Caracterización del barrio El Pacífico

El barrio El Pacífico se encuentra ubicado en la ladera nororiental del municipio de Medellín (Colombia), en la parte alta de la Comuna 8, entre los barrios Llanaditas, Trece de Noviembre y el corregimiento de Santa Elena. El barrio comenzó a configurarse a mediados de la década de 1990, como consecuencia directa de los desplazamientos forzados masivos producto de la violencia que ha tenido lugar en todo el territorio nacional, derivados de los enfrentamientos armados entre guerrillas, paramilitares y el Ejército Nacional en el marco del conflicto armado colombiano (^{Sánchez-Steiner, 2008}).

Se estima, según fuentes orales de sus fundadores, un asentamiento inicial conformado por 34 familias. Para el año 2016 contaba con cerca de 184 viviendas y una población de 780 personas, aproximadamente (^{JAC El Pacífico y Grupo de Investigación en Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial, 2016}). Actualmente no es reconocido formalmente como barrio por el municipio de Medellín, pese a tener una JAC con personería jurídica.

En términos etarios, la mayoría de la población son jóvenes entre los 18 y 29 años (25% del total), seguidos de los menores de edad (41%, de los cuales, el 12% obedece a la primera infancia y el 13% a adolescentes entre los 13 y 17 años), lo que implica que es un barrio con población joven, dependiente económicamente de las personas cabezas de hogar (^{Velásquez-Castañeda, 2018}). En relación con la composición de las viviendas, la mayoría de estas contaban en 2016 con los materiales y las condiciones de deterioro expresadas en la Tabla 1.

Tabla 1 Características predominantes en las viviendas 

Fuente: elaboración propia con base en ^{JAC El Pacífico y Grupo de Investigación en Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial (2016)}.

En relación con los servicios públicos, el acceso no es universal, en tanto las entidades prestadoras del servicio se rehúsan a conectarlos en la totalidad de las viviendas, argumentándolo desde los riesgos naturales percibidos en el territorio. La distribución para 2016 de los servicios públicos puede observarse en la Tabla 2.

Tabla 2 Distribución de los servicios públicos domiciliarios en el barrio 

Fuente: elaboración propia con base en ^{Velásquez-Castañeda (2018)} y ^{JAC El Pacífico y Grupo de Investigación en Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial (2016)}.

Construcción barrial en contexto de ladera

Las condiciones geomorfológicas de la ciudad no permiten que su ampliación se dé hacia oriente y occidente, en tanto dos laderas de alta pendiente cierran el paso a cada lado. Sus opciones hacia el norte y sur han sido igualmente limitadas desde la década de 1990, en tanto la conurbación inminente con sus municipios aledaños no le permitiría expandirse más allá de esas fronteras.

Esta configuración espacial funcionó como una invitación a que las personas que llegaban a Medellín en busca de un lugar para habitar optaran por poblar sus laderas, en tanto estas, debido a las posibles condiciones de riesgo que contemplan, no fueron prioridad para la expansión urbana desde sus esquemas de planeación urbanística y, por ende, ofrecían la oportunidad de adquirir predios a costos muy asequibles para la construcción de vivienda. Para ^{López y López (2004)} esa problemática se materializa con relación al riesgo de habitabilidad de las laderas que no distingue entre barrio subnormal y planeado, en el sentido de que en cualquiera de ellos se pueden obviar factores importantes de vulnerabilidad, por ejemplo, de tipo ambiental o asociados a la calidad de las viviendas, los cuales conducen a la generación de impactos en las personas e infraestructuras.

No obstante, los barrios comúnmente considerados como informales y en contexto de ladera ven sus condiciones de vulnerabilidad agravadas, pues tienen menos facilidades de ser escuchados desde lo que Ruiz-Bote-ro, Villa-Becerra y Montoya-Bedoya (2018) denominan como la ciudad imaginada, aquella sustentada en las lógicas de planeación oficial; mientras sus comunidades suelen ubicarse mayormente sobre la ciudad real, reconocida a través de las prácticas de supervivencia de sus pobladores ante la ausencia institucional.

