http://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v26n1.58028

Construcción de espacios comunes y colectivos: APORTES CONCEPTUALES AL TERRITORIO URBANO¹

Construction of common and collective spaces: conceptual contributions to urban territory

Construção de espaços comuns e coletivas: contribuições conceituais para território urbano

Semillero de Investigación Praxis Urbana
Universidad Nacional de Colombia
praxisurbanaunal@gmail.com

Miembros del Semillero de Investigación Praxis Urbana
Carlos Orlando Arias-Romero
coariasr@unal.edu.co
Arquitecto y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Maria Camila Carreño-Novoa
mccarrenon@unal.edu.co
Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Carolina Catumba-Rincón
lccatumbar@unal.edu.co
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Olga Lucía Duque-Guevara
olduqueg@unal.edu.co
Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de sociología de la Universidad de Antioquia. Colombia

Carlos Manrique -Castellanos
camanriquec@unal.edu.co
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Sebastian Mateus-García
smateusg@unal.edu.co
Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Natalia Pedraza-Mora
npedrazam@unal.edu.co
Abogada de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Fabio Andrés Prieto-Garzón
faprietog@gmail.com
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la Maestría en Política y Planeación Urbano Regional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil.

Sergio Alexei Torres-Bolívar
satorresb@unal.edu.co
Arquitecto de la Universidad de La Salle y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Recibido: 08 de agosto de 2015 Aprobado: 12 de octubre de 2015

Resumen

La transformación de la ciudad es un proceso complejo atravesado por variables de orden administrativo, económico, técnico, social, político o ideológico. De esta manera, el documento de investigación que se presenta aquí busca hacer una primera aproximación a la revisión de la noción de espacio público desde la interpretación del concepto de espacio común, la jurisprudencia colombiana y la identificación de experiencias comunitarias en la ciudad de Bogotá, teniendo como punto de partida una perspectiva crítica que promueva el ejercicio de la construcción de la ciudad desde los actores que la intervienen, limitando la homogenización en el análisis y propendiendo por propuestas y transformaciones sobre el entorno urbano, particularmente del espacio público, que contribuyan a la materialización de espacios colectivos comunes.

Palabras clave: configuración urbana, espacio público, espacio común, espacio urbano, apropiación social, modelo de ciudad.

Abstract

The city transformation is a complex process that involves administrative, economic, technical, social, political or ideological variables. These variables are understood as dimensions for the analysis by some authors. So, this investigation text talks about common and collective spaces and tries to mix the urban theory, proposed by authors like Borja, Harvey or Carrion, with the practice in organizational processes in Bogotá and with the Colombian law. To do that, the starting point is a critic perspective that promotes the construction of the city from the people who make part of it, that limits the homo-genization in the analysis, and that looks for proposals and transformation of the urban environment, especially of the public space, contributing to materialization of collective common spaces.

Key words: urban configuration, public space, common space, urban space, social appropriation, city model.

Resumo

A transformação da cidade é um processo complexo que implica variáveis administrativas, econômicas, técnicas, sociais, políticas ou ideológicas. Essas variáveis são entendidas como dimensiones para o analises por alguns autores. Este texto investigativo trata o tema dos espaços comuns e coletivos, e intenta misturar a teoria urbana, presentada por autores como Borja, Harvey e Carrion, com a prática dos processos organizativos em Bogotá e com a jurisprudência colombiana. Para isso, o ponto de início é a perspectiva crítica que promove a construção da cidade desde as pessoas que a compõem, que limita a homogeneização no analises, e que busca propostas e transformações no entorno urbano, especialmente no espaço público, contribuindo à materialização dos espaços comuns.

Palavras chave: configuração urbana, espaço público, espaço comum, espaço urbano, apropriação social, modelo de cidade.

Introducción

El Semillero de investigación Praxis Urbana de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, nace en el año 2011 con la participación de estudiantes y egresados de diferentes disciplinas que reflexionan en torno a las problemáticas urbanas de la ciudad de Bogotá. Para esto, se parte de la búsqueda y el análisis de información, experiencias y situaciones que logren plantear el fenómeno urbano como una acción compleja de las relaciones que ocurren en la ciudad y que marcan una identidad de construcción de territorios en Colombia y Latinoamérica. Con eso en mente, en el año 2013 identificamos varios proyectos de transformación urbana en la ciudad que se orientaban a la gestión y a la producción del espacio público. De estos, seleccionamos el proyecto de renovación "Ciudad CAN" para analizarlo a profundidad, siendo una propuesta urbana icónica en términos de la transformación del espacio público existente.

Luego de ese primer momento de análisis, avanzamos en la consolidación de un estado del arte orientado hacia diferentes componentes como el reconocimiento de la importancia del estudio del espacio público, su evolución, las diferentes formas de apropiación y el surgimiento de propuestas urbanas alternativas en Bogotá, en tanto ejercicio colectivo de la ciudad como derecho.

En este camino, junto con la comunidad de la localidad de Los Mártires, hiciemos una primera aproximación al análisis del espacio público desde el concepto de espacio común, en el marco del proyecto de revitalización urbana adelantado por la Alcaldía Local. Para eso, pusimos a disposición de los habitantes de la localidad los recursos económicos, metodológicos y técnico-profesionales para que, a través de un proyecto de gestión público-comunitaria, ejecutaran obras de mejoramiento de los espacios críticos de la localidad. Esta experiencia se edificó sobre la base de un intercambio de saberes con sus habitantes, quienes conociendo de primera mano el conflicto que acontece en los lugares identificados, contribuyeron a la exploración del concepto de espacio común, a partir del cual, las iniciativas de revitalización de los espacios colectivos fueron planeadas, ejecutadas y evaluadas por parte de la comunidad.

Otros escenarios en los que como Semillero hemos avanzado en el intercambio de saberes (académicos y sociales) para la consolidación del concepto de espacio común fueron la Cumbre Urbana y el III Seminario Internacional de Procesos Urbanos Informales. Gestión Social de la Ciudad y el Territorio llevados a cabo en Bogotá en el año 2015.

Con base en lo anterior, Praxis Urbana considera importante reinterpretar la noción de espacio público, así como la conceptualización de los fenómenos urbanos alrededor de este, particularmente, la aproximación del concepto de espacio común. En este sentido, el presente artículo busca responder a la pregunta ¿cómo se redefine la noción de espacio público desde las experiencias de transformación que se generan a partir del trabajo de las comunidades en Bogotá? Es importante tener en cuenta que para nosotros el espacio público se redefine en el ejercicio activo de apropiación que los procesos comunitarios manifiestan sobre este, a través de las iniciativas participativas encaminadas a la generación de un espacio público diferente o común que responda a las necesidades y a las exigencias de sus habitantes. De esa forma, el ejercicio de los procesos comunitarios se configura como alternativa a las dinámicas de producción del espacio que se han generado en Bogotá en los últimos años.

A partir del análisis teórico sobre el concepto del espacio público, realizaremos un diagnóstico crítico de la situación actual de la ciudad. Para esto, profundizaremos en los componentes normativo y físico-espacial que llevaron a concluir que hoy en día el espacio público se ha construido, mayoritariamente, de manera jerarquizada, rígida y bajo los paradigmas del Estado Neoliberal. Ante la identificación de un escenario en el que el espacio público no responde a las necesidades de la población, abordaremos los aportes teórico-prácticos para su construcción que, con base en el concepto de espacio común, de la apropiación colectiva y del reconocimiento de unas experiencias comunitarias en Bogotá, trasciende la noción física del espacio público y propone una que abarca las dimensiones culturales y de acción colectiva.

