http://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v1n25.47588

Lugares de memoria de la dictadura en Chile. Memorialización incompleta en el barrio Cívico de Santiago^*

Sites of memory of the dictatorship in Chile. Incomplete memorialization in the Civic District of Santiago

Locais de memória da ditadura no Chile. Incompleto memorialization no Distrito Civic de Santiago

Roberto Fernández-Droguett
rfd2003@gmail.com
Psicólogo, Magister en Psicología Social y Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Profesor Asistente del Departamento de Psicología, Universidad de Chile. Chile. Investigador del Programa Psicología Social de la Memoria.

^* El presente artículo se enmarca en la línea de investigación desarrollada por el autor en el Programa de Psicología Social de la Memoria, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile.

Recibido: 15 Noviembre 2014 Aprobado: 23 Mayo 2015

Resumen

Desde el regreso a la democracia en 1990, la memorialización del espacio público en Chile mediante la construcción de lugares de memoria ha sido una forma de abordar tanto la reparación simbólica a las víctimas, como la instalación de una cultura del "Nunca Más" que asegure que no se repitan los atropellos a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Como señalan diversos autores, la memorialización del espacio público a través de los lugares de memoria ha tenido avances notables. Sin embargo, en el presente artículo se sostiene que este proceso de memorialización ha sido parcial e insuficiente en el barrio Cívico de Santiago de Chile porque no condice ni con su relevancia como espacio público, ni con los hechos ocurridos ahí durante el golpe de Estado. Para fundamentar esta interpretación, se analizan las intervenciones urbanas realizadas por el gobierno central en ese entorno y se proponen algunas hipótesis que permiten comprender las causas de dicha memorialización incompleta.

Palabras claves: espacio público, lugares de memoria, post-dictadura.

Abstract

Since the return to democracy in 1990, the memorialization of public space by building places of memory has been a way of addressing both symbolic reparations to victims, such as installing a culture of "never again" to ensure that human rights abuses that occurred during the military dictatorship of Augusto Pinochet (1973-1990), not repeated. As noted by several authors, memorialization of public space through the memory sites has had remarkable progress. However, this article argues that this process of memorialization has been partial and inadequate in the Civic District of the city, which is not consistent with its importance as a public space, or to the facts that occurred when was the coup d'état in 1973. For support this interpretation, urban interventions in this environment are analyzed and some hypotheses for understanding the causes of this incomplete memorializa-tion are proposed.

Keywords: public space, sites of memory, postdictatorship.

Resumo

Desde o retorno à democracia em 1990, o memorialization do espaço público através da construção de lugares de memória tem sido uma forma de abordar as reparações simbólicas às vítimas e instalar uma cultura de "nunca mais" para garantir que nenhum repetir os abusos de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Como observado por vários autores, memorialization do espaço público através dos locais de memória teve um progresso notável. No entanto, este artigo argumenta que este processo de memoria-lization tem sido parcial e insuficiente no Distrito Civic da cidade, o que não é coerente nem a sua relevância como um espaço público, nem com os acontecimentos daquele lugar para a golpe militar. Em apoio a essa interpretação, intervenções urbanas neste ambiente são analisadas e algumas hipóteses para a compreensão das causas desta memorialization incompleto são propostos.

Palavras-chave: espaço público, locais de memória, pós-ditadura.

Antecedentes de la memorialización del espacio público post-dictatorial en Chile

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas armadas derroca al presidente legítimamente elegido en 1970, Salvador Allende, e instaura una dictadura militar que se prolonga hasta 1990, año en que, luego de perder en un plebiscito en el que se votaba su permanencia en el poder, el jefe de la Junta Militar, Augusto Pinochet, entrega el mando a autoridades civiles elegidas democráticamente. Desde entonces, la sociedad chilena ha venido desarrollando un proceso de democratización que ha sido considerado como insuficiente en términos de acabar con los enclaves autoritarios heredados de la dictadura. Por eso, algunos autores se refieren a la democracia chilena como una democracia protegida o semidemocrática (Moulian, 1998) o incompleta (Garretón y Garretón, 2010).

