comunitarios entrelazados con los valores socio culturales de su contexto, dando forma a un “acumulado” que, a pesar de la exclusión y el olvido sistemático del Estado, les ha permitido resistir y afrontar los vejámenes de la guerra con dignidad y manteniendo la persistencia para avivar una y otra vez sus dispositivos de apoyo social. El apoyo social encontrado en los participantes del estudio implica lazos fuertes entre sí que les permiten tener niveles de apoyo social, los cuales, con el tiempo les han generado sentimientos de seguridad, apoyo, lealtad, empatía, confianza y bienestar.

Evidentemente, el apoyo social existente o la red social como la denominan ^{Giraldo et. al.(2017)} se ha construido, reconstruido y mantenido con el trabajo silencioso y más bien “solitario” de las comunidades de esta zona, porque el acompañamiento psicosocial, psicológico y de contención en clave de salud mental comunitaria por parte del Estado ha sido esporádico o incluso ausente.

La salud mental como un derecho humano

El interés en el abordaje y profundización acerca de la salud mental desde un enfoque de derechos, poniendo particular énfasis en que la salud mental es un derecho humano; surge a partir de las dinámicas y complejas realidades que durante más de medio siglo de un conflicto interno armado ha atravesado Colombia, sin que de manera explícita se hayan considerado los daños que a este nivel ha causado la violencia sistemática en las víctimas directas e indirectas de este fenómeno.

Es indudable que existen trabajos de investigación los cuales mencionan y enumeran las afectaciones que ha causado la guerra inconclusa; sin embargo, siguen siendo poco tangibles las respuestas a nivel de la política pública que el Estado ha otorgado frente al abordaje de dichas afectaciones, específicamente en el plano de la salud mental y menos aún, desde un enfoque de derechos.

Además, sin ir muy lejos, la salud mental de las y los colombianos - que aún sin ser protagonistas o víctimas directos de esta violencia-, también se han visto afectados desencadenando reacciones que en ocasiones exacerban la misma violencia en el ejercicio de su ciudadanía y en otros casos, desarrollando “psicopatologías colectivas” que han ido configurando subjetividades sociales y políticas con desenlaces adversos frente a la construcción de paz y la titularidad de derechos que se supone sostienen a una democracia, entre otros aspectos.

De este modo, Colombia convive con complejos bucles de violencias: de género, intrafamiliares, exclusión social, violencia por condiciones de clase, étnicas, etc., que se profundizaron y exacerbaron gracias al conflicto armado interno, dejando secuelas cuyo abordaje debe llevarse a cabo de manera sistemática y robusta en las regiones afectadas por la guerra y para el caso de esta investigación: en los Montes de María sucreños, cuyas afectaciones a nivel de la salud mental siguen a la espera de una política pública acorde a su contexto, que comprenda el derecho a la salud mental como un componente esencial de la salud y que éste se ejerce garantizando otros derechos a su vez (derecho al trabajo, educación, vivienda, seguridad social, entre otros).

La salud mental concebida como derecho humano implica una mirada abarcativa, integradora intersectorial, interjurisdiccional e interdisciplinaria. Esto conllevaría a una visión de integralidad y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto para abordar toda esta amalgama de violencias que ha configurado o quizás transfigurado una especie de “enfermedad mental colectiva” Esto ameritaría una referencia bibliográfica con sus vaivenes, y particularidades con resonancias individuales y que por supuesto deberían ocupar un lugar prioritario en las agendas de gobierno.

Es necesario señalar, que de acuerdo con el Ministerio de Salud en Colombia (2018), para 2016, según la Encuesta Nacional de Salud que realizó esta entidad, la tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento también ha tenido una tendencia ascendente, en 2009 fue de 4,63 por 100.000 habitantes, mientras que, en 2016, fue de 17,42. (p.8). Y al respecto de conductas relacionadas con suicidio, se agrega que: las cifras muestran un incremento substancial en la tasa nacional del intento de suicidio. En 2009 fue de 1,8 por 100.000 habitantes y en 2017, de 52,4, según la cifra preliminar reportada por el SIVIGILA, que describe como en 2016 se presentaron 17.587 intentos de suicidio, y en 2017 fueron 28.835, con un incremento del 47% de un año a otro.

