Paz Territorial

Un rasgo característico del Acuerdo de Paz en Colombia es su enfoque territorial, expresado en la categoría de paz territorial, que se ha caracterizado por ser polisémico para los actores involucrados en el Acuerdo. Para el gobierno negociador de Juan Manuel Santos, de acuerdo con los pronunciamientos del ex Alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la paz territorial tiene que ver con llevar las instituciones públicas a los territorios periféricos rezagados por el conflicto armado, con miras a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo territorial que permita garantizar los derechos en las zonas afectadas diferencialmente por el conflicto (^{Jaramillo, 2014}).

Esta idea de paz territorial ha recibido varias críticas, reseñadas por ^{Le Billon et al. (2020)} puesto que responde a una agenda económica orientada a expandir el modelo neoliberal en todos los territorios. Además, no reconoce los procesos locales de organización social de construcción de paz en medio de la guerra y su rol de agentes de cambio, y centra el problema de la construcción de paz en las áreas rurales más afectadas. Esto desconoce el papel de los centros urbanos en la guerra, reproduce una ideología de civilización y colonización de las fronteras consideradas 'salvajes' y apareja un enfoque de paz liberal que no trae reformas estructurales.

Por su parte, para otros actores no estatales la paz territorial responde a la idea de una paz construida desde las regiones, que se articula con la profundización de la descentralización, el diálogo intercultural e interétnico y el intercambio con la madre tierra (^{Cairo et al., 2018}). Las diferentes visiones acerca de la paz territorial representaban, más que una discusión conceptual, una pugna entre perspectivas distintas sobre cómo implementar acciones para la terminación del conflicto y el establecimiento de la paz (^{Peña, 2019}).

Otro componente del enfoque de paz territorial es, precisamente, el énfasis en el territorio, que implica el reconocimiento de la disparidad espacial del país, originada por los diversos actores, las condiciones socioeconómicas desiguales, la presencia de diversos recursos y su disputa, las relaciones con los centros de poder y la presencia diferenciada del Estado (^{González et al., 2003}); de ahí la inviabilidad de fórmulas políticas universales. Al contrario, la construcción de paz debe partir de las circunstancias particulares de cada región y de los órdenes locales existentes para territorializar las políticas a través de diferentes mecanismos (descentralización política, iscal y económica, mayor integración entre entidades territoriales, profundización de la democracia participativa, dialogo intercultural, etc.); en esto consiste la dimensión territorial de la paz.

Ordenamiento Territorial y Contra-ordenamientos

El concepto de ordenamiento territorial es ambiguo, algunos enfoques lo relacionan con la descentralización política, iscal y administrativa, mientras otras perspectivas lo asocian a la definición de usos del suelo y su planificación. Con relación a esta última visión, existe un conjunto de saberes institucionales que problematiza la ocupación del espacio mediante la creación y puesta en marcha de instrumentos de planificación como los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Manejo de Cuenca, entre otros. En el caso de la implementación del Acuerdo Final, los PDET, si bien no se enfocan en la definición explicita de un modelo de ordenamiento del espacio, tácitamente movilizan nociones sobre el deber ser del territorio, plasmadas en los proyectos y programas que se ejecutan.

En las definiciones tradicionales de ordenamiento territorial prima la racionalidad técnica para la definición de los usos del suelo e infraestructuras necesarias para el funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales; sin embargo, en esta investigación se optó por una mirada crítica de dicho enfoque. Partiendo de la idea de que el ordenamiento territorial comprende usos hegemónicos del espacio, dirigidos por el Estado y el mercado, y revestidos por un halo de cientificidad-racionalidad, aquí se apela por otras aproximaciones que den un lugar central a contra-racionalidades (^{Cataia, 2017}) y contra-espacios (^{Oslender, 2010}) en pugna con el ordenamiento territorial hegemónico.

Las categorías definidas en los instrumentos de planeación configuran y limitan las lecturas sociales, imaginarias y populares espaciales, y generalmente invisibilizan visiones de los actores con praxis no occidentales. Dichos instrumentos reproducen una hegemonía territorial, en el sentido de una práctica de diseminación de formas de uso y concepción del espacio compatibles con el proyecto de orden socioespacial del bloque dominante (^{Sevilla, 2014}).

En oposición a la hegemonía territorial del ordenamiento es importante abogar por otros ordenamientos, fundados en imaginarios espaciales, más justos y respetuosos con los pueblos étnicos, capaces de articular el pasado, presente y futuro de las resistencias comunitarias y de contribuir a la desnaturalización de las relaciones de poder colonial (^{Porter et al., 2017}).