Una de las dimensiones de esta democratización incompleta ha sido la problemática producto de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. Junto con el esclarecimiento de los hechos y la persecución judicial a los responsables, la sociedad chilena ha emprendido diversas iniciativas orientadas a la reparación simbólica y a la construcción de una memoria histórica. El propósito es recordar los hechos y a sus víctimas, constituyéndose en la base de una cultura del "Nunca Más", relativa al desarrollo de valores democráticos y a favor de los derechos humanos. Su principal orientación es que no vuelva a repetirse el terrorismo de Estado, la persecución política y las violaciones a la integridad de las personas (Winn, 2014). Así, habiendo pasado más de 40 años desde el golpe de Estado y más de 20 desde el regreso a la democracia, la dictadura y los atropellos a los derechos humanos son temas que permanecen vivos y activos en la memoria de las chilenas y los chilenos (Piper, Fernández e Íñiguez, 2013).

En este marco, el gobierno de Chile constituyó dos comisiones destinadas a establecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991, conocida como Comisión Rettig y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en el año 2004, conocida como Comisión Valech. Además de investigar y documentar los hechos, ambas comisiones propusieron diversas medidas de reparación orientadas a reivindicar a las víctimas y a comprometer a nuestra sociedad a que nunca más vuelvan a suceder hechos semejantes. Una de las propuestas de reparación colectiva presente en ambos informes fue la construcción de monumentos recordatorios (Gobierno de Chile, 1991; 2004). Es en esta línea que la comisión Rettig planteó la necesidad de "reivindicar el buen nombre de las víctimas y recordar lo sucedido para que nunca más se vuelva a repetir. En esta perspectiva, el Estado puede encabezar gestos y crear símbolos que le otorguen sentido nacional a la reparación" (Gobierno de Chile, 1991: 1254). Asimismo, la comisión Valech (Gobierno de Chile, 2004) sugirió una serie de medidas para la reparación de carácter simbólico que iban en la misma línea: declarar monumentos nacionales a los principales centros de tortura, construir memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de la violencia política, al igual que construir un monumento recordatorio en el centro de la ciudad de Santiago de Chile.

En síntesis, estas comisiones relevan la memorialización de las violaciones a los derechos humanos en los espacios públicos, mediante lugares de memoria que permitan recordar los hechos y a sus víctimas. Por lugares de memoria entendemos espacios u objetos utilizados con el fin de hacer memoria y recordar determinados hechos, personas o circunstancias (Piper, Fernández e Íñiguez, 2013). Estos espacios u objetos, en el caso de los lugares de memoria de la dictadura militar en Chile, son espacios donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos como los ex centros de detención, tortura, asesinato y desaparición de personas, y lugares construidos específicamente para recordar, como memoriales, estatuas, placas, museos y otros (Piper y Hevia, 2012; Shindel, 2009; Stern y Winn, 2014).

Para Stern y Winn (2014) la reparación simbólica y la memoria histórica relativa a los atropellos a los derechos humanos han tenido un avance notable en el ámbito de la construcción de lugares de memoria, particularmente desde la primera década del siglo XXI. De hecho, recientemente, solo en Santiago de Chile se han registrado más de 240 lugares de memoria (Piper y Hevia, 2012). Cabe destacar que, al igual que en otros países de América Latina, el desarrollo de lugares de memoria ha sido llevado a cabo tanto por el Estado, como por diferentes actores sociales como organizaciones civiles, agrupaciones de víctimas y organismos de derechos humanos, lo cual, ha generado conflictos a la hora de establecer qué recordar y cómo hacerlo (Shindel, 2009). Siguiendo a Stern y Winn (2014), este conflicto puede ser entendido como una "batallas por la memoria" en las que se ponen en juego y entran en pugna diferentes versiones del pasado que buscan imponerse como las legitimas y verdaderas. Por su parte, Ayala señala que "la memoria constituye un campo netamente relacional, en el cual se deben tener en cuenta las disputas por los sentidos del pasado, pero también aquellas determinaciones hegemónicas sobre las identidades y la memoria" (Ayala, 2008: 52).

Una de las dimensiones de ese conflicto está relacionada con los espacios de la ciudad en los que se emplazan los lugares de memoria. Como señalan Piper y Hevia (2012), estos lugares constituyen un archipiélago de memorias donde el emplazamiento en sectores significativos de la ciudad, de fácil acceso y visibles, habla de la relevancia que se la asigna a esos lugares. Sin embargo, no todos los espacios cumplen con esos requisitos. En el barrio Cívico, donde se encuentra el palacio presidencial La Moneda y otros edificios gubernamentales, y que es considerado el espacio público más relevante de la Nación y, por lo tanto, estructurante de la identidad y de la memoria nacional, los lugares de memoria son escasos y sus características le otorgan poca visibilidad y relevancia. Además, su memorialización no condice con los hechos ocurridos ahí. Recordemos que La Moneda fue bombardeada por aviones de combate de la Fuerza Área y luego asaltada por efectivos del ejército. Durante ese asalto murió el presidente Salvador Allende (hasta el día de hoy es un asunto polémico si su muerte fue un suicidio o si fue asesinado) y muchas de las personas que lo acompañaban ese día fueron ejecutadas o desaparecidas. En los edificios del sector también se desarrollaron enfrentamientos entre militares golpistas y personas leales a Allende, quedando las huellas de los impactos de proyectiles como testigos mudos de la violencia de los hechos.

