El ejercicio de la profesión jurídica. Una revisión del estado del arte

La profesión legal es una categoría que ha venido siendo analizada y estudiada en recientes años en la academia socio jurídica. En efecto, el estudio de la práctica legal rebasa el carácter dogmático y hermenéutico de la investigación en el derecho, siendo necesario adoptar otros enfoques que permitan entender y medir en su real magnitud el impacto del ejercicio de la profesión jurídica en la sociedad.

Quizá dos de los autores más reconocidos en el estudio de la profesión legal y su impacto en la sociedad sean Yves Dezalay y Bryant G. Garth, quienes a través de sendas investigaciones han tenido por finalidad desentrañar el ejercicio de la profesión legal, entendiéndola como una práctica que excede el aspecto técnico y que tiene incidencia en la sociedad mediante la construcción de redes. Así, ambos autores denominan a los abogados que pertenecen a la élite legal como los señores de la danza (“Lord of the dance”) y dobles agentes (^{Dezalay y Garth, 2016}, p. 201) cuya actuación puede ser catalogada como brokers (^{Dezalay y Garth}, 2011, pp. 5-15), puesto que utilizan su capital social y cultural para ejercer el derecho. En efecto, el marco teórico sobre el cual parten estos autores tiene sus bases en los postulados teóricos formulados por Pierre Bourdieu, para quien el ejercicio del derecho se realiza en un campo jurídico, en el cual existe una lucha por obtener una posición de primacía y relevancia en su construcción (^{Bourdieu, 2000}, p. 160).

Teniendo en cuenta lo mencionado, para Dezalay y Garth el ejercicio de la práctica legal constituye un campo en el cual los abogados ejercen actuaciones que rebasan el plano estrictamente técnico, utilizando estrategias que hacen uso del capital social y cultural obtenido. Es decir, de las relaciones sociales acumuladas durante su experiencia y redes (capital social) y de los reconocimientos académicos y profesionales obtenidos durante su ejercicio (capital cultural). Ambas herramientas han sido utilizadas por los abogados para ser agentes vitales en los procesos de reforma legal; así, un ejemplo de estos postulados se presenta en la investigación realizada por ambos autores en los procesos de reforma de los estados latinoamericanos en el marco de la implementación de acuerdos de libre comercio bajo el contexto de la globalización y su influencia en varios países de la región (^{Dezalay y Garth, 2002}, pp. 303-323). La importancia del ejercicio de la práctica legal para estos autores no solo involucra a actores privados, es decir, a abogados que ejercen la práctica privada, sino también a académicos, que a través de teorías legitiman la producción de este tipo de regulaciones y modificaciones (^{Dezalay y Garth, 2016}, pp. 195-201).

Si se sigue la línea de investigación trazada por los autores antes mencionados, resulta interesante la investigación de ^{Trubek y de Sá e Silva (2017, pp. 4-24)}, quienes analizan el rol que los abogados corporativos desarrollaron en el sector de telecomunicaciones en Brasil. Así, mediante la realización de un estudio de caso, llevado a cabo a través de entrevistas a actores claves del sector de telecomunicaciones, el estudio realiza una suerte de reconstrucción del papel que los abogados jugaron en tres periodos históricos del sector, señalando que, dependiendo del contexto social y político del país, el rol y actuación de los abogados fue distinto, quienes tuvieron que ejercitar diversas estrategias dependiendo de la performance de los actores estatales. Estas estrategias se adaptaron a los periodos de fuerte presencia estatal en el sector y su posterior privatización, brindando escenarios de resistencia y colaboración. Esta investigación tiene relación con los estudios que, en general, han tenido por finalidad analizar el rol que los diversos gremios profesionales desempeñaron en la implementación de políticas públicas en el marco de la globalización económica (^{Boussebaa y Faulconbridge, 2018, pp. 75-77}).

Otro estudio desarrollado también en Brasil y que va en consonancia con el rol de brokers acuñado por Dezalay y Garth, es la investigación de ^{Krishnan et all (2016, pp. 348-365)}, quienes desarrollan un recuento histórico de cómo migrantes y extranjeros contribuyeron a la formación de los abogados corporativos en el país mediante la creación de firmas legales que, con el paso de los años, obtuvieron un espacio importante en el mercado de servicios legales. A través de entrevistas y registros de archivos, la investigación da cuenta de cómo la ausencia de regulación en sectores como el financiero, así como los cambios económicos que atravesó Brasil a lo largo del siglo XX, hizo posible la formación de grandes firmas legales con un amplio capital y recursos extranjeros que ayudaron a la construcción del sector corporativo legal. Siguiendo la misma línea de investigación, el estudio de ^{Eberhardt y Olivet (2012, pp. 12-69)} resulta relevante, puesto que teniendo como campo de investigación el sector de arbitrajes de inversiones, revelan que la presunta imparcialidad e independencia en este rubro es totalmente ilusoria, puesto que las leyes y ulteriores demandas están determinadas, en gran medida, por firmas de abogados, académicos, árbitros y por una gama de especuladores que ganan mucho dinero con el impulso de los procesos, poniendo énfasis en los distintos roles que los profesionales legales pueden desempeñar y que podrían comprometer la integridad y probidad en su ejercicio.

