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La ineficacia e inoperancia del discurso ambiental, para preservar los ecosistemas estratégicos y prevenir los conflictos socioambientales en las zonas con proyectos mineros, van in crescendo, toda vez que, al servir de soporte al modelo de desarrollo económico, alientan los patrones de consumo energético y, con ello, la demanda de los combustibles fósiles.
Introducción
Este artículo se remonta a un trabajo de investigación en maestría que aborda la pregunta sobre las relaciones entre la guerra y la minería, y que parte de la certeza de que los impactos que genera el extractivismo son varios e incluyen el desplazamiento forzado y las muertes de pobladores.
En el caso del carbón, el contexto geográfico de los proyectos mineros refleja unas consecuencias ecosistémicas, sociales, jurídicas y políticas devastadoras, aun no evaluadas ni interpretadas a partir de indicadores estructurales como la soberanía estatal, la estabilidad social, el buen gobierno y el aseguramiento de los bienes comunes.
No solo se trata de precisar los valores implícitos de aquellos indicadores de la resistencia social, sino, también, de contextualizar herramientas y argumentos para construir la base cualitativa de valores ambientales que han perdido densidad y peso, y que, subvalorados por las versiones 'modernizadoras' del Estado, hacen tabula rasa de su conocimiento, considerado por algunas posturas como retórico y retrógrado y, por otras, como pseudotientífico.
En el caso del concepto de justicia ambiental, Johan Martínez Alier, en el Atlas de Conflictos Ambientales Marínez Alier (1993), puntualiza que, para este ejercicio crítico de la resistencia social y la justicia ambiental, se hace preciso concatenar una relación de causa y efecto que permita una lectura de implicación entre asuntos ambientales y una conexión con el conflicto sociopolítico, para entender que en la multicausalidad de la guerra está contenida la arista del extractivismo.
Es posible plantear que no existen sujetos o actores sociales que puedan postularse a sí mismos como opositores y sujetos de la transformación, pues la resistencia social resulta ser necesariamente un plural articulado que se configura y expresa en términos comunitarios. En el escenario del conflicto y en la defensa de los derechos, se interpreta la colectividad social como un agente transformador, y lo ambiental como el hecho que conecta un escenario común, lo que genera sujetos transversales en resistencia.
La cuestión aquí planteada, tiene que ver con la inoperancia del discurso ambiental en los proyectos de desarrollo inducido, cuando es asumido como estrategia instrumental de amortiguamiento de impactos (muchos de ellos irremediables e irreversibles) como la extinción de ríos, la deforestación o la aniquilación de grupos sociales y comunidades.
Estos hechos, junto a los conflictos causados por la minería con licencia ambiental, suscitan un desgastador proceso de confrontación para reclamar derechos ambientales; el asunto se hace, entonces, paradójico. De una parte, el tiempo colectivo comunitario dedicado a las actividades de resistencia social sufre por el letargo de los bloqueos e incumplimientos de los empresarios mineros, de los agentes del gobierno y hostigamiento de los grupos armados; por otra parte, la reivindicación de los derechos ambientales convierte en patrimonio el reclamo, en tanto su maduración social, al remontar en el pasado y la tradición de valores, llega a cualificarse a fuerza de confrontaciones.
En este espacio tiempo se tejen redes y se amplían los conocimientos sobre temas estratégicos para la acción comunitaria -legislación ambiental y legislación en participación ciudadana-, y las tecnologías llamadas alternativas hacen emerger formas para proceder a la operatividad comunicacional de las posturas de resistencia.
Para comprender el tejido complejo que envuelve este asunto de la resistencia social en las intervenciones a la naturaleza, se toma como foco y punto de inflexión el análisis proyectado al modelo de desarrollo neoliberal que desentraña las raíces de la oposición ciudadana y la inherente capacidad de resistir del ser humano.
Territorios Mineros y Resistencia Social
La perspectiva crítica de la minería toma como referente de la situación socioambiental el caso del carbón en el corredor minero del departamento del Cesar, unidad geográfica donde la investigación doctoral, y previamente el estudio de la Maestría, exploró e identificó un contexto territorial marcado por el desplazamiento forzado, las muertes y la inseguridad territorial provocados por el extractivismo.
