http://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v26n2.57605

Conflicto armado y configuración territorial: ELEMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA¹.

Armed conflict and territorial configuration: elements for the consolidation of the peace in Colombia

Conflito armado e configuração territorial: elementos para a consolidação de paz na Colômbia

Luis Gabriel Salas-Salazar
lgsalass@unal.edu.co
Docente del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Geografía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Geógrafo de la Universidad de Nariño. Fue asesor del Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario apoyando actividades de investigación en Geografía del Conflicto Armado. Ha sido docente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Maestría en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Convenio con el IGAC. El último libro publicado ha sido Dinámicas Regionales del Conflicto Armado en Colombia. Colombia.

Recibido: 20 de abril de 2016 Aprobado: 3 de junio de 2016

Resumen

Colombia es un Estado que históricamente se ha caracterizado por registrar múltiples conflictos y formas diversas de violencia. Lograr la comprensión de estos conflictos y su incidencia en la configuración territorial, es un verdadero reto para la consolidación de un periodo de pos negociación del conflicto. El presente es un artículo de reflexión, que tiene como propósito, desde una perspectiva geográfica, ofrecer al lector los elementos relacionados con el conflicto armado que han intervenido en la configuración de los territorios en Colombia. Las evidencias encontradas, resultantes del análisis espacial correlacional y la aplicación de métodos geo estadísticos de los datos referentes con el accionar armado y la violencia de los actores del conflicto armado en el periodo de tiempo 1986-2015, permiten afirmar que las relaciones de poder en el marco del conflicto armado de las Fuerzas del Estado, de las guerrillas involucradas, FARC, ELN, así como de los paramilitares, y en los últimos años de las bandas criminales, se ven reflejadas sobre el territorio de una manera diferenciada. La configuración de los territorios, es el resultado de las relaciones de poder de los actores armados que en él intervienen, bajo lógicas geoestratégicas.

Palabras clave: Colombia, Conflicto Armado, Configuración Territorial, pos negociación de paz, Paz Territorial.

Abstract

A Colombia is a State that has been historically characterized for registering multiple conflicts and diverse forms of violence. Achieving the comprehension of these conflicts and its impact in the territorial configuration is a true challenge for the consolidation of a post talk's period of conflict. The present is an article of consideration, its purpose, from a geographical perspective, offer to the reader the elements related to the armed conflict that has intervened in the configuration of Colombia's territory. The found evidence, resulting from correlational space analysis and the application of geo-statistical methods to data concerning the armed activities and the violence of the participants in the armed conflict in the period between 1986-2015. They allow the assertion that the power relations in the context of the armed conflict between the forces of the State, the involved guerrillas, FARC and ELN, as those of the paramilitary, and in the last years the criminal bands, are reflected over the territory in a differentiated manner. The territory configuration, is the result of the power relations of the participants in the armed conflict in which they intervened, under geostrategic logics.

Key words: Colombia, armed conflict, territorial configuration, post-peace talks, territorial peace.

Resumo

A Colômbia é um Estado que historicamente se tem caraterizado por registrar multiplex conflitos e formas diversas de violência. Alcançar a compreensão de estes conflitos e sua incidência na configuração territorial, é um verdadeiro reto para a consolidação de um período de após negociação do conflito. O presente é um artigo de reflexão, que tem como proposito, desde uma perspectiva geográfica, oferecer ao leitor os elementos relacionados com o conflito armado que tem interveio na configuração dos territórios na Colômbia. As evidencias achadas, resultantes do analise espacial correlacional e a aplicação de métodos geo estadísticos dos dados referentes com o acionar armado e a violência dos atores do conflito armado no período de tempo 1986-2015, permitem afirmar que as relações de poder no marco do conflito armado das Forças do Estado, das guerrilhas envolvidas, FARC, ELN, assim como dos paramilitares e nos últimos anos das bandas criminais, se vem refletidas sobre o território de uma maneira diferenciada. A configuração dos territórios, é o resultado dos relacionamentos de poder dos atores armados que nele intervêm, sob logicas geo-estratégicas.

Palavras chave: Colômbia, Conflito Armado, Configuração territorial, após negociação de paz, Paz Territorial.

Introducción

Pensar en la consolidación de un periodo de pos negociación de acuerdos, como transición hacia la paz, resultado de las negociaciones que en la actualidad se lleva a cabo con las guerrillas de las FARC y el ELN, exige comprender la manera en que el conflicto armado ha intervenido en la configuración de los territorios.

Aparecen entonces varios factores involucrados en la manera en que los diversos actores del conflicto armado han incidido en la configuración territorial. De una parte, el narcotráfico ha influenciado en el desarrollo de la violencia armada en Colombia; por otro lado, las reformas iniciadas por el Estado desde mediados de los ochenta: primero la descentralización, después la apertura económica y posteriormente las reformas políticas, administrativas y económicas de la constitución de 1991. Estas políticas ofrecieron de manera perversa, posibilidades a los ilegales de fortalecer su poder local e influenciar sobre los distintos territorios de Colombia que les representara un valor estratégico.

En el caso específico de la descentralización en el año de 1988 se da inicio a la elección popular de alcaldes en Colombia; proceso considerado como la primera etapa de la descentralización. La segunda etapa, corresponde a la constitución política de 1991, la cual profundizó el proceso, elevando al rango constitucional las transferencias del estado a las regiones. Los aspectos más trascendentales de este proceso son: a) El gobierno nacional debe transferir la mitad de los recursos recaudados a los gobiernos locales; b) el grueso de los recursos transferidos se destinan principalmente a educación y salud; c) alcaldes y gobernadores elegidos deben administrar los recursos y aumentar el esfuerzo fiscal propio; d) fortalecimiento de la democracia participativa por medio de la reacción de mecanismos de participación. Para fortalecer la continuidad en los planes de gobierno local se aumentó el período de los alcaldes y gobernadores de dos a tres años (Sánchez y Chacón, 2002:17).

