Aproximación metodológica: análisis de la concepción del proyecto urbano

La reapropiación capitalista de la ciudad, caracterizada por la participación de entidades financieras y empresas inmobiliarias como socios privilegiados de los gobiernos municipales, respalda la concepción del espacio público exclusivamente en función de su valor de cambio, propiciando las contradicciones inherentes a la acumulación por desposesión (^{Harvey, 2007a}), es decir, al predominio de la activación de plusvalías en detrimento del incentivo del valor de uso. Para simular esta vocación de neutralizar las prácticas de los usuarios en el espacio público resulta imperativo la elaboración de un discurso que lo promueva como lugar de encuentro, de participación y dispuesto para el usufructo de la ciudadanía. Esta retórica, fabricada por los ideólogos del proyecto urbano, opera en complicidad con el espacio dominante y se presenta como verdad absoluta de la reforma urbanística. No casualmente, la contratación de proyectistas para avalar esta noción del espacio público "se puso de moda [...] sobre todo a partir de las grandes iniciativas de reconversión urbana, como una forma de hacerlas apetecibles para la especulación, el turismo y las demandas institucionales en materia de legitimidad" (^{Delgado, 2011}: 9).

La retórica proyectual obedece a una "falsedad (objetiva)" (^{Lefebvre, 2013}: 335) que los gestores urbanos justifican desde un discurso supuestamente neutro, pero que se ejecuta con la violencia que implica reducir la conflictividad social a la funcionalidad de un entorno regenerado. Este criterio da legibilidad al espacio público, pero obedece a la composición de ciertas normativas marcadas por la institucionalidad, útiles para diferenciar el tipo de acontecimientos que se desean exhibir de aquellos que se deben censurar. Esa complicidad entre proyecto y gobernanza urbana "está lejos de resultar explícita y se presenta bajo una retórica que ante todo reivindica el espacio [público] urbano supuestamente al servicio del ciudadano" (Martínez, citado en Lefebvre, 2013: 22).

La tarea proyectual se corresponde con la dimensión de lo que Lefebvre llama espacio concebido (o representación del espacio) dentro de su división triádica del espacio social, es decir "el espacio de los científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas fragmentadores y hasta el de cierto tipo de artistas próximos a la cientificidad" (Lefebvre, 2013: 97). Es el espacio del poder que oculta la voluntad de controlar el espacio percibido (o práctica espacial) y el espacio vivido (o espacios de representación), producidos desde la dimensión más cercana a la cotidianeidad del usuario, a "lo urbano" entendido "como obra de ciudadanos, en vez de imposición como sistema a este ciudadano" (Lefebvre, 1978: 178). A partir de esta distinción conceptual, Lefebvre ratifica una relación conflictiva entre el espacio dominante (espacio concebido) y el dominado (espacio vivido y espacio percibido), pero advierte que por mucho que se incrementen controles sobre los usuarios, resulta "imposible inmovilizar lo urbano" (Lefebvre, 2013: 417).

Fotografía: Vicente Gaibor, 2012.

Imagen 1 Edificio del antiguo banco La Previsora junto al Malecón 2000 

La representación del espacio se resuelve dentro de un marco institucional que condiciona las decisiones proyectuales y, no obstante, permanece invisibilizado bajo la retórica proyectual. "Tras ella, sin embargo, no se encuentra sino la imposición del espacio concebido, proyectado, espacio especializado (fundamentalmente por y para el consumo), que exigirá la adaptación de los usos a la forma y a la norma impuestas" (Martínez, citado en ^{Lefebvre, 2013}: 22). Partiendo de esta premisa, se propone un análisis de la concepción del proyecto urbano como entrada metodológica para identificar los decretos materializados en el diseño, que hacen efectivo el orden espacial ideado por los actores que toman las decisiones desde la gestión urbana.

