La consolidación de la violencia como un estilo gubernamental ha sido posible, en gran medida, porque el argumento de la eliminación y la muerte del otro fue tomado al pie de la letra como la principal premisa para salvar la codicia, convertida en el hábito y el valor más apreciado por el establecimiento.

Históricamente, la guerra y la paz en Colombia han estado atrapadas en un círculo vicioso de violencias verbales y no verbales, posicionadas en flancos de tipo racial, social, económico y territorial. Sus repertorios de discursos divergentes -en sus justificaciones retóricas- engranan en un tronco cultural común de carácter ideológico, y son nucleados por la religión y la política, amalgamadas por un estilo polarizador más que controversial.

Según ^{Jorge Orlando Melo (2021)}, un rasgo de la producción de violencias consiste en su justificación. Desde el momento de la conquista territorial, la violencia apeló a visiones generalizadoras, entre otras, la supremacía del grupo étnico blanco y la inferioridad de las etnias afro-descendientes y nativas. Bajo esta lógica discursiva las culturas fueron sometidas y los pueblos esclavizados, y se implantó una ideología del derecho, de la propiedad y de la justicia fundamentada en la expropiación.

A partir de la conquista, y con la expansión colonial hasta nuestros días, la violencia ha moldeado una pléyade de instituciones de tipo religioso o civil, validadas como un instrumento civilizatorio. Con sus formatos y rituales se niegan o neutralizan los reproches a sus valores y estilos intimidatorios; se invisibiliza, también, la crueldad de los abusos cometidos sobre el cuerpo, el psiquismo y el alma que habitaban las naciones indígenas.

La consolidación de la violencia como un estilo gubernamental ha sido posible, en gran medida, porque el argumento de la eliminación y la muerte del otro fue tomado al pie de la letra como la principal premisa para salvar la codicia, convertida en el hábito y el valor más apreciado por el establecimiento. La institución mutada en codicia se ha instalado para permanecer como principio del 'estado de derecho'. La gravedad de esta mutación moral estriba en su carácter expansivo y envolvente, pues recubre muchas capas sociales y conforma en cada momento las crisis institucionales, "... lo que puede llamarse la cultura política de la población." (^{Melo, 2021}, p. 16)

El argumento de que la violencia nace justificada en el acontecimiento brutal de la imposición de un régimen global de valores y estilos de vida permite, a contrapelo, dar validez a la interpretación tecnológica de la informalidad institucional sostenida. Dicha interpretación propone como hipótesis intemporal que la simiente histórica usada como basa, desde la primera hasta la última pieza del ordenamiento territorial -la encomienda colonial y el barrio moderno-, no es tanto un producto genésico en formación en el que fecunda la sociedad, sino más bien un injerto mental en el que los esquejes de su mecanismo violento reproduce sus malformaciones de base, sean religiosas o políticas.

Sobre los factores causales, aleatorios o deterministas implicados en la violencia colombiana, el principio religioso/político aparece siempre como un elemento nuclear de las explicaciones y la justificación de la acción violenta. A este respecto, en la primera parte del Tomo II de La violencia en Colombia (^{Guzmán, Fals Borda, Umaña Luna, 2005}) se hace revisión de una partícula virulenta segregada por la institución: los bandos políticos armados, asumidos en la praxis cotidiana como una entelequia o un cuerpo parásito, a veces concebidos como inofensivos y neutrales y tratados, en general, con sentimientos ambiguos de indiferencia, rencor y desprecio almizclado con el rictus ceremonioso y desganado del incrédulo.

La institución visualizada en perspectiva de Estado, referenciada por ^{Umaña, Fals Borda y Guzmán (2005)} como un 'modo estandarizado de coactividad', indica e identifica un 'defecto de fábrica' y de producción de la cultura: el de la estandarización de valores y hábitos mediante el uso ideológico de principios normativos, concebidos como universales e instrumentados con los criterios supra-terrenales de la supremacía propietaria.

