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Introducción
El presente artículo se centra en las distintas territorialidades que se configuran en el municipio de San Pablo (sur del departamento de Bolívar), ubicado en la Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) del Magdalena Medio. Esta última está conformada por los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar) y Yondó (Antioquia). San Pablo tiene un alto Índice de Pobreza Multidimensional (véase Tabla 1); un alto grado de afectaciones derivadas del conflicto armado (desplazamiento, desaparición forzada, asesinatos, entre otros); una presencia significativa de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas (como la minería ilegal); y presencia de grupos armados ilegales que avanzan progresivamente en los territorios donde antes hacían presencia las FARC, como Los Acuamanes (conformado por desmovilizados de antiguos grupos paramilitares), el ELN y el EPL (quienes anteriormente no tenían presencia en la zona).
Por tratarse de un territorio de colonización, predomina la estructura de economía campesina tradicional, la cual se ve cada vez más acorralada por la producción agroindustrial, la minería y la gran concentración de la propiedad. En los últimos años han descendido los niveles de producción de cultivos comerciales como el arroz, el sorgo, el maíz y el algodón, mientras la ganadería extensiva y la palma de aceite se han robustecido (González, 2011). A su vez, la región se caracteriza por tener una económica de enclave, en especial la refinación de hidrocarburos, lo cual centra la inversión, y deja a las zonas productoras huérfanas de grandes inversiones y de atención estatal, lo que puede verse con los niveles altos en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) municipal.
Mapa 1 Territorios campesinos y de la palma de aceite
Fuente: elaboración propia con base en Moreno (2016).
Por otro lado, uno de los ejes principales de ordenamiento territorial para San Pablo es el río Cimitarra. Este recorre cuatro municipios: Yondó y Remedios en Antioquia, y Cantagallo y San Pablo en Bolívar, en donde predominan los paisajes de valle y piedemonte, y existe una gran cantidad de ciénagas y bajos inundados que ofrecen hábitats para la fauna local endémica y transitoria (ACVC, 2000). Para el año 2012, el valle del río Cimitarra contaba con 29.000 habitantes, que corresponden a 6.000 familias aproximadamente, distribuidas en un territorio de alrededor de 500.000 hectáreas (Arboleda Velásquez, 2013).
Con ese telón de fondo, el artículo parte de reconocer que el espacio geográfico no es un objeto pasivo, neutral, único y homogéneo que contiene a la sociedad, por el contrario, es un producto social que, a su vez, produce a la sociedad. En un espacio se construyen diferentes territorios, procesos de territorialización y territorialidades que están en conflicto permanente, por eso, los territorios deben ser comprendidos desde su multiescalaridad y multidimensionalidad, dado que en ellos existen relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales (Fernandes, 2009). Lo anterior, encierra la importancia que se da a la triada inseparable, relacional y dinámica entre territorio-territorialidad-territorialización, sin la cual no es posible realizar un análisis integral de la complejidad territorial (Betancourt, 2017).
Dicha triada está en un conflicto constante porque los territorios se oponen, se superponen, y se complementan según los intereses y las fuerzas sociopolíticas de los actores que confluyen en un espacio. Por lo tanto, el espacio geográfico no es estático, y está en una constante disputa de creación y recreación de múltiples territorialidades. En consecuencia, la conflictividad territorial en el presente caso de estudio se expresa alrededor de la apropiación de la tierra y del agua, elementos valorados de distinta manera por los actores presentes y ausentes en el sur del departamento de Bolívar.
El artículo se divide en dos partes, y profundiza sobre dos territorialidades presentes y latentes en el espacio geográfico estudiado: una campesina y otra agroindustrial. El primer apartado se acerca a las formas de apropiación del territorio por parte de los campesinos asentados en las orillas del río Cimitarra. El segundo da cuenta de los cambios recientes que ha tenido la configuración territorial en San Pablo, fruto de la apuesta económica de las multinacionales en la región el Magdalena Medio. Finalmente, se desarrollan algunas conclusiones que permiten relacionar las dos secciones abordadas en el artículo.
Territorialidad campesina: los campesinos de tierra y agua
Las comunidades campesinas de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra (ZRCVRC) tienen un vínculo con la tierra del valle del Magdalena Medio y con las aguas del río Cimitarra por medio del cual crean y recrean espacios para habitar, producir y vivir el territorio. La territorialidad es expresada a través de la transformación de la naturaleza y la generación de nuevas relaciones sociales bajo pautas diversas de respeto, colaboración y dignidad que permiten prolongar la existencia del medio ambiente y de la comunidad.