El estudio de la etapa de concepción del Malecón 2000 en Guayaquil y de la Vila Olímpica en Barcelona se realizó a partir de un trabajo de archivo para acceder a fuentes documentales de carácter jurídico, financiero y urbanístico que contienen información sobre el verdadero fundamento del proyecto urbano.³ La investigación de archivo (^{Muzzopappa y Villalta, 2011}) es útil para identificar cómo los instrumentos reguladores creados para solventar el diseño de la obra son indisociables de las regulaciones sobre el uso del espacio implementadas luego de su construcción. De esta manera, la gestión del proyecto controla la injerencia que puedan tener los usuarios sobre el mandato político que se ejecuta en la organización espacial. "Es sobre el espacio como el poder central se erige por encima de cualquier otro poder y lo elimina" (^{Lefebvre, 2013}: 318).

Pese a que el Malecón 2000 y la Vila Olímpica tienen un contexto social, económico y político diferente, reproducen el mismo modelo de gestión urbana empresarial que "parece superar fronteras nacionales e incluso ideologías y partidos políticos" (^{Harvey, 2007b}: 368). Es por este motivo que la actuación de las municipalidades de Guayaquil y Barcelona responden a la fórmula urbanística homogeneizada en las ciudades del capitalismo tardío, que ha generado varias contradicciones dada la privatización de lo público y la regulación extrema de la vida social en contextos urbanos.

Malecón 2000: la fundación del Guayaquil regenerado

El Malecón 2000 es el proyecto inaugural de la regeneración urbana que atraviesa Guayaquil desde finales del siglo XX, caracterizada por la producción de espacios públicos y la instauración de una nueva modalidad de administración municipal orientada a la recuperación de centralidades, de manera sintomática a la actuación de los gobiernos locales de la época en Latinoamérica.

En un contexto de cambios en la dinámica del crecimiento urbano, el centro de Guayaquil se presenta en la década de 1990 como una oportunidad de revalorización económica y reconquista política. Es entonces cuando el banco La Previsora presentó un estudio de preinversión al alcalde León Febres-Cordero, miembro del partido Social Cristiano (1992-2000), para revalorizar el malecón Simón Bolívar, "proponiendo nuevas funciones para el centro tradicional de la ciudad, que contribuyan a regenerar su economía urbana [...] para de esta forma revertir un proceso de deterioro similar al sufrido por otras ciudades en el mundo" (FM 2000, 1997c: 1).

La institución bancaria decidió el equipo de profesionales encargados del diseño y contrató a la Oficina de Proyectos de Desarrollo Internacional de Oxford Brookes University de Inglaterra, luego de recibir una respuesta negativa a la invitación enviada a los arquitectos de fama internacional leoh Ming Pei, Robert Venturi y Denise Scott Brown. El proyecto fue aprobado en 1996 a partir del acuerdo entre la banca privada y Febres-Cordero. "O sea, hay un asentamiento de la instancia superior, que es su alcalde y el Concejo Cantonal, que acepta el proyecto y la creación, obviando los pasos técnicos" (Entrevista a funcionario municipal, Guayaquil, 15 de mayo de 2010).

La ejecución del proyecto fue culminada por Jaime Nebot, sucesor del mismo partido político conservador,⁴ quien lideró la alcaldía de Guayaquil desde el año 2000 hasta mayo de 2019, promoviendo esta maquinaria urbanística como un modelo exitoso de gestión empresarial que revertiría el caos urbano generado por la desidia de la administración del partido Roldosista Ecuatoriano (19841992). El Malecón 2000 se convierte en el símbolo inaugural de la recuperación de la ciudad y de una identidad urbana atribuida. El discurso político que lo respalda promueve la regeneración urbana "como la obra total. Embellece la ciudad, pero también genera autoestima y orgullo" (Nebot, citado en ^{Villavicencio, 2012}: 79).

Para gestionar el proyecto, la municipalidad creó una fundación de derecho privado, de acción social, sin fines de lucro y con vinculación orgánica al sector público, ya que estaría presidida por el alcalde de la ciudad, pero con total autonomía administrativa. La Fundación Malecón 2000 (FM2000) sería la encargada de gestionar la obra acorde con los lineamientos jurídicos estipulados en un contrato de comodato firmado el 30 de enero de 1997. En este documento se define el tratamiento de la propiedad de la tierra, los criterios de diseño, los actores involucrados en la toma de decisiones y la regulación de la legislación urbana. La entidad gestora recibió el encargo del "desarrollo hasta nivel de diseño definitivo del perfil del proyecto Malecón 2000, que ha sido elaborado por la Escuela de Arquitectura y Planificación de Oxford Brookes University de Inglaterra" (FM2000, 1997a: 3).

