Estudios sobre metabolismo social

El concepto de metabolismo social genera un esfuerzo por articular las separaciones clásicas entre ciencias naturales y ciencias sociales. Autores como ^{Toledo (2013)} y ^{Foster (2000)} han destacado que el origen del concepto proviene de Marx, quien utiliza la noción de metabolismo social para reconocer los intercambios materiales que los seres humanos establecen con la naturaleza para su subsistencia. Se trata de la base sobre la que construye su concepción del trabajo como "un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza" (Marx, 2010: 215). Para comprender esta relación sociometabólica, Marx coloca como centro la comprensión sobre la formación histórica de estos intercambios. A partir de los estudios sobre la transformación capitalista de la agricultura, la demanda de alimentos de la urbanización vertiginosa y la degradación de los suelos afirma que este modo de producción genera una fractura en el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Esa noción de fractura remite a una ruptura en la reproducción de los ciclos que permiten el funcionamiento de las leyes naturales de la vida (Marx, 2010) e, incluso, compromete la vida de las generaciones futuras (^{Foster, 2000}).

Varios análisis contemporáneos de economía política hacen una apropiación del concepto de metabolismo social (^{Foster, 2000}). No obstante, la mayoría de ellos transitan en un nivel de abstracción que no refleja cómo se materializa la fractura sociometabólica planteada en las dinámicas territoriales, ni tampoco cómo es resistida por aquellos y aquellas que plantean otra relación con la naturaleza. En América Latina se ha ampliado la idea de fractura sociometabólica, reconociendo como un componente clave de esta las alteraciones profundas que el proceso de acumulación de capital genera en las prácticas productivas y en los entramados sociocomunitarios de quienes habitan en los territorios (Machado-Aráoz y Rossi, 2017). Sin embargo, estos esfuerzos aún no relevan con énfasis las dimensiones biofísicas de dicha fractura.

Un segundo grupo de estudios, incentivados por las discusiones sobre la incorporación de miradas más complejas de los procesos socioecológicos involucrados durante la producción de bienes y servicios, ha conceptualizado el metabolismo social desde la economía ecológica. En la mayoría de estos estudios, el metabolismo social consiste en "la manera bajo la cual las sociedades humanas organizan su intercambio creciente de energía y materiales con el ambiente" (Martínez-Alier y Walter, 2016: 58). A partir de esta definición, el trabajo se ha centrado en la cuantificación de flujos de energía y de materiales. De aquí, se desprenden los estudios divulgados ampliamente sobre la huella ecológica, el agua virtual o la apropiación humana de la producción primaria neta.

Frente a estos estudios, concordamos con Toledo en que la mayoría de estos trabajos "ofrecen diagnósticos contemporáneos, y casi sin excepción se circunscriben al análisis de los flujos de energía y materia y su correlación con ciertos parámetros económicos" (Toledo, 2013: 46). Así, se han ampliado los cálculos de los perfiles metabólicos de países y/o ciudades que dan cuenta de la importación/exportación de energía y materia. Toledo critica la preocupación de la economía ecológica por incidir en los análisis económicos por sobre la incorporación de componentes históricos, sociales y políticos en la comprensión del metabolismo social, comprendiendo los aspectos intangibles de los procesos socio-metabólicos como los "diversos tipos de instituciones, formas de conocimiento, cosmovisiones, reglas, normas y acuerdos, saberes tecnológicos, modos de comunicación y de gobierno y formas de propiedad" (^{Toledo, 2013}: 51).

De forma general, la literatura sobre metabolismo social presenta dos limitaciones en el uso del concepto: una tendencia desde la economía política que no logra visibilizar en sus análisis la importancia de la materialidad de los flujos de energía y materia, así como el impacto de dichos flujos en las dinámicas territoriales, y otra con un énfasis biofísico fuerte y en los procesos económicos que no profundizan en los aspectos sociales y, sobre todo, en los componentes políticos que acompañan las dinámicas sociometabólicas.

Considerando estas limitaciones y valorando las contribuciones de ^{Toledo (2013)}, Porto-Gonçalves (2016), y Porto-Gonçalves y Britto (2018) proponemos avanzar en una comprensión del metabolismo social que supere la segmentación entre el énfasis biofísico-económico, y el sociopolítico o económico-político. En esta dirección, comprendemos el análisis del metabolismo social no solo como el estudio de los flujos de energía-materiales en los procesos de producción-consumo, sino como la investigación sociohistórica de las condiciones que dichos flujos configuran para la reproducción de los diferentes modos de vida que coexisten en un determinado territorio.