Tal ordenamiento territorial tiene el imperativo de ser democrático, intercultural y fundado en el reconocimiento del pluriverso, esto significa un ordenamiento en el que existe un desplazamiento de los significados hegemónicos hacia prácticas y tradiciones subalternas de articulación política a partir de la diferenda (^{Conway et al., 2011}). La obtención de ordenamientos territoriales más justos implica una ampliación de la participación en los procesos de ordenación y planeamiento territorial, a pesar de que esta aspiración se ha convertido en un lugar común del discurso políticamente correcto (^{Duque Franco, 2017}).

Ordenamientos para la paz en el San Juan, Chocó

Se entrevistaron directivos de la Agencia de Renovación del Territorio ART ubicada en Quibdó (entidad encargada del PDET), líderes del Consejo Comunitario de Condoto y un directivo del Instituto de Investigaciones del Pacífico Von Neuman. El análisis documental se centró en los Planes de Acción para la Transformación del Territorio PATR, las solicitudes de titulación colectiva de los Consejos y las respuestas escritas a derechos de petición formulados a la ART.

Retos de la Agenda de Paz para los Ordenamientos del medio San Juan

La construcción e implementación de los PDET en la región media del San Juan tiene por lo menos tres grandes retos en materia de ordenamiento territorial: primero, la presencia de actividades mineras desde el periodo colonial, práctica que se ha transformado hasta la actualidad, donde predomina la minería mecanizada ambiental y socialmente insostenible. Segundo, a nivel político-administrativo, en esta zona se sobreponen distintas figuras de administración y ordenamiento territorial que son un desafío para la articulación entre niveles de gobierno con competencias diferenciales. Tercero, el carácter mayoritariamente étnico de la población que habita la región representa territorialidades diferentes a las formas de uso y apropiación espacial capitalistas, lo que representa i-guras de administración, gobernanza y refrendación ciudadana diferenciales.

En la actualidad es posible discernir tres tipos de minería de oro en función del volumen de producción (determinada por los métodos de extracción y las tecnologías usadas) que se practican en la región: la minería artesanal, la de pequeña escala a mediana escala y la de gran escala. No obstante, estas divisiones son ambiguas y no están claramente diferenciadas en el ordenamiento jurídico colombiano (^{Urán, 2013}). Además de estas tipologías, la minería puede encuadrarse como legal o ilegal, la legal es aquella que cuenta con licencias estatales y la actividad minera ilegal, de acuerdo con el Decreto 2191 de 2003, es "aquella que se desarrolla sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin Título minero" (^{Gutiérrez et al., 2012}, p. 18).

Dichas tipologías conviven o se practican simultáneamente; sin embargo, se destaca la predominancia actual de la semimecanizada. Desde los años ochenta la entrada de mineros o retreros provenientes del Bajo Cauca antioqueño (^{Castillo, 2013}) promovió la proliferación de la pequeña y mediana escala que ha dejado altos pasivo ambientales y sociales en los territorios que otrora se tenían practicas artesanales, combinadas con la explotación minera a gran escala. Ahora bien, no se trata de idealizar las practicas artesanales como formas propias y libres de conflicto, por el contrario, la minería en la región, lejos de ser un proyecto homogéneo, es ante todo un proceso complejo mediado por diferentes técnicas y procesos socioeconómicos y políticos con visiones opuestas.

Por ejemplo, la actividad minera se ha vinculado con grupos armados; aunque la explotación de oro no originó el conflicto armado en estos territorios, sí soporta económicamente algunos actores armados ilegales y explica disputas por el control territorial (^{Ortiz-Riomalo y Rettberg, 2018}). En el caso de la cuenca media del San Juan, fue hacia mediados de los noventa que la minería con retroexcavadora se apuntaló como financiadora de dichos grupos, quienes se enfrentaban por el cobro de tributos forzados a los entables mineros (^{Castillo, 2013}).

A pesar de esta realidad, en el Acuerdo final de Paz solo incluye una breve mención sobre el asunto; en ella indica la necesidad de enfrentar la minería ilegal y de asegurar un monopolio iscal del tesoro público, y reconoce que la minería artesanal no es minería ilegal. Sin embargo, la atención prestada es irreflexiva sobre las graves consecuencias del modelo extractivo y los potenciales conflictos socioambientales relacionados, además, no se considera como un asunto estratégico para el desarrollo local.