Las investigaciones presentadas han tenido por objetivo analizar desde un punto de vista estructural y relacional la profesión legal, sobre todo, en su impacto en los procesos de reforma legal a partir de la globalización. No obstante, un aporte que reclama un marco teórico distinto y una mirada micro hacia procesos locales y regionales que no tenga relación con los macro procesos de globalización, lo constituye el estudio de ^{Liu (2013, pp. 673-680)}, quien propone un marco teórico procesal sobre el estudio de la profesión legal, que la entienda dentro de un marco contextual sujeto a cambios, en donde no solo se preste atención a los grandes procesos de reforma y se tome como referencia a países occidentales, sino que se enfoque en experiencias locales y regionales como lo es el estudio de los abogados litigantes, jueces y practicantes de derecho en países emergentes.

Así como se ha hablado de la profesión legal enfocado en su ejercicio e impacto, también se cuenta con investigaciones que se han enfocado en el aspecto formativo, esto es, en el periodo de entrenamiento y formación de la práctica legal. Además de los tradicionales estudios de ^{Kennedy al respecto (2009}; ²⁰¹²⁾, se tienen investigaciones que bajo un marco de trabajo empírico entienden que las prácticas legales desarrolladas por estudiantes de derecho en estudios de abogados tienen incidencia directa en el entendimiento y sentir de la profesión legal. Así, ^{Santos (2018, pp. 7-13)}, utilizando metodología cualitativa a través de entrevistas e historias de vida, considera que la realización de prácticas en estudios de abogados tiene una importancia fundamental en los procesos de socialización y en la asunción de valores profesionales, adoptando la idea de que los abogados ejecutan un trabajo imparable en el día a día.

También en el plano internacional se cuenta con investigaciones que han incidido en el activismo de la profesión legal. En efecto, estudios que han explorado cómo el ejercicio del derecho se ha puesto al servicio de causas conservadoras (Magee, 2018; ^{Southworth, 2008}; ^{Hatcher, 2008}; ^{Hernández, 2017}), reflejadas en temáticas como el aborto, los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, religión, entre otros aspectos que forman parte de su agenda. Estas investigaciones tienen como objetivo estudiar cómo el ejercicio del derecho se desenvuelve en un contexto de activismo, en donde la construcción de redes con políticos de derecha y líderes religiosos presenta un nuevo rasgo de activismo que antes tradicionalmente era perfilado hacia la izquierda mediante, por ejemplo, la actuación de las clínicas jurídicas y el litigio estratégico (^{Londoño, 2015}, pp. 75-76) y la creación de redes por parte de los denominados abogados populares (^{Vértiz, 2013}, pp. 253-257; ^{Botelho, 2002}, pp. 199-203). Este tipo de contribuciones llaman la atención en cómo el activismo jurídico es un componente importante en el impulso de causas ideológicas y políticas a través de procesos judiciales para la obtención de resultados con clara orientación política. Un aspecto relevante en esta temática son las investigaciones que ponen de manifiesto las denominadas judicialización de la política y politización de la justicia (^{Boscán, 2010}, pp. 57-63; ^{Martínez-Barahona, 2010}, pp. 746-747), siendo la primera situación aquella en la que a través de procesos judiciales se busca conseguir resultados e incidir en el contexto político y social de un determinado país o región (ejemplo de esta práctica lo constituye el denominado lawfare) y la segunda aquella que ve en la elección de jueces y magistrados una estrategia relevante para conseguir la implementación de políticas (siendo un ejemplo la incidencia del ejecutivo o legislativo en las elecciones de magistrados y de las cortes constitucionales).

En Perú son pocos los estudios que han tenido por objetivo estudiar la profesión legal como categoría teórica, lo cual es consecuencia de la poca atención que las investigaciones interdisciplinarias generan en el país. No obstante, existe un número interesante de investigaciones que han tenido por finalidad analizar el fenómeno de la corrupción y su relación con la práctica jurídica, (^{Mujica, 2011}; ^{Mavila, 2012}, ^{Herrera, 2019}; ^{Quiñonez, 2020}; ^{Villanueva, 2021}), siendo uno de los puntos más desarrollados con respecto al ejercicio profesional del derecho en la práctica real. Por otro lado, existen contribuciones muy interesantes que analizan la profesión jurídica más allá del aspecto relacionado a la corrupción, enfocándose en las percepciones y actuaciones de los abogados litigantes (^{Pásara, 2015, pp. 54-74}), la actuación de los jueces (^{Gonzales, 2009}), así como en el rol desempeñado por los académicos en sede nacional (^{Almeyda y Quiñonez, 2018}). No cabe duda de que estas aproximaciones constituyen un punto muy interesante que ha contribuido al entendimiento de la profesión legal en el Perú.