El contrato establece en beneficio de la FM2000 "la entrega en comodato de los bienes municipales de uso público y afectados al servicio público que forma parte del Malecón Simón Bolívar" (FM2000, 1997a: 3-4). Dicho terreno e inmuebles fueron dados a la entidad gestora por "noventa y nueve años, renovables por igual período, contados a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad" (FM2000, 1997a: 6). Además de la entrega del suelo urbano, se "declara expresamente que no habrá lugar a impuesto municipal alguno que deba asumir 'La Comodataria' y que pesaren o se crearen respecto del lote de terreno entregado en comodato, por todo el lapso de vigencia del presente" (FM2000, 1997a: 8).

Si bien la donación del terreno es un incentivo legítimo del sector público para atraer la inversión privada, se advierte que ello "no debe incluir exenciones de impuestos u otros tipos de concesiones fiscales más allá de lo estrictamente necesario para conseguir el propósito de desencadenar el proceso de recuperación" (^{Rojas, 2004}: 32). Para el caso del Malecón 2000, la entrega en comodato del terreno y la anulación del pago de impuestos significó perder la utilidad pública de la renta del suelo en un tiempo que puede extenderse hasta el año 2195, es decir, una fecha cercana al siglo XXIII. Todos los beneficios económicos directos generados durante este tiempo serán canalizados a la entidad privada y "tiene[n] que ser, por estatuto, reinvertido[s] en el Malecón para el mantenimiento de la infraestructura del proyecto" (Entrevista a arquitecto de FM2000, Guayaquil, 22 de mayo de 2010).

El contrato también regula el porcentaje de implantación del proyecto destinado a percibir ingresos económicos vía arriendo o concesión de las edificaciones destinadas a este propósito. Las alteraciones introducidas al diseño propuesto por la universidad extranjera responden al cambio de ciertas funciones por otras de mayor rentabilidad y a la necesidad de reforzar la seguridad de dicho espacio público, para lo cual se tuvo previsto "un enrejado perimetral con portones de acceso" (FM2000, 1997c: 12). Los dispositivos de seguridad incorporados al entorno para cercar el espacio público, fueron reforzados con las Normas para visitantes (FM2000, s.f.) creadas por la entidad gestora, en donde se estipula el perfil del usuario que puede circular por el Malecón 2000, así como las prácticas prohibidas dentro de sus límites, como el ingreso de vendedores ambulantes, actos impúdicos o vandálicos, las actividades de proselitismo político u otras que no respeten la funcionalidad destinada al "paseo y recreación de los visitantes" dentro del horario de atención, programado entre las 7:00 y las 24:00 horas. El cumplimiento de esta regulación se ejerce mediante la contratación de servicios de seguridad a empresas privadas, encargadas de la dotación de guardianía y videovigilancia para el monitoreo de los usuarios y el control del cumplimiento de las normas en el espacio público.

La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del proyecto también estuvo restringida a los regulaciones establecidas desde el Directorio de la FM2000, que se dio dentro de un proceso hermético para no obstaculizar la ejecución de la propuesta de Oxford Brookes University de Inglaterra. "O sea, proyectos consumados. No hay participación de la ciudadanía, no hay opinión ni de especialistas [...], entonces ese es el resultado, la cantidad de errores que tiene [...] Nadie lo niega y es un acierto, pero pudo ser mejor" (Entrevista a arquitecto catedrático, Guayaquil, 20 de mayo de 2010). Después de su aprobación oficial, el proyecto se dio a conocer al público general a través de la prensa. "¿Se imagina caminar por el Malecón Simón Bolívar y encontrarse a su paso con lugares históricos [...], todo esto mientras disfruta de la belleza del río? Este paseo, que parece ser un sueño, próximamente será una realidad" (El Universo, 1997).

Fotografía: Vicente Gaibor, 2017.

Imagen 2 Enrejado perimetral del Malecón 2000 

Fotografía: Vicente Gaibor, 2012.

