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Bitácora Urbano Territorial

Print version ISSN 0124-7913

Bitácora Urbano Territorial vol.28 no.3 Bogotá Sep./Dec. 2018

http://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v28n3.60476 

Dossier central

Territorios tradicionales y aprovechamientos económicos en Urabá, Colombia. Ordenamientos productivos en ecosistemas de humedales1

Traditional territories and economic uses in Urabá, Colombia. Productive arrangements in wetland ecosystems

Territórios tradicionais e usos econômicos em Urabá, Colômbia. Arranjos produtivos em ecossistemas de zonas húmidas

Clara Inés Aramburo-Siegerta  , Vladimir Montoya-Arangob  , Diana María Tobón-Giraldoc  , Juan Camilo Portela-Garcíad 

a Magíster en Ciencia Política, Universidad de Antioquia, clara.aramburo@udea.edu.co

b Doctor en Antropología Social y Cultural, Universidad de Antioquia, vladimir.montoya@udea.edu.co

c Magíster en Estudios Socioespaciales, Universidad de Antioquia, dmtobon0@unal.edu.co

d Magíster en Ciencia Política, Universidad de Antioquia, juan.portela@udea.edu.co

Resumen

En la región de Urabá, Colombia, se han dado prácticas intensivas de monocultivos bananeros y ganadería extensiva en los humedales del río León y la ciénaga de Tumaradó, habitados por poblaciones campesinas y afrodescendientes. Apoyados en el enfoque socioespacial y el análisis escalar, se describen las características naturales del humedal y las políticas del agua que enmarcan los procesos poblacionales, económicos, y bélicos que lo configuran y transforman. Los resultados muestran la configuración de espacialidades simultáneas que yuxtaponen en los humedales proyecciones económicas y visiones de conservación, poniendo en riesgo la sobrevivencia de un ecosistema vital para el planeta y la región.

Palabras-clave: humedales; ecología política; ordenación territorial; análisis escalar; Urabá

Abstract

In the region of Urabá, Colombia, intensive practices of banana monoculture and extensive ranching have been undergoing in the wetlands of León River and the Tumaradó Swamp, inhabited by peasants and afro-descendant populations. Supported by a socio-spatial approach and the scale analysis, we describe natural characteristics of the wetland and the water policies that frame population processes, economic and conflictive that configure and transform the wetland. Results show the configuration of simultaneous spatialities that juxtapose economic projections and conservation visions in the wetlands, risking the survival of a vital ecosystem for the region and the world.

Key words: wetlands; political ecology; territorial organization; scale analysis; Urabá

Resumo

Na região de Urabá, na Colômbia, tem havido práticas intensivas de monocultura da banana e da pecuária nas zonas húmidas do Rio León e do pântano Tumaradó, habitadas por populações rurais e da ascendência Africana. Apoiado sobre o abordagem socio-espacial e o análise escalar, descrevemos as características naturais do pantanal e as políticas da água que emolduram os processos populacionais, econômicos e conflituosos que o formam e transformam. Os resultados mostram a configuração de espacialidades simultâneas que justapor em os pantanais as projecções económicas e visões de conservação, pondo em risco a sobrevivência de um ecossistema vital para o planeta e para a região.

Palavras-Chave: pantanais; ecologia política; organizacao territorial; analise de escala; Urabá

Introducción

En el marco de una crisis ambiental global en la que sobresale la degradación y la presión sobre los recursos naturales, aún se mantienen ecosistemas estratégicos como los humedales, caracterizados por combinar áreas de aguas superficiales durante gran parte del año con vegetaciones específicas que los hacen proveedores de importantes servicios ecosistémicos (Instituto Humboldt, 1998; Alcorlo, 2014). Los humedales son soporte de la biodiversidad, retienen dióxido de carbono, actúan como sumideros de gases de efecto invernadero, atrapan sedimentos, depuran y regulan las aguas superficiales y subterráneas, mantienen ciclos bioquímicos, ayudan a la estabilización microclimática y al control de la erosión, liberan nutrientes, descomponen biomasa y forman suelos (Alcorlo, 2014). Esto los hace importantes a escala local y global ya que proveen plantas y recursos hidrobiológicos para sistemas productivos, y zonas para agricultura y pastoreo en épocas de verano. Además, son sitios de lúdica y valor paisajístico, lugares importantes para la investigación científica, la educación y la recreación, y, en general, son el sustento de un patrimonio cultural rico y variado a nivel mundial (Instituto Humboldt, 1998). Las acciones antrópicas sobre los humedales tienen efectos negativos tanto en las especies silvestres, como en las comunidades humanas, ya que se ven afectados los servicios ecosistémicos de los cuales se benefician (Chapin, Kofinas y Folke, 2009; Lasso, et al., 2014).