Las investigaciones relacionadas con salud mental y conflicto armado tienen un nivel de coincidencia casi total en patologías como depresión, ansiedad y estrés postraumático, como lo muestra la investigación de Moreno, Gómez & Bustos (2021) quiénes realizaron una investigación en la que revisaron 140 artículos relacionados.

La sub región de los Montes de María, está catalogada oficialmente como una de las zonas que en mayor medida padeció el conflicto armado: masacres, desplazamientos, despojo de tierras, torturas, detenciones arbitrarias, homicidios, desapariciones, entre otros hechos victimizantes, arrojan de acuerdo con la Red Nacional de Información RNI; una cifra de 306.973 víctimas para el departamento de Sucre, es decir, el 31,9% de su población. (RNI, ficha estratégica, Unidad de Víctimas).

De acuerdo con ^{Ortegón (2017)}:

“La llamada región de los Montes de María, la integran 15 municipios de los Departamentos de Bolívar y Sucre en el caribe Colombiano. Sucre cuenta con una población de 859.909 habitantes, de los cuales de acuerdo con las cifras que proporciona el Estado a través de la Unidad para las Víctimas, en Sucre las víctimas del conflicto armado ascienden a 256 834 personas. Se trata de una zona de tradición campesina, cuya economía ha girado en torno a la ganadería y la producción agrícola”. (pp.68).

Adicionalmente, la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas señala que la certificación territorial de Sucre, la cual mide la contribución de la entidad al goce efectivo de los derechos de las víctimas estuvo calificada como baja entre 2013 y 2017 y un cumplimiento en asistencia y atención de 21.237 personas que han recibido atención psicosocial frente a un universo de 306.973 víctimas y 237 profesionales semipresenciales entre 2020 y 2021 para atender 61 municipios de acuerdo con el Programa de Atención Psicosocial para Víctimas PAPSIVI. (http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/).

Estos datos por si solos anuncian la “fragilidad” de la política pública en la relación salud mental, derechos humanos y víctimas del conflicto armado y descubren desde la misma institucionalidad, la poca relevancia que se le otorga a la salud mental en términos concretos.

^{Bulhman (2021)}, citando al ACNUDH (2017), indica que el derecho a la salud se trata de un derecho inclusivo “…que abarca tanto la atención de salud oportuna y apropiada como los principales factores determinantes de la salud” (p. 4); en el caso de la salud mental, se constituyen como factores determinantes: el bajo nivel socioeconómico, los abusos, la violencia, las experiencias negativas en la infancia, el desarrollo en la primera infancia, contar o no con relaciones tolerantes y solidarias en los entornos familiares, laborales, u otros.

iable del ejercicio de los demás derechos (CDESC, 2000). Analizar la salud mental desde un enfoque de derechos, supone una conceptualización básica. Autores como ^{Abramovich (2006)}, consideran que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos, es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Esto significa que no es la necesidad de asistencia o la carencia la que debe impulsar una política pública;, sino que desde un enfoque de derechos; los sujetos son considerados como actores con derecho a demandar. (p.36).

A través de los tratados internacionales y la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas; se alcanzó no sin lucha y movilización, el poder performativo de los mismos, es decir, un derecho que ha sido garantizado no puede quitarse (Bulhman, 2018).

De este modo, los Estados deben tener un piso de recursos para garantizarlos (Los Estados no pueden entonces escudarse en la falta de recursos) en su conjunto. Y si se habla específicamente del derecho a la salud entendido como uno de tipo colectivo, público y social se debe tener en cuenta lo que señala la OMS (Organización Mundial de la Salud) (2017) en el sentido de que las políticas de salud deben ser intersectoriales, interjurisdiccionales, insterdisciplinarias y con visión de integralidad. Al respecto, se acuñaron a modo de categorías las siguientes definiciones:

En este sentido, Rossetti y Monasterolo plantean que: “la adopción de un enfoque de derechos humanos tiene como idea esencial que las políticas e instituciones cuya finalidad es impulsar estrategias de salud, se deben basar explícitamente en las normas y principios establecidos en el derecho internacional sobre derechos humanos. Esto puede resumirse en dos principios centrales en el enfoque de derechos humanos: gradualidad o realización progresiva y prohibición de regresividad.