Apoyados en el enfoque de la ecología política, pudimos observar que los conflictos por la redistribución de los recursos naturales, instrumentalizados por los procesos de licenciamiento, la vigilancia y el control ambiental, hacen necesaria una normatividad que dé soporte a la legalidad en la intervención de la naturaleza.
Para avanzar en este objetivo, la intención se centra en la relación directa entre conflicto y minería, y el énfasis es puesto en dos vertientes de la problemática nacional: la evaluación de los efectos sobre la vida y bienes de la población en zonas mineras, y la valorización de la resistencia social de comunidades desestabilizadas socialmente, confrontadas por la defensa de los derechos ambientales.
La actividad minera expandida en el territorio, pese a tener condición de legalidad otorgada por la licencia ambiental proveniente bien del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, o de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, genera al amparo de la misma legalidad diversos conflictos sociopolíticos, con apuntalamientos complejos en las instituciones del Estado, en organizaciones de los empresarios, de las comunidades y de otros actores supraterritoriales.
En este contexto ambiguo de la legalidad del Estado, los llamados intereses de la Nación, correspondientes a los denominados bienes comunes intrincados al suelo y al subsuelo, a las aguas, la flora, la fauna y sus biosferas, quedan expuestos a un esquema de interpretaciones confrontadas, donde la Constitución Política de Colombia queda convertida en un espejo borroso y resbaloso en el que las acciones y los argumentos en favor de la Nación quedan neutralizados por los intereses que gobiernan temporalmente las instituciones del Estado. Ocurre así con la interpretación de los artículos de referencia ambiental en donde el más relevante es el Derecho al Medio Ambiente Sano.
Este derecho, constituido en principio fundamental por estar conexo a la vida y ser soporte argumental de los movimientos en resistencia social, adquiere el carácter de un procedimiento nacional, para establecer o restablecer los derechos vulnerados de la Nación. A este respecto, son de considerar los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de las distintas salas de casación de la Corte Suprema de Justicia, que suman un seriado de jurisprudencias de interés para comprender el alcance de la acción minera, en tanto son los análisis de una instancia superior estatal, constituida en referente de los procesos de resistencia social.
La Sentencia T-154/13: responde a una acción de tutela para la protección de los derechos colectivos. Constituye un aporte relevante, porque ampara a la resistencia social y determina criterios para las actuaciones jurídicas cuando se afectan los derechos colectivos. Para el caso de la Preservación del Medio Ambiente, el Tribunal Superior de Valledupar puntualiza:
[...] sin duda, la explotación, transporte y almacenamiento de carbón genera dispersión de partículas, que afectan la pureza del aire, al igual que la tierra y el agua donde finalmente caen. En tal virtud, esas actividades deben estar sometidas a vigilancia, con específicas y severas medidas sanitarias y de control, tendientes a proteger la indemnidad del ambiente, el bienestar general y, particularmente, la salud y demás derechos de la población circunvecina. (Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil Familia Laboral, 2013)
Los pronunciamientos de los entes de control constituyen una ruta clave en este diálogo sobre el discurso ambiental. Por su eficacia y pertinencia, se recogen algunos pronunciamientos de los entes estatales asociados a los conflictos sociales mineros.
La Contraloría General de la República, en un exhaustivo estudio sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, resalta la permisividad que se tuvo en materia de licencias ambientales cuando, en 1996, se autorizó que las empresas mineras que no contaban con un Estudio de Impacto Ambiental realizaran la extracción mineral y presentaran un plan de manejo ambiental. Los conflictos de la normatividad quedan evidenciados, pero no hay claridad sobre cómo, al amparo de sus vacíos y falta de articulación, una cantidad de importantes proyectos y actividades han obtenido la licencia ambiental, con solo el registro de los planes de manejo ante las autoridades ambientales competentes y sin que tuvieran un proceso objetivo riguroso de evaluación y licenciamiento (Contraloría General de la República de Colombia, 2006).