Esta dinámica sociometabólica no es ajena a las relaciones de poder existentes entre las diferentes clases y grupos sociales. Cuando las formas de vida se ponen en riesgo o se contraponen producto de estas relaciones emerge la dimensión conflictiva. Concordamos con Porto-Gonçalves y Britto (2018) en que "el metabolismo de la relación sociedad-naturaleza requiere que se desvenden las relaciones sociales, culturales y de poder para que podamos comprender las contradicciones en curso".

Para aproximarnos a las condiciones que los flujos de energía y materia otorgan a las formas de vida proponemos territorializar el debate sobre metabolismo social, es decir, comprender cómo están configuradas geográficamente las dinámicas sociometabólicas, involucrando características biofísicas, diversas formas de vida y relaciones de poder desplegadas en el territorio.

Agronegocio y modernización capitalista de la agricultura en Chile

El ciclo actual de modernización del campo en Chile se inaugura en la década de 1970 con la reforma agraria, transformando la estructura de la tierra que se arrastraba desde el siglo XVIII (^{Bengoa, 2017}). La relación de inquilinaje¹ fue destruida como una relación de producción por una reestructuración que definía la importancia del acceso del campesino a la tierra. Este proceso avanzó en el gobierno de la Democracia Cristiana y fue profundizado durante el periodo de la Unidad Popular que expropió un total aproximado de diez millones de hectáreas (Bengoa, 2017), lo que prácticamente eliminó el latifundio en el país. Este cambio normativo fue acompañado por una movilización campesina e indígena fuerte que presionó a los gobiernos para profundizar el proceso de reforma.

No obstante, este proceso de organización campesina y de redistribución de las tierras en Chile se vio reorientado tras el golpe de estado en 1973. En lo político, el régimen dictatorial reprimió la osadía campesina de rebelarse contra el poder patronal, menguando considerablemente el movimiento (De Matheus, 2016).

En lo económico, a pesar de la negación que la dictadura cívico militar realizó sobre el legado de los gobiernos anteriores, el proceso previo de reestructuración de la tierra que implicó la reforma agraria representó la oportunidad perfecta para impulsar una modernización de la agricultura en Chile que permitiera su mayor integración a la dinámica del mercado internacional. Las transformaciones neoliberales también se hicieron presentes en la industria forestal a partir de la aplicación del Decreto Ley 701 (Junta de Gobierno de la República de Chile, 1974), lo cual promovió el desarrollo forestal mediante políticas subsidiarias que afectaron las condiciones socioambientales y, particularmente, la disponibilidad de agua en zonas rurales.

En esta transformación rural es posible identificar diferentes fases de la política agrícola durante la dictadura cívico militar y sus impactos en la actividad frutícola (^{Murray, 2006}; ^{Bengoa, 2017}). En un primer momento se evidencia un periodo de ortodoxia neoliberal (1973-1983), en el cual se llevó a cabo el proceso de contrarreforma agraria donde un tercio de la tierra expropiada fue devuelta a sus antiguos propietarios, otro tercio fue rematada o vendida a empresarios, y el tercio restante fue asignada a campesinos que no hubiesen estado involucrados en organizaciones sindicales o partidos políticos de izquierda, lo que abre la puerta al proceso de mercantilización de la tierra. De igual manera se consolidó la propiedad privada del agua y su reconocimiento como un bien económico transable en el mercado, así como el proceso de liberalización de los precios de los alimentos con la disminución de las barreras arancelarias de importación de los alimentos.

Posteriormente, debido a las consecuencias de la crisis de 1982 y 1983, el Estado adopta una política de pragmatismo neoliberal, interviniendo la economía y apoyando al sector agrícola de exportación (^{Murray, 2006}) mediante mecanismos de protección e incentivos tributarios a la agricultura de exportación, y promulgación de la Ley 18.450 que crea el subsidio para el fomento de la inversión privada en obras de riego (Junta de Gobierno de la República de Chile, 1985). En este periodo las exportaciones agrícolas tuvieron su boom económico.