Imagen 3 Monumento a los donantes en el Malecón 2000 

La ciudadanía tan sólo fue convocada a la hora de definir las estrategias de mercado y durante la recaudación de donaciones destinadas al financiamiento de la obra. Una encuesta, denominada Barómetro de necesidades y mercado objetivo (FM2000, 1997b), fue realizada entre agosto y septiembre de 1997 para medir las expectativas del usuario potencial. Posteriormente, se impulsó una reforma legal para recaudar fondos deducibles de hasta el 25% del impuesto a la renta, para que fueran entregados voluntariamente como inversión para la construcción del proyecto. A cambio, los contribuyentes recibieron el reconocimiento de su participación en el Monumento a los donantes, el cual se exhibe dentro del Malecón 2000 como atractivo turístico y símbolo de la mercantilización extrema del sentido de la participación ciudadana.

El Malecón 2000 da respuesta a las estrategias de marketing para ofertar el espacio público como el escaparate del Guayaquil regenerado. El consenso entre políticos, promotores y arquitectos durante la formulación del proyecto se constituye en el preámbulo del sentido privativo con el que la FM2000 administra los usos del espacio público, una vez que pasó a ser recorrido, y habitado por los visitantes locales y los turistas internacionales. El espacio público, en tanto que concreción material de los decretos institucionales, debe funcionar como dispositivo de control para desactivar conductas que resulten estridentes con la imagen de una ciudad ordenada y segura que ha conseguido regenerar las formas de sociabilidad bajo las normas de urbanidad. "El resultado ha sido una regeneración física de la ciudad que se convirtió en una superación humana de los ciudadanos de Guayaquil" (Nebot, citado en Winne, 2003).

En definitiva, la concepción de este proyecto urbano responde a un determinismo espacial que presupone la eficacia de la reforma del entorno construido como mecanismo para reformar la conducta de los usuarios y producir "sujetos regenerados" (^{Andrade, 2007}: 51). El caso del Malecón 2000 evidencia la triple alianza entre proyecto urbano, seguridad privada y normativas de uso del espacio como eje de actuación indispensable de la gestión local empresarial, puesto que permite sostener la imagen de un espacio público participativo, mientras oculta la exclusión constitutiva que opera detrás de la retórica democratizante de la regeneración urbana de Guayaquil.

Lo mejor que pueden tener los espacios públicos y eso lo han entendido algunas ciudades del primer mundo como en Europa, una de esas es Barcelona [...] es contar con un espacio que te brinde la oportunidad de interactuar sin ningún tipo de restricción [...] Esto hace que los espacios públicos se conviertan en espacios democráticos, donde todo el mundo como en este proyecto, puede entrar y ser partícipe (Entrevista a arquitecto de Fundación Malecón 2000, Guayaquil, mayo de 2010).

La Vila Olímpica: el emblema del Modelo Barcelona

Barcelona es considerada como ejemplo de buenas prácticas urbanísticas a raíz de la reforma que conoce la ciudad para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Desde entonces, se la promueve como Modelo Barcelona, paradigma urbano que ha sido tomado como referente por varios gobiernos locales a nivel internacional. Sin embargo, se trata de "un modelo que, vale la pena señalarlo desde ahora, está siendo crecientemente cuestionado en la misma Barcelona por muchas personas, incluso por algunos de los que más eficazmente habían hecho propaganda del mismo" (^{Capel, 2011}: 26).

El evento deportivo fue gestionado por los primeros ayuntamientos socialistas luego de casi cuarenta años de dictadura, para afianzar el salto definitivo de ser una "ciudad industrial a escenario de consumo" (^{Tello, 1993}: 507). Es entonces cuando se concretaron los lineamientos urbanísticos para convertir a Barcelona en una ciudad modelo mediante su inserción en el marketing urbano global, hasta el extremo de convertirla en una marca comercializable. Su proyección internacional necesitaba de una imagen revitalizada, lo que motivó la incorporación del gremio de arquitectos al Ayuntamiento.