Abordajes teóricos sobre el espacio público

El presente capítulo busca establecer, a manera de marco teórico, las teorías y conceptos que permiten sustentar en gran medida la hipótesis planteada, es decir, que es posible redefinir el espacio público a partir de la apropiación social del mismo. Para esto, partimos de una breve genealogía del espacio público, seguido de un recuento de los principales aportes realizados por algunos autores que nos permiten identificar el espacio público como elemento articulador del tejido urbano y el espacio público como bien común urbano.

Genealogía del espacio público

El concepto de espacio público surge como parte de un discurso teórico-filosófico acerca de lo público y lo privado, que posteriormente trasciende y se integra en las ciudades a partir de la infraestructura de las mismas. En Roma y en la Antigua Grecia se empieza a identificar la necesidad de disponer de lugares en donde los ciudadanos tuvieran la oportunidad de experimentar la libertad en el movimiento. Los espacios dispuestos para el tránsito se convirtieron en escenarios que contribuían al desarrollo de las grandes ciudades, sin embargo, con el paso del tiempo, la noción de la calle reducida al tránsito oculta las virtudes que esta alberga.

Los griegos encontraron en la geometría la oportunidad perfecta para dar orden físico a la ciudad, de tal forma que los espacios privados dieran paso a los espacios públicos en la distribución y disposición de la ciudad (Sennett, 1994). Con su materialización se hace evidente el avance del discurso filosófico acerca de lo público-privado (polis-oikos), dando lugar a escenarios como el Ágora, dispuesta para las largas jornadas de discusión que posteriormente se convertirían en decisiones políticas para la ciudad.

En Roma, durante el gobierno de Adriano (primeras décadas del siglo II), la ciudad empieza a cubrirse de grandes estructuras conocidas como los baños públicos, los cuales, incluían las piscinas y los lugares para realizar ejercicio físico. Acudir a los baños públicos era una práctica común para los romanos en horas de la tarde o al caer la noche. Luego de concluir las tareas diarias usaban este espacio no sólo para refrescarse, sino como un lugar de encuentro entre todos los ciudadanos sin exclusión alguna, allí se mezclaba la enorme diversidad de la ciudad en una desnudez común (Sennett, 1994). El mismo Adriano se bañó en público, lo cual, le llenaba de alta estima ante los ojos del pueblo. Muchos hombres de poder en la ciudad acudían a estos lugares para recibir consejos, exponer algún asunto público o solicitar favores. La limpieza era una experiencia cívica común y un baño público era el edificio más popular que un gobernante podía erigir.

Las experiencias de estas dos grandes civilizaciones nos remiten a la noción de un espacio público absolutamente atravesado por la estética corporal. Los hombres griegos, que eran los únicos considerados con capacidad para gobernar y, por ende, para acudir a los lugares públicos para discutir los asuntos de la ciudad, expresaban los unos a los otros la admiración por sus cuerpos, pues el honor y la excelencia se lograban a través del perfeccionamiento del buen aspecto físico. En Roma, los baños públicos habían estado dotados de una cierta institucionalidad, en la cual, lo corporal también generaba un gran interés y ocupaba un lugar ligeramente especial entre el pueblo. Sin embargo, y a diferencia de los gimnasios griegos, los baños públicos romanos no estaban vetados para nadie: niños, niñas, mujeres y hombres podían hacer uso de ellos sin ninguna restricción.

Resaltar el aspecto de la estética corporal permite llegar a una conclusión un poco más profunda acerca del concepto y la noción de espacio público que estas dos civilizaciones marcan históricamente. Se entiende entonces el espacio público como el lugar en donde primaba la apertura y la transparencia entre unos y otros, en el que, de alguna forma, se generaba fraternidad entre aquellos que "no tienen nada que ocultar", espacios en lo que la búsqueda de la libertad se consumaban en la libertad del movimiento y, por ende, en el despojo de todo aquello que lo impida, lo cual, concluye en el siguiente paso lógico: la creación de plazas centrales concebidas como "pulmones descongestionados que respiraban con libertad" (Sennett, 1994: 85).

Posteriormente, en la Europa del siglo XVII se configura la noción de espacio público como el lugar donde se neutralizan las diferencias religiosas, "ámbito para la reconciliación y el consenso entre sectores sociales con identidades e intereses contrapuestos" (Delgado, 2011: 34). A pesar de que esta noción ha estado presente a lo largo de la historia occidental, en términos académicos, el espacio público es un término que empieza a tratarse en la disciplina urbana en los últimos 25 años. Antes de esto, Manuel Delgado (2011) afirma que sólo se hablaba de espacio público como sinónimo de la calle, es decir, como parte residual de la ciudad compuesta por predios privados, un espacio de circulación y de tránsito. Es a partir de la década de 1990 que se comienza a problematizar el término como consecuencia de los fenómenos urbanos que sufren las principales ciudades, así como por la acción del libre mercado, razón por la cual, empieza a entenderse como el "espacio de y para las relaciones en público" (Delgado, 2011: 17).

La ideología del espacio público

Como dice Carrión (2007), entender la noción de espacio público como ideología es concebirlo como una relación social, más que como un espacio físico. Es decir, lo que se estructura en un escenario que bien podría ser la plaza, el parque o la calle, transgrede su funcionalidad explícita y se desarrolla en la conexión de las experiencias y relaciones de cada individuo o grupo que camina, sueña o se manifiesta por allí.

En el mismo sentido, Bourdieu (1999) explica que la descomposición de los ideales funcionalistas burgueses del espacio, determinados por el buen sentido y el uso de este, invisibilizan las condiciones desiguales de su apropiación por parte de los agentes sociales, lo cual, sólo puede ser alcanzado si se efectúa un análisis riguroso de las relaciones entre las estructuras del espacio social y las del espacio físico.

En consecuencia, para Bourdieu (1999), el lugar es el punto del espacio donde se localiza un agente, de manera que sólo existe si ocupa un lugar. Así, el agente social se constituye como tal en su relación de pertenencia a un espacio social y a sus elementos, en cuanto se apropia de ellos. El espacio físico se define por su diferenciación material y excluyente con relación a otros espacios físicos, y el espacio social, a partir de la exclusión (o yuxtaposición) de las posiciones, ideales o perspectivas que lo constituyen. De esta forma, el espacio físico está configurado a partir de la estructura del espacio social que lo compone o que interactúa en él.

El autor repara en que la estructura del espacio social, habitado o apropiado se configura a partir de una jerarquización derivada de un proceso de naturalización histórica de condiciones desiguales, y de la distribución de recursos y oportunidades. Por esta razón, si se evidencia una jerarquización social, también habrá una jerarquización del espacio y de la forma en que este se configura.

El poder sobre el espacio que da la posesión del capital en sus diversas especies se manifiesta, en el espacio físico apropiado, bajo la forma de una determinada relación entre la estructura espacial de distribución de los agentes y la estructura espacial de distribución de los bienes o servicios, privados o públicos (Bourdieu, 1999: 1).