Otro de los retos tiene que ver con la convivencia de diferentes instrumentos de planificación y administración territorial, ubicados en diferentes escalas y competencias para cada actor. Entre la diversidad de figuras que operan en el territorio se destacan los Planes de Ordenamiento Territorial -POT-, los Planes Municipales de Desarrollo, los Planes de Manejo y reglamentos Internos de los Consejo Comunitarios Mayores, El Plan Nacional de Desarrollo y los nuevos instrumentos derivados de la implementación del Acuerdo como los PDET y el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos). Esto supone un reto político y administrativo en las relaciones intergubernamentales que implica la armonización de instrumentos y la subsidiariedad, complementariedad y concurrencia de estos.

El documento CONPES 3932 de 2018 definió el Plan Marco de Implementación PMI del Acuerdo de Paz, que contiene 16 instrumentos. Para desarrollar lo planteado allí, el Artículo 281 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 creó la estrategia "Hoja de Ruta Unificada de planeatión para la estabilización". Esta es una herramienta que articula los instrumentos de planeación derivados del Acuerdo Final con los planes y programas sectoriales y territoriales (ver Figura 2), al igual que con los diferentes mecanismos de financiación y ejecución para garantizar la concurrencia de entidades y recursos, así como la participación del sector privado y la cooperación internacional.

Fuente: Adaptado de ^{Presidencia de la República (2018)}.

Figura 2 Articulación de instrumentos de planificación en la implementación del Acuerdo de Paz  

La Agencia de Renovación del Territorio -ART- lidera el proceso de construcción de hojas de ruta en las 16 regiones PDET. Este es un instrumento que permite construir la visión de desarrollo subregional y territorial a largo plazo (15 años), por medio de la identificación de apuestas estratégicas y acciones con una definición de recursos y actores requeridos. De acuerdo con Betty Moreno, directora de la ART en el Chocó, es de vital importancia la armonización de los instrumentos que se sobreponen en el territorio para poder lograr la paz (Directora regional ART Chocó, comunicación personal 18 de febrero de 2020).

En la región de estudio aun no se ha construido la Hoja de Ruta, por lo que la articulación intergubernamental aun es incipiente y se ha traducido en la inclusión de los PDET en los planes de Desarrollo Municipal PDM 2020-2023. Al analizar los PDM, se constató que el plan de Condoto, Istmina y Medio San Juan consideran en su parte programática la intervención de la ART, y su sistema de metas muestra como las acciones municipales contribuyen al logro de los PDET.

Las limitaciones de articulación son más problemáticas en relación con los territorios étnicos. Si bien la metodología de Hoja de Ruta plantea la sostenibilidad de los proyectos a través de un modelo de participación comunitaria donde intervienen los actores étnicos, el diseño actual no considera la armonización de los instrumentos de planeación de los pueblos étnicos. En el caso de las comunidades indígenas, existe una tradición consuetudinaria que recientemente se ha materializado en documentos escritos con diferentes denominaciones, como los Planes de Vida y Planes de Ordenamiento Ancestral, entre otros. Para los Consejos comunitarios de los territorios colectivos de pueblos afrodescendientes, existen los Planes de Etnodesarrollo y los Planes de Manejo Ambiental. Estos instrumentos no se han tenido en cuenta, en cierta medida porque no contienen las mismas formas de planeación y programación presupuestal que permitan traducirlos a la tecnocracia de planeación que se está realizando.

Como se ha planteado, la Hoja de Ruta tiene un gran componente técnico para el modelamiento y alcance de escenarios territoriales anhelados, pues se basa en la formulación de los PDET; no obstante, presenta limitaciones en tanto la articulación no incluye la participación de la ciudadanía y las comunidades, quienes son llamadas a coadyuvar en la definición de su prospectiva territorial, de manera que es fundamental continuar la planeación participativa en todas las etapas del proceso, incluso la técnica.

Otro aspecto tiene que ver con la prospectiva y el planteamiento de escenarios de desarrollo territorial que necesariamente aparejan modelos de ocupación espacial. Este punto es menos visible en la Hoja de Ruta, donde se indica que serán tenidos en cuenta los Planes de Ordenamiento Territorial o Esquemas de Ordenamiento Territorial como insumo para reconocer restricciones operativas y factores potenciales. No obstante, los POT no son la fuente más adecuada para fundamentar la perspectiva territorial, ya que tienen poca pertinencia en el área de estudio, en la medida que están enfocados en espacios urbanos, y dejan de lado el complejo proceso de construcción de territorialidades negras e indígenas (^{Martínez, 2012}). Hace falta una mirada a los procesos de planeación y ordenamiento propios, como base de un ordenamiento para la paz, que están llenos de matices e incluso contradicciones.

