Introducción: probar la pertinencia de tres conceptos
Los desastres socionaturales son un factor clave en la reconfiguración de las ciudades chilenas actuales. Estos han cumplido un papel fundamental en catalizar diversas transformaciones urbanas recientes, con implicaciones irreversibles sobre la composición socioeconómica de las ciudades (Rasse y Letelier, 2013), particularmente debido a la forma que adoptan los procesos reconstructivos.
El objetivo de este artículo es poner a prueba la pertinencia de las nociones de aceleración, desplazamiento y relegación para observar los procesos de transformación urbana que se producen con posterioridad a la ocurrencia de un desastre socionatural. La exhaustiva revisión de bibliografía efectuada y el análisis de un caso empírico nos llevan a proponer que dichos conceptos permiten incrementar nuestra capacidad comprensiva y nuestro potencial crítico sobre la forma que adoptan actualmente los procesos de reconstrucción en Chile.
Desde nuestro punto de vista, los procesos de reconstrucción posdesastres se han convertido en verdaderos catalizadores de la transformación urbana de sello neoliberal (Theodore, Peck y Brenner, 2009), a través de la puesta en acción de una mezcla que incluye asociaciones público-privadas, adecuación circunstancial de instrumentos de política de vivienda, y urgencia en la atención de víctimas y damnificados. En este sentido, los procesos de reconstrucción llevados a cabo desde las décadas finales del siglo XX en ciudades chilenas son vistos como oportunidades para el mercado y la capitalización de intereses privados (Inzulza y Díaz, 2016; Rasse y Letelier, 2013; Contreras y Beltrán, 2015).
Sin embargo, los resultados globales de estas intervenciones de shock que buscan capitalizar el desastre (Klein, 2007) no han sido suficientemente conceptualizados, principalmente, debido a que la atención ha estado puesta en áreas de la ciudad tradicionalmente apetecidas por el capital inmobiliario, aunque los procesos de gentrificación y renovación urbana posdesastre de áreas centrales han adquirido una visibilidad creciente (Inzulza y Cárdenas, 2017; Inzulza y Díaz, 2016; Davis, 2005). No obstante, son escasas las investigaciones que han atendido a las transformaciones postdesastre que afectan a territorios relegados del desarrollo urbano, invisibilizando las operaciones inmobiliarias y estatales que ocurren allí.
En este sentido, continuamos la senda marcada por Contreras y Arriagada (2016) con la noción de reconstrucción exclusionaria, pero buscamos dar mayor precisión y profundidad al análisis, en la medida en que las poblaciones intervenidas no son necesariamente excluidas de las soluciones ofrecidas por el Estado, sino que, más bien, son beneficiarias de la intervención concertada entre el Estado y el mercado tras la ocurrencia de un desastre socionatural (González, 2017; Concha-Saldías et al., 2015; Letelier y Boyco, 2011). Proponemos que esa intervención tiene consecuencias de relegamiento.
Apoyándonos en el estudio del megaincendio que afectó a la ciudad de Valparaíso en abril de 2014, intentaremos mostrar que hay tres conceptos clave para entender las transformaciones urbanas que se producen en el marco de los procesos de reconstrucción posdesastre. Primero, la noción de aceleración, que permite dar cuenta de los principios que conducen el actuar público-privado luego de la tragedia, a modo de capitalizar económica y políticamente la coyuntura del shock.
Segundo, la noción de desplazamiento, puesto que el funcionamiento del capitalismo urbano actual requiere del movimiento y circulación de capitales y de personas, y de la recomposición de territorios. Tercero, la noción de relegación, ya que la ciudad contemporánea, en tanto nodo de activación del capitalismo global, opera confinando a la población de menores ingresos.
En el plano metodológico, el material de base para este artículo surge de una investigación realizada entre los años 2015 y 2017 en los cerros afectados por el megaincendio de 2014 en la ciudad de Valparaíso y en el conjunto habitacional Villa El Quillay, en la ciudad de Villa Alemana, lugar al que fue desplazada la población afectada por el incendio. Se seleccionó este caso por ser una de las soluciones más rápidas que se dio a los damnificados, ya que, a cuatro meses de ocurrido el incendio, el conjunto se encontraba habitado. No obstante, a pocas semanas de instalarse en sus casas, el conjunto cobró relevancia pública al aparecer en reportajes de prensa debido a los daños causados en las casas por las lluvias del invierno y el descontento en que se encontraban sus habitantes. La investigación adoptó una orientación etnográfica e involucró la aplicación de diversas técnicas de producción de información: entrevistas en profundidad (10), recorridos comentados (15) y jornadas de observación (70). En el caso particular de Villa el Quillay, también se efectuaron reuniones informales (10) y jornadas de intercambio con los habitantes (2).