Las evidencias empíricas sobre el impacto de la descentralización y demás reformas políticas administrativas en relación con el conflicto armado, demuestran que los actores encontraron en el poder local una oportunidad para acceder a recursos y posesionarse en estos territorios a través de la coacción, para acceder al control y dominio territorial; redefiniendo de esta forma las características del conflicto.

En el caso específico de la insurgencia se dio un proceso de reacomodamiento estratégico en función de las transformaciones derivadas de la descentralización. Como lo expresa Vélez (2000:16), al referirse a las guerrillas del ELN y FARC: "Antes la guerrilla se financiaba principalmente de asaltos bancarios, apoyos voluntarios de los campesinos y algunas vacunas a los ganaderos, que luego pasó a financiarse con la industria del secuestro, la extorsión generalizada, los cultivos ilícitos, el petróleo, el carbón y el oro, lo que los lleva a movilizarse a los municipios donde están estos recursos".

En lo que respecta a los impactos del proceso de apertura económica y consolidación de una economía globalizada, Pécaut (2008) al referirse a los recursos financieros de las FARC [y en general aplicaría a todos los actores armados irregulares] menciona el paso a actuaciones guiadas bajo una lógica exclusivamente económica. Las fuentes de financiación de este grupo guerrillero hasta principios de los noventa estuvieron basadas en la extorsión, los secuestros y el narcotráfico. A partir de 1995, la economía de la droga se convierte en las FARC en la principal fuente de financiación (Pécaut, 2008:90).

En lo referente a los grupos paramilitares y bandas criminales en la actualidad, la correlación existente entre presencia territorial, cultivos de coca y corredores estratégicos de economías ilícitas es abrumadora. En efecto Echandía (2014), logra identificar cómo el narcotráfico es un elemento transversal en la génesis de los paramilitares y el origen de las bandas criminales. Bajo esta perspectiva, se comprende que el control territorial de grupos paramilitares y recientemente de bandas criminales en Colombia, está orientado al posicionamiento y dominio de economías ilegales, especialmente el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y corredores estratégicos; dejando de lado una estrategia de financiación estrictamente contra insurgente.

De otra parte, las políticas estatales, en particular la descentralización y la apertura económica, trajeron consigo, y tal vez de manera perversa, el fortalecimiento económico y una disputa por el poder local-regional, buscando mantener o disputarse hegemonías en los territorios. La consolidación de dichas hegemonías ha representado para los actores armados el establecimiento de micro poderes permitiendo la consolidación de operaciones ilegales, el aumento del poder económico y la coacción de la voluntad política de las comunidades, consolidando así una estrategia de poder territorial soportada en el ejercicio de la violencia.

En el marco de las ideas esbozadas, el presente artículo ofrece desde una perspectiva geográfica, elementos relacionados con el conflicto armado y su incidencia en la configuración diferencial de los territorios en Colombia en las últimas tres décadas. Al comprender las lógicas territoriales del desenvolvimiento del conflicto armado y la violencia en los territorios, se contribuye significativamente en la consolidación de un periodo de pos negociación del conflicto, como transición hacia la paz, en la medida que permite al Estado, a los tomadores de decisiones y a la sociedad en general identificar, atenuar y reparar los elementos estructurales diferenciales que intervinieron en la configuración de cada uno de los territorios afectados y evitar que se repitan. Estas reflexiones se fundamentan en un análisis espacial corre-lacional y de aplicación de métodos geo estadísticos (ver Salas, 2007) de los datos relacionados con el accionar armado y la violencia de los actores del conflicto armado en el periodo de tiempo 1986-2016.

¿Cómo ha sido el impacto territorial del conflicto armado reciente en Colombia, 1986-2015?

Colombia, inmediatamente después de la independencia (1812 La Patria Boba) hasta la actualidad, ha registrado periodos significativos de violencia y conflicto armado. En el siglo XIX, cerca de veinte guerras regionales o nacionales enfrentaron a los partidos Conservador y Liberal. La última de estas guerras civiles, llamada Guerra de los Mil Días, duro desde 1899 a 1902: causó aproximadamente cien mil víctimas (contando las víctimas indirectas por enfermedades) en una población de menos de tres millones de habitantes y terminó con la separación de Panamá (Pécaut, 2008:15). Sobrevino entonces un periodo de relativa calma que culminaría con el llamado periodo de La Violencia, desatada entre liberales y conservadores a partir de 1946. Los hechos sucedidos en este periodo fueron particularmente atroces. El conflicto actual se enlaza inmediatamente con ella. A estas guerras políticas hay que agregar los enfrentamientos sociales, a menudo sangrientos (Pécaut, 2008:15).

Si bien es cierto que historiadores, politólogos, sociólogos y demás estudiosos del conflicto armado reciente en Colombia han considerado que este tiene sus orígenes con la instauración del Frente Nacional (1958), su origen se remonta al Periodo de la Violencia (1946). En muchas de las regiones que registraron niveles de violencia, persisten hoy en día estos niveles. Para 1946 los departamentos con mayor cantidad de municipios comprometidos con hechos violentos fueron, Antioquia, Santander, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y algunos de la región Atlántica. Para finales de dicho periodo (1958) esta concentración pasó a los departamentos de Quindío, Tolima, Risaralda y Valle (Chacón, 2004).

Todo este acumulado de violencia y conflicto armado de casi seis décadas ha afectado de una u otra manera a todo el territorio nacional. No obstante, la persistencia e intensidad de la afectación espacio temporal no ha sido la misma. La figura uno (1) muestra los periodos de la dinámica de afectación territorial del conflicto armado reciente colombiano en los años comprendidos entre 1986-2015. Estos periodos definidos serán parte central del análisis de esta investigación.

FIGURA 1

El primer periodo inicia desde el momento en el cual se dispone de información (1986) hasta el año de 1998, caracterizado por ser la ante sala a la negoción fallida de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del Presidente Pastrana. En este periodo los niveles del conflicto armado son bajos, sin que esto signifique que en algunas regiones la intensidad y la afectación humanitaria hayan sido supremamente altas, como se muestra en la figura dos (2).