A continuación, se analizarán los lugares de memoria del entorno inmediato al Palacio de La Moneda relativos a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura: la estatua de Salvador Allende, la puerta de La Moneda ubicada en la calle Morandé 80, la placa conmemorativa a algunas víctimas del 11 de septiembre que resistieron en las cercanías del palacio y el monumento Mujeres en la Memoria. La premisa que orienta el análisis es que la memorialización de este entorno significativo es parcial e insuficiente en la medida en que no condice ni en cantidad ni en calidad con la magnitud de los hechos que se recuerdan. Como hipótesis se sugiere que está relacionado tanto con una lógica histórica de construcción del espacio público de carácter homogénea e unitaria, como con la práctica sistemática de evitar el conflicto social de los gobiernos post-dictatoriales y, específicamente, su dificultad para abordar un pasado complicado y traumático respecto al cual todavía existen controversias importantes en la sociedad chilena. En ese sentido, se propone concebir esta memorialización como incompleta, en la medida en que es congruente con la democratización incompleta descrita por Garretón y Garretón (2010). Cabe señalar que se abordarán principalmente las dimensiones institucionales de esta memorialización, por lo cual, no se profundizará en las acciones emprendidas por las agrupaciones de memoria y derechos humanos, y otros actores sociales que, si bien son fundamentales, han sido objeto de una variedad de investigaciones. Aunque la memorialización institucional del espacio público también ha sido objeto de estudio, no ha habido mayor reflexión ni análisis sobre los lugares de memoria del barrio Cívico, por ello, este aspecto es el foco del presente trabajo.

El barrio Cívico de Santiago de Chile y sus intervenciones urbanas

La memorialización que aquí se analiza opera como una resignificación del barrio Cívico, es decir, como la inscripción en el espacio urbano de interpretaciones colectivas del pasado que se busca recordar (Shindel, 2009). En la medida en que dicha memorialización opera sobre los significados asignados históricamente a esos espacios, se hará referencia a las intervenciones urbanas más significativas de su historia reciente, con el propósito de mostrar que esa resignificación se articula con el sentido republicano que estas intervenciones le han asignado al entorno. Como señala Raposo (2009), a lo largo de la historia, el entorno del palacio presidencial de La Moneda conocido como barrio Cívico, ha sido objeto de diversas intervenciones urbanísticas orientadas a destacar su carácter solemne y republicano. En sus palabras,

hay que marcar la centralidad del Estado. El asunto central es el Palacio de La Moneda, sede del Estado Nacional, centro de la civilidad y ciudadanía, lugar del poder político. El sentido de toda la operación es transformar el edificio de la Moneda en un acontecimiento: la representación espacial capitalina de la voluntad política constituyente del gran proyecto nacionalista. Se requiere por tanto constituir un campo simbólico del nuevo orden (Raposo, 2009: 4).

Esta concepción de la función del espacio público del barrio Cívico puede verse reflejada en la gran cantidad de esculturas y monumentos relativos a la historia nacional. De los cerca de 60 monumentos y esculturas ubicadas en este sector (Voionmaa, 2005), la mayor parte remiten a figuras políticas o militares de la historia chilena. Como sostiene Achugar, desde el siglo XIX, "el lugar de la memoria [en América Latina] estuvo constituido por la voz de los padres de la patria inscripta en mármol y bronce. La monumentalización de la memoria proclamaba una memoria única, nacional y homogeneizadora" (Achugar, 2003: 206), la cual, sigue siendo hasta hoy la forma dominante de representar el pasado.

El golpe de Estado y la dictadura militar tienen una serie de consecuencias en la sociedad chilena, no solamente políticas y sociales, sino también urbanas y culturales que buscan resituar el sentido republicano desde una perspectiva autoritaria. La dictadura ejerce un proceso de eliminación tanto de la disidencia del gobierno militar, como de toda presencia simbólica del gobierno derrocado de Salvador Allende. En su reemplazo, instaura una estética propia marcada por las pretensiones refundaciona-les de la dictadura, lo que Errázuriz y Leiva (2012) definen como "golpe estético-cultural".