Estos principios de Ley Universal evidencian en sus antecedentes un parentesco macabro con la muerte. En el primer capítulo de su libro, "La Conquista y la inferioridad de los indios", ^{Melo (2021)} alude a los debates sobre el punto de equilibrio de la violencia y las decapitaciones y torturas infligidas por los soldados y los jefes de la conquista a los pueblos y autoridades indígenas chibchas asentados en Bogotá.

Podrían darse muchos ejemplos, pero basta con mencionar que en 1551, en la campaña para dominar la zona de Mariquita, el capitán español Pedrozo prendió fuego a "ocho o diez casas, en las cuales quemó sesenta y dos indios, e indias y criaturas". Además, hacía que los perros despedazaran a los indios, y les cortaba las narices". (^{Melo, 2021}, p. 36)

Las violencias de entonces produjeron armisticios y "leyes nuevas", a la postre inocuas, porque los cabildos y gobernantes optaron por llevar al pie de la letra, la consigna "se obedece, pero no se cumple"¹.

Un paralelismo entre los acontecimientos y los actos de la política, y sus instrumentos aplicados con ensaño desde la conquista colonial hasta nuestros días, indica la presencia de una combinación siniestra de actos anormales, sustentados en una ideología justificativa que normaliza sus daños y los incorpora en los instrumentos institucionales del derecho y la administración del poder.

La ideología justificativa presenta, en el caso colombiano, un dualismo metodológico ya ensayado en ciclos temporales previos de pacificación. Por un lado, se apela a un discurso de incorporación a la normalidad de los actores violentos, mediante el recurso de los autos de fe. Esta metodología ofrece la promesa de la no repetición de los actos de violencia y dispone de mecanismos de adaptación y sublimación, proyectados con el esquema de espacios de concentración territorial y adecuaciones económicas temporales, para que los sentimientos recíprocos de culpa renueven sus motivaciones.

Por el otro lado, el de la faceta negacionista, se apela también a los autos de fe y se lleva al escarnio a un fin sin fin, cerrando el círculo de la muerte en la muerte. En términos de su pragmatismo, se pone al círculo a transitar por abismos, hasta convertir el vértigo social en un estado cultural idiosincrático. Se trata del no perdón, de que todo hay que llevarlo 'hasta las últimas consecuencias',

Un ejemplo de esta idiosincrasia es el expuesto por Georges ^{Devereux (1973)} quien, en sus acercamientos a los síntomas de la psicopatología violenta, trae al análisis el concepto de adaptación de E. H. Akerknecht, cuya reproducción en círculos viciosos por individuos y sociedades expresa situaciones de este tipo:

En abril de 1945, la tarea del psiquiatra alemán se daba por realizada el día que su paciente se adhería al partido nazi; en mayo de 1945, concluía el día que su paciente se adhería al partido socialdemócrata (si vivía en Francfort del Main) o al partido comunista (si vivía en Francfort del Oder). (^{Devereux, 1973})

En Colombia, las deserciones y formaciones de bandos usaron por largo tiempo el confesionario; desde ahí, saltaron al diván de los tribunales del derecho, donde, igualmente, la confesión de los pecados cometidos surte un efecto salvífico en la rotonda del círculo vicioso de la política enclaustrada.

Los síntomas de violencia social, y su adaptación por mediación de partidos, iglesias y movimientos, indican que la anormalidad conserva su primacía al hallar refugio en espacios institucionales de tipo circular que brinden una promesa de seguridad y protección, otorgada por el principio informal de la complicidad. Con amparo en este principio, la lógica circular del conflicto y de sus protagonistas hace que el vector de adaptación cumpla la función del olvido y garantice la pronta repetición de la comezón agresiva.