Para una comprensión y análisis adecuado de la configuración socioespacial compleja de los humedales asociados al río León y a la ciénaga de Tumaradó en la región de Urabá se deben tener en cuenta, además de los asuntos biofísicos y ambientales, aspectos sociales como las disputas territoriales entre los actores económicos, los actores armados, los habitantes tradicionales y los pobladores más recientes desplazados de otras zonas del país o de la propia región. Considerando la vulnerabilidad de los humedales, el gobierno nacional, mediante la Ley 1450 de 2011 (Congreso de la República, 2011), promulgó la política para su delimitación y recuperación y, en el Artículo 202 de dicha Ley, dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales serían las encargadas de zonificar y determinar el régimen de uso según las disposiciones ambientales (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). En consecuencia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, incluyó en su Plan de Acción 2012-2015 la gestión del complejo de humedales asociados al río León y a la ciénaga de Tumaradó, ubicados en los municipios de Turbo, Carepa, Chigorodó y Apartadó en el departamento de Antioquia, noroccidente de Colombia, considerados baluarte de riqueza hidrobiológica y esenciales para el buen desarrollo de los grupos étnicos y campesinos que habitan allí (CORPOURABA, 2012). CORPOURABA suscribió un convenio de cooperación con el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, INER, en el año 2013 para hacer el diagnóstico participativo de estos humedales, vinculando a las comunidades locales, actores institucionales y gremios productivos en la comprensión de sus procesos de asentamiento, transformación productiva y apropiación espacial.

En dicho diagnóstico participativo de los humedales se abordó la degradación ecosistémica como un problema de responsabilidades compartidas, se aclararon las tensiones entre tipos de ordenamiento territorial y las disputas entre espacialidades múltiples, reconociendo la larga duración de las relaciones de los colectivos sociales con los territorios que habitan. No se partió de considerar el espacio como un escenario neutro ni estático, sino como agente activo en la producción de la sociedad, tomando las transformaciones materiales y las prácticas espaciales como las que definen condiciones para el presente y el futuro, al tiempo que afectan la dinámica inmediata de la vida social (Piazzini, 2006). Con base en lo anterior, en este artículo se ofrecen conclusiones que muestran distintas visiones de los actores involucrados en las dinámicas socioambientales de los humedales que demuestran las dificultades para el mantenimiento de condiciones naturales y sociales adecuadas para la sobrevivencia de este ecosistema importante para la región y el planeta.

Metodología

La interacción participativa entre los equipos técnicos de investigación y las personas históricamente activas en el territorio condujo a comprender las tensiones entre imaginarios, prácticas y formas de gestión territorial mediante la producción de conocimiento colectivo, diálogo de saberes y técnicas colaborativas de investigación. La metodología integró:

  • Construcción conceptual. Realizada mediante herramientas de recolección de información primaria como la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, las historias de vida, los diarios de campo, las fuentes documentales y de archivo combinadas con recorridos territoriales, y talleres de producción de conocimiento. Estas herramientas se utilizaron para propiciar el diálogo entre el equipo técnico y los habitantes de los territorios, sus saberes, conocimientos y memorias.

  • Mapeo participativo. Desarrollado en seis talleres en los que participaron 152 personas con sus diversas percepciones espacíales, basadas en sus conocimientos y prácticas espaciales. Se elaboró una cartografía temática, focalizando los conflictos socioambientales y las oportunidades para la permanencia de las comunidades en los humedales. Se buscó integrar sus conocimientos en mapas que dieran cuenta de la diversidad territorial, los cuales pueden servir como una herramienta política potencial para visibilizar especificidades comunitarias y procesos de configuración territorial inadvertidos en la cartografía oficial (Piccolotto, 2004). La cartografía social es un insumo para la planificación territorial y el tratamiento de conflictos socioambientales, ya que fortalece espacios participativos y propicia diálogos intersectoriales, afirma identidades y apunta a la equidad territorial, introduciendo una perspectiva diacrónica ausente en el cartógrafo externo y temas invisibilizados en la cartografía oficial (Montoya, 2007).

  • Análisis territorial. Produjo ocho mapas síntesis que potenciaron los registros recopilados y se integraron en una plataforma geomática, que sirvió de interfase entre la población y los técnicos. Estos mapas son susceptibles de ser actualizados de manera ágil y participativa, constituyéndose en instrumentos para la vinculación futura de las comunidades locales al seguimiento y monitoreo de las transformaciones socioespaciales. Los mapas se validaron en un taller con 32 participantes, quienes corrigieron, complementaron e identificaron con el equipo técnico los temas claves para la gestión de los humedales.

