Diseño Urbano Tradicional Top-Down

Hoy en día los centros urbanos concentran la mayor parte de la población a nivel mundial, y esta cifra sigue en crecimiento, por lo que se hace indispensable para las ciudades ejecutar obras que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida y que respondan a los requerimientos de desarrollo que la ciudadanía y sus relaciones sociales exigen. Estas obras, por lo general de inversión pública, demandan una planificación previa que permite que se inserten correctamente en el territorio y que vayan de acuerdo con las metas de la ciudad, beneficiando a la sociedad en su conjunto.

Para lograr este fin, el diseño urbano, que hace parte de la planificación urbana, involucra técnicos que planifican y diseñan el entorno urbano y que se enfocan en crear de forma prospectiva las transformaciones del territorio sobre los edificios, sistemas de transporte, servicios y, principalmente, sobre el espacio público. Todos ordenados dentro de la trama urbana donde se llevan a cabo las actividades sociales, trama que se busca mejorar de acuerdo con los requerimientos expresados con anterioridad en estudios técnicos que la planificación provee (^{Brandão, 2014}).

La planificación y el diseño urbano consideran dos variables: por un lado, la escala, y, por el otro, la temporalidad; ambos permiten clasificar los proyectos y darles un alcance, acorde con las metas a cumplir. De acuerdo con la escala, hay tres niveles principales: el regional, que hace referencia a una extensión de territorio que incluye diferentes ciudades con lenguajes y/o características homogéneas, dentro del cual se incluyen los departamentos y las áreas metropolitanas; el urbano, alusivo al área dentro del perímetro urbano de una ciudad específica que cuente con más de dos mil habitantes, y el local, relacionado con la escala más próxima al ciudadano, que puede ser la totalidad del barrio o una porción del mismo (^{Peralta, 2010}).

En el caso de la clasificación temporal, los planes y diseños se pueden pensar para ser ejecutados en un periodo de corto plazo, entre uno y cuatro años, el aproximado de duración para un periodo de gobierno; mediano plazo, para ejecutar en diez años, equivalentes a dos o tres periodos de gobierno, o largo plazo, que representa una duración de veinte a veinticinco años, dependiendo de los requerimientos del país (^{Peralta, 2010}). Las clasificaciones temporales, además, hacen referencia a diferentes enfoques y prioridades; así, en el corto y mediano plazo, tienen mayor importancia los medios por los cuales se ejecutarán las obras, mientras que a largo plazo predominan más las metas que se quieren lograr y las diferentes posibilidades para obtenerlas. Sin embargo, se debe considerar que entre más extenso sea el periodo de tiempo en el cual se pretende actuar, más difícil será mantener la continuidad de los proyectos (^{Peralta, 2010}).

Problemática Temporal

La temporalidad dentro de los procesos de planificación y diseño urbano está directamente relacionada con la ciudad y con todas las interacciones que dentro de ella suceden, dado que esta no es estática, por el contrario, siempre está cambiando. Tiene un pasado que ha influido sobre ella y que hace esencial incluir dentro de su planeación los hechos históricos que se han registrado. Tiene, también, un presente en el que se implementan acciones de corto y mediano plazo, y un futuro, para el cual se establecen objetivos y estrategias a largo plazo, en el cual influye el crecimiento demográfico y todos los requerimientos que esto acarrea, dado que las personas son la parte más importante dentro de las ciudades (^{Borja y Muxi, 2003}). A mayor cantidad de individuos, nuevas y más complicadas relaciones con el entorno urbano son creadas, para adaptar el entorno a sus necesidades y prácticas (^{Hernández, 2016}), que plantean demandas a ser solucionadas en materia de transporte, servicios, espacios e incluso identidad del territorio. En todas las temporalidades se tiene claro que los espacios con los que cuenta la urbe en el presente siempre tendrán que ser mejores y mayores en el futuro, debido a la evolución de las ciudades.