La teoría de la adaptación se niega a admitir la existencia de sociedades tan enfermas que sea preciso estar uno mismo completamente "enfermo" para poder adaptarse a ellas (81). No es preciso que al hablar de culturas enfermas, no sigo el ejemplo discutible de R. Benedict (34) que pretende establecer el diagnóstico psiquiátrico de diversas culturas. Simplemente tengo en cuenta datos que figuran en cualquier manual de patología social y el hecho de que algunas sociedades están tan desesperadamente hundidas en las arenas movedizas de un círculo vicioso que cuanto más tratan de salir de ellas, más se hunden. Por ejemplo, según Linton (302), los tonkawa persistieron tan obstinadamente en la práctica del canibalismo que sus vecinos acabaron por declararles una verdadera guerra genocida. De la misma manera, el tratar de exterminar un "enemigo interior" imaginario y tratar de escapar al "cerco", la Alemania nazi se forjó toda clase de enemigos interiores - estos completamente reales - y suscitó una coalición consagrada a la destrucción del nazismo (118). (^{Devereux, 1973}, p. 26)

Para el caso colombiano, el análisis de la violencia estructural plantea interrogantes de mayor complejidad a los rubricados por los estudios del comportamiento y sus síntomas, pues en todos los momentos el móvil de la pulsión violenta está orgánicamente integrado a la expropiación de bienes, especialmente del suelo y, por derivación o extensión, de las riquezas que contiene: minerales, bosques, aguas, faunas y conocimientos implicados en la explotación y aprovechamiento económico y político de sus producciones.

La adaptación social de los territorios, en todas las situaciones de disputa por su control y regulación, emparenta los conflictos con tipologías institucionales moldeadas en los términos de justificación de la expropiación.

No es posible seguir ignorando, a riesgo de incurrir en culpa grave, cuando se analiza el fenómeno de la violencia, cómo uno de los aspectos más apasionantes es el del tipo de instituciones reguladoras de la conducta social de los grupos combatientes que enfrentaron su peculiar estructura propia a la "regular", o sea la consagrada por el Estado colombiano. (^{Guzmán, Fals Borda, Umaña Luna, 2005}, p. 83)

El territorio, constituido en espacio generador de violencias, es al mismo tiempo una válvula de escape y un dispositivo orgánico regulador de la propiedad. Toma, así, la forma de un cuerpo insaciable y 'resiliente', pues pese al hostigamiento continuo por el uso de 'métodos extractivos' violentos, logra consagrarse como una verdad de la economía: garantiza estabilidad y equilibrio.

Pero, en la llamada 'estabilidad institucional', los factores de la expropiación, sumados a la usura y la avaricia, crean realmente un estado agonístico de inseguridad emocional, indefensión y proclividad a la territorialidad, gesto agresivo expandido en la sociedad bajo la forma de una geofagia consumista.

En un contexto así de violento, la ruralidad colombiana y sus entornos urbanos han soportado la agonía de los reformismos agrarios, muy pronto vapuleados por quienes han hecho de la tierra una excusa para mantener vigente el principio de expropiación y conservar sus privilegios de castas.

Por ello, el elemento central del conflicto social y armado colombiano focaliza un problema siempre eludido: el acceso al suelo rural y la garantía en su tenencia. Esta lucha histórica de los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes por el derecho a conservar la propiedad productiva fue reprimida y suplantada por un sector hegemónico del latifundismo agroindustrial, ganadero y minero que, en el interés acaparador de la explotación de la riqueza de los territorios, puso en marcha las 'contrarreformas agrarias'.

Según la Unidad para las Víctimas, a diciembre de 2021, 9'218,796 personas^[2] han declarado ante esta entidad ser víctimas del desplazamiento forzado. Esto ha llevado a que Colombia mantenga en los territorios rurales una grave crisis humanitaria y a que miles de pequeños productores, campesinos, indígenas y afrodescendientes desarraigados sean empujados hacia las zonas periféricas de las ciudades como último recurso para garantizar su sobrevivencia.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, el 26 de septiembre de 2016, se acuerda, en el punto 1, la Reforma Rural Integral que busca, nuevamente, una transformación estructural del campo y la garantía de una paz estable y duradera.

La implementación de este punto retoma varios asuntos tan antiguos como la guerra: la discusión sobre los baldíos en Colombia, las políticas de restitución de tierras y el cómo garantizar el acceso al suelo rural y a un hábitat digno para los excombatientes y habitantes de la ruralidad. Producto de esta discusión, la academia y otros sectores han venido aportando una gran variedad de análisis generados desde diferentes disciplinas sobre la manera como se han venido configurando estos 'nuevos asentamientos rurales'. La cuestión de fondo es cómo garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad territorial, y cómo extender esta experiencia a otras dinámicas rurales en todo el territorio colombiano.