La percepción y configuración estético-social de la ciudad, de sus calles y escenarios, fue modificada y descontextualizada [...]. Al régimen militar le interesaba explicitar el dominio y el ejercicio del poder a través de ciertas acciones y también el interesó erradicar las ideas del gobierno destituido (Errázuriz y Leiva, 2012: 8).

El golpe de Estado también tiene una serie de impactos fundamentales en el barrio Cívico, empezando por el bombardeo del palacio presidencial por parte de aviones de la Fuerza Aérea Chilena. Según Raposo, "el corazón simbólico del Barrio Cívico, el Palacio de la Moneda, fue destruido. Es un acto total de violencia simbólica. Había que refundar la Nación. No se trataba sólo de recuperar el rumbo perdido" (Raposo, 2009: 6). El edificio deja de ser la sede del gobierno, la cual, se traslada al que hasta ese momento era el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, espacio icónico del gobierno de Allende. Este edificio es rebautizado como Diego Portales, manteniendo su función hasta el regreso a la democracia en 1990. Como señalan Errázuriz y Leiva, "con la instalación de la junta militar se erradica cualquier vestigio que recordara el espíritu original del edificio, que era la sede de la cultura y el intercambio ciudadano" (Errázuriz y Leiva, 2012: 96).

Durante la dictadura militar se desarrollan una serie de intervenciones en el barrio Cívico orientadas a borrar las marcas del gobierno anterior y a destacar los valores del gobierno militar. El 1975 se inaugura la Eterna Llama de la Libertad y en 1979 el Altar de la Patria (Errázuriz y Leiva, 2012). En 1981 se termina de reconstruir La Moneda y en 1983 es remodelada la Plaza de la Constitución, plaza hacia donde mira la fachada principal del palacio presidencial (Raposo, 2009). Cabe destacar que en la década de 1980 las luchas contra la dictadura llevaron las manifestaciones políticas de regreso al espacio público, aún bajo condiciones de represión violenta. Uno de los hitos más importantes de este período fue la realización de las protestas nacionales, desarrolladas principalmente entre 1983 y 1987 (De Ramón, 2007, Moulian, 1998). Para De Ramón "estas protestas constituyeron el "hecho urbano" más relevante de los últimos tiempos en la historia de Santiago de Chile" (De Ramón, 2007: 257), tanto por convocar a diferentes sectores de la sociedad, como por desarrollarse en el centro y en la periferia de la ciudad.

Con el regreso a la democracia en 1990, La Moneda vuelve a ser la sede del gobierno y comienzan a desarrollarse una serie de transformaciones en el barrio Cívico que incluyen la eliminación del Altar de la Patria y de la Eterna Llama de la Libertad, la reapertura de una de las puertas más simbólicas del palacio presidencial en Morandé 80, y la construcción de la Plaza de la Ciudadanía y del Centro Cultural Palacio de La Moneda (Errázuriz y Leiva, 2012; Raposo, 2009). Pese a que todas estas transformaciones vienen acompañadas de un discurso que reivindica al barrio Cívico como un espacio público eminentemente ciudadano, las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas del centro de Santiago de Chile de los gobiernos post-dictatoriales se orientaron más a la construcción de una infraestructura cultural, que al encuentro y a la expresión ciudadana, manteniendo el sentido histórico de representar el lugar del poder más que el de la ciudadanía.

Lugares de memoria relativos a la dictadura en La Moneda y su entorno

En términos cronológicos, la estatua de Salvador Allende fue el primer lugar de memoria relativo a la dictadura construido en el barrio Cívico. La estatua se ubica en un costado del palacio de La Moneda, en la Plaza de la Constitución, donde se encuentran estatuas de otros presidentes de la segunda mitad del siglo XX. Fue inaugurada en el año 2000 después de arduos debates entre los parlamentarios de la coalición gobernante y la oposición de derecha (Hite, 2003). Cabe destacar que la aprobación de la construcción de la estatua por parte de la derecha se logra a cambio de que se construya un memorial a Jaime Guzmán, líder de la derecha golpista, asesinado por un grupo de extrema izquierda un año después del fin de la dictadura. Desde su inauguración, la estatua se ha convertido en un lugar fundamental de conmemoración, no solo en relación al golpe de Estado, sino también a la figura de Allende y a lo que él y su gobierno representan para la izquierda chilena e internacional. Esta apropiación de la estatua por parte de las agrupaciones de memoria, de derechos humanos, de los partidos políticos y de los movimientos sociales opera pese a algunas características formales de la estatua que eventualmente podrían dificultarla más que favorecerla, como estar ubicada a casi tres metros de altura y no tener una placa que señale que Allende fue presidente de la República, ni ninguna referencia a la forma en que murió.