Por otro lado, existen investigaciones que han tratado de entender a la profesión legal en el Perú como el resultado de un proceso formativo que ha sido catalogado como colonial, produciéndose patrones en su actuación que pueden ser enmarcados en la categoría de la colonialidad del poder (^{Bazán, 2019, pp. 238-241}). La educación legal ha llamado la atención de investigadores que reclaman la atención no solo en la necesidad de la formación interdisciplinaria, sino también en la formación ética, la cual resulta vital para un ejercicio íntegro de la práctica legal, poniendo énfasis en el conjunto de vivencias y experiencias de los estudiantes que tienen incidencia en el futuro ejercicio de su práctica profesional (^{Del Mastro, 2020}, pp. 425-436).

Como se puede apreciar, el estudio de la profesión legal en la academia jurídica ha sido desarrollada, en su mayoría, a través de la utilización de herramientas interdisciplinarias. El conjunto de investigaciones analizadas ha tenido por finalidad estudiar el rol que los abogados cumplen en el desenvolvimiento de la práctica legal, llamando la atención sobre su formación educativa, los intereses materia de defensa, las relaciones y redes que se construyen en su ejercicio, así como el impacto que genera como una profesión de relevancia en la sociedad.

Habiendo dado cuenta de las principales investigaciones desarrolladas al respecto, se advierte que la profesión legal en el Perú cuenta con un campo de investigación sumamente amplio, siendo uno de estos su desenvolvimiento en la política contenciosa formal, como es el caso de las recientes elecciones presidenciales.

Sociología de las profesiones. Un marco de estudio para la profesión legal

Uno de los campos de estudios que la sociología ha desarrollado a profundidad corresponde a las profesiones. En efecto, se entiende que estas cumplen determinados roles y funciones las cuales resultan importantes para el desenvolvimiento de no solo los individuos que profesan un determinado arte, sino para la sociedad en su conjunto. Autores clásicos de la sociología como Weber y Durkheim analizaron la importancia de los profesionales en la sociedad, enfocando su atención a la manera como estos se insertan en la estructura organizativa y burocrática (Weber), así como en las funciones y roles que cumplen mediante su ejercicio (Durkheim).

Si bien la sociología de las profesiones se fundó bajo el marco teórico de la escuela funcionalista, como señala ^{Malin (2017}, p. 8), también se ha abordado el tema desde otros marcos teóricos, siendo que cada uno se ha enfocado en algún aspecto de la relación entre las profesiones, los profesionales y la sociedad, aportando diversas categorías para entender dicho fenómeno. Así, entre los principales marcos teóricos encontramos la escuela neo-weberiana, el neo-marxismo, el post-estructuralismo, gerencialismo y colaboracionismo profesional o democrático.

Sin perjuicio de ello, como señala ^{Sciulli (2009}, pp. 8-10), la teoría sociológica ha tratado de identificar algunas características esenciales de las profesiones, con el fin de formular eventualmente un tipo ideal de profesión, una definición o estándar universal e inmutable que la distinga de otras ocupaciones. En esa línea, ^{Malin (2017}, pp. 8-9), refiriéndose al estado de la literatura de la sociología de las profesiones en Inglaterra, señala que en este tipo de estudios se puede apreciar las siguientes características básicas de los profesionales:

Como se aprecia, las profesiones constituyen un grupo de interés del conocimiento sociológico, razón por la que ha sido analizada desde distintos marcos teóricos. Su actuación en la sociedad ya sea a nivel individual o grupal, produce consecuencias que merecen ser estudiadas tanto desde el plano técnico, estructural y relacional. Al ser un grupo social que cuenta con una identidad y una técnica común, su actuación genera la atención sobre los roles y consecuencias que pueden producir su involucramiento en diversos escenarios y acontecimientos sociales.

Desde la sociología jurídica se ha llamado la atención en la profesión jurídica y los diferentes roles que el ejercicio del derecho puede desarrollar en la sociedad. En principio, se parte sobre la importancia que el derecho tiene para las sociedades contemporáneas, lo cual brinda un capital simbólico importante a los profesionales legales. Este poder simbólico resalta entre otras profesiones contemporáneas, pues el profesional del derecho cuenta con la facultad de crear, interpretar y aplicar, de manera autorizada, el ordenamiento jurídico (^{Ferrari, 2006}, p. 183). Aun cuando sea cierto que el estudio de la profesión legal no haya concitado el interés de los sociólogos, siendo una categoría desarrollada mayormente a través de investigaciones interdisciplinarias por parte de investigadores formados en Derecho (^{Deflem, 2008}, p. 182; García Villegas, 2009, p. 243), se cuentan con estudios que advierten sobre la diversidad de la práctica legal y de los distintos roles que entran en juego y en conflicto por parte de sus participantes.

El profesional legal puede cumplir diversos roles dependiendo del ámbito en el cual se ha desarrollado. Así, los estudios en este rubro se enfocan en los roles desempeñados por los legisladores, jueces, abogados litigantes y demás operadores jurídicos, quienes desempeñan funciones diversas no solo por la clase de actuaciones que su rol demanda, sino también por los contextos, sistemas jurídicos, así como en las diferencias culturales en el que operan. No obstante, el tipo ideal de cada rol puede ser caracterizado siguiendo lineamientos comunes y generales que permiten apreciar que, si bien es posible considerar a la práctica del derecho como diversa, esta forma parte de un único grupo profesional.