Los gobiernos posdictadura mantuvieron el núcleo de la política agraria del momento anterior e implementaron medidas que incrementaron el apoyo técnico a los agricultores (principalmente a través del programa de mejoramiento de riego) y a la promoción de la exportación de productos agrícolas, actividad fortalecida por los tratados de libre comercio que se comenzaron a firmar a partir de la década de 1990. Estas medidas también buscaron incorporar a los pequeños agricultores al proceso de modernización e internacionalización de la producción por medio de la asistencia técnica y el acceso a créditos, a través de un proceso de tercerización de estas políticas y que otorgó protagonismo al sector privado en su implementación (De Matheus, 2016).

Pasadas cuatro décadas desde el comienzo de esta reestructuración de la agricultura chilena, el escenario es profundamente contradictorio. Mientras los indicadores macroeconómicos cuentan una historia de éxito gracias a las exportaciones agrícolas, las consecuencias han sido procesos de reconcentración de la propiedad de la tierra y proletarización del campesinado (^{Valdés, 2017}). Los pequeños agricultores que sobreviven han sido integrados de manera precaria y subordinada a la cadena productiva dominada por los grandes dueños de la tierra y por los especuladores del agronegocio, mientras que otros forman parte del proletariado rural que sirve a estos asuntos.

Uno de los pilares fundamentales del auge económico agrario neoliberal fue el incentivo de exportaciones agrícolas no tradicionales. La producción de fruta fresca se perfiló como un mercado prometedor debido a las ventajas comparativas del país en el mercado agrícola globalizado, como sus condiciones climáticas y su carácter contraestacional frente a los países capitalistas centrales (^{Murray, 2006}). Los datos disponibles sobre la superficie plantada con frutales dan cuenta de la intensificación de estos cultivos.

En 30 años la superficie del país plantada con frutales aumentó en un 364%. Este proceso de consolidación de la agricultura chilena en el mercado internacional generó una transformación de las estructuras sociales de poder en el campo al expandir las relaciones de producción, circulación y comercialización. Dicha transformación se vincula a las formas contemporáneas de dominio colonial entre los países que subyace a la producción de alimentos. Por ejemplo, con los cambios en el régimen alimentario de los países del norte se consolidan dietas en los estratos medios y altos que incluyen el consumo de vegetales y frutas sin límite estacional, así como la búsqueda de nuevos alimentos especiales, sea por su exclusividad, propiedades nutricionales o valoraciones culturales (McMichael, 2009). Estas pautas de consumo generan una presión sobre el flujo de energía y materiales de esos países que exige la expansión de la demanda de bienes comunes naturales hacia otras latitudes. Particularmente, en la situación que analizamos, se trata de grandes cantidades de agua exportadas que los países importadores ahorran para fines agrícolas.

El caso de la provincia de Petorca

La provincia de Petorca está en la zona norte de la región de Valparaíso. Se encuentra cerca de la precordillera y posee un clima de carácter templado semiárido de temperaturas moderadas. Sus dos cuencas principales son las de los ríos Ligua y Petorca. Un aspecto importante de esta provincia es su ubicación de baja cordillera, donde los aportes al sistema acuífero y al agua superficial de las cuencas son predominantemente pluviales (INDH, 2014).

Históricamente, los pequeños agricultores se dedicaron al cultivo de alimentos para el autosustento y la comercialización en mercados locales, además de la crianza de animales (principalmente cerdos, gallinas y caprinos). La expansión frutícola actual (representada en la Figura 1) es provocada por inversiones empresariales que se instalan desde la década de 1990 para la exportación de cítricos y palta (aguacate). Una de las estrategias para dicha expansión fue la compra a bajo precio de suelos de secano en las laderas de los cerros, no utilizados por los pequeños agricultores por la imposibilidad de regar esas tierras. Al comparar la superficie de paltos y cítricos entre los años 2006 y 2017, se constata que una de las principales áreas de expansión de este tipo de cultivos ocurre en zonas de ladera (ver esquicios del mapa en Imagen 1).

Fuente: elaboración propia con base en INE (2008).

Gráfico 1 Serie histórica de superficie plantada con frutales 

Fuente: elaboración propia con base en herramientas de aerofotointerpretación aplicadas a fotografías aéreas.

Imagen 1 Incremento de la superficie de paltos y cítricos en las cuencas de los ríos Petorca y Ligua (2006-2017) 

Los grandes agricultores llegados a la provincia, en cambio, pudieron explotar estas tierras debido a que contaban con mayores recursos económicos para la adquisición de medios de producción de mayor tecnología y con el apoyo del Estado a través de proyectos de mejoramiento de riego. Estos son algunos de los factores que incidieron en el alto índice de concentración de la tierra experimentado en la provincia, comparando con el resto de la región, sobre todo, en las grandes propiedades de más de 2.000 hectáreas (Tabla 1).