Territorialidades Diversas: las Territorialidades afro y Otras Formas de Apropiación Espacial

La población de los municipios estudiados tiene un carácter étnico (ver Tabla 1), esto implicó que a nivel institucional se adoptaran formas diferenciales para la implementación del Acuerdo^[3], en aras de reconocer y salvaguardar la territorialidad étnica de las comunidades.

Tabla 1 Población Étnica en los municipios de Condoto, Istmina y Medio San Juan año 2018 

Nota: *Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (^{DANE-DCD, 2020})

La territorialidad afrodescendiente en la zona de estudio puede entenderse a partir de las prácticas de apropiación espacial, estas se caracterizan por el asentamiento de la población en los diques aluviales, desde ahí, los pobladores se extienden hacia el fondo o respaldo, en un poblamiento longitudinal y discontinuo alrededor del curso de agua, donde se combinan actividades económicas y asentamientos ribereños. Es un sistema cultural que reúne diversidad de actividades de subsistencia, como la minería artesanal, la agricultura, la pesca, la caza y la recolección; esto en el marco de redes amplias de parentela, manifestadas en la distribución espacial de la población y apoyadas en un sistema simbólico religioso propio (^{Castillo y Varela, 2012}).

Se trata de un ordenamiento espacial cuyo eje principal es el río -principal referente de construcción de la vivienda- que, además de una vía de comunicación, es un espacio colectivo y de interacción social, así como un referente simbólico de identidad del grupo familiar. De igual manera, el río integra diferentes dimensiones de la vida social, económica y cultural de la región en el marco de relaciones de reciprocidad y solidaridad (^{Restrepo, 1996}).

Esta territorialidad afrodescendiente en el siglo XX estuvo en constante interacción con la frontera minera que representaba la operación de la compañía Choco Pacifico -de capitales estadounidenses e ingleses-, que funcionó desde 1907 hasta 1974 en el río Condoto. Esta compañía se expandía y contraía según el mercado internacional de los metales preciosos. Varios pobladores de la región se articularon como trabajadores de la empresa, aunque esto no significó su inserción completa en las lógicas del trabajo asalariado moderno; por el contrario, en la región existió una sociedad dual donde los pobladores se vinculaban en calidad de proletarios del enclave minero de la empresa extranjera (ubicado en Andagoya, hoy cabecera municipal del municipio de Medio San Juan) y a su vez hacían parte de la economía campesina con la que tenían una relación étnica y familiar (^{Varela, 2013}). Dicha región operaba parcialmente como contra-espacio al espacio capitalista (^{Oslender, 2010}), a través de relaciones espaciales específicas y repertorios de organización y movilización social en los que sus habitantes transitaban entre los espacios de extracción a gran escala y los medios de vida propios.

Con la venta de la Choco Pacífico a la firma Mineros de Colombia, de capitales nacionales, se dio un proceso de desindustrialización, pero también de consolidación de mineros auríferos independientes con procesos semimecanizados, prácticas que otrora estaban vedadas para las poblaciones étnicas. Para finales de los 80 ingresaron al territorio mineros mecanizados (con uso de retroexcavadoras), reconocidos por la población local con el calificativo de 'paisas', provenientes del vecino departamento de Antioquia, quienes establecieron entables mineros por toda la cuenca.

Ahora bien, el ingreso de los 'paisas retreros' no fue a la fuerza, a través de la destrucción de los lazos de parentesco y consanguinidad; por el contrario, el estudio etnográfico de ^{Salazar y Uran (2018)}, en el área de Condoto, Istmina y alrededores, demuestra que los mineros de afuera aprovecharon las figuras de parentesco en beneficio de su operación. Como los depósitos superficiales usados en la extracción con motobomba se habían agotado, los mineros condoteños vieron en la llegada de las retroexcavadoras una forma de acceder a los metales más profundos, así como una manera de satisfacer las múltiples necesidades, incluso algunos grupos experimentaron cierta movilidad social, por lo que autorizaron el ingreso de las retroexcavadoras, a pesar de lo problemático de tal modelo productivo para los sistemas socioeconómicos.