  • Revisión de fuentes primarias y secundarias. Incluyó temas relacionados con: 1) servicios ambientales, ecosistemas estratégicos y humedales. 2) Estudios de colonización, planes rurales, poblaciones étnicas y campesinas. 3) Modelos de desarrollo relacionados con el ordenamiento territorial, el uso y la explotación de recursos. 4) Información del conflicto armado, violación de derechos territoriales y otras agresiones contra la población vulnerable. 5) Planes de manejo de cuencas, planes de ordenamiento territorial de los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, planes ambientales regionales de CORPOURABA, planes de ordenamiento forestal y planes de etnodesarrollo de las poblaciones negras del río León.

Mapa 1 Ubicación de los humedales del río León y la ciénaga de Tumaradó 

Fuente: elaboración propia.

Con estas herramientas se recopiló la información primaria y secundaria necesaria para la interpretación de las características naturales de los humedales y para la comprensión de los procesos sociales que los configuran y transforman, así como para el análisis de la producción de las distintas espacialidades y de la expansión del capital hacia las zonas anegadas.

Resultados

La geopolítica del agua y los humedales

Los humedales son ecosistemas estratégicos de importancia global por su alta diversidad biológica y su patrimonio ambiental y cultural variado, a pesar de ello, ciertas posturas desarrollistas los consideran un obstáculo para los procesos productivos y la expansión del capital (Camargo, 2014; Vilardy, et al., 2014). Harvey (2004) utiliza el concepto de acumulación por desposesión para referirse a la expansión del capital a toda costa, la cual aniquila a su paso formas de producción y economías alternativas, ocupando espacios estratégicos para el control privado de los recursos naturales y transformando la naturaleza en mercancía.

Esta conceptualización resulta funcional para comprender los procesos de configuración territorial de los humedales del río León y la ciénaga de Tumaradó, y la historia de la expansión ganadera, urbana y agrícola que, en Colombia, conllevó procesos de desecación, deforestación, transformación y destrucción de los humedales. Esto se dio, principalmente, después de la segunda mitad del siglo XX, cuando se implementaron estrategias de desarrollo económico recomendadas por la misión de expertos del Banco Mundial contratada en 1949, la cual encontró en el país un gran potencial para el desarrollo de la agricultura, pero señaló como obstáculo esas grandes extensiones de tierra cubiertas permanente o temporalmente por aguas superficiales. Otro estudio contratado en 1955 por el gobierno nacional a una firma norteamericana recomendó desecar las tierras húmedas para la expansión agrícola (Camargo, 2014).

En consecuencia, desde hace varias décadas comenzó en Colombia una presión persistente sobre áreas naturales de humedales por la expansión agroindustrial y minero-energética, la construcción de infraestructuras y la ganadería extensiva. En algunos casos puntuales se ha logrado medir el grado de intervención sobre los humedales, por ejemplo, en el Magdalena Medio, donde en promedio se deforestaron entre las décadas de 1960 y 1990 más de 110 hectáreas/año de bosque nativo en el área del humedal ciénaga El Llanito y su espejo de agua (Castellanos, et al. 2011). Según los datos proporcionados por la Convención RAMSAR, esta visión desarrollista ha ocasionado la desaparición global de entre el 64% y el 71% de dichos espacios naturales desde 1900 hasta 2015 (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2015). Sólo en el siglo XX pudo haberse destruido el 60% de los humedales, 90% de ellos en Europa, por lo cual son un ecosistema en peligro de extinción que apenas ocupa el 6.4% del área total del planeta, representada en 1.880 humedales con 190 millones de hectáreas. La continuidad de los procesos de desecación, sobrexplotación, contaminación y quema de combustibles fósiles anticipa la pérdida del 85% de los humedales en los próximos años (Centro de Investigación en Ecosistemas y Cambio Global, 2014). A la visión desarrollista se suman aquellas que consideran los humedales como espacios insalubres e impulsan su desecación para mejorar la salud pública. Algunas visiones ambientalistas, en cambio, pretenden preservar los humedales en condiciones naturales ideales, a modo de laboratorio, ignorando las intervenciones económicas, sociales y políticas que hacen parte de sus procesos históricos.

La crisis ecológica se posicionó en la agenda internacional a mediados del siglo XX en organismos multilaterales como la ONU, al tiempo que proliferaban las críticas al modelo de desarrollo económico que producía desequilibrio ecológico. En ese contexto se firmó el Convenio de Ramsar en 1971, una política supranacional para recuperar y proteger los humedales bajo la concepción de un "uso racional" (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006). Para 2011 se habían adherido al citado convenio 160 países, entre ellos Colombia, mediante la Ley 357 de 1997, que asumió el compromiso de delimitar los humedales idóneos para incluirlos en la lista internacional (Congreso de Colombia, 1997). El Estado delegó en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt la formulación de las bases técnicas para la política nacional de humedales y, en 2002, el Ministerio del Medio Ambiente publicó la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, formulada bajo un enfoque que reconoció la integralidad entre naturaleza y cultura (Instituto Humboldt, 1998; 2014). A su vez, las Resoluciones 157 de febrero de 2004, 196 de febrero de 2006 y 1128 de 2006 facultaron a las Corporaciones Autónomas Regionales para aprobar los Planes de Manejo de los humedales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004; 2006a; 2006b).