Aunando a dicha problemática, el modelo de ciudad latinoamericana ha focalizado la centralidad de los servicios económicos y financieros en los núcleos urbanos representativos de cada región. Esta situación tiene como consecuencia, entre otras, el aumento de la población urbana, incitando a la adecuación poblacional en los territorios periféricos del perímetro urbano. Así, las periferias surgen como consecuencia del crecimiento de las ciudades modernas, en tanto su desarrollo socioeconómico depende de la expansión de sus fronteras, lo cual, a su vez, replica una suerte de relación de dependencia centro-periferia, en tanto los servicios sociales, económicos, políticos y culturales, por mencionar algunos, suelen focalizarse en las centralidades (^{Arteaga, 2005}). Al mismo tiempo, eso reproduce una serie de injusticias socioespaciales en relación con las facilidades de acceso a los servicios por parte de los habitantes de la periferia, quienes, a menudo, se enfrentan con mayores tiempos de desplazamiento, discriminación en razón de su condición étnica, racial, cultural, económica, entre otros y costos elevados para la adquisición de los servicios urbanos, por sus capacidades socioeconómicas particulares (^{Soja, 2014}).

En relación con lo anterior, Medellín presenta un conjunto de características morfológicas particulares, las cuales complejizan el tema de la periferia urbana pues existe una variable extra a comprender: la ladera. De esta manera, los conceptos de ladera y periferia resultan clave para comprender los procesos de construcción social del territorio.

Para ^{Claghorn, et al. (2016)} la ladera de Medellín se caracteriza por ser una zona periférica escarpada de alta inclinación, proclive a los deslizamientos y con altos índices de pobreza económica. La periferia no es meramente la designación de un territorio influido por dinámicas socioeconómicas urbanas, sino por la naturaleza geofísica del espacio habitado. Esta naturaleza representa una capa más de factores a considerar para los temas de habitabilidad, intervención y autoconstrucción en el territorio (^{Caballero-Zeitún, 2016}). Aspectos físiconaturales propios de estos lugares de ladera, tanto como los socioeconómicos y culturales, se combinan y entran en tensión, dificultando la construcción de viviendas y equipamientos barriales (^{López y López, 2004}).

La periferia de ladera en Medellín existe como un conjunto de territorios permeados por una serie de conflictos multidimensionales que dinamizan y problematizan las relaciones socioeconómicas, culturales y políticas con factores geográficos y morfológicos de las poblaciones que habitan estos espacios de topografía distintiva. A pesar de ello, las comunidades de ladera en relación con la autoconstrucción barrial, se han caracterizado por buscar los medios para apropiarse de su territorio. Los valores subjetivos manifestados a través de las relaciones sociales que caracterizan estos espacios hacen que los grupos humanos que los habitan construyan vínculos socioterritoriales para satisfacer necesidades básicas como la vivienda, acceso a servicios públicos, entre otros.

^{López y López (2004)} sugieren que dichos vínculos se fortalecen a nivel comunal en la medida en que el individuo es capaz de vivir seguro en su entorno a pesar de ver desde arriba una ciudad dinámica, que se desarrolla y crece y que, a la vez, lo discrimina. La vida comunitaria en la ladera se construye favorablemente gracias al autoaprendizaje y la adaptación a las condiciones del territorio.

Así pues, tanto aspectos objetivos como subjetivos determinan la manera como se da la construcción social en medio de la ocupación de la ladera, en especial, cuando el barrio hace parte de un proceso de autoconstrucción.

Justicia espacial y ambiental como categorías analíticas

Para ^{Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos Alanís (2015)}, la justicia espacial y ambiental, en tanto categoría teórica, reúne, por un lado, las propuestas de justicia espacial abordadas por Soja, Lefebvre o Harvey, quienes, a su vez, retoman elementos conceptuales sobre la justicia social de Rawls. Por otro lado, aquellas sobre justicia ambiental, entendida como respuesta crítica y propuesta transformadora ante un contexto industrial desarrollado, es una apuesta explorada por Bullard, complementado por Fischoff y Kadvany desde perspectivas sobre el riesgo en contextos barriales y comunitarios, o por Arriaga y Pardo con el análisis general de la cuestión, entre otros.