Comenzaremos desarrollando una discusión teórica donde se vinculan los conceptos de aceleración, desplazamiento y relegación con los procesos de reconstrucción posdesastres. En la segunda parte, analizaremos el caso de relocalización de damnificados de bajos ingresos desde Valparaíso hacia Villa Alemana, dando cuenta de las estrategias políticas y económicas de diversos agentes involucrados en el proceso. Finalmente, presentaremos las conclusiones destacando el vínculo entre desastres socionaturales y transformaciones urbanas recientes.
Tres claves conceptuales para entender la reconstrucción
Aceleración en la intervención público-privada
La noción de aceleración fue propuesta por Harmut Rosa (2011) como una de las claves conceptuales para entender la modernidad. Rosa indica que la aceleración se manifiesta como aceleración tecnológica, pero también como aceleración del cambio social y del ritmo de vida. De acuerdo con el autor, la aceleración tiene entre sus principales factores causales al propio capitalismo, en la medida que conecta crecimiento con aceleración tras la búsqueda del incremento en la producción y en la productividad.
Al ser una dinámica transversal a la vida moderna, la aceleración no solo se manifiesta en el ámbito económico, sino en otros dominios, particularmente en el ámbito político, donde es experimentada de un modo paradójico, ya que, mientras los procesos deliberativos -necesarios para la democracia- exigen tiempo y son muy difíciles de acelerar, otros ámbitos de la vida social imponen exigencias de aceleración al ámbito político, disminuyendo el tiempo disponible para tomar decisiones. Esto hace que los políticos se vean enfrentados permanentemente al riesgo de anacronismo en sus decisiones y redunda en que se instale la visión de que "cada vez menos cosas se pueden regular de forma duradera y efectiva" (Rosa, 2011: 39), lo que vuelve a la política "situacionalista" y desprovista de un horizonte de sentido.
En esta perspectiva y reinterpretando la propuesta de Rosa (2011), proponemos que, en los procesos de reconstrucción posdesastre, se observa en el sector económico un incremento de la producción y productividad, implicando la aceleración en la captación de la plusvalía, mientras que en el sector político se produce un productivismo decisional sin sentido ideológico, orientado a la captación coyuntural de las preferencias electorales (el voto).
En el caso de los procesos de reconstrucción, consideramos que la aceleración emerge como una urgencia para atender a la población afectada, convirtiéndose en un imperativo de acción inmediata que merma las posibilidades de deliberación, de evaluación de opciones y de ponderación de escenarios alternativos tras la búsqueda de la satisfacción de potenciales electores.
Visto así, el proceso de reconstrucción marcado por la urgencia tiende a generar una dinámica de asimilación entre los sectores económico y político, una suerte de afinidad estructural, instalando en ambos una lógica productivista y de incremento de la ganancia específica. Esto refuerza la idea según la cual existe una falsa distinción entre Estado y mercado (Bourdieu, 2001). En definitiva, no se trata solamente de un actuar conjunto o concertado, sino de uno acelerado y sincronizado para conseguir la mayor rentabilidad económica y política, situación que se agudiza en contextos posdesastre (Klein, 2007), acentuando el modelo mercantil de producción del espacio urbano contemporáneo, denominado por Harvey (2007) como empresarialismo urbano.
Más aún, para el caso del mercado de la vivienda, Bourdieu (2001) plantea que el Estado es el encargado de darle forma a la demanda, pero, a su vez, los privados tienen una fuerte influencia sobre las políticas que diseña e implementa el Estado. Esta situación se agudiza en contextos de reconstrucción posdesastre donde el Estado, a través de instrumentos como los subsidios de reconstrucción, crea una demanda y, por medio de procedimientos menos tipificados -como la presión de funcionarios públicos sobre los damnificados-, contribuye a conectarla con la oferta de los privados (Letelier y Boyco, 2011).