La formación de este campo borroso de legalidad ilegal extiende una línea de tiempo que va de las protestas cívicas y sindicales del siglo XX, en la época de la llamada Revolución Industrial, a las de ahora por el derecho al agua, al aire no contaminado, a los ríos, a los páramos, a los santuarios de flora y fauna y a la conexión con la vida.
Sin embargo, en todos los escenarios de esta línea de tiempo lo que ha estado expuesto como principio constitutivo de la Nación, la naturaleza y los movimientos e iniciativas de la defensa de la vida, propone una pregunta sobre la frontera Nación-Estado en la defensa de la naturaleza: ¿A quién se le reclama? ¿Quién protege la vida? ¿El licenciamiento ambiental muestra al protector y defensor de los derechos en la misma línea de quien otorga la licencia para su violación?
En revisiones exhaustivas que incluyen los ejercicios convocados por plataformas de iniciativas internacionales tecnológicas, como el Atlas Global de Justicia Ambiental y el Atlas de Conflictos Ambientales de Colombia, inspiradas por una iniciativa creada en 2012 por la Universidad Autónoma de Barcelona, se registra que hay en la actualidad un total de 2,100 conflictos socioambientales en todo el mundo.
Los reportes incluyen datos relacionados con el origen del conflicto, los poderes que circulan alrededor del proyecto, los procesos jurídicos que surten el caso, las afectaciones a la comunidad, el marco histórico del proyecto y el estado en que se encuentra. Se muestra también la generación del conflicto sociopolítico y la desestabilización social ocasionadas por el desarrollo minero, corroborándose la correlación de la dinámica territorial con la minería.
El análisis desde esta gran escala aporta evidencias sobre una primera cuestión en la cual incursiona este ensayo: que los conflictos redistributivos de los recursos naturales, pese a que el escenario geográfico cambia y los actores son diferentes, en la dimensión, la estructura y el racionalismo del problema, están cobijados por la misma episteme paradigmática del desarrollismo, mediado por la instrumentalización de la naturaleza.
En cuanto a la escala global de los distintos movimientos de resistencia social, resalta que son colectivos de variada composición y origen que han emprendido en las dos últimas décadas manifestaciones de acción colectiva de defensa del territorio, concebido como medio de vida y cultura, oponiéndose radicalmente a la entrada de empresas mineras a hacer estudios de exploración y explotación en sus territorios. Aunque son innumerables los eventos que parecieran aislados, ellos dan cuenta de una intensa y vivificadora práctica común y coincidente en la resistencia a la minería, y se configuran como procesos de construcción social de reflexión ambiental del territorio a través de la acción colectiva.
La evolución de un campo de conocimientos no epistemológico, fundamentado en la acción, coincide con la ratificación por muchos Estados y gobiernos del Acuerdo de Escazú, para dar cumplimiento a lo pactado en la Cumbre de Río. En Colombia, la contravía bloquea la adopción del Acuerdo, y se aplaza la oportunidad de tener una plataforma garantista de derechos que haga frente al acumulado histórico de injusticia ambiental y social en los territorios, que en su prontuario presenta una cifra preocupante de muertes y desplazamientos de los líderes que participan de los procesos socioambientales.
La perspectiva racional instrumental que apuntala los emprendimientos mineros y la perspectiva emocional y solidaria de los movimientos sociales contemporáneos dan cuenta de una confrontación entre valores no epistemológicos basados en la estigmatización y la apropiación de un discurso modernista, que señala como opositores del progreso y extremo-ambientalistas a quienes ponen en cuestión la relevancia y prioridad de una minería altamente implicada en los negocios. En este ámbito de confrontaciones verbales, el conocimiento y las ideas pierden valor y densidad, dando pábulo a la exacerbación de conflictos donde el principio de la ley y la norma pierden contundencia, y la muerte se erige en la fórmula que apaga las voces del desacuerdo.