En el espacio se afirma y se ejerce el poder, se hace efectiva la violencia simbólica dominante y, en él, las estructuras sociales se convierten progresiva y silenciosamente en estructuras mentales y en sistemas de preferencias.

La incorporación insensible de las estructuras del orden social se hace efectiva, en buena medida, a través de la experiencia prolongada e indefinidamente repetida de las distancias espaciales sobre las cuales se afirman determinadas distancias sociales (Bourdieu, 1999: 3).

Estas estructuras mentales derivadas y naturalizadas por la costumbre, condicionan la interacción en los espacios arquitectónicos públicos. Propender por un comportamiento "adecuado" en estos espacios, resulta en acciones como el alejamiento o la "distancia respetuosa", su ocupación "correcta" y su "buen" uso.

La proximidad en el espacio físico y en el espacio social facilita y favorece la acumulación del capital social y, más concretamente, posibilita el aprovechamiento constante de los encuentros que aseguran la forma de frecuentar estos lugares de apropiación.

Los lugares y los sitios del espacio social (de carácter público o privado) y los beneficios de ubicación, de utilidad simbólica o política que en estos se procuran son objeto de conflicto por parte de los diferentes agentes sociales, ya que su apropiación (material o simbólica) determina el sustento y la prolongación de posiciones económicas e ideológicas en el espacio. Apropiación que depende del capital económico, social o cultural que se tenga. Tal cual se puede evidenciar en el espacio público del Barrio Cívico de Santiago de Chile, el cual tiene como escenario de atención, "El Palacio de la Moneda". Este barrio denota una disputa ideológica entre el Estado y organizaciones sociales. Al considerar que el espacio público está cargado de una conciencia social, el cual se refuerza con la simbolización que se le da a los monumentos de personajes de la historia reciente de Chile. "la estatua de Salvador Allende fue el primer lugar de memoria relativo a la dictadura construido....Cabe destacar que la aprobación de la construcción de la estatua por parte de la derecha se logra a cambio de que se construya un memorial a Jaime Guzmán, líder de la derecha golpista, asesinado por un grupo de extrema izquierda un año después del fin de la dictadura." (Fernández-Drogette, 2015)

En el mismo sentido, Manuel Delgado indica que el concepto de espacio público está cargado de un componente altamente ideológico, pues "se asocia a la esfera pública o reunión de personas particulares que fiscalizan el ejercicio del poder y se pronuncian sobre asuntos concernientes a la vida común" (Delgado, 2011: 35).

En la medida en que se vincula el espacio público tanto con la toma de decisiones, como con las prácticas cotidianas, el concepto se carga de un sentido ideológico y político que alude a determinados vínculo social y de relación con el poder. Es así como, "el espacio público se identifica como espacio de y para el libre acuerdo entre seres autónomos y emancipados que viven, en tanto se encuadran en él" (Delgado, 2011: 67), es decir, siempre que ellos mismos se reconozcan como ciudadanos partícipes de la vida urbana.

De otra forma, para Delgado, la ideología ciudadanista es aquella en la que el espacio público se desarrolla

como un mecanismo a través del cual la clase dominante consigue que no parezcan como evidentes las contradicciones que la sostienen, al tiempo que obtiene también la aprobación de la clase dominada al valerse de un instrumento - el sistema político- capaz de convencer a los dominados de su neutralidad (Delgado, 2011: 70).

En ese sentido, en una ciudad como Bogotá, la noción de espacio público crea una atmósfera de equidad que, en teoría, es accesible para todas las personas de la misma manera. Así, se configura esa ideología ciudadanista que excluye de la discusión el hecho de que las relaciones de dominación y de poder siguen existiendo, aun cuando se pretenda demostrar lo contrario.

Cabe resaltar que esta noción no es completa en una ciudad segregada como Bogotá, donde el acceso al espacio público está condicionado por la realidad socioeconómica que vive el o la ciudadana. Muestra de esto es la diferencia entre las localidades centrales y las periféricas en materia de espacio público efectivo y de distancias recorridas.

Por ejemplo, mientras que el índice de espacio público efectivo en una localidad central como Teusaquillo es de 14.2 m2 por habitante y, en la cual, una persona debe caminar máximo 300 m para acceder a un parque, en el caso de Ciudad Bolívar el índice está en 2.8 m2 por habitante y tienen que caminar hasta 2 kilómetros para poder disfrutar de un espacio digno, bien sea un parque o una plaza (DADEP, 2013).

Delgado (2011) entiende el espacio público como un deber ser, como aquel elemento de las ciudades que debe constituirse en un escenario material y físico, a través del cual, se extiende la ideología a todos los campos. De esta forma, el espacio público que genera el sistema democrático es una ilusión que le sirve a las clases dominantes para apaciguar el conflicto latente de la inequidad.

En la medida en que el espacio público ha sido un lugar en el que históricamente ha existido una disputa entre el pueblo y el Estado, ha servido tanto de instrumento de pensamiento, como de acción, a la vez que se configura como un medio de producción, control y, en consecuencia, de dominación y de poder (II Seminario Internacional "El Derecho a la Ciudad en América Latina: lo Político de las Políticas Urbanas", 2014).

El espacio público como elemento articulador del tejido urbano

Contraria a la definición anterior de espacio público, entendido como aquel espacio en el que se pretenden diluir las diferencias sociales, Borja y Muxí (2003) lo identifican como el espacio que no es residual, ni vacío y tampoco especializado, aquel que por su naturaleza colectiva y accesible permite hacer y contar la historia de las ciudades. Es el escenario donde se materializa la relación entre el poder, los habitantes y la ciudadanía, y donde se manifiestan las crisis y también las respuestas.

La ciudad entendida como sistema de redes o de conjunto de elementos -tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación, áreas comerciales, equipamientos culturales, es decir espacios de usos colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente- que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural (Borja y Muxí, 2003: 9).

En esa medida, la ciudad alberga un entramado complejo de situaciones y de elementos físicos que están cargadas de significados, los cuales, se traducen en una red que contiene algunos puntos de mayor reconocimiento, como ocurre con sus equipamientos, monumentos, hitos, entre otros.

A través del espacio público la función articuladora de la ciudad se pone de manifiesto al cualificar las zonas periféricas al renovarlas, al construir centros y unir tejidos urbanos, de manera que la ciudad sea un elemento físico de comunicación accesible para quien la habita. Ese valor articulador se evidencia en su uso, acceso y función, lo cual, trasciende la posibilidad de cualificar y dar nuevos valores a entornos urbanos hostiles.

Lo anterior implica que el espacio público, además de ser un escenario físico con grandes retos en los campos del diseño, la arquitectura, la política y la planeación participativa, permite manifestaciones de la vida urbana como las estrategias de recuperación y reinterpretación de la ciudad.

Es allí donde el espacio público deja de ser un instrumento de cohesión física de la ciudad, para convertirse en una estrategia activa y permanente de discusión en todas sus dimensiones, abriendo paso a un debate cultural sobre el espacio público y, en consecuencia, al derecho sobre este. En el mismo sentido, Ca-rrión (2007) menciona que el espacio público es un componente fundamental para la organización de la vida colectiva (integración y estructura) y para la representación (cultural y política) de la sociedad.