El alcalde Narcís Serra (1979-1982), miembro del partido de Socialista de Catalunya (PSC), contrató como delegado del área de urbanismo del Ayuntamiento al arquitecto Oriol Bohigas, posteriormente nombrado consejero urbanístico durante la alcaldía de Pasqual Maragall (1982-1995), sucesor del mismo partido político. Desde el cargo público, Bohigas apostó por lo que llamó la reconstrucción de Barcelona (Bohigas, 1985), bajo el método del plan-proyecto difundido ampliamente en Europa, orientado a reemplazar el planeamiento tradicional por proyectos urbanos con el fin de regenerar por fases la ciudad y acercar la obra municipal a las necesidades vecinales. Bajo dicho criterio, la oficina de arquitectura MBM (Bohigas, Martorell, Mackay) y Albert Puigdoménech desarrollaron el Plan de la Vila Olímpica, la cual consideran "la experiencia más completa sobre el método de los proyectos urbanos" (Bohigas, 2004: 146).

El impulso financiero atraído por las Olimpiadas permitió concretar la reforma de la fachada marítima que no fue posible ejecutar durante la década de 1960, cuando los grandes empresarios presentaron al Ayuntamiento el Plan de la Ribera (Solà-Morales, et al., 1974). El Plan quedó paralizado por la crisis económica de entonces, y por las impugnaciones conseguidas por las asociaciones vecinales y entidades profesionales que actuaron como flanco de resistencia al urbanismo especulativo del desarrollismo auspiciado por el alcalde franquista Porcioles. Es con la aprobación del Plan Especial de Ordenación de la Fachada Marítima de Barcelona en el sector del Passeig de Carles I y de la Avinguda d'Icaria (^{Bohigas, et al., 1986}) que se concretó la tercerización de esta antigua zona industrial.

La selección del terreno donde se construyó la Vila Olímpica responde al pacto entre los dueños del suelo con el Ayuntamiento, fraguado durante la desindustrialización de Barcelona, etapa que se caracteriza por "la entrada de entidades financieras y empresas inmobiliarias en la propiedad del espacio urbano" (^{Tatjer, 1988}: 293). Para ejecutar la reforma, el Ayuntamiento creó Vila Olímpica, S.A. (VOSA) encargada de la "promoción y gestión urbanística del sector del Poble Nou y la ejecución del conjunto de actuaciones urbanísticas relacionadas con los Juegos Olímpicos" (VOSA, 1990: 1). Además, para hacer operativa la gestión de la zona residencial, creó Nova Icària S.A. (NISA) con "facultades suficientes para endeudarse y convertirse en titular de los terrenos expropiados y, en enero de 1988, ampliar su capital social mediante la aportación de todos los terrenos adquiridos por el ayuntamiento en el sector" (^{Fornas, 1988}: s.p.). Para ampliar su capital fundacional, NISA convocó la participación del sector privado, consiguiendo un 60% de acciones de la banca y de las inmobiliarias, frente a un 40% del capital público, lo que generó un peso desregulado en la toma de decisiones. Así, "el Ayuntamiento, incapaz de promover y controlar la actuación urbanística, la pone en bandeja de oro en manos de otros grupos inmobiliarios" (^{Martí y Moreno 1991}: 53).

Fotografía: Gabriela ^{Navas, 2016}.

Imagen 4 Puerto deportivo y paseo marítimo en primera línea del mar de la Vila Olímpica 

Con este antecedente, el proyecto del equipo de Bohigas tuvo que ser adaptado a las demandas inmobiliarias para comercializar las viviendas, lo que impuso "modelos ya trillados que permitían estudios de mercado menos arriesgados" (Bohigas, 2004: 115) y, en definitiva, una solución proyectual más próxima a los intereses del capital privado que a las demandas del "urbanismo ciudadano y redistributivo" (^{Borja, 2003}: 181) a las que, en principio, serviría el método del plan-proyecto de Bohigas.