Una de las principales características de este primer periodo del conflicto armado, definido en la figuro No. Uno (1), es que la iniciativa armada estaba a favor de los grupos al margen de la ley: la respuesta de la Fuerza Pública estuvo por debajo de las acciones armadas de los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares habían iniciado un proceso de expansión y consolidación en regiones como el Magdalena Medio, Córdoba, Urabá, por toda la región norte de Colombia y a expandirse hacia el sur, especialmente hacia el Putumayo (Pardo R. 2007).

En términos de afectación espacial, la figura 2, muestra una serie de cuatro mapas llamados la geografía de la densidad del conflicto armado en Colombia. El primer mapa, corresponde a la afectación territorial del conflicto armado en el año de 1998, que corresponde al final del primer periodo del conflicto armado definido (1986-2009) en la figura No.1.

Para este momento, la afectación territorial del conflicto armado en Colombia se concentra en dos principales focos: El primero en el departamento fronterizo de Arauca, que hoy en día se mantiene, especialmente en los municipios de Saravena y Arauquita. El segundo foco corresponde al municipio de Barrancabermeja en Santander, en la región del Magdalena Medio. Una característica de la dinámica territorial del conflicto armado en este periodo es que la frontera con Venezuela, desde el municipio de Puerto Carreño en el Vichada, pasando por la región del Catatumbo, la serranía del Perijá, hasta el municipio de Riohacha en La Guajira; ya se ve significativamente afectada por la intensidad del conflicto armado, bosquejando así un corredor fronterizo de disputa territorial, que más adelante se definirá con más claridad.

El mapa también muestra para este momento, cómo las principales ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, se ven afectadas por acciones armadas de grupos al margen de la ley, especialmente relacionadas con acciones de activación de artefactos explosivos. De esta manera se evidencia el impacto de la guerra en escenarios urbanos, impulsados especialmente por las guerrillas, sin tener una proporción en la intensidad de algunos escenarios rurales. Otra característica de este periodo es la afectación a regiones como el Urabá Antioqueño, especialmente el municipio de Mutatá; la región de los Montes de María, municipio del Carmen de Bolívar; y en el sur del país en el Bajo Putumayo, municipios de Orito y Puerto Asís.

El segundo periodo de afectación territorial del conflicto armado colombiano va desde el año 1999 hasta el año 2003 (Ver figura No. 1). Se caracterizó por el intento de negociación de paz en medio del conflicto armado. Esta postura, sostenida por la guerrilla de las FARC en su momento, era consecuente por el hecho de que los grupos al margen de la ley seguían teniendo la iniciativa armada y las Fuerzas del Estado operaban de manera reactiva. Por su parte, los grupos paramilitares ya se habían expandido por el territorio nacional, sembrando muerte y violencia atroz como nunca antes registrada, en muchos casos en complicidad con organismos del Estado (ver: Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2010). El narcotráfico representa, para éste periodo, un actor dinamizador del conflicto armado, aliado incondicional de grupos paramilitares; pero también de la guerrilla de las FARC, quienes habían encontrado en ésta economía ilícita una importante fuente de financiación (Echandía, 2006).

En la figura 2, se observa el mapa corresponde a la geografía de densidad del conflicto armado en Colombia en el año 2002 y su relación con los territorios sembrados con cultivos de coca. A diferencia del año de 1998, la afectación territorial se hace más evidente y acentuada en regiones particulares del territorio nacional. Arauca agrava su situación, y se ven afectados con alta intensidad por el conflicto armado todos los municipios de este departamento. La región del Catatumbo, en Norte de Santander, registra altos niveles de afectación por el conflicto armado, especialmente los municipios de Tibú, Sardinata, El Tarra, Teora-ma, Convención y El Carmen. Los entornos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte montañosa de Valleduapr (Cesar); San Juan del Cesar, Dibuya en La Guajira; y en el departamento del Magdalena Santa Marta, Ciénaga y Aracataca. Así, todo el corredor fronterizo con la República de Venezuela está en disputa armada por los actores que hacen presencia en ella.

Otro foco de alta densidad por el conflicto armado en este segundo periodo es en la región de la Macarena, el río Duda y el Ariari en departamentos del Meta y Caquetá. Para este año, y en adelante, esta región registra altos niveles de conflicto armado relacionados con la retoma de las Fuerzas del Estado del territorio que conformó la antigua zona de negociación de paz entre el gobierno del Presidente Pastrana y la guerrilla de las FARC. Los municipios de mayor afectación fueron: en el Meta, San Juan de Arama, Mesetas, Uribe, La Macarena y Vista Hermosa. En el departamento del Caquetá, se vieron afectados los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico. Como también San José del Guaviare, Miraflores en Guaviare y Puerto Rico en el Meta, sobre el corredor del río Guaviare.

La afectación para este periodo en el departamento del Putu-mayo se hace más evidente, especialmente sobre los municipios ya mencionados del bajo Putumayo; así mismo, en el nordeste antioqueño en Remedio y Yondó; municipios del Oriente Antioqueño como San Luis, Granada y Cocorná; nuevamente la región de los Montes de María. Otra característica de afectación espacial por el conflicto armado en este periodo es que territorios de la región del Pacífico colombiano empiezan a registrar niveles altos en la afectación por el conflicto, especialmente en dos frente: en el norte de esta región en Chocó en municipios de Quibdó y El Carmen; y en el sur de esta región Pacífica en el municipio de Tumaco, Barbacoas, en Nariño y Buenaventura en el departamento del Valle.