Otro lugar de memoria relevante en este entorno es la puerta de Morandé 80. Después de la muerte de Salvador Allende en el interior de La Moneda, su cuerpo es retirado por una puerta lateral del palacio presidencial conocida como la puerta de Morandé 80 (por el nombre de la calle y su numeración). Al reconstruirse el edificio durante el gobierno militar, la puerta es eliminada hasta su reapertura en 2003 con ocasión de la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado. Este acto significó un hito destacado en las conmemoraciones del 11 de septiembre tanto por realizarse a 30 años del golpe, como por la relevancia que el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, le otorgó a la ceremonia. Paradójicamente, las conmemoraciones de los años siguientes cayeron en un silencio político y mediático alejados de las pretensiones de memoria declarados en ese acto (Fernández, 2008). Desde entonces tampoco ha habido prácticamente ningún acto oficial de relevancia pública en el que la puerta de Mo-randé 80 haya vuelto a ser utilizada, quedando en una suerte de olvido institucional que, sin embargo, tiene como contrapunto el uso conmemorativo intensivo que las agrupaciones de memoria y de derechos humanos le siguen dando al lugar. Tanto para las conmemoraciones del 11 de septiembre, como para otras fechas emblemáticas, las agrupaciones realizan actos de homenaje frente a la puerta, de la misma manera que lo hacían antes de que fuera reconstruida. Este caso hace evidente las diferencias entre las aproximaciones institucionales y las de los actores sociales en su abordaje del pasado, donde los últimos, mantienen un activismo mucho más sostenido y comprometido que el que han tenido los gobiernos post-dictatoriales. En este sentido, no deja de resultar llamativo que no exista ninguna forma de señalamiento que dé cuenta de la historia de la puerta, pese a su relevancia para la historia y la memoria de Chile.

El monumento Mujeres en la Memoria, inaugurado en 2006 en homenaje a las mujeres víctimas de la dictadura, no se encuentra propiamente en el barrio Cívico, sino a cinco calles de distancia. Sin embargo, cabe hacer referencia a él porque en el proyecto inicial su emplazamiento estaba previsto a no más de dos calles, lo que en términos urbanos sigue siendo parte del barrio Cívico. Las autoridades metropolitanas de entonces, de derecha, se opusieron a dicho emplazamiento, por lo cual, terminó ubicado en una explanada sobre una estación de metro, con una visibilidad y accesibilidad sumamente restringidos, lo que hacen que el lugar tenga muy poca relevancia tanto urbana, como conmemorativa (Piper y Hevia, 2012; Piper, Reyes y Fernández, 2012).

Finalmente, en 2008 se inaugura en el edificio de la Intendencia de Santiago, a un costado del palacio de La Moneda, una placa conmemorativa que recuerda a algunos de los miembros de la guardia personal de Salvador Allende que fueron detenidos y luego asesinados o desaparecidos el 11 de septiembre (Piper y Hevia, 2012). La placa, además de ser bastante pequeña, se ubica a más de dos metros de altura, lo que la hace poco accesible y le da escasa relevancia visual.

En síntesis, solamente la estatua de Salvador Allende se ha transformado en un espacio de recuerdo y conmemoración de alta relevancia social y política dado sus usos y sus apropiaciones ciudadanas (Hite 2003; Piper y Hevia, 2012). Tanto la puerta de Morandé 80, como la placa de la Intendencia y el monumento Mujeres en la Memoria pueden considerarse como lugares de memoria que no cumplen adecuadamente con su función memorial, ya sea por falta de señalamiento en el caso de la puerta, por sus características formales en el caso de la placa, o por su emplazamiento y la poca identificación y apropiación de la cual es objeto en el caso del monumento. Asimismo, cabe destacar que las orientaciones de las comisiones Rettig y Valechno (Gobierno de Chile, 1991; 2004) fueron recogidas ya que no existe un memorial destacado en un lugar céntrico de la ciudad. Por el contrario, uno de los memoriales más importantes en homenaje a las víctimas, el Memorial del Detenido Desaparecido y el Ejecutado Político, se encuentra ubicado en el cementerio principal de la ciudad, en una comuna alejada del sector céntrico. Para Del Campo (2004), este memorial se inscribe en un modelo cultural que justamente tiende a invisibilizar las memorias de un pasado conflictivo, más que a ponerlas en el espacio público.