Esta discusión entre el espacio público como articulador físico y el espacio público como articulador de la vida urbana permite abordar el tema de su importancia en la construcción de ciudad, no solo desde la apropiación colectiva, sino también desde la materialización en términos de intenciones, formas, usos, producción, gestión y goce efectivo del espacio. Así, se configura en el elemento ordenador del ámbito urbano, de la expresión colectiva, del intercambio cotidiano y de transición urbana multiplicando los espacios de encuentro, de mixtura funcional y social con oportunidades de contacto que contribuyen a generar espacios con una clara concepción de uso colectivo.

El reto de este ejercicio no es menos importante que el ejercicio de entender cómo se da en la realidad la creación del espacio público y la pertinencia de espacios abiertos para los habitantes de la ciudad. El crecimiento de las ciudades y la subordinación del Estado a las dinámicas del mercado definen las pautas para su planificación. La gestión pública ha dejado en manos de las iniciativas privadas la construcción de una ciudad de grandes proyectos urbanos cerrados, conservadores, segregadores y aislados.

En estos espacios producidos por el mercado se refuerzan miedos y negaciones al cambio, y particularmente, a la mezcla que permite construir espacios abiertos y accesibles, características deseables del espacio público. Esto impide que se generen espacios diferentes o "ámbitos de expresión y acción para el mundo popular urbano" (Carrión, 2007: 79), de manera que los espacios comunitarios se presentan como alternativas frente a la lógica económica preponderante.

Dichas alternativas permiten expresar nuevas relaciones a partir de su utilización, por encima, inclusive, del estatus jurídico o normativo que las regule. De esta manera, hasta los espacios privados pueden convertirse, como dicen Borja y Muxí (2003), en espacios colectivos en los que se den transformaciones por el uso intensivo o por la intención de uso que genera en las comunidades.

Así, se reduce la degradación de espacios, independientemente de su naturaleza privada o pública, y provoca una articulación estratégica con el espacio público que, a su vez, comunica con los espacios de la ciudad, en este caso, a través de nodos que constituyen hitos debido a su uso. Estos pueden ser reforzados en su significado mediante la materialización de conceptos que se recojan allí como la memoria popular, la vecindad, alguna actividad económica, la historia u otra relación entre el espacio construido y quien lo habita (Borja y Muxí, 2003).

El espacio público pensado de esta manera permitiría la generación de nuevos centros, el encuentro de las diferencias y la justicia urbana, para lo cual, debe ser multifuncional, accesible y monumental, además de lograr un uso articulado, intenso y significativo para su entorno, y contar con calidades físicas importantes de manera que constituya un escenario de participación de las comunidades, los vecinos y los usuarios en todo lo que representa: su concepción, planificación, gestión, construcción y sostenibilidad.

En la medida en que el carácter del espacio público comunica o refuerza las características de las situaciones y manifestaciones culturales que allí se producen, es posible cambiar el discurso del mercado del espacio público que representa al ciudadano como un consumidor y a la vida urbana como un mero producto inmobiliario. De esta forma, se subvierten los fenómenos de segregación y aislamiento que replican y fortalecen la idea de la inseguridad que se ve manifestada en los espacios públicos, abiertos y accesibles, y abogar por la construcción de una ciudad abierta y heterogénea (Borja y Muxí, 2003).

Como alternativa a la gestión privada del espacio público, que privatiza y administra a su gusto los espacios, y rompiendo cualquier cohesión e integración, se propone un espacio público en el que se encuentren los diversos. Un espacio concebido como "de dominio público, uso social y colectivo, multifuncional", que define y genera calidad y cualidad a la ciudad, enriqueciéndose de "lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico" (Carrión, 2007: 92).

El espacio público como bien común urbano

Si bien, el concepto anterior de espacio público como articulador del tejido urbano desarrollado por Borja y Muxí (2003) y Carrión (2007) hace una aproximación importante a las diferentes formas de construir ciudad a través del espacio público, lo cierto es que hay otros conceptos que le otorgan un carácter más democrático y que adquieren mayor pertinencia para efectos del presente artículo.

Muestra de esto es el análisis del espacio público desde el concepto de los bienes comunes, a partir del cual, se entiende que la gestión sostenible de los espacios para uso común se da mejor cuando es realizada por los propios implicados o beneficiarios. Para esto se requiere "disponer de los medios e incentivos para hacerlo, que existan mecanismos de comunicación necesarios para que surja la autorregulación, y un criterio de justicia basado en el reparto equitativo de los costos y beneficios" (Ostrom, 2000: 125).

Es decir, como dice Vergara Vidal, que "los colectivos y comunidades podían ser tanto más eficientes que el Estado y que los privados para gestionar determinados tipos de recursos de propiedad común" (Vergara Vidal, 2012: 3). Es así como las playas, los ríos y las montañas, bienes públicos por excelencia, se convierten en bienes comunes cuando su apropiación por parte de la comunidad permite la regulación de su acceso y uso. Ejemplo de esto es el manejo de las cuencas que realizan las comunidades en los barrios de borde de los cerros de Bogotá, con lo cual, aseguran la provisión del recurso hídrico por medio de acueductos comunitarios. Aquí la participación es amplia y la comunidad ha definido las acciones a emprender con base en necesidades concertadas colectivamente.

En Bogotá, la gestión privada de algunos recursos naturales ha dado paso a la configuración de conflictos sociales que surgen de su explotación en las áreas urbanas. Desde la perspectiva de Ostrom (2000), si dichos recursos fueran gestionados por la comunidad, se configurarían como bienes comunes que serían administrados más eficientemente parar responder a las necesidades efectivas de la población.

Ahora bien, en esa misma línea y adentrándonos con mayor detalle en las dinámicas urbanas, Harvey (2012) establece que, aunque los espacios y bienes públicos como las calles contribuyen a la formación de espacios y bienes comunes, estos últimos sólo se conforman como tales en la medida en que las fuerzas sociales se apropien de ellos, los protejan y los mejoren para su beneficio propio.

Aunque el cambio de la calle como parte de la acción social puede ser considerada espontánea o transitoria, en tanto "es un espacio público transformado con frecuencia por la acción social (protestas y manifestaciones)", esta se configura "en un bien común del movimiento revolucionario", el espacio por excelencia para la lucha de clases (Harvey, 2012: 116).

Con base en lo anterior, la conformación del espacio público como bien común involucra un reconocimiento de los procesos sociales, comunitarios, organizativos y culturales que definen y transforman el espacio. Para Harvey,

los bienes comunes no deben considerarse pues como un tipo particular de cosas o activos y ni siquiera de procesos sociales, sino como una relación social inestable y maleable entre cierto grupo social autodefinido y los aspectos de su entorno social y/o físico, existente o por ser creado, considerada sustancial para su vida y pervivencia (Harvey, 2012: 116).

Se habla aquí del espacio público como un bien esencial en el proceso de conformación urbana, caracterizado por una transformación permanente de los actores que lo moldean y lo dotan de sentido, un bien urbano en plena disputa. Este espectro de análisis permite no solamente establecer como punto de partida la noción de espacio público como un hecho concreto en la ciudad, sino como una dinámica social compleja que, en el caso de Bogotá, puede relacionarse con los mecanismos de producción del espacio alcanzados durante el desarrollo de la ciudad informal y extenderse a las maneras de apropiación del espacio del mundo popular urbano.