Dinámicas de ocupación en los humedales del río León

Entre 1930 y 1950 Urabá fue una de las zonas designadas por el Estado colombiano para ampliar la frontera agrícola, reubicar población campesina del interior, buscando evitar conflictos con latifundistas, preservar la gran tenencia de la tierra en las zonas centrales y obtener productos agrícolas para el mercado internacional. Las tensiones entre terratenientes y campesinos comenzaron con la Ley 200 de 1936 que mandaba la redistribución de tierras improductivas y penalizaba a los latifundistas que no las cultivaran. El conflicto se resolvió estimulando la colonización hacia el Magdalena Medio, Catatumbo, Putumayo, Caquetá, Urabá y Bahía Solano (Fajardo, 1996).

El asentamiento en los humedales del río León vino después de que la instalación de la agroindustria bananera en 1960 expulsara campesinos de las tierras más fértiles del centro de la región, asentados allí desde principios del siglo XX (Botero, 1990). Los empresarios bananeros reprodujeron el modelo centralista nacional, por el cual se apropiaron de las mejores tierras para la producción del banano, dejando para campesinos, negros e indígenas las zonas de montaña, áreas inundables y pantanos. La colonización, junto con las dinámicas económicas y bélicas posteriores, configuraron un panorama complejo en los humedales del curso medio y bajo del río León, 120.000 hectáreas ubicadas en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó. Estos humedales se conforman en una planicie aluvial que acumula aguas lluvias de niveles de precipitación que oscilan entre 2.900 y 4.100 mm totales anuales y aguas provenientes del desbordamiento de los ríos León, Chigo-rodó, Carepa y Apartadó que descienden de la Serranía de Abibe.

Según el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales en 2014,2 en esta área de humedales habitaban 11.836 personas en asentamientos dispersos y caseríos lineales propios de las dinámicas fluviales de las culturas negras y campesinas (SISBEN, 2014). Tales asentamientos coexisten con otros ubicados en los canales de Zungo (municipio de Carepa) y Nueva Colonia (municipio de Turbo) donde están los embarcaderos desde los que se envía la fruta por el río León hasta los barcos apostados en el Golfo de Urabá. A pesar de las normativas ambientales que limitan la construcción en ecosistemas estratégicos, estos asentamientos resultaron de prácticas de ocupación espontáneas relacionadas con intervenciones económicas y bélicas escasamente controladas por el Estado.

Las intervenciones económicas y el poblamiento

Se destacan tres intervenciones económicas relacionadas con la historia de la movilidad humana y el asentamiento poblacional en los humedales del río León. La concesión extractiva del Estado a la empresa privada Maderas del Darién, que incluyó una asociación vegetal extendida denominada catival, conformada por una variedad interrelacionada de especies forestales dentro de los humedales (Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal y Pizano S.A., 1999). Dichas especies fueron extraídas casi en su totalidad entre 1950 y 1990 en un proceso que incitó a que empleados, contratistas y explotadores independientes ocuparan los humedales bajo tres formas de trabajo, distintos tipos de movilidad territorial y patrones de ocupación particulares.

La construcción de la infraestructura vial y portuaria entre 1960 y 1970 fue la segunda intervención económica que promovió el poblamiento. Trabajadores de la denominada carretera Panamericana y colonos desalojados por la instalación de la agroindustria en el eje bananero en la década de 1960 ocuparon lotes en los bordes de la vía que se desprendió de la carretera al mar en dirección occidente hacia el río Atrato. Eran tierras baldías estratégicamente situadas en la que sería la conexión con Panamá, donde se establecieron las primeras ganaderías y parcelas tradicionales de cultivo en tierras pantanosas. Por su parte, la construcción de los embarcaderos de Zungo y Nueva Colonia atrajo población hacia los ríos y caños circundantes.

La tercera intervención económica fue la expansión de plantaciones de banano y de ganadería a comienzos del siglo XXI, pues los bananeros requerían incrementar volúmenes de producción y los ganaderos buscaban mantener su hato en tierras que habían estado bajo control paramilitar. El aumento de la extensión de los cultivos y la desecación de humedales para pastoreo reconfiguraron el humedal, provocaron la migración de sus habitantes, deterioraron las condiciones naturales por el uso intensivo del suelo y las prácticas insostenibles de manejo de las aguas llevando, principalmente, a la contaminación y a las intervenciones hidráulicas incontroladas.