Para el Estado y los movimientos sociales, es necesario fijarse objetivos comunes que reconecten las apuestas éticas y políticas de los colectivos sociales con otras lecturas de la institucionalidad pública, comunitaria y empresarial. También hacen falta propuestas sobre la construcción de un modelo de sociedad cooperante capaz de articular intereses universales como la paz, la estabilidad de la vida en el planeta, la equidad social, las relaciones entre los géneros y la productividad energética respaldada en la convergencia de las tecnologías.
Toda acción implica entrar en una red o trama existente de relaciones humanas formada por los actos y las palabras de innumerables personas; significa también entrar en un espacio público en el que cada persona revela, mediante su palabra y su acción, problemas con el conflicto ambiental. Es decir, los problemas van de lo particular a lo general y viceversa; esta condición cobra sentido cuando se decide una acción colectiva. La palabra y la acción tienen la capacidad de insertar en la realidad un curso de acciones que antes no estaban, lo que significa la posibilidad de un proceso de resistencia social.
La conflictividad pone en contraste los alcances de las formas de la movilización social con la minería irracional focalizada en el mercado. Esta es ajena a la transformación innovadora de las materias primas, a otras alternativas de intervención a la naturaleza y a las transformaciones que demanda el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
Desde el ángulo estatal, un asunto que amerita revisión es el de las dinámicas de reconfiguración territorial, basadas en cambios flagrantes en la política y la institucionalización minera en las decisiones del Estado.
A este respecto, el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP- subraya que no basta con excluir zonas del país de la minería, legalizar la minería informal o enarbolar un no rotundo a la explotación minera, cuando es un hecho que esta avanza con la ausencia de control y de una pertinente participación estatal. Las iniciativas locales en el marco de la acción política de la resistencia social están encaminadas a solucionar contextos complejos, problemas puntuales y propios de una determinada comunidad, que parten de la incompatibilidad entre los intereses del nivel nacional y los de los nivel regional y local que no cuentan con las instituciones capaces de responder al nuevo reordenamiento territorial (Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP), 2012).
Elementos clave en el análisis son las tendencias y usos de los avances tecnológicos de la comunicación del mundo globalizado, es decir, los soportes comunicativos que han abierto posibilidades para que las redes sociales aumenten su capacidad de construir de manera pública la historia del acontecer territorial y el registro oral y visual de las intervenciones a la naturaleza: desde el devenir de la industria en los procesos sociales, hasta la influencia de la institucionalidad pública y los empresarios.
La participación ha trascendido vertiginosamente la fuerza comunitaria ciberespacial, materializada en clave comunicacional por el llamado a la convergencia en donde los bienes comunes y los principios de defensa de estos actúan en calidad de colectivo social. Las geografías, antes identificadas como obstáculo por la distancia, hoy son un parámetro de fuerza en la circulación de los colectivos sociales. La versión comunicacional con la institucionalidad, los actores de interacción y los sectores en controversia se dan cita a través de trinos, en plataformas de acceso virtual que trascienden las fronteras de lo convencional y validan las nuevas formas de expresión social.
Desde lo local, el campo comunicacional muestra de manera directa y contundente un punto de inflexión histórico, marcado por la inserción de las tecnologías informáticas y de las bases de datos abiertos, en especial lo concebido mediante el Decreto 1712 del 2014 sobre la Ley de Transparencia, que acerca a los líderes, grupos y movimientos sociales a otros planos de la gestión social del conocimiento territorial.
Las redes con herramientas y soportes producen retornos inmediatos de la información y generan incidencia en los distintos escenarios en que se mueven. Abarcan el liderazgo local con expertos y organizaciones que los acompañan, basados en la acción misional y apuestas individuales, como en los casos del Grupo Semillas, Censat Agua Viva, la Fundación Convida, el ingeniero Geólogo Julio Fierro, la Mesa Ambiental del municipio de Jericó, entre otros. Otro ejemplo es la organización del Suroeste Antioqueño nombrada el Cinturón Occidental Ambiental (COA), originada durante el Foro sobre Agua o Minería en el año 2014 en el municipio de Támesis e impulsada por 5 municipios vecinos de la región.