Así, aparecen dos procesos diferenciados de consolidación, transformación y producción del espacio público: por un lado, un espacio asociado a una lógica de producción económica ligada a la visión de la idealización del espacio como mecanismo de integración social, pero que, en la práctica, se consolida como un espacio público de segregación y diferenciación social. Y por otro, aquel asociado a espacios comunales, producidos como parte de la acción comunitaria con una visión más heterogénea y abierta.

La producción del espacio como el resultado de un proceso permanente de disputa y conflicto define distintos mecanismos de apropiación y administración del espacio público en la ciudad, y establecen una idea que no reconoce, en muchos casos, los valores sociales asociados al espacio, ni los prioriza a la hora de definir acciones de intervención estatal. Las diferentes manifestaciones que se dan en la plaza de Bolívar o las expresiones culturales sobre la carrera séptima, recientemente peatonalizada, son espacios públicos que se configuran como espacios comunes en la medida en que son apropiados y mejorados para el beneficio de la población que así lo requiere, aunque esto no determine las obras o políticas estatales sobre los mismos a largo plazo.

Es la comunidad la que identifica la necesidad sobre un espacio (público o privado), define cómo intervenirlo y gestiona una acción alternativa o paralela a la establecida por el Estado, proceso de apropiación que configura la noción de espacio común. Muestra de esto es la apropiaron de espacios privados que hacen algunas comunidades del sur de Bogotá en el marco de No le saque la piedra a la montaña, un proceso social que surge como respuesta a la explotación minera localizado en este sector de la ciudad y, con lo cual, se le confiere una identidad distinta y un uso colectivo a estos lugares.

A partir de estos ejemplos se evidencia, por un lado, un espacio público iconográfico y simbólico ya consolidado que es apropiado como lugar de expresión y acción popular (la carrera séptima), donde el uso, disfrute y transformación del espacio se relaciona con la oferta cultural ofrecido por agentes independientes en este corredor, con una dinámica que se inscribe sobre un espacio consolidado como público. Por otra parte, se muestra un espacio privado en la zona periférica de la ciudad, cuya importancia ecológica y cultural ha sido identificada y apropiada por los habitantes que le circundan, y por lo cual, tiene la potencialidad de consolidarse como hecho público.

Esta apropiación no es aquella a través de la cual un bien público es utilizado solamente para una necesidad privada, como es el caso de los permisos de aprovechamiento económico del espacio público construido para su uso temporal concedidos por entidades como el Departamento Administrativo del Espacio Público (DADEP). Por el contrario, la propuesta del espacio público como un bien común hace referencia a la apropiación comunitaria donde se da la posibilidad de que exista una relación colectiva y no mercantilizada entre una población o grupo social y el espacio público, "quedando fuera de los límites de la lógica del intercambio y las valoraciones de mercado" (Harvey, 2012: 116).

Situación actual del espacio público en Bogotá. Diagnóstico crítico

El espacio público, como concepto integrado en la normatividad del Estado colombiano, hace parte del conjunto de los derechos colectivos consagrados por la Constitución Política de 1991 en el Capítulo III "de los derechos colectivos y del ambiente", del Título II "de los derechos, las garantías y los deberes" (República de Colombia, 1991).

Frente a este derecho, uno de los también llamados de tercera generación, el debate que le otorgó una definición constitucional no obedece a rigurosidades doctrinales profundas, sino a una mención limitada conceptualmente, que le permite un reconocimiento constitucional y normativo, careciendo de significado en el transcurrir cotidiano de las comunidades y la posición que el Estado debería asumir frente a él.

De acuerdo con la Constitución Política "es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular". Así mismo, indica que "las entidades públicas [...] regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común" (República de Colombia, 1991).

Sin embargo, aunque uno de los mensajes clave de la Carta Magna es que el espacio público es un bien que concierne a la población en su conjunto y no a los individuos, pues está catalogado como uno de los derechos colectivos, constitucionalmente se haobservado desde una perspectiva mercantilista o de apropiación sin fines colectivos.

Muestra de lo anterior es el hecho de que en algunas de las oportunidades en las que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el mismo, los análisis han girado en torno al aprovechamiento económico del espacio público, afirmando que "la normativa dispone que los particulares no pueden exigir el reconocimiento de derechos de propiedad en relación con el espacio público, como quiera que se trata de un bien inalienable, imprescriptible e inembargable" (Corte Constitucional, 2010).

Ahora bien, más allá de que el análisis sobre el espacio público gire mayoritariamente en torno a perspectivas economicistas, lo cierto es que gracias a su consideración constitucional como derecho colectivo, la normatividad que lo ha desarrollado se ha enfocado principalmente a que garantice el acceso de la población en general.

La Ley 9 de 1989, aunque derogada por la Ley 388 de 1997, siguió surtiendo efecto en algunas materias y definía el espacio público como

el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas (negrillas fuera del texto) que trascienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes (Congreso de Colombia, 1989).

El espacio público se configura entonces por todas aquellas áreas o elementos arquitectónicos o naturales, públicos o privados "destinados o afectados al uso y goce de la comunidad en general" (Solarte Portilla, 2012: 214). De esta forma, el concepto de satisfacción de necesidades colectivas es aquel que configura el espacio público.

En ese sentido, no es la propiedad la que define que un espacio sea o no considerado como tal, sino el hecho de que, a través de su uso, la población pueda acceder a necesidades urbanas y al disfrute colectivo de la circulación, recreación, esparcimiento, tranquilidad ciudadana, preservación, conservación y apropiación, entre otros.

Incluso, la misma Corte Constitucional al referirse al tema ha indicado que

la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que [...] la integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos (Corte Constitucional, 1999).

Así, el deber ser del espacio público es permitir los usos colectivos descritos.

Aunque por ley todos los ciudadanos tendríamos acceso a los espacios públicos, existen una serie de bienes a los que no puede accederse por igual, como se verá más adelante.

En Colombia el derecho está idealizado y se cree que con la creación de normas es suficiente para cambiar la realidad social, de manera que el derecho se configura como una forma de poder que hace uso del lenguaje jurídico para apaciguar la inequidad con su eficacia simbólica. La situación expresada en el indicador de espacio público mínimo efectivo de 15 m2 que establece el Decreto 1504 de 1998 (Presidente de la República de Colombia, 1998) da muestra de que "cuando lo establecido por el derecho es tan importante como difícil de aplicar, la eficacia simbólica cumple el propósito de conciliar la realidad con los ideales" (García Villegas, 2014: 16). El legislador es consciente de lo anterior, razón por la cual, "muchas veces promulgan normas con la idea de que si bien no se van a cumplir, al menos se van a aceptar" (García Villegas, 2014: 51).

En la ciudad de Bogotá, de los 16.89 m2 por habitante de infraestructura de espacio público total, 9.54 m2 correspondes a vías vehiculares, es decir, a espacio público no efectivo (DADEP, 2013). Este hecho demuestra la visión del espacio público de la admiración urbana, la cual, prioriza a los vehículos motorizados por encima del peatón o de la bicicleta, así como a la circulación sobre la permanencia.