Adicionalmente, existen una serie de dimensiones para el análisis socioespacial que son: calidad de vida, respeto/dignidad, cohesión/integración, democracia y libertad. Dentro de esta última se identifican las situaciones asociadas con la segregación socioresidencial impuesta y/o voluntaria (^{Álvarez-Rojas, 2013}). El interés particular del presente texto, si bien suscita de manera latente todas las dimensiones mencionadas, propende por focalizar la mirada en la dimensión de libertad, a partir de las inequidades socioespaciales y ambientales derivadas del ordenamiento territorial de Medellín.

Esta categoría se encuentra íntimamente relacionada con la gestión del riesgo en cuanto al desequilibrio social existente y develado cuando un desastre ocurre (^{Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos Alanís, 2015}). Proponer y ejecutar medidas de reducción del riesgo puede servir para cerrar la brecha de las desigualdades y propiciar condiciones de seguridad para las comunidades y sus bienes. El papel del Estado es fundamental en este sentido, tanto en las medidas estructurales que ejecuta, como en la inclusión de la gestión del riesgo en los ejercicios de planificación del desarrollo para cumplir objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que, a la larga, propenden por una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

En el marco de la justicia espacial y ambiental podría lograrse un acceso más equitativo de las comunidades al conocimiento sobre las amenazas, las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo en las que se encuentran sus territorios. Podrían demandar del Estado el diseño de estrategias conjuntas de reducción, respuesta y recuperación en caso de ocurrencia de un desastre, mediante la identificación de escenarios de intervención de corto, mediano y largo plazo. Solo a través de una gestión pública adecuada que involucre elementos de tipo ambiental, social, económico, político y cultural y los respectivos procesos de participación ciudadana sería posible que los procesos de exclusión y segregación social disminuyan gradualmente (^{Astudillo Pizarro y Sandoval Díaz, 2019}; ^{Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos Alanís, 2015}).

El proyecto estuvo dividido en cinco etapas:

Hallazgos

En el proyecto se identificaron conflictos entre el ordenamiento territorial de Medellín y las características socioespaciales del territorio, los cuales fueron discutidos y explorados en la Escuela de Gestión Comunitaria del Riesgo (EGCR) mediante cinco encuentros grupales. Asimismo, se elaboró y socializó el Plan Comunitario de Conocimiento y Reducción de Riesgo de Desastres (PCCRD). A continuación, se detallan estos escenarios.

Elementos del ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín

Para el año 2018, El Pacífico no contaba con el reconocimiento como barrio por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) y era asumido como un asentamiento informal de Medellín. Una parte figura como sector del barrio Llanaditas y otra del barrio Trece de Noviembre, con el que guarda una mayor proximidad física y acceso vial. La situación territorial del barrio se complejiza, en tanto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad clasifica una sección de sus suelos como zona de alto riesgo por estar situado en el retiro de la quebrada La Rafita; otra la deja fuera del perímetro urbano, por estar a la margen derecha de la quebrada y en el radio de acción del Área de Protección de Infraestructura (API) cerro Pan de Azúcar; mientras una tercera porción del territorio está inserta en la Reserva Nare (^{Concejo de Medellín, 2014}). (Mapa 1).

Mapa 1 Situación territorial barrio El Pacífico 

Fuente: elaboración propia.

En términos normativos, el POT determinó que parte del barrio se encuentra en una zona con condición de riesgo por movimiento en masa (Mapa 2) y, otra parte, es una zona con condición de riesgo por inundación (Mapa 3).

Mapa 2 Condición de riesgo por movimiento en masa en el Barrio El Pacífico 

Fuente: elaboración propia.

Mapa 3 Condición de riesgo por inundación en el Barrio El Pacífico 

Fuente: elaboración propia.

Si bien el barrio no tiene zonas de alto riesgo no recuperable, se puede apreciar en el Mapa 2 que la gran mayoría del suelo del barrio se encuentra en amenaza alta de movimiento en masa. Tan solo un área pequeña presenta amenaza media y baja. Sobre la amenaza por inundación, una parte considerable del territorio se encuentra afectado por los retiros de quebrada de La Rafita.

Igualmente, en la evaluación del riesgo según el escenario de la Zona 3 (centroriental), el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) de Medellín determina que las dos amenazas mayores para el territorio son los movimientos en masa y las inundaciones, al plantear que estos son recurrentes en el borde urbano rural como consecuencia de su alta pendiente, a lo cual se suma la condición del suelo de dunita con depósitos de vertientes, agravado por las intervenciones no reguladas de las comunidades en estos territorios (^{Alcaldía de Medellín, 2015}).