Tabla 1 Distribución de la tierra en la provincia de Petorca y en la región de Valparaíso por hectáreas (2007) 

Fuente: elaboración propia con base en INE (2007).

Paralela a esta reestructuración de la tenencia de la tierra, se efectuó una solicitud creciente de derechos de agua provisionales a la Dirección General de Aguas (DGA), la mayoría, por nuevos empresarios agrícolas. Dicha autoridad entregó derechos de agua, incluso, después de que las cuencas fueran declaradas agotadas por la misma institución. Como indica el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2014), a pesar del agotamiento de las cuencas, la DGA concedió 1.362 derechos de aguas en la provincia, la mayoría de ellos de naturaleza subterránea.

A este panorama se suma la extracción ilegal de aguas por parte de algunos empresarios agrícolas ante la falta de agua en las cuencas. A medida que la disponibilidad del recurso disminuyó, aumentaron las denuncias sobre pozos y drenes que existían en fundos de grandes empresarios que regaban sus cultivos con agua robada. Las reiteradas denuncias ante la DGA se tradujeron en que dicha institución realizara 447 expedientes por extracción ilegal de aguas entre 2010 y 2014 (INDH, 2014).

Estas denuncias fueron acompañadas por una movilización en las calles de la provincia, donde parte considerable de los habitantes exigieron el fin al robo de agua y que las autoridades tomaran medidas sustantivas para enfrentar la crisis hídrica (^{Bolados, 2016}). La intensidad del conflicto logró trascender la escala local al conformarse un movimiento que problematizó la realidad de Petorca realizando una crítica al modelo agroexportador y a la privatización de las aguas en el país, lo que se traduce en la demanda para derogar el Código de Aguas y la Constitución Política vigente.

Consecuencias socioecológicas de la actividad frutícola

Con relación a los flujos de agua virtual en la producción de aguacate, los datos de huella hídrica en Petorca señalan que se requieren 389.5 litros de agua para producir un kilo de este producto en la zona (INIA, 2013). Si multiplicamos esa cantidad por la última producción anual declarada por AGROPETORCA, que asciende a 25.000 toneladas (Molina J., 2018), se obtiene el valor de 9.737.500 m3 (9,73 gigalitros) de agua virtual que acompaña la producción de paltos en la provincia.²

Realizamos una simulación para comprender la magnitud de las cifras. Si definimos la cantidad total de agua utilizada para el consumo humano anual de la provincia de Petorca, 64.604 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (INE, 2017) y según la norma mínima definida por la Organización Mundial de la Salud, 100 litros de agua diarios por persona, obtenemos el valor de 2,35 gigalitros de agua. Dicho valor del consumo humano de agua en un año representaría menos de un cuarto del total de agua virtual calculada sólo en la producción de paltos. Vale decir que, actualmente, las comunidades rurales de la provincia no están recibiendo esa provisión mínima de agua, solo accediendo a 50 litros diarios como apoyo de emergencia del gobierno municipal y regional a través de camiones cisterna.

En lo referido al sistema hídrico de los ríos Ligua y Petorca, un análisis del balance hídrico superficial realizado por la DGA (2013) señala que existen desequilibrios entre la demanda de agua y la variabilidad hídrica de ambos ríos. Por ejemplo, el río Ligua en el mes de septiembre, que es el más crítico en cuanto a disponibilidad de agua, cuenta con un caudal de 900 l/s que no logra cubrir la demanda de 6.500 l/s de derechos de agua que se encuentran vigentes. El estudio concluye que el sobreotorgamiento de derechos de agua genera que la demanda de agua no sea posible de satisfacer en ningún mes del año.

Esta falta de disponibilidad de agua superficial ha llevado a la extracción intensiva de agua subterránea. Un estudio de la Comisión Nacional de Riego (CNR, 2011) determina que el balance hídrico subterráneo de ambas cuencas tiene una disminución significativa de descarga de aguas al mar entre 1950 y 2010, estimando un descenso promedio del volumen almacenado durante este periodo de noventa y un millones de metros cúbicos. Si comparamos este dato con los nueve punto siete millones de metros cúbicos de agua virtual de la producción de aguacate vemos que, si dicho nivel de extracción se mantiene por diez años, equivaldría al mismo volumen de agua que ha disminuido de las reservas subterráneas durante sesenta años (1950-2010), lo que da cuenta de la aceleración de procesos que implican a la producción frutícola.