Teniendo en cuenta ello, desde la sociología jurídica se ha enfocado la manera como los legisladores participan en la creación del derecho, incidiendo en su relación con las élites políticas y su nivel de vinculación con los partidos políticos y el sistema electoral, lo cual los posiciona como actores políticos que llaman la atención no solo de la sociología jurídica, sino también de la sociología política. Asimismo, se ha analizado la posición del abogado que ejerce el derecho de manera privada, incidiendo en cómo históricamente en muchas sociedades los grandes y reconocidos abogados han sido siempre asociados a las clases altas, ya sea por su origen familiar, así como al conjunto de redes y relaciones que van construyendo a lo largo de su ejercicio, lo cual le ha valido para transitar desde el espacio privado al público y viceversa. El rol que cumple el juez como tercero investido del poder de resolver controversias a nombre del estado ha llamado la atención por la importancia de esta función, siendo materia de discusión y atención las formas en las que opera su designación, su vinculación con el poder político, así como la estructura de las cortes. Finalmente, también se incide en la labor del jurista o académico del derecho, el cual cuenta con el halo de objetividad o pureza que brinda la ciencia al momento de analizar e interpretar una problemática legal, contando con un reconocimiento importante no solo dentro de la comunidad legal, sino también fuera de esta. (^{Ferrari: 2006}, pp. 188-212).

Los actores mencionados si bien cumplen funciones y roles diversos dentro del grupo profesional, cuenta con un reconocimiento social importante, siendo apreciados como profesionales que aplican un conocimiento técnico de relevancia para la sociedad (^{Deflem, 2008}, pp. 186-190). De esta manera, el estudio de la profesión legal se erige como una herramienta teórica fundamental que ayuda a comprender su rol, el impacto y la construcción de redes que su ejercicio implica.

Campo Jurídico

Como se ha señalado en el apartado anterior, las profesiones constituyen un campo fértil de estudio en la sociología y, particularmente, en la sociología del derecho, en la cual se pone atención en los distintos roles y funciones que cumplen los operadores jurídicos. Así, desde el análisis de los roles y actividades de los jueces, abogados litigantes, académicos, estudiantes de derecho y funcionarios se advierte las distintas maneras de entender, sentir y ejercer el derecho. A fin de complementar la atención sobre las profesiones legales, resulta fundamental estudiar el campo en el que interactúan, razón por la que adoptamos el concepto de campo jurídico.

Teniendo como influencia los aportes de ^{Bourdieu (2000)} este artículo entiende a la práctica legal como un conjunto de actuaciones que mediante el desarrollo de un habitus se desenvuelven dentro del campo jurídico, entendido como un espacio que tiene como protagonistas a los operadores jurídicos quienes, mediante la utilización de capital social y cultural, luchan entre sí para la obtención de un espacio de protagonismo. Esta lucha es uno de los conceptos medulares dentro de la sociología reflexiva propuesta por ^{Bourdieu y Wacquant (2005, p. 147)}, para quienes la sociedad se encuentra conformada por un conjunto de campos, cada uno de los cuales cuenta con sus propias reglas.

El campo jurídico constituye un campo fundamental en la sociedad, debido a la importancia y funcionalidad que el derecho cumple. El poder de nombrar y establecer las fronteras de lo legal y lo ilegal (^{Bourdieu 2000}, p. 129), de lo permitido y no permitido, constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de la sociedad que va más allá del entendimiento estructural del ejercicio del poder. Este poder brinda la posibilidad de incidir en diversos campos sociales siendo, por ende, fundamental obtener una posición de protagonismo que permita determinar los parámetros sobre los cuales se desenvolverá lo legal y normativo (^{Fortich y Navarro, 2012}, p. 53). El campo jurídico influye en otros campos de la sociedad, los cuales deben tener presentes el conjunto de reglas y preceptos normativos que coadyuvan a moldear las estructuras, funciones y actuaciones que se desarrollan en la sociedad.

El espacio de lucha sobre el cual se construye el campo jurídico se desarrolla en distintos ámbitos. Así, desde el espacio académico se cuenta con diversas teorías que, en el marco de la dogmática jurídica, disputan el rol que las instituciones jurídicas deben ejercer, así como los criterios hermenéuticos e interpretativos de las normas jurídicas; desde la judicatura se presenta la lucha sobre los criterios de resolución de casos que pueden ser relevantes mediante la fijación de reglas generales, como lo son los precedentes, plenos y las sentencias vinculantes; en el plano legislativo, la constante lucha entre las distintas bancadas del congreso por determinar cuáles son las normas que deben ser promulgadas para insertarse en el ordenamiento jurídico; así como también en el mercado profesional de servicios legales, en donde diversos estudios de abogados compiten por obtener una posición de prestigio que les permita acumular capital social y económico (^{Quiñonez, 2020b}, p. 16). Como se puede apreciar, en cada aspecto del ejercicio de la profesión legal se puede apreciar una constante lucha entre los operadores jurídicos para obtener una posición relevante que les permita incidir en el desarrollo del rubro en el cual se desenvuelven.