Dinámicas bélicas

La configuración antrópica de los humedales se relaciona con el conflicto armado en tres períodos: 1) 1960-1990: coexistencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y narcotraficantes; 2) 1995-2005: llegada del paramilitarismo y expulsión de las FARC; y 3) 2004-hoy: desmovilización paramilitar y control territorial por bandas criminales asociadas al negocio del narcotráfico. Las FARC se ubicaron al sur de Urabá, en inmediaciones de Pavarandó y Bajirá en los municipios de Mutatá y Riosucio, zona estratégica para la comunicación de la región con el país, ya que es el paso natural entre la Serranía del Abibe y el océano Pacífico. Buscaron controlar a la población campesina de tierra firme y a la población dispersa de los humedales que son un área estratégica para los desplazamientos entre los ríos León y Atrato, y para la salida al Golfo de Urabá. Los primeros narcotraficantes que llegaron a la región entre 1970 y 1980 utilizaron estas mismas rutas acuáticas, adueñándose poco a poco de las parcelas campesinas hasta tener todo el control territorial al sur de los humedales para acceder con facilidad al río León, ruta tradicional del contrabando desde el siglo XVIII (Parsons, 1979; Steiner, 2000). Según Uribe (1991), el control territorial de los narcotraficantes cambió la distribución dispersa de la población de los humedales, ya que los antiguos trabajadores de la carretera y los colonos asentados en sus inmediaciones fueron presionados a vender sus parcelas y a concentrarse en caseríos originados en la década de 1980, como Nuevo Oriente, Macondo, Blanquicet y Lomas Aisladas.

A mediados de la década de 1990 el ingreso paramilitar desató una disputa territorial con las FARC que terminó con su repliegue hacia el occidente de Antioquia y Chocó. La presencia paramilitar en los humedales ocasionó desplazamientos en las áreas circundantes a la carretera Panamericana y en la llanura de inundación, provocando mayor concentración de la propiedad. Después de la desmovilización paramilitar en 2006 surgieron bandas criminales que hoy controlan las planicies aluviales, regulan la vida cotidiana y la movilidad de los pobladores, ya que esta es un área estratégica para el procesamiento de la cocaína y el control de las rutas de envío de la droga hacia el exterior.

La colonización, las intervenciones económicas y las dinámicas bélicas configuraron distintas espacialidades en los humedales que hoy coexisten. Dichas espacialidades expresan las contradicciones entre actores diversos: campesinos, empresarios, grupos étnicos y grupos armados, los cuales tienen visiones divergentes sobre la apropiación del territorio, además, demuestran las tensiones que emergen entre los aprovechamientos productivos dirigidos al mercado internacional y los pequeños emprendimientos étnicos y campesinos, condicionados por las políticas ambientales para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas estratégicos. Como veremos, el ordenamiento y la gestión del territorio están construidos con imaginarios, prácticas productivas, conocimientos, e identidades culturales y territoriales que compiten y resultan de visiones institucionales, económicas, armadas, y sociales con diferentes formas de autoridad y capacidades de intervención.

Discusión

Territorialidades tradicionales versus expansión del capital

Atendiendo a la consideración de que el espacio no es

una especie de plano neutro sobre el cual se inscriben las diferencias culturales, las memorias históricas y las organizaciones sociales. Es así como el espacio opera como un principio organizativo en las ciencias sociales, pero al mismo tiempo se le sustrae del ámbito analítico (Gupta y Ferguson, 2008: 235),

reconocemos en la producción del espacio de los humedales las relaciones sociohistóricas particulares, los conflictos socioambien-tales, las dinámicas políticas y los procesos económicos que configuran territorialidades diversas. Las variaciones en los mecanismos de asentamiento y las prácticas de ocupación se dan en función del tipo de pobladores: campesinos, empresarios, actores armados, así como del lugar que ocupan en las redes de poder regional, y en las formas de ordenamiento y gestión del territorio. Tal configuración diferenciada de territorialidades se comprende en función de:

  • El espacio como condición de posibilidad para la vida social y principio de oportunidad para la conformación de territorios que garantizan la reproducción social, expresan vínculos históricos y determinan la especificidad de los colectivos sociales.

  • La coexistencia de espacialidades diferenciadas como resultado del ejercicio del poder y de múltiples imaginaciones de futuro, memorias y diversidades culturales.

  • Las relaciones escalares, entendidas como prácticas históricas jerárquicas que articulan los espacios locales con mercados, o con restricciones ambientales y humanitarias globales.

  • La producción del espacio como resultado de esfuerzos, conocimientos y voluntades ligadas con procesos de larga duración.

¿Cuáles son las diferentes formas de habitar en los humedales y qué tipo de espacialidades producen? ¿Cuáles características y visiones prevalecen? Aunque sea un área homogénea en sus características físicas es socialmente diferente en percepciones, formas de habitar, memorias e imaginarios de futuro, prácticas y conocimientos culturales, relaciones escalares, determinantes locales, condicionantes globales e historicidad de los asentamientos. Es por ello que identificamos cuatro tipos de espacialidades surgidas de la expansión del capital, y de los mecanismos de la guerra y el control de los actores armados: la campesina parcelera, la jornalera/asalariada, la portuaria y la colectiva.