El problema con los planes y proyectos que se trazan es que realmente no toman en cuenta la variabilidad de las condiciones en el futuro. Se piensan como situaciones congeladas e inmóviles, sin tener en cuenta que, entre mayor sea el periodo de tiempo, más complejidad conlleva su realización y la obtención de resultados, dado que los cambios que se generarán se darán en mayores proporciones y serán más inciertos. Por este motivo, se hace necesario que los procesos de planificación y diseño urbano se piensen de forma previa, tratando de anticiparse a los escenarios conflictivos, pues, dada su magnitud y dinamismo, con el paso del tiempo se vuelven más complejos y difíciles de resolver (^{Peralta, 2010}).

Fuente: Elaborado por el autor con base en ^{Peralta (2010)}

Figura 1 Actores sociales en la planificación y diseño urbano tradicional 

Sumado a lo anterior, otra realidad del desarrollo de las ciudades latinoamericanas es que los objetivos y proyectos dependen de los mandatarios posicionados, quienes en muchos casos no contemplan escenarios previos o futuros, lo que perjudica la continuidad de aquellos diseños y planes sin ejecutar que, en muchas ocasiones, quedan almacenados e incluso se rehacen por cuestiones de subjetividad o cambios mínimos.

Actores Sociales Involucrados

Existen múltiples actores sociales que deben intervenir en los procesos de planificación y diseño urbano; sin embargo, en el urbanismo tradicional (top-down) son el gobierno y las entidades públicas quienes asumen todas las decisiones, excluyendo a los usuarios finales, es decir, la ciudadanía. En cada uno de los proyectos urbanos intervienen pluralidad de profesionales, que trabajando conjuntamente obtienen los mejores resultados. Dependiendo de la envergadura y complejidad del proyecto, pueden interactuar diferentes gobiernos, diversas dependencias y entidades de la misma administración e, inclusive, puede existir una gestión mixta entre entidades públicas y privadas. No obstante, siempre deben existir tres funciones indispensables.

En primer lugar, la función del coordinador es articular las propuestas de los diferentes profesionales, asegurándose de mantener un lenguaje común y unos objetivos claros a los cuales hacerles seguimiento. En segundo lugar, se incorporan todas las ramas técnicas del urbanismo, aspectos económicos, sociales, políticos y de diseño, encargados de interpretar la normativa urbanística vigente, controlar la ordenación del territorio y elaborar los planes a ejecutar. Por último, se encuentran aquellos profesionales que realizan el puente con la comunidad, informando sobre los proyectos (^{Peralta, 2010}). Lastimosamente en este tipo de procesos, la inclusión de la ciudadanía es escasa y se limita a transmitirle un plan previamente elaborado, sin oportunidad de que sus opiniones lo nutran o transformen.

Participación Ciudadana como Alternativa

La participación, definida como el tomar parte en algo (Real Academia Española, 2017), es un ejercicio de democracia ejecutado por la ciudadanía para emitir juicios sobre temas diversos, relacionados con sus derechos y deberes; además, brinda un medio para incluir opiniones respecto a situaciones que la afectan (^{Fernández, 2014}). Es un proceso social, donde diferentes individuos se unen en pro de metas en común, aunque tengan diversos intereses e intenciones que los motiven (^{Velásquez y González, 2003}).

Fuente: Elaborado por el autor con base en ^{Alvero (2016)}

Figura 2 Preguntas básicas en la participación ciudadana 

La participación ciudadana es entendida "como un medio y no como un fin en sí mismo" (Fernández, 2012, p. 4) que ejerce la población como derecho para hacer valer verdaderamente sus opiniones dentro de los procesos públicos. Merino (1994) afirma que "se invoca la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida" (citado en Fernández, 2012, p. 5).

Para ejercer la participación es preciso que existan los espacios donde las expresiones se den y, para garantizarlos, son necesarias normativas, voluntades, tiempo y reconocimiento entre los diferentes individuos partícipes, con confianza en que todas las opiniones tendrán igual relevancia (Fernández, 2012). Los espacios, asimismo, deben establecerse de acuerdo con la escala de acción que se requiere y la cantidad de actores involucrados, asegurando la participación desde la etapa más temprana (^{Fernández, 2014}).