Este espacio de lucha en el que se ejerce el campo jurídico resulta vital para la comprensión del ejercicio del derecho. Tal como se ha indicado, tanto desde un punto de vista práctico como teórico, el ejercicio de la profesión legal se desarrolla en un espacio de competición en donde los actores buscan obtener una posición protagónica, para lo cual ejecutan una serie de estrategias y acciones. Estas estrategias si bien, en general, se enmarcan en el espacio de lo legal, pueden desenvolverse también en los espacios de informalidad e ilegalidad (^{Quiñonez, 2020a}, pp. 73-103). La manera en la cual el derecho se crea y actúa es relacionada a la ilusión de neutralidad (^{Bourdieu, 2000}, p. 190), es decir que su acto de creación y ejercicio es un proceso en donde la técnica y objetividad son su signo característico. Esta ilusión de neutralidad encubre los intereses y sesgos que los operadores jurídicos tienen, razón por la que resulta fundamental conseguir una posición de relevancia y protagonismo en el campo jurídico con la finalidad de posicionar normas, teorías o servicios legales dependiendo del rubro en el cual los actores ejerzan la práctica legal.

Estado de derecho, crisis democrática y polarización política

Hasta el momento este artículo ha utilizado herramientas teóricas de la sociología y de la sociología del derecho, enfocando su atención en la profesión legal y su desenvolvimiento en el campo jurídico. No obstante, es preciso mencionar que el contexto sobre el cual se enfoca la presente contribución se desarrolla en un marco político claro: la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones presidenciales en Perú. Por tal razón, resulta fundamental analizar variables teóricas que son objeto de investigación de otra ciencia social, como lo es la ciencia política.

Así, desde la ciencia política se entiende al derecho como un mecanismo de regulación social que busca garantizar una convivencia pacífica, siendo fundamental para el manejo y la gestión de los conflictos (^{Valles y Martí i Puig, 2020, p. 120}). Poder, derecho y sistema político son conceptos que se encuentran relacionados íntimamente, toda vez que el derecho plasmado en el ordenamiento jurídico se crea a través de un ejercicio de poder que busca mantener el sistema de gobierno implementado en un determinado espacio. El estado de derecho se erige como el gobierno de la ley, siendo el derecho un aspecto relevante que garantiza la división de poderes y el mantenimiento de la institucionalidad. Así, en el actual sistema democrático, el respeto al estado de derecho constituye uno de los axiomas fundamentales que definen a la democracia y tienen incidencia en su calidad (^{Dahl, 1998}, pp. 35-43; ^{Przeworski, 2019}, pp. 145-158). No se ahonda en las definiciones sustanciales o materiales de la democracia, sino en su aspecto procedimental, en donde el respeto a la institucionalidad y a las reglas del juego democrático (elecciones, participación, etc.) resultan elementos relevantes y esenciales para su mantenimiento.

Sin embargo, resulta preciso mencionar que en toda sociedad y democracia existe polarización. En efecto, la polarización obedece a la existencia de una pluralidad de ideas y propuestas que en las reglas del juego democrático compiten por ganar un espacio de poder a través del cual estas puedan ser implementadas, siendo los partidos políticos los entes encargados de formular estas propuestas en representación de la sociedad civil (^{Alcántara, 2004}, p. 10). El problema radica cuando se encuentran niveles de polarización muy altos, en donde el plano ideológico es dejado de lado, siendo el aspecto afectivo o emocional el que toma preponderancia al momento de marcar distancia y diferencias entre opciones políticas. Así, por ejemplo, se alude en la necesidad de diferenciar la polarización ideológica de la polarización afectiva (^{Torcal y Miller, 2020}). Mientras que la primera obedece a razones ideológicas que encuentra su razón de ser en la doctrina o ideario de un determinado partido político que ha influido en la formación y opinión de los ciudadanos, la segunda deja de lado el plano ideológico para concentrarse exclusivamente en el plano emocional, cuyo aspecto subjetivo se construye en base a estereotipos e identidades que no tienen relevancia en la democracia.

Debido a su componente enteramente subjetivo e identitario, la polarización afectiva constituye un peligro para la calidad de la democracia, puesto que su carácter subjetivo hace que los adversarios políticos sean presentados como enemigos. La rivalidad política se transforma en un juego en el que todo vale. El no reconocimiento del adversario político como igual, da lugar a que se utilicen herramientas que no se condicen con prácticas democráticas. Este carácter subjetivo fomenta que el enmarcamiento de las propuestas políticas sea visto en base a la construcción de identidades, asumiendo la lealtad hacia un partido no por sus propuestas, sino por el sentido de pertenencia que se genera e incrementa. Tales casos en extremo se pueden ver en democracias precarias, en donde la predisposición de los ciudadanos en dejar de lado valores y principios democráticos por el apoyo a líderes autoritarios constituye una de las manifestaciones elocuentes (^{Svolik, 2019}, pp. 28-30).