En esta región la extensión de la minería mecanizada no respondió a la iniciativa de grupos armados, sino que antecedió la llegada de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, del Ejército Popular de Liberación -EPL-, de las FARC y del paramilitarismo en los años 90. En ese entonces comenzaron a registrarse hechos victimizantes como amenazas, secuestros, homicidios selectivos, extorsiones, atentados y confinamiento, pero, sobre todo, desplazamiento forzado. Dichas incursiones armadas trastocaron las espacialidades de la población y dieron paso a la construcción de geografías del terror manifiestas en paisajes de miedo, cambios abruptos en las practicas espaciales cotidianas y ordinarias, dinámicas de desterritorialización generadas por el desplazamiento masivo y restricción en la movilidad (^{Oslender, 2004}).

Es en ese escenarios de grandes transformaciones socioculturales que la expedición de la Carta Constitucional de 1991 reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Colombia. Se definieron, entonces, en el Artículo transitorio 55 los derechos sociales y políticos de las comunidades afrodescendientes, lo que derivó dos años más tarde en la expedición de la Ley 70 de 1993; después, el Decreto 1745 de 1995 reglamentó el capítulo III de la Ley 70, para formalizar los procedimientos de adjudicación de las tierras colectivas a las comunidades negras y definir como órganos de gobierno y administración a los consejos comunitarios. Estos títulos fueron obtenidos por los Consejos Comunitarios Mayores de Condoto e Istmina y parte del Medio San Juan en junio de 2002, y dicha figuro complejizó el escenario.

La Territorialización del Acuerdo de Paz como Encuentro

Debido al carácter étnico de la población en el área de estudio, la institucionalidad adoptó un enfoque diferencial en el proceso participativo de formulación, de manera que las etapas de la ruta tradicional cambiaron. La formulación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial Étnico PDETE^[4] se compuso de dos grandes fases, la primera de concertación de la metodología de formulación participativa^[5] y la segunda de implementación de la ruta de participación aprobada en la primera etapa.

Es importante señalar que este proceso de planeación participativa se supeditó a un proceso de nucleación (definición de las unidades mínimas de planeación participativa homogéneas), mediante ejercicios de cartografía social con la participación de los líderes y lideresas comunitarios. Allí, se describió y representó la ocupación del territorio por cuencas y grupos étnicos (consejos comunitarios y resguardos indígenas); este paso fue complementario de la metodología adoptada por la ART para la construcción de núcleos veredales. Los núcleos veredales se construyeron a partir de la sobreposición cartográfica de la capa de veredas (división mínima del municipio) con la de Parques Nacionales Naturales, territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas legalmente constituidos, zonas de reserva campesina, áreas de Ley 2da e información de contexto de presencia de cultivos de uso ilícito (Agencia de Renovación del Territorio, 2017). El resultado fue validado y concertado con los ejercicios de cartografía social.

Se puede observar que la idea territorial se tradujo en un andamiaje de planeación participativa en diferentes escalas, desde la vereda hasta la región. Se trató de un ejercicio ambicioso que intentó reunir las aspiraciones de las comunidades, y que logró una alta representación de organizaciones étnicas en la construcción de los PATR. Sin embargo, el proceso contiene varias limitaciones en la traducción de la territorialidad étnica.

El criterio usado para la selección de los municipios PDET no benefició a los territorios étnicos, ya que se circunscribió a la división político-administrativa, que no corresponde a las realidades de uso y apropiación de las comunidades afrodescendientes organizadas a nivel de cuenca hidrográfica. En el caso del área del COCOMACOIRO, que comprende las jurisdicciones de los municipios de Condoto al sur, Iro al norte y Tadó al nororiente, los dos últimos no fueron priorizados como municipios PDET, por lo que la planeación e implementación de los planes solo se enfocó en Condoto, pese a que la administración colectiva se da con independencia de las jurisdicciones municipales y a que la territorialidad transciende estas barreras.

Por otro lado, aunque el enfoque étnico buscaba la incorporación de los planes de vida, etnodesarrollo y similares, a pesar de que se dio un proceso de concertación, estos no fueron considerados como lineamientos estratégicos de planificación municipal o regional (^{Naranjo Aristizábal, 2020}). Las discusiones se organizaban en temáticas según los pilares definidos discrecionalmente por la ART, en estas no se consideró la creación de nuevos pilares más coherentes con las cosmovisiones de los pueblos étnicos y su entendimiento del territorio. En lugar de atender a una construcción de paz territorial que parte del principio de 'abajo-hacia arriba', las políticas reprodujeron las lógicas tecnocráticas de socialización que no se relacionan con las aspiraciones comunitarias. Varias de las iniciativas que surgieron se relacionaron con las peticiones históricas de las comunidades étnicas sobre los derechos básicos, de tal suerte que no fue posible incorporar una prospectiva de la paz territorial que fuera más allá de lo urgente ni que se acercara a las posibilidades de transformación territorial.