A juicio de este análisis, una fuerza importante adquirida en el escenario político por las comunidades ha sido reforzada por la tecnociencia de las comunicaciones, donde las redes sociales han configurado nichos de conocimientos plurales y gestado una estructura sociopolítica de los movimientos sociales.
Las oportunidades y repercusiones políticas ofrecidas por el campo de las comunicaciones han animado una visión de los actores extractivistas. En un panorama más general las estrategias para el desarrollo del 'país minero' y las políticas que lo circunscriben en el Estado, dieron origen a un cambio de sentido y de espíritu de la legislación colombiana cuando el gobierno de Samper en 1997 aportó los primeros pasos para iniciar el trámite de la ley que desembocaría en la modificación del Código de Minas, en la cual participaron instituciones canadienses como la Canadian Energy Research Institute - CERI (Toro et al., 2012).
En la orientación de la política pública del Código de minas de 2001 -y a razón de que empresas provenientes de Canadá con explotaciones mineras en el país proyectaron opciones metodológicas ante la problemática minera que evolucionó hasta la resistencia social- se planteó un reto, también metodológico, de rastrear la estrategia de actores internacionales para adaptar la ley colombiana a lineamientos trasnacionales, con evidentes intereses en la minería nacional.
Inversiones Mineras en Colombia y el Conflicto por el Agua
Colombia fue el último país latinoamericano en entrar activamente en la nueva ola de inversiones mineras, pues solo a partir de 2003, con la llegada de Anglo Gold Ashanti, comenzó a ser visible el rol de las compañías de exploración de minerales metálicos en los territorios de Colombia (Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2008).
La incursión de grandes empresas y proyectos para explotar recursos cambia estructuralmente la economía del país y el rol del Estado, además de afectar la dinámica social de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, porque se vulneran las componentes elementales del territorio en productividad, vivienda, servicios básicos e institucionalidad. Esto sin contar las amenazas y la inseguridad producto de la lucha por la defensa de los derechos ambientales constitucionales, especialmente en asuntos de trascendencia como la defensa del agua. De este contexto, sobresalen las acciones protagonizadas por los comités pro-defensa del agua y del páramo de Santurbán (Santander), en contra del Proyecto Angostura (en el municipio de California, Santander), impulsado por la multinacional canadiense Grey Star Resources (EcoOro).
Los ecosistemas estratégicos de los páramos, como áreas de interés corporativo transnacional, se han constituido en el blanco de cambios importantes en la legislación ambiental nacional. Los títulos mineros otorgados han propiciado una proverbial y controversial discusión entre las comunidades, la institucionalidad pública y los empresarios globalizados.
Según los datos compilados sobre minería y páramos, difundidos en el año 2013 e incrementados hasta la fecha, se han acumulado hechos de expansión multinacional en distintas regiones del país, a los cuales se aúnan nuevos escenarios de conflicto socioambiental.
La reciente manifestación de PRODECO en relación a los títulos que operan en el corredor minero del departamento del Cesar, y el anuncio de un cierre minero no planificado, específicamente en la Jagua de Ibirico, ha generado malestar social y confrontación por el abrupto despido de los trabajadores de la mina y la solicitud al gobierno nacional de la devolución de los títulos mineros, que representa una condición crítica para el territorio y sus comunidades. Las repercusiones en el orden nacional ponen en evidencia una simultaneidad de riesgos derivados de la fragilidad normativa y de las condiciones previstas para el desarrollo de la etapa de cierre, así como el limbo institucional y jurídico minero ambiental en el que se encuentra Colombia.