Para este año se observa una correlación muy alta en los municipios sembrados con hoja de coca y una alta disputa armada entre los actores del conflicto. Es tal la correlación, que el mapa del año 2002 (ver figura 2) permite identificar corredores de disputa armada y presencia significativa de cultivos de coca, como es el caso del corredor fronterizo con la República de Venezuela en Arauca-Norte de Santander -Cesar-La Guajira. Así mismo, el corredor Catatumbo-Madalena Medio-Bajo Cauca Antioqueño-El Paramillo-Urabá Antioqueño y Chocano. En el sur del país se identifica para este periodo el corredor Teteyé (putumayo)-Río Guaviare (Guaviare)-Río Orinoco (Vichada); como también el Corredor Fronterizo con la República del Ecuador desde el Bajo Putumayo-Tumaco en Nariño. Finalmente, para este periodo la afectación por el conflicto armado también tiene relevancia en entornos urbanos, las tres principales ciudades siguen siendo objeto de detonación de artefactos explosivos y terrorismo, pero no en las dimensiones rurales ya definidas.

El tercer periodo, corresponde a los años 2004-2012. A diferencia de los anteriores periodos, la correlación de fuerzas está a favor de las acciones de la Fuerza Pública en contra de los grupos al margen de la ley y es consistente con el despliegue que la Fuerza Pública hace en todo el territorio nacional, en el mandato de los gobiernos del Presidente Uribe (Ver figura No. 1). El conflicto armado en este periodo registra una tendencia a la disminución. En parte asociado al repliegue estratégico de las guerrillas en respuesta al fortalecimiento de la Fuerza Pública y en particular, el fortalecimiento táctico que representó para el Estado la modernización y despliegue de la Fuerza Aérea. Esto permitió a las fuerzas armadas del Estado colombiano dar golpes estratégico, especialmente a las guerrillas de las FARC y el ELN.

En la figura 2 se muestra el mapa de la geografía del conflicto armado en el año 2007. Este es uno de los años con mayor actividad en la intensidad del conflicto y muestra las tensiones territoriales registradas en el marco de la disputa armada. El corredor fronterizo con Venezuela se mantiene con altos niveles de afectación, especialmente en cuatro puntos específicos, en Cumaribo en Vichada; en Tame, Arauca; en el Catatumbo, Norte de Santander; y sobre los entornos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya mencionados en anteriores periodos.

Otro corredor estratégico en disputa por la actividad armada en este año es el corredor Tetey-Orinico, el cuál concentra la inmensa mayoría de los cultivos de coca registrados en el sur del país, como lo muestra el mapa (ver figura 2). Desde el Bajo Putumayo (en la frontera con Ecuador) en los municipios de Orito y Puerto Asís; pasando por los municipios del Caquetá en Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán; continuando por los el departamento del Caquetá, por los municipios de Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, y Puerto Rico; continuando por el río Guaviare hasta su desembocadura con el Orinoco, en la frontera con Venezuela.

En el norte del país, se destaca otro corredor (Catatumbo (Frontera con Venezuela)-Magdalena Medio-Bajo Cauca Antioqueño-Paramilllo-y región del Urabá (Frontera con Panamá)), que se caracteriza también por tener una alta presencia de cultivos de coca. Al igual que los demás corredores en disputa armada, este tiene un alto valor estratégico para los actores armados del conflicto, principalmente por su condición fronteriza con las Repúblicas de Venezuela y Panamá, como por la salida al mar en el Urabá, tanto hacia el mar caribe como al océano Pacífico.

Sectores de la región del Pacífico sur colombiano también son seriamente afectados, con mayor intensidad que el periodo anterior. Desde al municipio de Tumaco, en el departamento de Na-riño en frontera con la República del Ecuador, siguiendo por el pacífico Caucano (Guaopi, Timbiquí, López de Mica), sube hacia Buenaventura en el Valle del Cauca y sectores del sur del Chocó, especialmente municipio El Litoral de San Juan.

El último corredor en disputa, corresponde a la región de alta montaña, específicamente al corredor de la cordillera central que parte desde la región geográfica del Macizo Colombiano en los departamentos de Cauca, Huila y Tolima; continuando por Caldas y finalizando en el oriente antioqueño.

El cuarto y último periodo de la afectación territorial del conflicto armado en Colombia se inicia el año 2013 hasta 2015, año en que finaliza el análisis, caracterizado por desarrollarse en medio de las negociaciones de Paz en La Habana entre el gobierno del Presidente Santos y las FARC; y las negociaciones secretas con la guerrilla del ELN. Los años de 2012 y 2013, significaron una tendencia en aumento de la actividad armada, pero nunca alcanzaron los niveles críticos históricos de los años 2002-2003 como lo muestra la figura No. 1. Este incremento es consecuente con el hecho de que las guerrillas con el propósito de influenciar en las negociaciones, habían iniciado una fase de actividades armadas, especialmente en contra de la infraestructura eléctrica y petrolera.

En el año 2014 en adelante, se evidencian unos incrementos y descensos característicos por los periodos de cese al fuego unilateral decretados por las FARC y sus posteriores rupturas por acciones de esta guerrilla que generaron tensiones en la mesa de La Habana, como es el caso de la crisis que generó la captura del General Alzate en el Chocó por integrantes de las FARC en noviembre de 2014 y la masacres de 11 soldados por guerrilleros de las FARC en el departamento del Cauca en abril de 2015. El año 2015 representa los niveles más bajos en toda la historia del registro del conflicto armado, consecuente con el cese al fuego bilateral acordado en La Habana, como un gesto de confianza entre las partes.

Para comprender el impacto territorial del conflicto armado en este último periodo, la figura 2 nos muestra el último mapa de la geografía del conflicto en el año 2015. En términos generales hay una disminución en la afectación espacial del conflicto armado en Colombia en comparación con el periodo anterior. No obstante la disminución, la afectación se mantiene en seis focos específicos, los cuales se articulan dentro de la lógica geoestratégica de los corredores históricamente en disputa armada que ofrecen rentas ilegales y definidos en los periodos anteriores.