Los campesinos de tierra y agua (pescadores) de San Pablo se organizan alrededor del valle del río Cimitarra, ubicado en la margen occidental del río Magdalena, al oriente de la cordillera Central y al sur de la serranía de San Lucas en la región del Magdalena Medio (Lote, 2016).
Las especificidades del territorio que baña el río cumplen un papel importante en la definición de la vida de la comunidad. Además, su orientación colectiva trasciende la idea del territorio geográfico para explorar el territorio vivido, todo esto en una búsqueda por el bien común que estructura un orden territorial particular como experiencia sentida en una relación dialéctica entre el río, la tierra y la comunidad. En ese sentido, se concibe el territorio vivido como aquel construido desde las cotidianidades campesinas y la vida en común (Nieto, 2012). En otros términos, el espacio es producto y productor de unas relaciones políticas, culturales, económicas y sociales concretas.
La apropiación del espacio campesino está ligada a una racionalidad que pugna por recuperar el valor de uso de la tierra y el agua, entendidos como un bien común. Mediante su uso y aprovechamiento los pescadores de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), asociación que lidera el proceso de la ZRCVRC, han establecido normas propias, planes y programas de convivencia con la naturaleza. Lo anterior se manifiesta en documentos como el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC, 2000), y el Mandato comunitario de pescadores de San Pablo (Comité Pesquero, 2016), en los cuales se establecen lineamientos para proteger las riquezas naturales de los bosques, los nacimientos de los ríos y las ciénagas de la región, en especial, de los territorios pertenecientes a la ZRCVRC. Dichas normas colectivas no solo generan una sensibilidad ambiental, sino que constituyen elementos de identidad, arraigo y pertenencia.
Bajo la figura de los comités pesqueros, los campesinos han suscrito compromisos colectivos para seguir prácticas de pesca responsable que promuevan la conservación de las especies ícticas del río Cimitarra, sus ciénagas y humedales afluentes. Para ellos es fundamental que tanto los pescadores, como los consumidores se comprometan con la protección de los bienes hídricos y el respeto de las normas que amparan la fauna de los ríos y de los humedales.
En ese sentido, las comunidades pesqueras, en consenso, decretaron la prohibición del uso de todo tipo de trasmallo, así como el zangarreo, la barradera, el arpón y las malludas. Asimismo, establecieron un tamaño ideal de las atarrayas: de tres puntas en adelante, y obligaron a respetar las vedas (del 1 de abril al 31 de mayo, y del 15 de septiembre al 15 de octubre) para proteger a los peces hasta que lleguen a su tamaño ideal (a partir de los 23 centímetros de largo). Esto se articula con las normas establecidas por los comités pesqueros de las comunidades de las ciénagas, en donde se le exige al pescador detentar un permiso de pesca para desarrollar dicha actividad, la cual sólo puede realizar con fines de autosubsistencia (Comité Pesquero, 2016). Si alguna de esas medidas no se cumple, el pescador se expone al decomiso de la totalidad del plante, el motor y todos los elementos de pesca indebidos que lleven consigo. Como se evidencia, los arreglos sociales de cuidado ambiental y de defensa de la vida del río son indicios de ordenamiento ambiental territorial desde una perspectiva enmarcada en principios de sostenibilidad y convivencia (ACVC, 1998).
La pesca practicada por los campesinos de San Pablo se encuentra circunscrita a las ciénagas de Canaletal y La Eusebia, y a los brazos del río Cimitarra, es realizada por unidades de producción familiar con una tecnología simple, con poca inversión económica y bajo normas de construcción colectiva. El volumen de las capturas es pequeño, destinadas principalmente al autoconsumo y, en menor medida, a la comercialización. La riqueza ecosistémica que caracterizaba a la región fue acabada progresivamente por las actividades agroindustriales, especialmente por los monocultivos de palma que rodean las ciénagas, bajo figuras de programas para campesinos impulsadas por el Gobierno.