Con el panorama geográfico, y bajo la perspectiva expuesta, quedan identificadas algunas coordenadas del acercamiento conceptual al conflicto socioambiental. Destacan, en su confrontación interna, el afloramiento de contradicciones sociales motivadas por los procesos de intervención tecnocrática a la naturaleza, con afectaciones específicas directas a las comunidades y los entornos territoriales. En la estadística presentada por los observatorios de conflictos ambientales, puede constatarse que, en el país, el 42% de los casos estudiados de diferentes actividades extractivas están relacionadas con la minería; el oro ocupa el 32% de todos los conflictos y el 77% de los restantes son de origen minero. Dentro de ese 42% de disputas relacionadas con minería, se encuentran, en el caso del carbón, los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar) (conflictos 19, 50 y 64), todos correspondientes a la empresa Drummond (EE.UU.)
Resistencia Social en el Cesar: la Jagua de Ibirico
En el Cesar, el inicio de la minería a comienzos de 1980 tiene como punto de partida la actividad artesanal, cuya escasa producción del mineral era vendida a algunos industriales de la región. Pocos años después empezaron a surgir empresas nacionales de pequeña y mediana minería (Carbones del Caribe, Carbones Ibirico, CARBOANDES, y COAGROMINERA, entre otras) para adelantar proyectos de exploración y explotación en el municipio de la Jagua de Ibirico. En la década de 1990 los grupos subversivos tomaron medidas drásticas en contra de las empresas mineras que se rehusaran a pagar las extorsiones impuestas y a negociar propósitos de poder territorial asociados a la actividad minera.
Según declaraciones públicas de exjefes paramilitares a diferentes medios de comunicación, aseguran que, como alternativa a la incapacidad del Estado de brindar a las empresas minera la seguridad necesaria para el normal funcionamiento de sus operaciones, fueron contactados y contratados por las empresas mineras grupos de paramilitares pertenecientes al Bloque Norte de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC). A finales de la década del noventa comienza una sangrienta incursión paramilitar en el corredor minero, dejando a su paso una estela de crímenes atroces, en los que podemos señalar el desplazamiento de centenares de familias, masacres, torturas, y desapariciones. Por estos hechos, un grupo de 592 familias víctimas de los paramilitares enfrentan a la Multinacional Drummond en un proceso jurídico en tribunales norteamericanos. Estos reportes de la investigación que desarrolla Pérez Rincón muestran la crítica situación de los habitantes de las zonas mineras que en últimas siguen siendo las victimas históricas más afectadas por la minería. (Pérez-Rincón, 2014)
Hoy el municipio de la Jagua de Ibirico, es uno de los más controversiales del país por la pobreza y la miseria que registra. Rafael Figueroa, abogado que fue parte del estudio de PAS & ASK, explicó a El Espectador (2015) que "el aporte a la economía colombiana es casi ninguno por descuentos que el Gobierno les aplica". A eso se suma que ese mismo año "la Contraloría confirmó una sanción a la transnacional porque el Estado colombiano dejó de percibir $60 mil millones en regalías".
El informe publicado en el 2015, Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en Colombia, reporta incumplimientos en los requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional; vertimiento de desechos tóxicos en el río Calenturitas; incumplimientos de los requerimientos del Gobierno para los procesos de reasentamiento de las comunidades de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, y acuerdos secretos de colaboración con las fuerzas militares colombianas (Pensamiento y Acción Social, 2015).
A pesar de las cifras que la Drummond Ltd. presenta como hechos positivos, un informe publicado en 2014 por la fundación holandesa Pax Christi pone al descubierto las denuncias de habitantes del corredor minero del Cesar. El texto El Lado Oscuro del Carbón
denuncia los hechos violentos desatados por el Bloque Norte de las AUC entre 1996 y 2006, en el que Drummond y Glencore tuvieron participación financiera, con motivo de proteger la infraestructura minera en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y Codazzi, ante las arremetidas del Frente 41 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que "operaban en la zona antes de la llegada de los paramilitares" (Marianne Moor, 2014).
Para el año 2015, en el informe de Pax Christi, se detallan las declaraciones, como la que hizo José Gelvez Albarracín, alias El Canoso, jefe político del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, en la Corte estadounidense:
La mayoría de homicidios que se dieron para esa época [llegada del primer grupo de 200 hombres al Cesar en 1996] provenía de los paramilitares que llegaron a El Silencio apoyados por los dineros de Drummond y Prodeco [...] Discutimos y todos estuvimos de acuerdo en apoyar a las AUC con dineros para armas y suministros [...] no hubo objeción en contra de ninguno de estos acuerdos de parte de ninguno de los presentes. (Marianne Moor, 2014)
Se refería a la primera reunión que sostuvo con representantes de las dos compañías, en la mina de La Loma de Drummond.