El PMGRD manifiesta también que existen algunas prácticas que agudizan el escenario de la zona, como la ejecución de cortes de taludes verticales y la sobrecarga de laderas con la conformación de botaderos, además, llenos en piedra sin contención como base de edificaciones; las excavaciones o cortes que modifican la topografía original del terreno para su desarrollo urbanístico sin estudios geotécnicos y de suelos; las fugas frecuentes de las redes de servicios de acueducto y alcantarillado; las quemas permanentes sobre el escarpe y el cerro Pan de Azúcar, que favorecen la caída de roca; la deforestación en las partes altas de las laderas, en los cañones de las quebradas y de las zonas del escarpe; la ocupación de los cauces para construcción de viviendas que modifican su capacidad hidráulica y construcciones que no acatan los lineamientos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (^{Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, 2010}).

Un estudio de la quebrada La Rafita y sus afluentes, elaborado en el marco de la formulación del macro-proyecto Cinturón Verde Metropolitano y cuya intención es frenar el crecimiento de los barrios periféricos en las laderas, afirma en sus conclusiones y recomendaciones que el canal natural debe ser mantenido libre de desechos, rocas u otros elementos que pudiesen afectar negativamente su capacidad hidráulica, para evitar desbordamientos de la quebrada (^{Cóncavas y Empresa de Desarrollo Urbano, 2013}). De otra parte, la investigación Retiro geológico y geotecnia de estructuras hidráulicas invita a tener especial cuidado en la preservación de la forma del cauce para su preservación y la reducción de riesgos asociados a su desbordamiento (^{Deacivil y Empresa de Desarrollo Urbano, 2014}).

Escuela de Gestión Comunitaria del Riesgo del Barrio El Pacífico

Aproximaciones y diálogos sobre el riesgo

A partir de los aprendizajes y reflexiones de los primeros encuentros de la Escuela, se reconoció la necesidad de entender la relación de las amenazas identificadas con los escenarios de riesgo del barrio, al igual que el papel que desempeñaba allí la vulnerabilidad. El equipo de investigación adoptó la noción del riesgo entendida como amenaza por vulnerabilidad sobre las capacidades, como la ecuación de análisis de riesgos.

Para dar a entender esta ecuación a la comunidad, se plantearon preguntas para discutir de manera grupal: ¿qué es el riesgo y la vulnerabilidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene más riesgo de mojarse si llueve, el que está en la calle o los que están resguardados? Asimismo, el diálogo recurrió al uso de narrativas cotidianas para entender cada uno de estos elementos, empleando referentes como cuentos infantiles que, pese a su sencillez, guardan un valor importante desde su flexibilidad analítica. Uno de los cuentos empleados fue el de los tres cerditos y el lobo feroz. En él, cada uno de los cerditos tenía la misma amenaza del lobo, pero su vulnerabilidad variaba en función de los materiales de sus viviendas y su actitud frente al riesgo.

La reflexión alcanzada por medio de estos diálogos permitió reconocer que:

En la exploración histórica y socioterritorial de El Pacífico generada en el EGCR, se identificaron múltiples factores de vulnerabilidad, amenazas, riesgos y capacidades en el barrio. Esta sucesión de eventos se desenvuelve desde los primeros esfuerzos de la organización comunitaria en 1998, cuando, por medio de lo que se denominó en aquel entonces como Junta de Vivienda Comunitaria (JVC), se fortaleció la permanencia en el territorio con la construcción de viviendas y mejoramientos de infraestructura para las familias asentadas allí. Esto, seguido por la lucha y eventual victoria parcial en la adquisición de los servicios públicos domiciliarios. La materialización de dichos logros fue lo que, en palabras compartidas por participantes de la EGCR en posteriores conversaciones, configuró la principal vulnerabilidad barrial en términos de la gestión comunitaria del riesgo: el asistencialismo comunitario.