Según Javier Amaya (2018), líder histórico de la ACVC, cuando se crea un comité de pescadores se instala un mecanismo de base genuino de autogobierno y reconocimiento del territorio. La pesca, además de ser una actividad económica importante por su rentabilidad, tiene una gran relevancia en la resistencia campesina porque, en torno a esta actividad, las comunidades se organizan, cuidan y protegen sus recursos como presupuesto para su permanencia en el territorio. Lo anterior se erige como un peligro para los intereses del capital, en especial, de las compañías multinacionales mineras y petroleras, y de la agroindustria palmera, pues su territorialidad evidencia la disputa entre el campesinado y el capital por el territorio (Quijano y Linares, 2017). Así, puede decirse que "no son los territorios los que determinan las identidades, sino que son estas últimas las que coadyuvan a configurarlos históricamente" (Nieto, 2012: 70).
Muy diferente a la lógica del capital en la conquista de la naturaleza, los campesinos del valle del río Cimitarra asumen las implicaciones complejas de los conceptos de territorio, de territorialización y de territorialidad (Silva, 2016). El territorio campesino ha sido constituido por procesos de territorialización en los que la apropiación social de la naturaleza implica relaciones solidarias, siendo procesos en los que los campesinos se otorgan sentido a sí mismos y a sus hábitats, y, de esta forma, construyen identidades, conformando territorialidades entendidas como formas de ser, estar, sentir y vivir el territorio (Betancourt, 2017).
La territorialidad, promovida por los campesinos de tierra y agua es una forma de defensa de los recursos naturales, ya que estos son de uso colectivo. Esto, en contraposición a las actividades que hoy tienen un papel protagónico en la rivera de los ríos, principalmente la explotación de hidrocarburos (petróleo), los monocultivos de palma, la ganadería intensiva y la extracción minera (oro), las cuales no han acarreado un aumento en el bienestar de las poblaciones locales y de sus territorios (Acuña, 2014). Las rentas producidas por dichas actividades salen de la región, mientras que los campesinos tienen que enfrentarse a las consecuencias que estas dejan a su paso: sedimentación de las ciénagas, contaminación de las aguas y alteración de la fauna del río y de los humedales conectados a este.
Los miembros de la ACVC también llevan a cabo prácticas de resistencia contra el cultivo de palma; según Cotrina Tobos (2013) la Asociación ha promovido la defensa del territorio involucrando a la población por medio de dinámicas de movilización y acción colectiva, todo esto enmarcado en las consignas de la soberanía y la autonomía alimentaria. Por lo tanto, la ACVC se ha caracterizado por su fuerte oposición a los cultivos de palma y ha tenido que actuar en medio del conflicto armado, situación bastante difícil para los pobladores de la región. Con la suspensión de la Zona de Reserva Campesina en el año 2002 se hacía evidente el conflicto económico y político en el valle del río Cimitarra, y sólo nueve años después se logró la reactivación de la ZRCVRC. Sin embargo, es necesario aclarar que la lucha contra los procesos de agroindustria ha sido constante, realizando "movilizaciones, resistencias civiles, diálogos, acciones humanitarias y campamentos ecológicos" (Cotrina Tobos, 2013: 57).
Agroindústria: la territorialidad de la palma de aceite
En las últimas décadas se han configurado nuevas ruralidades que corresponden a la lógica territorial de las dinámicas de globalización económica, entendida como la expansión de las relaciones del capital en el mercado global (Teubal, 2001). En este sentido, las actividades capitalistas se adaptan y se apropian de los procesos físicos, ambientales y sociales de un espacio para la generación y acumulación de capital (Harvey, 2007).
De acuerdo con lo anterior, el monocultivo de palma se apropia de los recursos naturales como el agua y los suelos fértiles gracias al proceso de sedimentación que caracteriza al sur de Bolívar, así como de los recursos sociales y culturales para la generación de excedentes.
La vida productiva de la palma es de veinticinco años y de ella se obtienen múltiples productos: de la pulpa del fruto se extrae entre el 40% y el 50% del aceite crudo para la elaboración de aceite de cocina, mantequilla, jabones, detergentes, cosméticos, tintes o biocombustibles, y de la almendra se extrae aceite de palmiste que se utiliza para alimentar animales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010).