La crisis generada por el desastre se vuelve una situación idónea para el actuar acelerado, concertado y sincronizado entre el Estado y el mercado, y para producir, en el marco del proceso de reconstrucción, transformaciones urbanas que hubiesen sido más lentas y complejas de producir en contextos regulares. Ello debido a que el actuar acelerado permite ocultar, dentro de la reconstrucción, transformaciones urbanas que implican situaciones conflictivas, como el desplazamiento de población de bajos ingresos.
Desplazamiento: una herramienta para la maximización de la plusvalía
El desplazamiento de población de bajos ingresos es un proceso intrínseco de la producción urbana capitalista (Janoschka, 2016). En contextos de reconstrucción posdesastres este proceso suele estar estrechamente vinculado a la producción de nuevas viviendas (Rasse y Letelier, 2013; Contreras y Beltrán, 2015; Inzulza y Cárdenas, 2017). La destrucción material generada por el desastre condiciona la reparación y construcción de nuevas viviendas para dar cobijo a los damnificados. Al respecto, Delgadillo (2015: 12) señala que los desastres socionaturales son oportunidades para dinamizar el mercado inmobiliario y "'solucionar' el problema de los pobres en las periferias urbanas, a través de ayudas públicas".
En Chile, el principal mecanismo de reconstrucción poscatástrofes se basa en la entrega de subsidios habitacionales para los damnificados, los mismos subsidios regulares que se vienen implementando desde hace más de cuatro décadas como mecanismo de acceso a la vivienda. Esto se ha traducido en un dispositivo de financiamiento público que, mediante la entrega de subsidios, apoya económicamente a los beneficiarios, subvenciona la demanda de vivienda y garantiza la oferta habitacional producida por empresas privadas, al mismo tiempo que asegura la participación de los bancos que financian los créditos de los postulantes a subsidios (Rodríguez y Sugranyes, 2004).
En consecuencia, la dirección de los procesos de reconstrucción queda en manos de desarrolladores inmobiliarios privados, quienes, desde criterios de rentabilidad económica, deciden dónde localizar la oferta de vivienda para grupos de bajos ingresos. Se vuelve más atractiva la construcción de conjuntos de vivienda social en las periferias de las ciudades en aquellos sectores donde el suelo es más barato y donde los equipamientos, servicios, infraestructuras y redes de transporte suelen ser precarios e, incluso, inexistentes (Ducci, 1997). Así, diferentes actores dominantes aprovechan la oportunidad abierta por el desastre socionatural para desplegar sus posibilidades de negocios, para reordenar la estructura socioterritorial o para reforzar su control territorial (Blanco y Apaolaza, 2016).
Refiriéndose al caso de Talca posterremoto de 2010, Letelier y Boyco (2011) señalan que en el proceso de reconstrucción importaron sólo dos cosas: (1) incorporar nuevas existencias de suelo urbano a la actividad inmobiliaria; y (2) vincular, a través de los subsidios estatales, la demanda de vivienda por parte de los damnificados con la oferta de vivienda barata producida por el mercado inmobiliario. Esto último se ha traducido en un desplazamiento subsidiario masivo de clases populares desde el centro histórico de la ciudad hacia la periferia (Inzulza y Cárdenas, 2017).
Janoschka (2016) plantea que los procesos de desplazamiento deben ser comprendidos simultáneamente como: (1) proceso material de índole económico-financiero, caracterizado por la aplicación de la racionalidad económica del mercado inmobiliario; (2) proceso político, relativo a la validez legal y política-administrativa del proceso del desplazamiento, en el que el Estado cumple un rol fundamental; (3) proceso simbólico, donde las subjetividades y las relaciones de poder se revelan; y (4) proceso psicológico, que se manifiesta como efecto en la escala individual de los desplazados (alienación, dislocación, entre otros).
Sin poner en cuestión la pertinencia de la propuesta, cabe sugerir que la separación de los puntos 1 y 2 no resulta tan clara a nivel empírico. En efecto, no se trata sólo de la aplicación de la racionalidad económica del mercado inmobiliario (punto 1), sino que de la maximización acelerada de la plusvalía; así como tampoco de un rol puramente legitimador (punto 2), sino de la injerencia activa y de la intervención maximizadora de la rentabilidad política. Así, el desplazamiento de población de bajos ingresos es un proceso intrínseco de la producción urbana capitalista porque constituye un requisito básico del funcionamiento acelerado de la acumulación de capital económico y político.
Si, como plantea Daher (1991: 285), la "renta del suelo urbano es una renta de externalidades variables en el tiempo, de factura eminentemente social", el desplazamiento acelerado es la herramienta que posibilita la captación de la rentabilidad, apoyándose en la variación temporal y espacial de las distintas de externalidades.