En el norte del país se mantiene la actividad armada en la región del Catatumbo, en el departamento de Arauca, en el sur del Meta y norte del Caquetá, en el bajo Putumayo, en el pacífico sur de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle y finalmente en el bajo cauca antioqueño. Podría afirmarse que en estos focos serían los lugares en donde la violencia tendría una tendencia a no disminuir en un periodo de pos negociación del conflicto armado y por lo tanto requeriría de mayor atención por parte del Estado y la Fuerza Pública para evitar que estos focos de violencia se reactiven.

¿Cómo las prácticas de guerra y la violencia de los actores armados han contribuido en la configuración de territorios en Colombia?

Hasta el momento se ha identificado que la afectación territorial por el conflicto armado en Colombia, en términos de intensidad y persistencia, ha tenido un comportamiento diferencial en los territorios. Haciendo un análisis de la persistencia en la intensidad por el conflicto armado en los municipios de Colombia en el periodo 1986-2015, se identifican dos patrones claramente definidos: 1. Municipios y regiones que presentan una persistencia alta en la intensidad del conflicto en todo el periodo considerado (1986-2015); y, 2. Municipios y regiones de Colombia que registran una afectación reciente por el conflicto armado (2002-2015). Es necesario precisar que se está teniendo en cuenta para este análisis exclusivamente la afectación alta por el conflicto; hay regiones en donde la afectación ha sido persistente pero con intensidad media, e incluso baja.

La figura tres (3) muestra claramente estos dos tipos de afectaciones en Colombia en el periodo 1986-2015. El primero corresponde a los municipios con afectación alta y persistente en todo el periodo de tiempo. Sobresalen con esta característica regiones como: El medio y bajo Putumayo; la región del Ariari y Macarena en el sur del Meta y norte del Caquetá; las proximidades de Villavicencio, San Martín y Acacías en el Meta; en Yopal y Aguazul en el centro de Casanare. En el occidente de Colombia sobresale por afectación alta y persistente el pacífico Valle Caucano, en Buenaventura.

En el norte del país, se destacan cuatro regiones que en su conjunto forman el corredor Catatumbo-Urabá. Estas regiones son el Catatumbo, en la frontera con la República de Venezuela en Norte de Santander; la región del Magdalena Medio, Sur de Bolívar y nordeste antioqueño; El Bajo Cauca Antioqueño; la región del Paramillo en Córdoba y Antioquia; y las región del Urabá Antioqueño y Chocoano en los límites con la frontera con la República de Panamá. Finalmente, con afectación alta y persistente, en el norte de Colombia, en la confluencia de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, se aprecia la región de la Sierra Nevada de Santa Marte y serranía del Perijá. Más hacia el norte próximo al litoral caribe, se destaca la región de los Montes de María, en los departamentos del Sucre y Bolívar.

En cuanto a la afectación municipal y regional por el conflicto armado reciente (2002-2015) en Colombia se identifican dos características fundamentales. La primera característica evidencia que municipios con afectación alta reciente por el conflicto armado, tienen relaciones de vecindad con regiones y municipios con afectación alta por el conflicto armado en todo el periodo estudiado. Esto puede estar relacionado a situaciones de vecindad propicias para la difusión de procesos de confrontación, en respuesta al cambio de la dinámica espacial derivado del incremento de la actividad armada de la Fuerza Pública en los gobiernos del Presidente Uribe, como consecuencia a la fallida negociación de Paz entre el gobierno del Presidente Pastrana y las FARC. Este caso es particular, como lo muestra la figura tres (3) en las regiones de los departamento de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guañía y Vichada. Esto es similar en la región del Bajo Cauca Antioqueño, que está rodeada de regiones con afectación persistente por el conflicto armado (ver figura 3).

La segunda característica de las regiones con afectación reciente por el conflicto, corresponde a aquellos territorios en donde la afectación es reciente y no hay relaciones de vecindad o continuidad espacial con regiones de afectación histórica. Es el caso en particular de todo el sur occidente colombiano, en los departamentos de Nariño, Cauca y sur del Huila; como también en el corredor de los departamentos del Chocó, Risaralda y Caldas (ver figura 3). Esta última característica de la afectación alta reciente por el conflicto armado está relacionada por el cambio en la dinámica espacial tras la fallida negociación de paz en el Gobierno del presidente Pastrana. Los cambios geoestratégicos relacionados con la ruptura de negociación de Paz con las FARC y el Gobierno de Pastrana y la lucha antinarcótica, definieron a partir del año 2002 la dinámica espacial del conflicto armado reciente (Salas, 2015).

La afectación territorial en el marco del conflicto armado reciente en Colombia no sólo es posible identificar por medio de la actividad armada de todos los actores que intervienen en la confrontación. La violencia generada por los actores del conflicto armado en contra de pobladores y comunidades, especialmente rurales, también permite identificar la manera en que estás prácticas de violencia, se enmarcan dentro de una lógica territorial de los actores del conflicto de control, dominio e incidencia territorial; y por lo tanto de configuración territorial.

La figura cuatro (4) muestra el mapa histórico de afectación territorial alta por violencia ejercida por los actores armados en el marco del conflicto en el periodo 1990-2015. La elaboración de este mapa consideró 10 variables o hechos victimizantes de los actores del conflicto armado: 1. Homicidios; 2. Desplazamiento; 3. Secuestro; 4. Masacres; 5. Despojo de Tierras; 6. Desaparición forzada; 7. Víctimas por minas antipersona; 8. Asesinatos de líderes comunitarios; 9. Sindicalistas y; 10. Autoridades locales. Se consideran los municipios con afectación alta y persistente en el periodo para cada variables; y en un ejercicio geo-estadístico y de álgebra de mapas se correlacionan las variables espacialmente para identificar los territorios donde la afectación en términos de victimización y humanitarios ha sido alta en el marco del conflicto armado.

Los resultados del ejercicio son verdaderamente sorprendentes y corroboran las dinámicas y tendencias espaciales identificadas anteriormente con el análisis del conflicto armado en términos de actividad armada. Si bien es cierto, las variables de victimización consideradas son distintas a las relacionadas con la actividad armada de los actores del conflicto armado, las tendencias espaciales identificadas previamente son las mismas. En efecto, la figura 4 así lo muestra.