Partiendo de los antecedentes y encrucijadas de pactos inconclusos, y de las experiencias y aprendizajes abortados por la codicia propietaria anclada en el hegemonismo, este número de la Revista Bitácora Urbano-Territorial busca recoger investigaciones y reflexiones que renueven y profundicen la argumentación construida a lo largo de más de dos siglos de búsqueda de justicia territorial. Esto permite enriquecer el debate sobre la democratización de la propiedad productiva y las garantías institucionales para el acceso al suelo rural, a su ordenamiento y a las opciones metodológicas de diseño y programación participativa de propuestas construidas desde diferentes latitudes. Dichas propuestas, pensadas y proyectadas para generar hábitats dignos, sustentables y sostenibles, pueden redundar en garantías para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las áreas de territorios rurales que han sido escenarios del conflicto social y armado.

Por ello el Dossier "Ciclos y tendencias de los hábitats de la guerra en la colonización territorial en Colombia. Apuestas por la incorporación de los territorios de los acuerdos de paz en los sistemas de planificación, el ordenamiento territorial y la organización político-administrativa territorial", se desarrolla en torno a tres preguntas centrales: ¿Cómo compatibilizar los conflictos territoriales con la legalidad territorial?, ¿Cómo incorporar los territorios de los acuerdos de paz en los sistemas de planificación, el ordenamiento territorial y la organización político-administrativa territorial? Y ¿Cómo generar hábitats dignos, sustentables y sostenibles en las áreas rurales que han sido escenarios del conflicto social y armado en Colombia?

Con estas inquietudes se propuso abordar, entre otros temas, los siguientes: los hábitats campesinos en las trayectorias de la guerra territorial; la conservación de la biodiversidad, la guerra y conflicto territorial; la institucionalidad campesina en la guerra; la asimilación o incorporación de los saberes territoriales en los sistemas de planificación, el ordenamiento territorial, la seguridad territorial y ambiental y la organización político-administrativa del Estado; las enseñanzas y visiones de futuro de la guerra territorial y el avance sobre lineamientos para el desarrollo de políticas públicas sobre los asentamientos y hábitats rurales en Colombia.

Este Dossier consta de diez artículos, de un total de 35 que llegaron a la revista en el marco de la presente convocatoria, que fueron evaluados por pares académicos. Luego de pasar los distintos procesos de valoración, ajuste, corrección de estilo y diseño editorial, los hemos agrupado en cuatro bloques bajo elementos comunes y afinidades.

Un primer bloque de dos artículos aborda los desafíos de la planeación en los territorios del posacuerdo a partir del análisis de los casos presentes en ETCR Jaime Pardo Leal. En ellos se analizan los conflictos derivados de la guerra y la paz, atravesadas por múltiples interpretaciones que dependen del tipo de actor territorial y sus intereses. Ello produce determinados ordenamientos que buscan, a partir de las lecciones y aprendizajes desarrollados, aportar en la construcción de la paz. En ellos se hace una revisión y critica a los PDET.

El artículo "Guerra y paz: el conflicto de las interpretaciones. Lecciones y aprendizajes en el Acuerdo de Paz", de Fabian Beethoven Zuleta Ruiz, propone una reflexión sobre cómo conjugar, en la planeación territorial de la paz, las experiencias de conocimiento nacidas e implicadas en la guerra, articulándolas a un enfoque colaborativo de la institucionalidad, proyectada como un sistema de ciencias, tecnologías, saberes e innovaciones territoriales. Esa reflexión surge de un trabajo de acercamiento y colaboración interdisciplinaria entre la Universidad Nacional de Colombia y comunidades desmovilizadas de las FARC-EP, concentradas en el ETCR Jaime Pardo Leal. Se propone, además, una crítica y una revisión del enfoque PDET, para que este trascienda una economía de la sobrevivencia. En el artículo "Desafíos de la planeación en los territorios del posacuerdo", de Darly Jazmín Cárdenas Noriega, se muestra, a partir del estudio de caso del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Jaime Pardo Leal, cómo la reconfiguración territorial dada por la instalación de los ETCR para la transición a la vida civil de las FARC-EP, al materializar un sentido de la planeación desde un enfoque territorial, hace que emerjan procesos agenciados de manera diferencial, ocasionando que los territorios del posacuerdo oscilen entre la supervivencia y la reivindicación de reconocimiento.