Según los estándares internaciones de espacio público, el índice efectivo ideal es de 15 m2 por habitante. Sin embargo, en Bogotá, el espacio público efectivo por habitante sólo llega a 3.93 m2 (parques: 1.97 m2 por habitante, zonas verdes: 1.93 m2 por habitante, plazas y plazoletas: 0.03 m2), es decir, un poco más del 25% de lo referido por la norma, lo que deja en evidencia el bajo número de áreas destinadas para el uso, disfrute y esparcimiento (DADEP, 2013).

De igual manera se observa una deficiencia en el indicador en materia de alamedas (0.01m2), ciclorutas (0.08m2) y vías peatonales (0.93m2), siendo estos tres de los más bajos que hay del total del espacio público (DADEP, 2013). Esto muestra el bajo interés e importancia que le otorgado el gobierno de la ciudad de Bogotá el espacio público dedicado exclusivamente a la población no motorizada.

La norma no contempla indicadores que permitan medir el aprovechamiento de los espacios públicos por actores y movimientos sociales, ni tampoco la relación del espacio con los hechos de la vida urbana. Los indicadores arriba expuestos no miden las características cualitativas de dichos espacios, ni de sus principales usuarios o su papel en la estructura completa de la ciudad. Es así como la noción de espacio público efectivo transgrede la noción de espacio residual y físico, pues no es lo mismo concebir un espacio de circulación de vehículos, que uno para peatones, en el cual, se comienzan a evidenciar las contradicciones que la misma norma pretende eliminar.

Por el contrario, la visión del espacio público que se sustenta tras estos índices ha contribuido a una relativa homogeneización del paisaje y de la forma urbana, en especial, con los topes máximos y mínimos para el desarrollo de diversos proyectos inmobiliarios en la ciudad, las sesiones de espacio público y los sistemas de cargas y beneficios. Esta situación reproduce un modelo de producción del espacio urbano asociado a las dinámicas de mercan-tilización del mismo, donde el espacio público aparece como un claro diferenciador social.

Teniendo en cuenta lo anterior, el espacio público ha perdido de vista el carácter otorgado como conector del tejido urbano, pues aunque legalmente se ha considerado como "el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, [...] y como uno de los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial" (Presidente de la República de Colombia, 1998), lo cierto es que, en su materialización, dicho carácter se diluye en el manejo dado por las compensaciones.

Si bien existen obligaciones en materia de cesiones para parques, plazoletas y demás, mayoritariamente, estas áreas pueden ser compensadas por fuera del área de influencia de los proyectos urbanos y arquitectónicos, de manera que cada vez es más recurrente el pago de la obligación en una localización externa al proyecto en mención.

De esta forma, en palabras de Delgado (2011), el espacio público que genera el sistema democrático es una ilusión que termina sirviendo para apaciguar el conflicto latente de la inequidad que existe en las ciudades, es decir, es un espacio que logra apaciguar las diferencias latentes entre clases. La calidad del espacio público no se distribuye de manera equitativa en la ciudad, en especial, si al concepto le sumamos las cualidades ambientales del mismo. El sur de la ciudad de Bogotá concentra un claro pasivo ambiental relacionado con la concentración de actividades que se caracterizan por sus altos costos ambientales, como un relleno sanitario, la minería urbana, parques mineros industriales (de chircales y ladrilleras), entre otros, mientras que la zona norte del área urbana cuenta con amplias ofertas de espacio público relacionadas con reservas forestales, naturales, parques y alamedas, que generan un valor agregado a la propiedad.

La mercantilización del espacio público ha significado, por ejemplo, que en las dinámicas inmobiliarias en el borde oriental de la ciudad, donde los cerros de Bogotá (área de espacio público) ofrecen un valor escenográfico a los proyectos de alto costo, se generen contradicciones entre los intereses del sector de la construcción y los residentes de barrios populares ubicados en estos sitios. Como consecuencia, se consolida un modelo de espacio público cerrado y de acceso limitado (conjunto cerrado), por encima del modelo abierto y tradicional de los barrios populares.

Esta práctica trae consigo repercusiones en la ciudad, pues aumenta la segregación, abre paso a la idea del espacio público como diferenciador social, como un elemento susceptible de ser mercantilizado y, por el cual, hay personas que están dispuestas a pagar más. Esta misma lógica se evidencia en distintos proyectos de renovación urbana, proyectos como el del Centro Administrativo Nacional (CAN), los Ministerios, la Estación Central, San Victorino, entre otros, en donde se pone de manifiesto la idea del espacio público como elemento diferenciador de las estructuras tradicionales, desconociendo, entre otras cosas, las estructuras sociales presentes en los espacios existentes.

Así, el espacio público se convierte en un catalizador de las distintas clases sociales, construido mayoritariamente en función del mercado inmobiliario, lo cual, explica la escasez de espacio público en la ciudad de origen informal, que no cuenta con suelos urbanizables disponibles.

De esta forma, el espacio público generado a partir de la noción físico-espacial ha contribuido a crear una ciudad en, la cual, la diversidad se invisibiliza, mientras que la estandarización y homogeneización de sus expresiones cotidianas se hacen latentes.

En ese sentido se evidencia la disputa entre el espacio concebido, aquel diseñado por los funcionarios de la administración pública y el mercado inmobiliario, y el espacio vivido, en donde la suma-toria de realidades de los individuos impide determinar una función única y excluyente al espacio (Lefebvre, 2013).

En la actualidad, la unificación de criterios en el espacio público ha generado la falta de identidad con el espacio que se supone es común a todos, lo cual, se manifiesta en la homogeneización física a partir de documentos como la Cartilla de Mobiliario Urbano (Secretaría Distrital de Planeación, 2007), que pretende establecer parámetros unificadores. Gracias a esta estandarización, por ejemplo, la comunidad encuentra obstáculos normativos para apropiarse de los espacios que entran en detrimento por la ausencia de mantenimiento y de la atención del Estado.

Lo anterior muestra que en los últimos años se ha desarrollado una apropiación mercantilista del espacio público, fundamentada en la valorización de ciertos sectores de la ciudad, especialmente, en donde se localizan las poblaciones con altos ingresos económicos. Esto trae como consecuencia la privatización del espacio urbano, pues se convierte en la negación de la ciudad como un ámbito reconocedor de los ciudadanos en tanto sujetos activos e iguales de la comunidad política (quienes tienen derecho y posibilidad real de acceder a la oferta urbana) (Borja y Muxí, 2003).

Así, el espacio público como elemento permeable de la ciudad permite evidenciar la acción del mercado en los procesos de disolución del tejido urbano al condicionar las actividades económicas, a través de la especialización del uso, la fragmentación de grandes extensiones de suelo incomunicando a la ciudad y la privatización del espacio restringiendo la posibilidad de mezclas, guetificando el espacio urbano.

La importancia económica que el espacio público le aporta a la ciudad se transmite, entre otras cosas, por medio de la valorización o desvalorización que este pueda generar en los predios privados cercanos. En Bogotá se puede apreciar esto en el caso del Parque de la 93 donde los predios se valorizan de acuerdo a la cercanía con este hito capitalino, símbolo de exclusividad y seguridad. A su vez, podemos observar la desvalorización de los predios o de cualquier espacio público próximos al río Bogotá, simbólicamente menos importante que el caso anterior.