Salud mental y conflicto armado

“…El alcalde y el personero no se encuentran en la alcaldía, no hay nadie en las oficinas del concejo municipal, ¿Dónde están? ¿qué vamos a hacer? ¿cuánto durará? La incertidumbre es igual para todos”. Evelio Rosero. Los ejércitos.

La subregión de los Montes de María, Sucre, ha experimentado serias afectaciones a sus derechos, las cuales se describen en la literatura científica, a través de informes como los del CNMH, y se constituyen en referencias obligadas para conocer la documentación de éstas. Sin embargo, la relación entre nociones como salud mental y conflicto armado, adolece en la actualidad de investigaciones que evalúen la política pública y que incluyan el concepto de derechos humanos adherido a ellas.

Vale ilustrar esto con evidencia científica como la de Moreno, Gómez y Bustos (2021) quiénes realizaron una investigación de tipo documental acerca de la relación entre conflicto armado y salud mental, en la cual revisaron sistemáticamente 140 artículos y señalan entre sus hallazgos que las y los autores “resaltan la necesidad de estudiar e investigar a fondo todos los aspectos relacionados con la salud mental y la atención psicosocial, desde procesos de caracterización, evaluación y diagnóstico, hasta modelos de intervención, programas de atención integral con enfoques de prevención y promoción (Restrepo & Bedoya Olaya, 2020; Araque, 2019; Bermúdez y Garavito, 2019; Cudris - Torres et al., 2019; Castañeda y Camargo, 2018; Castro y Munévar, 2018; Marín et al., 2017; Díaz y Serrano, 2016; Sarmiento, 2016; Aristizábal, 2015), (pp.35).

Esta investigación concluyó que es “necesario desarrollar investigaciones y programas de atención e intervención, teniendo en cuenta las particularidades sociales, culturales, históricas, políticas y de salud integral de los diferentes actores participantes en las dinámicas de guerra y agregan que: “a pesar, de este resultado se evidencia una baja producción científica que valide programas de evaluación, atención e intervención, esta dificultad, también ha sido evidenciada por múltiples estudios. En el presente estudio se evidencia que de las 140 investigaciones consultadas en los últimos 20 años solo el 7% reportan procesos de intervención” (pp.36).

Con respecto a estudios que se ubiquen particularmente en los Montes de María en los últimos cinco años: ^{Giraldo, Et. al. (2017}) buscaron identificar los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, encontrando que, a pesar de la existencia de altos niveles de estrés y en algunos individuos problemas de depresión, se tiene una red social para contener el desarrollo de psicopatologías y previene frente a conductas de auto daño. Todo esto por supuesto excluye o se da sin acompañamiento del Estado, el cual no se menciona como parte de dicha red social; más bien se hace referencia a la familia extensa y su importancia como red de contención y apoyo.

La OMS (2001) define la salud mental como: “un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. La salud mental es por excelencia un asunto social, que remite a un “género híbrido” (Donzelot, 2007), a un espacio incómodo, que se trata tanto de un área de conocimiento como de actuación técnica profesional en el ámbito de las políticas públicas de salud, que es complejo, intersectorial y presenta una transversalidad de saberes (Amarante, 2009).

Dichos conocimientos e intervenciones son implementadas por Trabajadores Sociales y Psicólogos que además no cuentan generalmente con estabilidad laboral ni recursos para desempeñar su labor más allá de un consultorio que suele quedar vacío gracias a contratos que no superan los 3 o 6 meses en general, dificultando las posibilidades de trabajo en equipo, intercambio de experiencias entre profesionales y un seguimiento coordinado en la atención. Al respecto, ^{Ramos, I., et. al. (2021)} quiénes realizaron una investigación con respecto al empoderamiento de los profesionales que implementan el programa PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas) en el departamento de Córdoba, afirman que: “los problemas de comunicación afectan negativamente en la prestación de servicios, y la fluidez en el proceso de comunicación incide positivamente en la satisfacción de los pacientes y en la calidad de la atención” (pp.2) y concluyen que es aconsejable ampliar las relaciones entre equipos de profesionales que implementan el programa (pp.11), lo cual evidentemente, exige una mínima continuidad.