Un segundo bloque, de tres artículos, observa el ordenamiento territorial a partir de los problemas derivados de los diferentes proyectos mineros que van desde la pequeña minería artesanal hasta los grandes proyectos minero energéticos, los cuales ocasionan múltiples conflictos sociopolíticos, fuertes impactos ambientales en los ecosistemas, alteran las dinámicas territoriales y embolatan las problemáticas de las comunidades afectadas por los efectos del conflicto social y armado interno.

En el artículo "Ordenamientos para la paz en la cuenca media del San Juan", de Vivian Andrea Cantor Ávila, es analizada la relación entre los órdenes territoriales y la implementación del Acuerdo de Paz, con enfoque en la formulación de los PDET. La construcción e implementación de estos planes tienen tres grandes retos en materia de ordenamiento territorial: la presencia de actividades mineras desde el período colonial, la sobreposición de distintas figuras de administración y ordenamiento territorial y el carácter mayoritariamente étnico de la población que representa una territorialidad diferente tipificada como agrominera. Con la formulación del PDET se presenta un escenario de confluencias; sin embargo, la política pública traslapa las lógicas y espacialidades en los territorios afectados por el conflicto armado. En el artículo "Conflicto sociopolítico, minería, impacto ambiental, comunidades", de Luz Marina Monsalve Friedman, se exponen algunas de las causas del conflicto sociopolítico en Colombia, que se asocia a las condiciones de desplazamiento forzado y muertes violentas por la presencia de proyectos mineros, donde diferentes actores armados que se disputan el territorio afectan de manera permanente los bienes comunes, afectando igualmente a los líderes ambientales y comunitarios. El artículo "Lógicas espaciales de la paz. La pacificación y la 'paz territorial' en Urabá", de Ever Estyl Álvarez-Giraldo y Alejandro Pimienta Betancur, revisa la formación histórica de una lógica espacial de la paz que asoció a Urabá con una región de frontera que debía ser sujeto de pacificación, para dar paso a la materialización del orden hegemónico capitalista y de inclusión al territorio del Estado nación. Por otra parte, puntualiza que la versión estatal y normativa de la paz territorial no supera la lógica de la pacificación. A su vez, el artículo recoge la propuesta de paz territorial como proyecto político antagónico que potencia las capacidades de los actores, pero encuentra limitaciones ante la profundización de los desequilibrios socioespaciales derivados de la reconfiguración del conflicto armado, de la presencia fragmentada del Estado y de intervenciones económicas lícitas e ilícitas.

En un tercer bloque de tres artículos se presentan distintos acercamientos a la configuración de nuevos hábitats y asentamientos rurales a partir de la oportunidad que representa la construcción de los AET-CR como marco para el posacuerdo. Asimismo, se da cuenta de la responsabilidad de la arquitectura en el proceso de construcción de la paz y de la necesidad de diseñar herramientas para su aporte efectivo a la paz.