Una correcta participación considera cinco preguntas clave al momento de implementarla: el por qué, para identificar los objetivos en pro de los que se trabajará; el quién, para reconocer los actores sociales que intervienen; el dónde, para establecer el territorio sobre el cual se enfoca el proyecto; el cuándo, para determinar las fases y los momentos de participación respecto de un plan, y el qué, para definir las acciones a ejecutar (^{Alvero, 2016}).

Diseño Urbano Participativo Bottom-Up

Los procesos tradicionales de planificación y diseño urbano le dan el poder de la toma de decisiones sobre el territorio al gobierno y a las clases influyentes, desvinculando al ciudadano del común. Gran parte de la población acepta esta situación cuando no reclama sus derechos de participación, bien sea por desconfianza en la política, por falta de oportunidades e información, o por no sentirse afectada (^{Velásquez y González, 2003}). La suma de estos factores ha creado una concepción errónea sobre los procesos urbanos, donde se espera que el gobierno sea el único que intervenga y actúe frente a los problemas que aquejan a las personas (Fernández, 2012). La situación empeora al ejecutar diseños que se elaboran desde aspectos técnicos, estéticos y económicos, sin considerar la realidad social de cada región, creando copias de grandes ciudades, aun cuando se tienen características diferentes (^{Hernández, 2015}).

Muchos de estos procesos tradicionales de enfoque arriba hacia abajo (top-down) se quedan cortos a la hora de brindar soluciones e, incluso, han fracasado, generando efectos negativos. Por eso, se hace necesario un nuevo enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up) (^{Fraser et al., 2006}) donde la comunidad pase de ser sujeto pasivo a sujeto activo generador de productos, a involucrarse en todas las etapas de planificación y diseño urbano, garantizando que la responsabilidad sea compartida y los beneficios generales.

La importancia de la participación ciudadana se reconoce desde los años setenta, cuando diferentes entidades públicas, privadas y académicas resaltaron sus beneficios, al incorporarla, estudiarla y evaluarla dentro de la gestión pública (Fernández, 2012). Involucrar a los habitantes en la elaboración de los proyectos de su entorno evita conflictos entre lo proyectado por las entidades y el verdadero uso dado al espacio por la población (^{Berroeta y Rodríguez, 2010}). Con el fin de reducir estos conflictos se deben crear más y mejores mecanismos que apoyen una participación efectiva, donde todos los actores sociales interactúen en la construcción tanto material como inmaterial de las ciudades (Fernández, 2014). Esto implica dos componentes, el primero físico, que remite a la política y a la gestión colectiva que exigen las modificaciones materiales del entorno, y el segundo simbólico, relacionado con hacer parte del territorio y de un grupo comunitario que interactúa con él, creando una identidad vinculante, que permite su apropiación e influye sobre su modificación (^{Quesada, 2006}).

La apropiación del espacio resultante es uno de los principales beneficios obtenidos al implementar la participación ciudadana en los ejercicios de diseño, puesto que el usuario final se siente incluido en el ambiente y lo transforma de acuerdo con sus requerimientos (^{Berroeta y Rodriguez, 2010}). La escala privilegiada para los ejercicios de participación es el entorno inmediato, al ser la más próxima a la comunidad y sus actividades cotidianas (^{Hernández, 2016}). Sin embargo, esta preferencia no excluye escalas superiores, solo indica que, en la medida en que el área es mayor, las relaciones sociales serán más complejas.