En este mismo estudio se sostiene que las cuencas se encuentran en una situación de desequilibrio debido a que la extracción anual de agua subterránea alcanza 1.600 l/s como promedio anual, siendo la recarga únicamente de 870 l/s (CNR, 2011). Esto quiere decir que, anualmente, hay un déficit promedio de 730 l/s, lo que significa una disminución progresiva del nivel freático de las cuencas.

Fuente: Archivo Radio Universidad de Chile, 2018.

Imagen 2 Plantaciones de paltos en laderas de la provincia de Petorca 

Este incremento fuerte en el uso de agua ha sido acompañado por un uso intensivo del suelo. El agronegocio compró tierras baratas en la zona de ladera, utilizando técnicas de riego para cultivar en áreas de alta pendiente. Estudios recientes dan cuenta de la relación profunda entre erosión y plantaciones de frutales en áreas de ladera, donde la "alteración del perfil del suelo y la pérdida de vegetación nativa, tiene un impacto directo en el aumento del escurrimiento superficial del agua y por consiguiente en la disminución en la infiltración, situación que ha afectado la recarga de acuíferos" (Miranda, 2018). En el caso del aguacate, antecedentes regionales dan cuenta que un 39% de sus plantaciones se sitúan en suelos con pendientes entre el 30 y el 60%, con un muy alto riesgo de erosión (Miranda, 2018).

Los impactos mencionados se han experimentado en Petorca, donde las plantaciones frutícolas en laderas han incidido en los procesos de erosión en el territorio.³

En lo referido a las consecuencias sociocomunitarias, el incremento acelerado de frutales para exportación desde la década de 1990 representó un cambio en la cultura campesina del territorio: la prioridad dejó de ser el cultivo para el sustento familiar y el abastecimiento de mercados locales. Frente al auge del cultivo de paltos y cítricos fueron disminuyendo aceleradamente los cultivos esenciales para el consumo local como los de fríjol, maíz, papa y trigo (^{Bolados, 2016}). El siguiente testimonio sintetiza parte de estos impactos.

Llegando el 2000, empezamos con nuestros problemas. Porque empieza a plantarse en los cerros y empezaron a bajar la cuota del agua a los que estamos abajo. Porque usted antes podía mirar nuestros cerros, había animales. ¡Hoy en día nada! Simple, usted iba a la vuelta de la esquina, 'aló, ¿tiene lechecita para hacer un manjar o hacer mantequilla?' Hoy no hay nada, todo hay que comprarlo" (citado en ^{Rodríguez y Alarcón, 2016}).

Fractura sociometabólica en la provincia de Petorca

Consideramos que los antecedentes biofísicos y sociocomunitarios presentados son componentes de una fractura sociometabólica provocada por la exportación frutícola en Petorca. Esta fractura ha vuelto inviables formas de vida preexistentes al proceso de integración de la provincia al mercado internacional de la fruta, en particular, los modos de vida campesinos, debido a que no disponen de agua para poder criar animales y/o plantar los cultivos básicos para su alimentación.

Por un lado, hablamos de fractura porque la aceleración extractiva niega e impide las otras temporalidades que son necesarias para la reproducción de los ciclos de vida (tiempo de recarga de las cuencas, formación de acuíferos, infiltración de los suelos, consumo de agua potable, entre otros). Pero no se trata de una fractura sólo por el daño profundo a esa reproducción de los ciclos, sino por el proceso de "deterioro sistémico y desplazamiento estructural de las prácticas y capacidades productivas endógenas de los territorios/poblaciones locales" (Machado-Aráoz y Rossi, 2017: 282). Esto implica la pérdida de la "agri+cultura", de formas de vida que contienen horizontes de sentido diferentes a los fines del agronegocio (Porto-Gonçalves, 2016).

La "agri+cultura" campesina representa la construcción histórica de otro sociometabolismo en las interacciones entre los seres humanos y el resto de la naturaleza (Porto-Gonçalvez, 2016). Son formas de territorialización que utilizan menos energía en su producción, restauran los nutrientes de los suelos con sus pluricultivos, garantizan soberanía alimentaria y permiten la recarga de las aguas subterráneas al no hacer uso intensivo del agua y de la tierra como el agronegocio.