Por otra parte, los aspectos simbólicos y psicológicos son una consecuencia ineludible de la forma capitalista y neoliberal de desplazamiento porque, como veremos a continuación, este adopta la forma de la relegación y no de un simple movimiento en el espacio urbano. En efecto, como plantean Blanco, Bosoer y Apaolaza (2014: 50), los desplazados
suelen ser obligados a dirigirse hacia lugares con menor accesibilidad, más lejanos a los empleos que ya tienen o a las áreas de empleo donde podrían encontrar trabajo, probablemente con menores alternativas de acceso a centros de servicios y desarmando las redes sociales tejidas en el barrio de residencia.
Esto equivale a decir que son trasladados a lugares que presentan las características propicias para convertirse en espacios de frustración, de estigmatización y de vivencia subjetiva del daño, en otras palabras, territorios de relegación.
Relegación: posicionamiento urbano y vivencia subjetiva
De acuerdo al diagnóstico de Wacquant (2001; Wacquant, Slater y Pereira, 2014), las ciudades postindustriales experimentan en la actualidad una situación de "marginalidad avanzada" y de pobreza ascendente. Si bien se trata de un análisis propuesto para las sociedades del primer mundo, parece plausible recuperar algunos de sus elementos centrales, particularmente, la "dinámica espacial" que caracteriza dicho régimen.
En efecto, para Wacquant (2001), la situación de "marginalidad avanzada" es producida por cuatro lógicas estructurales: (1) el resurgimiento de la desigualdad social en un contexto mundial de avance y prosperidad económica; (2) las mutaciones del trabajo asalariado, combinando eliminación de los empleos y la degradación de las condiciones de trabajo; (3) la desarticulación del Estado de bienestar y; (4) una lógica de carácter especial, de nominada lógica de concentración y estigmatización, que remite a la tendencia observable en las ciudades actuales a conglomerar la marginalidad en áreas específicas, casi inabordables por parte de la política pública y fuertemente estigmatizadas.
La conceptualización de la marginalidad propuesta por Wacquant instala al Estado como un agente causal fundamental para entenderla, el cual interviene sobre la intensidad material y la densidad geográfica de la miseria "mediante una multitud de programas administrativos y fiscales" (Wacquant, 2001: 176).
Por supuesto, no se trata del actuar del Estado en solitario, sino, por el contrario, de la concertación público-privada. La articulación entre el Estado y el mercado no remite sólo a la búsqueda de la maximización de la plusvalía, sino a producir abandono y relegamiento de las zonas marginales, puesto que ambos se retiran de manera conjunta de los territorios en que se encuentra ubicada la población de menores ingresos de la ciudad: los llamados "parias urbanos" (Wacquant, 2001).
La nueva marginalidad avanzada se basa en el aislamiento espacial, la fijación y estigmatización territorial, la pérdida de un entorno viable, y la fragmentación de poblaciones marginadas de donde desaparecen los sindicatos, las organizaciones comunales y los partidos políticos de izquierda (Wacquant, Slater y Pereira, 2014). De esta forma, los barrios pobres dejan de tener su capacidad protectora de paisaje familiar y espacio de ejercicio de la mutualidad y la actividad colectiva, y pasan a convertirse en lugares en que se ponen en marcha estrategias de distanciamiento que erosionan aún más la solidaridad social. En este sentido, la marginalidad avanzada es una situación de profunda relegación espacial y social.
Resultados
La ciudad de Valparaíso se encuentra en la costa central de Chile. Actualmente es la tercera ciudad más poblada del país, luego de Santiago y Concepción, con 296.655 habitantes, según el Censo de 2017 (República de Chile, 2017). Posee una geografía peculiar, dado que consta de un sector plano más bien reducido, llamado por sus habitantes "el plan", que se encuentra rodeado de cerros y quebradas que enfrentan el océano Pacífico. Es en estos cerros que habita la mayor parte de la población de la ciudad.
En abril de 2014 los cerros de Valparaíso se vieron afectados por el incendio urbano más grande de su historia. Aproximadamente 3.000 viviendas fueron destruidas y 12.000 personas quedaron damnificadas en los cerros El Litre, La Cruz, Mariposas, Merced, Ramaditas, Rocuant y Las Cañas. Estos cerros se han caracterizado por tener una relativa cercanía a los centros de servicios de Valparaíso y porque más del 50% de su población pertenece a los estratos socioeconómicos D y E, los estratos más pobres en Chile (MINVU, 2014).