El diseño urbano participativo surge desde la comunidad, quien junto a las entidades públicas y privadas crea respuestas a sus necesidades sobre el territorio, asumiendo un papel tanto de generadora de ideas, como de consumidora del espacio (^{Hernández, 2015}). La apropiación que se genera sobre el espacio permite que los resultados sean cuidados y mantenidos e incluso transformados por medio de acciones colectivas que crean un urbanismo desde y para el ciudadano (bottom-up). Además, si ese tipo de urbanismo se vincula a los modelos tradicionales (top-down), genera actuaciones formales dentro del territorio. Finalmente, es importante destacar que así como los grupos sociales producen ciudad, por medio de sus interacciones entre ellos y con ella, la ciudad propicia la creación de identidad en sus habitantes, vinculándolos culturalmente al territorio (^{Hernández, 2016}).

Lo anterior indica que se deben fortalecer las acciones de participación y creación desde abajo, sin desconocer aquellas desde arriba que rigen el espacio urbano de una manera formal. Mediando entre ambas formas de hacer ciudad, se llega al equilibrio, obteniendo lo mejor de ambas partes (^{Velásquez y González, 2003}). Esa interacción es más recurrente y factible gracias a las nuevas tecnologías que abren caminos para la participación ciudadana. En este sentido, los medios análogos que sirven de soporte, como los planos, maquetas, dibujos, entre otros, son reforzados con los medios digitales, como las redes sociales y los softwares, que facilitan, fomentan, transmiten y divulgan el diálogo entre actores (Fernández, 2012).

La participación ciudadana en la planificación y el diseño urbano requiere de la articulación de múltiples factores, actores sociales, objetivos, espacios y estrategias bottom-up y top-down, buscando la unión equilibrada en pro de metas comunes con beneficios generales. Lograr la articulación colectiva permite que los intereses de la población, del gobierno y de otros actores, tengan igual relevancia para la toma de decisiones, obteniendo, así, el mejor proyecto a ejecutar.

Etapas de Participación

La participación, al ser aplicada en proyectos urbanos, debe cumplir cuatro etapas, si lo que se busca es su correcta realización. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia (2018) las define como sigue. En la primera, de iniciativa, se realiza el análisis técnico, se establecen las problemáticas y se definen los objetivos y la metodología; además, se motiva a la comunidad a participar del proceso desde una etapa temprana. En la segunda, de movilización, se reconocen los ciudadanos y demás actores sociales que harán parte activa del proceso, se convocan por diferentes medios y se crean vínculos con ellos, al justificar el por qué y para qué servirá.

La tercera etapa es la de aplicación de la participación; aquí se desarrollan actividades en tres momentos, en los cuales la pluralidad de actores participa activamente. En el primero, de información, los participantes reciben la mayor cantidad de información sobre el proceso para que puedan nutrir sus ideas y opinar con fundamentos; en el segundo, de deliberación, se intercambian ideas particulares que producen un resultado general, y, en el tercero, de influencia efectiva, se busca que estos resultados contribuyan verdaderamente en los procesos que se desarrollan. También se planifica qué acciones se llevarán a cabo, dónde y cuándo se efectuarán y quiénes las ejecutarán. La cuarta y última etapa es la de evaluación, donde se determina cuáles han sido los resultados y efectos generados con los procesos y espacios de participación; si la consideración es positiva, estos resultados deben ser tenidos en cuenta por las instituciones públicas y gubernamentales, para que intervengan en los proyectos y planes desarrollados por ellos.

Fuente: Elaborado por el autor con base en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia (2018) y Berroeta y Rodriguez (2010)

Figura 3 Etapas de participación 

Por su lado, ^{Berroeta y Rodriguez (2010)}, basados en Wulz, indican cuatro acciones que se dan con la participación en el diseño urbano, las cuales están relacionadas con las anteriormente descritas. Primera, el diálogo, referido a las conversaciones informales que el encargado técnico del diseño realiza con los usuarios para vincularlos con la iniciativa; se trata de una etapa previa a la participación formal que sirve para crear vínculos y expectativas para que los actores se involucren de forma activa. Segunda, las alternativas de participación, en donde el profesional le da la posibilidad a la comunidad de elegir entre diferentes propuestas; esta etapa se relaciona con la movilización, al crear diferentes motivaciones que permiten la organización de la población en beneficio del proceso que se lleva a cabo. Tercera, la codecisión, que es el momento clave donde se realizan las intervenciones activas de los actores sociales sobre el diseño y, así como en la etapa de aplicación, se obtienen resultados tangibles que empiezan a influir en los planes a desarrollar. Por último, está la libre decisión, que indica el momento en que predomina el empoderamiento de la comunidad, que dirige el proceso de ejecución del diseño; esta fase está vinculada con la evaluación, puesto que los resultados de la participación ya han influenciado el proyecto y se reconocen los vínculos que se crean con el espacio creado.