Y esto por supuesto tiene implicaciones en el contexto, en la política pública y en los tejidos sociales y comunitarios. Como afirma ^{Hernández (2020)}: “la violencia en Colombia ha sido considerada un problema de salud pública en el que a la salud mental se la ha estudiado más desde los mecanismos neurofisiológicos, genéticos y comportamentales de los trastornos mentales que desde el ámbito comunitario, en desconexión con la realidad socio-histórica del país” (pp.930).

Así mismo, sobre la noción de conflicto armado; el Comité Internacional de la Cruz Roja lo define como: “Enfrentamientos prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008).

Para el caso del país, este concepto plantea por lo menos una primera atipicidad, tal y como lo describe ^{Lair (2000)} en sus investigaciones: el conflicto armado en Colombia representa numéricamente mucho menos en términos de combates - valga la redundancia - entre combatientes, que en cuanto a las actuaciones de éstos frente a la población civil. De este modo, como lo caracteriza este investigador, se ha tratado más bien de una “guerra contra los civiles” que se constituyeron en botín de guerra y “objetivo militar” con todas las implicaciones frente a sus vidas, sus tejidos sociales, relaciones familiares e identidades. Lo cual evidentemente, exige aumentar las investigaciones con respecto a los efectos en la salud mental, particularmente para el caso de los Montes de María y de igual manera realizar estudios dirigidos a fortalecer la política pública al respecto e implementar programas estratégicos de intervención interdisciplinaria, intersectorial e interjurisdiccional.

Es necesario despejar interrogantes en varios sentidos: por un lado, frente a las afectaciones en la salud mental, para poder tener un panorama aprehensible de los impactos presentes en la salud mental de las comunidades afectadas por el conflicto armado y desde allí despejar interrogantes en torno a porqué la política pública dirigida a la rehabilitación psicológica, el acompañamiento psicosocial y la reconstrucción de los tejidos sociales; no se ha abordado de manera consecuente con las consecuencias de una sociedad cuya cotidianidad ha sido la violencia por más de medio siglo consecutivo.

Pero además porque en el plano investigativo, pareciera que los estudios presentan algunas tensiones: para un grueso de éstos, las afectaciones en la salud mental han derivado en psicopatologías, adicciones, entre otros problemas relacionados; pero a su vez también van de la mano con estudios que describen cómo pese a los hechos de violencia padecidos por las víctimas: la resiliencia y el apoyo social han logrado estar por encima y convertirse en protectores frente al riesgo de desarrollar padecimientos de tipo mental, como se puedo constatar en esta investigación, a partir de la aplicación de pruebas psicométricas.

En la Tabla, los resultados del análisis descriptivo de las diferentes variables psicológicas del estudio y los valores de alfa de Cronbach de los instrumentos empleados, muestran a nivel general: de aceptable a muy buena fiabilidad en las diferentes dimensiones de los instrumentos psicométricos utilizados en el estudio, menos en la dimensión Función Social de CVRS (FS-36), destacándose la relevancia del apoyo social.

Ante tal paradoja, es pertinente interpelar si entonces ¿esto plantea que coexisten ambas realidades? ¿Qué implicaciones tendría este panorama a la hora de implementar una política pública de salud mental en este escenario?

La revisión de la literatura relacionada con salud mental y conflicto armado va en crecimiento en Colombia, aunque siguen siendo reiteradas las referencias a algunos autores y autoras como el caso de los estudios de ^{Aristizábal (2012)} en los cuales se destaca que tanto victimarios como victimas desarrollan alteraciones psicológicas a partir de la vivencia de un acto de violencia, y estas alteraciones disminuyen su calidad de vida en general y les dificulta su desempeño dentro de la sociedad. Gómez, Tamayo, Buitrago, et al., (2016) realizan una comparación entre municipios que vivieron situaciones de conflicto armado de manera permanente e ininterrumpida y aquellos que no tuvieron violencia de este tipo en sus territorios, relacionando esta dinámica con la prevalencia de ciertos trastornos:

“Se entrevistó a 10.870 personas, de las que 5.429 no habían cambiado de residencia. El 21,8% de los municipios sufrían conflicto permanente; el 65,5%, interrumpido, y solamente el 12,7% había sido pacificado o lo no tenía. La intensidad del conflicto se reportó alta en el 31,8%. Los municipios violentos presentaban prevalencias más altas de trastornos de ansiedad, depresivos, posible trastorno de estrés postraumático y consumo de cigarrillo. El consumo de alcohol era más frecuente en municipios con menor intensidad del mismo. […] se concluye que los municipios clasificados como con altos niveles de violencia presentan mayor prevalencia de trastornos mentales y de la mayoría de los problemas mentales”. (pp.148).