El espacio público también es un espacio de oportunidad para dinamizar y generar economías informales paralelas, como las que surgieron en la carrera séptima con la peatonalización de la misma. En ese caso se reconstruyen las formas de relacionarse no solo con dinámicas productivas, sino también sociales y culturales, a través de la materialización de realidades asumidas por agentes sociales y económicos, tanto públicos como privados, que garantizan la articulación entre los diferentes "productores de la ciudad" (Borja y Muxí, 2003: 11).

En ese sentido, la construcción de ciudad recae sobre una multiplicidad de actores y acciones a distintas escalas, sentidos y calidades físicas, pues es innegable que, frente a las condiciones actuales, el mercado por sí solo no construye ciudad de manera colectiva y horizontal. Ante las transformaciones que han tenido las ciudades en el marco de la apertura de mercados, su consolidación y desregularización, el espacio público, como escenario de complejidad y uno de los pocos espacios que se escapan por lo menos parcialmente al régimen de propiedad privada, puede ser pensado como un bien común en tanto exista por parte de los ciudadanos una apropiación y gestión colectiva del mismo, sin que sea necesaria la intervención de las autoridades estatales.

Perspectiva crítica y aportes teórico-prácticos a la construcción del espacio público y común

Como se ha evidenciado hasta el momento, el espacio público es construido por una multiplicidad de actores. Muestra de esto son las experiencias comunitarias que surgen en distintos contextos y que hacen intervenciones sobre el espacio público una vez se identifican falencias y necesidades que deben ser solucionadas. Estas experiencias plantean una alternativa concreta que puede ser conceptualizada desde el espacio común y que dan cuenta de las posibilidades que tienen las comunidades organizadas a la hora de producir espacio urbano.

A continuación se presentan tres casos de estudio localizados en sectores populares de Bogotá que son muestra de una producción permanente del espacio público y de la apropiación colectiva del mismo, y que pueden ejemplificar esa noción de espacio común.

Proyecto El Tr3bol

Hablar de El Tr3bol nos remite a un conjunto de ideas e intervenciones que proyectan la ciudad como un gran laboratorio. Este proyecto de autogestión y autoconstrucción colectiva reconfigura lo público y desemboca en un espacio de encuentro colectivo, de construcción y apropiación directa por parte de los pobladores y en donde el desarrollo de una apuesta en común, lejos de ser idílica, es política y espacialmente conflictiva.

El Tr3bol, al igual que otros proyectos de este tipo en la mayoría de ciudades latinoamericanas, surgió de la necesidad, sin recursos económicos, ni acompañamiento institucional. Este espacio se configura a partir de la reconstrucción del antiguo salón comunal del barrio Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy, por parte de los habitantes del barrio con el acompañamiento del colectivo Arquitectura Expandida.² A partir de metodologías participativas, se catalizan las preocupaciones y expectativas de la comunidad frente a dicha construcción abandonada, se llega a consensos sobre el destino de este lugar y las estrategias que utilizarían para recuperarlo, y se adelanta la adecuación del espacio cubierto, la instalación de jardines verticales y, posteriormente, el levantamiento de pistas para un skatepark. Las actividades de planeación, construcción y mantenimiento permiten la interacción permanente entre el espacio público restaurado y la cotidianidad urbana reflejada en el uso del conjunto para actividades programadas como conciertos o encuentros, actividades espontáneas u organizadas como el cuidado del jardín, el juego en la pista, la reunión de los vecinos, el diálogo con las instituciones e, incluso, la circulación segura.

Los retos y aprendizajes de este proyecto se evidencian en el proceso donde la apropiación colectiva, la gestión comunitaria, el transgredir la norma, la falta de recursos y la reconquista de los derechos que se quedaron en el papel marcan unos puntos valiosos para redefinir la noción de espacio público en una ciudad como la capital colombiana. La interacción comunitaria constante y la recuperación de un modelo de gestión social del espacio y la ciudad constituye una evidencia clara del espacio público como ideología contra-hegemónica cuyos valores principales residen en las formas sociales que dotan de sentido y significado el espacio.

Bosques de Bellavista

Este proceso se origina con cerca de 27 familias desplazadas de otras regiones del país durante la época de La Violencia en Colombia (1949-1958). El Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de Defensa, los contrata para extraer materiales para la construcción de varios edificios de las instalaciones militares en el Cantón Norte, en la localidad de Usaquén. En el proceso, las familias fueron reubicadas hacia la parte sur de la vía a La Calera, donde actualmente residen, dando inicio al barrio conocido como Bosques de Bellavista. Con la prohibición de la explotación de canteras en el distrito, los habitantes se organizaron para solucionar sus problemas y sobrellevar sus necesidades. Entre ellas, resaltan la lucha en torno al agua, lo que los lleva a autogestionar la construcción de un acueducto comunitario que comenzó a establecerse como un bien común de la comunidad.

Con el paso del tiempo, la búsqueda de espacios de encuentro, como el salón comunal o el polideportivo, en donde puedan discutir temas relacionados con el barrio, al igual que las zonas de esparcimiento para niños, jóvenes, adultos y ancianos les ha instado a encontrar los recursos, la infraestructura y, por consiguiente, a disponer de su mano de obra para llevar a cabo los proyectos trazados colectivamente. Esto constituye una prioridad, pues no solo se gestionan los recursos para consolidar espacios de uso colectivo para su disfrute, sino que se construye una estrategia de resistencia frente al crecimiento de la ciudad y al tratamiento que se le da a los cerros de Bogotá. Es justamente mediante acciones colectivas traducidas en el espacio que los habitantes del barrio construyen comunidad e identidad en un espacio del borde urbano-forestal de la ciudad.

Actualmente, el grupo de vecinos de Bosques de Bellavista continúa fortaleciendo el tejido social que por generaciones ha construido. Hoy, la comunidad apremiada por la necesidad de consolidar sus viviendas en este sector, se moviliza en pro de dos ideas principales: la primera es reforestar con especies nativas para conservar el ecosistema y hacer frente al cultivo excesivo de pinos promovido por el Estado porque solidifica el suelo. La segunda es resistir y permanecer en el barrio a pesar de las presiones ejercidas por el Estado y por las constructoras para sacarlos de sus casas y de su territorio, con la excusa de que el barrio se localiza en un lugar de riesgo o en un lugar de conservación. Sin embargo, estos actores, al mismo tiempo que construyen propiedades inmobiliarias de un costo elevado, con todos los beneficios de la ley y sin obstáculo alguno, desplazan a los habitantes originales del sector.

Altos de La Estancia

Los habitantes de Altos de La Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar han realizado trabajos comunitarios durante más de diecisiete años, en los cuales, han construido viviendas y vías, y han logrado que los gobiernos distritales provean servicios urbanos en el barrio, como la instalación de servicios públicos domiciliarios y la dotación de equipamientos educativos o de recreación.