Niveles de participación

La participación ciudadana también cuenta con diferentes niveles, en donde la vinculación de los interesados se hace más activa o más pasiva y, asimismo, influye o no sobre los procesos que acompaña. Respecto de esto diferentes autores se han expresado, algunos de ellos son ^{Fernández (2014)}, ^{Alvero (2016)} y ^{Velásquez y González (2003)}, cuyas clasificaciones son tomadas como base para elaborar una escala de cuatro niveles de participación.

El nivel inferior es aquel que carece de participación ciudadana; aquí no existe un proceso que vincule el pensamiento de la sociedad con los proyectos desarrollados por la esfera gubernamental. El segundo nivel se refiere a una participación pasiva: la sociedad no se involucra activamente y solo se le informa sobre los procesos adelantados. El tercer nivel implica la participación activa, donde se produce una interacción continua entre la ciudadanía y los encargados del proyecto, desde las primeras etapas del mismo. El último nivel es el de empoderamiento y control ciudadano, que, además de incluir todas las funciones de la participación activa, trasciende del diseño al campo de la práctica.

La participación pasiva en Colombia constituye un mecanismo conocido como socialización de proyectos; se trata de espacios que se abren para que la ciudadanía haga consultas y dé su opinión, mas esta no es relevante para generar cambios o incidir sobre el diseño ya finalizado. Esta participación termina, entonces, convirtiéndose en una participación simbólica, que sirve para que las entidades que la organizan cumplan con un requisito y obtengan opiniones sobre el proyecto. En contraposición encontramos la participación activa, que recoge las propuestas de la población y las traduce a un lenguaje técnico para ser incluidas en los planes desarrollados; igualmente, este tipo de intervención es persistente, pues busca satisfacer las necesidades reales que la sociedad expresa tener (^{Velásquez y González, 2003}). Sin embargo, este nivel de participación termina con la obtención del diseño, sin trascender a la puesta en práctica del mismo. Para esto último existe el nivel de empoderamiento y control ciudadano, en donde se vigila la ejecución del proyecto y se procura mantener, cuidar e, incluso, construir el espacio (^{Alvero, 2016}).

Aunque se reconoce que la participación pasiva y los resultados obtenidos a través de esta son importantes para dar a conocer los proyectos planteados en el territorio, es con el empoderamiento ciudadano que se logra un involucramiento real (Fernández, 2012). Aquí, los diferentes actores sociales interactúan y logran coordinar sus puntos de vista en pro de un objetivo común, buscando dar solución a problemas urbanos reales. Sin embargo, entre mayor sea el nivel de participación, mayor organización requiere, siempre estableciendo actores y roles determinados. En el mayor nivel de participación los actores sociales buscan construir propuestas de la mano del gobierno para mejorar esos espacios públicos que habitan.