Trastornos como el estrés post traumático, la ansiedad, depresión, consumo de drogas y hasta tendencia al suicidio se han evidenciado en investigaciones como la de ^{Castaño G, Sierra G, Sánchez D, et al. ( 2018)}; ésta se realizó en 3 ciudades de Colombia en la cual: “Se hizo un estudio de prevalencia en una muestra de 1.026 personas entre los 13 y los 65 años de edad, a quienes se entrevistó utilizando el instrumento Composite International Diagnostic Interview y el Alcohol Use Disorders Identification Test de la Organización Mundial de la Salud, así como un cuestionario sobre el consumo de drogas modificado a partir de la encuesta del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, y otro sobre aspectos relacionados con el desplazamiento forzado.

La prevalencia de vida de los trastornos mentales fue la siguiente: fobia específica: 17,7%, depresión mayor: 16,4%, estrés postraumático: 9,9%, trastorno oposicionista desafiante: 8,9 %, ansiedad por separación: 7,2% y déficit de atención: 5,6 %. La prevalencia de vida del consumo de alcohol fue de 68,7 %, tabaco. 31,3%, marihuana: 11,2 %, cocaína: 3,5%, bazuco: 2,0 %, inhalables: 2,3 % y medicamentos ansiolíticos sin receta: 2,5% (p.70).

Campo, Oviedo y Erazo (2017) realizaron una revisión sistemática de los estudios disponibles publicados durante los últimos 20 años, tomando como palabras clave “conflicto armado”, “trastornos mentales”, “salud mental”, “prevalencia” y “Colombia”. Observaron la frecuencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales; incluyeron 13 estudios en los que participaron personas adultas. Encontraron que prevalencia de síntomas estuvo entre 9,9-63%, la de posibles casos entre 21-97,3% y la de trastornos mentales: 1,5-32,9%, concluyendo que la prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en este grupo poblacional es alta. Los autores afirmaron que “este hallazgo se debe interpretar con precaución debido a la alta heterogeneidad y la baja calidad de los estudios. Se necesitan estudios en el área”. (p.177).

METODO

El presente estudio fue de tipo etnográfico; se realizaron visitas a terreno, encuentros con las y los habitantes, registros audio visuales, aplicación de pruebas psicométricas y entrevistas abiertas en profundidad con víctimas, líderes y lideresas y talleres con niños, niñas y adolescentes de la vereda San Francisco, perteneciente al municipio de Ovejas, subregión de los Montes de María, Sucre, durante el año 2019. Las preguntas orientadoras de las entrevistas tuvieron tres ejes narrativos:

Estos tres ejes o categorías de análisis estuvieron encaminados a indagar acerca de la salud mental de las víctimas del conflicto armado de esta vereda. De manera simultánea, se realizó un registro audio visual del “cómo” se realizó el trabajo de campo en el cual participaron estudiantes de Trabajo Social, Comunicación Social y Derecho, con el fin de posibilitar una herramienta pedagógica para estudiantes interesados en el trabajo de campo en contextos de guerra, particularmente en la región caribe de Colombia. (https://www.youtube.com/watch?v=-ASYAeuCe_4). Se realizaron seis (6) entrevistas individuales en profundidad y tres entrevistas grupales. La organización y procesamiento de la información se realizó con N-vivo.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Las narrativas que se despliegan en torno a la experiencia del conflicto: violencia sexual, tortura, homicidio de familiares y amigos o fragmentación de parejas y familias enteras, despojo, desplazamiento y retorno a la vereda, van enlazándose en un devenir entre el miedo y la necesidad de contar, pero a la vez también en el deseo de dejar atrás (olvidar) y a la vez exigir y demandar del Estado, las Universidades locales y las instituciones privadas con presencia en el territorio, que aborden de manera visible el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, aunque ellas y ellos desde sus familias, organizaciones y liderazgos han ido solventando y sosteniendo redes de apoyo que son precisamente las que les permitieron retornar y mantenerse hasta hoy.