Para dar respuesta a la catástrofe y solución habitacional a los afectados, el Estado optó por entregar subsidios habitacionales a las familias. En la práctica, las opciones de subsidio fueron dos:2 (1) adquirir una vivienda nueva o usada, utilizada por el 60% de los beneficiarios; o (2) construir en sitio propio, usada por el 40% de los beneficiarios (MINVU, 2016). Para comenzar la reconstrucción y ejecutar la entrega de viviendas con subsidio, el Gobierno ofreció vivienda en cuatro conjuntos habitacionales, todos ellos en las afueras de Valparaíso. Uno de estos conjuntos fue Villa El Quillay, ubicado en la ciudad y comuna de Villa Alemana, a 23 km de Valparaíso.
En Villa El Quillay fueron relocalizadas 263 familias provenientes de diversos cerros afectados. Pese a sus orígenes diferentes, la pobreza es un rasgo en común entre los desplazados, ya que, de acuerdo a la Ficha de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, el puntaje promedio de los damnificados que adquirieron vivienda en Villa El Quillay es de 8,680 puntos, vale decir, que se ubican en el primer y segundo quintil de vulnerabilidad.3 Además de pertenecer a los grupos más vulnerables de población, el 94% de los beneficiarios de vivienda en Villa El Quillay era no-propietario previo al incendio, condición que parece repetirse en procesos de desplazamiento de la población de bajos ingresos.
Finalmente, el tiempo de entrega de la vivienda fue expedito en comparación con otros procesos de reconstrucción, dado que el conjunto habitacional Villa El Quillay se encontraba construido previo al incendio, por lo tanto, la capacidad de respuesta de la inmobiliaria fue inmediata. Sin embargo, la forma en que llegó a considerarse a Villa El Quillay como un "conjunto de reconstrucción" ha generado cierta suspicacia entre sus vecinos. El proyecto consistía originalmente en viviendas de "precio libre" para grupos de clase media-baja. Sin embargo, en el momento de la catástrofe, era muy escasa la venta de sus unidades de vivienda. Tras el incendio, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) "compró" el conjunto, permitiendo el retorno inmediato de la inversión para la inmobiliaria.
Esta villa era un condominio que estaba destinado a gente de nivel medio hacia arriba y, por razones equis, el Delegado Presidencial negoció con la constructora-inmobiliaria. Usted sabe que aquí 'en Chile se cuecen habas'. Lo mismo que yo soy el delegado presidencial y usted es dueño de la constructora y de la inmobiliaria. Yo le digo: "yo tengo 300 familias pa' usted". A usted no le interesa que se haya quemado Valparaíso, a usted le interesa que se le paguen las casas, es un negocio (Damnificado, habitante de Villa El Quillay).
El relato de los habitantes pone en evidencia la negociación entre el SERVIU y la inmobiliaria desarrolladora de Villa El Quillay, en la que el Estado disminuye al máximo el riesgo de inversión de la inmobiliaria, al mismo tiempo que permite entregar una solución habitacional rápida a los damnificados, pero en la periferia de Villa Alemana. Se actúa con celeridad para propiciar el desplazamiento de la población afectada. En este sentido, el desastre se presenta como una oportunidad de concretar una operación inmobiliaria riesgosa, al mismo tiempo que permite valorizar el capital en zonas antes relegadas.
Yo siempre les dije que no se vayan. Luchemos. Si lo que quieren estos hueones es que nosotros, la gente, todos se vayan a lugares que ellos ya tienen construidos. ¿Cachai o no? Lugares que están botados hace años y ahora se les ocurrió que podían ser buenas poblaciones y les pusieron un nombre. ¿Cachai o no? Y así quieren que vaya saliendo gente de acá pa' urbanizar allá (Damnificada, habitante del cerro La Cruz).
Para concretar el proceso de relocalización de la población en viviendas previamente construidas por el mercado inmobiliario, se desplegaron estrategias políticas y económicas para facilitar el desplazamiento. La presión por desplazamiento (Marcuse, 1985) por parte de funcionarios SERVIU habría sido una de ellas, tal como evidencia el siguiente testimonio de una damnificada:
acá han hecho correr el rumor que los subsidios se acabarán. ¡Pero no! No se pueden terminar, todos tenemos un derecho. Del mismo SERVIU empezaron a decir que si nosotros no aceptábamos eso [el desplazamiento], el subsidio se terminaba (Damnificada, habitante del cerro La Cruz).