La monumentalización de las víctimas, cristalizadas en el monumento a los desaparecidos, coherente con la narrativa maestra que comporta este modelo cultural, aparece como un monumento de mala fe: consigna nombres y fechas, deja inscrito el nombre de Salvador Allende en el centro cual guía iluminado que hubiese encaminado el sacrificio de éstos y se instala en el Cementerio General para conformar un espacio de duelo y reflexión aislado del devenir cotidiano de la ciudad, invisible para el que no desee verlo (Del Campo, 2004: 233).

Conclusiones

Como señala Winn (2014) con relación a la memorialización del pasado en el Cono Sur en general y en Chile en particular, los lugares de memoria están entre los avances más notables en torno a la memoria histórica de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX y al repudio al terrorismo de Estado llevado adelante por estos gobiernos. Sin embargo, dicho avance no es equivalente en el barrio Cívico y cabe preguntarse porqué ha sido así.

A modo de hipótesis, proponemos que la memorializa-ción incompleta de este espacio con relación al golpe de Estado y a la dictadura responde a una concepción tradicional de la mo-numentalidad urbana, donde lo que se busca rescatar del pasado son elementos que contribuyan a configurar una visión unitaria y homogénea de la Nación (Achugar, 2003) y, en consecuencia, alejada de los conflictos sociales propios de periodos como la dictadura. Por lo tanto, esta visión da escasa cabida a personajes y hechos del pasado que no estén inscritos dentro de la concepción unitaria y homogénea anteriormente señalada. En ese sentido, la memorialización aquí analizada puede entenderse como una suerte de patrimonialización estatal del pasado reciente. Siguiendo a Ayala (2008), la patrimonialización, entendida como la asignación de valor simbólico a determinados bienes materiales e inmateriales para legitimar la identidad nacional, define y limita lo que debe ser recordado, transformándose "en un instrumento estatal de domesticación de la memoria social, a partir del cual se fija la dispersión de sentidos y se construye un espacio de regulación social, poder y autoridad" (Ayala, 2008: 39).

Sin embargo, a esta concepción patrimonializante y homogeneizadora de la memoria, hay que sumarle que la memorialización analizada aquí se ha inscrito en el modelo cultural y político propio del periodo post-dictatorial, caracterizado por una neutralización de los conflictos sociales, donde el recuerdo del pasado reciente se ha concebido institucionalmente como fuente de enfrentamiento y confrontación (Del Campo, 2004, Moulian, 1998). Desde esta perspectiva, el carácter incompleto de la memorialización del barrio Cívico responde al modelo tradicional tanto por sus omisiones a hechos relevantes como el bombardeo de La Moneda o a la gran cantidad de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como por la construcción de lugares de memoria sin la suficiente visibilidad y relevancia urbana. La orientación de este modelo en relación a la memoria parece que busca dejar atrás el pasado, más que revisarlo críticamente para poder construir cimientos democráticos sólidos que permitan la constitución efectiva de una cultura de los derechos humanos donde el "Nunca Más" tenga pleno sentido. De este modo, los desafíos de la memorialización en el presente parecen orientarse a llenar los vacíos que aún siguen existiendo en espacios públicos de tan alta relevancia urbana y simbólica como el entorno del palacio presidencial La Moneda. También suponen darle cabida a los conflictos ya que, como señalan Piper y Hevia, "la memoria supone un campo en conflicto, donde pugna por establecerse versiones del pasado que legitiman -o no-, ciertos valores presentes y posibilidades futuras. Los lugares de memoria forman parte de ese conflicto" (Piper y Hevia, 2012: 128). Sin embargo, el conflicto puede concebirse y gestionarse en el marco de los principios democráticos y el apego a los derechos humanos, entendidos no solo como derechos que fueron violentados en la dictadura, sino también como derechos que deben orientar la convivencia social actual. Esto supone asegurar la participación de los diferentes actores sociales en las políticas de memoria y no restringirla a su dimensión institucional, articulando así la responsabilidad del Estado con las iniciativas colectivas de la ciudadanía para construir un presente anclado en una memoria plural con capacidad de mirar al pasado para construir el futuro.

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