La espacialidad campesina parcelera la definen prácticas territoriales dispersas dentro de un colectivo de pobladores que se identifica en percepciones, concepciones, experiencias y saberes propios de la cultura anfibia (Fals Borda, 2002), quienes usufructúan los servicios ambientales adecuando sus formas de vida y movilidad por el territorio a los ritmos que impone la regulación hídrica natural y el control de las inundaciones; incorporan lugares de esparcimiento a sus ritmos de vida; gestionan el agua para labores cotidianas, abastecimiento y riego de cultivos; se aprovisionan de madera del bosque para viviendas y herramientas de trabajo; recolectan flora para remedios caseros; se alimentan de la fauna silvestre y capturan peces, lo cual les proporciona algunos excedentes para el comercio. Esta espacialidad tiene un carácter discontinuo y disperso en parcelas separadas, rodeadas por extensas fincas bananeras y/o ganaderas. Los campesinos parceleros gozan de una cierta autonomía territorial que proviene de títulos de propiedad o tradición de ocupación verificable en parcelas de 2 a 10 hectáreas, área suficiente para desplegar sus formas de vida, asociarse en actividades productivas y gestionar con instituciones gubernamentales proyectos económicos y de vivienda. Alternan actividades en tierra y agua, construyen viviendas sobre suelos secos o en palafitos según los ciclos de invierno y verano, a los que asocian cultivos de plátano, arroz, cacao, maíz, yuca y maracuyá, ganadería a pequeña escala, piscicultura, prácticas forestales en pequeñas reservas dentro de la parcela, pesca artesanal y cacería de subsistencia. Estas actividades en sus parcelas las complementan con empleos estacionales en fincas ganaderas o bananeras, o servicios en el puerto y actividades comerciales.

La espacialidad jornalera/asalariada proviene de un proceso de despojo territorial y de desplazamiento forzado por el control armado paramilitar y la primacía de las relaciones económicas neoliberales. Se siente con rigor la descampesinización (PNUD, 2011), entendida como la disminución de la pequeña propiedad y la conversión de la fuerza laboral familiar en fuerza de trabajo que se arrienda en fincas bananeras o ganaderas, principalmente después de mediados de 1990. Ser campesino sin tierra implica asentarse en nuevos caseríos rurales o en los existentes pero densificados, en condición de jornaleros o asalariados del campo. En la vereda Sadem Malagón del municipio de Chigorodó, por ejemplo, hay una concentración semiurbana de lotes entre 200 m2 y 2.500 m2, formados de la subdivisión y venta de antiguas parcelas a campesinos sin tierra. Hay otros casos en las veredas Sadem Guacamaya, La Colorada, Tierra Santa y Malagón del mismo municipio (Escobar, 2012). Estos pobladores sin tierra han mantenido sus vínculos tradicionales, relaciones familiares y procesos organizativos con los campesinos parceleros para la gestión de problemáticas comunes. Aquí se constata un proceso de adaptación y resistencia a la implantación de la economía bananera y ganadera en los humedales entendida como dominación funcional (Haesbaert, 2013) o dominación de un modelo de ordenación espacial basado en la apropiación de tierras y aguas para la producción, la especulación con la tierra y el control territorial. Estos pobladores jornaleros han desarrollado habilidades para interactuar con territorialidades distintas a la tradicional campesina y a sus recursos culturales consuetudinarios, lo que se expresa en las nuevas formas de organización social y comunitaria, como la conformada por 270 familias de 14 comunidades del corregimiento de Barranquillita, en el municipio de Chigorodó, que se asociaron con parceleros de la vereda Guapá y con ganaderos para el desarrollo de la pesquería. Ellos conformando un colectivo multifuncional que oferta su mano de obra asalariada, al mismo tiempo que realiza trabajos independientes y prácticas de subsistencia aprovechando los servicios ambientales de los humedales, e ingeniando nuevas posibilidades de asociación.

La espacialidad portuaria resume la presencia del capital agroindustrial en el humedal alrededor de los embarcaderos de banano de Zungo y Nueva Colonia. Materializa las relaciones escalares globales con el comercio internacional, y configura un sector terciario dinámico que ofrece, y demanda bienes y servicios diversos. La atracción de población por los embarcaderos facilitó una dinámica urbana que alcanza una población cercana a los 3.000 habitantes, además de población flotante empleada en trabajos portuarios, en el sector terciario y en la cadena productiva de la agroindustria. Esta población deja la vida campesina y busca alternativas económicas como el arreglo de motores, la vigilancia de bodegas, la atención de pequeños comercios, los servicios de transporte fluvial o de alimentación y otros oficios de oportunidad. Los efectos del conflicto armado también se han sentido en los embarcaderos, convirtiéndolos en lugares de recepción de población campesina desplazada o, según refieren los habitantes de la zona, en centros de operaciones paramilitares.