Los procesos organizativos actuales en torno al parque de Altos de La Estancia y a la Red de Huertas de Ciudad Bolívar se basan, por un lado, en esa tradición de trabajo de las comunidades del sector y, por otro, en las consecuencias del desalojo total o parcial que se produjeron en los antiguos barrios El Diamante, San Rafael, Santa Viviana, Santo Domingo, Rincón del Porvenir, El Espino I sector y el Espino III sector, como resultado de la acción estatal para la mitigación del riesgo de deslizamientos. Desde 2009 cerca de 7.500 familias han sido reubicadas y en 2012 las más de 73 hectáreas en las que estaban ubicadas sus viviendas fueron declaradas Parque Distrital de Suelo de Protección por riesgo.

Desde 2012, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las comunidades y otras entidades con las que se han hecho alianzas han trabajado para la constitución y el mejoramiento de este parque, en el que se han llevado a cabo obras de ingeniería y bioingeniería para la contención del suelo, y la recuperación de los cuerpos de agua, y otras de paisajismo y reforestación. Justamente en estos terrenos se han generado las primeras huertas que hacen parte del proceso de la Red de Huertas de Ciudad Bolívar. La primera fue la Huerta Ciudad Tierras de Bolívar, construida en agosto de 2014 con el apoyo del IDIGER a partir de una sociedad público-comunitaria. Desde ese entonces se han consolidado otras dieciséis huertas adentro y afuera de los terrenos del parque con el apoyo de otras entidades distritales como la Secretaría Distrital de Ambiente, con la participación de diferentes organizaciones comunitarias y las Juntas de Acción Comunal.

Actualmente, la Red de Huertas trabaja como una unión temporal de siete procesos comunitarios diferentes, algunos de ellos con experiencia en gestión y ejecución, los cuales, han logrado generar alianzas público-comunitarias con la Secretaría Distrital de Ambiente para el desarrollo de estos proyectos y para hacer parte del sistema de vigías ambientales del distrito. Este modelo no solo abrió las posibilidad para que las comunidades tengan los recursos para intervenir sus territorios, sino que ha logrado cambiar, por lo menos en parte, el sistema de alianzas entre las entidades públicas y algunas ONGs que anteriormente se beneficiaban de estos recursos y actuaban como pulpos de la contratación sin contar con las comunidades en los procesos. Esta transformación ha tenido resultados a favor de las mismas intervenciones pues el hecho de que las comunidades y las Juntas de Acción Comunal estén involucradas ha facilitado la permanencia de las huertas, y el sentido de apropiación de ellas, pues hay un tejido social que respalda y sostiene su existencia.

El trabajo de los líderes y lideresas del proceso de la Red de Huertas es, como ellas lo ven, una forma de creación de espacios públicos que corresponden a las dinámicas sociales del territorio que, a su vez, han fortalecido el tejido social, lo que ha motivado la recuperación de espacios públicos en abandono, deterioro o con altos grados de inseguridad. El hecho de que exista un grupo de personas que se apropian del territorio, lo transforman y se organizan para trabajarlo, hace de estos espacios lugares productivos, los cuales, superan la definición tradicional del espacio público y llegan a la noción de espacios comunes urbanos.

Lo común en la acción

En estos casos se evidencian unas características comunes: las tres intervenciones se encuentran en sectores populares de origen informal, son dinámicas e inacabadas, es decir, que su propósito varía en el tiempo según la necesidad y las condiciones organizativas, están relacionadas con la reivindicación de los derechos y con la proximidad del lugar de residencia, e implican una acción colectiva de los pobladores de reconfiguración del espacio desde lo que podría llamarse el espacio común.

En el caso del barrio Bosques de Bella Vista se evidencian diferentes reivindicaciones: la necesidad de generar espacios de encuentro como el polideportivo y el salón comunal surge de la mano con el derecho a la vivienda, mientras que en un segundo momento, el derecho al acceso al agua, al esparcimiento y la relación con los recursos naturales se articula con las intervenciones en la montaña y sobre el bosque plantado por el Estado. Por su parte, en Altos de La Estancia, el vacío urbano que dejó la intervención estatal para gestionar el riesgo de deslizamiento desembocó en la conformación, mantenimiento y gestión de huertas para asegurar la permanencia del tejido social, así como el derecho a la cultura, a la organización y al desarrollo humano.

Dentro de los propósitos de estas intervenciones el caso de El Tr-3bol es particular, pues el carácter de inacabado o abierto a los cambios implica que el tejido social alrededor del proyecto sea continuo y que, a manera de laboratorio, las intervenciones se repiensen constantemente en diálogo con el contexto.

Conclusiones

El análisis presentado permite extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, el espacio público trasciende la noción de espacio residual de la propiedad privada en la ciudad, casi exclusivamente ligado al tránsito y a la circulación. Esto es claro en la experiencia de El Tr3bol, el cual, aunque está ubicado en un barrio consolidado, es decir, que tiene una estructura vial completa, surge de la necesidad que tiene la comunidad de construir lugares para el encuentro y la recreación, aspectos que históricamente no han sido tenidos en cuenta para la consolidación del espacio público.

En segundo lugar, el espacio público que genera la ciudad corresponde a los ideales e intereses del sistema político y económico capitalista, que está orientado, por lo menos en su discurso, a diluir las diferencias sociales existentes a través de la construcción de espacios que en vez de permitir el encuentro, la reunión y eventualmente la organización, limitan su uso a la circulación de los ciudadanos. Este condicionamiento imprime lógicas de "buen comportamiento", "civismo" y "buenas prácticas" de manera que todo aquello que se encuentre por fuera de estos parámetros es identificado como extraño, ajeno y no permitido.

Así mismo, desde el abordaje teórico, el espacio público propende por la articulación del tejido urbano porque permite el intercambio y la interrelación de los diferentes sistemas que confluyen en la ciudad. Esta articulación excede la concepción tradicional de lo físico, condicionado por lo normativo, y se orienta a evidenciar los diferentes procesos sociales que surgen en el territorio y los aportes que estos hacen a la ciudad. Los tres casos presentados evidencian la articulación entre la comunidad y su contexto específico, y a su vez, proyectan nuevas oportunidades y potencialidades de transformación del espacio en la ciudad. Cada una de las experiencias, El Tr3bol con sus procesos inacabados y dinámicos aún en barrios en consolidados, Bosques de Bellavista con la cogestión de los recursos naturales y Altos de La Estancia con la intención de articular los tejidos sociales existentes en espacios de encuentro, incluso en contextos de riesgo, reflejan la posibilidad de la producción del espacio urbano por fuera de las dinámicas institucionales y de mercado, pues son el resultado de la gestión y de la apropiación comunitaria, de una relación colectiva, solidaria y autogestionada, siendo elementos claves de la noción de espacio común que evidencian su pertinencia en los análisis urbanos.

De esta forma, se hace evidente que es posible la construcción de ciudad a partir de la acción de una multiplicidad de actores, pues el mercado o la planificación por sí sola no construyen una ciudad y un espacio público que responda a las necesidades de la población, al contrario, los limita y condiciona. En ese sentido, el espacio público considerado como un bien común es el resultado de la apropiación y gestión colectiva, y un epicentro de las luchas y disputas urbanas que se sustentan en la cultura y la gestión social del hábitat, el territorio y la ciudad.

Notas

¹ Investigación realizada con el apoyo del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia.
² El colectivo de trabajo Arquitectura Expandida ha formado a partir de varios proyectos una concepción clara de por qué la ciudad debe ser un espacio en el que sus habitantes procuren su apropiación tanto física como simbólica.

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