Antecedentes normativos

En las dos últimas décadas del siglo XX se dan los primeros avances en el marco jurídico normativo en México en materia de atención y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 "da origen en 1987 al Programa de Rehabilitación, con servicios de atención al sistema neuro-músculo-esquelético, a la comunicación humana, la ceguera o debilidad visual, así como a trastornos que afecten la salud mental" (CONADIS, 2009: 27). Mientras que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 motiva la elaboración del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE) en 1995, el cual funda programas de desarrollo social que promovían la inclusión de la población con discapacidad y el fortalecimiento de sus derechos.

Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se crean el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS) y la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS). En 2003:

se decreta la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad (INEGI, 2013: 12).

En 2007, México participa en la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se compromete a reconocer jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad y a abolir cualquier forma de discriminación motivada por ella. Esta Convención da la pauta para modificar muchas leyes federales, como el artículo primero de la Constitución, donde establece el reconocimiento de los derechos humanos a todos los mexicanos.

En 2011 el Diario Oficial de la Federación publica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), cuyo principal objeto es:

establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2011).

Por último, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, e incluye objetivos, estrategias y líneas de acción para la población con discapacidad en cuatro de las cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global (Estados Unidos de México, 2014).

En los últimos treinta años, el Gobierno de la República ha promovido diversas acciones de intervención legal para crear un marco jurídico administrativo que proteja a la población con discapacidad y la incluya al capital social del país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que existen nueve programas federales vinculados a las necesidades de la población con discapacidad y un presupuesto asignado de 7.061.008.000.000 de pesos entre 2012 y 2014 (CONEVAL, 2017).

Espacio público y accesibilidad

El espacio público es la ciudad. Es un lugar de encuentro, de igualdad y equidad social, y el escenario de la expresión colectiva de la diversidad social y cultural (^{Borja y Muxí, 2003}; ^{Peñalosa, 2005}; ^{Pardo, 2008}). Es en las calles donde el ciudadano vive, comparte y disfruta la ciudad, sus colores, olores y sonidos, se interrelaciona con otros seres humanos y, en conjunto, la apropiación y la participación comunitaria definen, en gran parte, la calidad de vida de los habitantes.

Al considerar el espacio público como un indicador de calidad de vida y habitabilidad, la legibilidad del entorno y su accesibilidad⁶ son características necesarias para calificar, proponer y renovar el paradigma del diseño urbano. Reconocer el derecho a la ciudad "mediante el libre ejercicio de la ciudadanía a la hora de concebir, gestionar y apropiar imaginarios específicos de esta a través del espacio público" (Yory, 2011: 13), promueve el proceso social de integración, respeto y responsabilidad hacia una espacialidad corresponsable, donde confluye una estructura temporal de la vida cotidiana asumida por todos los sujetos que apropian, afectan y conviven en el espacio público.

La accesibilidad busca la inclusión de todos los ciudadanos en los espacios públicos y privados, debe ser "integral y garantizar no sólo la mera accesibilidad, sino la circulación, utilización, orientación, seguridad y funcionalidad" (^{Olivera, 2006}: 332). La movilidad peatonal es uno de los requerimientos principales en la accesibilidad física de las ciudades. La falta de ella repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad. El peatón habrá de tener la posibilidad de circular por banquetas, plazas, jardines y usar el espacio público sin riesgos, y acceder por sus propios medios. Para Olivera (2006) las barreras y los obstáculos en el espacio público contribuyen a la exclusión territorial y limita la vida cotidiana, al recluir a algunos habitantes en su propia vivienda o en instituciones.

Para mejorar la accesibilidad es necesario replantear el papel del transporte público en la ciudad y ofrecer un servicio de calidad que pueda ser utilizado de forma autónoma por todos los habitantes sin importar su condición físico o mental. Se debe garantizar en el espacio público la seguridad en los recorridos, el acceso al equipamiento que permita utilizar el transporte público y los estacionamientos, y promover una organización clara de recorridos y flujos.

Para resolver lo anterior, es necesario la aplicación del diseño universal y los criterios de los manuales de accesibilidad, los cuales permiten el diseño de los espacios públicos con relación a las dimensiones mínimas requeridas por los seres humanos. La cultura de la equidad busca una integración universal y, para ello, es necesario tener en cuenta las normas que satisfacen las necesidades de tres tipos de discapacidad: motriz,⁷ visual⁸ y auditiva⁹ (FSA, 2012).

Para lograr la integración de todos los usuarios al espacio público es necesario una lectura clara de los espacios y servicios, preponderancia en la disposición de las circulaciones y el diseño de mobiliario, pavimentos y accesorios para personas con discapacidad. La relación entre accesibilidad y percepción está condicionada por las actividades realizadas en las calles y en los espacios recreativos, donde las emociones son generadas por la convivencia. Un espacio conflictivo genera emociones desagradables y, por lo tanto, incomoda al ciudadano. El espacio público es un lugar de encuentro y sociabilidad creado por y para los habitantes, de ahí la importancia de la integración y la inclusión de las personas que conforman y comparten la ciudad.

Espacialidad, cultura ciudadana y sensibilización

La reflexión teórica sobre la ciudad debe revalorizar el espacio público como el lugar donde la espacialidad del sujeto le permite relacionarse con otros individuos. "La gente se siente atraída por la gente. Se junta y deambulan con otras personas y tratan de situarse cerca de ellas. Las nuevas actividades empiezan en las proximidades de lo que ya está sucediendo" (^{Ghel, 2009}: 31). Uno de los problemas urbanos actuales es el diseño del espacio en función de las necesidades inmobiliarias del capital, en el cual los ciudadanos deben adecuarse a la ciudad y a las normas urbanas que se rigen en ellas.

Pareciera que el sujeto es dependiente de la estructura espacial de su entorno y no el eje rector de los procesos de apropiación espacial. La falta de un diseño urbano a escala humana afecta la calidad de vida de los ciudadanos, limita los espacios de encuentro y la construcción del tejido social. La defensa del espacio público contribuye a la búsqueda de espacios de convivencia en condiciones de igualdad. Para lograrlo, es necesario la participación de la comunidad en la consolidación de la cultura ciudadana, entendida como "el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1995). La construcción de redes promueve la cohesión social y una participación positiva de la ciudadanía. "Los beneficios derivados de la pertenencia a un grupo constituyen, a su vez, el fundamento de la solidaridad que los hace posibles [aunque eso] no significa que estos beneficios sean perseguidos conscientemente" (^{Bourdieu, 2000}: 150).

Es necesario replantear el espacio público como un lugar de encuentro que promueve la cultura ciudadana. Un espacio polivalente en donde los ciudadanos con discapacidad puedan disfrutar de la infraestructura recreativa como parques, jardines y plazas sin ser limitados física o socialmente. Es importante "procurar una mayor autonomía personal, permitir una vida independiente y de ciudadanía plena, pero también reducir la necesidad de institucionalización y de ayuda familiar" (^{Olivera, 2006}: 337).

Para que la ciudadanía pueda superar las barreras sociales sobre la inclusión de la población con discapacidad es necesario sensibilizarla. La sensibilización es una actividad que invita a la reflexión y promueve la inclusión por medio de actitudes positivas de respeto, valoración, solidaridad y tolerancia frente a la discapacidad. Su objetivo es desarrollar la empatía para favorecer la aceptación, el reconocimiento y la concientización de la ciudadanía. La sensibilización es el primer paso para acercar al colectivo a la cotidianeidad y a los problemas que enfrenta la población con discapacidad en el espacio público. Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla respetando las necesidades, y potencializando la predisposición de ayuda y colaboración entre los ciudadanos.