La Ley 975 de 2005 sobre Justicia y Paz, que permitió la judicialización y castigo de líderes paramilitares, expuso a la luz pública una realidad conocida desde hace más de una década por los habitantes de la región y a quienes aun el Estado no termina de reparar con la Ley 1448/11 de víctimas y restitución de tierras.
Las declaraciones de ex miembros de las guerrillas aportan testimonios sobre una serie de acuerdos transaccionales entre paramilitares y multinacionales que dejaron como resultado "2.600 víctimas de asesinatos selectivos, quinientas víctimas de masacres, 240 víctimas de desapariciones forzadas, lo cual es atribuido al Frente Juan Andrés Álvarez (...) y al menos de 59.000 víctimas de desplazamiento forzado en la zona minera del Cesar" (Marianne Moor, 2014).
A raíz de esta situación, en agosto de 2013, según el informe presentado en el año 2015 de Pax Christi, se creó el Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales (MNVC), el cual participó de la acción judicial en los Estados Unidos en contra de Drummond. En 2015, la Corte de Apelaciones de Atlanta, Estados Unidos, determinó que la demanda contra la compañía carbonífera por sus presuntos nexos con grupos paramilitares en Colombia carecía de fundamentos, por lo cual sancionó a favor de la multinacional.
Ante esta decisión, la Junta Directiva Nacional del Movimiento expresó su rechazo y afirmó que no se investigó
a la cúpula de Drummond, y solo [se condenó] a dos contratistas en una sucia táctica de echar la culpa a contratistas y dejar indemnes a los altos funcionarios de esta organización delictiva, además de despedir y trasladar a Fiscales e investigadores que ordenaron investigar a la dirección de Drummond, cuando no asesinarlos como ocurrió con siete investigadores de la Fiscalía, una fiscal y un juez. (MNVC-Movimiento Nacional de víctimas de corporaciones multinacionales y transnacionales, 2015)
Durante el proceso investigativo, el relato de la Junta Directiva Nacional del MNVC (2015) presentó evidencias del estado de tensión en la zona, de las dificultades para realizar la lectura territorial, los registros fotográficos y otras actividades asociadas a detallar las intervenciones por parte de la Drummond, algunas actividades fueron impedidas por funcionarios de dicha empresa.
Jerardith Nieto, coordinadora regional del Movimiento Nacional Víctimas del Conflicto (MNVC), expresó al medio Verdad Abierta (2015) su inconformidad con el fallo proferido en Estados Unidos:
La decisión que tomaron en Atlanta es una burla. Tenemos pruebas para confirmar que la Drummond financiaba a los paramilitares, es que uno de los hombres que mató a mi hermano comía en el casino y se transportaba en los vehículos de esa empresa.
A su vez, el abogado Francisco Ramírez, quien representa a las víctimas del Frente Juan Andrés Álvarez, expresó al mismo medio que
el 80 por ciento de la financiación del Bloque Norte de las Autodefensas salió de compañías mineras y bananeras de la región Caribe, estamos hablando de unos 400 millones de dólares. Pero eso fue más una inversión que cualquier otra cosa para ambas multinacionales, porque además de sembrar terror, montaron a varios políticos que crearon el Código Minero, una legislación de saqueos con la que han recuperado 10 veces el dinero con el que financiaron a los paramilitares. (Verdad Abierta, 2015)
Sin que estos hechos fueran suficientes, otra serie de acontecimientos ambientales, sociales, políticos y económicos han puesto en evidencia manejos inadecuados por parte de la Drummond: huelgas en 1998 y 2006; muertes de sindicalistas en 2004; multa de US$33 millones en 2007 por un detrimento patrimonial de US$70 millones; sanción por US$48 millones al liquidar mal las regalías, en 2008, de los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná; suspensión preventiva de la licencia ambiental en 2013, a causa del vertimiento de 500 toneladas de carbón en la Bahía de Santa Marta, entre otras.