Aunque al respecto es necesario resaltar que si se establece un acompañamiento terapeútico para comunidades afectadas por el conflicto armado, ha de ser desde lógicas no “psiquiatrizantes”, es decir, que no existan bajo el manto de lo que ^{Dozza (2021)} denomina “ideología psiquiatrizante” en la cual los individuos y comunidades existen bajo la condición de objetos de demanda institucional que deben por tanto “acudir” a instituciones y servicios que en el caso colombiano le implican a las víctimas un desgaste en lo que coloquialmente se nombra como “tramitología” o bajo la dinámica de contar una y otra vez su “hecho” porque en cada cita hay un profesional nuevo.

Resolver de algún modo las barreras burocráticas y el riesgo de abandono de un proceso terapeútico desde el planteamiento de Dozza, tiene que ver con entender que es mejor pensar “lo social socializante” y no lo “social psiquiatrizante” que se plasma en la imagen del “paciente” que oscila entre meterse en un laberinto institucional engorroso e incierto o desistir desde “el vamos” y abandonar cualquier posibilidad de tratamiento institucional. Evidentemente, tanto las víctimas como los y las profesionales del campo de la salud mental, encuentran dificultades y falta de recursos para vincularse con las comunidades en sus propios entornos; pero es allí donde radica el desafío de la política pública cuando se define como política social:

“Al decir que lo social es un lugar que no existe, se quiere significar que lo social no tiene tanto que ver con lugares y espacios físicos o con estar dentro o fuera del psiquiátrico o de cualquier institución” (pp.54) sino que se trata de formas asistenciales de intervención fuera de los contextos institucionalizados de tratamiento como la casa, la calle, un lugar público. De esta manera, resolver la deuda histórica con la salud mental de las víctimas ha de conllevar dispositivos en los cuales las y los profesionales del área implementen la política pública en terreno, en los lugares donde se desarrolla la cotidianidad de las víctimas.

^{Macías & otros (2013)} señalan que “la institucionalidad, ya permeada por estructuras de poder y subordinación, no desarrolla los mecanismos para romper con el ciclo de las violencias y genera nuevos escenarios de revictimización o de negación” (pp.118). De hecho, el desconocimiento que la generación actual tiene frente a la historia reciente de su región refleja el impacto transgeneracional provocado por el miedo, el silenciamiento y el ocultamiento de lo ocurrido. EL silencio y el “olvido” son muestras de la ausencia de una política pública que posibilite elaboración de duelos, traumas y afectaciones emocionales, pese a la significación que ha tenido la tradición organizativa de las comunidades montemarianas, sus liderazgos y niveles de apoyo social en el afrontamiento directo de sus problemas. (pp.127).

Estos autores, al igual que Ortegón, Et. al (2021) señalan que hay una relación positiva entre salud mental y apoyo social (pp.130) lo que es un elemento de suma relevancia para pensar una política social que esté enraizada en los territorios, en los lugares donde habitan las víctimas, en sus veredas y corregimientos; fuera de las oficinas y consultorios de Empresas Prestadoras de Servicios o de entidades estatales; aprovechando el valor de lo alcanzado por las comunidades a través de sus estrategias de afrontamiento, sus redes de apoyo y sus formas de resistencia y resiliencia que dan cuenta de un proceso de retorno que en el caso de San Francisco surgió por iniciativa de ellos y ellas mismos, en medio del desplazamiento, la muerte, la persecución, la amenaza y el miedo y sin el oportuno acompañamiento del Estado.