Desde 1999 el gobierno planteó la implementación del cultivo de palma en el contexto nacional por dos razones: se veía como una oportunidad para el crecimiento económico de la agricultura del país, y como una medida para la erradicación de los cultivos ilícitos, por lo cual este proyecto de monocultivo se estableció en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Hacia un Estado Comunitario. De esta manera, se iniciaron proyectos de palma para la producción de biodiesel y aceite de cocina con el objetivo de tener 420.000 hectáreas sembradas para 2010. El país se posicionó como el primer productor de palma en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial para 2015, sin embargo, su participación en la producción de palma de aceite en el mercado internacional era apenas de un 2,1%, lo que no lo hacía competitivo (Moreno Muñoz, 2016).
La historia reciente del sur de Bolívar ha estado marcada por una disputa territorial entre actores armados (guerrillas de las FARC y el ELN, grupos paramilitares y Bacrim) por el control de los cultivos de coca, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Se debe resaltar que para el año 2000 el cultivo de coca se incrementó en un 200%, lo cual coincide con el aumento de la presencia del paramilitarismo en la región (Viloria de la Hoz, 2009). A partir de 2001 estas cifras decrecieron por la implementación de programas gubernamentales para la sustitución de cultivos ilícitos con palma de aceite y el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
Para el caso de San Pablo, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Diócesis de Barrancabermeja propusieron un proyecto llamado Finca Campesina de Palma de Aceite. Este se implementó en nueve municipios del Magdalena Medio en el año 2002 y buscaba garantizar que los campesinos accedieran a créditos para vincularse a la agroindustria, con el objetivo de generar paz y productividad, sin afectar la identidad y la relación de los pobladores con el territorio (Cotrina Tobos, 2013).
En 1999, los líderes del PDPMM invitaron a diferentes sectores sociales del municipio de San Pablo (comerciantes, albañiles sin tierra, campesinos independientes y pescadores ribereños, así como al grupo La Floresta que reunía a los cocaleros y a algunos agricultores) para informarles sobre el proyecto de cultivo de palma. La ACVC opuso resistencia a esta iniciativa económica argumentando que el campesino siempre estaría en el rol de cultivador y no participaría en el proceso en igualdad de condiciones frente a los demás actores involucrados en el proyecto, como los comercializadores (Amaya, 2018).
La siembra de palma comenzó en 2001 cuando se formalizó la Asociación de Palmeros de San Pablo (APALSA). El gobierno invirtió cerca de mil millones de pesos en la adecuación de las tierras (limpieza de lotes, nivelación de los suelos, adecuación de canales, construcción de vías y demarcación). Cada asociado recibió dieciocho millones de pesos en calidad de préstamo para las labores agrícolas, además debían poner sus parcelas o trabajar sesenta jornales para establecer el vivero de palma. Para los pescadores, esta primera etapa del proyecto fue la más difícil, dado que ellos no tenían una vocación agrícola y se resistían a tener que cuidar la palma (Moreno Muñoz, 2016).
Además, los asociados de APALSA desconocían que este cultivo es de tardío rendimiento, por lo cual da sus primeros frutos luego de dos años y, gracias a que su raíz es muy gruesa, no se pueden sembrar otros cultivos como arroz o yuca alrededor de ella porque absorbe los nutrientes del suelo y el agua. Asimismo, el cultivo de palma causa deforestación, seca los humedales debido a los drenajes que se hacen para darle humedad al suelo en una cantidad adecuada en épocas de sequía, y contamina por la utilización de plaguicidas y herbicidas. Es decir, este cultivo afecta negativamente los ecosistemas, homogenizando el territorio, y desestimulando otras actividades agrícolas y pesqueras. Sin embargo, el proyecto no previó cómo garantizar la soberanía alimentaria de la población mientras la palma comenzaba a generar ingresos (Moreno Muñoz, 2016).
Según Javier Amaya (2018), líder de la ACVC, debido a la condición de cultivo de tardío rendimiento, muchos campesinos propietarios de tierras que recibieron créditos para sembrar palma sustentados en su propiedad no pudieron pagarlos, llevándolos a perder sus tierras. Este proceso empezó en 2008 cuando el PDPMM dio por terminada su participación en el proyecto. A partir de esta fecha los problemas del cultivo se hicieron más evidentes. Por ejemplo, los campesinos nunca se sintieron socios del proyecto de palma y, en la actualidad, sus predios están en manos de las empresas palmeras y de quienes están a cargo de las plantas extractoras de palma.