En un nivel de escala más detallada, se pueden apreciaran la manera en que se correlacionan espacialmente la actividad armada y la violencia de los actores del conflicto, configurando la territorialidad de espacios tipificados como zonas o corredores del conflicto armado en disputa y con afectación humanitaria. Estás áreas geográficas de Colombia se caracterizan por representar un alto valor geoestratégico para los actores del conflicto armado, bien sea por ser un corredor de movilidad, por configurarse en una zona de protección y/o retaguardia por las características geográficas y ambientales, o por significar su control una posibilidad para la obtención de fuentes económicas; o todas o algunas combinaciones de las anteriores.

La figura cinco (5), muestra claramente las correlaciones de las territorialidades diversas en el marco del conflicto armado en el corredor Bajo Cauca Antioqueño-Nudo del Paramillo-Urabá. Las áreas de afectación histórica por el conflicto armado coinciden con áreas de cultivos de coca. Es el caso en los municipios antioqueños de Zaragoza, El Bagre, Nechí, Cáceres, Tarazá e Ituango. En Córdoba, San José Uré, Puerto Libertador y Tierra Alta. La alta intensidad por el conflicto armado en la región del Urabá Antioqueño no se explica por presencia de cultivos de coca, esta área es la punta del gran corredor que permite el acceso a la frontera con la República de Panamá y el acceso al mar Caribe y al océano Pacífico y por lo tanto es objeto de disputa y control por los actores del conflicto.

Esta figura también muestra correlación muy importante entre las zonas de afectación por el uso de minas antipersona y las áreas de influencia de los frentes territoriales de las guerrillas de las FARC y el ELN. En lo que respecta a las FARC, se aprecia que la concentración de frentes territoriales coincide con el registro de accidentes por estos artefactos explosivos, especialmente sobre el área geográfica del Nudo del Paramillo, en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia. El uso de minas antipersona en este corredor, no está orientado a la protección de cultivos de coca, como en algunos casos se ha afirmado. El uso de estos artefactos, especialmente por las guerrillas, busca salvaguardar las áreas geográficas de presencia de estructuras guerrilleras, dificultando el ascenso terrestre hacia la parte alta del área geográfica del Nudo del Paramillo.

En lo que respecta a la presencia municipal de estructuras delincuenciales y Bandas Criminales existe una correlación muy alta entre economías ilícitas, en particular cultivos de coca, y presencia de estos grupos. Sin excepción, donde hay cultivos de coca hay presencia de bandas criminales; en los lugares donde no hay cultivos y hacen presencia estas estructuras, como es el caso de los municipios del Urabá antioqueño, se explica por el control del corredor que tiene una gran importancia para la movilidad y rentas de las economías ilegítimas.

La figura cinco (5) también muestra algo muy revelador, que además ya algunos investigadores del fenómeno paramilitar y bandas criminales lo han referido: La distribución territorial de estructuras delincuenciales y bandas criminales no responde a una lógica contra insurgente, ni mucho menos a desarticular las estructuras territoriales de las guerrillas (Echandía, 2014). Así, se pone en evidencia que la presencia de Bandas Criminales en este gran corredor estudiado, está orientada al control de economías ilegales y de corredores estratégicos de movilidad afines a ellas; siendo este un patrón muy característico en otras áreas geográficas de Colombia.

Otro aspecto relevante en el análisis territorial de los actores armados en el corredor Bajo Cauca Antioqueño-Nudo del Paramillo-Urabá, es que la guerrilla de las FARC ha buscado el control territorial de la parte alta y muy alta del área geográfica del Nudo del Paramillo. Es por ello que no hay una relación tan estrecha entre estructuras territoriales de las FARC y cultivos de coca. Al contrario, las bandas criminales y delincuenciales, al igual que sus antecesores, las estructuras paramilitares, hacen presencia sobre regiones de baja ladera y planas del Nudo del Para millo, con cultivos de coca y explotación de minería ilegal.

¿Cómo se está preparando el Estado para consolidar un periodo de pos negociación y cómo piensa integrar el desarrollo a los territorios?

El actual proceso de negociación de paz no ha sido el único en la historia reciente de Colombia; tampoco ha sido el único intento por negociar la paz con las FARC y el ELN. Esta particularidad está relacionada con la hipótesis de que Colombia es un caso excepcional, que las condiciones colombianas son diferentes a otros conflictos internos, y que Colombia registra diversos conflictos en sus regiones con múltiples actores y fuentes de violencia (Chernick, 1996).

Una negociación de Paz con la guerrilla de las FARC, cada vez más inevitable; y con posibilidades de ampliarse con la guerrilla del ELN, cada vez más confusa por su poca voluntad; indudablemente representa una ruptura muy significativa en la historia reciente de Colombia. En este contexto, para la consolidación del momento histórico de pos negociaciones es necesario que el Estado, con todas sus instituciones y la sociedad en general inicien procesos de ajustes y cambios para salvaguardar y proteger, como en un capullo, el inicio de un nuevo orden social, político y económico de Colombia, que se materializaría en una paz duradera.

Así como la negociación de paz con la guerrilla del M19 (1990) trajo consigo significantes cambios para Colombia, se esperaría que esta negociación de paz con la guerrilla de las FARC y posiblemente con el ELN, también aporten lo propio. Es por ello que resulta pertinente preguntarse ¿Cómo se está preparando el Estado para consolidar este momento y cómo piensa llevar el desarrollo a las regiones después de la negociación de paz con las guerrillas?

Revisando las posturas y experiencias alrededor de lo que sería la consolidación de una fase de pos negociación de paz en Colombia, se pueden identificar fácilmente dos tendencias que dan pistas claras para poder responder las preguntas realizadas: Una tendencia tradicional que recoge lo que históricamente se ha hecho y con pocos resultados a largo plazo; y una tendencia más visionaria, que le apuesta a un enfoque territorial, con participación ciudadanía.