La espacialidad colectiva se configuró en procesos de resistencia territorial y de reetnización de la población afrodescendiente, buscando reivindicar los derechos territoriales y culturales conferidos por la Constitución Política de 1991 (República de Colombia, 1991) y la Ley 70 de 1993 de comunidades negras (Congreso de Colombia, 1993) sobre una parte de la región del Pacífico, que incluye al río León como frontera norte. Se caracteriza por pertenecer a territorios culturales negros de vieja data, estén o no titulados, y por hacer parte de la red macroterritorial colectiva ancestral del Pacífico, entrelazada por un tejido parental con usos y costumbres propio de los pueblos afrodescendientes. La espacialidad colectiva está reclamando el título de propiedad para el ya constituido Consejo Comunitario de Puerto Girón. En ella prima una visión identitaria y un sentido de lugar estructurado en torno a la vida en el río, sus zonas inundables y el mar, lo cual se contrapone al modelo de dominación funcional que busca desecar los humedales para el régimen productivo. Sus prácticas de uso y apropiación del espacio han sido en la larga duración las más sostenibles en los humedales.

Mapa 2 Espacialidades identificadas en los humedales del río León y la ciénaga de Tumaradó 

Fuente: elaboración propia.

Estas cuatro espacialidades están marcadas hoy por el deterioro de las condiciones naturales ocasionado por el cambio climático, por el uso indebido de los servicios ambientales, por los métodos productivos extractivos de la industria maderera, y por las prácticas bananeras y ganaderas en expansión, cuyas intervenciones hidráulicas para desvío de aguas, canales, construcción de muros de contención, y bombeo de aguas superficiales y subterráneas han afectado el equilibrio hídrico acrecentando las inundaciones y las sequías. Las fumigaciones aéreas para los cultivos de banano también han contaminado las aguas de uso doméstico. Todas esas intervenciones agotan un ecosistema indispensable para la diversidad genética y biológica en la macroregión del Chocó biogeográfico.

Conclusiones

Los Objetivos del Milenio, acogidos en 2000 por la ONU, estipulan que los servicios ambientales "contribuyen a hacer la vida no solo físicamente posible sino también digna de ser vivida" (Salas y García, 2010: 197), por lo tanto, son la estructura de soporte de la calidad de vida. Las formas de habitar, usar e imaginar los humedales del río León y la ciénaga de Tumaradó generan una yuxtaposición de espacialidades y, con ello, la competencia entre actores sociales diversos por el uso de los servicios ambientales. Los conflictos que emergen por el deterioro del ecosistema demuestran la variedad de concepciones sobre qué es un humedal, y cómo ordenarlo y gestionarlo.

Sobre los humedales del río León encontramos distintas visiones que se traslapan en planes de diversas entidades, como: Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Chigorodó, Turbo, Apartadó y Carepa acogidos en 2000, Planes de Desarrollo Municipal de las cuatro alcaldías municipales, Planes de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del río Chigorodó (2009), río Carepa (2009) y río Apartadó (2006 y 2008), entre otros. Del presente estudio se colige que estas visiones se soportan en cuatro definiciones de los humedales:

  • Ortodoxa. Los asume como hecho natural y enfatiza en el valor de sus condiciones biofísicas, recursos naturales y ecosistemas estratégicos. Esta definición se desinteresa de los procesos sociales, considera los territorios vacíos, maneja una visión prohibitiva de intervención antrópica y enfatiza en la conservación y recuperación de las condiciones naturales.

  • Socioespacial. Se centra en la producción mutua de espacio y naturaleza, reconoce las interacciones entre tradiciones culturales diferenciadas y valoraciones ambientales diversas. Reconocer la presencia histórica de las comunidades implica dar valor a sus estrategias adaptativas como parte de una ordenación territorial que equilibra lo ambiental y social en la búsqueda del desarrollo sostenible.

  • Del riesgo. Enfatiza en el desastre antrópico, en las amenazas a la salud pública y en la degradación ambiental cuya responsabilidad es atribuida, sobre todo, a las comunidades locales, a los sectores económicos y al Estado, y sólo en pocos casos se refiere a una responsabilidad conjunta.

  • Productiva. Los comprende como espacio prioritario para el crecimiento económico, desdeñando la conservación ambiental y el aprovechamiento sostenible del ecosistema. Se apuntala en la concepción de los humedales como ecológicamente degradados, validando con ello la intervención productiva agropecuaria para el beneficio económico de comunidades locales y empresas. Esta definición se relaciona con la visión de principios del siglo XX que consideraba a los humedales y su selva como obstáculos para el desarrollo. Las relaciones escalares propias de esta definición productiva del humedal aprovechan la ubicación geopolítica de la región para promover allí megaproyectos como: un distrito de riego, un sistema portuario, Transversal de las Américas y la interconexión eléctrica Colombia-Panamá.