Los territorios agroindustriales se construyen, igualmente, a partir de relaciones sociales dadas, en este caso capitalistas, lo que genera que el territorio sea organizado y transformado en función de la producción de una mercancía (Fernandes, 2009). La población afirma que el cultivo de palma produce una "cultura del palmero" que se caracteriza por su conversión en propietarios ausentistas. Es decir, que ya no habitan sus parcelas, sino que se trasladan a las cabeceras municipales. Esto, debido a que sus cultivos ya no son de pancoger y no es necesaria su presencia continua, lo que conlleva muchas veces a que se pierda la relación tradicional con la tierra y el agua.
El cultivo de palma no requiere mucha mano de obra y sólo genera un empleo directo por cada 6 hectáreas (Viloria de la Hoz, 2009). Además, la ganancia que produce para los pequeños campesinos no es alta: en la mejor etapa productiva de la palma, una hectárea produce al mes dos o tres toneladas, y por cada una de ellas se pagaba en el año 2016 aproximadamente S250.000.1 En este sentido, los campesinos de la ACVC aseguran que el monocultivo de palma es una estrategia de acaparamiento de tierras por parte de unos pocos. Por ejemplo, según un informe de la Contraloría General de la República (2011) el valor por hectárea en el año 2003 era de $600.000, mientras que en 2018 puede costar entre ochenta y cien millones de pesos.
El monocultivo de palma se caracteriza porque homogeniza el espacio, canaliza los caños, seca los humedales, construye vías para los tractores que recogen el fruto e infraestructura para la transformación de la materia prima. En San Pablo hay dos extractoras de aceite de palma sobre el río Magdalena, esto, para facilitar el transporte de la mercancía, dado que el Magdalena se ha configurado históricamente como un afluente importante para la conexión del país.
Conclusiones
El artículo da cuenta de las pugnas por la construcción de territorialidades diferentes, por un lado, la campesina y, por otro, la del capital. La pesca en el río Cimitarra es un ejemplo de territorialidad campesina cuyas formas de vida están directamente relacionadas con el agua, por esta razón, el río es fundamental en la comprensión de las acciones y decisiones de los campesinos con respecto a sus territorios. La asociación y el trabajo colectivo son mecanismos que permiten a los campesinos lógicas de apropiación del territorio, el fortalecimiento de sus relaciones con el agua y un aumento de su sensibilidad ambiental.
A medida que el espacio es resignificado, los campesinos, a través de prácticas y arreglos sociales relacionados con la forma como usan la tierra y el agua, se organizan en un espacio y le dan sentido al lugar que habitan. Así, configuran una territorialidad solidaria que consolida su uso social colectivo (Nieto, 2012). Por lo tanto, su particularidad territorial proviene de una identidad socioterritorial apoyada en procesos de la organización comunitaria, colectiva y campesina.
La agroindustria, por el contrario, basa su territorialidad en intereses económicos que desconocen la tradición y reconfiguración las relaciones sociales existentes. La territorialidad construida por parte de la agroindustria se ha hecho en función de intereses netamente económicos bajo lógicas capitalistas y de competencia, en este sentido el control sobre la tierra y el agua tiene por objetivo la obtención de ganancias a través del monocultivo de la palma. Estas formas de pensar y sentir el territorio transforman en cierta medida el espacio geográfico y las relaciones que se dan sobre él, por ejemplo, las ciénagas se secan y las fuentes hídricas se contaminan por las prácticas no adecuadas para el desecho de tóxicos, lo cual afecta los ecosistemas y la relación del pescador con el agua.
Asimismo, cabe preguntarse si las prácticas que se dan en la agro-industria ocasionan, a largo plazo, el desplazamiento del campesinado, principalmente por las consecuencias que este cultivo trae a nivel ambiental, cultural y económico. Lo anterior, dado que el monocultivo no permite la coexistencia de diferentes modos de producción en el espacio. Sin embargo, se debe destacar que las acciones colectivas de los campesinos de San Pablo se erigen como formas de resistencia ante la hegemonía económica agroindustrial.
La relación entre el ser humano y estos territorios de agua es de gran complejidad, especialmente cuando se tienen en cuenta los intereses económicos existentes, ya que estos cuestionan la cultura y la tradición. Por lo tanto, el análisis realizado en este documento pretende situarse como una de las numerosas contribuciones para la comprensión de la relación de las comunidades campesinas con el agua y sus implicaciones en el ordenamiento territorial. La discusión no se agota, por el contrario, se invita a alimentar el debate académico para la generación de nuevos conocimientos sobre el tema.