La primera tendencia parte de la hipótesis de que para acabar con el conflicto armado y sus formas de violencia en Colombia es necesario llevar el Estado a las regiones y así suplir las causas objetivas que le dieron origen y acabar con el conflicto armado. Esta postura ha estado presente históricamente en los distintos gobiernos en Colombia. En efecto, desde 1958 con Alberto Lleras Camargo, todos los presidentes colombianos sin excepción han tratado de llevar al Estado a las regiones en conflicto (López, C. 2013). La tabla uno (1), resume claramente todos los esfuerzos adelantados por los distintos gobiernos, con el propósito de superar el conflicto armado en Colombia, asumiendo la estrategia de llevar el Estado a las regiones para superar las causas objetivas que generaron el conflicto armado. De hecho, los municipios priorizados en el Plan de Consolidación de los gobiernos de los Presidentes de Uribe y Santos, ya fueron priorizados e intervenidos con el Plan Nacional de Rehabilitación, en los gobiernos de los Presidentes de Betancur, Barco y Gaviria.

La segunda tendencia le apuesta a fortalecer las regiones para alcanzar la paz, invocando el principio de que: el Estado colombiano ha intentado todo tipo de programas para llevar desarrollo a las regiones apartadas. Sin negar sus logros, creo que el modelo centralista, en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para "traer el Estado", se quedó sin aire" (Jaramillo, S. 2016).

Es así que surge el concepto de Paz Territorial.

Este concepto busca complementar el enfoque de derechos, con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz. Eso es lo que llamo la paz territorial. (Jaramillo, S. 2016)

Y se precisa.

Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. "Institucionalidad" entendida nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar. (Jaramillo, S. 2016)

Así las cosas, la apuesta por una paz territorial, considera la asimetría existente en los territorios colombianos como una consecuencia de la afectación y configuración territorial del conflicto armado y en consecuencia reivindica la reconstrucción del orden territorial como mecanismo privilegiado para alcanzar la paz.

No obstante la existencia de un marco conceptual de lo que es la Paz Territorial, aún quedan grandes dudas por resolver relacionadas especialmente con la estrategia para su implementación y los mecanismos a través de los cuales las comunidades podrían asumir el rol central que les corresponde. En particular, llama la atención la manera en que el Estado entraría a suplir las prácticas de poder que las guerrillas, el narcotráfico y las estructuras criminales han logrado instaurar en los territorios donde han hecho presencia histórica. ¿Cómo garantizar que las fuentes de financiación de los actores armados y en particular las de las guerrillas que están en proceso de negociación de paz (narcotráfico, minería ilegal, contrabando y posicionamiento de corredores estratégicos), no sean absorbidas por otros actores armados delincuenciales, tal y como sucedió con la desmovilización de grupos paramilitares y ascenso de Bandas Criminales?, ¿cómo incorporar a la ciudadanía y especialmente a pobladores rurales en una economía incluyente, en regiones que históricamente han tenido que vivir de la ilegalidad?, ¿cómo el Estado colombiano va a reemplazar las "prácticas de justicia y resolución de conflictos y convivencia" que los grupos guerrilleros han implementado en las zonas donde han hecho presencia históricamente?

Los acuerdos de la Habana alcanzados hasta el momento podrían ayudar a responder las inquietudes mencionadas, especialmente lo ya acordado en el punto uno (1), "Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integrada" (Borrador Conjunto, Acuerdo General. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integrada, 2014). En este punto se plantea la transformación del campo, mediante la implementación del de una Reforma Rural Integrada (RRI). Esta reforma está basada en el bienestar y buen vivir de la gente del campo a través de la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad e integración de las regiones, la seguridad alimentaria, la reactivación del campo, especialmente a la agricultura familiar, y el cierre de la frontera agrícola y protección de medio ambiente.

Para lograrlo, se definen tres estrategias: por un lado el acceso a la tierra; la definición de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integrada; y finalmente los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET (Borrador Conjunto, Acuerdo General. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integrada, 2014, pág. 9). Estos Programas tienen como objetivo lograr la transformación del campo y del ámbito rural de Colombia, pero se afirma que se deben "priorizar las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco del acuerdo" (Borrador Conjunto, Acuerdo General. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integrada, 2014, pág. 10). La priorización de estas zonas, deben hacerse teniendo en cuenta los siguientes criterios: municipios y regiones más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza, por la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas y con menor presencia institucional. Así, con la definición de estas áreas geográficas de Colombia, bajo los criterios establecidos, podrían ser algunos de los escenarios donde se implemente las acciones de la Paz Territorial; pues los PDET en sí mismo, reconocen el carácter asimétrico de las regiones en la afectación y configuración por el conflicto armado.

Sin asociarlos a la implementación de los PDET, algunas organizaciones han propuesto cuáles podrían ser los municipios en donde se debería concentrar el pos conflicto. En particular se destacan dos propuestas, una hecha por las Naciones Unidas en Colombia y otra hecha por la Fundación Paz y Reconciliación. No obstante, estas propuestas no las han asociado directamente con lo acordado en La Habana en el punto uno referente a la Reforma Rural Integrada y en particular no se han construido teniendo en cuenta los criterios definidos para la implementación de los PDET anteriormente referenciados, pero podrían dar un indicio que las áreas a intervenir en el pos conflicto, hasta tanto no se definan en los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación de paz en La Habana las regiones a priorizar en el pos conflicto.

Finalmente, es necesario reflexionar sobre otras acciones y medidas que el Gobierno nacional ha adelantado que a primera vista podrían indicar falta de sintonía y coherencia con lo acordado hasta el momento en la mesa de negociación de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana. En primer lugar es necesario hacer referencia a la muy polémica Ley 1776 del 29 de enero de 2016. Con esta ley se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- ZIDRES. Corresponde a zonas especiales de aptitud agropecuaria, ubicadas en el territorio nacional, aisladas de los centros urbanos más significativos, que demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, y por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar. Si bien es cierto, aún las zonas no se ha definido, ¿cómo se concilian las Zidres con aquellas regiones de Colombia que cumplan con las características establecidas en el punto uno de la Habana y que podrían ser priorizadas en los PDET, como es el caso de regiones de la altillanura colombiana?