Fuente: Elaborado por el autor con base en ^{Fernández (2014)}, ^{Velásquez y González (2003)} y ^{Alvero (2016)}

Figura 4 Niveles de participación 

Actores Sociales Involucrados

Existen tres actores sociales que se reconocen fácilmente dentro de los procesos de participación; el primero de ellos es la comunidad. La comunidad es el centro de todo proceso participativo, dado que es quien se convierte en la receptora final de las obras y será la directa afectada por los cambios que en su territorio se realicen (^{Hernández, 2016}). Sumado a esto, es ella quien representa la fuente de información más fiable sobre las necesidades que tienen la zona y sus habitantes, puesto que su interpretación de la realidad es cercana y ha sido desarrollada a través de procesos históricos, vivencias y experiencias (^{Hernández, 2015}) obtenidas al crear relaciones complejas con el espacio y entre los pobladores. Dichas relaciones permiten a los habitantes reconocerse colectivamente dentro del territorio, independientemente de las circunstancias negativas que afronten. La participación ciudadana se puede dar por medio de sujetos individuales interesados en el tema a tratar y en el espacio (participación directa), o se puede generar por medio de representantes (^{Velásquez y González, 2003}), lideres pertenecientes a organizaciones comunales constituidas, que buscan el bien común y encarnan los intereses de toda la población; estas organizaciones para su correcto funcionamiento deben tener agentes con roles y tareas específicas.

En el caso de la participación directa -aunque sea un proceso más complejo, por la cantidad de sujetos que intervienen-, un correcto desarrollo de ella permite obtener resultados completos, al involucrar mayor cantidad de población y sus respectivos puntos de vista. Además, las dificultades contribuyen a la exploración de los mecanismos de participación, para lograr que estos sean efectivos (^{Hernández, 2016}). En el caso de la participación por medio de representantes, se puede garantizar una participación ordenada; empero, es posible que estos líderes no obtengan la información completa de parte de sus representados y que queden problemas no manifestados.

Fuente: Elaborado por el autor con base con base en ^{Velásquez y González (2003)} y Fernández (2012)

Figura 5 Actores sociales en la planificación y diseño urbano participativo 

El segundo actor importante es el sector público, quien se encarga de coordinar los proyectos de espacio público. El gobierno debe tener plena disposición para el trabajo colaborativo con los demás actores, para que sea posible que las intervenciones nutran los diseños a ejecutar. En ese sentido, es necesario que el gobierno brinde los espacios y mecanismos de participación garantizados, donde se asegure que las ideas resultantes de la interacción serán relevantes. El sector público puede colaborar con el sector privado, delegando las funciones profesionales necesarias para el desarrollo del proyecto. Dentro de los profesionales se encuentran los asesores y técnicos, que cuentan con el conocimiento para hacer viable técnicamente el proyecto; ellos deben apoyarse en los mediadores sociales para lograr una interacción efectiva con la comunidad, logrando que el lenguaje técnico se simplifique y sea fácilmente comprensible por la población e, igualmente, en el sentido contrario, deben rescatar los temas relevantes obtenidos de la opinión ciudadana que posteriormente se traducirán al lenguaje técnico y se incluirán en los diseños (Fernández, 2012).

Aunque por lo general los procesos de participación e inclusión ciudadana son puestos en marcha por el gobierno, pueden ser igualmente encargados por la propia comunidad o por actores sociales adicionales, como las universidades, colectivos artísticos y organizaciones sin ánimo de lucro, que desde la década del ochenta vienen estimulando la inclusión social, haciendo cada vez mayor presencia en estos escenarios (^{Velásquez y González, 2003}). Todos ellos buscan ejecutar acciones en pro de la comunidad, y actúan como intermediarios entre esta y el sector público, al tiempo que impulsan la participación desde lo teórico, desarrollando metodologías y mecanismos que permitan que la inclusión de la comunidad sea cada vez más eficiente (Fernández, 2012). Así, estudian la implementación de herramientas innovadoras, como las brindadas por las nuevas tecnologías, el aprovechamiento de vacíos urbanos, el rescate de la pequeña escala y las iniciativas comunitarias para la transformación del territorio; todo esto con el fin de lograr una inclusión total del ciudadano (^{Hernández, 2015}).

Es importante que los procesos participativos se planifiquen para reconocer los objetivos que se deben alcanzar, los actores sociales que deben intervenir y los mecanismos y espacios por los cuales se dará el intercambio de ideas. La cantidad de actores está relacionada con la complejidad que el proceso requiera, dependiendo de las sesiones a desarrollar y los enfoques que tendrá el proyecto (Fernández, 2012), que pueden ser de tipo económico, social, cultural, ambiental, entre otros.