Al respecto vale la pena presentar este fragmento de una entrevista a líder de la comunidad:

“En el 2004 decidimos retornar a las comunidades. El 5 de marzo decidimos reunirnos 30 familias en la casa del Señor Ubaldo Mesa en Borrachera. 30 familias hablamos y retornamos 16 familias a Borrachera y 14 familias a Villa Colombia. Antes había 17 comunidades en la carretera troncal. Se habían desplazado todas en el año 2000. Esas 30 familias creamos una organización; San Francisco retornó con 79 familias, El Palmar con 9 familias, Pijiguay con 26 familias y así íbamos tratando de organizar el retorno, pero ¿qué pasa? Vienen y nos matan a Euclides Causado; que con él estábamos hablando para el retorno al Palmar, después nos matan a Segundo Toscano que con él era con el que estábamos hablando para el retorno a Pijiguay; después nos matan al secretario de Asocares y después terminan con Víctor Olivera aquí en San Francisco también. Recuerdo que se hizo una reunión en Villa Colombia porque se estaba denunciando un “falso positivo” y él hace la denuncia y por la tarde a las 7 de la noche lo matan y matan a otro muchacho que estuvo en la reunión…Y ese proceso que iba tan avanzado, teníamos aprobados proyectos de seguridad alimentaria para 120 familias retornadas, todo eso se cayó porque luego vinieron a matar al presidente y al vicepresidente de la junta directiva, tuvimos que salir, el presidente se fue para Bogotá y yo tuve que autosecuestrarme encerrado 3 meses en una habitación porque sentía miedo, pero yo dije yo no me voy, yo siento que no he hecho nada. Todo eso es algo doloroso, a esos compañeros no pudimos hacerles el duelo…Aquí el retorno nosotros solicitamos un acompañamiento del Bienestar familiar, de la Defensoría del pueblo porque la alcaldía no nos quiso autorizar el retorno que porque no había seguridad, pero en realidad era algo más político…Pero dijimos bueno, vemos una esperanza en el campo de vivir tranquilamente pero entonces llegan las compras de tierras masivas y ahí comienzan los desplazamientos y las amenazas de nuevo. Comienzan a comprar las tierras y van cerrando aquí y allá entonces nos iban privatizandolas vías, el agua que era comunitaria y yo no quería vender por el amor a la tierra pero me vi obligado…Los líderes se han reunido en grupos; nosotros mismos hacemos terapia…La recuperación de la tierra costó sangre, costó mucho, pero la defensa va a ser peor”.

Todorov (2018) señala que: “la recuperación del pasado es indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que, al contrario, éste hará del pasado el uso que prefiera. Sería de una ilimitada crueldad recordar continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su vida” (pp.18).

CONCLUSIONES

El derecho a la salud es colectivo, público y social y dentro de éste se encuentra el derecho a la salud mental, el cuál para el caso colombiano, se ve afectado por situaciones de violencia, económicas, políticas y sociales. Es un componente esencial de la salud que implica sistemas de apoyo, contención y dispositivos que se despliegan con base en una política pública.

Como lo expresan organizaciones de víctimas del conflicto, líderes y lideresas de los Montes de María: existe una deuda sin saldar con las víctimas y los tejidos sociales afectados por la guerra en esta subregión con respecto a la rehabilitación y reparación psicológica y psicosocial.

En este estudio, el trabajo empírico mostró que el apoyo social y la contención frente a efectos psicopatológicos causados por la vivencia del conflicto armado se ha dado gracias al apoyo social existente en las comunidades, gracias a la histórica tradición organizativa heredada del movimiento campesino en esta zona; pero, sin el acompañamiento sistemático del Estado y sus Instituciones, pese a la existencia de programas oficiales como el PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas), cuyo alcance está por establecer en tanto en las comunidades afectadas su presencia ha sido percibida como nula o escasa. ^{Ortegón (2018)}.

Esto constituye un terreno científico a explorar, en el cual la cuestión pública de la salud mental como derecho humano toma fuerza precisamente para una subregión que ha sido históricamente afectada por la pobreza, la corrupción política y la violencia.

Se hace necesario abordar el tema de la salud mental desde una lógica no institucionalizada, referida a no limitada a los espacios de oficina para desarrollar acompañamiento terapéutico; sino que la implementación de la política pública se dirija literalmente a los territorios, a los espacios cotidianos de las víctimas del conflicto armado fuera de los entornos institucionalizados de tratamiento y de ese modo, poder visibilizar y aprovechar los saberes y estrategias de apoyo social y afrontamiento que han podido construir las propias víctimas.