De cierta manera ese fue el apagón, el switch que apagó eso fueron las mejoras. Llega el acueducto, llega la energía, llega el internet, llegan todas estas cosas y la gente se siente como ya realizada, como si ya consiguieron lo que necesitaba, ya les preocupa otras cosas. Una de las cuestiones por lo que la gente ya no se preocupa por esto aquí es porque la gente dice que ya tienen una posesión. "Por lo que haya sido, yo ya tengo derecho a algo más que el Estado me tiene que dar, así sea una caja de fósforos donde estemos todos allá unos encima de otros". Pero la gente se tranquilizó, es que decían, "¡no, ya el Estado no puede sacarme de aquí. Yo llevo 21 años, ya el Estado no puede sacarme las cosas a la calle". Es el pensamiento que la gente maneja (J. Rúa. Entrevista realizada en 2019).

Entendiendo la cultura del asistencialismo comunitario como uno de los principales factores de vulnerabilidad presentes en el territorio fue posible tener una mayor comprensión de los alcances de los escenarios de riesgo presentes en el barrio, configurados por las principales amenazas que la comunidad identificó durante la ECGR: movimientos en masa, inundaciones y fallas en el ordenamiento territorial.

Capacidades comunitarias

La última parte de la Escuela estuvo enfocada en entender, tanto por parte de la comunidad como por el equipo de investigación, cuáles dinámicas se habían dado en el territorio para la defensa del mismo y cómo estas reflejaban los elementos a tener en cuenta para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias necesarias para enfrentar las amenazas anteriormente identificadas.

Las discusiones permitieron entrever que los elementos que han constituido la defensa del territorio y la base para enfrentar las amenazas latentes del mismo pueden ser rastreadas a la organización comunitaria y la ejecución de jornadas de trabajo comunitario, comúnmente denominadas convites.

Desde la organización comunitaria, materializada en la JVC y, posteriormente, en la JAC, se impulsaron los convites, garantizando la permanencia en el territorio por parte de la comunidad, a partir de la construcción de andenes, viviendas, infraestructura comunitaria y demás asuntos que terminaron entretejiendo el territorio en torno a la acción social y mancomunada de sus habitantes. En palabras de uno de los participantes de la Escuela,

esto es algo que nos ha costado lágrimas, sudor y sangre y queremos ver que esto tenga un proceso excelente y ahora lo estoy viendo de esa manera. Entonces yo digo que, si yo no pongo de parte mía para aprender, entonces nadie me va a poner una inyección y me va a decir "vea ahí le pongo toda la información". Esto es algo que hay que buscarlo y es progresar en él. Por eso estoy [en la JAC], más que todo ahora, porque creo que las cosas están funcionando de buena manera, creo que cada una de las personas está ahí porque quiere (J. Rúa. Entrevista realizada en 2019).

Las capacidades comunitarias no se configuran de forma espontánea e inesperada. Son el resultado de la sumatoria de las voluntades y recursos no convencionales que dispone un grupo humano no solo para su supervivencia en el territorio, sino para su integración en el hogar comunitario, entendido este como el barrio en su conjunto. Las capacidades, a su vez, son direccionadas hacia un fin o un conjunto de fines con la intención de reproducir y fortalecer su existencia. En esa medida, los participantes de la Escuela comentaban en escenarios de diálogo que esos fines pueden estar orientados al mejoramiento de las viviendas con los conocimientos adquiridos en gestión del riesgo. "La idea es que el barrio cambie, lo que esté por cambiar que esté logrado de aquí a eso. Por ejemplo, que ya todas las casas tengan sus cañuelas, sus canoas y bajantes, sus andenes" (A. Ramírez. Entrevista realizada en 2019).

Plan Comunitario de Conocimiento y Reducción de Desastres

El PCCRD, elaborado con los insumos recopilados durante la EGCR y expuestos en el presente artículo, fungió como una estrategia de intervención territorial que contempló tres componentes convalidados a nivel comunitario:

Discusión y conclusiones

Como categoría analítica, la justicia espacial y ambiental permite entrever las inequidades manifiestas en la configuración sotioespatial de los territorios. Estas inequidades, a su vez, se traducen en prácticas institucionales de redistribución de las problemáticas ambientales de un territorio urbano en función de las condiciones socioeconómicas de las diferentes comunidades que lo habitan (^{López, 2014}) y de vulneración de las posibilidades que un grupo humano tiene de habitar un espacio socialmente construido, en donde los costos de adquisición de vivienda y servicios públicos domiciliarios son asequibles en relación con sus ingresos económicos (^{Capdevielle, 2014}).