El proceso de participación propició que el Estado colombiano creara una estructura política, administrativa y territorial para dar vida al Acuerdo; a través de ella logró implantar su hegemonía, al estructurar el campo de acción y las espacialidades que moldean las discursividades y prácticas de las comunidades étnicas (^{Martínez, 2013}) en torno a la nueva gramática de la paz. Así, aunque la población tenga determinadas aspiraciones sobre el deber ser del territorio, termina adhiriéndose a la agenda estatal dominante, ya que en ella encuentra un espacio donde pueden establecer algunas demandas y viabilizar proyectos de inversión. Todo esto incluso cuando dichos proyectos no corresponden a la vocación minera o al contexto de disputa territorial de actores armados legales e ilegales que no han salido del territorio.

Después del proceso de formulación de los PDET surgió una percepción generalizada -entre los actores que se vincularon o acompañaron el ejercicio de planeación participativa- de que, una vez firmados los PATR, el proceso se detuvo, dando la sensación de que la participación ciudadana finalizaba allí. Si bien el Gobierno continuó en interlocución con las autoridades locales, el trabajo con las comunidades y sus delegados se detuvo, lo cual generó desconfianza después de las altas expectativas creadas (^{Tovar, Peñuela, y Alonso, 2020}).

La agenda PDET se queda corta en varios aspectos, como el tema de la minería y del ordenamiento territorial asociado. Los Pactos Municipales para la Transformación Regional -PMRT- concertados tienen múltiples iniciativas en los pilares de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Uso del Suelo y Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. En su gran mayoría las iniciativas se enfocan en el fortalecimiento de las actividades agrícolas, en la implementación de sistemas de aprovechamiento agroforestal y restauración ecológica; sin embargo, no existen iniciativas puntuales con relación a la minería. En este particular se observa que la política de paz está ignorando la complejidad de los territorios y la inviabilidad de consolidar una sociedad en paz sin la observancia de las dinámicas socioproductivas y culturales. En ese contexto, la minería aurífera aparece como parte constituyente de la territorialidad (reconfigurada por las lógicas de la guerra y las economías extractivas) de las comunidades negras, pero no como espacialidad estática.

El aparente olvido del tema minero en la agenda de paz encubre la contradicción entre el modelo de desarrollo basado en actividades extractivas corporativas (que inclusive se conecta con el Acuerdo a través de la estrategia obras por impuestos) y la aspiración de algunas comunidades locales de fortalecer sus economías a través de la minería artesanal y de pequeña escala (Le Billon et al., 2020) con sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria. Tal enfoque ha significado la persecución de la pequeña minería sin títulos formales, que ha sido etiquetada como ilegal.

Las comunidades campesinas agromineras no ven en la implementación del Acuerdo una alternativa pertinente a la vocación histórica de sus territorios, pero sí una oportunidad para aprovechar algunos proyectos. Estas poblaciones no contemplan renunciar a la actividad minera que ha sido desarrollada por sus ancestros, aunque son conscientes de que la minería, tal y como se practica hoy, es inviable ambiental y socialmente. Por eso se deben dar las condiciones y los incentivos para que la población realice una práctica responsable y, al mismo tiempo, se evite el ingreso de multinacionales^[6] a los territorios colectivos, o, por lo menos, que se garantice el beneficio de dicha intervención (Jorge Perea, representante legal de COCOMACOIRO, comunicación personal 20 de febrero de 2020). La paz territorial para los actores étnicos es una oportunidad de reapropiarse de sus espacios para la realización de un proyecto económico-cultural capaz de dar solución a las problemáticas de sus medios de vida y de conservar sus actividades mineras tradicionales.

La política de paz requiere ser complementada con la reformulación de modelos y políticas de ordenamiento territorial relacionados con la actividad minera, la no persecución a los pequeños mineros, las políticas reales de formalización de la pequeña minería y la implementatión de mecanismos limpios^[7] y de certificación que garanticen precios competitivos en el mercado internacional para estos tipos de minería. Además, la presencia de actores armados con estas actividades representa un punto clave para lograr un proyecto territorial de paz.