Espacio Público y Participación

El espacio público es la porción de territorio que abarca las actividades sociales, el articulador de todas las zonas creadas dentro del área urbana. Este se define como el conjunto de lugares que son libremente usados por los ciudadanos (^{Brandão, 2014}), dentro de los que resaltan las calles y parques como zonas donde la interacción social es continua. El espacio público permite el encuentro de la sociedad y brinda un medio para el intercambio de relaciones; al ser de uso repetitivo crea identidad, se apropia y se transforma acorde a los sentidos simbólicos que la población le da, convirtiéndose en un elemento de suma importancia para fortalecer el tejido social y urbano (^{Berroeta y Rodriguez, 2010}).

En las intervenciones de espacio público se reconocen dos actores principales: el gobierno, que gestiona, implementa y controla las acciones de acuerdo con las necesidades del territorio, y la población, que habita, usa y transforma el espacio resultante. El gobierno por sí solo no puede garantizar que las inversiones en el espacio público sean efectivas y que los productos sean utilizados. Es por esto por lo que, solo al actuar junto con la comunidad, puede vencer los tres desafíos que el espacio público representa: el urbanístico, con la adecuación correcta de las áreas, de acuerdo con la trama urbana y su ordenación; el sociocultural, con espacios aptos para soportar las relaciones creadas, acordes a la cotidianidad y las referencias de edad, cultura y clase, y el político, garantizado con el acceso a todos y la expresión de las identidades (^{Borja y Muxi, 2003}).

El espacio público se convierte en el área donde confluyen los intereses comunitarios con los intereses del Estado. Por parte de la población, se buscan mejoras en los espacios para que sean más funcionales y, por parte del gobierno, se crean proyectos beneficiosos para su ciudadanía, al tiempo que se mejora la infraestructura con la que cuenta la ciudad. Se convierte en el punto medio del que habla la participación activa, con intervenciones que brindan beneficios y dan solución a las necesidades comunes (^{Velásquez y González, 2003}).

La participación en proyectos de espacio público se debe buscar en todas sus etapas, desde la fase de planeación, pasando por el diseño, ejecución y ocupación, hasta llegar al sostenimiento del mismo, pues son los ciudadanos los usuarios finales, aquellos para quienes se diseña un espacio y quienes garantizarán que los resultados sean positivos y se mantengan, logrando el desarrollo sostenible del territorio (^{Fraser et al., 2006}).

Fases de un Proyecto Urbano de Espacio Público

Dependiendo de la complejidad del proyecto es posible identificar diferentes actividades a llevar a cabo para lograr los objetivos deseados. No obstante, estas se pueden agrupar en cinco grandes fases. La primera es la planificación: en ella se realizan los diferentes diagnósticos que el proyecto requiera, según los enfoques que se le desea dar; igualmente, se definen objetivos, alcances y estrategias que se emplearán para alcanzarlos. La segunda fase es de diseño, donde se desarrolla el contenido físico que tendrá el espacio, de acuerdo con los requerimientos que se han establecido, se le da una intención al área y un lenguaje, participando conjuntamente profesiones como el urbanismo, la arquitectura y el paisajismo; también se incluye el presupuesto y el cronograma de actividades para la construcción. La tercera fase, de ejecución, es la materialización de los diseños a escala real en el territorio; en este punto es importante que se tengan claras las metas y los responsables de alcanzarlas (^{Alvero, 2016}).

Las siguientes dos fases se dan después de culminado el proyecto. Así, la cuarta fase, de ocupación, se da al entregar la construcción, y es el momento en que los grupos sociales empiezan a hacer uso del espacio público. En ese punto, se establece si sus funciones son suficientes para que la población se apropie de él. En esta fase es importante realizar una evaluación para determinar los impactos del proyecto sobre los habitantes, incluyendo las necesidades resueltas y los elementos urbanos y ambientales generados. La última fase de sostenimiento se da cuando el proyecto es apropiado, y consiste en mantenimientos periódicos que buscan evitar su deterioro y minimizar su desgaste, conservando sus beneficios por mayor tiempo (^{Alvero, 2016}).