En el caso del barrio El Pacífico, estas problemáticas se agudizan al considerar las condiciones de la habitabilidad en espacios de alta pendiente y sus implicaciones para las construcciones barriales y comunitarias, aunado a las dificultades para acceder a los servicios públicos domiciliarios y a los constantes intentos de desalojo de la comunidad por parte de la administración municipal. Esta problemática estructural puede ser enfrentada mediante diferentes mecanismos de intervención. Para el ejemplo particular de las laderas del municipio de Medellín, la gestión comunitaria del riesgo funciona como un medio de transformación y adaptación socioambiental, mediante el cual no solo se tramitan las necesidades físico espaciales del contexto, sino que se mejoran las condiciones habitacionales del mismo, reforzando los vínculos comunitarios y el tejido social que han generado sus pobladores, facilitando la respuesta a sus necesidades básicas frente a la ausencia institucional o, en ciertos casos, el impacto potencialmente negativo de su limitada presencia, como ocurre con el POT. Este último, en razón de la distribución inequitativa de los recursos para la comunidad en relación con el uso del suelo (urbano-rural), se convierte en lo contrario a una herramienta diseñada para organizar el territorio y la resiliencia. Por el contrario, produce un impacto negativo en la justicia ambiental y, por ende, genera condiciones de vulnerabilidad y riesgo en el barrio, relegándolo a una especie de limbo espacial. Lo anterior, a su vez, reafirma la poca intención por parte de la Alcaldía Municipal por desarrollar procesos para construir resiliencia y aumentar las capacidades barriales de adaptabilidad.

Además de lo anterior, preocuparse por habitar, aun sin cubrir sus necesidades de servicios básicos, ha generado en los habitantes del barrio una serie de injusticias socioespaciales, en tanto siempre ha existido o se ha convivido con unas condiciones de vulnerabilidad iniciales que solo se han reducido parcialmente gracias a los esfuerzos mancomunados y comunitarios. Es por ello que los efectos de las políticas locales han generado procesos de resistencia y pérdida de confianza en la institucionalidad.

En sumatoria a la gestión comunitaria del riesgo, la educación popular es una herramienta clave para asumir los desafíos enfrentados por las comunidades periféricas en contextos de ladera. Los resultados observados en El Pacífico sugieren que la combinación de estos elementos puede resultar en el mejoramiento efectivo de las capacidades comunitarias para asumir los riesgos de territorios física y socioeconómicamente complejos, aportando al mejoramiento de las condiciones de vida de la población residente, siempre y cuando las estrategias empleadas respeten la participación, los conocimientos empíricos, las construcciones sociales y las perspectivas comunitarias locales. Así mismo, surgen inquietudes frente al deber ser de la relación multiactoral entre academia, instituciones públicas y comunidades y, si bien la gestión comunitaria de riesgos se ha manifestado como un mecanismo para dar respuesta a las inequidades socioespaciales no solo en El Pacífico sino en otros escenarios (^{Cilento-Sarli, 2005}; ^{Padrón-Chacón, 2018}), aún queda un amplio camino por recorrer para reducir la brecha de las inequidades socioespaciales y ambientales. En síntesis, procesos de construcción del conocimiento y planificación barrial con articulación local como la EGCR, desde los que los actores comunitarios generan insumos para negociar con la institucionalidad, pueden influir de manera positiva en la comunidad y servir de ejemplo para otras.

Con la evaluación de los riesgos se evidencia y analiza toda causalidad a la que se enfrentan nuestras comunidades urbanas, al igual que permite comprender las razones por las cuales estas aceptan enfrentarse a ellas, bien porque no hay más opciones de asentamiento o porque es posible obtener un beneficio (material o inmaterial) de su permanencia. Esta investigación fue una apuesta de diálogo de saberes para conocer el territorio, sus amenazas, las condiciones de vulnerabilidad, pero, sobre todo, de reconocer las capacidades comunitarias para la reducción del riesgo de desastres y, con ello, salvaguardar la vida de los pobladores de las laderas.