Siguiendo con el razonamiento esbozado, uno de los grandes peligros que implica la existencia de sociedades altamente polarizadas es la presencia de partidos políticos radicales que alienten e incrementen la polarización. En efecto, estos partidos radicales (ya sea desde el espectro de la izquierda o derecha) pueden adoptar estrategias que alimenten los sentimientos de rivalidad enfocados en la lógica del adversario político como enemigo. Así, la presencia de discursos que apelen más al sentimiento que a la racionalidad conllevarían a elevar el nivel de conflictividad que merma también la calidad de la democracia, puesto que se incrementa la desconfianza en las instituciones y en las reglas del juego electoral. Al respecto, resulta fundamental el rol de los partidos políticos para que la polarización no calce a niveles extremos. Así, resulta fundamental lo mencionado por ^{Casal-Bertoa (2021, p. 49)} quien, si bien asume que el incremento de la polarización y la presencia de partidos extremos que se aprovechan de ella es una crisis de la institucionalidad y pérdida de confianza ciudadana en los partidos políticos tradicionales, manifiesta que resulta necesario su empoderamiento, a través de nuevas estrategias que puedan conectarlos nuevamente para la ciudadanía a fin de que puedan hacer frente a la presencia de discursos antidemocráticos.

En atención a lo mencionado, se puede concluir que la polarización afectiva afecta la democracia, mermando la confianza en el otro, quien es visto como enemigo al cual se le tiene que ganar, en algunos casos, a través de estrategias que no se acoplan a las reglas democráticas. Actualmente se manifiesta que se está viviendo un periodo de crisis democrática, en donde la presencia de partidos populistas de extrema derecha, la existencia de líderes autoritarios en algunos partes del mundo y la desconfianza que la ciudadanía viene teniendo hacia la democracia serían algunas de sus características (^{Przeworski,2019}, pp. 83-100), existiendo diversas explicaciones en cuanto a sus causas tanto desde el punto de vista económico, cultural, institucional e internacional como lo señalan ^{Waldner y Lust (2018, pp. 97-107).}

Resultados

Del análisis efectuado, se puede manifestar que el apoyo legal brindado por estudios de abogados en la presentación de recursos de impugnación de la segunda vuelta electoral se encuentra debidamente acreditado. En efecto, la mayoría de los medios analizados refieren a la existencia de una estrategia legal cuyo objetivo fue declarar la nulidad de diversas mesas electorales a efectos de revertir los resultados de las elecciones. Esta estrategia legal buscó que el conteo de los votos se revirtiese a favor del partido Fuerza Popular y así, su líder, Keiko Fujimori Higuchi, sea proclamada presidenta de la república.

Diversos medios hicieron referencia también a que el Partido Fuerza Popular contó con el apoyo de grandes estudios de abogados (Ver imagen 01), quienes incluso hicieron acudir a sus oficinas a asistentes y practicantes legales para apoyar en la elaboración de los recursos de impugnación (^{La Mula, 2021}). Esta modalidad de apoyo ha sido denunciada, puesto que atentaría contra la normativa electoral referida a los aportes que pueden ser realizados en campaña electoral, los cuales solo pueden ser materializados a través de donaciones y no mediante prestación de servicios.

Fuente: Ojo Público (https://ojo-publico.com/2997/abogados-de-grandes-estudios-aportaron-laestrategia-del-fraude)

Imagen 01. Estudios de abogados vinculados a la estrategia legal de Fuerza Popular 

La participación de grandes estudios de abogados como hacen mención las notas de prensa analizadas, constituye un importante punto que evidencia una característica de la segunda vuelta electoral, es decir, la lucha promovida por parte de una élite legal a favor de una candidatura de derecha asociada a la élite económica. Esta élite legal se refleja en la relevancia de los estudios señalados, quienes cuentan con una importante participación en el mercado de prestación de servicios legales en el país.

Asimismo, se reporta que las acciones legales formaron parte de una estrategia global que involucró la denuncia reiterada de acciones fraudulentas evidenciadas por parte de la líder del partido Fuerza Popular, así como de sus partidarios y militantes quienes, a través de manifestaciones públicas, conferencias de prensa y utilización de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, manifestaron ser víctimas de una estrategia fraudulenta que dio la victoria a Pedro Castillo². La estrategia legal, por ende, fue una de las herramientas utilizadas para promover en la ciudadanía la idea (discurso) sobre la existencia de un fraude electoral, erigiéndose en el soporte material que sustentó las denuncias. En efecto, la importancia de la estrategia legal materializada a través de los recursos de impugnación es tal que, sin ella, la utilización de medios de prensa y redes sociales por parte de los denunciantes no hubiese tenido sentido, razón por la que la intervención de los estudios de abogados y su performance en este escenario no puede ser entendida de manera reduccionista, esto es como una mera colaboración o presentación de servicios legales.