En el artículo "Construir lineamientos de política pública en materia de hábitat y asentamientos rurales a partir de la inclusión y el posacuerdo", de Carlos Alberto Torres-Tovar, Gabriela Pérez y el grupo de investigación "Procesos Urbanos en hábitat, vivienda e informalidad", se presenta un breve análisis sobre la historia reciente de los conflictos territoriales y el acuerdo de paz con las FARC-EP, las formas como se han venido produciendo los asentamientos rurales en el país y en ellos los denominados AETCR. A partir del caso del AETCR Antonio Nariño, en Icononzo, To-lima, se buscó identificar las nuevas formas de operación, los efectos y la incidencia en la determinación de la configuración que los asentamientos rurales tienen en las políticas públicas; además se intentó proponer lineamientos. En el artículo "Construir y Habitar: reflexiones sobre los factores que favorecen la generación de hábitats rurales dignos e integrados al territorio", de Harlem Acevedo Agudelo y Yasmin Hurtado Sarmiento, se presenta una reflexión para la creación de estrategias que favorezcan la generación de hábitats dignos en las áreas rurales de Colombia afectadas por el conflicto armado. Se plantea un conjunto de factores articulados en ejes directores -emplazamiento y territorio, materialidad y diseño, y eje social y económico-con la finalidad de orientar el diseño y el desarrollo de los programas y proyectos de vivienda rural mediante la inclusión de elementos que permitan la generación de hábitats sostenibles. Por su parte, el artículo "Diseño arquitectónico para la transición. Un modelo teórico para el posacuerdo de paz en Colombia", de Freddy Díaz Díaz, da cuenta de la producción de proyectos de arquitectura encaminados a la reparación individual y colectiva de las víctimas, a la reincorporación de los exguerrilleros y al buen vivir de comunidades locales a partir del Acuerdo de 2016. Este presenta parámetros de diseño arquitectónico, relacionados con la transición, que permitirán la generación de lineamientos de diseño para los diferentes contextos.

El cuarto y último bloque aborda dos asuntos: el papel de la territorialidad campesina frente a los proyectos políticos y el papel de las vías terciarias para la consolidación de la paz.

En el primer artículo, "Territorialidad campesina, ausente en proyectos políticos para el Oriente Antioqueño", Hernán Darío Pineda Gómez examina las funcionalidades trazadas para el espacio rural en los proyectos políticos de intervención territorial de los últimos 20 años. El autor se aproxima a las apuestas políticas a través de una escala supramunicipal; se concentra en sus enfoques, en las funcionalidades asignadas a fragmentos de este espacio geográfico y, finalmente, analiza los cambios y tensiones producidos. En estos territorios, la superación del conflicto armado ha significado la profundización de un modelo centrado en la agroindustria, el extractivismo energético, los servicios ecosistémicos y lo que oferta la subregión. De esto deriva una fragmentación por una funcionalidad económica que tiene como efecto la negación directa o indirecta de un sujeto campesino, de sus prácticas y saberes, así como de sus formas de intervenir el territorio. Por otra parte, el artículo "El Acuerdo de Paz y las vías terciarias en Colombia", de Sebastián Isidro Espinosa Martínez y Simón Rubiños Cea, plantea una reflexión sobre los desafíos territoriales de la conexión de las vías terciarias en los territorios en conflicto. Para ello, atienden al desarrollo de determinadas infraestructuras y a la perspectiva colonial con que se desarrolla la red vial del país; reflexionan sobre el estado e institucionalidad de la red terciaria y abordan los contenidos del Acuerdo respecto a infraestructura y vías terciarias.

En términos prácticos, estos análisis de las acciones desplegadas para implementar el Acuerdo de paz han atendido a preocupaciones que remontan a la génesis del territorio, cuando el inconsciente humano, reptando con sus pulsiones primarias, aprendió a reprimir, contener y proyectar sus emociones, sus instintos e intuiciones a través de su institucionalización.

Dicha institucionalización actúa sobre las experiencias idiosincráticas del grupo o comunidad, especialmente sobre los traumatismos y los factores de estrés que, en su generalidad, guardan estrecha relación con los aprendizajes del obrar y con los conflictos de reconocimiento. Todo esto se asocia a la formación del carácter personal y colectivo de una sociedad en donde toma forma la disponibilidad de los recursos de la inteligencia, de la habilidad y de la capacidad biológica del cuerpo y el psiquismo, para resistir e improvisar acciones ante situaciones de riesgo.

Cuando una cultura pierde la idiosincrasia genésica, queda expuesta a una vulnerabilidad psíquica y corporal y pierden eficacia sus medios y la disponibilidad de defensa, como la dignidad personal y el derecho al honor.