Tampoco se contempló la inclusión de los habitantes que ocuparon las barriadas obreras del sector al proyecto, ya que fueron desalojados y tuvieron que asistir a la destrucción de sus viviendas (^{Navas, 2018}). Mediante el Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de la Corporación Metropolitana se aprobó el procedimiento que "permite, en caso de que el mutuo acuerdo no se consiga, proceder a la ocupación urgente de las fincas afectadas, 72 fincas ocupadas por 147 talleres y establecimiento; y 147 viviendas" (NISA, 1988: s.p.). Las familias afectadas fueron indemnizadas o reubicadas en pisos construidos por el Patronat Municipal d'Habitatge. Asimismo, se destruyó el patrimonio industrial catalogado por los especialistas que fueron contratados por VOSA para "realizar unos levantamientos [...] que serán los únicos documentos que podrán ser utilizados como muestra de una arquitectura desaparecida" (^{Caballé, Gonzàlez, Navas, 1988}: s.f.). El vaciado del territorio fue instrumental al discurso proyectual que justifica su intervención sobre "una especie de vacío urbano y, por lo tanto, un lugar idóneo para hacer una renovación a fondo, implantando el primer barrio moderno junto al mar" (^{Bohigas, et al., 1991}: 11). La construcción artificial de este vacío legitimó la ruptura con un pasado industrial que "no ha merecido el más mínimo recuerdo. Parece como si la transformación no hubiese sido ni extensa, ni traumática. Y, como mínimo, a nivel patrimonial lo fue" (Caballé, 2010).

La Vila Olímpica fue proyectada para ocupar el terreno despejado, mediante la extensión del ensanche hasta el borde costero. La recuperación del Plan de Cerdà por los arquitectos de la obra es plausible en la adopción de su trazado ortogonal característico para la configuración espacial de la nueva zona residencial. Este criterio proyectual obedece al mandato político de dar continuidad a la reforma urbana que impulsó la burguesía catalana en el siglo xix, para combatir la actividad de las denominadas clases peligrosas. En ese sentido, la tercerización del sector es una reedición de las reformas higienistas decimonónicas para la defensa del orden público, bajo la misma vocación de disciplinar la conflictividad social. La solución proyectual adaptada al trazado cerdiano genera corredores dispuestos reticularmente que dan la legibilidad necesaria para el control y vigilancia del espacio público. Así, el proyecto urbano se constituye como un entorno "defendible" destinado "a facilitar la protección, [...] contra el azote social que representa la delincuencia «urbana» y, categoría nueva, el «incivismo», es decir, todo acto o comportamiento que se juzgue contrario a las normas de conducta consustanciales a la vida ciudadana" (^{Garnier, 2006}: 105).

El efecto fortaleza, adscrito a la solución morfológica de la Vila Olímpica, opera de manera indisociable con la vigilancia policial municipal dispuesta para velar por el cumplimiento de las regulaciones institucionales que condicionan la sociabilidad urbana en el espacio público. Los criterios establecidos en la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Barcelona, son los que determinan el tipo de comportamientos y actividades permitidas con el objetivo de "preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo" (Ayuntamiento de Barcelona, 2005).

Este urbanismo defendible adquiere una particularidad en la zona residencial de la Vila Olímpica, en donde los edificios de vivienda han sido seguritizados a través de la instalación de cámaras de videovigilancia, barreras arquitectónicas y servicios de seguridad privada contratados por las comunidades de propietarios con el objetivo de garantizar la protección de los residentes. El resultado es un enclave seguritizado para eludir la conflictividad social que "da un paso más allá del higienismo e introduce la estetización y las arquitecturas preventivas como lógicas de diferenciación, segregación, control y exclusión" (^{García y Ávila, 2015}: 22). Pese al endurecimiento de dichos controles, la Vila Olímpica es invadida permanentemente por turistas que no acatan las normas de urbanidad, mendigos, prostitutas o transeúntes sospechosos que circulan por sus calles, incrementando los discursos alarmistas que "reclaman el fin del incivismo salvaje en las calles del barrio" (Márquez, 2016).

Fotografía: Gabriela ^{Navas, 2016}.

Imagen 5 Seguritización de los edificios de vivienda de la Vila Olímpica 

En resumidas cuentas, la eficacia del entorno defendible como garante de la producción de formas de sociabilidad compatibles con un espacio público que ha superado la injusticia social y en donde prevalece la convivencia cívica, es puesta en contradicción por la apropiación de ese espacio exterior por parte de sujetos que encarnan la peligrosidad. "Barcelona es un ejemplo de cómo, a la que te descuidas, ese sueño de un espacio urbano desconflictivizado, [...] se derrumba en cuanto aparecen los signos externos de una sociedad cuya materia prima es la desigualdad y el fracaso" (^{Delgado, 2007}: 265).