El aspecto legal involucró la coordinación entre más de 80 abogados pertenecientes a estudios de abogados, quienes aparentemente habrían movilizado personal para apoyar en la elaboración y presentación de los recursos de nulidad, cuyo sustento sería la existencia de mesas electorales sin ningún voto a favor de Fuerza Popular, así como la existencia de personas con un mismo apellido en mesas electorales (^{As, 2021}; ^{Ojo Público, 2021a}, ^{Ojo Público, 2021b}; ^{Wayka, 2201a}, ^{La Mula, 2021}). Se reporta, asimismo, que la estrategia legal se enfocó en impugnar mesas de sufragio en donde la victoria del partido político Perú Libre fue contundente (^{Wayka, 2021a}), siendo que el número total de votos que se buscó anular ascendió a 200,000 (^{La República, 2021a}).

Lo manifestado en el apartado anterior revela las tácticas y argumentos utilizados en la preparación de los recursos de nulidad. Sorprende la manera en que los argumentos fueron construidos, sobre todo, aquellos que incidían en la existencia de un mismo apellido en varias de las mesas electorales (algo sumamente común en zonas andinas del país como consecuencia del parentesco), así como en la denuncia sustentada en el apoyo total hacia la candidatura ganadora. Este tipo de argumentos utilizados para anular mesas electorales constituyen una afectación sin prueba alguna a uno de los derechos políticos sobre los cuales se sustenta el estado de derecho: el derecho al voto y a la participación electoral, lo cual ha llevado a afirmar que la presentación de un número alto recursos de nulidad, representó un ejercicio abusivo de este derecho (^{Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, 2021})³.

Por otro lado, resulta interesante como también en ciertos reportes se recogieron declaraciones de actores políticos, así como de los mismos abogados que participaron en el proceso de formulación de pedidos de nulidad, quienes incidieron en todo momento en que la colaboración fue gratuita y, sobre todo, a título personal (^{La República, 2021b}). Ello, debido a que como se ha señalado, el aporte de personas jurídicas mediante la presentación de servicios profesionales constituye una infracción a la ley electoral, así como también razones vinculadas al prestigio o la marca de un estudio de abogados. Asimismo, un punto que también resulta importante tomar en cuenta es la existencia de abogados que se pronunciaron en contra de esta estrategia legal, manifestando que esta actuación violaba la voluntad popular y el estado de derecho (^{Wayka 2021b}) e, inclusive, dio lugar a la presentación de una denuncia penal por impedir o alterar los resultados de la segunda vuelta electoral (^{Exitosa, 2021}). Estos conflictos que se presentaron internamente (entre los abogados de estudios que descartaron la participación de la empresa) y externamente (la existencia de abogados que denunciaron los actos de impugnación configurándolos como atentatorios contra la voluntad popular) son una muestra de las luchas que se presentan en el campo jurídico, siendo evidente que la actividad privada materializada en el litigio ha sido materia de cuestionamiento en este aspecto.

Una vez analizado el contenido de las noticias seleccionadas, ¿cuál ha sido el tipo de discurso y representaciones que se formularon con la participación de estudios de abogados y la estrategia legal de la nulidad? ¿De qué manera se ha gestado el encuadre noticioso? Y, por último, ¿Cuál ha sido el rol que los estudios de abogados desempeñaron en la estrategia legal relatada?

Al respecto, cabe señalar que existen dos discursos o representaciones que se vieron enfrentados con el cuestionamiento de las elecciones nacionales: i) El derecho a la impugnación y a la libertad de cuestionar o denunciar supuestas acciones fraudulentas por parte del partido político perdedor y ii) La contravención al estado de derecho y a la institucionalidad política y legal del país, no respetando los resultados oficiales promulgados por la autoridad legal competente, aumentando la polarización política (afectiva). Estos dos discursos fueron representados por los actores políticos en disputa, dando lugar a una disputa narrativa que puso en tela de juicio los resultados electorales, aletargando su proclamación y contribuyendo a la generación de cierta inestabilidad política. Estos discursos fueron enmarcados bajo un enfoque conflictivo (^{Semekto y Valkenbug, 2000}), toda vez que la disputa legal iniciada por los recursos de nulidad dio lugar al incremento de la conflictividad y polarización entre los actores y en la sociedad en general.

El desconocimiento de los resultados electorales por parte de un candidato ha sido catalogado con un acto que merma la confianza y la institucionalidad política (^{Burt, 2021}), afectando la calidad democrática y contribuyendo a que la polarización propia de toda elección nacional (y más aún en una segunda vuelta) se incremente. Teniendo en cuenta, además, que constituye un acto que vulnera el estado de derecho (^{Levitsky y Ziblatt, 2018}, pp. 24, 25) y que atenta contra los compromisos democráticos que suscriben los candidatos al participar en un proceso electoral. Cabe señalar, además, que el desconocimiento de resultados electorales y las constantes acusaciones de fraude ante resultados adversos, viene siendo una característica de líderes con vocación autoritaria y populista, como son los casos de Jair Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en Estados Unidos (^{Faiola et all, 2021}), encontrando semejanzas en la utilización de las redes sociales para la transmisión de mensajes y narrativas sobre la existencia de un fraude electoral (^{Tucker et all, 2017, pp. 51, 52}.). La narrativa del fraude electoral no es un recurso que solo se haya apreciado en Perú, sino que viene siendo una estrategia cada vez más evidente de actores políticos con vocación autoritaria. Cabe precisar que estas actuaciones se ejercieron aun cuando la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea corroboró que las elecciones nacionales se realizaron en un contexto de legalidad, reconociendo que el sistema electoral peruano cumplió con los estándares nacionales e internacionales exigidos (^{Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, 2021, p. 1}).