^{Alvero (2016)}, además, expone formas de participación ciudadana relacionadas. Así, en la planeación se realiza una coordinación de los alcances y procedimientos, de acuerdo con las búsquedas sociales; en el diseño, se procura una cocreación del espacio, dando respuesta a esos requerimientos. Por su parte, en la ejecución y ocupación se busca una coproducción, material e inmaterial del espacio, al construirlo y utilizarlo, y, en el sostenimiento, se realiza una cogestión, en donde, siempre y cuando el espacio sea apropiado, la población intervendrá en su mantenimiento y cuidado, incluso en temas de seguridad.

Reflexión: Beneficios Del Diseño Urbano Participativo

Los proyectos colectivos de diseño urbano que pueden obtener mayores ganancias al incluir la participación ciudadana son, generalmente, los del espacio público, al ser la porción de territorio donde acontecen los intercambios sociales colectivos. Un buen diseño no asegura que se favorezca a los usuarios ni al espacio resultante; se hace necesaria una interpretación social del diseño, que se logra gracias a la participación ciudadana activa.

Una correcta participación logra que la pluralidad de actores sea tenida en cuenta, obteniendo un espacio incluyente que responde a las necesidades de cada uno, donde se reconocen las diferencias y se promueve el uso múltiple del espacio, al ser flexible y adecuarse a todos sin importar edad, género o condiciones de movilidad (Fernández, 2012). La inclusión de todos los grupos sociales en el uso del espacio, crea vínculos físicos y psicológicos con el territorio que permiten mejorar el sentido de pertenencia. Al reconocer el lugar como bueno para sí mismo y su comunidad, el individuo refuerza la identidad social urbana (^{Berroeta y Rodríguez, 2010}). El vínculo creado genera preocupación por el espacio y la necesidad de mantenerlo a través de intervenciones estéticas, funcionales y de seguridad (Fernández, 2012).

Cuando la comunidad tiene motivaciones propias por las cuales actuar sobre el territorio, se considera que existe un empoderamiento social. Estas comunidades buscan influir sobre los procesos públicos para lograr mejorías que nutran su capital social, logrando que el gobierno pase de imponer proyectos a crearlos colaborativamente. Las mayores responsabilidades otorgadas a la población, permitirán que la información diagnóstica sobre el espacio y sus habitantes nutra verdaderamente la toma de decisiones (Fernández, 2012).

Las entidades gubernamentales refuerzan el empoderamiento comunitario al adoptar una posición más amable respecto a la vinculación ciudadana en los procesos que llevan a cabo. Crean, así, mejores espacios para su participación y modifican su estructura y procedimientos para darle cabida a las diferentes opiniones, fortaleciendo la confianza en la rama pública (^{Hernández, 2015}).

Así, los principales beneficios del diseño urbano participativo son, primero, el empoderamiento comunitario, que se da con la participación y organización de las comunidades en pro de una meta; pasan, así, de ser sujetos pasivos a sujetos activos que materializan ideas y cambian su realidad. Segundo, la apropiación de los proyectos y espacios creados de acuerdo con los requerimientos de la comunidad, con los cuales se crean relaciones e identidades socioculturales, importantes para las actividades sociales, por lo que se procura su cuidado, mantenimiento y mejoramiento. El tercer beneficio es el reconocimiento de los actores que influyen sobre el territorio, con sus diferentes puntos de vista y búsquedas, permitiendo una mejor convivencia donde se acepta la diversidad y se asegura el uso flexible de los espacios. Un cuarto y último beneficio es la creación de mejores espacios de participación, lo que asegura que las ideas de la población impactarán los proyectos presentes y futuros.