Con estas cuatro definiciones de los humedales se identifican, a su vez, cuatro formas diferenciadas de comprensión, ordenamiento y gestión territorial. Ellas son:

  • Comprensión hegemónica. Da importancia a los procesos territoriales del eje bananero donde se concentra el desarrollo macroeconómico. Se sustenta en un modelo agroexportador que continúa extendiéndose por toda la región. Es propia de los gremios económicos y compartida por algunos pobladores de los humedales dependientes de su oferta laboral.

  • Comprensión ambientalista. Enfatiza en la conformación de áreas de reserva, parques nacionales, santuarios de flora y fauna, o cualquier otra figura de conservación. Se enfoca en recuperar áreas degradadas prescindiendo de análisis territoriales, y variables sociales y económicas que produjeron el deterioro ambiental.

  • Comprensión administrativa. Es movilizada por funcionarios de distintos niveles e instituciones gubernamentales con diversidad de visiones, y con conocimientos diferenciales e intereses incompatibles, creando un desencuentro entre múltiples formas de autoridad.

  • Comprensión fragmentada. Deriva de la coexistencia de figuras de ordenamiento territorial como los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuenca, y los Planes de Ordenamiento Territorial, los cuáles delimitan áreas homogéneas que dividen los humedales en fragmentos y aplican en ellos normas ambientales inflexibles sin enfoque territorial, ni consideración de las problemáticas sociales o económicas asociadas, generando tensiones por el manejo diferente de los cuatro municipios en su jurisdicción de las cuencas tributarias del río León, así como incertidumbre entre las comunidades locales sobre cuáles son los usos posibles. Las políticas prohibitivas priman sobre otras que equilibren naturaleza, sociedad y cultura, y tienen como efecto el desalojo de campesino, y la expansión de las fincas bananeras y ganaderas.

Integrar los territorios escalar, sectorial, institucional e intelectualmente desagregados requiere un balance colectivo entre puntos de vista de actores regionales y pobladores de las espacialidades para una delimitación y un manejo sostenible. Un país que transita hacia la resolución no violenta de los conflictos, en el que la paz aún está en un horizonte esquivo de expectativa en el que disminuyan los actores armados, debe hacer posible un diálogo franco sobre responsabilidades de los daños ambientales y el reconocimiento de los aportes para el beneficio colectivo. Este será el principio de oportunidad para ligar la paz territorial y la gestión ambiental.

El diagnóstico participativo de los humedales del río León y la ciénaga de Tumaradó demostró que, para detener la presión de las poblaciones empobrecidas sobre los ecosistemas estratégicos, se requieren políticas de protección estatal y condiciones mínimas para el uso de los servicios ambientales, tomando como principio la responsabilidad compartida para concertar estrategias de gestión. Las demandas crecientes de la sociedad civil al Estado obligan a poner el tema ambiental en la agenda pública en Urabá, buscando que los recursos naturales se puedan gestionar en un marco de interacción global. El punto de partida debe ser el reconocimiento de los humedales como un patrimonio natural y también como un patrimonio cultural intangible, legatario de la vivacidad identitaria de nuestras culturas anfibias campesinas y afrodescendientes.

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1 Artículo derivado del proyecto Diagnóstico participativo de los humedales del Río León y la Ciénaga de Tumaradó, Urabá, realizado entre noviembre de 2013 y octubre de 2014 por CORPOURABA y el Instituto de Estudios Regionales, financiado por el Fondo de Compensación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los autores de este artículo recibieron apoyo del Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia.

2Al momento de realizar este estudio las administraciones locales no disponían de datos más actualizados.

Clara Inés Aramburo-Siegert Antropóloga, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Profesora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, programas de Maestría en Estudios Socioespaciales y de la Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas en Investigación Social. Investigadora asociada al Grupo Estudios del Territorio. Líneas de investigación: configuraciones y reconfiguraciones territoriales, conflicto armado y construcción de paz, órdenes sociales y territoriales.

Vladimir Montoya-Arango Doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona. Profesor Asociado de la Universidad de Antioquia y director del Instituto de Estudios Regionales. Investigador asociado al Grupo Estudios del Territorio. Programas de investigación: procesos de configuración del espacio y geografías del conocimiento.

Diana María Tobón-Giraldo Ingeniera Geóloga, Magíster en Estudios Socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Investigadora asociada al Grupo Estudios del Territorio. Experiencia investigativa en temáticas socioambientales, ecología política y en proyectos de extensión relacionados con ordenamiento territorial.

Juan Camilo Portela-García Antropólogo, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Investigador asociado al Grupo Estudios Políticos. Líneas de investigación: ciudadanías, culturas políticas y subjetividades.

Received: October 08, 2016; Accepted: December 14, 2017

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