Teniendo en cuenta lo mencionado, cabe responder la pregunta relacionada al rol de los estudios de abogados y las implicaciones de su actuación en el estado de derecho y en la calidad democrática.

Al respecto, se debe manifestar que el rol que los estudios de abogados cumplieron en el cuestionamiento del proceso electoral, respaldado en las acusaciones mediáticas de fraude incentivadas por los líderes, simpatizantes y militantes del partido Fuerza Popular, se encuentra lejos de ser considerada una asesoría meramente técnica o un mero aporte para la causa electoral. En efecto, la estrategia legal fue parte de una campaña global dirigida a revertir los resultados del conteo de votos de la segunda vuelta electoral, lo cual constituye un acto que atenta contra los principios sobre los cuales se fundamenta una democracia. No se presentó una asesoría técnica que haya buscado defender intereses privados, sino que se está ante una prestación que se actuó para revertir los resultados de la voluntad popular, aun cuando el proceso electoral había sido avalado por la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea. La estrategia legal actuada por los estudios de abogados que trabajaron coordinadamente con el partido Fuerza Popular contribuyó al incremento del ambiente de polarización (afectiva) que enmarcó al Perú en el contexto postelectoral, mermado la calidad de la democracia y socavando la confianza en las instituciones políticas y en su carácter representativo.

Conclusiones y Discusión

El presente artículo se enmarca en el conjunto de estudios que se han preocupado por estudiar algunas de las facetas de la profesión legal. Tal como se expresó en las páginas iniciales, existe un campo fértil que debido al desinterés en los estudios interdisciplinarios y al predominio del análisis positivista y formalista en las investigaciones jurídicas ha sido dejada de lado.

La principal conclusión de la investigación es que la asesoría prestada por los estudios de abogados en la presentación de recursos de nulidad que representaron en promedio doscientos mil votos formó parte de una estrategia política y jurídica global que afectó la democracia en el Perú, puesto que tuvo por finalidad revertir los resultados favoreciendo al partido político perdedor Fuerza Popular. De allí que se concluya que la asesoría brindada en la presentación de estos recursos no puede ser entendida como una prestación meramente técnica y desinteresada, sino como una actuación con una evidente vocación política. Este objetivo político revela que la performance de los estudios de abogados a través de la movilización de recursos (dinero y personal) los presenta como actores políticos claves dentro de la estrategia global de cuestionamiento de resultados electorales, incrementando la polarización (afectiva), mermando la institucionalidad política y social, así como la calidad democrática.

La creación de redes de apoyo para la actuación de la estrategia legal puede ser presentada como una manifestación de los estudios de abogados como brokers y señores de la danza (^{Dezalay y Garth, 2011}; ²⁰¹⁶), toda vez que instalaron una maquinaria legal mediante la prestación de recursos al servicio de una causa que, en teoría y para un sector del gremio legal, atentaba contra la voluntad popular. Esta maquinaria legal implicó la movilización de recursos humanos, entre los cuales se encontraban abogados, asistentes y practicantes, constituyendo estos dos últimos grupos abogados en formación, siendo interesante analizar cuál ha sido el impacto en su entendimiento y aplicación del derecho la ejecución de este tipo de prácticas, lo cual al parecer y debido a las noticias difundidas, implicó un trabajo arduo que se encuentra dentro de la figura de un trabajo imparable conceptuada por ^{Santos (2018)}. Asimismo, resultaría muy interesante analizar las experiencias de estos abogados en formación, puesto que fueron hechos partícipes de una estrategia que no solo significó ni implicó consecuencias legales sino y, ante todo, consecuencias de carácter político. Este tipo de actuaciones podría influenciar en su práctica futura, pudiendo ser analizados desde el plano de la ética y la psicología como lo propone ^{Del Mastro (2020)}.

No se puede afirmar que la prestación de este apoyo legal se enmarque en el concepto de activismo jurídico bajo el manto de la defensa de posiciones conservadoras (Magee, 2018; ^{Southworth, 2008}; ^{Hatcher, 2008}; ^{Hernández, 2017}). Producto del análisis realizado, se estima que se requieren mayores investigaciones que, a través de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa ayuden a determinar si existe un activismo jurídico de derecha en Perú, teniendo en cuenta el auge de partidos políticos y movimientos conservadores en el escenario político nacional. Asimismo, resultar interesante indagar si este tipo de prácticas se encuadra o no dentro del concepto de movimiento social, siendo interesante preguntarse si la estrategia legal utilizada en la segunda vuelta electoral implicó la generación de una corriente de opinión (la existencia de un fraude electoral) que aún cuenta con adeptos en el país.

Se espera que el presente artículo estimule la realización de investigaciones que analicen la práctica legal en el Perú, país en el que el capital social y cultural del derecho ha sido utilizado como un activo importante por parte de las élites legales.