La cita anterior pone en evidencia cómo aceleración y presión por desplazamiento habrían actuado de forma conjunta. En efecto, la presión por desplazamiento efectuada por funcionarios SERVIU sería una estrategia para acelerar, mediante la entrega de subsidios, el acceso a las viviendas construidas por empresas inmobiliarias. De este modo, se otorga validez legal al proceso de desplazamiento, mostrando su dimensión política (Janoschka, 2016) y su sincronización con los requerimientos del mercado, tal como indicamos anteriormente. Con ello es posible, por una parte, sumar cifras globales al proceso de reconstrucción, debido a la aplicación de mayor número de subsidios, así como completar el emprendimiento habitacional de la inmobiliaria desarrolladora de Villa El Quillay. En definitiva, capitalizar política y económicamente el desastre.
El desplazamiento es acelerado a través de una actuación política que busca reducir el espectro de posibilidades de elección de los damnificados, extremando la capacidad de "orientar las preferencias de los agentes" (Bourdieu, 2001: 107). Esto equivale a decir que las personas afectadas sufren presiones para acelerar su proceso de decisión, pero también son excluidas de la oferta de vivienda nueva bien localizada.
Las 265 familias que somos de Valparaíso, de diferentes cerros, fuimos acarreados por una estrategia política, donde el delegado presidencial se presentó en la Junta de Vecinos, en los albergues - que fue el caso mío porque yo estuve albergado en el Estadio O'Higgins - y nos ofrecieron, y querían desalojar los albergues y se habló del Quillay como única alternativa en el año 2014 [...] No llegué aquí porque fue una acción mía, porque aquí me gustó. [Llegué] Porque a mí se me impuso [...] por eso llegué aquí, no había otra alternativa. Era sí o sí el Quillay (Damnificado, habitante de Villa El Quillay).
De esta manera, se evidencia la involuntariedad en el proceso de desplazamiento, lo que se vincula estrechamente con el desplazamiento exclusionario (Marcuse, 1985). Las soluciones habitacionales para damnificados no-propietarios del primer y segundo quintil de vulnerabilidad no se ofrecieron en sus cerros de proveniencia, ni en zonas aledañas. La oferta formal de vivienda a la cual podían acceder, dada su triple condición de vulnerabilidad: damnificados, pobres y no-propietarios los dejaba sin la posibilidad de elegir dónde vivir y de acceder a una solución habitacional en sus cerros de origen. La opción que les quedaba era aceptar la oferta que produjo el mercado inmobiliario en la periferia de Villa Alemana y que les alcanzaba para comprar con el subsidio de 900 UF4 entregado por el SERVIU.
Es complicado que la gente se desarraigue tan rápido, uno tiene su hábitat. Entonces, es re complicado que a ti te saquen de tu hábitat, de donde has vivido toda la vida, donde tienes tus amigos, tu familia, tienes todo cerca. En Valparaíso es todo cerca. Es complicado (Daminificada, habitante del cerro La Cruz).
En una dirección similar se encuentra el testimonio de una vecina que contaba cómo, a semanas de haber llegado a la Villa, no conseguían que el servicio de recolección de basura recogiera los residuos domiciliarios. Tuvieron que acudir a la Municipalidad en reiteradas ocasiones e, incluso, amenazar con una protesta callejera para conseguir acceder a un servicio básico como el aludido. Mencionaban que en el Municipio los trataban como si no fueran habitantes de la ciudad y que les decían "porteños", es decir, habitantes del puerto de Valparaíso, pero en un sentido despectivo.
El relato resulta relevante porque muestra cómo el desplazamiento espacial y social a una zona de relegación tiene una serie de implicancias en la vida cotidiana de la población desplazada. La cercanía a los diversos servicios y equipamientos en Valparaíso es comprendida como una forma relativa de integración a la ciudad, lo que se ha perdido en la localización periférica actual en Villa Alemana. Pero, además, esa falta de integración es resentida en el plano subjetivo y psicológico (Janoschka 2016), es experimentada como un verdadero "efecto de lugar" que erosiona la autoestima. "A nosotros nos acarrearon y nos botaron como ovejas sin pastor aquí", afirmaba un damnificado, habitante de Villa El Quillay.