En resumen, parece que la capacidad de auto-realización (el arete griego) y de sublimación, el acceso a una madurez y a una verdadera independencia, y la eficacia, dependen, por lo menos en parte, del libre acceso a las defensas proporcionadas por la Cultura. (^{Devereux, 1973}, p. 35)

Con estas consideraciones, un programa estratégico para redireccionar la guerra y la paz requiere, en el contexto colombiano, revisar una institución que hizo gozne en la transición de los territorios culturales nativos a una mestización incompleta, parcial y fragmentaria. Esa mestización, organizada bajo los principios del Opus Dei, con el curso de los traumatismos de la dominación produjo un Estado singular, marcado por guerras y disputas de dueños regionales, y gobernado interiormente por una organización trascendente y supra-territorial: la parroquia cristiana.

Los pueblos sometidos, al asumir una identidad parroquiana, aprenden del culto y de la liturgia los misterios de la economía y de los oficios. Pero el aprendizaje de un obrar en el saber, truncado en el accionar del latifundismo extractivista, tropezó con nuevos escollos cuando en los albores de la Constitución de 1991 se buscó cohesionar los valores contenidos en la figura territorial de los municipios, y, por lo tanto, en la descentralización territorial, concebidos como herramientas consustanciales del Estado laico refundado.

La fractura del Opus Dei, consolidada en su enfoque mercantilista durante casi dos siglos de hegemonía republicana, produjo desde los albores de la Constitución una reactualización del dualismo institucional histórico, un vector que reorienta la economía con el precepto del 'todo vale'. En consecuencia, el otro vector provoca la debacle de la estructura territorial e institucional, aherrojando sus formaciones incipientes básicas de los municipios en una suerte de centralismo señorial.

Estos vectores de la neo-liberalización constitucional condujeron a un contagio generalizado y al plegamiento de la institucionalidad estatal con la neo-ideología de 'todo se compra'. De rebote, la caída en picada de la frágil institucionalidad, provocó la estampida moral de la economía social, primordialmente de la economía campesina y la precaria industria urbana.

El paso del Estado 'protector' al Estado negociador provocó, así, una escalada de efectos, entre ellos la disolución de la conexidad de la ética social con la soberanía del territorio, expuesto como nunca antes a intervenciones económicas, como el negocio inmobiliario que toma por asalto el cielo; el extractivismo forestal, ganadero y minero, y la maquilización de los servicios básicos de la energía, el agua y las comunicaciones, con lo cual las ciudades perdieron su orientación cultural, su vocación cívica y su perfil ecuménico.

A modo de hipótesis, procede plantearse una cuestión que está en el origen del conflicto institucional en Colombia. Se trata de un término técnico, el Opus Dei, sobre el cual toma cuerpo la sociedad pueblerina y urbana y se erigen instituciones correlativas sincronizadas en una especie de culto binario religioso y pagano.

Como muestra la difusión del término "oficio" en los más diversos sectores de la vida social, el paradigma que el opus Dei ofreció a la acción humana se reveló como un polo de atracción duradero y constante para la cultura secular de Occidente. Más eficaz que la ley, porque no puede transgredirse sino sólo falsificarse, más real que el ser porque sólo consiste en la operación a través de la cual se realiza, más efectivo que cualquier acción humana porque obra ex opere operato [en virtud de la obra realizada], independientemente de la cualidad del sujeto que lo celebra, el oficio ejerció sobre la cultura moderna una influencia tan profunda -es decir subterránea- que ni siquiera nos damos cuenta de que no sólo la conceptualidad de la ética kantiana y la de la teoría pura del derecho de Kelsen (por nombrar sólo dos momentos, por cierto, decisivos de su historia) dependen por completo del oficio, sino que incluso el militante político y el funcionario de un ministerio se inspiran en el mismo paradigma". (^{Agamben, 2012}, pp. 8-9)

La pregunta del postconflicto podría ser, según lo anterior, cómo restablecer la ética cuando la inspiración y el paradigma se han vuelto añicos.