También llama poderosamente la atención la definición de categorías de ruralidad que ha propuesto el equipo de la Misión para la Transformación del Campo. La misión, tiene como propósito definir los lineamientos de política pública para contar con un portafolio robusto y amplio de políticas públicas e instrumentos con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión pública para el desarrollo rural y agropecuario en los próximos 20 años, que ayuden a transformar el campo colombiano (DNP, 2016). Así, se ha hecho una propuesta de entender lo rural en Colombia, que busca identificar algunas diferencias de las zonas rurales en el país, con el fin de dar un nuevo marco para el establecimiento de políticas públicas y reconocer a los pobladores que habitan estas zonas (Misión Para la Transformación del Campo, 2014). Se definen en total cuatro categorías de ruralidad de municipios para Colombia. Llama la atención que municipios como Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Buenaventura (Vale del Cauca), Quibdó (Chocó), presenten la misma tipología de ruralidad de municipios como Bogotá, Cali y Medellín. ¿Cómo las categorías de ruralidad se articularán adecuadamente con la Reforma Rural Integrada definida en los acuerdos de paz?

Conclusiones

• El conflicto armado ha generado un impacto innegable en la configuración de los territorios colombianos en las última tres décadas. El cual, se manifiesta principalmente en la creación de estructuras de micro-poderes necesarias para los distintos actores del conflicto en función de consolidar sus operaciones ilegales, aumentar el poder económico y coaccionar la voluntad política de las comunidades; consolidando así una estrategia de territorialidad que incluye el ejercicio de la violencia para mantener esta hegemonía.


• La incidencia del conflicto armado en la configuración de los territorios está relacionada por el hecho de corresponder a áreas geográficas de Colombia que se caracterizan por representar un alto valor geoestratégico para los actores del conflicto armado; bien sea por ser un corredor de movilidad, por configurarse en una zona de protección y/o retaguardia por las características geográficas y ambientales, o por significar su control una posibilidad para la obtención de fuentes económicas; presentándose la combinación de algunas o todas las anteriores posibilidades.


• Existe una correlación muy alta entre territorios afectados históricamente por la actividad armada de los actores del conflicto armado y los territorios con mayor registro de eventos violentos. Así, estas dos variables, actividad armada-violencia, son dos elementos centrales en la configuración territorial por el conflicto armado en Colombia y que contribuyen en la reconfiguración del poder en el territorio. Las evidencias empíricas demuestran por ejemplo una alta coincidencia entre estas dos variables en territorios como el Bajo Putumayo; el entorno geográfico de la Antigua Zona de Distensión en los límites de los departamentos del Meta y Caquetá; el departamento de Arauca; el corredor fronterizo con la República de Venezuela, desde Arauca, la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Serranía del Perijá (Cesar); y los entornos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así mismo, el corredor estratégico de la Frontera con Venezuela, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca antioqueño, el Nudo del Paramillo y el Urabá antioqueño y chocoano. Esta misma característica para Montes de María (Sucre-Bolívar); y en el Pacífico en el Valle del Cauca y el Pacífico nariñense. Finalmente, la confluencia de los municipios del Sur del Tolima-Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.


• La consolidación de un proceso de pos negociación bélico con las guerrillas, como tránsito hacia la paz, exige el reconocimiento tácito de los territorios como los escenarios y teatros de operaciones de la guerra; en donde el poder local ha sido reconfigurado y sus habitantes se convirtieron en los receptores directos del impacto derivado de este conflicto, inclusive de las formas de violencia diversas resultantes. Este reconocimiento de la afectación territorial del conflicto armado supone que para la consolidación de una Paz Territorial se deban implementar estrategias distintas a las que históricamente el Estado ha desarrollado sin alcanzar las transformaciones deseadas.


• El paradigma tradicional de llevar al Estado a las Regiones, ha demostrado ser ineficiente en la transformación de los micro poderes hacia el desarrollo. Contrario, ha sido muy eficiente en mantener un clientelismo estatal centralizado, con altos niveles de corrupción y con resultados a mediano y largo plazo ineficientes. Las estrategias definidas para la consecución de la paz territorial deben evitar a toda costa que los actores armados, narcotraficantes y grupos hegemónicos regionales y locales, pretendan un fortalecimiento económico que podría derivar en una disputa por el poder local-regional, tal y como ya ha sucedido con las reformas políticas, económicas, fiscales y administrativas tomadas. Es esta tal vez, ésta la principal amenaza que enfrenta en la actualidad la consolidación de la paz a partir de la reconstrucción territorial.


• Es necesario que el Estado y la sociedad comprendan que el concepto de territorio no se limita a una unidad político administrativa o al municipio. El territorio implica poder sobre el espacio más allá de una frontera administrativa. Una propuesta de pos negociación es ineficiente si no transforma los poderes territoriales creados en un conflicto, hacia una propuesta de desarrollo incluyente. El modelo territorial y político administrativo de Colombia en la actualidad, representa un momento de la historia caracterizado por un Estado colonialista, inequitativo y afectado por la violencia y el conflicto armado. La búsqueda y consolidación de una paz verdadera exige un nuevo orden territorial que permita un modelo político económico incluyente. El sistema político no ha permitido concretar un nuevo ordenamiento territorial definido en los ideales de la constitución del 1991. En la coyuntura actual socio-política, económica y de negociación del fin del conflicto armado, es el momento propicio para retomar la necesidad de plantear a la sociedad y el Estado un ordenamiento territorial, acorde a las dinámicas ambientales, culturales y sociopolíticas de las regiones, como una condición para alcanzar la paz.

Notas

¹ El artículo es el resultado de la investigación en dinámicas territoriales del conflicto armado colombiano del grupo de investigación GEOURBE del departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C.

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