Drummond Ltd. llegó a Colombia en 1985 con el interés de administrar dos mil millones de toneladas de reservas de carbón en el departamento del Cesar. Para lograrlo, realizó su primera producción y exportación en 1995, con la mina Pibbenow, conocida también como Carbones La Loma, ubicada entre los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná, en un área de 57 km2. Después, en 2008, con la promesa de multiplicar sus ganancias, inició otra producción en la mina El Descanso, con una extensión de 400 km2 al norte de La Jagua de Ibirico, y ahora avanza en el proceso de licenciamiento ambiental para la explotación de carbón en las minas Rincón Hondo, Similoa y Cerrolargo, además de la exploración de gas metano, en asocio con Ecopetrol, para explorar en los departamentos de El Cesar y La Guajira.
En la línea histórica de más de 30 años de explotación minera en el caso del Cesar, el acumulado de conflictos asociados a la actividad presenta una tendencia con marcados altibajos sin que las condiciones críticas de carácter social y territorial sean superadas. Cada vez se presentan eventos del proceso minero que activan la inestabilidad social y, por ende, el conflicto. Resalta como preocupación metodológica el factor detonante de la devolución de títulos mineros, constituido en un escenario postcovid de desconcierto para los trabajadores y las familias, y en un municipio que no está preparado para el cambio territorial del cierre minero.
Consideraciones finales
Una reflexión del trabajo investigativo ha llevado al cuestionamiento de la prospectiva de la minería licenciada. El extractivismo minero como actividad económica requiere de una revisión integral que apropie conocimientos de las ciencias, los saberes locales y las tecnologías, para hacer frente e interpretar el conflicto socioambiental; aplicar las recomendaciones de las cumbres y demás propuestas para la adopción al cambio y el reemplazo de los combustibles fósiles; e, incluso, analizar la transición energética con base en investigaciones científicas ambientales, que permitan conocer los impactos que las llamadas energías limpias pueden tener sobre el plantea. En efecto, todavía está pendiente el balance técnico de dichas energías: la vida útil de una planta solar, por ejemplo, el material que demanda su construcción, su relación con la minería, la sostenibilidad ambiental por tipología de proyecto y otras condiciones que deben ponerse en consideración.
Por tanto, se plantea que los proyectos mineros licenciados no están en la vía de parar los desarrollos mineros en marcha. Las licencias de explotación tienen una línea de tiempo hasta de 30 años y más, y las reservas carboníferas están sobre 120 años, esto implica que la deuda ecológica de la minería sigue creciendo y la brecha tecnológica aumenta vertiginosamente.
Por tanto, un redireccionamiento de la política ambiental del país debe acoger la propuesta de la Corte Constitucional, analizada en la tesis doctoral que da soporte a este artículo, como la más importante para la historia socioambiental del municipio. Es igualmente relevante la cuestión de la aplicación del Principio de Precaución a las empresas mineras licenciadas, que actualmente presentan problemas de demandas por parte de las comunidades afectadas, y de todas aquellas que presentan riesgos de afectación a las comunidades y a los ecosistemas estratégicos.
La ineficacia e inoperancia del discurso ambiental, para preservar los ecosistemas estratégicos y prevenir los conflictos socioambientales en las zonas con proyectos mineros, van in crescendo, toda vez que, al servir de soporte al modelo de desarrollo económico, alientan los patrones de consumo energético y, con ello, la demanda de los combustibles fósiles.
Este es el escenario real donde se forma un círculo vicioso que se pone en la discusión del conflicto mundial, regional y local. Es necesario plantear la opción de revertir el orden del discurso ambiental, que pone la oferta natural y la población en primacía, sobre el desarrollo económico y la instrumentalización propuestas y justificadas por la tecnociencia ambiental.