Junto al desplazamiento físico, esta cita representa la experiencia subjetiva de relegamiento, de abandono, de soledad. Para el Estado chileno, el proceso de reconstrucción termina con la entrega de la vivienda, como si no existieran otras dimensiones de la relocalización que es necesario atender, como las laborales, sociales y psicológicas. El desplazamiento adopta la forma de relegación porque, justamente, no considera el espacio de la relocalización como un nodo para participar de una red de servicios, infraestructuras y recursos, sino, simplemente, como una casa. Esta situación se agudiza aún más con la mala calidad de las viviendas y sus constantes inundaciones, y el abastecimiento deficiente de bienes y servicios básicos en el entorno. En este sentido, la forma de reconstrucción "viviendista" es, inevitablemente, una reconstrucción que genera relegación puesto que no busca reactivar, de modo planificado, los recursos y capacidades de los beneficiarios, sino que se limita a pensar que el único requerimiento que tienen es el objeto vivienda.
La misma orientación "viviendista", pensada ahora a nivel estructural, nos muestra que en los procesos de reconstrucción donde se capitaliza el desastre, la transformación urbana no se limita a la zona afectada por la catástrofe, sino que sus repercusiones se expanden hacia otros territorios y centros poblados, como es el caso de Villa Alemana: una ciudad que, sin ser afectada por el incendio, es receptora de habitantes desplazados, lo que implica una operación inmobiliaria para rentabilizar las existencias de vivienda disponibles. Esa operación no tiene en consideración ninguna variable territorial y deviene, a nivel urbano, en un ejercicio de adición periférica de lotes de vivienda básica que no atiende la existencia de equipamientos, servicios y recursos.
La oferta de vivienda social producida tras el incendio de 2014 para las clases populares no-propietarias, los llamados "pobres de Valparaíso", se ha localizado en ciudades periféricas de la región como Villa Alemana, Quilpué o San Felipe. Esto merece una atención urgente por parte de la política pública chilena, pues "los pobres de Valparaíso", que durante décadas han estado relegados a la construcción informal en algunos cerros de la ciudad, son ahora expulsados de la oferta formal de vivienda y, ni siquiera, tienen cabida en sus propios cerros, en su propia ciudad.
Conclusiones
En este artículo hemos descrito las transformaciones socioespacíales generadas en el proceso de reconstrucción posterior a un desastre socionatural específico: el incendio de Valparaíso de 2014. Hemos intentado mostrar la pertinencia y plausibilidad de utilizar las nociones de aceleración, desplazamiento y relegación para dar cuenta de las implicancias del proceso, en el entendido de que ellas entregan mayor precisión y claridad para entender aspectos no siempre atendidos en la bibliografía actual sobre este tipo de fenómenos.
Nuestro relato ha indicado que los desastres se convierten en el entorno propicio para el despliegue de estrategias de acción acelerada, entre las que el desplazamiento de población de bajos ingresos constituye una constante. Ese desplazamiento generalmente implica la instalación de esta población en zonas periféricas, desprovistas de servicios y sin vinculación a fuentes de empleo lo que termina convirtiéndose en una forma de confinamiento y relegación. Uno de los aspectos fundamentales para que esto último ocurra consiste en el carácter eminentemente "viviendista" que adoptan los procesos de reconstrucción, puesto que se reduce una problemática compleja y multiforme a la existencia de un satisfactor descontextualizado: una casa.
Aquí hay un problema importante para la planificación territorial, particularmente en procesos de reconstrucción posdesastres, puesto que la disponibilidad de vivienda, o la posibilidad física y material de construirla, no se condice con la capacidad de las ciudades receptoras para ofrecer transporte, infraestructuras, oportunidades laborales y desarrollo social a la población damnificada.
Más aún, la desconsideración de estos aspectos y, especialmente, de la relevancia de recomponer la cotidianeidad de los damnificados, contribuye a incrementar su percepción de relegamiento.
La reconstrucción no termina con la provisión de vivienda. Bajo el discurso de la urgencia en la reconstrucción y del acceso a la vivienda en propiedad, se contribuye a legitimar y normalizar los procesos de intervención acelerada a través de los cuales se propende al desplazamiento de población de bajos ingresos hacia territorios más relegados de los que ya habitaban, ocultando tras las cifras de reconstrucción procesos que contribuyen a incrementar la marginalidad y la exclusión social.